Ningún fleco ha quedado fuera del borrador de la Ley del Agua que ha elaborado el Gobierno regional y que ayer presentó en sociedad. Barreda dio a conocer un texto que va de lo general a lo concreto. En la parte general, la Ley pide una reserva estratégica para Castilla-La Mancha de 4.000 hectómetros cúbicos. En la parte concreta, reivindica un caudal ecológico para el río Tajo y una lámina estable en los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía. Tanto de la parte general como de la concreta, en esta Ley hay un damnificado y se llama trasvase Tajo-Segura.
«Las normas de explotación del trasvase no se han seguido hasta ahora», clamó ayer Barreda, «la estrategia que se ha seguido es trasvasar el agua desde Entrepeñas y Buendía se necesitara o no en ese momento para que el agua estuviera en los pantanos del Segura y esa práctica se tiene que acabar».
La Ley del Agua tiene un artículo 9 con más de seis puntos dedicados al acueducto. Uno de ellos obliga a modificar la actual normativa para subir la raya en los pantanos de cabecera por debajo de la cual no se puede trasvasar. En la actualidad ese mínimo está en 240 hectómetros cúbicos.
Barreda también hizo hincapié en que la Ley permite a la Junta recibir competencias en obras hidráulicas que ahora tiene el Gobierno nacional: «Queremos asumir también en algunos casos la ejecución de las mismas, porque consideramos que estamos más interesados que el Estado y que vamos a ser más rápidos y diligentes».
La normativa también pretende poner «coto» a la apertura de pozos de sequía en la zona manchega de la cuenca del Segura. Además se establece el uso prioritario del abastecimiento del Júcar para la ciudad de Albacete.

«Es nuestro concierto vasco y nuestra deuda histórica»
La Universidad, la Federación de Municipios, los sindicatos, cámaras de comercio, patronal, cooperativas y organizaciones agrarias que dieron su respaldo al fallido Estatuto, ahora están mostrando su apoyo a la nueva Ley del Agua que recoge su testigo.
«Hay tantos motivos para que nosotros necesitemos una Ley del Agua como la que tuvieron los vascos con el concierto vasco o los andaluces con la Ley de Deuda Histórica», explicó Fresneda de Asaja. Elena Escobar, de la organización agraria UPA confía en acabar así con una «injusticia».
El secretario general de UGT, Carlos Pedrosa, denunció que «son falsos aquellos que hablan de defender la agricultura y luego dan la espalda a la defensa del agua». Para CCOO es una apuesta «atrevida». Por su parte, la Universidad se comprometió a seguir ayudando con sus informes.

Las asociaciones Ecologistas en Acción y Sociedad Albacetense de Ornitología han dado a conocer su postura favorable a la conservación y protección, como zonas húmedas, de las áreas anegadas por los ríos Lezuza y Jardín.

A raíz de las quejas de agricultores cuyas tierras se ven afectadas por estas inundaciones temporales -son zonas que se cultivan la mayor parte del tiempo, cuando el agua se pierde antes de llegar hasta ellas-, indican los ecologistas que «el río vuelve en gran parte a ocupar las zonas de influencia y de dominio público hidráulico que de una u otra manera se le habían arrebatado durante décadas».

«Añaden que «estos ríos endorreicos, que no tiene salida y que en gran medida están reconducidos artificialmente, formaban un gran complejo lagunar, en la actualidad desaparecido», y que verían como positivo «emprender acciones que lleven a la recuperación», aunque lo ven difícil a causa de la sobreexplotación del acuífero.

Estas dos organizaciones albacetenses creen que la solución es fácil: «no entendemos la polémica creada ya que sería relativamente fácil solucionarlo, comprando o expropiando los terrenos encharcados, en el caso del río Lezuza, y que no supondrían un coste elevado para la administración».

Explican que «el mantenimiento de estas lagunas serviría para ir infiltrando el agua lentamente al acuífero además de servir de zona de laminación en régimen de fuertes avenidas y de crear un importantísimo ecosistema, del que podemos dar testimonio ya que este año han anidado un sinfín de aves, entre ellas más de 40 ejemplares de canasteras y otras aves acuáticas».

Defienden igualmente «el mantenimiento de la vegetación, tanto palustre como de ribera, a lo largo de todo el cauce supondría una laminación natural y el incremento de una paulatina infiltración hacia el acuífero».

Vertido

Rechazan el vertido que, afirman, «ya se está haciendo con parte del agua, a las llamadas ‘simas’, que no son otra cosa que puntos de conexión entre los sistemas lagunares antiguos y el acuífero, que por su puesto se encontraba muy somero, cosa que no sucede en la actualidad por la sobreexplotación del mismo, y que son similares a los conocidos Ojos del Guadiana».

También rechazan «la perforación de pozos en los márgenes del río y otras medidas tendentes a hacer desaparecer las láminas de agua, como si el objetivo final fuese verter cuanto antes las mismas al acuífero renunciando a los ecosistemas que las aguas superficiales crean y que a la vez mantienen paisajes de vida».

Piden que se trabaje para esa recuperación, señalan que «las 12 hectáreas en cuestión son algo insignificante frente a los miles de hectáreas destruidas en urbanizaciones ilegales, infraestructuras y zonas de influencia, etc., que curiosamente nadie denuncia y lo da por bueno».

COAG-IR de Castilla-La Mancha contempla la Ley de Agua como «la manifestación clara de las aspiraciones de los castellano-manchegos en materia hídrica», pues considera que, al margen de su efectividad real, es un mensaje claro de la sociedad castellano-manchega al Gobierno de la nación de que «los derechos de los ciudadanos de esta región en relación con el agua, con el desarrollo y con el medioambiente, no están por debajo de los de otras regiones».

En nota de prensa esta organización agraria ha defendido que «es legítimo que Castilla-La Mancha quiera intervenir y participar en los órganos donde se toman las decisiones que le afectan sobre la gestión de los recursos de sus cuencas», por lo que considera que esta participación se debe regular «mediante leyes y no en los pasillos».

Respecto al trasvase, desde COAG-IR creen «oportuno» que Castilla-La Mancha reclame a través de una ley los derechos de los ciudadanos de esta región que están en la cuenca cedente y de todas las cuencas en las que los castellano-manchegos tienen intereses.

Por ello, han apuntado que «si la aplicación de la Directiva de Agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos del Tajo y las necesidades de las poblaciones de cabecera y de la propia cuenca dicen que no se pueden hacer trasvases, no hay trasvases para nadie y punto».

Desde esta organización agraria han defendido que mientras el trasvase subsista y mientras el Gobierno «siga decidiendo que en la cabecera del Tajo hay recursos trasvasables, los castellano-manchegos estamos tan legitimados, incluso más que los ciudadanos de otras regiones, para reclamar el uso de esos recursos para cubrir nuestros propios déficits».

Por otro lado, la organización agraria ha pedido también en la Mesa del Agua que se cumpla el Plan Especial del Alto Guadiana, especialmente en cuanto a los presupuestos necesarios se refiere para materializar los programas de adquisición de derechos y de reforestación, y que se finalice con «prontitud» el proceso de regularización de extracciones, tanto para las explotaciones de cultivos leñosos, como para los agricultores profesionales y explotaciones prioritarias.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, aseguró, que al igual que la frustrada reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha recogía una reserva estratégica de agua para la región, la futura Ley del Agua de Castilla-La Mancha también la contemplará esta reserva.

«No vamos a bajar ni un peldaño de lo que recogía el Estatuto. Dado que el Estatuto lo contenía, la previsión es que la Ley del Agua de Castilla-La Mancha lo contenga. Lo que no queremos es que esta norma suponga ni una mínima rebaja de las peticiones que considerábamos justas en materia de agua para la región», avanzó Sánchez Pingarrón.

De este modo se ha pronunciado el consejero, a preguntas de los medios, tras firmar 22 convenios en materia urbanística con otros tantos ayuntamientos de la región, sobre la reunión de la Mesa del Agua que tendrá lugar hoy jueves, en la que se analizará el borrador de la nueva Ley de Agua regional que irá a las Cortes para posteriormente ser enviada al Congreso de los Diputados.

Cabe recordar que será el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien presida la reunión de la Mesa del Agua en la que se va a presentar el borrador de la Ley de Agua que recoge las pretensiones de la región en materia hídrica.

El Trasvase, sí

Por cierto, que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) acusó ayer de «irresponsable» a la portavoz del Gobierno de Murcia, María Pedro Reverte, por decir que «es de locos» e «increíble» que el organismo de cuenca se plantee un nuevo plan hidrológico de ésta sin tener en cuenta el trasvase Tajo-Segura.

En un comunicado, la CHS señala que «la inclusión de un escenario de ausencia del acueducto durante el proceso de planificación hidrológica» que está realizando «responde únicamente al importante objetivo de estudiar las consecuencias que dicha falta de recursos provocaría en la cuenca».

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, presidirá hoy la reunión de la Mesa del Agua en la que se va a presentar el borrador de la Ley de Agua que recoge las pretensiones de la región en materia hídrica. En el borrador se incluyen las reivindicaciones de la región que no salieron adelante al ser retirado el proyecto de reforma del Estatuto.

Pérez Rubalcaba ha anunciado estos planes al responder al senador popular Miguel Ángel Arauz, quien le había dicho que el Gobierno debería tomar nuevas medidas para la «situación insostenible» que viven los agricultores españoles, que «no aguantan más» ante los numerosos robos que sufren. A raíz de unas conversaciones con asociaciones de agricultores de Andalucía, Pérez Rubalcaba, según ha explicado en la Cámara Alta, ordenó a la Guardia Civil que hiciera «un estudio de inteligencia» sobre este tema, en el que participaron las 16 comandancias más vinculadas a este tipo de asaltos. Fruto de dicho trabajo han sido los nuevos planes puestos en marcha este mismo mes y que abordan desde el robo del cobre, «el más usual en los campos», ha reconocido Rubalcaba, a otros como el que se produce en la época de la recogida de la aceituna. También ha recordado que desde hace seis años hay un plan estratégico para aumentar la plantilla de la Guardia Civil. En la actualidad trabajan 84.000 agentes, 15.000 más que los que había cuando gobernaba el PP, ha destacado Rubalcaba, quien ha subrayado los 211 puestos principales que se han creado en este Cuerpo, cuyos miembros trabajan durante las 24 horas del día. Antes Arauz había reclamado al ministro un total de once medidas para frenar los robos, entre las que incluía trasladar guardias civiles y policías desde la ciudad al campo, así como habilitar a los policías locales, agentes de medio ambiente, guardas forestales y de cotos de caza para colaborar en la vigilancia de los campos. Además, ha propuesto una reforma del Código Penal por la que se considere delito el robo en una cuantía de 100 euros y no de 400 como hasta ahora. El senador popular ha asegurado que hay un sentimiento de «indefensión y rabia» entre la gente del campo, ya que solo se recupera el 24 por ciento de lo robado y ello hace que únicamente denuncien el 10 por ciento de las personas afectadas. «Estamos trabajando con planes específicos y confío que esa alarma pronto se disipe», ha insistido el ministro del Interior.

El Plan de Reforestación del PEAG; los ramales de la tubería a la llanura manchega; la planta de osmosis inversa de Albacete o la sustitución de bombeos de la Mancha oriental han protagonizado la primera reunión entre la ministra Rosa Aguilar¹ y el presidente José María Barreda² hoy en la sede del Ministerio de Medio Ambiente³, Medio Rural⁴ y Marino⁵.

La ministra de Medio Ambiente⁶, Medio Rural y Marino⁷, Rosa Aguilar, comprometió este martes más de 200 millones de euros con Castilla⁸-La Mancha para llevar a cabo actuaciones en materia hidrológica. La responsable de la cartera de Medio Ambiente, compareció junto al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, tras una larga reunión en el ministerio en la que se habló de agua, del Plan Especial del Alto Guadiana y de los ramales de la infraestructura de la tubería a la llanura manchega, entre otras cuestiones.

Según indicó Aguilar en enero del próximo año, el ministerio y el Ejecutivo autonómico firmarán un acuerdo de reforestación incluido en el PEAG, cuya inversión asciende a 5 millones de euros. Del mismo modo, también a principios de año se licitarán por valor de 170 millones de euros dos ramales para la tubería a la llanura manchega que garantizarán el agua en cantidad y calidad a los municipios beneficiados por esta infraestructura.

Junto a estos 170 millones la ministra habló del proyecto del EDAR y el colector de Toledo que suponen otros 40 millones de euros, cumpliendo así, según indicó, con el compromiso adquirido con el Gobierno de Castilla-La Mancha⁹ de un convenio que poco a poco se hace realidad. A este respecto Aguilar se refirió también a la licitación de la redacción de los proyectos de la planta de osmosis inversa de Albacete y a la sustitución de bombeos del acuífero de la Mancha oriental.

“Se trata de pasos importantes que damos para hacer realidad el PEAG y pasos que se seguirán dando porque queda constituido un equipo de trabajo que seguirá las directrices adoptadas en este primer encuentro”, aseguró Rosa Aguilar que subrayó la voluntad inequívoca del ministerio de cumplir con Castilla-La Mancha y con sus ciudadanos.

En la misma línea se pronunció el jefe del Ejecutivo autonómico al destacar la buena sintonía con el gabinete de Aguilar, así como el compromiso adquirido de esta con las necesidades de Castilla-La Mancha. “Tiene las cosas claras y voluntad de colaborar con el Gobierno”, añadió.

El trasvase y la planificación hidrológica

En la línea de la política hidrológica nacional y en respuesta a un medio de comunicación sobre la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, el presidente Barreda explicó la lamentable situación en la que se encuentran los pantanos de cabecera y reiteró que los ríos de España son de todos los españoles, que los castellano-manchegos también son españoles y que por ley como cuenca cedente tienen prioridad sobre la cuenca receptora.

Del mismo modo lamentó declaraciones como las de la dirigente del PP en Castilla-La Mancha en las que sugiere que hay que llevar agua de donde sobre hacia donde se necesite, a lo que el presidente Barreda se pregunta “¿dónde sobra?”. Así explicó que Castilla-La Mancha forma parte de la España seca y que hay que tomar decisiones concretas y dejar de hablar de generalidades.

A este respecto la ministra Aguilar indicó que desde el Ministerio se apuesta por el diálogo y el acuerdo que lleve a Castilla-La Mancha agua suficiente en cantidad y calidad para su desarrollo, “de ahí las inversiones que estamos realizando”.

La reserva de agua de los embalses que componen la cuenca del Júcar ha aumentado un 64,5% respecto al año anterior, según el último informe hidrológico de tendencia hecho público hoy por la delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.624 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 48,7% del total del agua embalsada y con un incremento de 637 hectómetros cúbicos respecto al año anterior cuando el porcentaje de agua se situaba en un 29,6%.

Además, el incremento del agua embalsada registrado ahora en la cuenca del Júcar supone un 118,3% más que la media de los últimos diez años, una cifra «sensiblemente» superior al 39,2% de aumento que han experimentado las reservas de agua en el conjunto de España como media de la última década.

Un millón de metros cúbicos de agua, o lo que es lo mismo 1.000 millones de litros, que ahora se pierden en las fugas de las tuberías, sobre todo en las más viejas, dejarán de derrocharse gracias al nuevo sistema de detección de fugas y a la división en sectores de los 463 kilómetros de tuberías que tiene la ciudad.

Estas dos actuaciones forman parte de las mejoras que el Ayuntamiento de Albacete se ha decidido hacer en la red de abastecimiento de la ciudad, destinando 1,8 millones de euros del segundo Fondo Estatal de Inversión Local, a estos proyectos. «Pocas ciudades están tan implicadas en la gestión del agua como para destinar fondos públicos a mejoras tecnológicas que convertirán a Albacete en un referente nacional», llegó a decir ayer Asunción Martínez, directora general de Aguas de Barcelona (Agbar), socio privado del Ayuntamiento en la empresa Aguas de Albacete, que compareció junto a la alcaldesa, Carmen Oliver, para detallar estas inversiones.

El sistema de búsqueda de fugas supondrá «casi triplicar» el número de localizadores; pues a los 100 aparatos móviles (que se van colocando en distintos puntos de la red tratando de captar pérdidas de agua) con los que se trabaja actualmente, se sumarán otros 185 que se colocarán en puntos fijos, de tal manera que cuando detecten una posible pérdida enviarán un SMS a una central de telemando desde donde se averiguará si se trata de una fuga para repararla de inmediato.

Además, los kilómetros de tuberías se dividirán en 13 sectores hidráulicos, con 38 puntos de control, que permitirán conocer al instante el caudal, la presión y el nivel de cloro del agua, «esto es algo básico en una gestión del siglo XXI y nos permitirá reducir las pérdidas, detectando dónde se producen más fugas», explicó el gerente de Aguas de Albacete, Manuel Pérez.

Éste detalló que actualmente la empresa no factura entre 3 y 4 hectómetros cúbicos de agua de los que se consumen en la ciudad, y estimó que con las mejoras introducidas en los próximos «dos o tres años» se conseguirá evitar la pérdida de 1 hectómetro cúbico, es decir, de 1.000 millones de litros de agua.

En la válvula Monóvar, «el corazón» del abastecimiento de la ciudad, desde donde se rebaja la presión del agua que entra a la red de abastecimiento a la ciudad, también se ha invertido algo de dinero para garantizar su funcionamiento aunque haya un corte en el suministro de luz.

Otra de las mejoras ha sido la colocación de 23 sensores en los colectores de aguas residuales o fecales, que avisarán del nivel de ocupación, para evitar que se desborden.