Miguel Arias Cañete, presentaron en rueda de prensa las medidas contra los robos en el campo
El Ministerio del Interior desplegará de forma inmediata a 275 agentes de la Guardia Civil que integrarán 55 equipos dedicados en exclusiva a la lucha contra los robos en el campo, que el pasado año supusieron 15.234 delitos.
Unos equipos de agentes, denominados «ROCA» (RObos CAmpo), que tendrán como principal misión incrementar la seguridad de las explotaciones agrícolas y ganaderas mediante una vigilancia permanente de las mismas, especialmente en Toledo, Valencia, Sevilla y Almería, las provincias más castigadas por los robos.
El despliegue de estos equipos fue presentado por los ministros del Interior y de Agricultura, Jorge Fernández Díaz y Miguel Ángel Arias Cañete, respectivamente, en el marco de un plan nacional de medidas para luchar contra los delitos en el campo, que también incluirá un refuerzo a cargo del escuadrón de caballería de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil.
Según destacó Fernández Díaz, de los 15.234 delitos cometidos en 2012 en explotaciones agrícolas, el 74 por ciento (11.201) se registraron en 15 provincias, fundamentalmente de las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Valencia.
El ministro ha destacado que desde que en abril de 2011 se puso en marcha el plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil ha detenido e imputado a 1.170 personas ese año, a 1.889 el pasado y a 1.489 hasta agosto de este año.
Refuerzo en seguridad pero también comunicación «fluida y permanente» con agricultores y ganaderos, una «pieza fundamental» de estas nuevas medidas que responden a la «alarma social» del sector, en palabras de Fernández Díaz, que se comprometió en junio con las asociaciones a buscar soluciones para paliar estos delitos.
A los equipos ROCA y los de caballería, se sumarán agentes del Seprona por su conocimiento del medio rural y se impulsará la denuncia electrónica en internet para que las víctimas de un robo puedan ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad de manera inmediata.
Todo con el objetivo, dejó claro Arias Cañete, de atajar el «fortísimo agravamiento» de los robos en el campo que está ocasionando un grave perjuicio para estas explotaciones y sobre el que el proyecto de reforma del Código Penal también ha puesto su mirada.
Así, recordó el ministro de Agricultura, la nueva norma considerará delito de hurto, independientemente de la cuantía sustraída, cuando se produzcan ciertas circunstancias, como el desamparo de la víctima y el pillaje que puede darse en situaciones de catástrofe.
El Gobierno también propone que, en caso de «delincuencia profesional y organizada», los autores del robo puedan estar castigados con penas de prisión de uno a cuatro años.
Y es que existen redes especializadas en robar en estas explotaciones, unas organizaciones, según ha explicado el teniente general y Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel, que son «itinerantes», que cometen el delito por la noche y que venden el material sustraído en lugares diferentes.
El perfil ya no es, destacó Cardiel, el de un joven que «roba una gallina» sin destrozar la instalación ganadera, sino el de una banda «organizada y sofisticada» que llega a robar un tractor para luego desguazarlo y vender sus piezas.
Las redes actúan de noche y en fin de semana cuando las explotaciones están cerradas y cometen los robos en épocas del año vinculadas al fin de las cosechas.
Por eso, es importante no solo el control de los caminos con agentes del Seprona sino también la vigilancia en carretera sobre el tipo de vehículos que emplean estas redes, sobre todo camiones y furgonetas para trasladar el material sustraído.
En función del mismo, los delincuentes buscan darle salida bien en mercadillos si se trata de alimentos o en chatarrerías como el robo de cobre o bombas de agua, aunque las posibilidades son «ilimitadas».
Dentro de dos o tres meses ambos ministerios y representantes de las asociaciones volverán a sentarse a la mesa para evaluar la eficacia de las medidas.
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