Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 40,8 de su capacidad, siete décimas más que la semana pasada, mientras que los del Segura están al 50,8%, siete décimas más que hace siete días.

En España, la reserva hidráulica se encuentra al 56 % de su capacidad total, con 30.969 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 97 hectómetros cúbicos, un 0,2 % con respecto a los niveles de la semana anterior, informa el Ministerio de Medio Ambiente en una nota.

Las cuencas con menor porcentaje de agua embalsada son las del Duero, 36,5%; Júcar, 40,8%; Tajo, 41,4%, y Segura, 50,8%.

Las mayores variaciones se han registrado entre la cuenca del Ebro que ha perdido 14 hectómetros cúbicos y la cuenca del Duero que ha ganado 39 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional dándose la máxima en la ciudad de Vigo (Galicia) donde se han recogido 36 litros por metro cuadrado.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua Embalsada

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Cantábrico 633 444 70,1 %

Miño-Sil 3.030 1.730 57,1 %

Galicia Costa 684 495 72,4 %

CCII País Vasco 21 19 90,5 %

Duero 7.507 2.739 36,5 %

Tajo 11.012 4.555 41,4 %

Guadiana 8.635 5.795 67,1 %

C. Atl. Andaluc. 1.880 1.404 74,7 %

Guadalquivir 8.101 5.926 73,2 %

C.Medt. Andaluc. 1.177 854 72,6 %

Segura 1.141 580 50,8 %

Júcar 3.336 1.361 40,8 %

Ebro 7.493 4.695 62,7 %

CCII Cataluña 677 372 54,9 %

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TOTAL 55.327 30.969 56 %

EFE

El conflicto en torno a los límites territoriales de la cuenca del Júcar, por cuyo control pugnan desde hace años la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, entra en una fase decisiva. El decreto que debe definir el ámbito de gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está pendiente de las alegaciones a un borrador que sortea la polémica por la vía de dejar las cosas, básicamente, como están.

El ministerio que dirige Miguel Arias Cañete prevé mantener la unidad del territorio y los ríos que gestiona actualmente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero de manera “provisional” hasta que ambas comunidades asuman la transferencia efectiva de sus cauces internos. Una situación provisional a la que, al menos de momento, el decreto no se pone límite. 

Los estatutos de autonomía de las dos comunidades en conflicto contemplan el control de los cauces intracomunitarios, que son los que nacen y mueren en su territorio, pero ninguna ha asumido esa competencia. La transferencia de esos cauces a los gobiernos autonómicos cambiaría los límites de la CHJ y el peso de ambas autonomías en la planificación hidrológica. De ahí el conflicto.

La polémica se remonta a una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anuló buena parte del plan hidrológico del Júcar porque el Estado solo debía controlar los ríos intercomunitarios, que recorren más de una autonomía, y no los internos de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La ejecución del fallo se aplazó a la redacción de un nuevo plan hidrológico del Júcar que al final se ha atascado, entre otros motivos, porque no se ha definido el territorio que debe abarcar.

La Generalitat ha insistido en que se mantuviera la gestión unitaria actual, mientras que Castilla-La Mancha ha pedido que la Comunidad Valenciana se haga cargo de sus ríos, lo que daría a la Junta castellanomanchega mayor representación y peso en los órganos de decisión de la CHJ y el principal río, el Júcar.

El ministerio se acoge a varias sentencias en torno al problema de las demarcaciones hidrográficas para concluir que la CHJ puede gestionar de manera provisional los ríos intracomunitarios mientras no se produzca una transferencia efectiva de «funciones y servicios» a las comunidades autónomas. El borrador del decreto destaca que «así se ha venido efectuando la planificación y gestión de esas cuencas, en virtud de criterios hidrológicos y de utilización racional» del ag

Cambiar el Estatuto de Autonomía

Al mantenerse la situación actual, la Comunidad Valenciana seguirá con más representantes en los órganos de gestión de la CHJ. En la nueva demarcación, el 50% del territorio será valenciano y su población representará el 90% del ámbito de la CHJ.

No obstante, la defensa de la «tradicional» gestión conjunta de las aguas dentro de la CHJ ha llevado a los regantes valencianos a pedir a la Generalitat que cambie el Estatuto de Autonomía y renuncie a las competencias sobre los ríos internos. Una petición que han reiterado ahora porque consideran que resolvería esa «adscripción provisional» de los cauces que hace el ministerio y permitiría mantener una planificación del agua «con criterios hidrológicos y de utilización racional de los recursos».

Los usuarios del Júcar, además, han presentado alegaciones al último borrador del decreto para solicitar que se suprima la mención a la «problemática» del abastecimiento de Albacete, ya que consideran que la ciudad «no tiene ningún problema de calidad, de cantidad ni de garantía» del agua.

Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), destaca que el actual plan hidrológico del Júcar y el convenio de Alarcón, que regula el uso de las aguas de ese embalse construido por los regantes valencianos, permiten a Albacete utilizar aguas del Júcar para evitar la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental. Pero el convenio sobre el pantano de Alarcón exige el pago a los regantes valencianos de 0,007 euros por metro cúbico, un pago con el que Albacete no cumple, según USUJ, que cifra la deuda más de un millón de euros.

Los regantes históricos del Júcar consideran así que la referencia al abastecimiento de Albacete debe suprimirse y que el ministerio debe velar «por los intereses generales» y evitar «intereses localistas y politizados».

A la Generalitat valenciana tampoco le gusta que se destaquen unos abastecimientos sobre otros, por lo que en sus alegaciones «para mejorar el texto» pide que se eliminen referencias a la regulación de las aguas porque, a su juicio, deben reservarse esas cuestiones para el plan hidrológico del Júcar. En relación con la petición de los regantes de cambiar el Estatuto de Autonomía, fuentes de la Generalitat desechan esa posibilidad. Apuntan que la vía «para garantizar que el agua llegue a todas partes» es la de los pactos, no la de la reforma del Estatuto.

La Generalitat y los regantes alicantinos -éstos representados por un compañero de la Acequia Real del Júcar- han trasladado al Ministerio de Agricultura sus votos en contra del borrador que ha preparado el Gobierno sobre las nuevas demarcaciones hidrográficas, y en el que se aumentas las competencias hídricas del gobierno de Castilla-La Mancha sobre la cuenca del Júcar. Un control que podría tener en el futuro consecuencias letales para la provincia, como el recorte de caudal de agua a trasvasar al Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa.
El Consell recuerda en sus alegaciones el carácter intercomunitario de la cuenca (geográficamente pertenece a Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana), apoyándose en una sentencia a favor del Tribunal Supremo del 11 de septiembre de 2011, y rechaza, por tanto, el intento de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal de que, en base al endorreísmo (agua que nace y muere en una misma zona) de algunas bolsas importantes de la cuenca del Júcar, ésta podría declararse intracomunitaria (un mismo territorio), lo que le daría, prácticamente, el control absoluto del agua el Júcar.
Consell y agricultores discrepan además, de la composición del consejo del agua en la futura demarcación del Júcar, que De Cospedal quiere que se decida en base a territorio y no a población. Es decir, tumbar el intento de que Castilla-La Mancha siente un mayor número de miembros en la mesa donde se toman las decisiones en base a contar en su territorio con mayor superficie de cuenca. La Generalitat sostiene que la balanza debe inclinarse hacia la Comunidad Valenciana al tener más población dependiente del agua del Júcar, lo que contradice la postura de De Cospedal, que exige que las cuentas se hagan en base a la tierra.
El Consell planea, por otra parte, en sus alegaciones al borrador del decreto, que la Confederación Hidrográfica del Júcar debe comprender el territorio de las cuencas intercomunitarias y, provisionalmente, en tanto se efectúa el correspondiente traspaso de funciones y servicios en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, el territorio de las cuencas y zonas endorreicas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, «comprendidas entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca», según recoge la documentación a la que ha tenido acceso al periódico.
En cuanto al término Demarcación Hidrográfica del Júcar, las alegaciones del Consell plantean lo mismo que para la Confederación, añadiendo las aguas costeras que tienen como límite la costa de los términos municipales de Elche y Guardamar del Segura, y como límite norte la línea que pasa por el extremo meridional de la playa de Alcanar.
El borrador sí devuelve, en principio, a la Comunidad Valenciana la mayoría en el consejo de agua del Júcar, ya que representa el 50% de territorio y más del 90% de la población. No obstante, en sus alegaciones, el Consell advierte de que los usuarios sólo tienen 28 asientos en un consejo de 85 miembros. «Debe comprobarse si esto cumple con el mínimo de un tercio prescrito por la ley. Si se aumenta en un vocal, nuestra propuesta sería que fuera para un representante del uso de aguas costeras, por ejemplo del sector pesquero», señala el documento remitido al ministro Cañete.

Presenta un voto particular contrario a la propuesta de decreto sobre funcionamiento del Consejo del Agua en la Demarcación del Júcar

VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

José Manuel García de la Cuadra, vocal representante de los usuarios de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el Consejo Nacional del Agua, ha presentado un voto particular contrario a la propuesta de real decreto por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Agua, y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de la Demarcación y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Entre otros, el representante de los usuarios pide un cambio en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana porque la gestión y planificación de las cuencas intercomunitarias y de las cuencas intracomunitarias en la Confederación Hidrográfica del Júcar «se ha venido haciendo de manera conjunta tradicionalmente en base a criterios hidrológicos y de utilización racional del recurso», y considera que es éste «el modelo a seguir en el futuro».

Sin embargo, critica que en contra de los criterios hidrológicos y de utilización racional del recurso los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana y de Castilla la Mancha «han entrado a regular en materia de aguas, asumiendo competencias sobre las cuencas intracomunitarias».

A su juicio, «la solución definitiva» pasa por modificar el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para que esta gestión por el Estado de las Cuencas Intracomunitarias a través de la Demarcación Hidrográfica del Júcar «no sea provisional sino definitiva».

ABASTECIMIENTO EN ALBACETE

Por otro lado, García de la Cuadra alega que en la exposición de motivos del decreto se hace referencia a «la especial problemática del abastecimiento de Albacete», pero entiende que «no existe». «El abastecimiento de Albacete no tiene ningún problema de calidad, de cantidad ni de garantía, gracias al Plan Hidrológico del Júcar y al Convenio de Alarcón», asegura.

En esta línea, indica que «la única problemática especial surge cuando desde el Ayuntamiento de Albacete, de forma irresponsable, se politiza y territorializa la aplicación de la Ley de Aguas, del Plan Hidrológico del Júcar, del Convenio del Embalse de Alarcón y de las Resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar que le facilitan el uso de las aguas del Júcar».

Al respecto, explica que la aplicación del Plan Hidrológico del Júcar y de este convenio que le permite utilizar las aguas del Júcar le supone al Ayuntamiento de Albacete «siete milésimas de euro por metro cúbico y se niega a pagarlas», y añade que «se le han suministrado más de 148 millones de metros cúbicos en los once años que viene utilizando las aguas superficiales del Júcar».

El vocal subraya que quiere confiar en un Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente «fuerte y objetivo, capaz de actuar, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, como instrumento adecuado para resolver los conflictos y que apoya las fesoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar y no a quien las incumple».

Así, considera que «si se hace una referencia especial en este decreto a un abastecimiento que se coloca al margen del Estado de Derecho al incumplir el Plan Hidrológico del Júcar, el Convenio del Embalse de Alarcón, las Resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pierde toda su autoridad como administración hidráulica que vela por los intereses generales al hacer prevalecer intereses localistas y politizados».

«Si no se resuelve este tema, si no se cumple el Plan Hidrológico vigente, no se dan las condiciones para aprobar por consenso el nuevo Plan Hidrológico del Júcar», destaca.

MÁS REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS

Por otro lado, José Manuel García de la Cuadra indica en su voto particular que el número de representantes de los usuarios en el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar debe ser 29 y no 28 porque la Ley de Aguas establece que «la representación de los usuarios no será inferior al tercio del total de vocales».

También señala que el número de representantes de los usuarios en la Comisión de Planificación Hidrológica debe ser 13 y no 11 de acuerdo con la legislación de aguas.

Asimismo, el vocal expresa su apoyo a la disposición final segunda que refuerza la presencia de los usuarios en la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca, incrementando el número de representantes de regadío en la Junta de Gobierno, «dada su importancia y su heterogeneidad en cuanto al origen del recurso».

No obstante, señala que este incremento de los usuarios «no se debe hacer en ningún caso condicionando la libre elección entre todos sus representantes en función del origen del recurso como podría llegar a sugerir la exposición de Motivos». «Esta referencia de la Exposición de Motivos a los representantes de aguas subterráneas debe entenderse como la justificación del aumento de los representantes de los regantes», subraya.

¿Agua limpia durante 2013? El Gobierno ha dejado en manos de los regantes alicantinos y valencianos el acuerdo para la finalización de la segunda toma del trasvase Júcar-Vinalopó. El Ministerio de Agricultura levanta así su veto al bloqueo que sufría la toma desde 2005, lo que significa dar luz verde, tras siete años de conflicto, a que la provincia reciba agua potable del Júcar. Ahora bien, la pelota queda ahora en el tejado de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó y de la Acequia Real del Júcar, que deben sentarse a negociar el acuerdo. La captación del agua en Cortes de Pallás se quedó construida a la mitad cuando se cambió el proyecto en 2005. La vía libre llega, además, justo cuando finaliza el trasvase de agua desde el embalse de Villena (San Diego) a la provincia, que va a estar ahora un año cerrado por obras. El proyecto cuesta 60 millones de euros, y la Junta Central asegura que tiene financiación porque al final todo pasaría por comprar el agua a Valencia, lo que puede «flexibilizar» la postura cerrada de los agricultores de la Acequia Real del Júcar. De momento, el año empieza con esperanzas y con agua, ya que la generosidad pluviométrica del pasado otoño y el caudal de Villena ha provocado que ahora mismo no haya necesidad apremiante de recursos.

El Ministerio de Agricultura excluyó de los presupuestos para este año la construcción de los tres tramos de túneles para conectar la segunda toma del Júcar-Vinalopó (60 millones de euros) con Villena, lo que condenaba, prácticamente, al trasvase a servir sólo para riego, e incumplir las exigencias de la UE, que obligan a que la canalización que costó 400 millones de euros, de los que 120 fueron financiados por Bruselas, sirva también para dar de beber al Vinalopó, l´Alacanti y la Marina Baixa.

La UE exige que en 2015 estén cerrados los acuíferos en las comarcas beneficiadas por el agua del Júcar. Algo imposible de lograr si no se activa la toma de Cortes, única que garantizaría que los municipios del Alto, Medio Vinalopó y l´Alacantí pudieran consumir con garantías los caudales del Júcar. Los regantes y, sobre todo, el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante ven inviable el caudal captado en el Azud de la Marquesa.

«Este trasvase no es nuestro trasvase». La frase del presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, el pasado septiembre, cuando se abrió el grifo del embalse del Rollo (Aspe) y la denostada agua del Júcar comenzó a fluir por las tuberías del Medio y Bajo Vinalopó para aliviar la grave situación de 20.000 agricultores, se quedó, en principio, en saco roto, pero se ha reconducido en las última semanas, aunque sin que el Ministerio (Acuamed) esté dispuesto a financiar las obras porque, entre otros aspectos, no hay un euro en la caja pública.

Sin embargo, tanto desde Acuamed, la empresa pública de la que depende el trasvase como desde el Ministerio de Agricultura, se apoya ahora la petición de la Junta Central, algo en lo que ha tenido mucho que ver la participación de la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor.
Activar la toma de Cortes de Pallás para que llegue agua potable al Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa (el caudal de Cullera sólo sirve para riego, y después dos años de decantación en el embalse de San Diego) cuesta 60 millones de euros. Los agricultores tienen firmado un segundo trasvase de socorro del mismo estilo que el actual (5 hm3) pero éste no llegará, como mínimo, hasta 2015. Año en el que se podría volver a utilizar el agua del Azud de la Marquesa.

El embalse regulador de San Diego va a estar, además, un año en obras a partir de este mes, y una vez vuelva a llenarse, habría que esperar otros 12 meses para que la calidad permita utilizarlo sólo para riego, a no ser que se produzca una milagrosa mejora de las condiciones del agua en el Azud de la Marquesa. Además, sólo caben 12 hm3. Nada que ver con la transferencia de 80 hm3 anuales para la que está diseñada la canalización que arranca en Cullera y llega a Villena con una elevación de 800 metros.

La única solución es que el trasvase pueda servir para todos los usos y eso sólo se consigue incorporando a los ayuntamientos o, lo que es lo mismo, que el agua sirva para beber. Una cuestión fundamental porque la sobreexplotación de los acuíferos aumenta. La mayor parte de los pozos tiene fecha de caducidad (algunos expertos calculan 25 años) y el agua se extrae ya, ahora mismo, a 200 metros de profundidad.

Un grupo de representantes de la plataforma Xúquer Viu se concentró en la tarde de ayer en el azud de Cullera, entre los términos municipales de Sueca y Fortaleny, a 14 kilómetros de la desembocadura del Júcar, para reivindicar, por enésima vez, la necesidad de que se asigne un caudal ecológico para el río.

Los concentrados leyeron un comunicado en el que aseguraron que “desde hace unos 15 días no bajaba ni gota de agua” por el azud. Ayer mismo, coincidiendo con el acto de protesta, una ligera lámina de agua se deslizaba por parte de la rampa de la construcción hidráulica que sirve para abastecer diversas acequias de riego de la zona.

Los hechos denunciados por la asociación ecologista eran ratificados a este periódico por dos agentes de la Guardia Rural de Sueca. En la parte superior de la balsa junto al azud de Cullera se acumulaban cañas y otros residuos. “Exigimos un mayor control por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para garantizar el mantenimiento de los ecosistemas relacionados con las masas de agua”, expresaron los manifestantes.

Los representantes de Xúquer Viu bajaron a la parte seca del azud con pancartas en las que se podía leer “Volem que el Xúquer arribe al mar” (Queremos que el Júcar llegue al mar) y “Al Xúquer no li sobra aigua! Ni gota!” (¡Al Júcar no le sobra agua! ¡Ni gota!).

Desde la plataforma ecologista alertaron de nuevo de la situación del curso del bajo Júcar, “prácticamente seco en la parte final del río, a partir del azud de Cullera, a 14 kilómetros de la desembocadura, donde durante semanas y meses no circula agua por encima de la presa, filtrándose una cantidad totalmente insignificante”.

De la misma manera, criticaron “el escaso caudal que circula desde Tous a su paso por poblaciones como Sumacàrcer, Antella o Gavarda”.

Respecto a la paralización por parte del Gobierno central del plan de obras contra avenidas, que contempla también trabajos de acondicionamiento del río y la recuperación del lecho fluvial, Xúquer Viu lamentó que la Mesa de Participación de la CHJ “no se reunió ni una sola vez durante 2012”. Además, “se han anulado proyectos ya aprobados como el de protección [contra inundaciones del río] en Albalat de la Ribera”.

La plataforma llamó la atención, asimismo, sobre el hecho de que la demarcación del Júcar ya lleva “más de tres años de retraso en la elaboración del nuevo plan hidrológico de cuenca y el proceso de planificación está paralizado, mientras el deterioro ambiental avanza a marchas forzadas”.

El nuevo plan de la cuenca del Júcar debía estar redactado en diciembre de 2009 según establecía la Directiva Europea del Agua (DMA) europea, pero el proceso sigue acumulando retrasos. Entre otros motivos, por la polémica en torno a los límites territoriales de la demarcación del Júcar. El Gobierno aún no ha aprobado la nueva estructura de la demarcación, que enfrenta a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que pretende que se modifique la situación actual y se desgajen de la gestión del Júcar los ríos internos valencianos. El Consell, en cambio, quiere que se mantengan los límites actuales para una gestión unitaria.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) ha agradecido a los grupos políticos del Ayuntamiento de Albacete y a la alcaldesa, Carmen Bayod, la aprobación el pasado día 20 de diciembre de una moción de apoyo a las actuaciones que están realizando desde la Jcmro y las comunidades de regantes de Los Llanos «para evitar que sea repercutido el coste de las obras para que los regantes de la Mancha Oriental puedan disponer de las aguas superficiales del Júcar».

En un comunicado, recordaron que estas obras consisten en la adecuación de la infraestructura para la toma de agua que en su día realizó la Administración de Castilla-La Mancha para la puesta en marcha de la primera fase de sustitución de bombeos y permiten garantizar el adecuado funcionamiento de las obras que derivan el agua desde el acueducto a las parcelas de los regantes.

Señalaron que, en todo momento, se consideró que el coste de estas infraestructuras, ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que ascienden a 2,2 millones de euros, «era a cargo de la Administración como parte de la obra ya entregada a los regantes».

Pero denunciaron que, sin embargo «ahora se pretende que sea asumido por los regantes de la zona, que son 1.2000 pequeños agricultores, agrupados en la Comunidad General de Los Llanos de Albacete».

Madrid, 27 dic (EFEverde).- El agua, su registros, planes hidrológicos y recursos, son los protagonistas de la última reunión del año, que celebra esta tarde el Consejo Asesor de Medio Ambiente, a puerta cerrada en la sede del Ministerio.

En la agenda del día está previsto abordar el Proyecto de Real Decreto sobre el cambio del Reglamento del dominio público hidráulico, según han informado a Efeverde ONG participantes en el encuentro.

Esta reforma persigue desarrollar las normas de funcionamiento y organización del Registro de Aguas, incorporando nuevas tecnologías en su definición.

El segundo objetivo de esta modificación es la actualización del Reglamento en materia de valoración de daños.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado a Efeverde la importancia de que se avance con rapidez en ese tema que ha calificado de «urgente».

Al mismo tiempo ha manifestado su preocupación por el hecho de que esta reforma incluya cambios en el uso del agua, de recreativos a industriales, que «habrá que saber -ha añadido- qué van a significar».

El estado de tramitación de los Planes Hidráulicos de Cuenca también están en la agenda del orden del día de este Consejo en el que tienen asiento organizaciones empresariales, sindicales, ONG, representantes de las administraciones locales y directivos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Respecto a los planes de cuenca, las ONG han recordado que de las dieciséis demarcaciones hidrográficas españolas, solo cinco cuentan con un plan de cuenca, documentos gestores del recurso que, según la normativa europea vigente desde 2000, debían haber sido aprobados en 2009 como plazo máximo.

También han señalado que en el último Consejo Nacional de Agua, celebrado el pasado día 13, votaron en contra de los futuros planes de cuenca del Guadalquivir; Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental y Guadiana por, a su juicio, «graves incumplimientos» de la Directiva Marco del Agua.

En el Consejo de hoy se verá además, la iniciativa «Blueprint» de la Comisión Europea, un plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa, y que defiende la recuperación de humedales y llanuras aluviales para la retención natural del agua.

El plan aboga también por mejorar la aplicación del principio de quien contamina pagan y hace hincapié en la importancia de preservar el agua para fomentar el crecimiento económico.

Otros temas incluidos en la agenda tienen que ver con la reciente cumbre climática de Doha; con el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y con la regulación de la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. EFEverde