Apesar de la falta de lluvias que ha habido hasta bien entrada la primavera el acuífero de la Mancha Oriental, a caballo de las provincias de Albacete y Murcia, se ha mantenido estable, de acuerdo a datos de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Así se menciona en un informe sobre los niveles de la Red de Control y Red Básica de Piezometría, que recoge datos de más de 300 puntos de control repartidos por toda la cuenca hidrográfica, de los que 22 se encuentran en la provincia de Albacete.
De ellos, 14 han dado una lectura «buena» desde el año pasado, de acuerdo a los datos recogidos por los técnicos del organismo de cuenca, seis se han mantenido en nivel «moderado» y tan solo dos, uno situado en el término municipal de Albacete y otro situado en el de Tarazona de la Mancha, han experimentado una evolución «negativa».

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El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador , estudió ayer conjuntamente con asociaciones agrarias, sindicatos y administraciones públicas la coordinación de las próximas campañas agrícolas, especialmente de la vendimia y la aceituna, y las medidas a adoptar para su normal desarrollo.

En comparecencia pública, antes de iniciar la reunión de trabajo, Labrador declaró que el aspecto fundamental es coordinar las próximas campañas, en especial «las más importantes» como son la vendimia y la recogida de la aceituna, pues están en marcha las recolecciones del ajo y cebolla, y en breve comienza la del tomate.

La intención «es ver las previsiones sobre las personas precisas para su desarrollo», junto a los apartados de contratación y sus requisitos, así como las condiciones sociales de los trabajadores, ante unas campañas que movieron el pasado año 35.000 personas, la de vendimia, y 56.000 empleados la de recogida de la aceituna

Implicados

En la reunión, Labrador dijo que se escucharía la opinión de todos los implicados «para que las campañas se realicen sin problemas» y se reconozcan tanto las condiciones legales -permisos, seguridad laboral, contrataciones, etc.- como las sociales, caso de la habitabilidad y condiciones asistenciales a los empleados. A preguntas de los periodistas, sobre la reducción de albergues y zonas de acogida para los temporeros por parte de los ayuntamientos, Labrador contestó que la responsabilidad de tener alojamientos dignos corresponde a los empresarios y que la Administración será la que vele porque «se cumplan» las condiciones sociales básicas. Tras confirmar que la previsión es que en esta campaña 2012 haya menos trabajadores extranjeros, sobre la posibilidad de fraudes en las contrataciones confió en que trabajadores y emprendedores porque «la inmensa mayoría cumplen las condiciones de legalidad y vamos a hacer lo posible por facilitar las relaciones laborales».

«La obligación de la Delegación es velar por el cumplimiento de la legalidad y por ahí iremos, con un sistema permanente de actuación», concluyó.

En la reunión se dieron cita representantes de los sindicatos CC OO y UGT; de las asociaciones agrarias Ucaman, Asaja y UPA, y de las administraciones públicas Servicio Público de Empleo (SPE), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha expresado el compromiso español para trabajar en aquellas iniciativas que consideren “la seguridad alimentaria mundial como una prioridad, así como promover una agricultura para todos los países, más eficiente, sostenible y adaptada a un contexto mundial cambiante”.

Durante la segunda reunión de Viceministros de Agricultura del G-20, que se celebra en México DF durante el jueves 17 y el viernes 18 de mayo, García Tejerina ha destacado que este foro facilita la respuesta a los desafíos del sector a través del impulso a las Iniciativas contenidas en el Plan de Acción y el debate sobre las cuestiones urgentes y sensibles para progresar “hacia un sector agroalimentario capaz de proporcionar alimentos seguros, de forma sostenible y adaptado a las señales del mercado”. De esta reunión saldrá un informe con recomendaciones que se elevará a la Cumbre del G-20 que tendrá lugar el próximo mes de junio en Los Cabos (México).

La secretaria general de Agricultura ha defendido dar respuestas políticas coordinadas a nivel internacional que contribuyan a “incrementar la productividad agraria de forma sostenible para responder al reto alimentario mundial, de manera que permita anticiparse a las situaciones de reducción en la disponibilidad de alimentos y evitar así que se traduzcan en crisis alimentarias”. “Para fortalecer el sector agroalimentario se exige producir de una manera más eficiente y sostenible”, ha añadido.

PRODUCTIVIDAD AGRARIA-PRODUCCIÓN EFICIENTE-I+D+I

Isabel García Tejerina ha explicado que, respecto a los trabajos futuros de este foro, el documento preparado por los Organismos Internacionales sobre el aumento de la productividad agraria de forma sostenible, que tiene en cuenta los problemas específicos de los pequeños agricultores, “es una referencia muy adecuada para las políticas agrarias”. “Para el fortalecimiento y el dinamismo del sector agroalimentario debemos tener presente que la tendencia dominante exige producir de una forma más eficiente y sostenible en un contexto de gran volatilidad de los precios”, ha añadido.

En esta dirección, la responsable española ha explicado que el aumento de la productividad de forma sostenible a medio plazo “requiere invertir en infraestructuras, estructuras y equipos de producción, biotecnología, instrumentos de gestión de riesgos, políticas de I+D e innovación, educación y servicios de extensión agraria”. “Se requiere inversión pública, especialmente para responder a las necesidades de los pequeños productores, si bien es esencial fomentar la inversión privada y cobra relieve la posibilidad de establecer partenariados público-privados”.

Asimismo, a juicio de García Tejerina, hay que favorecer un “marco político coherente que estimule y facilite la inversión de todos los actores, incluyendo los pequeños agricultores y otros inversores privados, junto con políticas que garanticen la protección de las inversiones e incentivos económicos para activarla”.

Además de la I+D+i como elemento imprescindible para aumentar la productividad de forma sostenible, García Tejerina ha destacado también que para lograr este objetivo otros elementos también imprescindibles son “la estabilidad para los productores en el ejercicio de su actividad mediante redes de seguridad de precios y rentas; el acceso al crédito y a instrumentos de gestión de riesgos climáticos o financieros y la formación y transferencia de conocimiento”.

En cuanto a la tecnología del regadío, tan importante en España, García Tejerina ha explicado que el control de la aportación de agua a los cultivos determina la regularidad y la calidad final de las producciones agrarias y, cada vez más, “se erige como un elemento imprescindible para una agricultura moderna y eficiente”.

Por otro lado, la responsable de Agricultura ha destacado también la importancia del comercio para aportar soluciones a los problemas de seguridad alimentaria global. “La negociación comercial en el seno de la OMC es el marco para mejorar el funcionamiento y fortalecimiento de las normas que rigen el sistema multilateral de comercio”, ha añadido.

Por último, en lo referente a este apartado, García Tejerina ha explicado que en el seno del G-20 también se debe incidir en la mejora del funcionamiento de los mercados para contribuir a la garantía de la seguridad alimentaria. “Es una necesidad avanzar en la mejora de la información y transparencia, no solo para realizar un análisis más riguroso de su comportamiento y previsión, sino también para establecer los instrumentos de cobertura de riesgos más útiles para afrontar las perturbaciones que se presenten en los mercados de materias primas y alimentos”.

ESTANDARES SANITARIOS Y FITOSANITARIOS

García Tejerina ha expresado la importancia que para España tiene apoyar la adopción y promoción de normas SPS (Sanitary and Phitosanitary Standards), basadas en recomendaciones de los OOII de referencia, para “establecer pautas comunes en lo que afecta a las exigencias en el comercio de productos agroalimentarios”. “Esta cuestión es especialmente importante para que los pequeños productores puedan acceder a los mercados con garantías (respecto a la inocuidad de los alimentos), y lo es todavía más, en el caso de los productores de países en desarrollo”, ha destacado

PLAN DE ACCIÓN EN MARCHA

La secretaria general de Agricultura ha remarcado el apoyo del Gobierno de España al Plan de Acción adoptado en reuniones anteriores sobre la volatilidad de precios y agricultura y que, a su juicio, sienta unas “bases sólidas para la cooperación y la coordinación”. “Deseamos confirmar nuestro convencimiento sobre la necesidad de culminar las Iniciativas que han empezado a desarrollarse, concebidas para abordar los numerosos aspectos que suponen una limitación para garantizar la seguridad alimentaria mundial”.

En este sentido, García Tejerina ha destacado que todos los avances en el conocimiento del comportamiento de los mercados de materias primas y alimentos “deben traducirse en una mayor estabilidad y, con ello, también mayor rentabilidad de la actividad agraria. La estabilidad supone primero atraer y después consolidar las inversiones en la agricultura”. Por este motivo, España considera de mayor interés disponer de un sistema global de información de mercados (AMIS) que nos permita responder y reaccionar, sobre la base de datos fiables y actualizados, a las diferentes señales del mercado.

Asimismo, el Gobierno marca como “prioritario” trabajar en mecanismos que faculten a los países a reaccionar de forma coordinada y coherente cuando las condiciones del mercado mundial pueden ocasionar una desestabilización. “Prepararnos para evaluar tales situaciones, poder anticiparnos a las eventuales crisis que pudiesen surgir y tener capacidad para responder ágilmente son los objetivos sobre los que cabe profundizar en el Foro de Respuesta Rápida (RRF) y a través de la Iniciativa para el Seguimiento Global de la Agricultura (GEOGLAM)”. 

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y la diputada socialista Leire Pajin se han enzarzado esta semana en una agria disputa parlamentaria en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la cesión de derechos de agua que recoge el nuevo Plan del Alto Guadiana, y que se incluye en el real decreto-ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que fue aprobado por la Cámara.
Arias Cañete defendió abiertamente la decisión de establecer un nuevo tipo de cesión de derechos de agua entre los regantes del Acuífero 23, del que se nutren Las Tablas de Daimiel, a cambio de que cedan un porcentaje de esos derechos para garantizar la sostenibilidad del entorno, preservar en buen estado el acuífero y, así, prevenir una situación de sequía o de restricción.
El titular de Agricultura quiso dejar claro que se imponen diferentes garantías para alcanzar este objetivo y recalcó que, con carácter excepcional, se permite que puedan acceder a una concesión los titulares de explotaciones agropecuarias para «dar una razonable solución» a la demanda social de la zona.
En este sentido, explicó que, hasta el momento, el proceso de regularización de las explotaciones prioritarias se regía por un convenio entre el Gobierno central y la Junta de Castilla-La Mancha, en el que el Ministerio se comprometía a adquirir 40 hectómetros cúbicos que cedía a la comunidad autónoma.
«Hasta la fecha se han adquirido 14,5 hectómetros cúbicos por un importe cercano a los 65 millones de euros. Para alcanzar el objetivo fijado se necesitarían cerca de 90 millones de euros, que en la actual conyuntura económica resultaría imposible movilizar. Por tanto, sin renunciar al objetivo inicial, se establece un mecanismo que posibilite su concesión», concluyó.

Críticas desde el PSOE. Por su parte, la parlamentaria socialista Leire Pajin rechazó frontalmente las explicaciones del ministro y dijo que las reformas aprobadas permitirán que todos los derechos de usos de aguas sean objeto de intercambio entre particulares, acabando así con la reserva del 70 por ciento que debía dedicarse a la recuperación de los humedales que contemplaba hasta ahora la ley.
También se opuso a la posibilidad al otorgamiento de nuevas concesiones de plazo superior a veinte años porque, a su juicio, van a contribuir a legitimar situaciones de deterioro, y afirmó: «Resulta obvio que no es una prioridad para este Gobierno el mantenimiento ambiental del alto Guadiana»
Finalmente, se preguntó que pensará la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, con la decisión del Gobierno de disminuir «notablemente la dotación para este plan en los Presupuestos del Estado y, además, vaciar de contenido ampiental el propio plan con este decreto-ley.
Ante estas acusaciones, María Teresa Lara Carbo, del PP, tomó la palabra para rechazar las acusaciones de la socialista, y expresó su sorpresa de que el principal partido de la oposición hable de «mercado de agua» o privatización de la misma. «Denunciar la urgente privatización de las aguas subterráneas como ha hecho la portavoz socialista por la transformación de aguas privadas en aguas públicas produce bochorno, ya que es exactamente lo contrario».
Finalmente, dijo que la reforma que plantea el real decreto permitirá conseguir los objetivos medioambientales y sociales de la zona y reducir la extracción de agua en el acuífero 23 sin utilizar dinero público, tal y como se venía haciendo en los últimos años.

ABC / TOLEDO

Día 20/05/2012

La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, recibió la visita de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, con quien analizó las distintas incidencias que se han producido en el proceso de planificación hidrológica. En este sentido, María Angeles Ureña manifestó a la consejera el compromiso por parte de la Confederación del Júcar para dar impulso y finalizar las actuaciones previstas en el plan, actualmente en vigor, y que redundan en beneficio de Castilla-La Mancha.

La consejera de Fomento también mostró a María Angeles Ureña su preocupación por la situación que han encontrado a su llegada al Gobierno de la región en relación a la depuración de aguas en el ámbito regional, para la que han acordado buscar distintas fórmulas, con el objetivo de colaborar para solucionar el problema que existe actualmente en la región. En este sentido, han acordado establecer y fijar los parámetros y diseños para los sistemas de depuración en pequeñas poblaciones.

Por otra parte, también acordaron elaborar un calendario para la planificación en la demarcación del Júcar.

La ciudad sigue su apuesta un día más por la XXXII Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha, Expovicaman, una feria emblemática con grandes expositores y patrocinadores que han hecho que un año más abra sus puertas y pueda ser un referente del campo, de la agricultura y de la ganadería regional a nivel nacional.

Ayer a la cita acudía la consejera de Agricultura del Ejecutivo autonómico, María Luisa Soriano quien conocía de primera mano  los concursos y subastas profesionales que cada vez se concentran más en busca de calidad. Soriano explicaba que para el Gobierno regional es prioridad el apoyo al campo, la agricultura y la ganadería, “atender el sector primario base del futuro de Castilla-La Mancha”, ha detallado.

Presupuestos

La consejera de Agricultura ha reiterado la importancia de que los presupuestos de este año “sean austeros, pero también veraces y realistas”, lo que, en su opinión, contrasta con lo que había ocurrido en años anteriores. “Los ingresos y los gastos son reales. No estamos, como hacía el anterior Gobierno socialista, engordando y mintiendo en el presupuesto, que  no cumplían con el equilibrio de ingresos y gastos”.

Soriano manifestó que esta apuesta se refleja en la inclusión de una partida importante para la agricultura, “el 15 por ciento está destinado al sector agrícola y ganadero, a nuestras cooperativas, a nuestras industrias agroalimentarias y a nuestro mundo rural. Se trata de 1.256 millones de euros destinados a la agricultura en la región, una cifra ligeramente inferior a los presupuestos anteriores un 3,3 por ciento menos, lo que significa que el Gobierno regional apuesta por la agricultura de forma continua”. A su juicio, “todos debemos ser rigurosos con los fondos públicos en una situación delicada de crisis y ante una herencia dejada por el Gobierno anterior”.

“Es una prioridad del Gobierno regional el sector primario, por eso apostamos por los seguros agrarios, por el rejuvenecimiento del campo, por impulsar las fusiones de nuestras industrias agroalimentarias y cooperativas, con el fin de hacerlas más fuertes y competitivas y conseguir que las explotaciones sean rentables”, indicó Soriano.

La consejera de Agricultura también quería destacar en esta  preocupación por el campo el reflejo en las últimas actuaciones de la Consejería del ramo en las últimas semanas “hemos sacado una orden para atender a los agricultores que han sufrido las consecuencias de la sequía prolongada por la que muchas explotaciones no han podido remediar las pérdidas con las últimas lluvias del mes de abril. Para ellos hemos acordado que puedan solventar sus problemas por la sequía aquellos que estén acogidos a las líneas de ayuda de la UE de la rotación del cultivo o del fomento de la calidad de las leguminosas para que puedan levantar y cultivar sus tierras sin esperar al 1 de junio como requiere la UE”, explicó Soriano. Esta apuesta de la Consejería sirve para facilitar que los agricultores sigan su actividad sin perder sus producciones, el único requisito que se les pide es que comuniquen a las oficinas comarcales que quieren levantar el cultivo y automáticamente se les concede, con el único requisito de que dejen el uno por ciento de la explotación”, aseguró Soriano.

La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó ha llegado a un principio de acuerdo con el Ministerio de Agricultura para tratar de desbloquear el trasvase que lleva acabado más de un año y sin uso, por el conflicto que mantenían regantes y la Confederación Hidrográfica del Júcar por la calidad del agua. La primera medida será la distribución de los 9 hm3 de agua almacenados más de un año en el embalse de San Diego (Villena), y que se repartirán durante 25 semanas para el riego de árboles frutales, viñedos y cereales. El caudal sirve para estos cultivos, que no para el riego de las hortalizas.
El embalse costó 15 millones de euros pero se le han detectado filtraciones por la falta de mantenimiento y defectos en la ejecución de la obra, según ha admitido el ministerio a los regantes. La infraestructura ha perdido ya, por este motivo, tres hectómetros cúbicos. El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez y la nueva presidenta de la Confederación del Júcar, María Ángeles Ureña, acordaron el miércoles crear una comisión de trabajo para definir los pasos a seguir para aprovechar el trasvase.
Sobre la mesa tres posibles soluciones: la construcción de una segunda toma en la zona de Antella, recuperar la captación de los caudales en Cortes de Pallás y la instalación de un potabilizadora del agua para tratar los caudales de Cullera, donde persisten los problemas de calidad del agua. «Una negociación sin ningún tipo de sectarismos y hablando claro y escuchando a los técnicos», subrayó ayer Andrés Martínez. El presidente de los usuarios considera que «en un momento de sequía como el actual no podemos permitir que se siga perdiendo agua en San Diego, pero eso no quiere decir que vayamos a aceptar cualquier cosa, que quede claro. Nos opusimos al rodillo del PSOE y nos opondremos al del PP si no hay un diálogo técnico y con los datos sobre la mesa».
La Universidad de Alicante detectó a principios de año, analizando informes de la Confederación del Júcar, la reaparición de restos de pesticidas y materia fecal en el Azud de la Marquesa, punto de toma del agua del trasvase Júcar-Vinalopó, y alertó de que la situación era grave porque la presencia se produce cuando más caudal de agua bajaba por el río. El catedrático Antonio Rico, miembro del Instituto Universitario de Geografía sostiene, en este sentido, que es inadmisible que Alicante acepte ese caudal y recuerda que el propio Ministerio de Medio Ambiente rechazó en 1988 un proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó que arrancaba en Cullera.
El estudio del catedrático alerta, además, de que con el avance de la sequía las sueltas de agua al cauce desde el embalse de Tous disminuirán y aumentará, por tanto, el porcentaje de agua residual depurada (42 hm3 al año), que vierten en el río las 42 depuradoras de la provincia de Valencia cuya agua no es apta para el riego de hortalizas en base al Real Decreto 1620/2007.
Para Antonio Rico, «en estos momentos, además de la calidad del agua, resulta urgente abrir un debate sobre la viabilidad económica de un trasvase que obliga a un bombeo del caudal de 770 metros. No hay agricultor en España que pueda pagar el coste». Según destaca el informe del profesor Antonio Rico, la aparición de pesticidas y plaguicidas que llegan al Júcar como retornos de riego no se puede corregir. Y de hecho, a pesar de que los caudales circulantes durante los dos últimos años en el Azud de la Marquesa han sido muy superiores a la media, y a lo que es habitual, siguen apareciendo. «Cuando avance la sequía la frecuencia de aparición será mucho mayor. Al disminuir la dilución de los retornos con agua limpia y de calidad soltada en Tous», asevera Rico.

No se espera una mala cosecha de cereales en el conjunto de España, en uno de los ciclos de cultivo más raros y difíciles que se recuerdan, ya que, aunque se empezó con una muy buena época de siembras, la ausencia de lluvias desde enero hasta marzo complicaron el desarrollo del cultivo. No obstante, a partir de abril y mayo empezó un régimen de lluvias que, aunque irregular, vino a aportar al campo parte del agua que necesitaba para «dar cierto respiro» a los cultivos, porque «el campo tenía sed», ha apuntado a Efeagro el responsable de herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias, Antonio Catón.

La actual cosecha 2011-2012, contando los cereales de invierno y de primavera, además de los de secano y de regadío, podrá rondar los 16 millones de toneladas (trigo, cebada, maíz, avena, centeno y triticale).

Esta estimación sería un 14 % inferior a la media de producción de 1990-2011 (18,4 millones de toneladas) y un 21,6 % más baja que la del año anterior, cuando se cosecharon 20,8 millones de toneladas.

No obstante, Catón ha señalado que es aventurado hacer cualquier tipo de pronóstico en uno de los años más atípicos que recuerda, porque aunque «nunca ningún año es igual, este ha sido especialmente raro».

En este sentido, ha destacado que «la siembra empezó de maravilla y mejor que los últimos años», lo que dio pie a una buenas expectativas de producción, ya que en el campo se dice que «una buena siembra es el 50 % de la cosecha».

En diciembre y en enero se registraron temperaturas bajas, típicas de un invierno frío y seco, perfecto para el «enraizamiento del cereal», ha apuntado Catón.

Sin embargo, a finales de enero y en febrero no llovía y «la planta necesitaba alimentarse».

En Andalucía, sobre todo el trigo, y en Extremadura, donde los ciclos son más cortos, los cultivos de secano empezaban a secarse y la cosecha se dará prácticamente por perdida.

Las lluvias acaecidas en abril y mayo -conviene que siga lloviendo en lo que resta de mes, según el sector- pueden salvar la cosecha de cereales de secano, sobre todo de Castilla-La Mancha y Castilla y León, que tendrán aproximadamente un 70 % de cosecha cada una.

El año pasado la primera recolectó 4,1 millones de toneladas de cereales de invierno-primavera (secano y regadío) y la segunda, 7,6 millones de toneladas.

En Aragón y Cataluña la cosecha será baja, pero gracias al riego -las lluvias han permitido coger agua para permitir mayores dotaciones para regadío- en algunas zonas donde, en principio, no habían sembrado maíz algunos agricultores optarán por ponerlo de segunda cosecha.

Además, las buenas temperaturas de estos días, al estar el campo mojado, permiten desarrollar la planta y hacer la espiga, si bien «hasta que los granos no estén formados y las parcelas embocadas a la cosecha no se verá si las espigas han sufrido las consecuencias de la sequía».

Un artículo del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) para iAgua.es

En el contexto del estado de deterioro de los ríos ibéricos, y teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la normativa, tanto europea como, en algunos casos, estatal, se antojaba necesario un giro en el actual modelo de gestión de los ríos por parte de la administración. Y es cierto que, por momentos, se gestó un panorama esperanzador sobre la cuestión de la conservación, mejora y restauración fluvial materializada a través de medidas e iniciativas surgidas desde la propia administración, como la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y, en algunos casos, sus medidas homólogas en algunas Comunidades Autónomas. Sin embargo, un análisis de los contenidos de los Planes Hidrológicos de cuenca en tramitación, a parte del retraso que han sufrido, pues deberían haber concluido a finales del 2009 (exigencias de la Directiva Marco del Agua), hace surgir dudas sobre la existencia real de este cambio de paradigma respecto a los ecosistemas fluviales.

Resultan llamativas algunas de las actuaciones previstas en los Planes de los distintos Organismos de Cuenca que se antojan poco compatibles con la finalidad de mejora del estado ecológico de los cauces fluviales. Así, por citar algunos ejemplos, en la cuenca del Guadalquivir se contempla el desvío de un arroyo (arroyo Calzas Anchas, en Utrera, 10 millones de euros) y la realización de varios encauzamientos (varios arroyos en Almodóvar del río, 2 millones de euros). En el Plan del Guadiana se estiman unos 9 millones de euros, que se cargan a las Juntas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, para varias obras de encauzamiento asociadas a tramos urbanos. Además, en esta misma cuenca se estima una inversión de unos 105 millones de euros, por parte de la Junta de Extremadura, para acometer actuaciones asociadas al Plan Regional de encauzamientos urbanos de Extremadura. El Plan de la Confederación Hidrográfica del Júcar acoge hasta 6 nuevos encauzamientos en distintos cauces fluviales por un total de unos 46,5 millones de euros, además del levantamiento de una mota en el río Júcar en Albalat de la Ribera por algo más de 10 millones de euros. En el Plan del Miño-Sil se realiza una estimación de unos 39 millones de euros en gestión de inundaciones, de los que más del 70% estarían destinados a obras relacionadas con la construcción de motas de defensa, las llamadas “limpiezas de cauces” y otras intervenciones catalogadas como “restauración fluvial”, si bien, un examen de estas últimas hace dudar sobre la correcta catalogación de algunas de ellas. Un caso llamativo es el “Dragado del Río Limia a su paso por el Núcleo de Xinzo de Limia” que se cataloga como “Restauración de masas de agua”, cuando en realidad se trata de una mejora de la capacidad de desagüe del cauce, según la información disponible existente. No se trata, por tanto, de una medida para la mejora del estado ecológico del río, sino una intervención relacionada con la gestión de inundaciones. En el Plan del Cantábrico Occidental se prevé una asignación de 3,78 millones de euros para el encauzamiento del curso bajo del río Raíces (TM de Castrillón, Asturias), mientras que en el Cantábrico Oriental se destina algo más de 2 millones de euros para otro proyecto de encauzamiento y “restauración medioambiental” (esto último poco compatible con los encauzamientos) de los ríos Biurrana y Onín en Lesaka (Navarrra).

En algunos casos, como estos últimos que se citan, puede intuirse cierta picaresca por parte de la administración competente, pues, con una sola intervención cumplen, aparentemente, tanto con objetivos de gestión de inundaciones como con la mejora del estado del río, aunque esto último no se consiga (o incluso se empeore). Por otra parte, surge algo que a todas luces resulta poco adecuado y es la mala labor didáctica que se genera ante la sociedad sobre la utilización del término “restauración” para catalogar intervenciones que realmente no lo son. No sería extraño que a corto-medio plazo se generasen ciertas reacciones negativas por parte de la sociedad ante cualquier intervención que se denomine “restauración”, aunque algunas de ellas estén en consonancia con su concepto estricto. Por otro lado, en general, se destinan comparativamente pocos esfuerzos enfocados a la regulación y reordenación de usos en las zonas inundables de los ríos, donde aún se permiten ciertas construcciones y edificaciones.

Se desconoce en qué medida los actuales recortes presupuestarios podrían afectar a la realización de estas obras y proyectos. En cualquier caso, estos son solo ejemplos concretos que pueden servir para ilustrar algunos de los planteamientos de gestión existentes en los Organismos de Cuenca, pudiendo encontrarse intervenciones similares en casi todos ellos.

Por todo lo anterior, desde el Centro Ibérico de Restauración Fluvial queremos hacer constar que estas actuaciones entran en conflicto con los principios y exigencias de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitats, hecho que desemboca en un claro impacto sobre los ecosistemas fluviales ibéricos. Por ello, demandamos que desde los Organismos de Cuenca se evite cualquier medida que tenga como efecto el deterioro de los ecosistemas fluviales y, por el contrario, se potencien y extiendan aquellas acciones que sirvan para revertir su deterioro. Además, creemos firmemente en la importancia del diálogo real entre la administración y los distintos agentes sociales implicados en los procesos de Planificación Hidrológica, siendo muy deseable que los procesos de participación no se conviertan en un mero trámite, más al contrario, actúen como foro de debate constructivo y enriquecedor para el diseño de los Planes de Cuenca. Por último, consideramos fundamental que desde la propia administración se ejerza una ejemplar labor didáctica respecto al concepto de “restauración fluvial”, evitando el empleo de este término en acciones que realmente no lo son y aplicando los términos adecuados según la actuación que se pretenda realizar.

Sobre CIREF

El Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) es una asociación sin ánimo de lucro vinculada al European Centre for River Restoration (ECRR) que integra a mas de 100 personas defensoras de los ríos y profesionales expertos en la conservación y restauración fluvial. CIREF tiene como fin principal defender la conservación de los ecosistemas fluviales y la restauración de su estado ecológico. 

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que, entre otras medidas, centraliza la policía hidráulica, pero lo tramitará como proyecto de ley con opción a ser modificado vía enmienda.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El decreto en sí ha recibido el respaldo del PP, UPyD y UPN, mientras que el Foro Asturias se ha abstenido. El resto de grupos parlamentarios se han mostrado en contra del mismo, entre otros puntos, por centralizar las competencias que hasta la fecha eran autonómicas.

Ya por unanimidad, se ha decidido tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de cambios puntuales. Es el único de los cuatro que se debatían este jueves que seguirá ese camino, pues los relativos a la reforma de RTVE y a los recortes de Educación y Sanidad ya no se seguirán discutiendo.

Este decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo, y se encuentra en vigor desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, plantea la modificación de cuatro normativas: Ley del Mercado de Valores, Ley de Aguas, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Durante la defensa del mismo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha justificado que responde al propósito de mejorar la gestión ambiental española, adaptando directivas europeas y reduciendo las cargas administrativas y favoreciendo, entre otros puntos, el sistema de subastas en derechos de emisiones.

Con ello, ha detallado que este decreto incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto.

SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA

Igualmente, el decreto plantea una modificación de la Ley de Aguas, donde el Estado recupera la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.

Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.

En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea.

En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

En materia de residuos, el decreto cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas. «Ahorrará a los operadores a hacer la notificación previa cada vez que tengan que trasladar residuos», ha puntualizado, al mismo tiempo que ha detallado que obtenida la autorización previa de la comunidad donde se opere no será necesarias posteriores.

Asimismo, modifica la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en lo referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), precisando el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar «imprecisiones, incoherencias e interpretaciones».

UNAS MEDIDAS NECESARIAS

El PP ha conseguido el apoyo de UPyD que, según ha tachado su portavoz en la materia, Carlos Martínez Gorriarán, se trata de un paquete de medidas «precisas, necesarias y fundamentadas», que hacen una trasposición de directivas europeas que había que acometer.

Además, ha dicho que es «elogiable» que el Gobierno vaya a aceptar la tramitación como proyecto de ley de este decreto. «Sería importante abrir un debate sobre el modelo de Estado y el modelo competencial, que es inviable», ha agregado, al mismo tiempo que, «aunque sea raro», ha dado la enhorabuena al PP.

Desde el PP, María Teresa Fernández de Lara, ha señalado que la reforma que favorece este decreto es «conveniente» porque no emplea dinero público, a diferencia del anterior Ejecutivo socialista que gastó más de 9.000 euros por encima de lo presupuestado.

EL GOBIERNO NO CREE EN EL MEDIO AMBIENTE

Por su parte, la portavoz del PSOE de Medio Ambiente en el Congreso, Leire Pajín, ha acusado al Gobierno de no creer en el medio ambiente, así como de desproteger y «poner en peligro» a los ciudadanos y a las generaciones futuras, con la aprobación del decreto.

De hecho, ha manifestado su posición en contra, al mismo tiempo que le ha pedido al titular del ramo, Miguel Arias Cañete, que «lo justo» es devolver el texto al Ejecutivo y convocar a los agentes sociales implicados. «A veces tengo la sensación de que este Ejecutivo tiene el objetivo de retroceder en el tiempo», ha puntualizado.

Al mismo tiempo, considera que este decreto responde a «convicciones ideológicas» y al objetivo de querer dejar a los ciudadanos sin protección ambiental. «Este Gobierno no cree en una legislación garantista y no cree en el medio ambiente. Este decreto supone una traba al libre desarrollo económico y pone en peligro a los españoles de hoy y a las generaciones futuras», ha agregado.

En este sentido, ha hecho referencia a la modificación de la Ley de Protección Natural, que a su juicio, sólo con esta reforma se «relaja» la normativa existente. Mientras, ha señalado que en materia de agua el decreto contradice la directiva marco de agua, que debe ser cumplida antes de 2027 por todos los países miembros.

Desde el PNV, Arantza Tapia, ha señalado que en líneas generales podría aceptar esta normativa, si bien ha indicado que a este grupo parlemantario le surgen críticas motivadas desde el punto de vista de la oportunidad y de legislar sin consenso, invadiendo competencias y sin motivo real que justifique esta premura y modo de actuación.

UN «INSULTO Y UNA PROVOCACIÓN»

Mientras, la diputada de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha señalado que este decreto es un «insulto y provocación» a todas las personas que trabajan desde hace años en favor de la ecoeficiencia.

«Es un decreto que despilfarra. Le falta ambición y no incluye instrumentos útiles. La crisis actual precisa de una nueva cultura del agua y de la energía, austeridad», ha agregado, al mismo tiempo que ha indicado que, con estas medidsa del PP, España va en la dirección contraria de lo que hacen los países más avanzados.

El nacionalista catalán Martí Barberá, portavoz de Medio Ambiente de CiU en el Congreso, ha defendido su posición en contra de este decreto por centralizar las competencias en materia de medio ambiente. «Trabajaremos en el ámbito parlamentario para recuperar las competencias que revoca este decreto», ha apuntado.