Fuentes de las organizaciones agrarias han asegurado que las grandes cifras de gasto previstas para este Departamento son «decepcionantes» y una «mala noticia» para los agricultores y ganaderos porque se verán comprometidas las inversiones reales en prácticamente todos los capítulos y, con ellas, la salida de la crisis. El director de los Servicios Técnicos de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), José Carlos Caballero, ha advertido que la sensación del sector es de «mucha preocupación» por los recortes que ha cifrado en más del 30% para todo el Ministerio. En declaraciones a Efeagro, Caballero ha señalado que sólo se mantienen importes que corresponden a transferencias de la Unión Europea (UE) -ayudas de la Política Agraria Común (PAC) dirigidas a los agricultores y ganaderos- porque «no se pueden tocar» y «no admiten ningún tipo de recorte nacional». Ha asegurado que los recortes afectarán a partidas «esenciales» para el sector, como aquellos relacionados con la mejora de la competitividad y de las infraestructuras de regadíos, entre otras, y que este presupuesto no contribuye a «arrimar el hombro» para salir de la crisis. Especialmente crítico se ha mostrado con el recorte de partidas para agua y regadíos puesto que, según ha recordado, son fundamentales para ser competitivos, ya que una hectárea de regadío es seis veces más productiva que una de secano. «Hay que tener muchísimo cuidado con esto; cuidado con la tijera», reflexiona Caballero, en referencia a las repercusiones que la restricción de presupuestos para el regadío puede ocasionar a la agricultura nacional. Por su parte, el director de los Servicios Técnicos de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), José Luis Miguel, ha explicado que la sensación «es muy mala» y produce «mal sabor de boca» que haya recortes en el gasto para un sector «no especulativo» como el agrario. «Estamos decepcionados», ha resaltado Miguel, quien matiza que la reducción de presupuestos no contribuirá al interés mostrado por el Gobierno de cambiar el modelo de crecimiento económico ni a la salida de la crisis económica y la propia, que afecta a la mayor parte de las explotaciones agrarias. Ha recordado que el campo atraviesa por «una situación muy delicada» por falta de rentabilidad, derivada de precios en origen que en muchos casos no cubren los costes de producción, que conlleva al cierre constante de explotaciones. Ha afirmado que el Gobierno debería apoyar una «economía productiva», como la agroalimentaria, cuya vocación es claramente exportadora, porque es el único modelo capaz de «tirar» de la recuperación económica y «sacar al país del atolladero». Ha subrayado que le ha sorprendido el «abandono» que, en su opinión, representa para el sector que los recortes del MARM se sitúen al mismo nivel que los de Fomento. En parecidos términos, fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han valorado que el proyecto de presupuesto para el MARM y para el año 2011 supone una «pésima noticia» para el sector agrario debido a «la reducción generalizada de todos y cada uno de los capítulos que lo componen». La organización agraria -que lidera Lorenzo Ramos- entiende que «nos enfrentamos» a un «nuevo año negro» para el sector agrario, puesto que habrá menores recursos para paliar la «enorme crisis estructural» que le caracteriza. Ha apuntado que, dentro de la reducción general superior al 13%, destaca la correspondiente al presupuesto nacional (-31%) y, «de manera muy significativa», los recortes en el capítulo 6 de «inversiones reales», que pasa de 2.566 a 1.556 millones de euros (-39%). Ha puntualizado la aportación de los fondos comunitarios evitará mayores caídas para el presupuesto total destinado a las políticas de Agricultura, Pesca y Alimentación, que sufre una reducción menor que otros capítulos, en torno al 6 por ciento.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha asegurado hoy que España, junto con el resto de países comunitarios, seguirá presionando ante la Comisión Europea (CE) para defender el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013.

Así lo ha manifestado hoy durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados para informar sobre el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Puxeu ha destacado en su intervención que el sector agrario necesita de esa aportación, que asciende a más de 7.000 millones de euros, ya que se trata de una política «fundamental» para mantener vivos los territorios.

«Es una prioridad absoluta», ante el nuevo escenario presupuestario, ha remarcado.

Puxeu ha indicado que en la actualidad existe un problema de contención de los mercados por la actual coyuntura económica aunque «por suerte» hay instrumentos y políticas comunes potentes y se han hecho «los deberes en muchos campos».

Ha asegurado que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para relanzar la economía y que las prioridades son mantener esas políticas potentes y bien dotadas ya que, en su opinión, España se juega «el futuro en una actividad que vertebra el territorio».

En cuanto al presupuesto del MARM para 2011, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua ha destacado que se ha conseguido discernir las políticas agrarias de las de desarrollo rural y que espera que las Comunidades Autónomas hagan su contraprestación en esta materia al ser «uno de los ejes de futuro».

«Con estos presupuestos hacemos frente a una situación económica compleja», ha resaltado, a la vez que ha asegurado que existe «voluntad política de poner las cosas en orden».

El diputado y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, José Ignacio Llorens ha señalado que estos presupuestos «no hay por donde cogerlos», teniendo en cuenta la extrema dificultad que atraviesa este sector, en el que el 5% de los titulares de explotaciones familiares agrarias están abandonando la actividad.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, ha señalado que la cifra de gastos del MARM responde al objetivo de la política presupuestaria del Gobierno y que España no sale «mal parada», ya que hay medidas que van a ser muy positivas para el sector como las destinadas a fomentar el I+D+i y la internacionalización de la industria agroalimentaria.

Por su parte, en su comparecencia, la secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz, ha recalcado que los presupuestos responden a un planteamiento de austeridad que obliga a realizar recortes, pero que los fondos se aplicarán con la mayor eficacia y eficiencia y se asegurarán las partidas estructurales.

Villauriz ha destacado el «máximo rigor» en adoptar nuevos compromisos, que el Ministerio no ha suprimido los programas que contribuyen al dinamismo de las producciones agrarias y ganaderas y que se seguirá trabajando para que los fondos comunitarios continúen apoyando al sector.

Asimismo, en su intervención, el subsecretario del MARM, Santiago Menéndez de Luarca, ha subrayado que los presupuestos son austeros y decisivos y que es uno de los ministerios con mayor actividad económica y el que tiene las secciones con mayores volúmenes.

Menéndez de Luarca ha afirmado que las políticas agrarias como los seguros son las partidas en las que menos se recorta el gasto.

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Elena Espinosa ha hecho hoy estas declaraciones en la conferencia inaugural del Congreso Europeo sobre Agricultura de Conservación, que se celebra en Madrid hasta el próximo 7 de octubre con la participación de expertos nacionales e internacionales y representantes del sector agrario. La agricultura de conservación, ha señalado la ministra, es un sistema de producción respetuoso con el medio ambiente cuya práctica puede aportar muchos beneficios en el aprovechamiento del agua, en la lucha contra el cambio climático y en la recuperación de suelo fértil, así como en la conservación de la biodiversidad en España. La actividad agrícola tradicional libera una «gran» cantidad de gases efecto invernadero, ha recordado Elena Espinosa, antes de apuntar que la agricultura de conservación tiene dos grandes ventajas: es un «sumidero» de este tipo de gases y además produce menos emisiones de CO2 a la atmósfera. En este sentido, la ministra ha subrayado que aquellas zonas que cambien el laboreo convencional por la agricultura de conservación tienen un potencial como sumidero de carbono de aproximadamente 5,7 toneladas de CO2 por hectárea y año. Espinosa ha destacado que las políticas agrarias están empezando a tener en cuenta ese potencial de la agricultura porque es un sector «fundamental» al que, en el contexto de un mundo cada vez más poblado, se le pide que produzca más alimento y que sea un elemento sustancial en el proceso de construcción del territorio. Retos que la agricultura «debe conseguir» de una manera sostenible medioambiental, social y económicamente, ha afirmado la ministra en su intervención. Espinosa ha manifestado también la importancia que tiene el desarrollo de la agricultura de conservación para frenar la desertificación – que en Europa afecta a 157 millones de hectáreas -, la pérdida de biodiversidad y reducir el consumo de agua.

La mitad de los organismos que gestionan el agua en España suspenden en transparencia informativa y sólo tres logran un notable en esta asignatura: las confederaciones del Ebro y del Júcar y la Agencia Catalana del Agua, según un estudio divulgado hoy.

El índice de transparencia de las nueve confederaciones y cinco agencias del agua que analiza el informe ha sido elaborado por Transparencia Internacional (TI), una organización con presencia en cien países y dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional.

Los autores del informe han tenido en cuenta ochenta indicadores sobre transparencia económico-financiera, contratos y licitaciones, gestión de los recursos y usos del agua, información sobre el propio organismo de cuenca y las relaciones con el público.

En rueda de prensa, el presidente de la sección española de TI, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano, ha explicado que la media obtenida roza el «aprobado justo», situándose la puntuación en 51,2 (sobre un total de cien puntos).

Pese a que la Agencia Catalana del Agua y las confederaciones el Ebro y del Júcar hayan obtenido un notable, Lizcano ha subrayado que todos los organismos analizados tienen aún «mucho margen para mejorar».

En el otro extremo, las menos transparentes son las del Tajo (2,7), Aguas de Galicia (3,2) y la Agencia Balear del Agua (3,4).

Durante la presentación del estudio, el director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, ha calificado los resultados de «regular, tirando a mal», «inadmisibles» y «poco razonables» para un país que se encuentra entre las diez potencias mundiales.

Los «agujeros negros» más importantes, ha subrayado el presidente de Transparencia Internacional, se refieren a la gestión del agua y al capítulo económico financiero.

Dentro de estos dos epígrafes se contienen indicadores como los datos de consumos anuales, las actualizaciones de los registros y nuevas concesiones de agua, presupuestos y cuentas anuales, ingresos y subvenciones.

Todos los entes analizados sí sobresalen en la cantidad de información que publican en sus web sobre los propios organismos y los procesos de planificación.

En cuanto a la información sobre las relaciones con el público y las partes interesadas, así como la de contratos y licitaciones, «son áreas que aunque presentan cierto grado de transparencia, necesitan en todo caso mejorar».

Según Lizcano, también hay «asignaturas pendientes»: ningún organismo ofrece las actas de las reuniones, tampoco los informes de viabilidad técnica, económica, ambiental y social de los proyectos de interés general ni informa periódicamente de la ejecución de sus presupuestos.

Igual que el resto de los informes que elabora TI, este documento sobre el sector del agua sólo valora si la información requerida está o no disponible en las páginas web, pero no evalúa la calidad de la información ni su veracidad.

Los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2011 destinarán 3.282 millones a las políticas de agua, de los cuales 1.478 serán gestionados por las Sociedades Estatales y 1.804 por la Dirección General de Agua y las Confederaciones Hidrográficas.

La información pormenorizada del estudio de Transparencia Internacional está disponible en la página web transparencia.org.es.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha señalado este martes que los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento del 60,4 por ciento más de agua que hace un año y un 127,4 por ciento más que la media de los últimos 10 años.

Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 46,2 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior», del 127,4 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.594 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 47,8 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico con un incremento, respecto al año anterior, de 600 hectómetros cúbicos.

Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 29,8 por ciento, mientras que ahora hay un 47,8 por ciento, es decir, 18 puntos más que el ejercicio anterior. Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 26,2 puntos más que la media de los últimos diez años

La organización WWF ha denunciado hoy que lleva más de cuatro años esperando información ambiental sobre el agua que se ha ahorrado gracias al Plan de Modernización de Regadíos del Gobierno, a pesar de que el Defensor del Pueblo haya dictaminado por cuarta vez que tienen derecho a conocer esta información.

Por eso, ante la próxima aprobación de un nuevo Plan de Modernización de Regadíos, actualmente en evaluación ambiental, la organización ha exigido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que le informe de los resultados del anterior.

El objetivo es «valorar si ha existido o no un ahorro real de agua con su aplicación y cuál ha sido su destino», asegura la ONG, que quiere saber si estas medidas han supuesto tanto una mejora del estado de los ríos y acuíferos, como una mayor garantía de abastecimiento a las poblaciones.

Los ecologistas han recordado que el ahorro de agua en regadío -sector que consume el 75% de este recurso- es «clave» para «mejorar la grave situación de los ríos españoles y su futuro».

WWF recuerda que este mismo Defensor del Pueblo sugirió ya en 2008 que las excusas dadas por el MARM no eran admisibles y dictaminó que WWF tenía derecho a conocer el volumen de agua ahorrada -en términos absolutos y relativos-, así como si su destino era regadío, medio ambiente o población.

Juan Carlos del Olmo, el secretario de WWF España, ha opinado que «es inadmisible que no haya interés en dar a conocer una información que es esencial para cualquiera de los implicados en la planificación del agua en España».

Del Olmo ha apuntado, incluso, que «la falta de transparencia» del Ministerio les hace pensar que «la gran inversión pública del plan de regadíos no ha servido para ahorrar una sola gota de agua».

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, ha señalado que, dentro de su departamento, las inversiones en materia de agua y de sostenibilidad de la costa son las más afectadas por los recortes presupuestarios en este capítulo -que se reduce en un 31 por ciento– del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

En ese sentido, Espinosa ha asegurado que están tratando de hacer «el mayor esfuerzo en retrasar los proyectos lo menos posible» y en agilizar más de 200 proyectos que están en marcha, aunque se están viendo obligados a «aplazar» el inicio de otras inversiones «un año». Sobre esta disminución, ha dicho que los esfuerzos van encaminados a realizar un esfuerzo administrativo de agilidad a la hora de aprobar los proyectos.

Concretamente, el presupuesto destinado a las políticas de agua alcanza 3.282 millones de euros, de los cuales 1.478 están gestionados por las Sociedades Estatales de agua y 1.804 millones por la dirección general de agua y las confederaciones hidrográficas. Esta segunda partida se empleará en cuatro programas principales centrados en la gestión e inversión en infraestructuras del agua, a la cual corresponde el 73,2 por ciento de esta partida.

Por su parte, la calidad de agua contará con el 16,4 por ciento de este presupuesto, seguida por la ordenación territorial de los recursos hídricos en la que se invierte el 6,7 por ciento, y el 3,7 por ciento a la gestión de recursos hídricos para la modernización y eficiencia de los regadíos.

Respecto a la sostenibilidad del mar, que forma parte de las políticas del mar, un capítulo que asciende a 266 millones de euros, de este monto contará con el 54,1 por ciento, seguido del 35,1 por ciento que le corresponde a estructuras y mercados pesqueros y el 10,8 por ciento se dirigirá a la protección de los recursos pesqueros y al desarrollo sostenible.

En general, los recursos del MARM de acuerdo al presupuesto consolidado serán 11.126,82 millones de euros, un 13 por ciento menos que en el presupuesto inicial de 2010, aunque Espinosa ha defendido que están en línea con los objetivos de «austeridad y cohesión social» marcados por el Gobierno. Así, ha asegurado que con estos presupuestos se «mantendrán en las inversiones el apoyo a los proyectos estratégicos y a los sectores productivos», al tiempo que permitirá mantener las políticas en materia de protección del patrimonio natural, la biodiversidad y del mar, la lucha contra el cambio climático, la explotación sostenible de los recursos, al gestión hídrica y desarrollo del medio rural.

225 MILLONES PARA BIODIVERSIDAD
En cuanto a preservación de la biodiversidad y la proyección y mejora del medio natural y la política forestal, la ministra ha indicado que existe una apartado de inversión de 225,27 millones de euros, siendo las líneas principales de actuación: la mitigación de los procesos de desertificación, la prevención y apoyo a las tareas de extinción de incendios forestales, la conservación de las especies y los recursos genéticos, la defensa del patrimonio forestal o la protección y recuperación de los hábitats.

Por otro lado, en 2011 se dispondrá de un total de 254 millones de euros para actuaciones contra el cambio climático, la prevención de la contaminación, la gestión sostenible de los residuos, la prevención de riesgos y la mejora de la predicción meteorológica.
En este apartado, destaca meteorología, ya que casi el 50 por ciento de esta partida (48,3 por ciento) se destina a este fin, seguido de 39,9 por ciento para cambio climático y un 11,7 por ciento para calidad ambiental.

A este respecto, Espinosa ha explicado que España forma parte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), lo que implica «compromisos» que en este caso pasa por iniciar en 2011 el cambio a unos nuevos satélites homologados. «Se trata de inversiones muy importantes pero que de no hacerlas España dejaría de estar en el club de primera división», ha comentado Espinosa respecto a esta inversión, para lo que se ha aumentado un 13 por ciento el presupuesto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que se convierte en la única agencia estatal en aumentar su partida.

Finalmente, la ministra de Medio Ambiente se ha referido a las críticas formuladas por las organizaciones de defensa de la naturaleza que han calificado de «dramático» el recorte a las partidas medioambientales, en particular a biodiversidad y cambio climático.

De este modo, ha subrayado que «siempre es fácil» criticar los presupuestos y «mucho más» cuando éstos son «austeros». En ese sentido, ha llamado «a la responsabilidad a todas las organizaciones» porque, según ha defendido, hay que «priorizar las políticas sociales» que, en este caso son educación, sanidad, dependencia y desempleo y el Ejecutivo ha optado por «cubrir esas políticas», objetivo para el que se se adoptó «recortar mayoritariamente las inversiones».

«Con números se puede echar abajo determinadas críticas que están apareciendo, porque los números son muy tercos y siempre quedan escritos y son públicos para cualquier ciudadano que los quiera ver», ha sentenciado.

Así lo ha afirmado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en un comunicado, en el que denuncia la reducción de fondos para la gestión de recursos hídricos para el regadío y de las partidas dirigidas a la mejora de la calidad y la productividad agrícola, entre otras. COAG ha rechazado de forma «tajante» la reducción del presupuesto en un momento «crítico para el campo», que acumula una caída de la renta del 26 por ciento desde 2003. Los «severos recortes» afectarán especialmente a las «ya de por sí castigadas» explotaciones familiares, al desarrollo del medio rural y al empleo, ha subrayado. El secretario general de la organización agraria, Miguel López, ha asegurado en el mismo comunicado que el Gobierno «no apuesta decididamente» por el sector y «obliga» a los hombres y mujeres del campo a «un esfuerzo superior al que se exige a otros sectores y departamentos». Según COAG, el presupuesto no financiero de gastos del Estado aplicado al MARM sufre un retroceso del -31,3 por ciento para 2011, hasta 2.564,5 millones de euros, muy por encima del descenso general del 18,9 por ciento. Este retroceso sólo se ve superado por el Ministerio de Fomento con el 34,6 por ciento, ha calculado COAG, que añade que, si se compara con el presupuesto de 2009, «el MARM ha visto recortados sus fondos un 38,5 por ciento, lo que le iguala con el Ministerio de Fomento (-38,8 por ciento)». El descenso de la dotación presupuestaria a su juicio afecta principalmente a las inversiones -con un descenso del 39,2 por ciento respecto al presupuesto inicial de 2010- y a las transferencias de capital (-9,9 por ciento). Por su parte, ha apuntado que las transferencias corrientes se mantienen «más o menos estables» (-0,5 por ciento), debido a «la importancia dentro de este capítulo, de los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), que representan 6.050 millones de euros». Por rúbricas, COAG ha planteado que el recorte del 29 por ciento respecto a 2010 para el capítulo de competitividad y calidad de la producción agrícola «pone en peligro» la promoción de nuevas tecnologías y medios de producción agrícolas, la ordenación de los sectores, la sanidad vegetal y la mejora de la productividad. La caída del 23,5 por ciento para competitividad de la producción ganadera afectará a subprogramas referidos a la calidad, sanidad y mejora de la organización productiva de la ganadería, ha remarcado. COAG ha criticado el «recorte muy agresivo» del 49,4 por ciento de los fondos dirigidos a la competitividad de la industria y calidad alimentaria; del 63,4 por ciento para la gestión de los recursos hídricos para el regadío y de un 3,4 por ciento para la prevención de riesgos en el campo, que influye sobre todo en los seguros agrarios. También se ha mostrado en contra de los recortes para desarrollo del medio rural (-2,5 por ciento) y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (-18 por ciento).

Asaja advierte de que la nueva ley de cooperativas de Castilla-La Mancha «vende humo» y más bien parece «una tapadera» para resolver la situación económica de las cooperativas de la Región. Por todo ello, la organización agraria demanda una regulación específica para las cooperativas que se ajuste a la realidad del sector y rechaza el anteproyecto de ley que actualmente está en tramitación parlamentaria por considerarlo «anacrónico» al seguir manteniendo ciertos postulados que impiden el desarrollo de las cooperativas con una proyección empresarial. Además, según manifestó el presidente regional de Asaja a La Tribuna, «de nada sirve lo que se haga en Castilla-La Mancha sino se modifica la ley nacional de cooperativas».
Fernando Villena, el presidente de Asaja en la provincia de Toledo, Manuel Juárez, y el secretario de la organización en Ciudad Real, Florencio Rodríguez, entre otros, se reunieron ayer en las Cortes autonómicas con el PSOE y el PP, horas antes de que finalizase el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Cooperativas regional.
Unas enmiendas que Villena no cree que vayan a recalar en el anteproyecto de ley. «Si no se pueden hacer modificaciones, con lo que hay ahora mismo encima de la mesa, será una noticia más pero no vale para arreglar el problema que tiene el sector». Reclaman que el anteproyecto apueste, en el caso del derecho al voto en la Asamblea General, por un voto proporcional al capital social (hasta ahora, cada socio tiene su voto). De esta forma, según la organización, la cooperativa disfrutaría de «un verdadero espíritu empresarial».
Respecto a la acogida por parte de los dos grupos políticos que conforman el Parlamento regional, el presidente de Asaja se mostró insastifecho. «Los dos han sido poco receptivos», dijo, argumentando dicha reacción en «que nos encontramos limitados por una ley nacional». Una norma que se encuentra «parada», apostilló, y mientras continúe en ese estado «sólo vamos a sacar titulares: para unos, que están muy bien las reformas que se hacen; para los otros, que no valen para nada».
En este punto, reclamó, por tanto, una revisión de la ley nacional. «Habrá que moverse para que la modifiquen», apuntó.
Es por ello que Asaja ha instado a los grupos parlamentarios a promover una modificación de la ley básica estatal porque la actual legislación de cooperativas «supone un corsé para el desarrollo del cooperativismo agrario».

Pacto de precios.
Respecto al ‘posible’ pacto sobre el precio de la uva y que llevó a Asaja a denunciarlo ante el Comité Regional de la Competencia, Villena dijo sentirse tranquilo, a la espera de que el tribunal investigue «todo lo que tiene que investigar».

El diputado nacional del PSOE por Toledo, Alejandro Alonso, ha pedido a la presidenta regional del PP y secretaria nacional del partido, María Dolores de Cospedal, que «desautorice inmediatamente» las declaraciones del consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, quien afirmó que «es el momento de cerrar desaladoras y aplicar la ley del trasvase Tajo-Segura porque hay agua en los embalses de cabecera para trasvasar».

En rueda de prensa, Alonso ha calificado como «intolerables e injustificables» estas manifestaciones pidiendo el cierre de las desaladoras, y ha instado a la líder del PP en la región a que desautorice las declaraciones de sus compañeros de Murcia.

«No está justificado que Cospedal, tan diligente criticando a Barreda y Rodríguez Zapatero, calle ante estas declaraciones de sus compañeros de Murcia», ha aseverado.