La representante de la plataforma María José Romero, explicó tras reunirse con eurodiputados que la Comisión debe «demandar a España por incumplimiento» de directivas comunitarias relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética, así como por «la ausencia de competencia en el mercado eléctrico español».

Por una parte, esta plataforma considera que España vulnera la directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, al «haber un problema de tutela efectiva del Derecho europeo».

Desde el punto de vista de la organización, «sistemáticamente los tribunales nacionales se están oponiendo» a que se puedan plantear cuestiones prejudiciales que tengan que ver con la discriminación de algunas tecnologías renovables en España.

Así, asegura la plataforma, «el propio abogado del Estado recomienda al tribunal» nacional en cuestión que no someta cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de las directivas europeas al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo.

Asimismo, cree que España ha hecho una «ineficiente adaptación» de la directiva mediante la aprobación de una serie de decretos que, a su juicio, imponen «más barreras» al autoconsumo energético (como la instalación de placas solares en los hogares) que defiende esa ley europea.

«Vulnera la directiva en la medida en que es discriminatorio, porque penaliza más a algunas energías renovables», especialmente la cogeneración, la fotovoltaica y la termosolar, apunta la plataforma.

Por otro lado, la organización denuncia que España incumple las directivas 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y 2009/73/CE, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, y recuerda que «ha habido ya varias denuncias en la Comisión Nacional de Competencia».

Según la organización, las autoridades españolas «trasladan competencias que actualmente están en el organismo regulador en la Comisión Nacional de Energía y las manda al Ministerio de Industria», algo que «va en contra de estas directivas, que intentan que los reguladores sean independientes de los gobiernos». EFEverde

Las comunidades autónomas piden a la Unión Europea (UE) que reconozca su experiencia de más de un siglo en la gestión de los recursos hídricos a la hora de establecer la estrategia de salvaguarda de estos recursos para los próximos años.

Esta es la postura que trasladarán las comunidades autónomas, el próximo día 10, al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, para que el Gobierno de España lo traslade a la próxima reunión del Consejo de Ministros del ramo de la UE, que se celebra este mes.

Así lo ha explicado hoy el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Íñigo Nagore, al inicio de la reunión preparatoria de la del día 10 en Madrid, celebrada en Logroño con la asistencia de representantes de algunas comunidades autónomas y, el resto, lo han hecho por videoconferencia.

La Rioja ostenta este semestre la coordinación de las comunidades autónomas para fijar una posición común de cara a este Consejo de Ministros.

Nagore, en declaraciones a los periodistas, ha subrayado que «es importantísimo» que los países del sur de la UE hagan entender a la Comisión Europea que sus condiciones son diferentes a las del resto porque sufren las consecuencias del cambio climático.

Los países mediterráneos, ha añadido, sufren la desertización y la escasez de agua de una forma «muy diferente» al resto de países del norte de Europa, que tienen recursos hídricos abundantes y cuyos problemas, en este aspecto, son otros.

Por ello, ha incidido en la importancia de que el nuevo programa de salvaguarda de los recursos hídricos de la UE tenga en cuenta esas diferencias y «no se eche por tierra todo un siglo de política hidráulica» desarrollada en España, que se ha basado en regulaciones.

Según Nagore, si España no hubiera acometido obras de regulación, estarían en unas condiciones «mucho más desfavorables», por lo que cree que estas cuestiones tienen que ser tenidas «muy en cuenta por la Comisión Europea», de manera que las estrategias en materia de recursos hídricos tengan en cuenta las condiciones climatológicas de cada uno de los estados miembros.

Para el director general de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, José María Infante, «la gestión de los recursos hídricos en España es complicada, ya que no solo se trata de disponer de un agua de calidad sino en cantidad y los dos aspectos van estrechamente relacionados».

«España tiene que guardar agua cuando tiene en exceso para tenerla disponible cuando la necesita», ha indicado Infante, quien ha detallado que estas cuestiones deberá tenerlas en cuenta la Comisión al establecer las nuevas políticas de medio ambiente para los próximos años. EFEverde

La Consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, y el secretario regional de la patronal agraria Asaja , José María Fresneda, firmaron ayer un convenio por el que la organización se convierte en Entidad Agraria de Gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Gracias a este convenio, las entidades agrarias de gestión tendrán potestad no sólo para tramitar los diferentes expedientes de los agricultores y ganaderos, sino también para resolver cualquier incidencia, garantizando así a los profesionales del campo un servicio integral que abarca desde la tramitación de las ayudas incluidas en la solicitud unificada de la PAC, hasta el momento en el que se abonen las cantidades correspondientes en las cuentas corrientes de los productores, informó Asaja.
Un cambio de modelo que supondrá una agilización de los trámites y una mayor rapidez en los pagos de los agricultores de la región. Y es que, según la organización agraria, la gestión eficiente de estas ayudas comunitarias favorecerá la toma de decisiones de los productores a la hora de planificar sus campañas. Además, se evitará que se paralicen importantes inyecciones de liquidez al sistema financiero proveniente de Europa.

Bruselas, 3 dic (EFECOM).- Los ministros de Energía y Transportes de la Unión Europea pidieron hoy a la Comisión Europea que proponga nuevos umbrales de uso de energías renovables en los Veintisiete más allá de 2020, en el que está establecido el objetivo del 20 %.

La petición la recoge una declaración de los Veintisiete sobre energías renovables en la que se destaca su importancia pero no se establecen porcentajes concretos, una falta de ambición que han lamentado ya organizaciones ecologistas como Greenpeace y WWF.

Los Veintisiete dijeron «tomar nota con satisfacción» de que vaya por buen camino el objetivo de que el 20 % de la energía en la UE sea renovable para 2020.

Si bien señalaron que «para conseguir cumplir con la hoja de ruta de la Energía que prevé la CE para 2050 se requerirá establecer nuevos umbrales de consumo de renovables más allá de 2020, incluido 2030».

El ministro chipriota del ramo, Neoklis Sylikiotis, destacó que estas conclusiones «permitirán fomentar la incorporación de fuentes de energía renovables a los mercados de electricidad», al tiempo que señalan la necesidad de «una visión a más largo plazo» para el horizonte posterior a 2050.

En el texto aprobado hoy, los ministros recuerdan que es tarea de los propios Estados «asegurar que los precios de la energía renovable es asequible para los consumidores».

Además, los Veintisiete también destacaron la importancia de desarrollar un mercado interior de la energía y el gas para 2014 para facilitar la participación en el mismo de nuevos actores, incluidas las pequeñas y medianas empresas del sector de las renovables.

Tras la aprobación de las conclusiones, la organización Greenpeace hizo un llamamiento a la CE para que proponga un objetivo obligatorio del 45% de renovables de cara a 2030.

«La UE gasta alrededor de 400.000 millones al año para pagar energía fósil importada. Existe una gran dependencia energética exterior y afecta especialmente a los países que peor lo están pasando por la crisis económica», señaló el consejero de Greenpeace, Frederic Thoma, en un comunicado.

Más ambición en el establecimiento de objetivos concretos pidió también la organización WWF, que dijo en una nota que aunque los ministros «han hecho bien en pedir umbrales más altos para las renovables, fracasaron a la hora de dar una señal clara de ambición para asegurar la continuidad de las políticas efectivas hasta 2030».

«Políticas ambiciosas para las renovables conducirán hacia el crecimiento económico, la independencia de las energías fósiles, la innovación y la competitividad en Europa», señaló la consejera de WFF Imke Luebbeke.

Asimismo, los Veintisiete analizaron los avances en las negociaciones con el Parlamento Europeo y el Ejecutivo comunitario para la aprobación del paquete de «infraestructuras prioritarias» de transporte, energía y telecomunicaciones, es decir, aquellas que podrán optar a financiación de la UE.

El ministro chipriota señaló que «se han puesto las bases» para un acuerdo en el primer encuentro entre las tres partes, y señaló que habrá otra reunión el próximo 13 de diciembre.

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, subrayó la importancia del paquete «para la creación de un verdadero mercado común de energía, transporte y telecomunicaciones», y recordó que la dotación total disponible para financiar proyectos dependerá del presupuesto comunitario para 2014-2020, que aún están negociando los Veintisiete. EFECOM

Madrid, 3 dic (EFEverde).- La patronal de la energía solar termoeléctrica, Protermosolar, ha denunciado hoy que la reforma de fiscalidad energética que tramita el Senado será un «golpe mortal» para el sector.

El nuevo impuesto a la generación del 7 % que propone el Gobierno, sumado a la tasa que se introduce sobre el gas natural, supondrá una disminución de ingresos de más del 22 %, según la asociación.

En un comunicado divulgado hoy, Protermosolar advierte de que el marco normativo previo ha sido el soporte para la captación de inversiones, nacionales y extranjeras, y el cambio de reglas crearía «una enorme inseguridad jurídica», con posibles litigios en las cortes de arbitraje.

Asimismo, añaden, supondría un «grave daño» a la imagen del país que podría influir en la prima de riesgo.

Con el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que tramita el Senado, el Gobierno pretende resolver el problema del déficit de tarifa, que a cierre de 2011 sumaba más de 24.000 millones de euros.

A este respecto, la patronal termosolar apunta que el sector sólo ha recibido alrededor del 2 % de las primas acumuladas del régimen especial, por lo que «no puede considerársele responsable de la situación actual del déficit».

Según sus cálculos, en 2011 las termosolares recibieron 427 millones de euros en primas, mientras que su aportación al PIB fue de 2.084 millones, lo que supone casi multiplicar por cinco cada euro recibido.

A ello suman 78 millones de euros en ahorro por importación de combustibles y derechos de emisión.

El proyecto de ley de fiscalidad energética establece un impuesto genérico a la generación eléctrica del 7 %, al que se superponen gravámenes a los residuos nucleares y al uso del agua, gas natural o carbón. EFEverde

Madrid, 3 dic (EFEverde).- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) considera que las enmiendas introducidas por el PP a la reforma energética «atenta» directamente contra la viabilidad de «cientos» de empresas del sector de las energías renovables y supone un «nuevo golpe» para el sector.

La asociación señala que aumentar el impuesto a la generación eléctrica del 6 % al 7 %, tal y como propone el grupo parlamentario popular en una enmienda al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, es una muestra de improvisación en su sector en el que la planificación debe hacerse a largo plazo y en el que la estabilidad regulatoria es fundamental.

Estas tasas, añaden en un comunicado, son «especialmente discriminatorias» para el sector renovable ya que se aplica sobre el total del precio y no sobre el de mercado y además no pueden repercutirse y deberán asumirse de forma íntegra por la industria.

En este sentido, aseguran que aumentar la tasa a la generación eléctrica supondrá una subida de la tarifa eléctrica a medio plazo y subrayan que la ley carece de visión estratégica, al tiempo que denuncian que el Gobierno no haya atendido sus peticiones.

Asimismo, APPA indica que los beneficios de las renovables son muy superiores a sus costes y que el déficit de tarifa, siendo un problema urgente, no es el más importante.

Por ello, aseguran que para aumentar la recaudación se debería hacer extensible cualquier tasa a todos los ingresos del sistema eléctrico, como los nuevos servicios de ajuste o los pagos por capacidad, y adecuar los impuestos propuestos en la Ley sobre la generación y almacenamiento de residuos hasta valores «razonables y viables». EFEverde

Un informe divulgado durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 18), que se celebra en Doha, ha puesto de evidencia que las reservas de agua en los países del norte de África y Oriente Próximo se reducirán a la mitad en 2050 por al aumento de la población y recomienda un uso racional.

En su última visita a España este mes de noviembre, el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, advirtió de que el precio del agua en España «es barato» en relación al resto de la Unión Europea.

Y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en su informe de 2011, recoge tarifas tan dispares como las de Palencia, donde se paga 0,68 euros por metro cúbico, y Murcia, que pide 2,6 euros por el mismo servicio.

El presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, Xavier Latorre, criticó esta diferencia, fruto de «distintos regímenes» contables y de una dispersión competencial, ya que cada ayuntamiento es responsable de fijar sus cuotas.

Además, Latorre destacó que el precio que cada ciudadano abona por el agua no cubre los costes de los servicios, que van desde los financieros a los medioambientales, lo que se traduce generalmente en un «mal servicio», una opinión generalizada en el sector.

Los problemas llegan a medio y largo plazo, sobre todo por el mantenimiento que requieren determinados servicios o equipamientos que terminan por desgastarse o estropearse, como las tuberías.

A medida que ha aumentado el precio del agua -el metro cúbico ha subido 12 céntimos en dos años, de 1,45 euros en 2010 a 1,57 euros en 2012-, ha bajado su consumo, es decir, se ha racionalizado su gasto, añadió.

Según los datos de la Encuesta 2012 de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España, elaborada por AEAS, el consumo medio doméstico diario por habitante y día en España es uno de los más bajos de Europa: 126 litros de agua.

El uso eficiente de los recursos hídricos es un principio que cobija la Directiva Marco del Agua, y a este respecto «nuestro país tiene un grado de cumplimiento muy alto», señaló el director general de AEAS, Fernando Morcillo.

Las tarifas sobre el agua se asientan sobre un sistema en el que los precios crecen en función del consumo, quien gasta más, paga más, así que se garantiza «una mayor» eficiencia, aseguró.

En el decálogo para la «buena gestión» del agua de la OCU, se pide mejorar la factura del agua incluyendo una información mas completa, o adoptar una política tarifaria que prime la eficiencia y penalice los consumos excesivos.

A pesar de que los expertos señalan que la subida del agua es inevitable, una cosa es que ese aumento se destine a cubrir los costes y otra que contribuya a que las empresas privadas «ganen más», advirtió Pedro Arrojo, profesor y colaborador de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Para Arrojo, detrás del incremento de precios se esconde, en ocasiones, una «gestión oculta» privada que no ha de entorpecer la prestación de un servicio básico.

El aumento de los precios, aunque «necesario», ha de efectuarse de forma razonable, mediante la aplicación de tarifas progresivas que no afecten demasiado a los más pobres, explicó el profesor.

El agua es un derecho humano, según la ONU, por lo que debería existir una cuota básica gratuita -lo que en algunos países se denomina ‘mínimo vital gratuito’- a la que todos los ciudadanos tengan acceso, recalcó. EFE

Antes de abordar la reforma, que buscará alternativas al pago de costes como las primas a las renovables o los extrapeninsulares que hoy se pagan vía el recibo de la luz, era necesario acabar con el déficit de tarifa con medidas como una nueva fiscalidad energética que, según el ministro, el Gobierno se replanteará cuando el déficit se haya dejado de generar y no exista riesgo de que reaparezca.

El ministro comprende que los nuevos gravámenes, en trámite parlamentario, no gusten a ninguno de los implicados en el sector porque tampoco gustan al Gobierno, ya que poner impuestos va en contra de su modelo económico.

Pregunta: ¿Hay margen para introducir cambios en el Senado al proyecto de ley de medidas fiscales dada la oposición de la práctica totalidad de las empresas?

Soria: Habrá cambios. Uno de los cambios que ha planteado el PP es disminuir el céntimo verde que grava el gas para uso industrial de 0,65 a 0,15 céntimos de euro por gigajulio. A cambio, para que la suma total de recaudación siga siendo la necesaria para cubrir el déficit han tenido que proponer un incremento en la tasa que gravará todo tipo de generación del 6 al 7 %.

Pregunta: ¿Las eléctricas pedían que rebajara la tasa del 6 %?

Soria: Aquí no hay ningún tipo de margen de maniobra porque si se baja por una parte hay que subirla por otra.

Pregunta: ¿Por qué queda fuera de esta rebaja la cogeneración?

Soria: Porque la cogeneración, que usa el calor que generan las fábricas para producir electricidad, vierten a la red la electricidad que les sobra y la venden con primas.

Pregunta: Algunos sectores han pedido que los nuevos impuestos sean temporales, ¿cabe esta posibilidad?.

Soria: En el proyecto de ley no se estable ninguna temporalidad. Lo que se establece es un objetivo de sostenibibilidad medioambiental y financiera. Una vez que se alcance el equilibrio se podrán replantear este tipo de figuras tributarias.

Pregunta: Es decir, ¿cuando se acabe de generar el déficit de tarifa?

Respuesta: Cuando se acabe de generar y no haya riesgo de que se pueda generar nuevamente.

Pregunta: Recientemente ha avanzado que la reforma buscará que el precio de la luz refleje sólo los costes de generación, transporte y distribución de la electricidad y no otros como los costes extrapeninsulares o las primas a las renovables ¿Cómo lo van a hacer?.

Respuesta: Tenemos que estudiar como están influyendo otro tipo de factores que nada tienen que ver con la generación, el transporte y la distribución en el precio final de la energía.

Pregunta: Pero, ¿cómo se pagarán si no es a través de la factura dado el elevado déficit público?

Respuesta: Estamos trabajando en ello, barajamos distintas alternativas.

Pregunta: ¿Qué pasará con las primas a las renovables?

Respuesta: Su montante es muy importante y preocupante. Porque a diferencia de otros países donde se dice: éste es el límite o el volumen máximo de primas para un año, aquí el volumen no tiene máximos.

En un momento en el que tenemos una capacidad instalada de 106.000 megavatios y una demanda punta de 40.000 megavatios el sistema no puede soportar que estemos aumentado la capacidad de generación con primas, que sumarán 70.000 millones de euros en 2020 si se incorporan todos los proyectos previstos.

Habrá que hacer algo dentro del marco legal porque no podemos asumir más de lo que el sistema puede asumir.

Pregunta: En varias ocasiones, ha dicho que el Gobierno profundizará en la liberalización del mercado eléctrico y rebajará el umbral de acceso a la tarifa de último recurso (TUR), actualmente establecido en potencias instaladas iguales o superiores a los 10 kilovatios (kW), ¿cuándo y cómo se hará?.

Respuesta: El umbral deberá bajar al entorno comprendido entre 3 y 5 kW. La rebaja vendrá dentro de la reforma energética para la que no hay plazos, tardará lo que tenga que tardar porque se persigue un marco para los próximos 10 ó 15 años.

Pregunta: Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Alberto Lafuente, ha advertido de que sería un error la liberalización total del mercado eléctrico porque todavía no existe la suficiente competencia efectiva.

Respuesta: Por eso una parte de la reforma tiene que ser impulsar la competencia en el sistema. Hoy en día no hay mucha competencia.

Pregunta: ¿esto implicará cambios en el mercado mayorista eléctrico y el sistema de precios marginalista?

Respuesta: No, yo creo que el sistema marginalista no hay que cambiarlo, pero que haya competencia es bueno en todos los sectores y es en eso en lo que estamos trabajado.

Según datos de la CNE, a 31 de diciembre de 2011 había 20,1 millones de usuarios, principalmente hogares y pymes, acogidos a la TUR. Si el umbral de acceso a esta tarifa se rebaja a 3 kW un total de 16 millones dejarán de tener derecho a la misma, mientras que si el corte se pone en 5 kW, saldrán de la tarifa 5 millones. EFE