La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, valoró este lunes la labor realizada por los agricultores de la región, ya que resaltó que además de ser la «raíz del crecimiento económico» son también una «parte fundamental del futuro»

Cospedal realizó estas declaraciones con motivo de la entrega de los Premios Jóvenes Solidarios organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha y que coincidió con la presentación de los vinos castellanomanchegos de la nueva añada 2013.

Según informó la Junta, Cospedal también valoró el trabajo que realizaon los enólogos y los responsables de márketing y comercialización del vino, ya que son los encargados de «tener una buena presentación, un embotellamiento que se pueda presentar en público y una marca que se atractiva».

«Se trata de comercializar el vino», resumió la presidenta regional, que también alabó la calidad de los caldos castellanomanchegos.

Así, tras recordar que la región cuenta con más de 370.000 hectáreas dedicadas al vino y más de 90.000 explotaciones vitivinícolas reivindicó que Castilla-La Mancha «es el gran viñedo del mundo no sólo en extensión», sino también «en términos cualitativos», con vinos de una «excelente calidad que acompaña a vender mejor» el producto.

Los premiados, en esta edición, fueron, en la faceta deportiva, Isco Alarcón, mediapunta del Real Madrid y de la Selección española y el ciclista manchego, Jesús Herrada.

En cuanto a las artes escénicas, hay que destacar a María Castro, actriz de «Tierra de Lobos» y, por otra parte, la serie «El tiempo entre Costuras».

El galardón en periodismo y Comunicación recayó sobre Toñi Moreno, mientras que el humorista manchego José Mota recibió el galardón honorífico Reserva DO La Mancha 2013.

Todos ellos donaron sus premios a diferentes causas solidarias.

Además, durante este acto, la DO La Mancha entregó otros galardones a Daniel Velasco, socio fundador de Vino Premier.Com (Joven Sumiller), Javier Ares, director del Restaurante Tse Yang del Hotel Villamagna (Joven Maître) y Ángel Luis Ramos, Director del Hotel Ada Palace (Joven Director de Hotel).

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El Senado dará luz verde la próxima semana al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Esta norma incluirá el nuevo acuerdo del trasvase Tajo-Segura y multas para las gasolineras flotantes, y obliga a que el ‘fracking’ y la peligrosidad sísmica se sometan a estudios de impacto ambiental.

El proyecto de ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia, llegó al Senado después de que el Congreso lo aprobara en una primera lectura el pasado 30 de octubre, con el único apoyo del PP, la abstención de CiU y el rechazo del resto de los partidos.

La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara Alta rechazó el pasado viernes seis propuestas de veto al proyecto de ley presentadas por todos los grupos de la oposición (Socialista, Catalán-CiU, Entesa del Progrés de Catalunya y Mixto), salvo el PNV.

Posteriormente, esta Comisión admitió el dictamen de la ponencia y tres enmiendas del PP, así como algunas correcciones técnicas, gracias a los votos del PP. El Pleno del Senado debatirá y aprobará el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental presumiblemente el próximo jueves gracias a la mayoría de senadores del Grupo Popular.

En la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, los representantes de la oposición expresaron su queja por el hecho de que la norma se tramite de forma urgente cuando en la UE se aprobará próximamente una directiva europea en materia de evaluación ambiental.

Algunos, como Joan Saura (Entesa del Progrés de Catalunya) y Jesús Enrique Iglesias (IU, en el Grupo Mixto), coincidieron en señalar que el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental remitido por el Congreso de los Diputados “legitima que quien paga puede contaminar”, y censuraron que se prevea la creación de “bancos de conservación de la naturaleza”, así como que se introduzca el reciente Memorándum del Tajo-Segura.

TRASVASE TAJO-SEGURA

El proyecto de Ley de Evaluación ambiental, que unifica las normas sobre evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, tiene como objetivo “ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental” minimizando los impactos que pueden causar al entorno los planes, programas y proyectos que se lleven a cabo en toda España y puedan afectar significativamente al medio ambiente.

El Gobierno afirmó el pasado 30 de agosto, cuando aprobó esta ley para enviarla al Parlamento, que esta norma promoverá el desarrollo sostenible, generará unos 80.000 puestos de trabajo y supondrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica.

Una de las novedades incluidas durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados es el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alcanzó con los gobiernos de las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia).

En virtud de este pacto, se establecerán mensualmente los niveles mensuales de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).

Además, eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera del Tajo, cantidad de referencia que debe alcanzarse en un plazo máximo de cinco años, con escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos cada 1 de enero.

PELIGROSIDAD SÍSMICA, ‘FRACKING’ Y ‘BUNKERING’

Por otro lado, el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental recoge que los estudios de impacto ambiental deben incorporar en su descripción técnica “la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto”, para evitar casos como el almacén subterráneo de gas natural ‘Castor’, emplazado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y que causó más de 300 temblores en el golfo de Valencia el pasado mes de septiembre.

Además, obliga a que se sometan a un estudio de impacto ambiental los proyectos basados en “la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica”, conocidas también como ‘fracking’. Lo mismo ocurre con la construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de al menos 2.100 metros.

Tipifica como infracción administrativa muy grave (con multas de entre 200.001 a 2 millones de euros) los vertidos de materiales para rellenos no permitidos y la técnica del ‘bunkering’ o las llamadas gasolineras flotantes, esto es, “el suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible, así como el abastecimiento de combustible a los referidos buques-tanque”.

(SERVIMEDIA)

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Tres senadores del Partido Aragonés Regionalista (PAR), coaligado con el Partido Popular, han presentado enmiendas contra el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura que se tramita en la Cámara Alta, a través de las cuales solicitan que se eliminen los artículos que hacen referencia los trasvases, a los bancos de agua y al control de los desembalses. Asimismo, reclaman que no se elimine la ‘disposición Narbona’ que permite el cambio de agua desalinizada por trasvasada. El portavoz popular en la Comisión de Medio Ambiente, Vicente Aparicio, manifestó que las enmiendas no serán aceptadas. Subrayó que el texto íntegro del Memorándum serán aprobado hoy por la Ponencia de dicha Comisión.

Los parlamentarios aragoneses José María Fuster Muniesa, María Belén Ibarz Ibarz y Rosario Isabel Santos Fernández piden que desaparezca de la ley cualquier referencia a las transferencias de caudales, lo cual significaría suprimir gran parte del articulado. Aceptan que el Tajo-Segura tenga seguridad jurídica, pero no admiten el resto de medidas encaminadas a mitigar los efectos de la reserva de 400 hectómetros cúbicos, lo cual precisa de reformas en la ley de Aguas y en el Plan Hidrológico Nacional. La justificación que aparece escrita es: «Por consideralo conveniente».

El PAR está coaligado con el PP en Aragón, lo cual permite que los ‘populares’ gobiernen en dicha región con un pacto basado en el rechazo al Trasvase del Ebro. El Memorándum ha levantado recelos en esta comunidad porque apuesta por la opción trasvasista y facilita la compra de agua en cuencas diferentes.

Rechazo del PSOE

Estas iniciativas del PAR fueron dadas a conocer ayer por el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, quien manifestó que iban al parecer avaladas y firmadas por el portavoz del Grupo, José Manuel Barreiro. A juicio de Tovar, esto supone que el Partido Popular las respalda. El líder socialista señaló que su partido ha presentado una enmienda a la totalidad de la ley, como ya hizo en el Congreso de los Diputados.

Varios senadores consultados por ‘La Verdad’ no pudieron confirmar ayer tarde si las enmiendas iban firmadas por el portavoz Barreiro. El senador Vicente Aparicio explicó que aún en el supuesto de que fueran avaladas, cosa que desconocía, solo lo sería a efectos de tramitación, ya que el PAR está integrado en el Grupo Popular, pero precisó que sería un formalismo porque estas propuestas no serán aceptadas.

Ponencia por el Trasvase

«Son enmiendas que presenta el PAR como partido, pero no las asume el Grupo Popular», declaró Aparicio. «No son nuestras, ni van a ser admitidas», insistió. Explicó que esta mañana se reunirá la Ponencia para dar el visto bueno al texto íntegro del Memorándum, igual que fue remitido desde el Congreso de los Diputados. Hay tres enmiendas presentadas por el Gobierno central que están referidas a la ley de Evaluación Ambiental, pero no al Trasvase, puntualizó. Si el texto del Tajo-Segura pasa por la Ponencia sin cambios, será asumido después en su integridad por la Comisión de Medio Ambiente, explicaron fuentes del PP.

En relación con el Memorándum, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, José Manuel Claver, ha sido convocado para comparecer el martes próximo en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para exponer la situación del acueducto Tajo-Segura. Por último, el Ayuntamiento de Toledo piensa denunciar ante la Unión Europea el acuerdo aprobado por la mayoría del PP en el Congreso de los Diputados sobre el Tajo-Segura. El alcalde dijo que Cañete y Cospedal han aprobado un plan que es «una vergüenza» para el río.

LOS PROTAGONISTAS

JOSÉ MARÍA FUSTER SENADOR DEL PAR

Ha presentado tres enmiendas contra el Memorándum, junto con María Belén Ibarz y Rosario Isabel Santos.

VICENTE APARICIO SENADOR DEL PP

Dirige la Ponencia del Memorándum, que hoy será aprobada sin cambios. Dice que las enmiendas del PAR no se aceptarán.

JOSÉ MANUEL BARREIRO PORTAVOZ DEL PP

Su firma suele acompañar a las enmiendas de los senadores del Grupo. Si lo hubiera hecho en este caso, sería a efectos formales, según el PP

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J. Sierra valencia La enmiendas del Partido Popular al texto remitido al Senado de la ley de Evaluación Ambiental, que incluye el Memorándum sobre el Tajo-Segura, «flexibilizan» el rígido marco actual para la venta de agua entre usuarios de cuencas hidrográficas distintas y abre la puerta a las empresas privadas, que podrían asumir el papel de intermediarios y relevar a la Administración en la ejecución de las conducciones necesarias para los trasvases.
Una de las consecuencias directas del nuevo marco legal, en el caso de que las enmiendas pasen el filtro del Senado con su redacción actual, sería la de posibilitar la venta de agua de calidad del Júcar al Vinalopó al margen de los caudales asignados al trasvase actual: hasta 80 hectómetros cúbicos de excedentes tomados en el azud de la Marquesa, cerca de la desembocadura.
Según ha podido saber Levante-EMV, existen empresas de construcción y servicios que en los últimos meses han sondeado la viabilidad de terminar a su coste la toma iniciada en Cortes de Pallás o incluso asumir la construcción de una toma en Antella. Esta nueva «autopista» permitiría que los usuarios del Júcar vendieran parte del agua superficial que tienen asignada en concesión sustituyéndola por agua de pozos, más cara, o por la procedente del ahorro en la modernización de regadíos.
Las empresas intermediarias deberían pagar un canon al Estado por utilizar tramos del trasvase de titularidad pública y cobrarían a los usuarios finales el «peaje» para la amortización de los tramos de nueva construcción más el oportuno beneficio industrial.
El modelo sería exportable a otras zonas de España e incluso al siempre polémico Ebro. Bastaría, tal como adelantaban ayer las organizaciones ecologistas y ciudadanas que denunciaron la introducción de estas enmiendas, con obtener el permiso de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y disponer de la infraestructura adecuada.
En un futuro próximo, el ministerio trabaja en la creación de una Agencia Nacional del Agua que se encargaría de gestionar y tutelar estas transferencias y el suministro en alta del agua.

Reacciones
Los senadores del Partido Aragonés Regionalista, socios de Gobierno del PP en Aragón, presentarán enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental al entender que puede facilitar «un futuro proyecto de trasvase del Ebro». El senador del PAR, José María Fuster dijo en este sentido que la ley hace posible que «un concesionario de caudales de Tarragona pueda vendérselos de forma temporal a un regante del Levante».
Ayer también, el Grupo Parlamentario del PAR en las Cortes anunció que emplazará al Gobierno de Aragón, que preside Luisa Fernanda Rudi (PP), a «adoptar las medidas necesarias» para dejar sin efecto dos disposiciones finales de la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, actualmente en trámite en las Cortes Generales, que facilitan los trasvases.
El PP aragonés, por su parte, argumenta que las enmiendas solo afectan al trasvase del Tajo-Segura, aunque no descartan negociar una posición común con el PAR, cuyos senadores están integrados en el grupo «popular» en el Senado español.

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Zaragoza.- Los senadores del Partido Aragonés presentarán mañana tres enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental por considerar que simplifica trámites y procedimientos que podrían facilitar “un futuro proyecto de trasvase del Ebro”, tal y como aparece contemplado en un argumentario interno de la Presidencia de la fuerza política.

El senador José María Fuster ha explicado que la Ley tiene como objetivo simplificar y agilizar los trámites de los estudios de impacto ambiental, pero durante su tramitación en el Congreso “el Grupo Parlamentario Popular introduce una serie de enmiendas” con las que el PAR no está de acuerdo al considerar que son contrarias a los intereses de la Comunidad.

La formación, en su argumentario interno, ha remarcado que las enmiendas populares “vienen a ampliar los supuestos específicos que existían en el proyecto de Ley sobre el Tajo-Segura para hablar de trasvases en general, dejando la puerta abierta a que se puedan contemplar nuevas transferencias de caudales entre las cuencas”.

Fuster ha resaltado que lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados “no es un trasvase”, pero sí abrir “caminos jurídicos a otras formas de trasvase diferentes a las conocidas”, algo que le preocupa a la fuerza política.

La primera de las enmiendas formuladas busca la supresión de la disposición final cuarta, la cual modifica el artículo 72 de la Ley de Aguas, relativo a las infraestructuras de conexión intercuencas. En caso de aprobarse la norma de Evaluación Ambiental, la Dirección General del Agua podrá autorizar la cesión de derechos que implique el uso de infraestructuras que interconectan territorios de distintos planes hidrológicos de cuenca. La autorización de las cesiones no podrá alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases

Fuster considera que la modificación de la Ley de Aguas “abre un melón importante”, por mucho que después “advierta de que no se podrá alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases” ya que “no se sabe a cuáles se refiere, si a los anteriores, a los nuevos…”.

El senador ha querido dejar claro que ese artículo 72 con la modificación planteada en la Ley de Evaluación Ambiental viene a decir que “la Dirección General puede autorizar cesiones de derechos de una cuenca a otra cuando hasta ahora esa circunstancia se hacía de manera excepcional”.

El partido, en un argumentario interno, cree que este artículo “facilita la venta de caudales entre cuencas”. Hasta ahora, los concesionarios debían ceñirse a poder comerciar con ese derecho dentro de la cuenca, pero la Ley posibilita que, por ejemplo, “un concesionario de caudales de Tarragona pueda vendérselos de forma temporal a un regante del Levante”. La concesión “es un derecho” y “tan sólo se requeriría la tubería física para poder trasvasar el agua sin permiso alguno de la confederación cedente”.

Hasta ahora la cuenca cedente tenía una prioridad de uso y era preceptivo el acuerdo entre cuenca. Ahora, con el texto de la Ley, “será la Dirección General del Agua quien pueda autorizar dicha transferencia sin necesidad de proyecto de ley o decreto ley alguno, como sucedía hasta ahora, lo que resta garantías jurídicas”.

La segunda de las enmiendas es de supresión a la disposición final quinta, que modifica la disposición adicional sexta de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Fuster ha subrayado que el texto modifica “un artículo que en aquel momento estaba referido al Tajo y el Segura y que obligaba a dar cuenta al Congreso y al Senado de los destinos y caudales transportados”. Cree que ahora lo que se hace es “establecer valores de referencia en la cuenca cedente y destinataria y que con un informe previo de la Dirección General del Agua se puedan valorar los consumos que se pueden distribuir”.

La última de las enmiendas es al preámbulo de la norma. Se pide que no aparezcan las referencias a los trasvases intercuenca en general, dejando sola la de la transferencia de aguas entre el Tajo y el Segura; a la modificación del artículo 72 de la Ley de Aguas; y a que sea necesario que, en el futuro próximo, la regulación de las transferencias de agua entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos se incorporen al Plan Hidrológico Nacional.

Además, busca eliminar del preámbulo que la próxima Ley del Plan Hidrológico Nacional deberá integrar, armonizar y actualizar en un único bloque normativo las disposiciones relativas a todos los trasvases intercuencas, que se encuentran dispersas en diferentes normas.

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EFE | LEVANTE-EMV.COM Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 47 por ciento de su capacidad, una décima menos que hace siete días, mientras que los de la cuenca del Segura están al 60,3 por ciento, un punto menos que la semana pasada.

En España, la reserva hidráulica está al 66,4 % de su capacidad, lo que representa una disminución del uno por ciento con respecto a la semana anterior.

Los embalses de la cuenca del Júcar son los que tienen el menor porcentaje de agua embalsada de España, seguidos por los de las cuencas del Tajo (55 %), Miño-Sil (58,8 %), Segura (60,3 %), País Vasco (61,9 %) y Duero (62,8 %), todos ellos por debajo de la media española (66,4 %).

En la actualidad hay 36.721 hectómetros cúbicos de agua embalsada, con variaciones entre el descenso de 107 hectómetros cúbicos en la cuenca del Tajo y el aumento de 104 hectómetros cúbicos en la del Ebro, ha informado hoy el Ministerio de Medio Ambiente.

Las precipitaciones han afectado a las cuencas de la Vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 103,3 mm (103,3 litros por metro cuadrado).

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:
Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada
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Cantábrico 633 448 70,8 %

Miño-Sil 3.030 1.782 58,8 %

Galicia Costa 684 512 74,9 %

P. Vasco 21 13 61,9 %

Duero 7.507 4.712 62,8 %

Tajo 11.012 6.052 55,0 %

Guadiana 8.635 6.634 76,9 %

C.Atl.And. 1.880 1.455 77,4 %

Guadalquivir 8.101 6.405 79,1 %

C.Med.And. 1.177 797 67,7 %

Segura 1.141 688 60,3 %

Júcar 3.337 1.567 47,0 %

Ebro 7.494 5.115 68,1 %

Cataluña.CC I. 677 541 79,9 %

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Total 55.328 36.721 66,4 %

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/11/12/embalses-jucar-encuentran-47-capacidad/1050302.html

José Sierra | valencia Dos enmiendas introducidas por el Partido Popular en el texto de la ley de Evaluación Ambiental remitido al Senado, que incluye en su articulado el Memorándum sobre el Tajo-Segura, permitirán que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente autorice transferencias de agua entre particulares, instituciones, empresas o comunidades de regantes situados en distintas cuencas hidrográficas sin debate previo y sin necesidad de contar con el beneplácito de las comunidades autónomas afectadas.

Los cambios que se derivan de estas enmiendas no suponen en ningún caso la autorización para construir físicamente las tuberías o canales necesarios para un trasvase, pendientes de ejecución en el caso del Ebro, pero otorgan plenos poderes a la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, eliminan los controles y garantías que hacían prácticamente imposible transferir agua desde una cuenca hidrográfica a otra salvo en situaciones excepcionales.

Según se desprende del informe jurídico elaborado por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción y la Red del Tajo, a partir de ahora es posible que una empresa privada solicite la autorización de un proyecto de tubería o «autopista del agua», según la terminología utilizada por el ministro Miguel Arias Cañete, para llevar agua desde una cuenca a otra cobrando un peaje.
La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente sería la responsable de dar las autorizaciones para estos trasvases entre cuencas como la del Ebro y el Júcar «sin trámite legislativo ni debate alguno», se asegura en el informe.

Las dos enmiendas, introducidas en un anexoel Memorándum del Tajo-Segura y en un ley ajena a la legislación hídrica ley de Evaluación Ambiental , suponen en la práctica una modificación sustancial de la Ley de Aguas y de la Ley del Plan Hidrológico Nacional aunque el método empleado ha impedido el gran debate político que sin duda habrá suscitado la decisión.

La enmienda 306 presentada por el Partido Popular deja en manos de la Dirección General del Agua en el futuro podría ser sustituida por una Agencia Nacional del Agua con amplios poderes la cesión de derechos que implique el uso de infraestructuras que interconectan territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca. «Esta autorización conlleva la de uso de las infraestructuras de interconexión», matiza la enmienda. Es decir, la dirección general podría autorizar un trasvase desde el Júcar al Seguratécnicamente es posible hacerlo desde el pantano de Alarcón sin necesidad de una nueva ley de Aguas, de una ley específica que regule el trasvase como la existente para el Tajo-Segura, y sin un nuevo Plan Hidrológico Nacional.

La otra enmienda, la 307, comienza hablando de «transparencia» y de hacer públicos los datos sobre los caudales aportados al trasvase Tajo-Segura. Sin embargo, aprovecha para dar a la dirección general plenos poderes para fijar en cualquier trasvase el volumen de agua que se puede enviar y establecer también un tope para los desembalses mensuales realizados por la cuenca cedente para el consumo de sus usuarios, una atribución que hoy tienen las confederaciones hidrográficas donde están representadas las comunidades autónomas.

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