La reserva de agua de los embalses que componen la cuenca del Júcar ha aumentado un 65,4 por ciento respecto al año pasado, según el último informe hidrológico de tendencia hecho público hoy por la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana.

Este incremento multiplica por 3,6 veces el registrado en la cuenca del Ebro en el mismo periodo, que fue de 18,1 por ciento, según las mismas fuentes.

Además, la reserva de agua de la cuenca del Júcar es en la actualidad un 117,1 por ciento más que la media de los últimos diez años, porcentaje a su vez 4,9 veces superior al registrado en los embalses de la cuenca del Ebro (24,1 por ciento) en el mismo periodo.

El agua embalsada en el conjunto de España en la actualidad se ha incrementado un 43,8 por ciento sobre la media de los últimos 10 años, incremento significativamente inferior al del 117,1 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar.

La cuenca del Júcar dispone hoy de reservas por un total de 1.680 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 50,4 por ciento total de la reserva -uso consuntivo más hidroeléctrico-, con un incremento de 664 hectómetros cúbicos respecto al año anterior.

La reserva hidráulica se encuentra al 72,3 por ciento de su capacidad total, con 40.187 hectómetros cúbicos (hm3) de agua embalsada, lo que representa una disminución de 35 hm3 (0,1%) con respecto a los niveles de la semana anterior, según informa el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

   Las variaciones afectan ala cuenca del Guadalqquivir, que ha perdido 182 hm3, mientras que la cuenca del Duero ha aumentado 136 hm3.

   Por ámbitos, Galicia Costa se encuentra al 69,7 por ciento; Miño-Sil, al 69,6; Cantábrico, al 72,2; cuencas internas del País Vasco, al 76,2; Duero, al 72,4; y Tajo, al 62;

   Además, el Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), está al 84,3 por ciento; la Cuenca Atlántica Andaluza, al 83,6; el Guadalquivir, al 83,1; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 70,2; Segura, al 61,3; Júcar, al 50,4; Ebro, al 71,2; las cuencas internas de Cataluña, al 78,6;

La presidenta regional del PP y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, considera que es «absolutamente indispensable» un pacto o un plan hidrológico del agua, y ha destacado que ha sido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «el que dio al traste» con el Plan Hidrológico Nacional (PHN).

   Cospedal ha respondido así, a preguntas de los medios en las Cortes, por la posibilidad de que en la reunión que mantendrá esta tarde la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se aborde ese pacto hídrico.

   La responsable ‘popular’ ha indicado que en su partido siguen defendiendo «la necesidad y siempre la oportunidad» de alcanzar un pacto como ese, pero ha destacado que el problema actual es «que aunque ahora la ministra está diciendo esto, ha sido su Gobierno el que dio al traste con el PHN», siendo el PP el que «creó un PHN en este país».

   De otro lado, preguntada por el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el que se expresa, al hablar del agua en España, que los trasvases como estrategia de uso intensivo de los recursos hídricos «está agotada», ha señalado que no conoce «esa parte» del informe.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha asegurado que le «extrañaría mucho» que el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, acuda al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha hablar del Tajo, siendo este un río que «no pasa por Murcia».

   A preguntas de los medios por la reunión que esta tarde Valcárcel mantendrá con la titular del MARM, Rosa Aguilar, Sánchez Pingarrón ha considerado que el Ministerio hace «papeles» como el esquema de temas importantes del Plan Hidrológico del Tajo, «y eso debe ser lo que la ministra utilizará de argumentario» en el encuentro.

   «Me extrañaría mucho que el presidente de Murcia fuera a hablar del Tajo a Madrid» ya que, según el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, «lo que debe es plantear los asuntos del Segura, el Tajo no pasa por Murcia».

   De otro lado, en declaraciones a los medios en las Cortes, el consejero ha valorado un informe que ha publicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el que se expresa, al hablar del agua en España, que los trasvases como estrategia de uso intensivo de los recursos hídricos «está agotada» y «no es la solución».

   Además, este organismo «aboga por un uso eficiente de los recursos hídricos y el agua» que «coincide» con la visión que tiene Castilla-La Mancha sobre este política, que también es coincidente con la que tiene la Unión Europea, a través de la Directiva Marco del Agua.

DISTANCIA NEUTRAL

   El informe de la OCDE «viene a confirmar que la dirección de la política del agua de Barreda es la adecuada y lo avalan organismos internacionales», ha rematado, destacando del mismo la visión «de distancia neutral» que aporta respecto a las «polémicas del agua que se producen en España».

   «En Castilla-La Mancha tenemos razón cuando defendemos que el agua del Tajo debe ser prioritariamente para los usos de la propia cuenca y que debe hacerse un uso eficiente de los recursos hídricos», lo que «pone en cuestión» la utilización del agua trasvasada que se hace en el Levante.

   El consejero ha destacado que actualmente está en tramitación el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, y que hace un mes se aprobó el esquema provisional de temas importantes que, si bien no contiene todas las aspiraciones de la región, sí «supone un avance importante» en aspectos como la necesaria reserva estratégica en los pantanos de cabecera o la modificación de normas de explotación del trasvase.

El principal sistema de regadío en España es el localizado, que actúa en un total de 1,6 millones de ha, de una superficie de regadío que asciende a 3,4 millones de ha (lo que supone el 47,7 por ciento de la superficie de regadío, según datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) publicada por el Ministerio de Medio Rural.

En segundo término, el riego por gravedad que, aunque menos eficiente que el primero, cubre 1,04 millones de ha, el 30,6 por ciento de la superficie. Le siguen el riego por aspersión con 470.758 ha (el 13,8 por ciento) y el automotriz con 262.161 ha (7,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, en Andalucía, donde se sitúa el 28,8 por ciento de la superficie de riego total con 982.809 ha, destacan el riego localizado (75,4 por ciento de la superficie de la comunidad) y el riego por gravedad (16,8 por ciento).

En Castilla-La Mancha, segunda comunidad por número de superficie regable con el 14,1 por ciento de la total nacional (478.713 ha), el riego mayoritario es también el localizado (56,9 por ciento), seguido del riego por aspersión (20,3 por ciento) y el automotriz (18,4 por ciento).

Por su parte, en Castilla y León (394.219 ha) destacan el riego por gravedad (40 por ciento) y por aspersión (30 por ciento).

En lo que se refiere al riego por cultivos, los de mayor superficie son los cereales que con 870.915 ha ocupan el 25,5 por ciento del total de la superficie regada. Para ellos principalmente actúa el riego por gravedad, en el 57 por ciento de la superficie. A los cereales le sigue en superficie de regadío con el 20,9 por ciento de la misma, la del olivar, principalmente localizado (el 93 por ciento) y la del viñedo (10 por ciento) donde por encima del 93 por ciento también funciona con riego localizado. Lo mismo en cítricos (8,6 por ciento de la superficie) donde el sistema mayoritario es el localizado, que cubre por encima del 72 por ciento de estos frutales.

EVOLUCIÓN DEL REGADÍO

Si comparamos estos datos del 2010, con respecto a los de 2009, nos encontramos con que la superficie de regadío desciende un -0,4 por ciento. Esta cifra supone la primera caída desde el año 2005 cuando contábamos con 3,3 millones de ha, que han subido año a año hasta llegar a 2010.

Por tipos, todos los sistemas descienden salvo el riego localizado que aumenta un +2,3 por ciento pasando de las 1,5 millones de ha de 2009 a 1,6 de 2010. Así, nos encontramos con un -1,9 por ciento menos de riegos por gravedad (1,04 millones de ha), un -1,9 por ciento menos por aspersión (470.758 ha) y un -1,4 por ciento menos de automotriz (262.161 ha).

Los trasvases, como estrategia de uso intensivo de los recursos hídricos «está agotada», señaló Andrés Fuentes, uno de los responsables del estudio sobre España de la OCDE publicado hoy.

«No es la solución», afirmó Fuentes sobre los trasvases al ser preguntado acerca de las polémicas políticas que se han sucedido en España sobre esta cuestión. Aunque alabó el sistema de gestión español que representan las confederaciones hidrográficas, estimó que «los regantes están sobre-representados», y que habría que dar cabida a otras voces, en particular científicos y organizaciones medioambientales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dedica un capítulo del estudio al agua, en el que insiste en que los precios no tienen en cuenta la escasez de unos recursos que, en un contexto de cambio climático, van a disminuir, en particular en las regiones donde se explotan de forma más intensiva.

La organización se pronuncia a favor del modelo de los bancos de agua que ya se han experimentado en otros países como Australia.

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) ha mostrado este lunes su oposición al anteproyecto de Ley del Agua que está elaborando Castilla-La Mancha ya que considera que tras el «intento frustrado» de incluir una reserva hídrica en la reforma del Estatuto, la normativa «insiste» en plasmar una de 4.000 hectómetros que «pone en peligro todos los usos del agua del Júcar en Valencia, tanto los de riego como los del abastecimiento de Valencia y su área metropolitana».

   Asimismo, ha apuntado en un comunicado que esta cantidad «duplica la que Castilla-La Mancha está utilizando en este momento» y ha añadido que en un año hidrológico «excepcionalmente húmedo como el actual, la comunidad no ha llegado a disponer de esa cantidad almacenada».

   «Uno de los principios de nuestra Constitución es que el agua es competencia del Estado y en USUJ entendemos que debe seguir siéndolo. Unilateralmente, una comunidad autónoma no puede ni debe regular con una ley competencias exclusivas del Estado que deben acordarse entre todas las comunidades autónomas y usuarios y regularse en el marco del Plan Hidrológico del Júcar que es competencia del Estado», ha afirmado Juan Valero de Palma, secretario general de USUJ.

   Igualmente, ha considerado que el proyecto de ley «pretende introducir normas de explotación, en el ámbito del río Júcar, que garanticen que el abastecimiento de Albacete es prioritario evitando compensaciones económicas». «Con ello, se hace alusión directa al Convenio de Alarcón firmado en 2001 entre USUJ y el Ministerio de Medio Ambiente que reconocía la propiedad del embalse de Alarcón a USUJ y que establecía una curva de reserva de agua para sus integrantes», ha recalcado.

   En este sentido, Juan Valero de Palma ha señalado que Albacete «como todos los abastecimientos urbanos, tienen prioridad absoluta sobre el resto de usos. Esto está reconocido en el Plan Hidrológico del Júcar y, por supuesto, en USUJ lo respetamos plenamente».

    La entidad ha incidido en que la nueva ley «incumple claramente el Convenio de Alarcón y manipula su esencia». «La deuda pendiente del Ayuntamiento de Albacete con USUJ no es por el uso del agua sino por los gastos que origina para los regantes la extracción de aguas de los pozos en los períodos en el que el embalse no alcance las reservas establecidas por el convenio», ha afirmado, y ha añadido que es necesario tener en cuenta «que no es únicamente el Ayuntamiento de Albacete el que utiliza las aguas de Alarcón y el resto de usuarios han pagado su coste».

El proyecto de ley que elabora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende introducir normas de explotación, en el ámbito del río Júcar, que garanticen que el abastecimiento de Albacete es «prioritario» para evitar compensaciones económicas a otros usuarios del río. USUJ entiende que con este articulado se hace alusión directa al Convenio de Alarcón firmado en 2001 entre USUJ y el Ministerio de Medio Ambiente que reconocía la propiedad del embalse de Alarcón a USUJ y que establecía una curva de reserva de agua para sus integrantes por debajo de la cual debían ser compensados.
Al respecto, Juan Valero de Palma recordó que «todos los abastecimientos urbanos-incluido Albacete- tienen prioridad absoluta sobre el resto de usos. Esto está reconocido en el Plan Hidrológico del Júcar y, por supuesto, en USUJ lo respetamos plenamente».
«La nueva ley incumple claramente el Convenio de Alarcón y manipula su esencia-añadió el secretario general de USUJ, para quien la deuda pendiente del Ayuntamiento de Albacete con USUJ «no es por el uso del agua sino por los gastos que origina para los regantes la extracción de aguas de los pozos en los períodos en el que el embalse no alcance las reservas establecidas por el convenio».
Valero de Palma recordó que en los años de la reciente sequía no fue unicamente el Ayuntamiento de Albacete el que utilizó las aguas de Alarcón. Hubo otros usuarios que han compensado el sobrecoste que tuvieron los regantes valencianos al recurrir a los pozos asumiendo así la vigencia del Convenio de Alarcón.

Los alcaldes de Alcadozo, Pozohondo y Peñas de San Pedro acaban de recibir una nueva remesa de facturas «por obras no solicitadas»

 Tres ayuntamientos, Alcadozo, Peñas de San Pedro y Pozohondo, ninguno de ellos de más de 5.000 habitantes, ya le deben a la Confederación Hidrográfica del Júcar unos 300.000 euros por unas obras que, según sus alcaldes, ni pidieron, ni han llegado a usar.
Según explicaba ayer el alcalde de Peñas, Antonio Serrano, la última remesa de facturas llegó, precisamente, justo cuando el presidente de Barreda anunciaba, junto a la nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, una serie de inversiones hidráulicas para los municipios de la comunidad de Castilla-La Mancha.
«Cuando oímos la comparecencia de Barreda, nos echamos a temblar -señaló- porque la escena nos sonaba mucho; fue, precisamente, a raíz de una escena similar, cuando era ministra la señora Cristina Narbona, cuando empezaron nuestros penares con la Confederación del Júcar».
En la época en que Narbona era ministra, Barreda se reunión con ella y, tras una comparecencia conjunta en Toledo, se anunciaron una serie de obras cuya financiación, recordó Serrano, tenía «sorpresa» dentro.
«En aquel momento, y ahí están las hemerotecas para demostrarlo, se dio a entender que el coste iba a ser cero, o muy pequeño, para los municipios -detalló- pero, en 2008, y en nuestro caso, la Confederación del Júcar empezó a pasar, religiosamente, facturas por muchos miles de euros a municipios que ya entonces, cuando la crisis aún empezaba, carecían de recursos para pagarlas».
Estas facturas, corresponden a diversas obras de emergencia, ejecutadas para garantizar el suministro a cerca de una veintena de municipios de toda la provincia. Obras que, según los alcaldes, jamás se pidieron desde los tres municipios antes mencionados pero, aún así, se ejecutaron.
«Ahora, estos cargos están recurridos ante la Justicia -aclaró- pero no están anulados, están paralizados mientras no haya un resolución judicial firme, que puede darnos la razón o no y, en este último caso, nuestros Ayuntamientos irían derechos a la bancarrota, no tendríamos con qué pagar».
Mientras tanto, las facturas siguen llegando y se siguen recurriendo «y todo el mundo nos dice que nos apoyar y está con nosotros y que tenemos la razón pero, cada cierto tiempo, llegar una nueva factura y, por tanto, una nueva amenaza para nuestros pueblos».    

El presidente de ASAJA y vicepresidente de la CEOE, Pedro Barato, ha criticado hoy los pasos y planteamiento de la nueva titular de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ante la futura Política Agraria Común (PAC). 

Barato, que ha asistido en Pamplona al XI congreso de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, que ha elegido a Félix Bariain como nuevo presidente con el 84,81% de los votos, ha adelantado que ASAJA «no aceptará modulaciones que estamos pagando todos» sino ayudas al profesional «por producir y por estar en los pueblos».

Pero ha advertido de que «si no hay dinero en Bruselas no se va a hacer ninguna política» y la ministra Rosa Aguilar no habla de ello sino que «ya está hablando de filosofía».

Tras coincidir con Bariain en otras medidas que la nueva PAC debe incluir sobre mercados y precios, un capítulo éste que ha calificado de «importantísimo» para que no sean inferiores a los costes de producción, el presidente de ASAJA ha señalado que la próxima PAC llegará «cargada de política verde».

Una política medioambiental que «tiene que ser en primer lugar para los productores y las zonas rurales, no para hacer otras cosas», ha dicho para subrayar que son 1.800 millones de euros los que «se juegan en el desarrollo rural».

«Pero no me gusta el camino que llevamos con la ministra, controlando lo mío con los ecologistas», ha afirmado, y ha añadido que éste es «un camino totalmente equivocado».

Bariain por su parte ha pedido no solo presupuestos para la futura PAC sino que esta incluya «medidas imprescindibles» como las necesarias para frenar la «especulación», controlar las importaciones o proteger el etiquetado para salvaguardar las D.O.

Además ha señalado las dudas que estos documentos plantean a la UAGN en materia de ayudas, capítulo en el que ha sostenido que éstas deben ser «para el trabajador del campo y de la granja, el verdadero profesional».

En el ámbito de Navarra ha adelantado que el Gobierno que salga de las elecciones de mayo contará con la disposición de la UAGN al diálogo y el consenso pero también le ha avisado que deberá defender al sector primario «con uñas y dientes» porque en caso contrario tendrá «enfrente» a este sindicato.

Así ha reclamado modernización de regadíos, concentraciones pensadas en los profesionales, apoyo a la montaña, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a la modernización de explotaciones, una consejería con proyectos e ideas y «ni un solo euro» de ayuda a las empresas que no les paguen «por encima del coste de producción».

Y junto a ello Bariain ha abogado por hacer «rentable» el cooperativismo y por la defensa del medio rural, al tiempo que ha puesto en valor servicios que presta la UAGN en ingeniería, asesoramiento jurídico y fiscal, formación o promoción de productos, entre otros, y que hay que «reconocer como se merecen».