Madrid, 3 dic (EFEverde).- La patronal de la energía solar termoeléctrica, Protermosolar, ha denunciado hoy que la reforma de fiscalidad energética que tramita el Senado será un «golpe mortal» para el sector.

El nuevo impuesto a la generación del 7 % que propone el Gobierno, sumado a la tasa que se introduce sobre el gas natural, supondrá una disminución de ingresos de más del 22 %, según la asociación.

En un comunicado divulgado hoy, Protermosolar advierte de que el marco normativo previo ha sido el soporte para la captación de inversiones, nacionales y extranjeras, y el cambio de reglas crearía «una enorme inseguridad jurídica», con posibles litigios en las cortes de arbitraje.

Asimismo, añaden, supondría un «grave daño» a la imagen del país que podría influir en la prima de riesgo.

Con el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que tramita el Senado, el Gobierno pretende resolver el problema del déficit de tarifa, que a cierre de 2011 sumaba más de 24.000 millones de euros.

A este respecto, la patronal termosolar apunta que el sector sólo ha recibido alrededor del 2 % de las primas acumuladas del régimen especial, por lo que «no puede considerársele responsable de la situación actual del déficit».

Según sus cálculos, en 2011 las termosolares recibieron 427 millones de euros en primas, mientras que su aportación al PIB fue de 2.084 millones, lo que supone casi multiplicar por cinco cada euro recibido.

A ello suman 78 millones de euros en ahorro por importación de combustibles y derechos de emisión.

El proyecto de ley de fiscalidad energética establece un impuesto genérico a la generación eléctrica del 7 %, al que se superponen gravámenes a los residuos nucleares y al uso del agua, gas natural o carbón. EFEverde

Madrid, 3 dic (EFEverde).- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) considera que las enmiendas introducidas por el PP a la reforma energética «atenta» directamente contra la viabilidad de «cientos» de empresas del sector de las energías renovables y supone un «nuevo golpe» para el sector.

La asociación señala que aumentar el impuesto a la generación eléctrica del 6 % al 7 %, tal y como propone el grupo parlamentario popular en una enmienda al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, es una muestra de improvisación en su sector en el que la planificación debe hacerse a largo plazo y en el que la estabilidad regulatoria es fundamental.

Estas tasas, añaden en un comunicado, son «especialmente discriminatorias» para el sector renovable ya que se aplica sobre el total del precio y no sobre el de mercado y además no pueden repercutirse y deberán asumirse de forma íntegra por la industria.

En este sentido, aseguran que aumentar la tasa a la generación eléctrica supondrá una subida de la tarifa eléctrica a medio plazo y subrayan que la ley carece de visión estratégica, al tiempo que denuncian que el Gobierno no haya atendido sus peticiones.

Asimismo, APPA indica que los beneficios de las renovables son muy superiores a sus costes y que el déficit de tarifa, siendo un problema urgente, no es el más importante.

Por ello, aseguran que para aumentar la recaudación se debería hacer extensible cualquier tasa a todos los ingresos del sistema eléctrico, como los nuevos servicios de ajuste o los pagos por capacidad, y adecuar los impuestos propuestos en la Ley sobre la generación y almacenamiento de residuos hasta valores «razonables y viables». EFEverde

Un informe divulgado durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 18), que se celebra en Doha, ha puesto de evidencia que las reservas de agua en los países del norte de África y Oriente Próximo se reducirán a la mitad en 2050 por al aumento de la población y recomienda un uso racional.

En su última visita a España este mes de noviembre, el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, advirtió de que el precio del agua en España «es barato» en relación al resto de la Unión Europea.

Y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en su informe de 2011, recoge tarifas tan dispares como las de Palencia, donde se paga 0,68 euros por metro cúbico, y Murcia, que pide 2,6 euros por el mismo servicio.

El presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, Xavier Latorre, criticó esta diferencia, fruto de «distintos regímenes» contables y de una dispersión competencial, ya que cada ayuntamiento es responsable de fijar sus cuotas.

Además, Latorre destacó que el precio que cada ciudadano abona por el agua no cubre los costes de los servicios, que van desde los financieros a los medioambientales, lo que se traduce generalmente en un «mal servicio», una opinión generalizada en el sector.

Los problemas llegan a medio y largo plazo, sobre todo por el mantenimiento que requieren determinados servicios o equipamientos que terminan por desgastarse o estropearse, como las tuberías.

A medida que ha aumentado el precio del agua -el metro cúbico ha subido 12 céntimos en dos años, de 1,45 euros en 2010 a 1,57 euros en 2012-, ha bajado su consumo, es decir, se ha racionalizado su gasto, añadió.

Según los datos de la Encuesta 2012 de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España, elaborada por AEAS, el consumo medio doméstico diario por habitante y día en España es uno de los más bajos de Europa: 126 litros de agua.

El uso eficiente de los recursos hídricos es un principio que cobija la Directiva Marco del Agua, y a este respecto «nuestro país tiene un grado de cumplimiento muy alto», señaló el director general de AEAS, Fernando Morcillo.

Las tarifas sobre el agua se asientan sobre un sistema en el que los precios crecen en función del consumo, quien gasta más, paga más, así que se garantiza «una mayor» eficiencia, aseguró.

En el decálogo para la «buena gestión» del agua de la OCU, se pide mejorar la factura del agua incluyendo una información mas completa, o adoptar una política tarifaria que prime la eficiencia y penalice los consumos excesivos.

A pesar de que los expertos señalan que la subida del agua es inevitable, una cosa es que ese aumento se destine a cubrir los costes y otra que contribuya a que las empresas privadas «ganen más», advirtió Pedro Arrojo, profesor y colaborador de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Para Arrojo, detrás del incremento de precios se esconde, en ocasiones, una «gestión oculta» privada que no ha de entorpecer la prestación de un servicio básico.

El aumento de los precios, aunque «necesario», ha de efectuarse de forma razonable, mediante la aplicación de tarifas progresivas que no afecten demasiado a los más pobres, explicó el profesor.

El agua es un derecho humano, según la ONU, por lo que debería existir una cuota básica gratuita -lo que en algunos países se denomina ‘mínimo vital gratuito’- a la que todos los ciudadanos tengan acceso, recalcó. EFE

Antes de abordar la reforma, que buscará alternativas al pago de costes como las primas a las renovables o los extrapeninsulares que hoy se pagan vía el recibo de la luz, era necesario acabar con el déficit de tarifa con medidas como una nueva fiscalidad energética que, según el ministro, el Gobierno se replanteará cuando el déficit se haya dejado de generar y no exista riesgo de que reaparezca.

El ministro comprende que los nuevos gravámenes, en trámite parlamentario, no gusten a ninguno de los implicados en el sector porque tampoco gustan al Gobierno, ya que poner impuestos va en contra de su modelo económico.

Pregunta: ¿Hay margen para introducir cambios en el Senado al proyecto de ley de medidas fiscales dada la oposición de la práctica totalidad de las empresas?

Soria: Habrá cambios. Uno de los cambios que ha planteado el PP es disminuir el céntimo verde que grava el gas para uso industrial de 0,65 a 0,15 céntimos de euro por gigajulio. A cambio, para que la suma total de recaudación siga siendo la necesaria para cubrir el déficit han tenido que proponer un incremento en la tasa que gravará todo tipo de generación del 6 al 7 %.

Pregunta: ¿Las eléctricas pedían que rebajara la tasa del 6 %?

Soria: Aquí no hay ningún tipo de margen de maniobra porque si se baja por una parte hay que subirla por otra.

Pregunta: ¿Por qué queda fuera de esta rebaja la cogeneración?

Soria: Porque la cogeneración, que usa el calor que generan las fábricas para producir electricidad, vierten a la red la electricidad que les sobra y la venden con primas.

Pregunta: Algunos sectores han pedido que los nuevos impuestos sean temporales, ¿cabe esta posibilidad?.

Soria: En el proyecto de ley no se estable ninguna temporalidad. Lo que se establece es un objetivo de sostenibibilidad medioambiental y financiera. Una vez que se alcance el equilibrio se podrán replantear este tipo de figuras tributarias.

Pregunta: Es decir, ¿cuando se acabe de generar el déficit de tarifa?

Respuesta: Cuando se acabe de generar y no haya riesgo de que se pueda generar nuevamente.

Pregunta: Recientemente ha avanzado que la reforma buscará que el precio de la luz refleje sólo los costes de generación, transporte y distribución de la electricidad y no otros como los costes extrapeninsulares o las primas a las renovables ¿Cómo lo van a hacer?.

Respuesta: Tenemos que estudiar como están influyendo otro tipo de factores que nada tienen que ver con la generación, el transporte y la distribución en el precio final de la energía.

Pregunta: Pero, ¿cómo se pagarán si no es a través de la factura dado el elevado déficit público?

Respuesta: Estamos trabajando en ello, barajamos distintas alternativas.

Pregunta: ¿Qué pasará con las primas a las renovables?

Respuesta: Su montante es muy importante y preocupante. Porque a diferencia de otros países donde se dice: éste es el límite o el volumen máximo de primas para un año, aquí el volumen no tiene máximos.

En un momento en el que tenemos una capacidad instalada de 106.000 megavatios y una demanda punta de 40.000 megavatios el sistema no puede soportar que estemos aumentado la capacidad de generación con primas, que sumarán 70.000 millones de euros en 2020 si se incorporan todos los proyectos previstos.

Habrá que hacer algo dentro del marco legal porque no podemos asumir más de lo que el sistema puede asumir.

Pregunta: En varias ocasiones, ha dicho que el Gobierno profundizará en la liberalización del mercado eléctrico y rebajará el umbral de acceso a la tarifa de último recurso (TUR), actualmente establecido en potencias instaladas iguales o superiores a los 10 kilovatios (kW), ¿cuándo y cómo se hará?.

Respuesta: El umbral deberá bajar al entorno comprendido entre 3 y 5 kW. La rebaja vendrá dentro de la reforma energética para la que no hay plazos, tardará lo que tenga que tardar porque se persigue un marco para los próximos 10 ó 15 años.

Pregunta: Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Alberto Lafuente, ha advertido de que sería un error la liberalización total del mercado eléctrico porque todavía no existe la suficiente competencia efectiva.

Respuesta: Por eso una parte de la reforma tiene que ser impulsar la competencia en el sistema. Hoy en día no hay mucha competencia.

Pregunta: ¿esto implicará cambios en el mercado mayorista eléctrico y el sistema de precios marginalista?

Respuesta: No, yo creo que el sistema marginalista no hay que cambiarlo, pero que haya competencia es bueno en todos los sectores y es en eso en lo que estamos trabajado.

Según datos de la CNE, a 31 de diciembre de 2011 había 20,1 millones de usuarios, principalmente hogares y pymes, acogidos a la TUR. Si el umbral de acceso a esta tarifa se rebaja a 3 kW un total de 16 millones dejarán de tener derecho a la misma, mientras que si el corte se pone en 5 kW, saldrán de la tarifa 5 millones. EFE

El Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la agricultura y la ganadería, establece en los artículos 84, 85 y 87, que los agricultores que deseen obtener alguna o algunas de las ayudas citadas en su artículo 1 deberán presentar una solicitud única que se cumplimentará en los formularios y soportes establecidos al efecto por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y según el régimen de ayudas que se solicite.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó ayer la orden de 28/11/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula la tramitación de la solicitud unificada mediante el sistema de borrador. La presente orden tiene por objeto regular la tramitación de las soclicitudes de la PAC mediante el sistema borrador y la aceptación expresa de la notificación electrónica de todos los trámites de la solicitud unificada, de los interesados que opten por esta forma de tramitación de la solicitud unificada.
La forma de solicitar el borrador de la PAC será por medios electrónicos, a través de la dirección http://agricultura.jccm.es/solicitarborrador. La solicitud del borrador tendrá efectos para las campañas sucesivas, no siendo necesario volver a presentarla. Se deberán de presentar desde hoy y hasta el 31 de diciembre y para los siguientes años desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre del año anterior al de la presentación de la solicitud unificada.

Madrid, 1 dic (EFECOM).- El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, ha advertido hoy de que un incremento del impuesto a la generación eléctrica del 6 % al 7 % pondría en peligro la viabilidad del sector y ha lamentado que las eléctricas no sean una «prioridad» para el Gobierno.

En declaraciones a Efe, Montes ha denunciado que el Ejecutivo apoye las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y que -en su opinión- «castigan» al sector eléctrico.

«El contenido de estas iniciativas es una gran decepción y un palo para las eléctricas», ha lamentado, tras recordar que la patronal Unesa, que agrupa a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.On y HC Energía, mantiene 50.000 puestos de trabajo directos y otros 100.000 indirectos, al tiempo que invierte 3.000 millones de euros al año.

Montes ha sido tajante al asegurar que «es el tercer castigo del Gobierno en lo que va de año» al sector, ya que el Ejecutivo impone tasas muy altas en todas las energías, a la generación nuclear, a la hidráulica y a los ciclos combinados.

«Se da la paradoja de que los ciclos combinados tienen el impuesto del gas y el eléctrico y encima son los que dan el respaldo a las energías renovables», ha criticado.

La enmienda del PP propone rebajar la tasa que gravará la utilización del gas natural de 0,65 a 0,15 céntimos por gigajulio cuando vaya destinado a uso industrial, excluida la cogeneración, y compensar este descenso con el aumento de la imposición a la generación eléctrica en un punto porcentual.

Montes cree que tampoco tiene sentido favorecer determinadas industrias, como las industrias del gas, incrementando la fiscalidad a otras.

Añade que este alza tampoco paliará el déficit de tarifa eléctrico, que este año debe reducirse a 1.500 millones de euros según marca la Ley, y cree que aunque los impuestos «paliarán algo» este déficit serán necesarias todavía otras partidas presupuestarias.

En este sentido estima que a final de año el déficit tarifario rozará los 4.500 o 4.600 millones de euros, un incremento de 3.000 millones respecto al permitido, mientras que en 2013 el déficit sería de otros 5.000 millones de euros frente a «cero» que debe tener el sistema por ley.

Montes ha aseverado que con estas tasas las eléctricas no podrán seguir financiando el déficit tarifario en 2013.

«Se castiga a las energías baratas y no se ataja la verdadera causa del déficit tarifario, que son las energías renovables», ha dicho.

El presidente de la patronal eléctrica también ha criticado que en la nueva redacción de las enmiendas que han llegado al Senado se obligue a hacer una provisión de una cuantía «enorme» a las empresas que generan energía nuclear, por lo que se pone en entredicho la viabilidad de este sector.

«Esta tasa plantea además una situación de retroactividad en el hecho impositivo», ha asegurado.

«La seguridad del suministro la damos nosotros con tecnologías que reciben todos los impuestos y encima son las más baratas», ha puntualizado.

Sobre una posible repercusión de estas tasas en el consumidor, Montes ha sido claro al indicar que «los impuestos son una parte más del coste del sistema», y que el «pato al final lo paga quien tiene 50.000 puestos de trabajo».EFECOM

Galán participó hoy en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático que se celebra en Catar, y en la que el presidente de la compañía española insistió en la necesidad de extender la energía eléctrica de forma sostenible para que llegue al 20 % de la población mundial (1.300 millones de personas) que carece de ella, según la Agencia Internacional de la Energía.

En un comunicado, Iberdrola destacó que su primer ejecutivo ha hecho hincapié en la necesidad de implantar «tecnologías eficientes tanto desde el punto de vista medioambiental como económico».

Por ello, considera que el esfuerzo inversor debe orientarse a poner en marcha nuevas hidroeléctricas, parques eólicos, tanto terrestres como «offshore», y plantas de gas, que son «las térmicas que menos emiten -un 66% menos que las de carbón- y juegan un papel de respaldo clave».

Respecto a las energías renovables, ha apoyado que se siga invirtiendo en la I+D en nuevas tecnologías fotovoltaicas, de las olas o de las mareas de cara a reducir sus costes.

Sin embargo, ha rechazado que, como erróneamente ha ocurrido en su opinión en algunos países europeos, se incentive la «masiva entrada en funcionamiento de instalaciones tecnológicamente inmaduras y caras».

Según ha alertado Sánchez Galán, las emisiones de gases que provocan el denominado efecto invernadero siguen incrementándose, alcanzando en 2011 un nuevo récord -31,6 gigatoneladas, 3 % más que en 2010-, con lo que «el mundo continúa alejándose de sus metas en la lucha contra el cambio climático». EFEverde

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha anticipado otros 36 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a agricultores y ganaderos que, al presentar incidencias sus expedientes, no pudieron acogerse al primer pago de 264 millones adelantado en octubre.
Con ello, la Junta de Comunidades ha abonado un total de 300 millones de euros en este primer adelanto del pago único de la Política Agraria Común, cantidad similar a la del pasado año por estas fechas, que casi triplica los apenas 110 millones que anticipó el anterior Gobierno socialista en el año 2010, informó el Gobierno regional en nota de prensa.
La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, destacó «el esfuerzo que ha realizado el equipo técnico para resolver de forma tan rápida las incidencias en los expedientes de 8.134 agricultores y ganaderos, que ya cuentan con su dinero para hacer las inversiones que consideren necesarias».

otros 300 del pago único. Además, aseguró que se está trabajando «con diligencia» para abonar otros 300 millones del pago único antes de final de año, «ya que nuestro compromiso es atender con la mayor celeridad los pagos para que las explotaciones afronten el futuro con la tranquilidad necesaria y se puedan centrar en su trabajo diario».
Por provincias, estos 36 millones se han abonado a 3.528 beneficiarios de Toledo (9,9 millones); 2.136 de Albacete (10,9 millones); 1.435 de Guadalajara (7,9 millones); 544 de Ciudad Real (3,9 millones); y 491 de Cuenca (3,2 millones).
 Para el próximo periodo, desde la Consejería se pretende que el nuevo marco financiero 2014-2020 favorezca los intereses del sector primario, abogando por una política que garantice la seguridad alimentaria y que asegure unas rentas adecuadas que dignifiquen la profesión.

El grupo parlamentario ha denunciado la paralización que está sufriendo el Plan de Recuperación del Júcar, establecido para hacer compatible el Plan Global frente a Inundaciones con la recuperación fluvial de la parte baja de este río

REDACCIÓN

El grupo parlamentario Compromís ha denunciado la paralización que está sufriendo el Plan de Recuperación del Júcar, establecido para hacer compatible el Plan Global frente a Inundaciones con la recuperación fluvial de la parte baja de este río.

Según ha recordado el portavoz adjunto de Compromís, Juan Ponce, «en mayo de 2010 se constituyó una Mesa de Participación para tratar la recuperación del río Júcar con representantes de las tres administraciones-estatal, autonómica y local-, grupos ecologistas, sindicatos , organizaciones agrarias, regantes y entidades ciudadanas «.

La constitución de esta mesa de participación venía motivada por las implicaciones que este tipo de actuaciones tiene sobre el territorio, el paisaje que lo rodea, el patrimonio natural y cultural asociado al agua, las estructuras agrarias o los valores de uso para el ciudadano.

La Mesa de Participación se reunió en 4 ocasiones entre 2010 y 2011.La última reunión se celebró el 14 de diciembre de 2011 quedando pendiente y programada la celebración de distintas sesiones sobre temas importantes relacionados con el Plan Global.

Según denuncia Ponce «transcurrido un año desde la última reunión, los trabajos de la Mesa de Participación, y por tanto del Plan Global frente a Inundaciones, se encuentran paralizados.Esto supone poner en riesgo las personas y bienes de las zonas afectadas que en cualquier momento pueden sufrir nuevas avenidas con daños irreparables «.

Para el diputado de Compromís «una evidencia más de este abandono del plan contra inundaciones en el río Júcar lo tenemos en la paralización de la actuación prevista en Albalat, el llamado» Proyecto de Mota de Defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera , integración paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda del río Júcar «.Este proyecto contaba con cofinanciación europea de los fondos FEDER, fue licitado en noviembre de 2011 y el pasado 2 de agosto la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del gobierno central, renunció a su adjudicación «.

«Cabe destacar que esta actuación en Albalat, dejada de lado por el gobierno de Mariano Rajoy, materializaba el nuevo enfoque de la prevención frente avenidas que combina la protección frente las inundaciones con la recuperación del espacio fluvial, de acuerdo con la filosofía de la Directiva europea sobre inundaciones y los recientes desarrollos técnicos de infraestructura verde.Ahora la Confederación Hidrográfica del Júcar ha establecido otro plan de trabajo que no está consensuado con la Mesa de Participación «.

Para revertir esta situación el grupo parlamentario Compromís ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes Valencianas en la que reclama al Consejo que dé un nuevo impulso al proceso de participación pública para la recuperación del Júcar, instando también al gobierno central a apoyar a este Plan.Asimismo se solicita que se vuelven a retomar los trabajos de la Mesa de Participación del Júcar, con el plan de trabajo consensuado, porque los proyectos de actuaciones del Plan frente Inundaciones del Bajo Júcar estén finalizados lo antes posible.