La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, ha señalado que, dentro de su departamento, las inversiones en materia de agua y de sostenibilidad de la costa son las más afectadas por los recortes presupuestarios en este capítulo -que se reduce en un 31 por ciento– del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

En ese sentido, Espinosa ha asegurado que están tratando de hacer «el mayor esfuerzo en retrasar los proyectos lo menos posible» y en agilizar más de 200 proyectos que están en marcha, aunque se están viendo obligados a «aplazar» el inicio de otras inversiones «un año». Sobre esta disminución, ha dicho que los esfuerzos van encaminados a realizar un esfuerzo administrativo de agilidad a la hora de aprobar los proyectos.

Concretamente, el presupuesto destinado a las políticas de agua alcanza 3.282 millones de euros, de los cuales 1.478 están gestionados por las Sociedades Estatales de agua y 1.804 millones por la dirección general de agua y las confederaciones hidrográficas. Esta segunda partida se empleará en cuatro programas principales centrados en la gestión e inversión en infraestructuras del agua, a la cual corresponde el 73,2 por ciento de esta partida.

Por su parte, la calidad de agua contará con el 16,4 por ciento de este presupuesto, seguida por la ordenación territorial de los recursos hídricos en la que se invierte el 6,7 por ciento, y el 3,7 por ciento a la gestión de recursos hídricos para la modernización y eficiencia de los regadíos.

Respecto a la sostenibilidad del mar, que forma parte de las políticas del mar, un capítulo que asciende a 266 millones de euros, de este monto contará con el 54,1 por ciento, seguido del 35,1 por ciento que le corresponde a estructuras y mercados pesqueros y el 10,8 por ciento se dirigirá a la protección de los recursos pesqueros y al desarrollo sostenible.

En general, los recursos del MARM de acuerdo al presupuesto consolidado serán 11.126,82 millones de euros, un 13 por ciento menos que en el presupuesto inicial de 2010, aunque Espinosa ha defendido que están en línea con los objetivos de «austeridad y cohesión social» marcados por el Gobierno. Así, ha asegurado que con estos presupuestos se «mantendrán en las inversiones el apoyo a los proyectos estratégicos y a los sectores productivos», al tiempo que permitirá mantener las políticas en materia de protección del patrimonio natural, la biodiversidad y del mar, la lucha contra el cambio climático, la explotación sostenible de los recursos, al gestión hídrica y desarrollo del medio rural.

225 MILLONES PARA BIODIVERSIDAD
En cuanto a preservación de la biodiversidad y la proyección y mejora del medio natural y la política forestal, la ministra ha indicado que existe una apartado de inversión de 225,27 millones de euros, siendo las líneas principales de actuación: la mitigación de los procesos de desertificación, la prevención y apoyo a las tareas de extinción de incendios forestales, la conservación de las especies y los recursos genéticos, la defensa del patrimonio forestal o la protección y recuperación de los hábitats.

Por otro lado, en 2011 se dispondrá de un total de 254 millones de euros para actuaciones contra el cambio climático, la prevención de la contaminación, la gestión sostenible de los residuos, la prevención de riesgos y la mejora de la predicción meteorológica.
En este apartado, destaca meteorología, ya que casi el 50 por ciento de esta partida (48,3 por ciento) se destina a este fin, seguido de 39,9 por ciento para cambio climático y un 11,7 por ciento para calidad ambiental.

A este respecto, Espinosa ha explicado que España forma parte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), lo que implica «compromisos» que en este caso pasa por iniciar en 2011 el cambio a unos nuevos satélites homologados. «Se trata de inversiones muy importantes pero que de no hacerlas España dejaría de estar en el club de primera división», ha comentado Espinosa respecto a esta inversión, para lo que se ha aumentado un 13 por ciento el presupuesto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que se convierte en la única agencia estatal en aumentar su partida.

Finalmente, la ministra de Medio Ambiente se ha referido a las críticas formuladas por las organizaciones de defensa de la naturaleza que han calificado de «dramático» el recorte a las partidas medioambientales, en particular a biodiversidad y cambio climático.

De este modo, ha subrayado que «siempre es fácil» criticar los presupuestos y «mucho más» cuando éstos son «austeros». En ese sentido, ha llamado «a la responsabilidad a todas las organizaciones» porque, según ha defendido, hay que «priorizar las políticas sociales» que, en este caso son educación, sanidad, dependencia y desempleo y el Ejecutivo ha optado por «cubrir esas políticas», objetivo para el que se se adoptó «recortar mayoritariamente las inversiones».

«Con números se puede echar abajo determinadas críticas que están apareciendo, porque los números son muy tercos y siempre quedan escritos y son públicos para cualquier ciudadano que los quiera ver», ha sentenciado.

Así lo ha afirmado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en un comunicado, en el que denuncia la reducción de fondos para la gestión de recursos hídricos para el regadío y de las partidas dirigidas a la mejora de la calidad y la productividad agrícola, entre otras. COAG ha rechazado de forma «tajante» la reducción del presupuesto en un momento «crítico para el campo», que acumula una caída de la renta del 26 por ciento desde 2003. Los «severos recortes» afectarán especialmente a las «ya de por sí castigadas» explotaciones familiares, al desarrollo del medio rural y al empleo, ha subrayado. El secretario general de la organización agraria, Miguel López, ha asegurado en el mismo comunicado que el Gobierno «no apuesta decididamente» por el sector y «obliga» a los hombres y mujeres del campo a «un esfuerzo superior al que se exige a otros sectores y departamentos». Según COAG, el presupuesto no financiero de gastos del Estado aplicado al MARM sufre un retroceso del -31,3 por ciento para 2011, hasta 2.564,5 millones de euros, muy por encima del descenso general del 18,9 por ciento. Este retroceso sólo se ve superado por el Ministerio de Fomento con el 34,6 por ciento, ha calculado COAG, que añade que, si se compara con el presupuesto de 2009, «el MARM ha visto recortados sus fondos un 38,5 por ciento, lo que le iguala con el Ministerio de Fomento (-38,8 por ciento)». El descenso de la dotación presupuestaria a su juicio afecta principalmente a las inversiones -con un descenso del 39,2 por ciento respecto al presupuesto inicial de 2010- y a las transferencias de capital (-9,9 por ciento). Por su parte, ha apuntado que las transferencias corrientes se mantienen «más o menos estables» (-0,5 por ciento), debido a «la importancia dentro de este capítulo, de los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), que representan 6.050 millones de euros». Por rúbricas, COAG ha planteado que el recorte del 29 por ciento respecto a 2010 para el capítulo de competitividad y calidad de la producción agrícola «pone en peligro» la promoción de nuevas tecnologías y medios de producción agrícolas, la ordenación de los sectores, la sanidad vegetal y la mejora de la productividad. La caída del 23,5 por ciento para competitividad de la producción ganadera afectará a subprogramas referidos a la calidad, sanidad y mejora de la organización productiva de la ganadería, ha remarcado. COAG ha criticado el «recorte muy agresivo» del 49,4 por ciento de los fondos dirigidos a la competitividad de la industria y calidad alimentaria; del 63,4 por ciento para la gestión de los recursos hídricos para el regadío y de un 3,4 por ciento para la prevención de riesgos en el campo, que influye sobre todo en los seguros agrarios. También se ha mostrado en contra de los recortes para desarrollo del medio rural (-2,5 por ciento) y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (-18 por ciento).

Asaja advierte de que la nueva ley de cooperativas de Castilla-La Mancha «vende humo» y más bien parece «una tapadera» para resolver la situación económica de las cooperativas de la Región. Por todo ello, la organización agraria demanda una regulación específica para las cooperativas que se ajuste a la realidad del sector y rechaza el anteproyecto de ley que actualmente está en tramitación parlamentaria por considerarlo «anacrónico» al seguir manteniendo ciertos postulados que impiden el desarrollo de las cooperativas con una proyección empresarial. Además, según manifestó el presidente regional de Asaja a La Tribuna, «de nada sirve lo que se haga en Castilla-La Mancha sino se modifica la ley nacional de cooperativas».
Fernando Villena, el presidente de Asaja en la provincia de Toledo, Manuel Juárez, y el secretario de la organización en Ciudad Real, Florencio Rodríguez, entre otros, se reunieron ayer en las Cortes autonómicas con el PSOE y el PP, horas antes de que finalizase el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Cooperativas regional.
Unas enmiendas que Villena no cree que vayan a recalar en el anteproyecto de ley. «Si no se pueden hacer modificaciones, con lo que hay ahora mismo encima de la mesa, será una noticia más pero no vale para arreglar el problema que tiene el sector». Reclaman que el anteproyecto apueste, en el caso del derecho al voto en la Asamblea General, por un voto proporcional al capital social (hasta ahora, cada socio tiene su voto). De esta forma, según la organización, la cooperativa disfrutaría de «un verdadero espíritu empresarial».
Respecto a la acogida por parte de los dos grupos políticos que conforman el Parlamento regional, el presidente de Asaja se mostró insastifecho. «Los dos han sido poco receptivos», dijo, argumentando dicha reacción en «que nos encontramos limitados por una ley nacional». Una norma que se encuentra «parada», apostilló, y mientras continúe en ese estado «sólo vamos a sacar titulares: para unos, que están muy bien las reformas que se hacen; para los otros, que no valen para nada».
En este punto, reclamó, por tanto, una revisión de la ley nacional. «Habrá que moverse para que la modifiquen», apuntó.
Es por ello que Asaja ha instado a los grupos parlamentarios a promover una modificación de la ley básica estatal porque la actual legislación de cooperativas «supone un corsé para el desarrollo del cooperativismo agrario».

Pacto de precios.
Respecto al ‘posible’ pacto sobre el precio de la uva y que llevó a Asaja a denunciarlo ante el Comité Regional de la Competencia, Villena dijo sentirse tranquilo, a la espera de que el tribunal investigue «todo lo que tiene que investigar».

El diputado nacional del PSOE por Toledo, Alejandro Alonso, ha pedido a la presidenta regional del PP y secretaria nacional del partido, María Dolores de Cospedal, que «desautorice inmediatamente» las declaraciones del consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, quien afirmó que «es el momento de cerrar desaladoras y aplicar la ley del trasvase Tajo-Segura porque hay agua en los embalses de cabecera para trasvasar».

En rueda de prensa, Alonso ha calificado como «intolerables e injustificables» estas manifestaciones pidiendo el cierre de las desaladoras, y ha instado a la líder del PP en la región a que desautorice las declaraciones de sus compañeros de Murcia.

«No está justificado que Cospedal, tan diligente criticando a Barreda y Rodríguez Zapatero, calle ante estas declaraciones de sus compañeros de Murcia», ha aseverado.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó hoy que “los murcianos no tenemos por qué pagar el agua más cara de España por una decisión política arbitraria”, y remarcó que “es el momento de cerrar desaladoras y aplicar la ley del trasvase Tajo-Segura porque hay agua en los embalses de cabecera para trasvasar”.Cerdá explicó que “no tiene sentido que en estos momentos funcionen las desaladoras porque encarecen el agua”. Subrayó que en el congreso de la Asociación Española de Desalación y Reutilización celebrado esta semana en Barcelona “se han puesto de manifiesto los muchos inconvenientes que tienen estas infraestructuras”, sobre todo, su alto precio económico, el gasto energético y el coste ambiental.El consejero de Agricultura y Agua destacó que “la desalación es propia de países que no tienen ninguna otra fuente de agua, como los países árabes, pero no tiene sentido para España que sólo utiliza el 20 por ciento del agua circulante, y el resto se va al mar”.

Según Cerdá, corregir el déficit estructural “no puede hacerse sin recurrir a los trasvases”, pero “exigen solidaridad y creer en el concepto de Nación, valores de los que carece el Gobierno socialista”, apostilló.El consejero de Agricultura y Agua abogó por mantener las desaladoras como “infraestructuras de emergencia”, pero “no como una solución estructural y definitiva”. Cerdá señaló que “Murcia es la región que más cara paga el agua”, incluso supera a las comunidades insulares de Baleares y Canarias, debido a la desalación.Déficit que sigue sin resolverseEl titular de Agricultura y Agua indicó que el año hidrológico que acaba de finalizar “ha sido lluvioso” y añadió que las reservas de los embalses “son inusuales” porque, según dijo, “están en los niveles más altos de los últimos veinticinco años”. Sin embargo, el responsable de Agua del Gobierno regional matizó que la cuenca del Segura continúa siendo estructuralmente deficitaria y apuntó que el problema de escasez de la Región de Murcia “sigue sin resolverse”. “Hay reservas en la cabecera del Tajo y por tanto es posible cumplir la ley del trasvase”, aseveró el titular de Agricultura y Agua, quien recordó que las normas de explotación contemplan un desembalse anual de 600 hectómetros cúbicos para “compensar el déficit de la cuenca”, unos aportes que además, indicó, “no han llegado nunca con el Gobierno socialista”.“Es el momento de tomar esas decisiones como consecuencia del buen estado hidráulico en el que se encuentran los embalses en estos momentos debido a las lluvias”, remarcó Cerdá.

Un total de 402 jóvenes agricultores se han incorporado al campo este año en Castilla-La Mancha. El director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Miguel Chillarón, manifestó que es una buena noticia:«En este año 2010 se ha invertido la tendencia decreciente en cuanto a las incorporaciones de jóvenes agricultores en los últimos años, donde la media era de 362 jóvenes incorporados cada ejercicio, con un mínimo de 104 en 2.009».
Chillarón ofreció estos datos durante una reunión con una representación de técnicos de la organización agraria Asaja de todas las provincias. En el encuentro se trató la posibilidad de anticipo de las ayudas del pago único de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Un anticipo que, como recordó el director general, «será posible pues la semana pasada la Comisión Europea adoptó una decisión en tal sentido, abonando las ayudas a partir del 16 de octubre próximo, por un importe del 50% como máximo y tras la comprobación de las condiciones de admisibilidad que establecen los reglamentos europeos». Se prevé que el anticipo llegue a 130.000 titulares de explotaciones y el montante total rondará los 210 millones de euros.    

Más de cinco años después de que el 21 de abril de 2005 el PSOE apoyara en el Congreso de los Diputados la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado por el Gobierno del PP el 5 de julio de 2001, poniendo fin al polémico trasvase del Ebro; la alternativa ofrecida en su día por Zapatero —la puesta en marcha de 24 plantas desalinizadoras en el arco Mediterráneo— para llevar agua a la zona de Levante, ha fracasado. Dos hechos que se han producido a lo largo del mes de septiembre suponen la constatación del fracaso de la política socialista de agua, que se quiso presentar como alternativa al proyecto popular, pero que, a la vista de lo sucedido, ha terminado por reconocer que no eran tan malos los trasvases como se demonizaron en su día.

La primera llamada de atención de este fracaso la dio el 2 de septiembre en el Congreso el presidente de Red Eléctrica Española, el ex ministro socialista, Luis Atienza, en su intervención en la Comisión de Cambio Climático, al reconocer que las desaladoras que el Gobierno ha puesto en marcha en Levante tienen problemas importantes de funcionamiento porque no les llega suficiente energía eléctrica.

Solo cinco de 24

Esta es una de las causas de que el PSOE no haya podido cumplir su compromiso de poner en marcha las 24 desaladoras previstas, de las que solo cinco están en funcionamiento, según señala el portavoz popular en la Comisión de Medio Ambiente, Carlos Floriano, que esgrime la respuesta parlamentaria que el Gobierno le remitió el 20 de abril. Con el Gobierno socialista solo se han terminado las plantas de San Pedro del Pinatar II, la ampliación de Alicante I, Alicante II, Valdelentisco y El Prat de Llobregat, esta última ejecutada por la Generalitat. Pero no funcionan a pleno rendimiento, porque no le llega la energía eléctrica necesaria.El resto de desalinizadoras puestas en marcha durante el Gobierno socialista fueron iniciadas por el Gobierno del PP, por lo que el PSOE no se puede atribuir su paternidad, según Floriano.

Atienza lo dijo muy claro en el Congreso: «Sobre las desaladoras hay proyectos de desarrollo de la red que han atenuado los problemas, pero hay necesidades importantes» El ex ministro socialista fue más allá, al señalar que «en el Levante hay un problema crónico de dificultad de desarrollo de la red de transporte, como consecuencia del incremento urbanístico que ha dificultado la obtención de pasillos. No es fácil encontrar pasillos entre las zonas protegidas y las urbanizadas, lo que ha dificultado y retrasado el desarrollo de las inversiones».

Para Floriano, las palabras de Atienza son el reconocimiento «del fracaso de las desaladoras como única solución al problema del agua. Al PSOE le sirvió para mantener un discurso alternativo al del PP». Sobre este fracaso, recuerda que el portavoz socialista, José Antonio Alonso, ofreció al PP crear una Subcomisión para estudiar la política de agua: «Estábamos dispuestos a participar en la Subcomisión, pero le dijimos que ello suponía reconocer el fracaso de su política, Al final no se hizo».

El segundo argumento de este fracaso está recogido en el documento «Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social», presentado por el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, el 20 de septiembre, en la Comisión Permanente del PSOE. Este informe no descarta los trasvases para paliar la escasez de agua: «La intervención humana, en ocasiones, también sirve para recuperar situaciones de “stress” hídrico, no debiéndose descartar a priori ninguna tecnología o infraestructura que ayude a conseguir este objetivo, incluidos trasvases intracuenca o intercuenca que estén ecológica, social y económicamente plenamente justificados». Además, el PSOE apuesta ahora por la «unidad de gestión por cuencas hidrográficas», cuando ha transferido a Andalucía la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este documento, según la diputada del PP y portavoz en la Comisión del Cambio Climático, Teresa de Lara, refleja «el fiasco y las contradicciones en que han caído los socialistas».

El Tribunal Supremo (sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo) acaba de rechazar un recurso de Castilla-La Mancha contra un trasvase de 39 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros para el abastecimiento humano (36 para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 3 para Galasa, en Almería).

Este desembalse se decidió el 28 de marzo de 2008, en una dura sequía que también afectó a los embalses de Entrepeñas y Buendía, que aquellos momentos almacenaban 279 hectómetros, 39 de los cuales se consideraban excedentarios.

Los servicios jurídicos castellano manchegos no recurrieron por este motivo, sino que sostuvieron que el envío se hizo sin que se realizara una evaluación de impacto ambiental, según recoge la legislación de esta Comunidad.

Los magistrados recuerdan que, de forma reiterada, vienen declarando que esta norma autonómica no se puede aplicar a los trasvases entre cuencas intercomunitarias, donde funciona el acueducto Tajo-Segura.

Constitución

Al hilo de esta consideración, subrayan que existe un diseño competencial en materia de aguas fijado en al Constitución. Apuntan que la exigencia de realizar una evaluación ambiental de los trasvases «sólo puede hacerse conforme a la Constitución, de modo que quedan proscritas aquellas interpretaciones que supongan una vulneración de la misma, que es lo que sucedería si en los trasvases relativos a diferentes cuencas se hiciera tabla rasa de la diferenciación entre cuencas intercomunitarias o intracomunitarias», dice la sentencia del Supremo.

Los recurrentes deben pagar las costas. Al recurso de Castilla-La Mancha contestaron el abogado del Estado, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase y el Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Fuentes de los regantes indicaron ayer que la sentencia deja clara las competencias estatales en materia de aguas y pone coto a las interferencias de las leyes autonómicas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aún no ha ganado un recurso contra los trasvases. El hecho de apelar también contra los envíos de agua para abastecimiento de la población obedece a las críticas de esta Comunidad autónoma de que no existe control sobre el destino final del agua en la cuenca del Segura, donde señalan que proliferan los campos de golf y las urbanizaciones.

La llegada de agua del Júcar de calidad se vincula directamente con la propuesta de la Federación Provincial de Regantes para conectar el embalse de Tous con el trasvase Júcar-Vinalopó y así poder utilizar una parte de los caudales que se están vertiendo al mar a través del Júcar. Un planteamiento que no ha encontrado ningún tipo de respaldo entre los regantes tradicionales del río en Valencia que, además, defienden la postura del Gobierno de trasladar la toma del agua del trasvase a la desembocadura.
Juan Valero de Palma, secretario general de los usuarios del Júcar, apunta que «apoyamos la reivindicación de la Junta Central de que el agua que llegue a Alicante tenga la máxima calidad, pero también queremos dejar claro que el agua que se va a trasvasar desde el Azud de la Marquesa es la misma que utilizamos en los arrozales de Sueca, Cullera o Favareta. Nos sentimos insultados al acusarnos de insolidarios».
Valero de Palma subraya, además, que «el agua del Azud de la Marquesa es mucho mejor que la que se captaba del Ebro en Xerta y que todo el mundo aceptaba. Por supuesto que pensamos que en el trasvase deben estar todos, incluidos los abastecimientos para que la obra sea sostenible económicamente pero, insisto, el agua del Azud de la Marquesa es la que usamos nosotros».
Sobre el rechazo de los valencianos a conectar Tous con el Júcar-Vinalopó, Valero de Palma, señala que «es inviable porque la situación de este año, donde es cierto que ha habido agua, es coyuntural. En veinte años de funcionamiento del embalse sólo se ha producido en 2009 y en 2010. O sea que la conexión se podría utilizar solo 2 de cada 240 meses». Según el portavoz de la Usuj, los regantes de Valencia nunca estuvieron de acuerdo con la toma de Cortes. «Siempre hemos defendido la toma en Cullera pero nadie nos preguntó. Entonces el gobierno de Madrid era el mismo que el de Valencia y poco se podía hacer», recuerda Valero de Palma.

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha denunciado este domingo que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 contemplan, para materia hídrica, 79 euros por cada ciudadano de la Comunitat Valenciana.

   Al respecto, Cotino, que se ha expresado en estos términos en un comunicado, ha asegurado que esta inversiones por habitante en la Comunitat se sitúa «muy por debajo» de las que el Gobierno central realizará en autonomías como Aragón, Castilla La Mancha o Extramadura. «Eso, sin tener en cuenta las inversiones extraordinarias que recibe Cataluña que no se reflejan en estas partidas presupuestarias», ha manifestado.

   Así, ha indicado que por cada valenciano se recibirán 79 euros en materia hídrica, en 2011, mientras que por cada habitante de Castilla La Mancha se percibirá 92,5, por cada aragonés, 121 y por cada extremeño 123,4 euros.

   «Una vez más se demuestra el trato discriminatorio que sufrimos los valencianos, a pesar de ser la autonomía que realiza un uso más eficiente del agua gracias al esfuerzo inversor del Gobierno del presidente Francisco Camps», ha resaltado Cotino.

   El conseller también ha hecho hincapié en que la Comunitat es la que cuenta con más superficie de riego modernizado, la que realiza mayor depuración de aguas residuales y la que reutiliza los que mayor cantidad de agua tratada. Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno central «nos castiga poniéndonos a la cola en sus inversiones».

   En opinión de Juan Cotino, los PGE en materia hídrica del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero «son un auténtico engaño, puesto que la partida en infraestructuras hídricas del Ministerio se reduce un 30 por ciento, disfrazando esta caída de las inversiones con los presupuestos de sus empresas públicas».

   Asimismo, ha señalado que desde el Gobierno «quieren hacer creer a los valencianos que se van a mantener las inversiones en agua para la Comunitat Valenciana», cuando, según ha explicado, «lo cierto es que más del 80 por ciento de lo que han presupuestado para 2011 corresponde a empresas públicas que año tras año incumplen sus previsiones».

   De hecho, ha asegurado los propios presupuestos «reconocen que se han invertido 28 millones de euros menos en 2010 de lo que estaba previsto». Además, ha indicado que «existen numerosos ejemplos del desfase de los presupuestos», y ha citado el caso de la desaladora de Torrevieja (Alicante), que «en las previsiones de 2010 anunciaron que invertirían 37 millones de euros en la anualidad 2010 y se terminaría en la anualidad 2011 con 14 millones». Sin embargo, «en los presupuestos de 2011 afirman que en 2010 se van a gastar 29 millones de euros, por lo que han recortado la inversión en ocho millones para este año», ha denunciado.

   «Este es sólo un ejemplo de la desvergüenza del Ministerio a la hora de elaborar estos presupuestos con los que pretenden engañar a todos los valencianos. Son unas cuentas totalmente inventadas y además lo poco que se destina a la Comunitat está mal invertido puesto que olvidan obras tan importantes como la Potabilizadora del Vinalopó, el Plan contra inundaciones del Júcar o el abastecimiento para la comarca del Maestrazgo», ha manifestado el vicepresidente Juan Cotino.

EL 40% DE ACUAMED SE DESTINA A DESALADORAS

   Por otro lado, Cotino ha señalado que el 40 por ciento del presupuesto de la empresa pública Acuamed, «que asume el grueso de las inversiones», se destinará a la construcción de cinco desaladoras. Así, han dotado presupuestariamente la ejecución de las desaladoras de Torrevieja, Guardamar, Denia, Mutxamel-Campello y Cabanes/Oropesa por lo que «es evidente que quieren llenarnos la costa de estas instalaciones», ha asegurado el conseller.

   Para el Vicepresidente, «existen actuaciones mucho más urgente que las desaladoras para paliar la escasez hídrica que sufre nuestro territorio». Así, ha incidido en que la construcción de desaladoras «no es una medida que vaya a resolver los problemas de hídricos de la Comunitat Valenciana, donde hacen falta aportes externos, es decir, trasvases de cuencas excedentarias».

   «Igualmente, son mucho más necesarias las obras destinadas a la mejora de la gestión hídrica de los recursos disponibles, es decir modernización de regadíos y reutilización de aguas residuales, así como las actuaciones destinadas a la prevención frente a inundaciones», ha asegurado.

   El vicepresidente también ha señalado que «viendo estos presupuestos, es evidente que la prioridad del Gobierno de Zapatero sigue siendo la construcción de desaladoras por toda la costa, unas infraestructuras de elevada factura energética y económica, puesto que el alto coste del agua desalada las hace inviables como alternativa a los trasvases para proporcionar agua a la agricultura».

   A su juicio, «los regantes de la Comunitat, y especialmente los de Alicante, necesitan agua en cantidad y calidad suficiente y esta agua no se la va a proporcionar las desaladoras». «En lugar de éstas deberían construir la potabilizadora en el Vinalopó para que puedan aprovechar las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó», ha destacado Cotino.