El municipio almanseño se ha visto de nuevo afectado por otro delito de robo de cable de cobre. Los hechos se produjeron en la madrugada del jueves al viernes en la sede de la Comunidad de Regantes El Hondo, que se encuentra en la zona del Hondo, junto al casco urbano de la localidad.

Los delincuentes destrozaron las instalaciones de la comunidad de regantes, ya que cortaron los cables y dañaron en gran medida los transformadores de suministro eléctrico y el resto de los equipos, así como el material de oficina y ordenadores y material informático, ya que el riego en la zona está totalmente informatizado.

Destrozos

Los ladrones cortaron el suministro eléctrico y arrancaron los transformadores, desmontándolos posteriormente para sustraer el cable de cobre. «Ha sido un destrozo total, se han llevado mucho, pero han destrozado cincuenta veces más, han hecho mucho daño», comentó el presidente de la Comunidad de Regantes El Hondo, Juan Blázquez.

La comunidad cuenta con un seguro; sin embargo, los miembros de la comunidad se encuentran muy preocupados ya que la instalación eléctrica no funciona, y por tanto, no es posible llevar a cabo las labores de riego en las plantaciones de la zona del Hondo, y en la que actualmente, se está cultivando zanahorias, brócoli, alcachofas, y otros productos.

Los técnicos tardarán unas dos semanas en proceder al arreglo de los desperfectos. Los delincuentes robaron cable de cobre de los transformadores y las mangueras de cobre, y dejaron los cables de aluminio.

Investigación

A primera hora de la mañana, se desplazaron al lugar la Policía Judicial y Guardia Civil, que investigan lo sucedido. Uno de los aspectos que llama la atención de los expertos se refiere a que la sustracción del cable de cobre se ha desarrollado con sumo cuidado y con gran conocimiento y profesionalidad del manejo de este tipo de cables, ya que puede resultar muy peligroso debido al alto voltaje del tendido (25.000 voltios).

La cuantía económica a la que puede ascender el robo no se ha detallado hasta el momento, aunque los regantes temen que los daños puedan superar los ciento veinte mil euros. Es la primera vez que la comunidad, formada por 54 comuneros, sufre este tipo de robos.

Por otra parte, al parecer durante la misma madrugada se produjo también un robo de tendido de cobre en las instalaciones eléctricas de las compuertas del pantano de Almansa.

Marta Moren ha explicado los retos a los que se enfrenta España en relación con el cambio climático y cómo este factor es un elemento fundamental a tener en cuenta de cara a la gestión y planificación hidrológica.

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Marta Moren, ha participado en Bruselas, en la EUREAU Conference: «Climate Change and Water: a common challenge», conferencia donde expertos en materia de agua de los países miembros de la UE han tratado sobre cambio climático y agua.

Durante su intervención, Marta Moren ha explicado los retos a los que se enfrenta España en relación con el cambio climático y cómo este factor se ha convertido en un elemento fundamental a tener en cuenta de cara a la gestión y planificación hidrológica. España, ha añadido, es un país mediterráneo donde el régimen de precipitaciones es muy variado, por lo que presenta un balance hídrico delicado, situación se verá agravada por el cambio climático.

En ese sentido, ha afirmado que los efectos más destacados que tendrá el cambio climático en España son el incremento de las temperaturas y la evapotranspiración; la disminución de la disponibilidad de recursos hídricos; el aumento de la frecuencia y severidad de los periodos de sequía, y el incremento de los episodios de inundaciones.

La Directora General del Agua ha señalado que las políticas de reutilización, desalinización, ahorro de agua y energía se perfilan como herramientas esenciales para promover el uso sostenible del agua e intentar mitigar los efectos del cambio climático.

Por último, Marta Moren ha destacado que España, a través de Ministerio de Medido Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), cuenta con instrumentos para reducir los impactos del cambio climático como son, entre otros, medidas de regulación; la activación de protocolos y de los Planes Especiales durante los periodos de sequía; el desarrollo de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, e investigaciones para reducir la incertidumbre de sus impactos.

El Consejo de Gobierno de la presente semana ha aprobado, a instancias de las consejería de Agricultura y Medio Ambiente, una serie de líneas de ayudas que por un valor superior a los 36 millones de euros, irán destinados a los regadíos, a los jóvenes agricultores, y a la modernización de este tipo de explotaciones, «a fin de impulsar del desarrollo rural y la conservación del medio ambiente en la región».

   Así lo ha adelantado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, que ha explicado que la primera línea de ayudas, la relativa a la actualización de los regadíos, supone una inversión de 14 millones de euros, para que los propietarios de las explotaciones puedan hacer un mejor uso de los recursos hídricos.

   Se establecen diferentes tipos de subvenciones, en función de si van dirigidas a estructuras comunes en el seno de entidades asociativas de riego, o para regadíos en explotaciones agrarias, ayudas que van a permitir la mejora de captación de agua; de las extracciones y equipos de bombeos; la mejora en las redes de agua para almacenar recursos; así como la aplicación de energías renovables en los sistemas de bombeo.

   Así, Rodríguez ha explicado que las dirigidas a los grupos de regantes, la cuantía de las ayudas rondará hasta un 50 por ciento de la inversión, con una ayuda máxima de un millón de euros, mientras que la dirigidas a las explotaciones agrarias particulares serán subvencionadas en un 40 por ciento, siendo también un millón de euros la cuantía máxima.

   Estas ayudas son importantes, ha dicho la portavoz, no solo por los 200 beneficiarios que tendrán, si no porque van a contribuir a hacer un uso sostenible del agua, en una región en la que estos recursos escasean, al tiempo que ha destacado que en Castilla-La Mancha el 95,8 de los sistemas de riego que usan los agricultores son «altamente eficientes», siendo la comunidad autónoma que hace un uso más eficiente de sus regadíos, al ahorrar cerca de 200 hectómetros cúbicos de agua.

   Otro de las ayudas aprobadas en este Consejo de Gobierno tiene como destinatario a los jóvenes agricultores, para conseguir un relevo generacional, y crear empleo en las zonas rurales. Para ello se ha aprobado un montante de 12 millones de euros, dirigidas a personas de entre 18 y 40 años.

   Con este dinero se subvencionará el pago de la primera anualidad del arrendamiento de tierra; los gastos notariales y registrales, o los costes de los avales de la primera instalación, pudiendo alcanzar por tanto los 40.000 euros, ha dicho Rodríguez, que ha añadido que hasta 300 personas se podrán acoger a estas ayudas.

   La portavoz ha continuado explicando la tercera línea de ayudas, cuyo valor asciende a 10 millones de euros, y dirigida a mejorar las instalaciones y explotaciones agrarias, a fin de ser «más competitivos».

   Serán beneficiarios de estas subvenciones los propietarios de estas explotaciones, ya sean personas físicas o jurídicas, que podrán recibir hasta 100.00 euros, ha indicado Rodríguez, al tiempo que ha señalado que serán cerca de 700 las personas que podrán recibir estas inversiones.

   De otro lado, y también a instancias de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno ha aprobado otras dos líneas de ayudas, dirigidas a los ayuntamientos, y denominada «Fondo Verde», desde que se pusieron en marcha en 2005 .

   Destinadas a los consistorios incluidos en los espacios protegidos de la región, y zonas periféricas, estas ayudas financiaran actuaciones que sirvan para conservar el entorno natural, y para contribuir al desarrollo social y económico de estas zonas, ha indicado.

INVERSIÓN SOCIAL

   Así las cosas, el Consejo de Gobierno de este miércoles ha aprobado también, una inversión de 19,8 millones de euros en el ámbito del bienestar social, «que refleja que para los próximos años no hay recortes en las prestaciones sociales, sino que se consolidan y se garantizan», ha resaltado Rodríguez.

   Se trata de la convocatoria de subvenciones para la participación en programas de integración social del sistema de servicios sociales de Castilla-La Mancha, dirigidos a luchar contra la exclusión social en la región, y que realizan ayuntamientos, mancomunidades, entidades sin animo de lucro, o entidades privadas con iniciativa social.

   Según Rodríguez, gracias a la convocatoria de 2010 se han sufragado un total de 313 programas, de los 90 han sido llevados a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, y 223 por ayuntamientos, que tienen como resultado que Castilla-La Mancha «sea la comunidad  que más cohesión social ha alcanzado en los últimos, años según los informes de Cáritas», ha concluido.

La cantidad se repartirá en tres líneas de ayudas como son la mejora de los sistemas de regadío, la instalación de jóvenes agricultores y la modernización de las explotaciones

Rodríguez fijó los acuerdos en Agricultura y Medio Ambiente.

«Son acuerdos que vienen a dar un impulso al desarrollo rural» decía la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cuando explicó la partida de 36 millones de euros de ayudas al campo para la mejora de las explotaciones agrarias, los sistemas de regadío o la instalación de jóvenes agricultores.
Son algunos de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno celebrado ayer y que vienen a consolidar la apuesta por el mundo rural del Gobierno de Castilla-La Mancha y su adaptación a los nuevos tiempos.
Para ello, uno de los aspectos indispensables es la mejora de los sistemas de regadío para hacer del agua, uno de los recursos mejor aprovechados. Por eso la Junta de Comunidades ha dedicado 14 millones de euros en infraestructuras o mejoras en los equipos de bombeo. De este modo se financiará hasta un 50 por ciento de la inversión con un coste máximo de un millón de euros.
El público objetivo serán 200 agricultores y regantes para que Castilla-La Mancha pueda mantener su ‘estatus’ de aprovechamiento ya que «el 95,8 por ciento de los sistemas de riego de la Región son altamente eficientes», informó Rodríguez.
La segunda linea de ayudas por volumen de inversión va destinada a la instalación de jóvenes agricultores, una partida de 12 millones de euros que sirvan como foco de empleo en las zonas más rurales y actúen de «relevo generacional» en el campo.
Ayudas destinadas a personas de entre 18 y 40 años que podrán destinar al pago del contrato de arrendamiento de tierras, o el pago de los avales y préstamos de la primera instalación. Cerca de 300 beneficiarios se podrán acoger a estas ayudas que no superarán los 40.000 euros. Ayudas que han demostrado su utilidad ya que, en lo que va de legislatura, se han incorporado más de 1.000 nuevos agricultores gracias a los más de 52 millones de euros invertidos.
El tercer bloque de subvenciones afecta a las instalaciones y explotaciones agrarias. 10 millones de euros para la modernización de estos ámbitos de los que se podrán beneficiar hasta 700 agricultores, según estimación del Gobierno.
«Se trata de ser más competitivos en nuestras explotaciones agrarias», explicó Rodríguez, por medio de la mejora de la productividad, la diversificación de las explotaciones o la reducción de los costes. Acciones todas con las que el agricultor se podrá acoger a estas ayudas con hasta el 50 por ciento de la inversión máxima que será de 100.000 euros por unidad de trabajo.
Con todo ello se quiere dar un cambio al mundo rural y convertirlo en «verdadero motor de desarrollo que permita fijar población y que permita vivir dignamente a aquellos que deciden trabajar la tierra», expresó la portavoz.

y también Medio ambiente
En este caso son dos lineas de ayuda que responden a la continuación de los denominados Fondos Verdes. Por un lado paquetes destinados no tanto a las personas como a las instituciones y ayuntamientos que están incluidos en los espacios protegidos de Castilla-La Mancha, y en su compromiso con la mejora de los espacios naturales y su entorno.
Por otro lado a la mejora de los rendimientos económicos de zonas que tengan aprobados un Plan de Ordenación de los Recursos naturales que, en este caso, incluyen novedades como las zonas del Valle de Alcudia y Sierra Madrona y la Sierra Norte de Guadalajara, que tiene aprobado recientemente su Plan y que pasará a proyecto de ley en los próximos meses.
Distintas cantidades que se destinarán a acciones como programas de formación, instalación de emplazamientos turísticos o adecuación de construcciones al entorno paisajístico.  

El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública la sentencia, cuyo fallo adelantó el pasado 1 de octubre, en la que se rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Región de Murcia contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, volviendo a avalar de este modo la gestión del Ebro por parte de la Generalitat, regulada en el artículo 117 de la norma.

La resolución se remite a lo señalado ya al respecto en la sentencia sobre el recurso que interpuso el PP contra el Estatut y únicamente profundiza respecto de la impugnación por la Comunidad murciana del artículo 117.1 c) de la norma catalana, que se refiere a las medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el suministro de agua respecto de cuencas hidrográficas intracomunitarias.

Este aspecto no fue recurrido por el PP, por lo que ésta es la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional se pronuncia al respecto. Así, señala que no existe la vulneración de la autonomía local denunciada por el Gobierno murciano y tilda la propia impugnación de «meramente preventiva y, por tanto, injustificada».

A juicio del Tribunal Constitucional «nada permite concluir» que esta competencia autonómica sobre la garantía del suministro en caso de necesidad «suponga una invasión o desconocimiento de las legítimas competencias que eventualmente corresponda ejercer a las Entidades locales en materia cuando resulten directa y claramente afectados sus propios intereses».

VOTOS PARTICULARES.

La decisión ha contado con los votos particulares de los magistrados –considerados del sector conservador– Vicente Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata-, si bien éste último es el único que argumenta su decisión. El resto se remite a lo señalado en sus respectivos votos respecto de la sentencia sobre el recurso del PP.

Para Rodríguez-Zapata, sin embargo, la argumentación de la mayoría sobre el asunto del suministro en caso de necesidad es «impreciso», y la sentencia debería haber ahondado más en el asunto. Considera no obstante que la impugnación de la comunidad murciana ha sido correctamente rechazada por la falta de valor normativo del propio precepto, regulado en el artículo 117.1 c) del Estatut.

En su voto particular, Rodríguez-Zapata se queja de que esta resolución se remita casi en su integridad a lo dicho sobre la gestión del agua en la sentencia por el recurso del PP, ya que dichas remisiones «en blanco» -sin resumir o extractar doctrina- a una sentencia tan compleja ni incrementa la seguridad jurídica ni ayudan a esclarecer las dudas».

«COMPETENCIA EXCLUSIVA»

Entre otras cosas, el artículo del Estatut recurrido por Murcia, el 117, establece que, en materia de agua, corresponde a la Generalitat la «competencia exclusiva» para su gestión y las obras e instrumentos específicos que tengan que ponerse en marcha.

También dice que la Generalitat debe participar en la planificación y en los órganos de gestión estatales de los recursos hídricos sobre cuencas hidrográficas intercomunitarias y estipula que el Gobierno catalán tiene que emitir un «informe preceptivo» para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial.

En la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la que evaluaba el recurso presentado por el PP, los magistrados ya se pronunciaron sobre el artículo 117, que consideraron plenamente constitucional.

En el fundamento jurídico que razonaba la constitucionalidad de este artículo, los magistrados explicaban que la atribución por el Estatuto de competencias exclusivas sobre una materia «no puede afectar a las competencias sobre materias o submaterias reservadas al Estado.

En concreto, respecto a la competencia autonómica sobre cuencas hidrográficas intracomunitarias precisaban que «ha de cohonestarse con el legítimo ejercicio por parte del Estado de los títulos competenciales que puedan concurrir o proyectarse sobre dicha materia».

Por lo que refiere a la participación de la Generalitat en los órganos de gestión estatales –artículo 117.3, cuestionado por el PP y por el Gobierno de Murcia–, explicó el Constitucional que corresponde al legislador estatal «determinar con entera libertad la participación expresada, su concreto alcance y su específico modo de articulación, que no podrá tener lugar en órganos de carácter decisorio».

Igualmente, en relación con el informe preceptivo que la Generalitat emitirá sobre las propuestas de trasvase de cuencas –artículo 117.4–, la sentencia sobre el recurso del PP estimaba su constitucionalidad dado que se trata de un informe que «aunque preceptivo» no es «vinculante», por lo que «se compadece con el principio de cooperación que ha de presidir las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma».

Una vez conocida esta sentencia, queda pendiente el resultado de los recursos presentados por el Gobierno de La Rioja y el Defensor del Pueblo. El pasado 9 de septiembre el alto tribunal ya resolvió los planteados por Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana, igualmente desestimando sus impugnaciones.

El Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a bombear agua del Júcar a la balsa de San Diego, embalse regulador de las aguas que lleguen desde el Azud de la Marques a Villena a través del trasvase Júcar-Vinalopó. La entrada de caudal en la balsa supone un paso más en el final de las infraestructura técnica pero la apertura del trasvase sigue rodeada de polémica. A día de hoy y según apuntaron ayer desde la Junta Central de Usuarios, el agua del Júcar continúa sin tener clientes ya que el Ministerio sólo ha logrado las adhesiones de un par de ayuntamientos, entre ellos el de Elche, que utilizarían el agua para baldear calles y el mantenimiento de los huertos de palmeras y los parques.
Los regantes y el resto de los ayuntamientos miembros de la Junta Central de Usuarios reiteran que no aceptarán el agua de Cullera si no se garantiza una calidad similar a la de Cortes de Pallás (proyecto original), toma que defiende el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y un precio de 18 euros el metro cúbico.
Dos condiciones que consideran innegociables los regantes, enfrentados de nuevo con el Ministerio de Medio Ambiente al haber comprobado como el Gobierno no incluía en sus presupuestos una partida económica para construir la potabilizadora anunciada por el secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu. Aunque las relaciones no se han roto, el escenario actual es similar al de finales de 2005. pero con el trasvase prácticamente finalizado desde el punto de vista de la infraestructura física: no hay acuerdo para recibir el agua.
La balsa o embalse de San Diego, ubicada entre los términos municipales de La Font de la Figuera (Valencia) y Villena es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó. En ella se pueden almacenar más de 20 hm3 de aguas procedentes del curso bajo del río Júcar, agua suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza hídrica, San Diego podrá llenarse hasta 4 veces al año, según la información que maneja el Ministerio de Medio Ambiente.
El embalse tiene unas dimensiones tan extraordinarias que fue clasificada como Presa de Categoría A por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente. Su perímetro supera los 4 kilómetros de longitud; presenta una altura máxima de 35,2 metros al pie de talud y de 38,5 metros sobre el eje de los cimientos; el ancho de coronación tiene 7,5 metros y el ancho de base de talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros. El agua almacenada, en su cota máxima, tendrá 22 metros de profundidad, es decir, cubriría un edificio de 7 plantas.
El vaso de la balsa tiene una superficie de 800.000 m2, equivalente a 80 campos de fútbol. Cuando la lámina de agua alcance su cota máxima esa superficie equivaldrá a 115 campos de fútbol (1.150.000 m2).
En marzo de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Plan de Emergencia de la balsa, y el febrero de 2020 aprobó del Plan de Puesta en Carga de la balsa, al cumplir éste con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha destacado este miércoles que los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento del 61,1 por ciento más de agua que hace un año y un 128,6 por ciento más que la media de los últimos 10 años.

   Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 47,1 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior», del 128,6 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar, según ha indicado la Delegación del Gobierno en un comunicado.  

   En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.593 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 47,8 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico con un incremento, respecto al año anterior, de 604 hectómetros cúbicos.

   Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 29,7 por ciento, mientras que ahora hay un 47,8 por ciento, es decir, 18,1 puntos más que el ejercicio anterior. Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 26,9 puntos más que la media de los últimos diez años.

La reserva hidráulica de los embalses españoles se encuentra actualmente al 65,5 por ciento de su capacidad total, con 36.383 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa una disminución de 90 hectómetros cúbicos, el -0,2 por ciento con respecto a los niveles de la semana anterior.

Así lo ponen de manifiesto los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente que, a través de un comunicado ha revelado que durante la última semana se han producido variaciones que afectan a la cuenca del Tajo que ha perdido 39 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca del Ebro ha aumentado 35 hm³ respecto a la pasada semana.

De este modo, la reserva por ámbitos es mayor en la Cuenca Atlántica Andaluza con el 81,4 por ciento; seguida por el Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 78,3 por ciento de su capacidad; el Guadalquivir al 75,2 por ciento; y las Cuencas internas de Cataluña al 74,6 por ciento.

A continuación, aparece el ámbito de las Cuencas internas del País Vasco con el 71,4 por ciento; la Cuenca Mediterránea Andaluza al 68,1 por ciento; el Duero al 62,8 por ciento; el Ebro y el Cantábrico, ambos al 60,7 por ciento, y el Tajo al 60,2 por ciento.

Cierran la lista el Segura al 56,5 por ciento de su capacidad; el Miño-Sil al 53,6 por ciento; Galicia Costa al 50,7 por ciento; y el Júcar al 47,8 por ciento.

Cabe destacar que esta semana las precipitaciones han sido abundantes en toda la península, produciéndose la máxima en Vigo con 130,6 litros por metro cuadrado.

Durante su visita a las desaladoras de San Pedro del Pinatar, a principios de 2007, el presidente Rodríguez Zapatero proclamó que lo mejor para la Región de Murcia y el sur de Alicante es que tengan «autonomía» de agua para no depender de otras regiones. Esa independencia la iba a proporcionar la producción industrial de agua dulce. La realidad es distinta y se vuelve al principio: faltan más recursos del exterior.

Gran parte de las explotaciones agrarias no pueden pagar el agua desalada debido a su elevado coste, ni aunque el Estado ponga un precio político para subvencionar más de un 30% de la tarifa. El Trasvase Tajo-Segura no garantiza todo el caudal que necesitan los regadíos del Segura, por lo que es necesario construir nuevos acueductos desde la cuenca del Tajo o desde otros ríos. Además, el Programa Agua que dejó Cristina Narbona sólo «paliará en parte» el problema y «deben contemplarse medidas adicionales».

Esta insuficiencia de agua ha provocado un aumento desorbitado del uso de pozos causando graves problemas de sobreexplotación y daños medioambientales al caudal circulante del río Segura. Este cúmulo de factores negativos, así enunciado, suena a cosas ya sabidas, pero la novedad es que lo reconoce el Ministerio de Medio Ambiente a través del nuevo plan de cuenca del Segura que elabora la Confederación Hidrográfica.

El Esquema de Temas Importantes, que es la radiografía al detalle de la cuenca del Segura, pone negro sobre blanco que la situación actual no puede mantenerse en las 126.505 hectáreas de los regadíos que dependen del Trasvase sin que se causen serios daños al territorio. Considera que el canal Tajo-Segura «es esencial tanto para el abastecimiento del Sureste español como para el regadío asociado», que representa la zona agrícola más rentable. Cerca del 35% de los recursos hídricos que precisa toda la demarcación hidrográfica tienen su origen en la cuenca del Tajo. Al mismo tiempo, los técnicos que están redactando el nuevo plan indican que la desaladoras del Programa Agua que hay en construcción «paliarán en parte la insuficiente garantía de los recursos trasvasados desde el Tajo, por lo que deben contemplarse medidas adicionales».

La ley autoriza la transferencia de 400 millones metros cúbicos anuales máximos en destino para los regadíos, una vez descontadas las pérdidas, más otros 140 para los abastecimientos. En estos años ha quedado demostrado que la cabecera del Tajo no puede satisfacer estas demandas porque no dispone de reservas suficientes, ya que en periodos de escasez sufre igual que el Segura, aunque a efectos nominales almacene más agua. En los últimos quince años los envíos de caudales han sido de 392 millones de metros cúbicos de media, de los que 252 han ido a los regadíos. Es decir muy por debajo del volumen potencial de 400 millones anuales.

Esto significa un aumento del déficit medio interanual de 130 millones para estos regadíos del Segura, tal y como recoge el nuevo plan de cuenca, que se ha ido supliendo con extracciones masivas de agua de pozos.

La Confederación plantea varias fórmulas para resolver la situación, que afecta directamente al Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (SCRATS), como es incrementar significativamente la producción de agua desalada, potenciar los bancos de agua mediante la compra de derechos en otros territorios o «ejecutar nuevas transferencias del Tajo u otros ríos» que complementen al acueducto actual. En este punto, la oficina de planificación señala que las nuevas infraestructuras de captación en la cuenca cedente o los nuevos trasvases excede su ámbito de competencias y corresponde al Plan Hidrológico Nacional. No menciona ninguna alternativa, pero en la mente de todos está el trasvase del Tajo Medio desde Valdecañas, en Cáceres.

Posible situación de bloqueo

De entrada, será difícil satisfacer los intereses de las cuencas del Segura y del Tajo, ya que en esta última no están por la labor de mantener el funcionamiento del Trasvase tal y como se conoce hasta ahora. Muchos colectivos del territorio del Tajo proponen abiertamente una reducción del agua que se envía para regar los campos de Murcia y Alicante, al tiempo que exigen mayor caudal ambiental en el río cedente. Es muy probable que se llegue a una situación de bloqueo que haga imposible aprobar los nuevos planes de estas dos cuencas y que se prorroguen los actuales.

Para empeorar la situación, desde el prisma de la Región de Murcia, los técnicos están convencidos de que el problema de agravará debido al efecto del cambio climático en la cabecera del Tajo, ya que se prevé una reducción de al menos un 7% de sus aportaciones y reservas. Si este coeficiente se traslada al agua almacenada hoy en los embalses de Entrepeñas y Buendía, significaría una merma de casi 100 millones de metros cúbicos anuales.

Otra de las soluciones estudiadas con más detalle consiste en recurrir a la desalación, incrementando la capacidad de producción. La Confederación Hidrográfica apunta un detalle no del todo conocido y no del agrado de los regantes, puesto que advierte de que la desalación «implica la necesidad de adquirir de forma constante los recursos obtenidos por parte del regante, ya que la producción de la desalinizadora no puede variarse de un año para otro de acuerdo con las necesidades de los regantes».

Este aviso va en contra de lo que anunció Acuamed en el año 2004, cuando puso en marcha el programa de desalinización masiva. En aquel momento, los responsables de este organismo ministerial dijeron que iban a proporcionar agua a la carta, y que en función de las necesidades que tuvieran los regantes se produciría más o menos cada año.

El concejal de Medio Natural, Pascual Blanco, compareció ayer ante los medios de comunicación para dar cuenta que, desde el pasado miércoles, el pantano de Almansa ha vuelto a ser de titularidad pública municipal en virtud de la recepción, por parte del Ayuntamiento, de las obras de rehabilitación de la infraestructura hidráulica almanseña.
En síntesis, esta recepción viene a significar que el pantano de Almansa ha vuelto a ser responsabilidad absoluta del Ayuntamiento de nuestra ciudad con la diversa y variopinta problemática que ello conlleva a la hora de realizar la gestión del mismo.
La firma del documento de recepción de las obras se produjo, según informó Blanco, el pasado miércoles en la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar de la capital valenciana. La primera y más inmediata consecuencia que se deriva de esta firma es la exoneración de la CHJ de asumir la limpieza de la acequia madre que, proveniente de la vecina localidad de Alpera, debería de aportar un caudal de agua suficiente como para mantener un nivel aceptable y fijo de aguas en el pantano.
A este respecto hay que recordar, que la limpieza de la acequia madre estaba perfectamente contemplada en el proyecto original de las obras de rehabilitación del pantano, pero un recurso ante la Fiscalía de los colectivos ecologistas paralizó el vertido de lodos en la zona del charco del Vínculo, y se tuvo que «tirar» de presupuesto para realizar obras no contempladas, con la consecuencia de que finalmente no quedó financiación suficiente para poder acometer, ni la limpieza de la citada acequia, ni por supuesto, la extracción total de metros cúbicos de lodos y aterramientos que se contemplaban en el proyecto de obras original.

de oficio. Desde el Ayuntamiento de Almansa se ha «litigado» en los despachos con la CHJ, desde hace ya casi dos años que terminaron las obras. Por un lado, la CHJ quería que el Ayuntamiento recepcionase las obras y, por otro, la institución local, quería hacerlo, pero pretendía que el ente del Ministerio asumiese los costos de la limpieza de la acequia.
Finalmente, tras «tiras y aflojas», al Ayuntamiento de Almansa no le ha quedado más opción que la de recibir las obras y asumir la responsabilidad que de este acto se deriva ya que en caso contrario, la CHJ hubiera actuado «de oficio», y los resultados hubieran sido los mismos pero añadiendo a la titularidad municipal del pantano un «desgaste» profundo en las relaciones municipales con la Confederación Hidrográfica del Júcar, situación esta de la que el delegado del área de Medio Natural ha huido siempre.

camino. El concejal Pascual Blanco consideró ayer que con la firma del convenio de recepción de las obras del pantano «se da por finalizada la última etapa que se debía de transitar para que el pantano fuese, de nuevo, de titularidad pública municipal».
El citado convenio, ratificado entre el Ayuntamiento de Almansa, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fue ratificado en el mes de octubre del año 2005. «Un convenio, que sin paliativos obliga al Ayuntamiento de Almansa a recepcionar las obras en el momento que estas hayan finalizado».
Blanco calificó el camino recorrido hasta llegar a la firma efectiva del convenio de «escabroso» y de «problemático»; no obstante, a su juicio el resultado final se puede calificar como de favorable para los intereses del Ayuntamiento de Almansa.
Blanco no quiso dejar pasar la oportunidad en su comparecencia de ayer para recordar una vez más que «la rehabilitación integral del pantano de Almansa, estuvo en peligro; es decir -aseguró- pudo no haberse realizado nunca y hoy tendríamos una instalación inútil, obsoleta e inactiva».
Cabe indicar que la denuncia que en su momento interpusieron los ecologistas almanseños contra el vertido de lodos en la zona de la Laguna del Vínculo, «estuvo en un tris -dijo Blanco- de dar al traste con un proyecto de limpieza largamente acariciado por toda la ciudad».

repoblación forestal. La repoblación forestal del entorno del pantano de Almansa (perdida en un 95 por ciento), junto con las obras de adecuación, la limpieza de la zanja terrera que va desde donde termina la acequia de Alpera hasta la cola Pantano, y el costo añadido del cinco por ciento que tenía que pagar el Ayuntamiento de Almansa por el sobrecosto del proyecto de limpieza, «han sido los aspectos en los que el Ayuntamiento de Almansa se ha visto beneficiado tras la firma del convenio de recepción de las obras», informó Blanco. Finalmente, el concejal delegado de Medio Natural se mostró muy optimista por el futuro que le espera al pantano de Almansa en manos de la Administración local.