La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja considera económicamente inviable explotar el acuífero Jumilla-Yecla-Villena de la era jurásica localizado dentro del término municipal de la localidad alicantina. Para los regantes la bolsa de agua fosilizada detectada en el año 2006 a través de un estudio elaborado por la Diputación de Alicante y el Instituto Geológico y Minero de España no aporta ninguna solución «práctica, eficiente ni real» a los problemas de sobreexplotación hídrica que los pozos del Alto y Medio Vinalopó vienen sufriendo desde hace ya una larga década.
Así lo ha apuntado el presidente de la Junta Central de Usuarios, el villenense Andrés Martínez, para quien extraer agua a más de 1.500 metros de profundidad, donde podría encontrarse el acuífero inexplorado, no resultaría rentable por el enorme coste derivado del consumo eléctrico necesario para impulsar el líquido a la superficie.
«En tal caso saldría más barato poner en funcionamiento una planta desalinizadora porque, si sacar agua a más de 600 metros ya lleva consigo un precio de consumo prohibitivo, a más de 1.000 es mucho más que prohibitivo», matizaba ayer Andrés Martínez enumerando la larga lista de dudas e inconvenientes que implica la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de aguas subterráneas vírgenes. Entre ellas la complejidad técnica de los sondeos para poder alcanzarla, el peligro de alterar negativamente el acuífero cretácico situado justo encima y del que se nutre actualmente la Junta Central de Usuarios así como las serias dudas que ofrece la composición química de la bolsa jurásica. Una circunstancia que también plantea muchos interrogantes sobre sus parámetros hidrodinámicos determinantes para saber si sería o no apta para el consumo humano.
Pero no es lo único. «Al tratarse de una capa aislada que no recibe aportes subterráneos su caudal no se repone nunca, se mantiene siempre intacto y su extracción quedaría sujeta a una fecha de caducidad, por lo que su explotación resultaría igualmente desaconsejable», añade el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, para quien este tema debería estudiarse «pero sólo como una cuestión estratégica, nunca como una solución a la histórica falta de agua que padecemos en la provincia», puntualiza.
También el estudio elaborado por la Diputación y el Ministerio de Medio Ambiente recomienda que se hagan sondeos para conocer las características hidrogeológicas de este acuífero de calizas y dolomías, que se halla desconectado del superior por potentes estratos de margas y arcillas impermeables. El problema es que los trabajos de investigación superarían los 200.000 euros siendo además la prospección muy compleja porque hay que aislar y cementar tramos perforados para contener las aguas del acuífero superior evitando, al mismo tiempo, que se desprenda el terreno de estratos mientras avanza la perforadora. En tal sentido cabe recordar que también Comisiones Obreras solicitó durante el pasado verano la elaboración de un estudio riguroso de los recursos de agua disponibles en el acuífero jurásico de Villena. Con tal fin el sindicato le envío un escrito a la dirección general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, a los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura y al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Un escrito del que se desconoce hasta la fecha si ha habido respuesta.

http://www.laverdad.es/albacete/v/20110125/albacete/planta-osmosis-empezara-febrero-20110125.html

El concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, convocó ayer una rueda de prensa para replicar a las críticas vertidas la semana pasada por el PP, cuando la oposición denunció el retraso acumulado por la planta de ósmosis inversa y ponía en duda que existiera presupuesto para su ejecución. Molesto con estas críticas, que coincidieron con el anuncio por parte del ministro Manuel Chaves de que la obra de dicha planta comenzaría en febrero, Sotos arremetió contra los populares: «aunque le fastidie al PP, las obras empezarán alrededor del día 20».

El socialista cuestionó el interés del PP por esta obra y recordó que cuando hace unos años se debatía acerca de la necesidad de su construcción, «hubo un alto cargo de ese partido que dijo que era algo así como un lujo asiático, como poner calefacción en las calles».

Atribuyó los ochos años de retraso que acumula esta obra, a problemas burocráticos y a cambios de criterio en el Ministerio de Medio Ambiente acerca de si era necesario o no realizar un estudio de impacto medioambiental. Pero se mostró satisfecho de que, pese a la crisis que ha ralentizado muchos otros proyectos, éste vaya a seguir hacia adelante «gracias a las gestiones de la alcaldesa».

Ramón Sotos aseguró que la Confederación del Júcar tiene el presupuesto para esta obra, más de 7,8 millones de euros, a invertir entre 2011 y 2012. Estimó que la planta entrará en servicio a finales del año que viene, pues el plazo de ejecución es de 22 meses, aunque dijo que si fuese posible se adelantaría algo.

Después de que se retirara el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha de su tramitación en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de abril de 2010, debido a que no se alcanzó un acuerdo entre el PSOE y el PP en materia hídrica, el Gobierno de José María Barreda sigue a la carga con este asunto y pretende que la nueva Ley del Agua se apruebe en las Cortes regionales a finales del mes de marzo.

Fue ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, el que informó de este proyecto de ley en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva trabajando desde el 1 de septiembre, cuando se celebró el Debate del Estado de la Región y el presidente Barreda anunció la tramitación de la Ley del Agua, que contendría todas las situaciones y toda la regulación del Estatuto de Autonomía.

De este modo, el consejero destacó la situación de excepcionalidad de la región para justificar la Ley del Agua, pues es la única comunidad con un trasvase desde la cabecera de un río; periódicamente sufre sequías y por su territorio discurren siete cuencas hidrográficas, además de estar creciendo en población. Además, según explicó Pingarrón, el borrador de la ley ha recogido las sugerencias de nueve organizaciones, la mayor parte de las cuales, de carácter técnico, han sido aceptadas.

Ahora se presentará al grupo parlamentario socialista para su tramitación en las Cortes regionales antes de que termine el periodo de sesiones en marzo, para a continuación remitirlo a la Cámara baja, que será la que deberá aprobar la proposición de ley al regular competencias estatales. El consejero señaló que se trata de la «última oportunidad» del PP de colaborar en la aprobación de esta ley, pues se quiere que sea consensuada, y añadió que, por parte del PSOE nacional, se apoyará puesto que recoge las mismas cuestiones que fueron aceptadas en la tramitación, truncada por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP, de la reforma del Estatuto de Autonomía.

En este sentido, Sánchez Pingarrón indicó que la Ley contiene todas las disposiciones legales que en materia de agua contenía la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, como la reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos. También contiene el cambio de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, por las que no se podrán autorizar trasvases sin la previa acreditación de que se han optimizado los recursos de la cuenca del Segura, por lo que deberán justificarse previamente las demandas hídricas.

Mientras subsista el trasvase, Castilla-La Mancha participará con voz y voto en los órganos de decisión del Acueducto Tajo-Segura; se garantizará el caudal ecológico del Tajo además de una lámina estable y permanente en los embalses de cabecera de Tajo, que permita desarrollar actividades económicas.

En demarcaciones hidrográficas en que coexisten más de una cuenca es necesario que se delimiten correctamente las cuencas que conforman la demarcación, para evitar el uso injustificado de pozos de sequía , se establece que la ejecución y explotación de este tipo de sondeos por parte de Confederaciones Hidrográficas, incluso en situaciones excepcionales, requerirá un informe preceptivo de Castilla-La Mancha.

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Castilla%20La%20Mancha/20110125/borrador/ley/agua/echa/cuentas/cerrar/tajosegura/4386F9AD-D416-78C2-95D6C8DE7A2B9F57

El texto castellano-manchego exige al Estado que, antes de autorizar cualquier trasvase al Levante, reste al volumen requerido por los regantes la producción de las desalinizadoras

La Ley del Agua, que está a punto de entrar en las Cortes Regionales, apuesta por el pragmatismo y parece querer ir al grano, que en este caso pasaría por acabar de facto con el trasvase Tajo-Segura o, al menos, limitarlo a su mínima expresión. ¿Cómo? Pues desarrollando ‘por ley’ preceptos ya enunciados en Plan Hidrológico Nacional, como el de exigir al Estado que, antes de autorizar cualquier derivación de agua al Levante, reste al volumen reclamado los recursos propios de la cuenca receptora. Una ‘cuenta’ hídrica donde se incluye -y aquí está la novedad- la producción de las desalinizadoras ya implantadas en Murcia y Valencia.
Si bien parece obvia esta premisa de sustituir los trasvases por los recursos propios de cada cuenca, no se cumple a día de hoy. Como ejemplo baste citar que la mancomunidad de Canales del Taibilla, que se nutre del Tajo Segura, acaba de paralizar la producción del varias desaladoras al contar, según dicen, con recursos suficientes en sus pantanos y en las previstas derivaciones de agua desde el Tajo.
Además, el proyecto castellano-manchego también pretende elevar a rango de ley el cambio en las normas de explotación del trasvase, acordado hace pocos meses con el Ministerio de Medio Ambiente. Cambios que, a grandes rasgos, obligan al Levante a acreditar y justificar el uso de cada gota trasvasada. Una exigencia que busca, fundamentalmente, evitar la denunciada derivación del agua del trasvase a usos no regulados, como el riego de campos de golf.
Por lo demás, la Ley del Agua resucita el espíritu de la fallida reforma del Estatuto regional, que se quedó la pasada primavera a las puertas del pleno del Congreso ante la falta de apoyos parlamentarios para su aprobación, tras la salida del PP del acuerdo gestado en 2005 en Castilla-La Mancha. Y lo hace recuperando literalmente el texto que salió de la Comisión Constitucional.
De este modo, en su preámbulo incluye la «necesaria existencia de una reserva de agua» de 4.000 hectómetros cúbicos para atender las necesidades presentes y futuras de la comunidad. Y, en esta misma línea, reclama una «lámina estable y permanente» de agua en los pantanos de cabecera del trasvase, para garantizar el abastecimiento y disfrute de los pueblos ribereños, así como la consecución de un «caudal ecológico» en toda la cuenca del río.
Castilla-La Mancha, además, participará en todos los órganos de decisión mientras subsista el Tajo-Segura y se otorga a la comunidad la posibilidad de emitir informes preceptivos ante cualquier derivación de agua al Levante o para excavar los pozos de sequía. Informes que deberán contestarse mediante respuesta motivada, aunque no serán nunca preceptivos.
Previniendo las predecibles críticas de los gobiernos de Murcia y Valencia, el consejero de Ordenación de Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, lanzó ayer un mensaje a navegantes: «Con esta ley intentamos defender los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua, no queremos quitar el agua a nadie, sino defender el agua para todos». Y, mirando ya dentro de la Región, añadió que es la «última oportunidad» del PP de consensuar la política hidráulica regional.

Excepcionalidad regional. La Junta alega la situación de excepcionalidad de la Región en materia de agua, pues es la única comunidad con un trasvase desde la cabecera de un río; periódicamente sufre sequías y por su territorio discurren siete cuencas hidrográficas.

Recursos propios. Se regulará la utilización de recursos propios del Levante antes de autorizarse un nuevo e trasvase.

Nuevas reglas del trasvase. El Levante tendrá que justificar el uso del agua que le llegue del Tajo.

Obras hidráulicas. Las infraestructuras que está financiando el Estado pero que a su término serán gestionadas por la Región, se transfieran, según esta Ley, en fase de obras y con recursos a la Junta. La inversión prevista es de 800 millones.

Reserva. El texto recoge la necesidad de contar con una reserva de 4.000 hm3 para la Comunidad.

Voz y voto. La Junta participará en los órganos de gestión del Tajo-Segura y emitirá informes preceptivos de cada trasvase.

Antes de marzo. Este borrador, que llegará a las Cortes de la mano del PSOE como Proposición No de Ley, se aprobará antes de marzo, según las previsiones de la Junta. Después de remitirá al Congreso para su ratificación, ya que regula también competencias estatales.

Participación. Han presentado propuestas al texto la UCLM, las Cámaras, UGT y CCOO, las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, los regantes de la Mancha Oriental y los pueblos ribereños.

Pozos de sequía. Se delimitarán as demarcaciones donde coexistan más de una cuenca, para evitar pozos de sequía injustificados.  

ENLACE AL PDF INDIVIDUAL:

http://assets.wwfspain.panda.org/downloads/buenas_practicas_de_riego.pdf

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=75538

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado viernes un Real Decreto sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

Este real decreto tiene como finalidad establecer las normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias (aquellas que presentan un riesgo para el medio acuático) y para otros contaminantes de riesgo en el ámbito europeo, así como para sustancias preferentes de riesgo (contaminante que presenta un riesgo significativo para las aguas superficiales españolas) en el ámbito estatal.

Además, incorpora las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas y fija el procedimiento para calcular las NCA de los contaminantes con el objetivo de conseguir el buen estado de las aguas.

Cabe destacar que el articulado del real decreto recoge un conjunto de definiciones relativas a la materia desarrollada en el texto. A continuación, se establecen las NCA para las sustancias prioritarias, las preferentes y para los contaminantes relevantes de la demarcación hidrográfica.

Asimismo, establece la posibilidad de que los órganos competentes puedan fijar NCA para los sedimentos o la biota (conjunto de seres vivos coexistente en un determinado ecosistema acuático) en determinadas categorías de masa de agua. También obliga a vigilar las tendencias en la concentración a fin de evaluar el impacto de la actividad antropogénica a largo plazo.

Además, el real decreto contempla que los órganos competentes podrán designar zonas de mezcla adyacentes a los puntos de vertido donde las concentraciones de los contaminantes podrán superar las NCA siempre que no se comprometa el cumplimiento de dichas normas en el resto de la masa de agua. Asimismo, elaborarán un inventario de las emisiones, vertidos y pérdidas de las sustancias prioritarias y otros contaminantes.

Con este real decreto se transponen todos los aspectos contenidos en la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política de aguas. Su objetivo es establecer normas de calidad ambiental para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes para conseguir el buen estado químico de las aguas superficiales.

Igualmente, se incorporan al ordenamiento español los requisitos técnicos sobre análisis químicos establecidos en la Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, que establece los criterios mínimos que se deberán aplicar a los métodos de análisis para el seguimiento del estado de las aguas, sedimentos y seres vivos, así como las normas dirigidas a demostrar la calidad de los resultados analíticos.

http://www.laverdad.es/albacete/v/20110122/albacete/cargo-agricultores-20110122.html

Al tratarse de vigilancia privada, ésta, tendrá que estar pagada por los propios agricultores, como explica el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte. «De momento contamos con el apoyo de los agricultores, que pagarán por hectáreas, el problema es que si uno no quiere pagar no podemos obligarle». Por eso si el plan tiene éxito, la idea es que estos pagos se realicen a través de la JCRMO. «Si la idea funciona queremos que la JCRMO se encargue de gestionar esta vigilancia, es decir que haga de intermediaria entre la empresa de seguridad y los agricultores. Esto es algo que debería decidirse en Asamblea, pero que en caso de que fuera aprobado permitiría que se pudiera obligar a pagar a los que no quisieran hacerlo». En cualquier caso, este plan de vigilancia no será valorado hasta que no lleve funcionando unos seis meses en las dos zonas que han delimitado los regantes de la Mancha Oriental, si se comprueba que funciona se extenderá a toda la provincia y se intentará que sea la asociación quien gestione los pagos. «Sabemos que no vamos a lograr acabar con todos los robos, pero esperamos que esta medida sea útil».

http://www.laverdad.es/albacete/v/20110122/albacete/regantes-contaran-vigilancia-privada-20110122.html

Ante los numerosos robos de cobre sufridos en las explotaciones agrícolas durante el año pasado, más de uno al día según el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, los miembros de esta asociación han puesto en marcha un plan piloto de vigilancia, que estará funcionando antes de acabar el mes.

«Llevamos un par de meses trabajando en ello, porque muchos de nuestros asociados sufren el problema de los robos y el proyecto está ya muy maduro, incluso tenemos varias ofertas de empresas de seguridad y sólo nos queda elegir una y empezar a trabajar», dijo Belmonte.

La iniciativa está muy trabajada ya que no se trata sólo de vigilancia privada. «Nos hemos reunido en varias ocasiones con la Subdelegación de Gobierno (la última hace un mes) y con la Guardia Civil, queremos trabajar con ellos».

Labor valorada

Valoran la labor que la Benemérita, «pero no tiene medios suficientes para vigilar todos pívots y aspersores de la provincia y no los va a tener, estamos en plena crisis. Con los medios que tienen están haciendo un buen trabajo. Si sólo hacemos críticas y no damos soluciones, lo único que conseguiremos es desmotivarlos», dijo Belmonte.

Por ello, estos vigilantes contratados por los agricultores estarán coordinados con la Guardia Civil. «Estarán coordinados y dirigidos por la Guardia Civil, serán los ojos de la Guardia Civil. Estarán comunicados con ellos y si ven algo sospechoso avisarán a los agentes para que se desplacen al lugar».

Estos vigilantes serán de gran ayuda para la Benemérita, puesto que les ayudarán a llegar a puntos de difícil acceso, con mayor rapidez. «Tenemos planos de las explotaciones con coordenadas, por lo que se puede llegar hasta un pívot concreto, con facilidad, usando un simple GPS». De momento, la experiencia se llevará a cabo sólo en dos zonas de la provincia, que el presidente de los regantes de la Mancha Oriental no ha querido desvelar, para evitar dar pistas a los ladrones, pero que son las más afectadas por estos robos.

«Son capaces de llevarse mil aspersores en una noche o dos, especialmente en invierno, cuando hay menos gente en el campo. Actúan en zonas aisladas o no quitan los aspersores que dan a la orilla de la carretera, para no ser detectados y terminar de robar al día siguiente».

Y es que para muchos agricultores la situación es ya insostenible. «Hay explotaciones, como una que conocemos en La Gineta, en la que han robado hasta cinco veces. Además no es sólo lo que se llevan, sino el daño que hacen, porque un aspersor nuevo puede costar 3 ó 4 euros, pero si tienes que quitar el trozo del viejo que no han robado, te cuesta más del doble».

Por esta razón, su idea principal es trabajar en la prevención de estos robos, razón por la cual no quieren que estos vigilantes vayan armados.

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Provincia/20110121/zarra/pinchara/acuifero/abastece/albacete/6E509C88-F347-F9A5-857114E99F70C089

El alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, ha solicitado permiso a la Confederación Hidrográfica del Júcar para extraer agua del acuífero situado bajo esta localidad, que llega, a través del subsuelo, a varios pueblos de la provincia de Albacete.
La petición no tendría nada de particular, de no ser porque Zarra tiene algo más de 500 vecinos y la petición es por un millon de metros cúbicos de agua, según explicaba ayer a La Tribuna de Albacete José Cerdá, portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el Cementerio Nuclear.
«Lo que nos tiene pero que muy preocupados es que pide un volumen enorme para el tamaño del pueblo, hablamos de un caudal de 42 litros por segundo -señaló Cerdá- lo que nos hace pensar que tiene que ver con el almacén nuclear».
Para hacerse una idea de lo que solicita Zarra, Cerdá explicó que equivale al consumo de los demás pueblos juntos, incluyendo municipios que, como Ayora, doblan la población del municipio candidato al Almacén Nuclear o ATC.
«El ATC necesitaría agua para el sistema de refrigeración de un reactor nuclear experimental -aclaró el portavoz de la Plataforma- y que formará parte de las instalaciones, que precisarán de una fuente de energía propia para poder hacer su trabajo».
En cuanto al acuífero del que saldría el agua, se trata de la masa de agua subterránea catalogada como 80.32 por la Confederación Hidrográfica del Júcar que, a su vez, coincide con el sector más oriental de de la unidad hidrogeológica 08.29 del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), más conocida como de la Mancha Oriental.En concreto, la masa de agua denominada 80.32 pasa bajo varios pueblos albaceteños, como Carcelén, Alpera o Alatoz, por poner algunos ejemplos.