Las comunidades de regantes y empresas participantes en el tercer proceso de negociación conjunta de suministro eléctrico han conseguido una reducción media del 5,5 % frente a sus actuales tarifas eléctricas.

Estos datos se traducen económicamente en un ahorro total anual de 112.308 euros para el conjunto de las comunidades de regantes aragonesas que han tomado parte en este proceso de negociado, aunque, en algunas de ellas, el ahorro ha llegado al 18,1 %, según el Gobierno de Aragón.

En esta ocasión, se ha aglutinado la demanda de estas 11 entidades, con el fin de dar dotación eléctrica a 14 puntos de suministro (algunas entidades precisan de varias tomas), con diferentes necesidades de potencia.

Tras reunir y confirmar el interés de los demandantes en el proceso, recabar la información necesaria y procesarla, la Oficina del Regante solicitó oferta a 18 comercializadoras, de las cuales seis presentaron una proposición económica.

Se trata de un sistema de negociación más eficaz que la demanda individual y que permite obtener mejores ofertas ya que se observan diferencias del 10 % entre las distintas ofertas.

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El PSOE se compromete a legislar un marco de cobertura social que garantice que ningún ciudadano sea privado de suministro de energía -gas y electricidad- y agua por razones económicas. «Lo queremos garantizar por ley», ha afirmado en la apertura del cónclave la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano.

Es una de las propuestas que los socialistas debatirán en la Conferencia Política que arranca este viernes y que contempla el derecho a estos servicios para que a ningún ciudadano se le corte el suministro de gas o electricidad entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo o de agua por no poder hacer frente al pago. La empresa abastecedora de aguas no podrá cortar el servicio por impago hasta que no se tramiten las posibles ayudas sociales que permitan atender la cobertura de las necesidades básicas.

«El PSOE defiende esta propuesta desde la convicción de que es necesario aplicar medidas para aquellos casos en los cuales la pobreza deriva a situaciones de exclusión», afirman los socialistas en una nota de prensa. «El agua es un bien esencial para la vida y la privación de la electricidad y el gas puede acarrear incluso riesgos para las personas más vulnerables, como los niños, los ancianos y los enfermos».

Los derechos al agua y la energía requerirán de cambios legislativos y el compromiso socialista abarca también esa modificación de leyes.

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La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental ha celebrado este sábado una Asamblea General en el Salón de Actos de la CCM de Albacete donde se han renovado la mitad de los miembros de su Junta de Gobierno.  

Además de las elecciones, se ha sometido a votación, como es habitual en estas fechas, el Plan de Explotación que será de aplicación en la campaña 2013-2014 y que establece las normas de control aplicables para dar cumplimiento a la Resolución de Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar que no contempla restricciones en el volumen de agua disponible por parte de los usuarios de la Mancha Oriental para este año.

Durante la asamblea, Francisco Belmonte Alfaro, ha expuesto los aspectos más destacados de la gestión realizada en los últimos meses y ha mostrado su rechazo al Plan Hidrológico del Júcar. En este sentido, ha precisado que con este nuevo plan «desaparece la prioridad de la cuenca, desaparecen más de 120 hectómetros cúbicos de los que tenemos actualmente y 120 de los que iban a venir no vienen, por lo que nos quedamos infinitamente peor de lo que estábamos».

Francisco Belmonte ha indicado que no ha conseguido hablar con la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal y que solo ha podido hablar con la consejera del área «que nos ha dicho que esto era maravillosos y que era lo mejor que podía pasarnos».

A la asamblea ha asistido el vicepresidente de la Diputación, Constantino Berruga, y la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Albacete, Rosa González de la Aleja, que han criticado la postura de Francisco Belmonte. «El presidente ha actuado de manera personal y ha actuado con deslealtad hacia las instituciones que están defendiendo los intereses de los regantes de Albacete. Ha tenido una actitud chulesca y prepotente y lamentamos que los regantes de Albacete estén defendidos por una persona que no está capacitada para el cargo porque antepone sus intereses a los intereses de los regantes», ha apuntado Constantino Berruga y ha añadido que «hoy ha sido un pésimo día para los regantes de Albacete». 

Ante las acusaciones de deslealtad, Francisco Belmonte se ha defendido diciendo que «a mí no me extraña que Valencia y Murcia defiendan este plan, pero los míos, a los que yo he votado para que me defiendan y me representen, ¿dónde están?, ¿de parte de aquellos?, pues si eso es ser desleal lo seré a muchísima honra digan lo que digan los políticos del PP, que lo primero que han perdido es la ecuanimidad y los segundo la vergüenza».

Durante la asamblea también se ha procedido a la elección de cuatro vocales de la Junta de Gobierno de JCRMO, así como los cargos de secretario y vicepresidente en una segunda vuelta electoral. Cesan en sus cargos Mercedes de Lis García y Herminio Molina Abellán, actualmente vicepresidenta y secretario, respectivamente, tras ocho años de mandato en sus cargos, periodo máximo consecutivo permitido en los Estatutos de la entidad. 

En cuanto al Plan de Explotación (Normas de gestión, coordinación y control de la JCRMO), el director del Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP), ha expuesto el habitual informe sobre el desarrollo de la campaña de riegos, analizando distintos aspectos de la explotación del acuífero tales como las extracciones y las recargas durante el último año hidrológico, base para la toma de decisión de estas normas.

La asamblea ha tenido una escasa asistencia ya que solo ha participado el 20 por ciento de los regantes, unas 260 personas. 

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La Mesa del Agua del Municipio de Albacete ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Internet, a través de la plataforma change.org (http://chn.ge/HBmSBc), con el objetivo de que el Plan Hidrológico para la Demarcación Hidrográfica del Júcar (PHDHJ) no de la espalda a los intereses de la ciudad de Albacete.

En la actualidad, el PHDHJ, que se convertirá en el nuevo marco legal para la Demarcación Hidrográfica del río Júcar, se encuentra en fase de borrador al que se pueden realizar alegaciones. Tal y conforme se ha redactado este borrador, supondría, en la práctica, obviar, precisamente, los intereses de la ciudad más importante del río Júcar, Albacete.

De hecho, este texto es tan injusto para la ciudad y sus vecinos y vecinas que establece con claridad que, en tiempos de sequía, la ciudad de Albacete tendrá que pagar una tarifa extraordinaria por el agua superficial que utilice para abastecimiento humano, procedente del río Júcar.

Para evitar que esta injusticia adquiera rango de ley, se constituyó la Mesa del Agua del Municipio de Albacete, integrada por las formaciones políticas PSOE e IU; las organizaciones sindicales CCOO y UGT; la Federación de Asociaciones de Vecinos y la Unión de Consumidores de Albacete; las organizaciones agrarias UPA, ASAJA y JCRMO; y el Centro Regional de Estudios del Agua de Castilla-La Mancha.

En esta campaña de recogida de firmas en ‘la red’ también se solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar que el nuevo plan para la Demarcación Hidrográfica de este río contemple que el abastecimiento de Albacete con aguas superficiales del río Júcar sea prioritario, respecto de los usos de su cuenca hidrográfica; que éste quede garantizado plenamente, en cantidad y calidad; y que se incluya la ejecución inmediata de las obras de prevención de inundaciones en la ciudad.

Los argumentos con los que esta mesa, conformada por un amplio espectro de los agentes sociales de Albacete, unidos por el interés común de defender los intereses de la ciudad, exhorta a la necesidad de modificar el borrador del PHDH del Júcar se plasmaron en un manifiesto, respaldado por los representantes de los partidos políticos PSOE e IU, sindicatos de clase, asociaciones agrarias, vecinos, consumidores, regantes e investigadores en el ámbito del uso eficiente del agua, que fue presentado el pasado 28 de octubre.
A través de esta campaña en change.org (http://chn.ge/HBmSBc), la Mesa del Agua del Municipio de Albacete pretende recabar el apoyo de toda la sociedad albaceteña, con objeto de que la Confederación Hidrográfica del Júcar recapacite y rectifique un texto especialmente lesivo para los intereses de la ciudad.

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El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Albacete impidió hoy la aprobación de una moción socialista de rechazo al Proyecto de Ley del Sector Energético por suponer «un ataque al sector de las energías renovables y un incremento de los precios» que tendrán que pagar ciudadanos y empresas por la electricidad que consumen. En estos términos defendió la moción el viceportavoz del Grupo Socialista, Ramón García, quien rechazó el hecho de que el Partido Popular haya rechazado ya todas las enmiendas que sobre este proyecto han presentado todos los grupos políticos representados en el Congreso. «La Ley es un norma que no cuenta con el consenso de nadie», apuntó García, que defendió en la sesión plenaria de hoy el sector de las energías renovables «porque han traído riqueza, puestos de trabajo y beneficios para muchos ayuntamientos».

El viceportavoz reconoció la necesidad de una reforma del sector eléctrico «pero consensuada» y aseguró que estas «contrarreformas del Partido Popular están causando estragos en la sociedad». A juicio del socialista, la nueva normativa «consolida un marco energético superado por 15 años de desarrollos tecnológicos», ignora que «la Unión Europea ha trazado una hoja de ruta energética a 2050», arroja «por la borda» el trabajo de los últimos años «de un sector empresarial innovador y pujante que nos colocó a la cabeza del liderazgo mundial en renovables», y no resuelve el problema del conocido como déficit de tarifa, «puesto que lo consolida trasladándolo al recibo de la luz con el consiguiente incremento del precio de la electricidad para las empresas y las familias».

Vehículos y máquinas de la Diputación.

Los diputados socialistas mostraron asimismo sus reticencias en los puntos del orden del día relacionados con vehículos y maquinaria provincial, especialmente con la baja y el envío a la chatarra de un todoterreno que la Junta de Comunidades entregó a la institución provincial hace tan solo unos meses con una valoración de 600 euros y como compensación a parte de la deuda que mantenía. «Lo que pedimos es que si la Junta compensa con vehículos, al menos que estos sean utilizables porque no podemos cambiar chatarra por dinero», lamentó el viceportavoz socialista, que también se preguntó por las razones que han llevado a la Diputación a tardar en ceder otro coche al Ayuntamiento de Hellín que, de hecho, ya estaba siendo utilizado por alcalde y corporación de este municipio. «Tal vez porque alguien hizo un mal uso del mismo y porque lo utilizaba sin conocimiento del presidente», apuntó.

García pidió también «la misma celeridad» al equipo de Gobierno en la cesión de maquinaria a los municipios gobernados por el PSOE que a los del PP, en referencia a la entrega de una retroexcavadora al Ayuntamiento de Peñas de San Pedro, «cuando la máquina es mucho más necesaria en ayuntamientos como Nerpio o Yeste, que tienen muchos más kilómetros de caminos». «El ránking de entrega de vehículos lo encabezan ayuntamientos del Partido Popular», recordó el viceportavoz socialista, quien aseguró que es el tercer vehículo que recibe ese ayuntamiento, a los que se suman los tres recibidos por Jorquera, los tres de Caudete y los dos de San Pedro.

El Pleno de hoy, en el que se aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, finalizó con dos polémicos ruegos. El primero, relacionado con la «sorpresa mayúscula», según la definió la diputada Josefina Navarrete, que se han llevado muchos ayuntamientos al no verse incluidos en el mapa de suelo industrial del Gobierno autonómico, por lo que la socialista instó al presidente a realizar las gestiones necesarias «para que todos los municipios con suelo industrial tengan las mismas posibilidades».

Y el segundo, con una nueva petición de recepción de información sobre el incendio de Almansa del pasado verano, un compromiso adquirido por el presidente provincial en un pleno anterior «y por el que el Grupo Socialista no está dispuesto a pasar página», advirtió el diputado Francisco Pardo.

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SCRATS

El Trasvase Tajo-Segura es una de las infraestructuras hidráulicas más importantes de España y un referente internacional en la cooperación de cuencas. Gracias al agua que procede de este Acueducto, junto a las condiciones climatológicas excepcionales del Sureste español, esta zona es conocida como la ‘Huerta de Europa’.

Conoce a través de este vídeo la historia, principales cifras y la importancia social y económica que tiene el Trasvase para nuestro país.

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Efe. Palma El PSIB presentó ayer un recurso ante el Tribunal Supremo en contra del Plan Hidrológico de Balears por considerar que de seguir adelante su aplicación supondrá la sobreexplotación de los acuíferos de las islas.

La medida forma parte de una batería de acciones legales y legislativas del grupo socialista para defender los derechos medioambientales de los ciudadanos de las islas que desgranó ayer la secretaria general Francina Armengol. El PSIB justifica estas medidas en que Baleares es una comunidad turística y su magnífico paisaje «está en peligro por las políticas del PP», explicó Armengol.

«Tendremos que recurrir una vez más a la justicia para defender los derechos ambientales de Balears y en concreto un derecho fundamental que es el agua, un bien escaso en nuestras islas», manifestó Armengol sobre el recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el Plan Hidrológico. La portavoz del PSOE em el Parlament Armengol reprochó al conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company que paralizara la tramitación de dicho plan iniciada en la pasada legislatura y que era un documento consensuado con entidades que garantizaba la sostenibilidad de los acuíferos, para sustituirlo por otro que permite la sobreexplotación de los mismos «poniendo en grave riesgo su sostenibilidad». El grupo socialista presentó también una iniciativas legislativas para su tramitación en el Parlament para corregir los ataques contra el litoral que propicia la Ley de Costas.

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El PSPV ha anunciado que el próximo sábado día 16 de noviembre se llevará a cabo una concentración frente a la planta potabilizadora, situada en el termino municipal de Alzira, donde alcaldes y concejales del Partido Socialista se manifestarán a favor de un abastecimiento de agua apropiada para el consumo, y por ello exigirán una concesión propia de agua del Júcar.

Cabe recordar que existen 13 municipios de la comarca, tanto de la Ribera Alta como de la Ribera Baixa, cuya agua está contaminada por nitratos, con niveles superiores a los permitidos, e incluso algunos casos puntuales, hasta con herbicidas.

Según Robert Martínez, secretario general del PSPV de la Ribera Alta «los alcireños se gastan al año aproximadamente cuatro millones de euros comprando agua embotellada de la más económica, lo mismo ocurre por ejemplo en los municipios de Algemesí o Carcaixent que se gastan aproximadamente unos dos millones de euros en agua para beber e incluso para cocinar», ha matizado el secretario general del PSPV de la Ribera Alta.

Durante la comparecencia ante los medios, Martínez también ha anunciado que el próximo 2 de diciembre, una delegación de alcaldes y portavoces de los municipios afectados viajará a Bruselas para reunirse con el comisario de aguas.

Durante la citada reunión, los 12 miembros de todos los municipios afectados expondrán el problema y le harán entrega de un anexo con firmas en el que se le pide a Europa que inste al Gobierno a que solucione ya de una vez este problema.

La comarca, hoy en día, según denunciaron desde las filas socialistas, «no tenemos agua de calidad en nuestros pueblos y queremos que sea con una concesión como todo el mundo, como también tienen Valencia, Albacete o Sagunto, entre otras localidades», matiza Martínez.

Según el secretario general del PSPV y alcalde de la localidad de l’Alcúdia, «recogeremos aproximadamente entre 3.000 y 4.000 firmas y las llevaremos a Bruselas, al comisario de aguas con quien ya tenemos cita».

A Bruselas viajarán, además de los 12 miembros de los municipios, el portavoz de Alzira, el portavoz de Carcaixent y el portavoz de Algemesí junto con todos los portavoces de los pueblos de la Ribera Baixa. También acudirá el secretario provincial, José Luis Ábalos y el diputado provincial, Emili Gregori, entre otras autoridades.

Para finalizar los actos que el PSPV está llevando a cabo para ver si se rectifica el actual plan de cuenca, la portavoz en las Cortes, Soraya Rodríguez, viajará a la comarca de la ribera y visitará el próximo 14 de diciembre, tanto las instalaciones de la potabilizadora como algunos de los pueblos afectados por esta agua de mala calidad.

Robert Martínez ha afirmado, durante su intervención en la jornada de ayer, que «hay que seguir con esta lucha que ya lleva años haciéndose demasiado grande, y hay que pedir lo mismo que tienen los demás: una concesión.

El secretario general del PSPV ha concluido que «tenemos que pedirlo nosotros que somos los que lo padecemos y quienes convivimos cerca del río Júcar».

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