El discurso «pactista» de la responsable de la política hídrica de Castilla-La Mancha en el nuevo gobierno de Maria Dolores de Cospedal, manifestado por la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha sonado a música celestial en el Gobierno de la Generalitat y en otros estamentos del PP, que ayer saludaban con indisimulada satisfacción el regreso al «espíritu de consenso».
La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fueron las responsables de verbalizar su satisfacción con el contenido y el tono empleado por la consejera manchega en las cortes de esta región.
Hernández considera positiva la propuesta para «volver» al consenso del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 y el rechazo a la «politización». Para la consellera es especialmente importante que en C-la Mancha se hable de «necesidades reales» de los regantes y que se plantee la «política de agua» como «una política de cohesión territorial y no de diferencias».
Más allá de la retórica política, la intervención parlamentaria de la consejera castellano-manchega sorprendió al eludir la exigencia de reservas «estratégicas» de cientos de hectómetros cúbicos de agua sobre caudales del Júcar o el Tajo que hacen prácticamente imposible el acuerdo, tal como planteaba el gobierno de José Maria Barreda.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que se reunió ayer con Hernández, manifestó la «mutua satisfacción» por las declaraciones hechas ayer desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en la línea de que el agua «vuelva a ser un elemento de cohesión y no de hostilidad».

«Sentido común»
Para Maritina Hernández se trata trata de unas declaraciones «muy importantes que devuelven el sentido común y el criterio de cohesión territorial que nunca se debió perder», así como el de «consenso» en «la planificación de los recursos hídricos en España».
En este clima favorable al acuerdo, que deberá concretarse en propuestas para los planes hidrológicos del Júcar y el Tajo, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, aseguraba que que una vez los populares ya gobiernan en casi todas las Comunidades Autónomas, y con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, «el problema del agua dejará de ser un problema».

Ley de Aguas
En un tono mucho menos conciliador, Maritina Hernández denunciaba que un decreto aprobado por el Gobierno a finales de agosto «modifica» la ley de Aguas, «rompe el principio de unidad de gestión de las cuencas» y refleja la falta de voluntad para «afrontar la cuestión del agua desde una perspectiva nacional y con soluciones justas».
Tras reunirse con el presidente de la Acequia Real del Júcar, José Manuel García de la Cuadra, la consellera manifestó que la nueva norma «fragmenta las competencias de las demarcaciones hidrográficas» y puede afectar a la racionalidad y eficiencia de la administración.

Castelló pide agua del Ebro y Tortosa la niega

El pleno de la Diputación de Castellón aprobó ayer con los votos a favor de PP y Bloc la moción que el grupo popular presentó para reivindicar el minitrasvase del Ebro a Castellón. El PSPV se abstuvo en la votación. El texto de la moción habla del «menosprecio del Gobierno central por las necesidades de Castellón en materia hídrica y el perjuicio económico ocasionado a la provincia …» .El presidente provincial, Javier Moliner, subrayó que si la reivindicación del minitrasvase volvía «de nuevo» al pleno de la institución es «porque hace seis años que el Gobierno aún no se ha dignado a responder a esta Diputación provincial».
Quien sí respondió a esta iniciativa fue el pleno del Ayuntamiento de Tortosa que aprobó, por unanimidad de todos los grupos, incluido el Partido Popular, una declaración institucional que rechaza la petición de un trasvase del Ebro que solicitan los diputados de Castelló argumentando que en el Ebro no existen sobrantes.

El Pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad de los grupos —PSOE, PP e IU— la toma en consideración de la Ley Orgánica para reclamar al Gobierno central la delegación de competencias del Guadalquivir, en respuesta a las sentencias del Constitucional y del Supremo que anularon tales atribuciones a Andalucía recogidas en el Estatuto. El PP prestó su apoyo, aunque muy condicionado, por respeto al espíritu de consenso que reinó durante la reforma estatutaria, y su presidente regional, Javier Arenas, anunció «multitud de enmiendas» durante la tramitación de la ley para conseguir un cambio «radical» del modelo de gestión en política de aguas, ya que a su juicio el trabajo desarrollado por el Gobierno andaluz en esta materia en los últimos años ha sido un «desastre».

De la defensa de la toma en consideración de la Ley Orgánica se encargó, en nombre del grupo proponente, el Socialista, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, quien en su segundo turno de palabra y pese al voto favorable anunciado por la representante del PP, Carolina González Vigo, descargó sobre el primer partido de la oposición una sarta de improperios por las críticas y las objeciones a una medida que los populares, en su fuero interno, consideran que se trata de una «farsa disfrazada de debate» de la que tendrá que dar cuenta unas Cortes «disueltas». Según González Vigo, la intención de los socialistas es «empezar a preparar la oposición» al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Debate de gestión

Señaló la portavoz del PP que el debate real no es el de las competencias sino el del modelo de gestión, «que ha fracasado —dijo— estrepitosamente». Tras valorar que los restantes grupos aceptaran solicitar del Consejo Consultivo un dictamen sobre la legalidad de la iniciativa parlamentaria, se mostró partidaria de alcanzar un gran pacto para la administración del Guadalquivir con la participación de todos los colectivos vinculados al río, un nuevo modelo de gestión que, auguró, lo llevará a la práctica el futuro Gobierno de Javier Arenas en la Junta.

Arenas, precisamente, en una visita al municipio sevillano de Gelves anunció que su partido presentará «multitud de enmiendas» a la Proposición de Ley Orgánica para propiciar «un cambio radical» del modelo de gestión en política de aguas. ya que el seguido hasta ahora ha sido, aseguró, un «desastre».

Mario Jiménez defendió con vehemencia en su primer intervención las bondades de la iniciativa legislativa, ya que a su juicio respeta la sentencias de los altos tribunales y permite dar continuidad a las reclamaciones recogidas en el Estatuto con una gestión de «máximo» de las competencias del Guadalquivir.

Y tras escuchar el posicionamiento del PP, acusó a esta formación de mantener una «actitud refractaria» hacia el texto estatutario y de no haber estado «a la altura de las circunstancias». Esta «oportunidad perdida», destacó, es una «ofensa al Estatuto» y un intento de jugar «a la confusión». Según Jiménez, los populares pretenden constantemente «limpiar el pecado original» que supuso «la traición al Estatuto de Carmona. Digan si están con Andalucía o con el centralismo que siempre ha caracterizado a la derecha española», pidió.

La postura de IU, favorable a la iniciativa, la expresó el parlamentario José Antonio Castro, quien no obstante señaló que la tramitación de la Ley Orgánica se podría haber resuelto antes de las elecciones generales del 20 de noviembre si se hubiera planteado en primavera. De forma irónica manifestó que si los socialistas han sido capaces de modificar la Constitución de manera «express», también podrían haber resuelto antes del conflicto de las competencias del Guadalquivir y recuperar la gestión de la cuenca.

Los regantes auguran nuevos conflictos por la reforma de la Ley de Aguas estatal

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió ayer de que el Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley de Aguas para ceder las competencias en materia de control y vigilancia del dominio público hidráulico «es perjudicial para todos los usuarios y, muy en particular, para los andaluces porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos, sobre todo, en épocas de sequía». Fenacore considera que Andalucía debe acatar «en letra y espíritu» la sentencia del Alto Tribunal, por la cual se devuelve al Estado, a través de la Confederación Hidrográfica de su Demarcación, las competencias exclusivas que se atribuía su Estatuto de Autonomía sobre el río Guadalquivir.

Se trata de una obra colectiva de un equipo de profesionales pertenecientes a siete Universidades españolas, cuyo objetivo explicar los paisajes agrarios de España, y ayudar a entender su conformación

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha publicado el libro “Los paisajes agrarios de España. Caracterización, evolución y tipificación”, una obra colectiva fruto del trabajo de un equipo de profesionales pertenecientes a siete Universidades españolas, con el apoyo y financiación del Ministerio de Educación y del MARM, que puso a disposición del equipo informes, bases de datos y fondos bibliográficos y documentales.

Esta publicación, que ha sido coordinada por los profesores Joan Tort, Fernando Molinero y Juan F. Ojeda, tiene como objetivo explicar los paisajes agrarios de España, y ayudar a entender su conformación histórica y su evolución hasta el momento actual.

Para ello, el libro está dividido en dos partes. Una primera general, dedicada al concepto, delimitación y tipificación de los paisajes, y la segunda en la que se analizan con más detalle los distintos arquetipos de los paisajes agrarios en España.

Para ello, en la primera parte, se estudia las características generales incidiendo en factores determinantes como el clima, los bosques, el monte hueco, el pastizal y los prados como aprovechamiento de la vegetación, o el papel del relieve y los suelos como condicionantes de esos paisajes.

También se desarrollan los fundamentos históricos de los paisajes agrarios españoles y las transformaciones en base a factores económicos, sociales y políticos, incluyendo un capítulo dedicado a la interpretación y valoración cultural del paisaje, es decir, su percepción a través de pintores, poetas y literatos, incluida una visión desde el aire.

La segunda parte del libro está dedicada al estudio de una veintena de ejemplos singulares de paisajes agrarios de España, con una extensión del análisis de cada uno que varía en función de su magnitud superficial y su valor económico. Así se desarrollan distintos arquetipos como las campiñas cerealistas, las huertas y campos intensivos, los paisajes de la arboricultura y de la viticultura mediterráneas, los paisajes de montaña y las dehesas. En todos queda constancia de su evolución histórica, su configuración actual y su percepción o valoración social.crackcrackcrack

Los embalses de la cuenca del Júcar llegan al 50% de su capacidad. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los pantanos disponen de 1.696 hectómetros cúbicos de agua embalsada, un 50,84% de la capacidad total (3.336 hm3).

Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones en las últimas semanas reducen la cantidad de agua en la cuenca. Con respecto al mes de junio, el descenso de agua embalsada en los pantanos es de 186 hectómetros cúbicos, mientras que durante la última semana la cantidad se ha visto reducida en 28 hectómetros cúbicos.

En cuanto a los pantanos de la provincia de Cuenca, el Embalse de Alarcón llega en la actualidad a los 688 hectómetros (61% de capacidad) frente a los 725,99 (65%), registrados a principios de verano. La misma situación sucede en el Embalse de Contreras, con 434 hm³  en junio y 392 en esta primera semana de septiembre.

Media de los 10 últimos años

Los datos revelan que en los embalses del Júcar la media de hace 10 años se situaba en 849 hectómetros cúbicos, un 25,46%, y que durante la misma semana del 2010 existían 1.662 hectómetros cúbicos embalsados (49,82%). Sin embargo, los últimos diez años, la cuenca ha crecido un 99,8%, tres veces más que el incremento que han experimentado el resto de cuencas nacionales.

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha anunciado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal reivindicará un cambio del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2005, que modificó el de 2001, y que elaborará una nueva estrategia para la cuenca del Tajo.

Durante su comparecencia en las Cortes regionales para dar cuenta de la política que seguirá su departamento durante los próximos cuatro años, la consejera ha anunciado su compromiso con una nueva forma de entender la política de aguas en Castilla-La Mancha «ajena a la demagogia y al continuo enfrentamiento estéril».

Es por ello que ha aprovechado su presencia en el Parlamento regional para pedir el apoyo «presente y futuro» con el objetivo de trabajar para que la región tenga agua de calidad y en cantidad suficiente.

Según ha aseverado, para este Gobierno la defensa del agua es una «prioridad» y «lo haremos con firmeza, pero bajo la estrategia del acuerdo, y no de la confrontación».

Dicho esto, ha manifestado que es necesario restituir el espíritu del PHN del año 2001, que fue objeto de un «gran consenso» y logró la «casi total» adhesión de las comunidades autónomas. Ese plan, ha dicho, demostró que era posible el reparto de recursos hídricos, de modo que toda España y, muy particular, Castilla-La Mancha, tuviera garantizada sus necesidades hídricas actuales y futuras.

Por lo tanto, ha adelantado que la Consejería reivindicará un cambio del PHN de 2005, una reforma del Gobierno de Zapatero que «dejó nuevamente al Tajo como único río cedente de agua en España», y que ha demostrado ser un «fracaso», porque «no ha contribuido a establecer una paz hidráulica» sino que, «ha reabierto viejas heridas en este asunto entre comunidades autónomas y usuarios».

Aprovechando que los planes hidrológicos de demarcación están en pleno proceso de tramitación, en muchos casos, en fase inicial, la consejera ha dejado claro que la Consejería sabrá negociar siendo «firmes» en la negociación. «Esperamos que Gobierno de España que salga de las urnas después del 20 de noviembre muestre ese talante dialogante y tenga espíritu de resolver -de una vez por todas- los conflictos en materia de aguas».

Respecto al trasvase Tajo-Segura, ha aseverado que esta cuestión no puede centrarse únicamente en fijar una «línea roja» en los embalses de cabecera, «a cuya elevación no se renunciará», sino en establecer unas nuevas reglas de explotación -«que han aportado seguridad a la caótica situación anterior-, proponiendo la elevación de su rango, para dotar a las decisiones de mayor seguridad jurídica, satisfaciendo así las necesidades de abastecimiento a la población como al resto de usos que precise la región.

El Gobierno de Cospedal requerirá a la Confederación para que se respeten los caudales ambientales de los ríos de la demarcación y, muy concretamente, los del caude principal, a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera; «pero no de cualquier modo, sino con aguas de calidad».

En este contexto, ha avanzado que su Consejería iniciará un proceso negociador con los municipios afectados de cara a garantizar tanto el abastecimiento como la sostenibilidad financiera de las infraestructuras.

Respecto al Júcar, el Gobierno reivindicará la puesta en marcha de las infraestructuras que se encuentran paralizadas y en cuanto al Segura, hará especial hincapié en el desarrollo de las concesiones e infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Segura, en la región, para reparar una histórica situación «discriminatoria» para con esta zona.

Unos 200 especialistas de diferentes países, fundamentalmente de España, Francia y Portugal, pero también de Argentina, Cuba, Brasil y República Checa van a asistir del 14 al 17 de septiembre al ‘Congreso Ibérico sobre las aguas subterráneas: desafíos de la gestión para el siglo XXI’, donde se abordarán los retos en la gestión, planificación e investigación de las aguas subterráneas.

   Este encuentro científico contará con la participación de 24 ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional y está organizado por el Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos.

   El congreso se celebrará en la Sala Rioja del Centro de Congresos Ibercaja Patio de la Infanta, del miércoles 14 al viernes 16 de septiembre, mientras que el día 17 tendrá lugar una visita técnica al Valle del río Jiloca y a Albarracín.

   Los organizadores han explicado que «la crisis de la gobernabilidad del agua en el mundo, y también en España, se da por muchas razones, una de ellas es la falta de la integración de las aguas subterráneas con las superficiales y atmosféricas, dando lugar a una disfuncionalidad de la gestión del agua por cuencas y acuíferos».

   En este congreso, «se pretende analizar estos problemas y encarar nuevos desafíos en base al conocimiento científico incorporando a la sociedad civil organizada, así como a quienes toman decisiones y a los especialistas en todas las aéreas del conocimiento».

   Desde el punto de vista de la gestión, los organizaciones del congreso han apuntado que España tiene una amplia experiencia en planificación integral a escala de cuenca, «pero ahora ésta debe redefinirse para adaptarse a los requerimientos de la Directiva Marco del Agua y de los nuevos tiempos».

   Así, los nuevos planes hidrológicos deben servir para satisfacer las demandas, «pero garantizando el buen estado de las masas de agua y su protección».

   Desde un punto de vista de la investigación, en el congreso se expondrán y debatirán las técnicas y métodos de estudio «más actuales y novedosos» para realizar una «correcta» caracterización de las aguas subterráneas.

Los maizales han formado parte, en los últimos años, del paisaje rural albaceteño, con grandes extensiones de modernos regadíos en los que la provincia ha sido pionera. Con picos de hasta 50.000 hectáreas de superficie sembrada, el cultivo inició, sin embargo, una senda de retroceso que la subida de precios del año pasado ha conjurado en parte.

En un contexto de grandes dificultades para cubrir costes de producción, los 260 euros por tonelada que se llegaron a pagar por este cereal (unas 40 de las antiguas pesetas el kilo) animaron a los agricultores a confiar de nuevo en las posibilidades de esta planta, perfectamente adaptada al suelo y a las condiciones climatológicas de Albacete.

Según explica el secretario general de Asaja Albacete, Jorge Navarro, en la provincia se obtiene uno de los rendimientos más altos del mundo con el maíz, existiendo toda una infraestructura que incluye secaderos, maquinaria de todo tipo, semillas y abonos específicos para un cultivo altamente mecanizado.

Con estas ventajas en la recámara, los productores han vuelto a confiar en las posibilidades del cultivo, y este año se contabilizan en torno a 13.000 hectáreas de las que se espera obtener una cosecha cifrada en unas 169.000 toneladas.

Así se desprende del Avance de superficies y producciones que, con fecha de junio de este año, ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Marm). Según este informe, en 2010 se obtuvieron 130.000 toneladas, con una superficie de 10.000 hectáreas, mientras que en 2009 la producción, en 11.500 hectáreas, ascendió a 149.700 toneladas. El rendimiento, para cada una de estas anualidades, es de unos 13.000 kilos por hectárea.

Las cifras del Ministerio colocan a Albacete como la provincia con más producción este año, seguida de Toledo, con 147.400 toneladas; Ciudad Real, que sumará previsiblemente 55.000 toneladas y Guadalajara, con 39.800 toneladas.

Región

En toda Castilla-La Mancha, la cosecha será de 411.100 toneladas, lo que supone un incremento del 15,8% respecto a la campaña anterior.

Según el avance del Marm, «la producción de maíz en todo el país será mayor que las estimaciones de mayo en 151.800 toneladas», colocándose en 3,8 millones de toneladas, un 16,6% más que en 2010.

Por lo que respecta a la provincia de Albacete, las previsiones de Asaja coinciden con las del Ministerio en el sentido de que los resultados «van a ser buenos» si se exceptúan, eso sí, las zonas que se han visto afectadas por el pedrisco.

Jorge Navarro recordó que al cultivo «todavía le queda» para ser recolectado, ya que no es hasta últimos de octubre y noviembre cuando se lleva a cabo la cosecha. No obstante, si las condiciones climatológicas acompañan se podrá obtener una producción óptima, «en torno al rendimiento medio de la provincia, de entre 12.000 y 16.000 kilos por hectárea», manifestó el representante de la organización agraria.

Añadió, sobre la evolución de los precios, que las explotaciones de maíz requieren costes de producción elevados en cuanto a recursos hídricos, abonos, semillas y tratamientos, un gasto que hay que cubrir para que el esfuerzo resulte rentable.

En la Lonja de esta semana, adelantada por la festividad de ayer jueves, la tendencia apuntaba a un descenso de los precios debido a que «empieza a haber nuevo producto en el mercado».

No obstante, aún es pronto para conocer a ciencia cierta cómo resultará la campaña actual en el apartado de precios, ya que «depende de múltiples factores».

Como en el resto de cereales, la globalización de los mercados juega un papel clave y mucho tendrá que ver la cosecha de otros países, la cantidad de grano que se importe y el comportamiento de las bolsas de materias primas de Chicago, París y Londres.

Una vez que se despeje la incógnita de la presente campaña, los agricultores albaceteños decidirán si optan por el maíz de cara a la próxima temporada, un cultivo cuyo periodo de siembra se inicia en los meses de abril y mayo.

Prácticamente todo el producto de la provincia se destina a piensos para alimentación animal, aunque también hay contratos de la industria agroalimentaria para la elaboración de maíz dulce.

LAS CIFRAS

50.000

hectáreas de maíz han llegado a sembrarse en la provincia en los momentos de máxima extensión del cultivo.

169.000

toneladas es la producción que el Marm prevé para la provincia de Albacete en la presente campaña.

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Albacete es líder en Castilla-La Mancha en este cultivo, por delante de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.

13.000

kilos por hectárea es el rendimiento medio en la provincia albaceteña durante las últimas campañas.

El agua embalsada en la cuenca del Júcar se ha incrementado en la actualidad un 99,8 por ciento sobre la media de los últimos 10 años, con lo que multiplica un 3,3 el aumento del 30,2 por ciento experimentado en el conjunto de España, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

La reserva de agua en la cuenca del Júcar dispone de 1.696 hectómetros cúbicos de agua embalsada –34 hectómetros cúbicos más que en 2010–, lo que supone el 50,8 por ciento del total de la reserva, mientras que en el Ebro el porcentaje es del 49,4 por ciento.

Así, mientras que en los últimos 10 años el agua de la cuenca del Júcar ha crecido un 99,8 por ciento, en el Ebro ha descendido un 1,3 por ciento. El año pasado, por estas fechas había un 49,8 por ciento de agua embalsada, un 59,8 por ciento en este año, lo que significa un punto procentual más. En relación con hace dos años, la reserva ha crecido en 22,4 puntos y se dispone de 24,9 y 25,4 puntos más que la media de los últimos cinco y diez años.

No es la primera vez que sufren este problema. De hecho los robos de cable de cobre y de material de los sistemas de regadío de las explotaciones agrarias albaceteñas son, desgraciadamente, mucho más habituales de lo que les gustaría. Y la situación lejos de solucionarse parece haber vuelto a agravarse, tras un tiempo en el que parecían haberse reducido los robos de este tipo.

Pero el pasado fin de semana, tal y como han denunciado los afectados, se volvió a registrar un episodio de estas características en el campo albaceteño. En concreto se produjo el robo de 15 pivots de riego en cuatro explotaciones agrarias contiguas situadas entre los términos municipales de Valdeganga y Chinchilla.

Los robos, que ya han sido notificados a la Guardia Civil, se produjeron al parecer en una misma noche. Los agricultores afectados cifraron en 60.000 euros los daños causados por el robo de este material de los sistemas de riego. Además estiman que por ese material los ladrones apenas si conseguirán una vez que lo vendan entre 3.500 y 4.000 euros.

Indignación

Ante esta situación desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), que promovió la puesta en marcha hace algunos meses ya de un sistema de vigilancia privado, mostraron su malestar e indignación, al igual que los propios afectados.

El secretario de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Herminio Molina, señaló que los agricultores se sienten completamente indefensos ante este tipo de problemas.

Y, ¿por qué esta indefensión? Molina afirmó que no solo se trata del hecho de sufrir los propios robos, algo que les provoca no pocos dolores de cabeza. El representante de los regantes albaceteños indicó que lo más preocupante es que una vez que se detiene a los autores de los robos, estos cumplen unas condenas irrisorias saliendo a la calle de nuevo de manera casi inmediata.

Judicial

Desde la Junta Central de Regantes ante esta situación hicieron hincapié en que se hace necesaria una reforma de calado que no permita que se produzcan estos hechos.

Molina alabó la labor que llevan a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este sentido, asegurando que en los últimos meses, fruto de las distintas reuniones mantenidas con el subdelegado del Gobierno, Manuel González ramos, se han reforzado las actuaciones.

El problema, en su opinión, surge en el siguiente eslabón, es decir cuando se llega al estamento judicial ya que estas conductas no están penadas como sería esperable y deseable. Una cuestión que lamentó profundamente.

Desde que comenzaron a producirse los robos de cable de cobre ha habido agricultores en la provincia que han sufrido varios.

En cuanto al último episodio, Molina afirmó que se temen que tras estos robos debía haber una red muy organizada, ya que debieron realizar previamente labores de vigilancia para saber el lugar exacto de ubicación de los sistemas, horarios de los agricultores así como las vías para salir rápidamente.