Preside desde 2004 el organismo que administra y controla los ríos y embalses en la mayor parte del territorio valenciano y defiende que hay suficientes recursos para cubrir la demanda si se usan «con prudencia»

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) celebra su 75º aniversario con la sequía superada y reservas en los embalses que doblan la media de los últimos 10 años. Pero también con asignaturas importantes pendientes, como el nuevo plan para gestionar los recursos de la cuenca del Júcar, que ahora abarca casi todo el territorio valenciano. Juan José Moragues (Gandia, 1954), que preside el organismo, cree que el enfrentamiento político entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha por el río se resolverá porque «les interesa a los dos».

«El trasvase del Ebro solo está en el imaginario del PP de Valencia y Murcia»

«La prioridad máxima es estar preparados para la próxima sequía»

«Nuestra comunidad es líder mundial en impedir avanzar»

«Del Vinalopó aprendí que el agua más cara es la que no se tiene»

Pregunta. Con reservas suficientes en los embalses, ¿cuáles son ahora las prioridades?

Respuesta. El tener los embalses llenos lo que produce es mucha responsabilidad. Es mucho más difícil gestionar la abundancia que la sequía. Parece una incongruencia, pero es así. La prioridad máxima es estar bien preparados para la próxima sequía, porque vendrá. Hay que mantener la disciplina del uso y lo que se aprendió. Y luego, al no tener esa presión en el día a día, hay aspectos fundamentales como intentar que toda la información de la cuenca que sirva para la revisión del plan del Júcar sea lo más científica, técnica y ajustada a la realidad posible.

P. En el libro publicado para el aniversario de la CHJ afirma que el horizonte «está plagado de nuevos retos». ¿Cuáles destacaría?

R. El mayor reto es que los usuarios tengan el convencimiento de que la CHJ es un organismo de gestión que les ayuda a resolver sus problemas. La Administración ni quiere quitarle el agua a nadie ni usar el precio como un elemento de recaudación. Ni regalársela a unos y quitársela a otros.

P. La historia de la CHJ lo que refleja es el pulso de los usuarios del Júcar por controlar el río, y ahora son las comunidades las que se pelean por el agua. Parece que no se ha avanzado mucho.

R. La Ley de Aguas es muy difícil de encajar con el Estado de las autonomías. ¿Cómo se casa que las comunidades tengan las competencias en la ordenación de su territorio y que para su desarrollo necesiten asignar recursos hídricos, cuando la estructura de la gestión hidráulica está basada en la concesión para un uso a un señor que la utiliza? Yo no lo sé.

P. ¿Podría ser una solución el ente gestor del agua nacional que propone el PSOE?

R. Ese ente gestor lo que puede hacer es complementar la acción del ministerio y coordinar actuaciones y políticas de agua. El tema del uso de agua en las comunidades autónomas en función de las concesiones escapa a eso.

P. En el caso del Júcar las posturas de la Generalitat y la Junta de Castilla-La Mancha parecen irreconciliables. ¿Cómo se va a desatascar el nuevo plan para gestionar los recursos?

R. Lo que define en este momento el plan del Júcar es la ansiedad, porque la gente lo está esperando. Quieren saber cuánta agua se va a poder extraer en Castilla-La Mancha, y cuál será la asignación para los riegos tradicionales del Júcar. También hay ansiedad para darle caña al Gobierno de Zapatero, para que los de Castilla-La Mancha digan que aquí se desperdicia el agua, y para que en Valencia digan que allí sobreexplotan el Júcar… Pero las dos comunidades resolvieron sus diferencias por el paso de la autovía por las Hoces del Cabriel y el AVE. Y esto también lo tienen que resolver, les interesa a los dos. Aunque eso solo es posible si tienen confianza en la Administración, y no si unos piensan que ayudamos a los otros, y los otros piensan que ayudamos a los unos.

P. ¿Qué posibilidad augura al intento de la ministra Rosa Aguilar de llegar a un pacto del agua?

R. Cualquier responsable público en materia de agua tiene que intentarlo. Pero es difícil llegar a un pacto del agua sin tener antes clara la estructura económico-financiera del agua y llegar a acuerdos sobre modelos territoriales, porque los recursos no son infinitos. Hay que pasar unos escalones antes.

P. ¿La agricultura valenciana necesita tanta agua como dice el PP, que sigue exigiendo el trasvase del Ebro?

R. El trasvase del Ebro desapareció en 2004 del programa socialista y en 2008 desapareció del programa del PP, y eso la gente no lo dice. Solo está en el imaginario del PP de la Comunidad Valenciana y de Murcia. La demarcación del Júcar tiene suficiente agua para atender sus demandas agrícolas, industriales, turismo y abastecimiento utilizando con prudencia todos los recursos. ¿Cómo se puede pedir el trasvase del Ebro a Castellón bombeando toda el agua depurada al mar, no reutilizando ni una gota? Al final se entra en un maremagnum de cuestiones pseudopolíticas que impiden avanzar. Y esta comunidad en impedir avanzar es líder mundial. Esta es una de las comunidades en las que más se ha invertido en desalación. La primera desaladora la inauguró Francisco Camps en Xàbia y luego otra en Alicante. Hemos conseguido que los españoles estén haciendo desaladoras en Australia, Dubai, California, China o India, pero que no haya ninguna empresa valenciana. Alguien tendría que pensar en ello. Las desaladoras se las adjudican a empresas del resto de España. Nosotros no estamos ahí.

P. El consejero Juan Cotino pide que se reasigne el presupuesto de desalación a obras de ahorro y reutilización.

R. Pedir que se reasigne el dinero que tienen otros a lo que tú no has hecho, pues va muy en la línea de la Comunidad Valenciana: que nuestros problemas los arreglen otros. Esa es un poco la política de Cotino. Ya se ha olvidado de que gracias a las desaladoras de San Pedro del Pinatar no hubo restricciones de agua en Alicante en 2005, en el peor ciclo seco en 60 años. En cambio, sí las hubo en los gobiernos de Aznar.

P. El llamado Esquema de Temas Importantes (ETI), que pone la base para elaborar un nuevo plan del Júcar, avisa de que los regantes tendrán que reducir su consumo de agua. ¿Será necesario suprimir superficie cultivada?

R. Los regantes tendrán que ser más eficientes en el uso del agua. Y eso posiblemente implique una reducción del consumo de recursos. Pero ahora en los regadíos del Mijares, por ejemplo, se consume un 30% menos porque han terminado su modernización. Eso ha redundado en garantías, porque esa agua que no usan no se la bebe el Gobierno de Zapatero ni se tira al mar. Se queda en los embalses. Ni se van a tener que abandonar cultivos por falta de agua, ni se les va a reducir el agua que necesiten.

P. Pero el documento advierte de que casi la mitad de las masas de agua subterráneas tienen problemas de sobreexplotación o exceso de nitratos, hay que fijar caudales ecológicos, prever el aumento de la demanda… ¿De dónde saldrá tanta agua?

R. El equilibrio del Júcar es positivo. La estimación de demanda en el horizonte de 2015 es que se consumirá menos. Las inversiones en modernización en la agricultura han sido importantes y en abastecimiento solo hay que ver el ejemplo de Valencia y su área metropolitana, que en los últimos cinco años han disminuido el consumo un 20%. Por inversiones en nuevas redes, el reciclaje en fuentes… Y a eso se añaden las posibilidades de reutilización de aguas depuradas y de modernización pendientes. En las masas con mala calidad por exceso de extracciones, habrá que reducirlas. Pero la mayor parte no están en mal estado cuantitativo.

P. El trasvase Júcar-Vinalopó está a punto de entrar en servicio sin que haya acuerdo con los usuarios alicantinos, que insisten en potabilizar parte del agua. ¿Ve forma de cerrar ese conflicto?

R. Soy muy optimista. Creo que hay muchos regantes del Vinalopó que necesitan el agua. Y de ellos aprendí que el agua más cara es la que no se tiene. Otra cosa es el ambiente político que se ha creado. Pero les hace falta agua y el Júcar es una buena solución. ¿Que se resolverá en un mes o en un año? No lo sé, pero el trasvase resolverá los problemas, más allá de si es para regar y si se potabiliza o no. Lo que hay que tener claro es que el trasvase es de aguas sobrantes del Júcar, y sirve para garantizar la sostenibilidad en el Vinalopó.

La iniciativa, del Grupo Parlamentario Popular, ha sido transaccionada por el Grupo Socialista y Convergencia i Unió (CiU).

El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular (PP), José Ignacio Llorens, ha explicado en su intervención que es «un clamor» de las organizaciones agrarias que se refuercen las medidas que eviten los numerosos robos que afectan al campo.

La PNL transaccionada defiende extremar las labores de vigilancia y protección de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los competentes en cada Comunidad Autónoma, para proteger las instalaciones, útiles, maquinaria, aperos, combustibles, cosechas y almacenamientos de las fincas agrarias y ganaderas de zonas consideras «sensibles».

Aboga por la protección especial de las áreas donde se realicen determinadas producciones y aquéllas donde se produzcan «un número considerable» de robos y hurtos, o que, por su naturaleza, sean especialmente inseguros.

Según ha destacado Llorens, la Proposición no de Ley insta también a realizar un seguimiento de los productos robados.

La diputada de CiU María Concepció Tarruella ha apoyado la propuesta porque la inseguridad en el campo es un asunto «grave» para muchas zonas del Estado, incluidas zonas rurales de Cataluña.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Emilio Amuedo ha aceptado que se realice un esfuerzo desde el Gobierno, junto con las comunidades autónomas y corporaciones locales, para mejorar la seguridad, aunque ha recordado que el nuevo Código Penal ha endurecido las penas y que la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en el campo.

Por otra parte, en la Comisión también se ha aprobado hoy por 21 votos a favor y 16 abstenciones una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió relativa a la eliminación de excedentes del sector de la viña y el vino.

Tarruella ha defendido en su intervención que la vendimia «en verde» se incorpore a las medidas que recoge el Plan Nacional de Apoyo al sector vitivinícola -que desarrolla la Organización Común de Mercado (OCM) en España- para contribuir a reducir los excedentes en el sector de la viña y el vino.

El PP ha apoyado la moción, mientras que el diputado socialista Antón Ferré ha planteado que en esta decisión participen también las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, y ha advertido de las dificultades de control que plantea esta iniciativa, que se traduciría en ayudas a los productores por eliminar parte de la uva antes de que ésta haya madurado.

Rigor, austeridad y adaptados a la necesidades actuales. Así definió el diputado regional del PSOE, Antonio Salinas, los presupuestos que el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará al sector agrario en 2011.

Y en torno a estos principios, Salinas señaló que las cuentas para este sector recogen tres líneas de actuación, como son el hecho de que se verán afectadas las ayudas a los agricultores y ganaderos; que se mantiene la inversión para la modernización del sector; y que se reducirán los gastos de funcionamiento y las inversiones propias.

Por lo tanto, Antonio Salinas destacó que Castilla-La Mancha destinará un total de 1.516 millones de euros para el desarrollo de la agricultura y el medio ambiente de la región, una partida de la que realizado un especial hincapié en otro dato reseñable, y es que “casi 800 millones –el 50%- corresponden a ayudas para nuestros agricultores y ganaderos”.

Además, el diputado socialista recordó que otra de las prioridades pasa por la atención a las necesidades de modernización y mejora de la comercialización de las cooperativas e industrias agroalimentarias, que se llevan casi 160 millones de euros. Algo más, aproximadamente 200 millones, irán destinados a la ordenación y conservación del medio rural, sin olvidar el notable incremento de las partidas de apoyo al sector ganadero, con casi 90 millones, o los 100 millones para la mejora de las estructuras productivas.

Por ello, Salinas manifestó que, “no hay duda de que las políticas desarrolladas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para el sector agrario se han mostrado eficaces”, ya que hoy existe un sector más moderno y competitivo. Una tesis que el responsable del PSOE ha argumentado al indicar que “producimos más cantidad y con más calidad, nuestros productos son cada vez más conocidos, exportamos más, tenemos un medio nacional mejor conservado y hemos incrementado en más de 18,5 millones de árboles la superficie forestal de la región”.

Pese a todo, el parlamentario regional subrayó que quedan retos importantes que afrontar. Básicamente, continuando con la modernización y el rejuvenecimiento de las explotaciones agrarias, diversificando la economía en el medio rural a través de programas de desarrollo rural, promoviendo nuevas alternativas económicas como las que permite la nueva Ley de Cooperativas, avanzar en la eficiencia del agua para el regadío o continuando con la mejora de la industrialización y comercialización de los productos agrarios.

Por el contrario, Salinas se refirió a las enmiendas presentadas por el Partido Popular a estos presupuestos, enmiendas que ha tildado, con carácter general, de “falta de rigor, sin ninguna novedad, son de corta y pega y la demostración del poco trabajo, dedicación y compromiso con el sector agrario regional”.

El Partido Popular llevará al próximo Pleno de la Diputación «la desesperación de los agricultores de la provincia por la creciente oleada de robos, especialmente en las fincas de regadío, donde pivots, motores, material de cobre y cableado eléctrico están siendo arrasados por bandas organizadas de delincuencia».

El portavoz del PP en la Diputación, Antonio Serrano, reconoce el esfuerzo de las fuerzas de seguridad, «pero llegados a este punto, en el que los agricultores tienen que afrontar su propia seguridad tanto personal como de su patrimonio, parece obvio que hay que tomar medidas de calado político».

Puntilla

«Estas medidas tratan de frenar una situación que está siendo la puntilla para las fincas agrícolas y ganaderas de Albacete, uno de los sectores más castigados los bajos precios del cereal, y la subida de los costes de producción», aseguró.

El diputado ha visitado a agricultores de la Carretera de Murcia, donde ha comprobado los daños ocasionados por los robos en las fincas agrícolas.

«Se llevan todo lo que encuentran a su paso, aperos de labranza, enseres, maquinaria, gasoil, piezas de cobre, cableado, motores de riego… con lo que a las pérdidas por el material robado se suman los daños que provocan, y el tiempo que los cultivos se encuentran desatendidos».

Los agricultores aseguran que los robos y hurtos han sido frecuentes en los dos últimos años, pero que en los últimos tres meses la situación es insostenible.

Del mismo modo indicó que la norma recoge que en demarcaciones hidrográficas en las que coexisten más de una cuenca hidrográfica (caso del Júcar y Segura) es necesario que se delimiten correctamente las cuencas hidrográficas que conforman la demarcación. Y en tales casos, los balances de recursos y demandas se han de hacer no por sistemas de explotación, sino por cuenca hidrográfica.

Respecto a las infraestructuras de abastecimiento, cuya gestión asumirá el Gobierno autonómico, explicó que a la entrada en vigor de esta Ley se iniciará el proceso de traspaso a Castilla-La Mancha de la titularidad de todas las infraestructuras hidráulicas que está ejecutando el Estado, cuya gestión nos corresponda.

El presidente también explicó que dicha norma hace alusión a la lámina estable de agua en los embalses de cabecera, así como a la dotación suficiente para garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos.

La Ley del Agua de Castilla-La Mancha también hace alusión a los llamados «pozos de sequía» (Segura) y para evitar el abuso injustificado de los mismos se establece que la ejecución y explotación de este tipo de sondeos por parte de Confederaciones Hidrográficas, incluso en situaciones excepcionales, requerirá informe preceptivo de Castilla-La Mancha.

Entre otras cuestiones Barreda se refirió a la prioridad para el abastecimiento del río Júcar en Albacete. Se aprobarán, en el ámbito del Júcar, las normas de explotación que garanticen que el abastecimiento es, en todo caso, el uso prioritario, sin que se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier otro uso de menor prioridad.

Tras la explicación del contenido de esta norma, José María Barreda agradeció a todos los miembros de la Mesa del Agua, organizaciones agrarias, Cámara de Comercio, Universidad de Castilla-La Mancha, sindicatos, empresarios, la importancia de estar unidos en esta reivindicación y seguir haciendo pedagogía política para que la población tome conciencia de que se trata de un recurso importante para el crecimiento y desarrollo y que «tenemos nuestros derechos y los exigimos».

Barreda señaló que la nueva Ley del Agua de Castilla-La Mancha deberá ser apoyada por todas las fuerzas políticas, ya que aborda una cuestión que «debe estar por encima de los intereses electorales».

Apoyo de la Mesa

Los integrantes de la Mesa del Agua mostraron su apoyo al borrador de la Ley del Agua y coincidieron en la necesidad de que la región tenga garantizada el agua que necesita para su desarrollo.

El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, defendió la oportunidad de que la futura ley sea aprobada en las Cortes generales, al igual que se aprobaron en su momento normas como las del «concierto vasco» o la de la deuda histórica de Andalucía. Fresneda expresó el apoyo de Asaja al borrador de la Ley del Agua «porque la necesita» el medio rural de la región y aseguró que «no es justo que tengamos poco que decir en las confederaciones hidrográficas». En similares términos se expresó la secretaria de UPA de Toledo, Elena Escobar, que aludió a la «situación histórica injusta» que ha tenido la región en materia de agua, para justificar su apoyo al borrador.

COAG-IR destacó en un comunicado que la Ley de Agua es una «manifestación clara de las aspiraciones de los castellano-manchegos en materia hídrica» y un «mensaje claro al Gobierno» de que sus derechos en relación con el agua, con el desarrollo y con el medio ambiente, «no están por debajo de los de otras regiones».

También manifestó su apoyo el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, para quien la aprobación de la ley es «un paso imprescindible» para el desarrollo de la comunidad autónoma. El director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), José María Tarjuelo, dijo que para que la ley se desarrolle es preciso «ganarnos la complicidad de toda la sociedad».

CCOO de Castilla-La Mancha ha considerado que el anteproyecto de Ley de Agua propuesta por el Gobierno de la región es «una apuesta atrevida», y ha expresado su «disposición y su compromiso» para que se puedan conseguir los objetivos que se proponen, algo para lo que reclama debate social y consenso político.

   En nota de prensa el sindicato, ha asegurado que este anteproyecto es una iniciativa «importante y novedosa que debe tener cómo orientación la consecución de un adecuado desarrollo regional sostenible. Una alternativa posible y razonada para evitar usos irracionales, insostenibles y para ordenar la regulación y gestión del agua teniendo en cuenta los intereses de la Comunidad Autónoma».

   «Es una aportación e interesante para la ordenación jurídica en materia de la gestión del agua en el estado de las Autonomías», que generará y alentará un debate social y político en torno a las políticas del agua y los niveles competenciales sobre derechos y gestión de los recursos hídricos, han asegurado desde este sindicato.

   El sindicato estima que la oportunidad de insistir en las necesidades hídricas de la región, desde el «consenso y la razonabilidad, es una buena fórmula para que concite  el mayor concurso social y político y un apoyo masivo de la ciudadanía».

Ningún fleco ha quedado fuera del borrador de la Ley del Agua que ha elaborado el Gobierno regional y que ayer presentó en sociedad. Barreda dio a conocer un texto que va de lo general a lo concreto. En la parte general, la Ley pide una reserva estratégica para Castilla-La Mancha de 4.000 hectómetros cúbicos. En la parte concreta, reivindica un caudal ecológico para el río Tajo y una lámina estable en los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía. Tanto de la parte general como de la concreta, en esta Ley hay un damnificado y se llama trasvase Tajo-Segura.
«Las normas de explotación del trasvase no se han seguido hasta ahora», clamó ayer Barreda, «la estrategia que se ha seguido es trasvasar el agua desde Entrepeñas y Buendía se necesitara o no en ese momento para que el agua estuviera en los pantanos del Segura y esa práctica se tiene que acabar».
La Ley del Agua tiene un artículo 9 con más de seis puntos dedicados al acueducto. Uno de ellos obliga a modificar la actual normativa para subir la raya en los pantanos de cabecera por debajo de la cual no se puede trasvasar. En la actualidad ese mínimo está en 240 hectómetros cúbicos.
Barreda también hizo hincapié en que la Ley permite a la Junta recibir competencias en obras hidráulicas que ahora tiene el Gobierno nacional: «Queremos asumir también en algunos casos la ejecución de las mismas, porque consideramos que estamos más interesados que el Estado y que vamos a ser más rápidos y diligentes».
La normativa también pretende poner «coto» a la apertura de pozos de sequía en la zona manchega de la cuenca del Segura. Además se establece el uso prioritario del abastecimiento del Júcar para la ciudad de Albacete.

«Es nuestro concierto vasco y nuestra deuda histórica»
La Universidad, la Federación de Municipios, los sindicatos, cámaras de comercio, patronal, cooperativas y organizaciones agrarias que dieron su respaldo al fallido Estatuto, ahora están mostrando su apoyo a la nueva Ley del Agua que recoge su testigo.
«Hay tantos motivos para que nosotros necesitemos una Ley del Agua como la que tuvieron los vascos con el concierto vasco o los andaluces con la Ley de Deuda Histórica», explicó Fresneda de Asaja. Elena Escobar, de la organización agraria UPA confía en acabar así con una «injusticia».
El secretario general de UGT, Carlos Pedrosa, denunció que «son falsos aquellos que hablan de defender la agricultura y luego dan la espalda a la defensa del agua». Para CCOO es una apuesta «atrevida». Por su parte, la Universidad se comprometió a seguir ayudando con sus informes.

Las asociaciones Ecologistas en Acción y Sociedad Albacetense de Ornitología han dado a conocer su postura favorable a la conservación y protección, como zonas húmedas, de las áreas anegadas por los ríos Lezuza y Jardín.

A raíz de las quejas de agricultores cuyas tierras se ven afectadas por estas inundaciones temporales -son zonas que se cultivan la mayor parte del tiempo, cuando el agua se pierde antes de llegar hasta ellas-, indican los ecologistas que «el río vuelve en gran parte a ocupar las zonas de influencia y de dominio público hidráulico que de una u otra manera se le habían arrebatado durante décadas».

«Añaden que «estos ríos endorreicos, que no tiene salida y que en gran medida están reconducidos artificialmente, formaban un gran complejo lagunar, en la actualidad desaparecido», y que verían como positivo «emprender acciones que lleven a la recuperación», aunque lo ven difícil a causa de la sobreexplotación del acuífero.

Estas dos organizaciones albacetenses creen que la solución es fácil: «no entendemos la polémica creada ya que sería relativamente fácil solucionarlo, comprando o expropiando los terrenos encharcados, en el caso del río Lezuza, y que no supondrían un coste elevado para la administración».

Explican que «el mantenimiento de estas lagunas serviría para ir infiltrando el agua lentamente al acuífero además de servir de zona de laminación en régimen de fuertes avenidas y de crear un importantísimo ecosistema, del que podemos dar testimonio ya que este año han anidado un sinfín de aves, entre ellas más de 40 ejemplares de canasteras y otras aves acuáticas».

Defienden igualmente «el mantenimiento de la vegetación, tanto palustre como de ribera, a lo largo de todo el cauce supondría una laminación natural y el incremento de una paulatina infiltración hacia el acuífero».

Vertido

Rechazan el vertido que, afirman, «ya se está haciendo con parte del agua, a las llamadas ‘simas’, que no son otra cosa que puntos de conexión entre los sistemas lagunares antiguos y el acuífero, que por su puesto se encontraba muy somero, cosa que no sucede en la actualidad por la sobreexplotación del mismo, y que son similares a los conocidos Ojos del Guadiana».

También rechazan «la perforación de pozos en los márgenes del río y otras medidas tendentes a hacer desaparecer las láminas de agua, como si el objetivo final fuese verter cuanto antes las mismas al acuífero renunciando a los ecosistemas que las aguas superficiales crean y que a la vez mantienen paisajes de vida».

Piden que se trabaje para esa recuperación, señalan que «las 12 hectáreas en cuestión son algo insignificante frente a los miles de hectáreas destruidas en urbanizaciones ilegales, infraestructuras y zonas de influencia, etc., que curiosamente nadie denuncia y lo da por bueno».

COAG-IR de Castilla-La Mancha contempla la Ley de Agua como «la manifestación clara de las aspiraciones de los castellano-manchegos en materia hídrica», pues considera que, al margen de su efectividad real, es un mensaje claro de la sociedad castellano-manchega al Gobierno de la nación de que «los derechos de los ciudadanos de esta región en relación con el agua, con el desarrollo y con el medioambiente, no están por debajo de los de otras regiones».

En nota de prensa esta organización agraria ha defendido que «es legítimo que Castilla-La Mancha quiera intervenir y participar en los órganos donde se toman las decisiones que le afectan sobre la gestión de los recursos de sus cuencas», por lo que considera que esta participación se debe regular «mediante leyes y no en los pasillos».

Respecto al trasvase, desde COAG-IR creen «oportuno» que Castilla-La Mancha reclame a través de una ley los derechos de los ciudadanos de esta región que están en la cuenca cedente y de todas las cuencas en las que los castellano-manchegos tienen intereses.

Por ello, han apuntado que «si la aplicación de la Directiva de Agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos del Tajo y las necesidades de las poblaciones de cabecera y de la propia cuenca dicen que no se pueden hacer trasvases, no hay trasvases para nadie y punto».

Desde esta organización agraria han defendido que mientras el trasvase subsista y mientras el Gobierno «siga decidiendo que en la cabecera del Tajo hay recursos trasvasables, los castellano-manchegos estamos tan legitimados, incluso más que los ciudadanos de otras regiones, para reclamar el uso de esos recursos para cubrir nuestros propios déficits».

Por otro lado, la organización agraria ha pedido también en la Mesa del Agua que se cumpla el Plan Especial del Alto Guadiana, especialmente en cuanto a los presupuestos necesarios se refiere para materializar los programas de adquisición de derechos y de reforestación, y que se finalice con «prontitud» el proceso de regularización de extracciones, tanto para las explotaciones de cultivos leñosos, como para los agricultores profesionales y explotaciones prioritarias.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, aseguró, que al igual que la frustrada reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha recogía una reserva estratégica de agua para la región, la futura Ley del Agua de Castilla-La Mancha también la contemplará esta reserva.

«No vamos a bajar ni un peldaño de lo que recogía el Estatuto. Dado que el Estatuto lo contenía, la previsión es que la Ley del Agua de Castilla-La Mancha lo contenga. Lo que no queremos es que esta norma suponga ni una mínima rebaja de las peticiones que considerábamos justas en materia de agua para la región», avanzó Sánchez Pingarrón.

De este modo se ha pronunciado el consejero, a preguntas de los medios, tras firmar 22 convenios en materia urbanística con otros tantos ayuntamientos de la región, sobre la reunión de la Mesa del Agua que tendrá lugar hoy jueves, en la que se analizará el borrador de la nueva Ley de Agua regional que irá a las Cortes para posteriormente ser enviada al Congreso de los Diputados.

Cabe recordar que será el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien presida la reunión de la Mesa del Agua en la que se va a presentar el borrador de la Ley de Agua que recoge las pretensiones de la región en materia hídrica.

El Trasvase, sí

Por cierto, que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) acusó ayer de «irresponsable» a la portavoz del Gobierno de Murcia, María Pedro Reverte, por decir que «es de locos» e «increíble» que el organismo de cuenca se plantee un nuevo plan hidrológico de ésta sin tener en cuenta el trasvase Tajo-Segura.

En un comunicado, la CHS señala que «la inclusión de un escenario de ausencia del acueducto durante el proceso de planificación hidrológica» que está realizando «responde únicamente al importante objetivo de estudiar las consecuencias que dicha falta de recursos provocaría en la cuenca».