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15-09-2011 / 17:20 h

Madrid, 15 sep (EFE).- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado hoy a los presidentes autonómicos y al Defensor del Pueblo a interponer recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado esta organización en un comunicado.

Para ello, ha iniciado una ronda de contactos políticos con el objetivo de que se interpongan recursos de inconstitucionalidad contra el apartado 2 del artículo 94 de la Ley de Aguas, que reconoce el traspaso a Andalucía, Aragón y Cataluña de las competencias sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH).

Tras conocerse hoy la convalidación en el Congreso del Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley, la Federación ha confirmado que hará extensiva esta apelación a los parlamentos autonómicos, así como a un centenar de diputados y senadores.

En relación al proceso seguido para la aprobación de la reforma, ha apuntado que se ha realizado con «alevosía» e incluida en un paquete de medidas para que «pasara desapercibida ante la opinión pública y conseguir sacarla adelante antes de que concluya esta legislatura».

Ha advertido de que, a falta de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional, ambos trabajan a «contrarreloj» para encontrar el modelo adecuado que permita a Andalucía recuperar el control de la cuenca, obviando alas sentencias existentes.

La Federación recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional anularon este verano las competencias de Andalucía sobre el Guadalquivir reflejadas en su Estatuto de Autonomía, lo que pone de manifiesto que «cualquier pretensión de territorializar la gestión del agua a través de arquitecturas jurídicas o estrategias legales debe ser igualmente invalidada». EFE

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, cree que el Gobierno central «responde» y este jueves se ha dado «un paso extraordinariamente importante» para la región después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado la convalidación del Real Decreto-Ley de 2011 por el que se modifica la Ley de Aguas, añadiendo una nueva disposición adicional decimocuarta sobre competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

   En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Aguilar cree que así se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía que reserva a la comunidad las competencias de la cuenca del Guadalquivir en territorio andaluz. «Debíamos dar una respuesta en positivo cediendo las competencias que son posibles en el marco estatutario, de la Ley de Aguas y la directiva comunitaria», ha dicho.

   De este modo, la región pueda gestionar las competencias de dominio público hidráulico, al tiempo que «la disposición adicional mantiene la unidad de cuenca, es fiel a la directiva comunitaria europea del agua y está en el contexto de lo que definía la Ley de Aguas», aclara la ministra.

   Así, defiende que después de la sentencia del TC «había que responder y se ha respondido en lo más y lo mejor a través de esta disposición adicional», algo para lo que se ha trabajado en la comisión bilateral con la Junta y «consecuencia del trabajo es la disposición», celebra Aguilar.

   Entretanto, ha destacado que «el Gobierno de España ha mantenido con la Junta una postura de colaboración plena y lealtad institucional para solucionar este tema y vamos a seguir trabajando en el camino».

La Consejería de Agricultura va a pagar el anticipo de 310 millones de euros de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que la Unión Europea ha autorizado a partir de la segunda quincena de octubre y que beneficiará a unos 112.000 agricultores. Según ha informado el Gobierno regional, por provincias, Albacete recibirá 58 millones de euros; Ciudad Real, 86 millones; Cuenca, 60 millones de euros; Guadalajara, 27 millones de euros y Toledo, 79 millones de euros.
Para el próximo periodo, desde la Consejería de Agricultura se pretende que el nuevo marco financiero 2014-2020 «favorezca los intereses del sector primario», abogando por una política que garantice la seguridad alimentaria entendida como seguridad de abastecimiento y de equilibrio de mercado. También se pretende que asegure unas rentas adecuadas que dignifiquen la profesión, teniendo muy presente que el objetivo final debe ser que el sector agroalimentario sea rentable sostenible y proactivo.
Una vez fijado el marco financiero, la Junta va a luchar para que esta nueva PAC responda a las necesidades de la Región, alcanzando consensos y posiciones comunes entre todos los actores interesados, así como otras comunidades autónomas.
Y ello, «sin olvidar el esfuerzo que hagamos por una PAC dotada económicamente, duradera y estable, previsora y con objetivos conocidos y estratégicos, que repercutirán en beneficio de Castilla-La Mancha y del conjunto de la agricultura española».
En este sentido, el lunes, los consejeros de las comunidades autónomas de Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja, Valencia y Castilla y León se reunieron en Valladolid para analizar la nueva Política Agraria Comunitaria 2014-2020. Un encuentro, al que asistió el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el que han reclamado al Gobierno central liderazgo y que se llegue en consenso con las comunidades autónomas y con el sector, a una posición de Estado sobre la futura política agraria europea. Una postura común que ya han alcanzado otros países como Francia o Alemania.
Los diez Gobiernos regionales han lamentado el tiempo perdido, pues, a pesar de haberlo solicitado al Ministerio, éste no ha convocado ninguna reunión para analizar el marco financiero de la nueva PAC presentado por la Unión Europea.    

Mañana de intenso trabajo para la nueva consejera de Agricultura. Visita al recinto ferial, pero no social, sino de trabajo. Encuentros, entrevistas, unos programados, otros a medida que recorre el recinto, tomando el pulso a una Feria que, como casi todo en Albacete, tuvo su origen en el mundo del campo.
La Feria 2011 coincide este año con la vendimia,. Aunque es pronto para dar datos reales, ¿qué previsiones maneja la Consejería de Agricultura? ¿En que medida han afectado el pedrisco y brotes de mildiu como el que hubo al noroeste de la provincia de Albacete?
Las estimaciones que tenemos es que la vendimia será más reducida en cuanto a la producción, en torno al 10% de recorte, a consecuencia de las inclemencias del tiempo y a que en algunos puntos concretos hemos tenido mildiu, que también reducirá algo la media. Sin embargo, las noticias que tenemos sobre la calidad son muy buenas, y en cuanto a los precios, también esperamos buenos resultados, ya que en estos momentos las existencias de bodegas y cooperativas están a cero.
El 12 de octubre, la Comisión Europea presenta un nuevo borrador de reforma de la PAC. Una de las medidas más comentadas es la modulación de ayudas por encima de 150.000 euros. ¿Cuál es la posición de la Junta ? ¿Han hecho alguna estimación de lo que nos puede costar en la región y la provincia?
Aún no sabemos ese impacto, porque el Gobierno central aún no nos lo ha contado, no nos ha dicho aún por dónde irá, parece que le importan más los problemas de su partido. Con la reforma en ciernes, no nos han convocado aún a las autonomías y a las organizaciones agrarias para que nos digan el impacto de este documento. Hemos tenido que buscarlo a través de contactos propios en Bruselas, porque no tenemos, de momento, ningún dato, lo que nos pone en una situación de clara desventaja frente a otros países.
¿Y que han hecho ustedes, además de obtener el borrador de reforma?
Pues viendo la actitud del Ministerio, los consejeros del PP hemos creado un grupo de trabajo para estudiarlo. Si le diré que en un primer examen, sólo en cuanto a la ficha financiera, ya hay un recorte importante en ayudas, tanto de agricultura como de desarrollo rural. Desde luego, como Consejería, vamos a defender que no se recorte, Castilla-La Mancha no puede perder ni un solo euro de la PAC, ya que hablamos del 40% de la renta agraria total.
El sector hortofrutícola de la región y de la provincia ha sido uno de los daños colaterales de la crisis de la e-coli. Recientemente, los productores de cebolla lamentaban que padecen el cierre de los mercados pero no tienen derecho a compensaciones. ¿Sólo les queda resignarse?
No, aunque no va a ser fácil. A lo largo de este verano, hemos visto como los precios del sector hortofrutícola se hundían, porque un gran número de partidas se quedaron sin salir al extranjero, a consecuencia de una denuncia sobre los productos españoles que al final se reveló como falta de fundamento. Lo que hay que hacer es recuperar los mercados y recuperar la imagen del sector, uno de los más profesionalizados y rigurosos de la agricultura española que, por desgracia, se ha visto afectado por una denuncia y por una crisis que no se gestionaron bien.

La Consejería de Agricultura va a pagar el anticipo de 310 millones de euros de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que la Unión Europea ha autorizado a partir de la segunda quincena de octubre y que beneficiará a unos 112.000 agricultores. Según el Gobierno regional, Albacete recibirá 58 millones de euros; Ciudad Real, 86 millones; Cuenca, 60 millones de euros; Guadalajara, 27 millones de euros y Toledo, 79 millones.

Mañana día 15 de septiembre, a las 12 de la mañana, en el stand de la Federación de Turismo Rural, ubicado en el primer anillo del recinto ferial de Albacete, el presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral Mancha del Júcar-Centro (Adimjc), Justiniano Muñoz Sánchez, presentará el Proyecto ‘Nueva Economía en el Medio Rural’.

Es un proyecto de cooperación, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el que participan ocho grupos de desarrollo rural de Castilla-La Mancha, y cinco de Aragón, y del cual la Adimjc es jefe de filas.

El objetivo principal de las ayudas de este proyecto, consiste en la mejora de la calidad de vida del medio rural, la modernización, el desarrollo sostenible, la preservación ambiental, la multifuncionalidad y la innovación, mediante la cooperación entre territorios.

Financiación

La Asociación para el Desarrollo Integral Mancha del Júcar-Centro ha conseguido financiación del Ministerio para sus proyectos de Cooperación. ADI Mancha Júcar Centro recibirá una subvención de 321.000 euros para su proyecto de La Nueva Economía del Medio Rural.

La financiación de este proyecto, se encuadra en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado por la que el Ministerio ha concedido un total de 8.065.000 euros para 23 proyectos de cooperación interterritorial y transnacional, en el marco de la Red Rural Nacional, en cuatro anualidades.

Entre los criterios de valoración establecidos para estas ayudas destacan la incidencia sobre los colectivos de mujeres, jóvenes, y grupos especiales, los destinados a la mejora ambiental y la valorización de los recursos naturales.

El discurso «pactista» de la responsable de la política hídrica de Castilla-La Mancha en el nuevo gobierno de Maria Dolores de Cospedal, manifestado por la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha sonado a música celestial en el Gobierno de la Generalitat y en otros estamentos del PP, que ayer saludaban con indisimulada satisfacción el regreso al «espíritu de consenso».
La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fueron las responsables de verbalizar su satisfacción con el contenido y el tono empleado por la consejera manchega en las cortes de esta región.
Hernández considera positiva la propuesta para «volver» al consenso del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 y el rechazo a la «politización». Para la consellera es especialmente importante que en C-la Mancha se hable de «necesidades reales» de los regantes y que se plantee la «política de agua» como «una política de cohesión territorial y no de diferencias».
Más allá de la retórica política, la intervención parlamentaria de la consejera castellano-manchega sorprendió al eludir la exigencia de reservas «estratégicas» de cientos de hectómetros cúbicos de agua sobre caudales del Júcar o el Tajo que hacen prácticamente imposible el acuerdo, tal como planteaba el gobierno de José Maria Barreda.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que se reunió ayer con Hernández, manifestó la «mutua satisfacción» por las declaraciones hechas ayer desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en la línea de que el agua «vuelva a ser un elemento de cohesión y no de hostilidad».

«Sentido común»
Para Maritina Hernández se trata trata de unas declaraciones «muy importantes que devuelven el sentido común y el criterio de cohesión territorial que nunca se debió perder», así como el de «consenso» en «la planificación de los recursos hídricos en España».
En este clima favorable al acuerdo, que deberá concretarse en propuestas para los planes hidrológicos del Júcar y el Tajo, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, aseguraba que que una vez los populares ya gobiernan en casi todas las Comunidades Autónomas, y con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, «el problema del agua dejará de ser un problema».

Ley de Aguas
En un tono mucho menos conciliador, Maritina Hernández denunciaba que un decreto aprobado por el Gobierno a finales de agosto «modifica» la ley de Aguas, «rompe el principio de unidad de gestión de las cuencas» y refleja la falta de voluntad para «afrontar la cuestión del agua desde una perspectiva nacional y con soluciones justas».
Tras reunirse con el presidente de la Acequia Real del Júcar, José Manuel García de la Cuadra, la consellera manifestó que la nueva norma «fragmenta las competencias de las demarcaciones hidrográficas» y puede afectar a la racionalidad y eficiencia de la administración.

Castelló pide agua del Ebro y Tortosa la niega

El pleno de la Diputación de Castellón aprobó ayer con los votos a favor de PP y Bloc la moción que el grupo popular presentó para reivindicar el minitrasvase del Ebro a Castellón. El PSPV se abstuvo en la votación. El texto de la moción habla del «menosprecio del Gobierno central por las necesidades de Castellón en materia hídrica y el perjuicio económico ocasionado a la provincia …» .El presidente provincial, Javier Moliner, subrayó que si la reivindicación del minitrasvase volvía «de nuevo» al pleno de la institución es «porque hace seis años que el Gobierno aún no se ha dignado a responder a esta Diputación provincial».
Quien sí respondió a esta iniciativa fue el pleno del Ayuntamiento de Tortosa que aprobó, por unanimidad de todos los grupos, incluido el Partido Popular, una declaración institucional que rechaza la petición de un trasvase del Ebro que solicitan los diputados de Castelló argumentando que en el Ebro no existen sobrantes.

El Pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad de los grupos —PSOE, PP e IU— la toma en consideración de la Ley Orgánica para reclamar al Gobierno central la delegación de competencias del Guadalquivir, en respuesta a las sentencias del Constitucional y del Supremo que anularon tales atribuciones a Andalucía recogidas en el Estatuto. El PP prestó su apoyo, aunque muy condicionado, por respeto al espíritu de consenso que reinó durante la reforma estatutaria, y su presidente regional, Javier Arenas, anunció «multitud de enmiendas» durante la tramitación de la ley para conseguir un cambio «radical» del modelo de gestión en política de aguas, ya que a su juicio el trabajo desarrollado por el Gobierno andaluz en esta materia en los últimos años ha sido un «desastre».

De la defensa de la toma en consideración de la Ley Orgánica se encargó, en nombre del grupo proponente, el Socialista, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, quien en su segundo turno de palabra y pese al voto favorable anunciado por la representante del PP, Carolina González Vigo, descargó sobre el primer partido de la oposición una sarta de improperios por las críticas y las objeciones a una medida que los populares, en su fuero interno, consideran que se trata de una «farsa disfrazada de debate» de la que tendrá que dar cuenta unas Cortes «disueltas». Según González Vigo, la intención de los socialistas es «empezar a preparar la oposición» al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Debate de gestión

Señaló la portavoz del PP que el debate real no es el de las competencias sino el del modelo de gestión, «que ha fracasado —dijo— estrepitosamente». Tras valorar que los restantes grupos aceptaran solicitar del Consejo Consultivo un dictamen sobre la legalidad de la iniciativa parlamentaria, se mostró partidaria de alcanzar un gran pacto para la administración del Guadalquivir con la participación de todos los colectivos vinculados al río, un nuevo modelo de gestión que, auguró, lo llevará a la práctica el futuro Gobierno de Javier Arenas en la Junta.

Arenas, precisamente, en una visita al municipio sevillano de Gelves anunció que su partido presentará «multitud de enmiendas» a la Proposición de Ley Orgánica para propiciar «un cambio radical» del modelo de gestión en política de aguas. ya que el seguido hasta ahora ha sido, aseguró, un «desastre».

Mario Jiménez defendió con vehemencia en su primer intervención las bondades de la iniciativa legislativa, ya que a su juicio respeta la sentencias de los altos tribunales y permite dar continuidad a las reclamaciones recogidas en el Estatuto con una gestión de «máximo» de las competencias del Guadalquivir.

Y tras escuchar el posicionamiento del PP, acusó a esta formación de mantener una «actitud refractaria» hacia el texto estatutario y de no haber estado «a la altura de las circunstancias». Esta «oportunidad perdida», destacó, es una «ofensa al Estatuto» y un intento de jugar «a la confusión». Según Jiménez, los populares pretenden constantemente «limpiar el pecado original» que supuso «la traición al Estatuto de Carmona. Digan si están con Andalucía o con el centralismo que siempre ha caracterizado a la derecha española», pidió.

La postura de IU, favorable a la iniciativa, la expresó el parlamentario José Antonio Castro, quien no obstante señaló que la tramitación de la Ley Orgánica se podría haber resuelto antes de las elecciones generales del 20 de noviembre si se hubiera planteado en primavera. De forma irónica manifestó que si los socialistas han sido capaces de modificar la Constitución de manera «express», también podrían haber resuelto antes del conflicto de las competencias del Guadalquivir y recuperar la gestión de la cuenca.

Los regantes auguran nuevos conflictos por la reforma de la Ley de Aguas estatal

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió ayer de que el Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley de Aguas para ceder las competencias en materia de control y vigilancia del dominio público hidráulico «es perjudicial para todos los usuarios y, muy en particular, para los andaluces porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos, sobre todo, en épocas de sequía». Fenacore considera que Andalucía debe acatar «en letra y espíritu» la sentencia del Alto Tribunal, por la cual se devuelve al Estado, a través de la Confederación Hidrográfica de su Demarcación, las competencias exclusivas que se atribuía su Estatuto de Autonomía sobre el río Guadalquivir.

Se trata de una obra colectiva de un equipo de profesionales pertenecientes a siete Universidades españolas, cuyo objetivo explicar los paisajes agrarios de España, y ayudar a entender su conformación

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha publicado el libro “Los paisajes agrarios de España. Caracterización, evolución y tipificación”, una obra colectiva fruto del trabajo de un equipo de profesionales pertenecientes a siete Universidades españolas, con el apoyo y financiación del Ministerio de Educación y del MARM, que puso a disposición del equipo informes, bases de datos y fondos bibliográficos y documentales.

Esta publicación, que ha sido coordinada por los profesores Joan Tort, Fernando Molinero y Juan F. Ojeda, tiene como objetivo explicar los paisajes agrarios de España, y ayudar a entender su conformación histórica y su evolución hasta el momento actual.

Para ello, el libro está dividido en dos partes. Una primera general, dedicada al concepto, delimitación y tipificación de los paisajes, y la segunda en la que se analizan con más detalle los distintos arquetipos de los paisajes agrarios en España.

Para ello, en la primera parte, se estudia las características generales incidiendo en factores determinantes como el clima, los bosques, el monte hueco, el pastizal y los prados como aprovechamiento de la vegetación, o el papel del relieve y los suelos como condicionantes de esos paisajes.

También se desarrollan los fundamentos históricos de los paisajes agrarios españoles y las transformaciones en base a factores económicos, sociales y políticos, incluyendo un capítulo dedicado a la interpretación y valoración cultural del paisaje, es decir, su percepción a través de pintores, poetas y literatos, incluida una visión desde el aire.

La segunda parte del libro está dedicada al estudio de una veintena de ejemplos singulares de paisajes agrarios de España, con una extensión del análisis de cada uno que varía en función de su magnitud superficial y su valor económico. Así se desarrollan distintos arquetipos como las campiñas cerealistas, las huertas y campos intensivos, los paisajes de la arboricultura y de la viticultura mediterráneas, los paisajes de montaña y las dehesas. En todos queda constancia de su evolución histórica, su configuración actual y su percepción o valoración social.crackcrackcrack