G. Fernández
Miércoles, 04 Septiembre 2013
- La reforma energética lastra las esperanzas de los inversores en energías renovables
- Albacete encabezaba hasta 2008 las provincias con mayor producción energética solar
«Es una estafa gubernamental, como la de los bancos con las preferentes o la del forum filatélico», señala indignado el profesor universitario Francisco Delgado. Como otros tantos productores albaceteños, es uno de los damnificados por el declive del sector fotovoltaico impulsado por el Gobierno central a golpe de Real Decreto. La que fue, junto a Navarra, la provincia con mayor desarrollo en energía solar entre 2007 y 2008 también sufre, en términos morales y económicos, las últimas reformas sobre este tipo de producción energética. Reformas que vienen sucediéndose a lo largo del último lustro, asfixiando a aquéllos que un día apostaron por montar un huerto solar aupados por el Gobierno y con la garantía de una rentabilidad hoy inexistente.
"Estamos cautivos de nuestra financiación en proyectos que sufren vaivenes regulativos de seis meses en seis meses"
Cuando el empresario albaceteño José Antonio Cámara decidió invertir en un huerto solar, una normativa, el Real Decreto 661/2007, establecía un sistema de primas por la emisión de energía para compensar los grandes desembolsos que acarreaba la adquisición de instalaciones fotovoltaicas. Una legislación a la que acompañó todo un ‘tour’ gubernamental por las provincias —pasó por Albacete, Hellín y Villarrobledo— donde se invitaba a cumplir con la patria invirtiendo en energías renovables.
Cámara aceptó la sugerencia, no tanto por la defensa de los ideales que promovía el Gobierno, sino por la rentabilidad que garantizaba: un 10% durante la vida útil de la planta fotovoltaica, primero, o durante 25 años, más tarde. Vio la oportunidad de conseguir un complemento económico con el que costear un plan de pensiones. Seis años después se siente «absolutamente desencantado». «No sé si voy a ser capaz de cumplir el compromiso con los bancos para la financiación del huerto solar», incide. Junto a otros socios, invirtió en una planta de 100 kilovatios unos 700.000 euros.
A lo largo de esos últimos seis años, los gobiernos de PSOE y PP fueron limando el margen de beneficio, prometido previamente a los productores, a través de decretos y recortes. El primero llegó en 2010. El decreto 1565/10 limitó la retribución de las instalaciones a 25 años. También en 2010, el Real Decreto ley 14/10 redujo el número de horas de emisión de energía con derecho a subvención. En 2012, la Ley 15/2012 estableció un nuevo impuesto del 7% sobre la generación de electricidad. En 2013, el Real Decreto 2/2013 congeló la actualización del IPC. Y ahora, con una nueva reforma energética anunciada por el ministro José Manuel Soria «se deroga definitivamente aquel Real Decreto que establecía las subvenciones a la producción de energía solar», señala el empresario Francisco Belmonte.
Para él, el descanto de un abultado número de productores albaceteños es la consecuencia directa del «cautiverio» que estan sufriendo, en muchos casos, con inversiones a 10 y 15 años. «Estamos cautivos de nuestra financiación en proyectos a 15 años, que sufren vaivenes regulativos de seis meses en seis meses. Nosotros no podemos repercutir en nuestros costes lo que el Gobierno nos impone, porque tenemos un precio regulado», explica.
Como productor, define la última reforma del Ministerio de Industria y Energía como «la estocada final en la posible democratización de la producción de energía». Y como ciudadano, lamenta que este engaño al que se ha arrastro a los productores de todo el país, «promovido por el interés de las grandes eléctricas», aleje a cualquier español de la posibilidad de apostar por la producción de energía renovable y sostenible.
Falta de respuesta
En una provincia que encabezó la producción energética nacional, con un 12% del total hasta 2008, la falta de respuesta de los principales representantes institucionales ante lo que reiteran es «una auténtica estafa» también alerta y desmotiva, más si cabe, a estos productores. «No he escuchado a ningún político local, provincial o autonómico hablar del asunto, de ningún partido. Y ello, cuando más de la mitad de las empresas del sector en Albacete han cerrado», denuncia Francisco Belmonte.
En ese sentido, Francisco Delgado resalta el ejemplo del Gobierno de la Región de Murcia que, pese a ser del mismo signo político que el Ejecutivo central, ha anunciado que presentará ante el Tribunal Constitucional la reforma energética proyectada. Un ejemplo, apunta, de la debilidad jurídica a la que se enfrenta la trayectoria legislativa de la subvención a la energía fotovoltaica. Recuerda Delgado que productores de otros países, que también decidieron invertir en energía solar española, ya han acudido a los tribunales de arbitraje europeos.
De hecho, apunta el catedrático de la UCLM, la inseguridad jurídica a la que se enfrentan aquellos productores que invirtieron en base a una normativa que ha sido modificada hasta eliminar su esencia podría compararse con lo que el Ejecutivo español considera ilegalidad cuando en países como Argentina o Bolivia expropian a las empresas energéticas. «Si Cristina Kichner conociera lo que está haciendo el Gobierno español con la fotovoltaica, tendría ganado cualquier pleito que pudiera presentar Repsol», señala.
Peaje a la autoproducción, la última estocada
Para empresas como el Grupo Fotovoltaica del Peral, que acumula dos años de pérdidas desde que apostara por el sector de las renovables, la última decisión del Gobierno central de establecer un peaje a la producción de energía solar doméstica para uso propio es un paso más para dar muerte al sector a favor de las multinacionales de Unesa. El Decreto de autoconsumo, planeado desde hace más de un año, elimina el denominado "balance neto". Se trata del sistema, referente en la gran mayoría de países occidentales, por el que la energía sobrante de una pequeña instalación doméstica va a la red de distribución eléctrica, siendo ésta la que devuelve la energía en los momentos en los que el hogar la precisa pero no la produce. "Acabar con esto es un hecho pionero a nivel mundial", denuncia Francisco Belmonte. De este modo, se planea gravar el uso de la red de distribución no sólo a la hora de recibir energía, sino también cuando se envía. Algo que ahuyentará, augura Belmonte, a la instalación de placas solares particulares conectadas a la red eléctrica, provocando un peligroso retroceso en la concepción de la propia producción y consumo de la energía en España.
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