Orden 26-7-2010 bases ayudas modernización explotaciones agrarias.pdf

Tan lejos y, a la vez, tan cerca. Tres ciudades hermanadas con Albacete, Hounde (Burkina Faso); Vienne (Francia) y Reconquista (Argentina), cobraron ayer protagonismo en la recepción que el Ayuntamiento de la capital está ofreciendo, estos días de Feria, a diversos colectivos e instituciones.

La alcaldesa, Carmen Oliver, dio la bienvenida a los representantes de estas tres localidades ligadas a la nuestra en un momento en que, según señaló, la capital albaceteña ha estado promocionándose por todo el mundo de la mano del III Centenario de la Confirmación de la Feria.

En este sentido, recordó que gracias a la iniciativa ‘Saborea España’ Albacete está presente aún en la Exposición Internacional de Shanghai, en China, y lanzó un llamamiento para que el interés que despierta la ciudad «no se detenga» y siga «generando oportunidades».

El alcalde de Hounde, Jazon Boue; el concejal del Ayuntamiento de Vienne, Jean-François Merle y Oswaldo Fatala, diputado por la provincia de Santa Fe, en Reconquista, agradecieron a la alcaldesa y a los ciudadanos de Albacete su hospitalidad en estas fiestas, de las que destacaron sus cualidades y larga trayectoria.

Un brindis con queso y vino manchego sirvió para sellar un acto al que ayer estaban invitados los miembros del Consejo Municipal de Medio Ambiente y el de Sostenibilidad; las organizaciones agrarias y de regantes; la Mesa del Comercio, el Pleno de la Institución Ferial de Albacete y la Cámara.

Así, en la Sala de Autoridades del Recinto Ferial estuvieron presentes el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte; el presidente de la Asociación de Empresarios de Campollano (Adeca), José Eduardo López Espejo y la presidenta de Albacete Centro, Conchi Muñoz, entre otros.

La alcaldesa pidió a quienes contribuyen a la proyección turística de la ciudad, a los que «reivindican el agua» y los que han hecho posible que Albacete amplíe hasta cinco sus parques industriales, su colaboración para estar «más que nunca juntos» debido al momento «tan difícil» de la economía.

«Este año todavía va a ser muy complicado, pero tenemos que conseguir que Albacete no pierda oportunidades», reiteró

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, considera que el proyecto de ley de agua que promueve el Gobierno de Castilla-La Mancha es una nueva oportunidad que le ofrece al PP, tras no haber llegado a un acuerdo en la negociación del Estatuto.

La ministra respondido a preguntas de los periodistas tras su intervención en el I Congreso de Pequeños Municipios que se celebra en Toledo.

Se ha referido así al proyecto de ley de agua que elaborará el Gobierno de Castilla-La Mancha para su aprobación en las Cortes regionales y su posterior remisión al Congreso de los Diputados y que contendrá las demandas de agua de la comunidad autónoma que estaban reflejadas en la propuesta de Estatuto de Autonomía, que finalmente fue retirada por falta de acuerdo.

En esta ocasión, la ministra espera que el Partido Popular tenga «una actitud mucho más leal, que no adopten una postura en Castilla-La Mancha y otra diferente en el ámbito estatal».

«Si esta oportunidad la aprovechan, nosotros seremos los primeros en ayudarla y aplaudirla para que la extendamos a todo el territorio», ha asegurado Espinosa.

Ha afirmado también que su departamento seguirá trabajando con el Gobierno de Castilla-La Mancha «como hasta ahora» en temas de agua, porque se trata de un bien escaso que hay que saber cuidar y hacer que llegue a todas las actividades económicas y contribuya a un mayor crecimiento. EFE

El Partido Popular defenderá este martes ante la Comisión de Industria del Congreso una proposición no de ley que exige al Gobierno que tome las medidas en materia energética que hagan posible el mantenimiento del precio de la tarifa de último recurso, en un momento en el que las negociaciones para alcanzar un pacto de Estado entre el Gobierno y el primer partido de la oposición se encuentran bloqueadas.

   El PP anunció en la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión del pasado miércoles su intención de defender la misma iniciativa que presentaron a finales de junio, a pocos días de la revisión de la tarifa de la luz. En ella exigían las medidas necesarias de política energética para que la Tarifa de Último Recurso (TUR) y los peajes de acceso no subieran el próximo mes de julio.

   No obstante, los ‘populares’ se ‘autoenmendarán’ para eliminar la referencia temporal y actualizar el texto original, que se registró inmediatamente antes de que el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, anunciaran por sorpresa un acuerdo para la congelación tarifaria y el inicio de conversaciones sobre el pacto de Estado sobre energía.

   Sin embargo, las negociaciones no han dado los frutos deseados y tras el periodo vacacional, ambas partes han desistido de convocar nuevas reuniones técnicas para alcanzar acuerdos en torno al borrador de trabajo, tras constatar algunas diferencias insalvables sobre las principales cuestiones del sector energético, si bien podrían alcanzar acuerdos puntuales sobre algunas cuestiones concretas.

   Inicialmente, tanto Sebastián como Montoro coincidieron en la necesidad de contener los costes del sistema para evitar un encarecimiento del precio de la luz, si bien el PP ha insistido en su negativa a aplicar subidas en la tarifa de la luz que mermen la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias, así como en mantener su rechazo al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.

   Por su parte, el Ministerio de Industria, pese a su disposición a recortar costes para contener el precio de la electricidad, considera poco realista la posición del PP, a la vista de que el sistema debe asumir todos los costes regulados y, además, el progresivo encarecimiento de la energía conforme se consolida la recuperación económica.

REVISIÓN DE LA LUZ

   De hecho, entre la regulación remitida por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) figura el borrador del decreto que permitirá la revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz cuando las circunstancias lo aconsejen.

   El objetivo de Industria es implantar revisiones trimestrales, en vez de semestrales como en la actualidad, que ajusten la tarifa a la evolución de los precios de la energía y ofrezcan una señal menos distorsionada.

   Pese a que es probable que el modelo no empiece a funcionar hasta el próximo año, el operador del mercado eléctrico, Omel, ya ha comenzado a realizar subastas trimestrales de electricidad entre los comercializadores de la TUR, y ha fijado el próximo 23 de septiembre como fecha para la próxima puja.

La presidenta de los populares castellano-manchegos y a su vez secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, visitó ayer en el Recinto Ferial la capilla de la Virgen de Los Llanos, patrona de la ciudad, y a la misma pidió, como «cada año, salud para los míos», pero también «que nos ayude a mejorar el destino y la situación económica de España».
Así María Dolores de Cospedal en un encuentro con los medios y, tras destacar lo que supone la Feria para la ciudad de promoción y de símbolo y lo que significa de prosperidad, ha lamentado, no obstante, que «acabamos de saber que ha desaparecido una parte muy importante del tejido empresarial del país, más de 125.000 empresas en los últimos dos años y, además, más de cuatro millones de personas están en el paro».
Y frente a ello, ha añadido, «lamentablemente el presidente del Gobierno lo que le pide a los españoles es que hay que hacer sacrificios y lo que saben los españoles es que si hubiese tomado medidas a tiempo hoy no tendrían que hacer esos sacrificios o el presidente no los estaría pidiendo». Ahora bien para la presidenta regional del PP, «el que tiene que hacer sacrificios o un sacrificio es él, Rodríguez Zapatero tiene que irse, dejar esa responsabilidad que no ha ejercido, convocar elecciones generales y dejarle a los españoles que decidan sobre quién, cómo y cuándo quieren salir de la crisis y quién quieren que les ayude».
AGUA. Sin perder de vista al Gobierno nacional, al ser preguntada por las declaraciones hechas este viernes por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, asegurando que le gustaría que el proyecto de Ley de Agua que el Gobierno regional pretende llevar al Congreso de los Diputados se aprobara por unanimidad, la presidenta regional del PP únicamente ha dicho que «le parece extraño que la ministra diga que se va a aprobar un proyecto de ley que todavía no sabe qué contenido tendrá», para a continuación igualmente matizar que «desde luego los castellano-manchegos no sabemos que contenido tiene».
Finalmente, en otro orden de cosas sobre las acusaciones contra el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, no sólo ha lamentado que haya filtraciones de sumarios que son secretos, sino que también ha reiterado que hay un procedimiento judicial que sigue abierto y «todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, también los miembros del PP».  

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha respondido este sábado a la secretaria general del PP y presidenta de la formación en la región, María Dolores de Cospedal, que la proposición de ley sobre agua contendrá las demandas que apoyó en las Cortes regionales y su partido rechazó en el Congreso.

   En declaraciones a los medios en la Feria de Albacete a preguntas de los periodistas, Barreda ha dicho que Cospedal «debería» conocer el contenido de la proposición de ley que se llevará a las Cortes Generales porque «básicamente va a contemplar todos los aspectos que observaba el Estatuto de Autonomía».

   «Un Estatuto –ha agregado– que ella votó en las Cortes de regionales y que, sin embargo, votó en contra, o hizo que su partido votara en contra en el Congreso de los Diputados». De esta forma, ha considerado que «si le interesara Castilla-La Mancha, sabría en qué consiste la Ley del Agua».

   El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que la región está creciendo «demográficamente e industrialmente». «El agua es un bien cada vez más escaso, que nosotros queremos utilizar al máximo», ha enfatizado.

   «Queremos que Castilla-La Mancha forme parte de los órganos de gestión del agua, que la región sea determinante en las decisiones que se toman sobre un recurso que es de todos los españoles, naturalmente, pero también y sobre todo de los castellano-manchegos, porque para eso somos la cuenca cedente», ha subrayado.

   Dicho esto, preguntado por si cree que se aprobará la proposición de ley sobre agua en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo regional ha dicho que «el Gobierno de España ya ha dicho que apoya lo que ya apoyó en el Congreso de los Diputados», asegurando que «ahora se apoyará de nuevo».

María Dolores de Cospedal cuestionó ayer que el Gobierno central apoye la proposición de ley sobre agua que Castilla-La Mancha llevará al Congreso de los Diputados en la que se contemplan todas las demandas que contenía el fallido Estatuto de Autonomía de la región. La secretaria general y presidenta del PP en Castilla-La Mancha señaló que «me debería parecer extraño que la ministra de Agricultura diga que va a aprobar un proyecto de ley que todavía no sabe qué contenido tiene, porque desde luego los castellano-manchegos no sabemos qué contenido tiene».

Así lo expresó Cospedal a la salida de la capilla de la Virgen de los Llanos en Albacete, que visitó con motivos de las fiestas de la localidad. De esta forma, respondió a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que en el I Congreso de Pequeños Municipios celebrado el pasado viernes en Toledo aseguró que «ayudará a cumplir» dicha proposición de ley si el Partido Popular aprovecha la oportunidad que de nuevo desde Castilla-La Mancha se le ofrece.

«Es una oportunidad que de nuevo desde Castilla-La Mancha se le ofrece al PP y yo espero que tengan una actitud mucho más leal, que no adopten una postura en Castilla-La Mancha y otra diferente a lo mejor a nivel estatal. Si esta oportunidad la aprovechan desde luego nosotros seremos los primeros en ayudar a cumplirla», declaró la ministra, que aclaró previamente que no había tenido oportunidad de leer la iniciativa de los «populares» por lo que no podía posicionarse. Aun así, Espinosa afirmó que va a «seguir trabajando con el Gobierno de Castilla-La Mancha como se ha hecho en temas del agua».

Misma política hidrológica

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se mostró sorprendido por las palabras de Cospedal, apuntando que la líder del PP regional debería conocer el contenido de la proposición de ley porque «va a recoger todos los aspectos que se contemplaban en el Estatuto de Autonomía».

Al Estatuto se refirió concretamente Barreda para recordar que «ella votó en las Cortes de Castilla-La Mancha y que, sin embargo, votó en contra, hizo que su partido votara en contra, en el Congreso de los Diputados. Por tanto, debería saber en qué consiste». Por esto, incidió en que el contenido de la nueva ley en política hidrológica será exactamente la misma que la albergada en la reforma del Estatuto de Autonomía que fue finalmente retirada.

Nueva ley hidrográfica El jefe del Ejecutivo castellano-manchego explicó que el nuevo texto legislativo pretende que Castilla-La Mancha forme parte de los órganos de gestión del agua , que sea determinante en las decisiones que se toman sobre un recurso que es «de todos los españoles, naturalmente, pero también, y sobre todo, de los castellano-manchegos, porque para eso somos la cuenca cedente».

Igualmente, se refirió a la necesidad de la ley porque Castilla-La Mancha está creciendo demográficamente, industrialmente, y el agua es un bien cada vez más escaso, que «queremos utilizar al máximo».

Barreda reitero que «de todas estas cosas es de lo que se va a ocupar la ley» propuesta, y consideró que María Dolores de Cospedal «debería saberlo si le interesaran los asuntos de Castilla-La Mancha».

Apoyo a la feria de Albacete Todas estas declaraciones las hizo Barreda a preguntas de los periodistas durante su visita a la Feria de Albacete. Ente los actos a los que asistió, el presidente regional mostró su orgullo por el futbolista albaceteño Andrés Iniesta, un paisano que, dijo, el día de la final del Mundial «marcó un gol por la escuadra de nuestras ilusiones». «Cuando estaba ya acabando el partido llegó nuestro paisano y marcó un golazo, el gol más famoso de la historia del fútbol en España, un gol que sin duda ninguna pasará a la historia, un gol que nos ha proclamado campeones del mundo», ha destacado en el Ayuntamiento de Albacete, que ha recibido la copa del mundo.

Para el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, la Copa del Mundial simboliza la ilusión de todos los españoles, por lo que agradeció a la Federación de Fútbol que haya querido hacer este periplo por las capitales de España y de Castilla-La-Mancha mostrando la copa que, insistió, es de todos. «Estoy muy contento porque la copa esté en Albacete precisamente ahora coincidiendo con la Feria del III Centenario», insistió el presidente, que aunque ha reconocido estar muy orgulloso de la Selección Española de Fútbol, sí quiso hacer una mención especial a Andrés Iniesta.

A continuación, el presidente Barreda se desplazó a la plaza de toros de Albacete para asistir a la corrida de la tarde protagonizada por Rafael Rubio, Rafaelillo; el cordobés José Luis Moreno y el diestro Antonio Ferrera, con toros de la ganadería de Adolfo Martín Andrés.

Previamente, en una visita en el Recinto Ferial a la Exposición «Albacete Siglo XXI», que el Ayuntamiento de Albacete ha organizado con motivo de la celebración de la Feria, Barreda ha aplaudido «la inteligencia de Albacete para mirar al futuro, sin olvidar su pasado». Apuntó que esta exposición recoje también las futuras infraestructuras y proyectos de la ciudad, como el nuevo Complejo Hospitalario de Albacete, la Facultad de Medicina, el Parque Científico y Tecnológico o la nueva estación del AVE.

E-1192 RESOLUCION DE LA INFORMACION PUBLICA DE LA FASE II DE SUSTITUCION DE BOMBEOS.pdf

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana contra el Estatut de Catalunya.

   En el caso de Aragón y Baleares, la decisión ha contado con el voto particular de los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata, mientras que en el de la Comunidad Valenciana han manifestado su discrepancia Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas.

   Los recursos de Aragón y Baleares rechazaban la regulación que el Estatut hacía del Archivo de la Corona de Aragón, mientras que el de Valencia se centraba en la gestión del Ebro.

    El Pleno venía reuniéndose desde el pasado lunes para estudiar estos recursos y en sus sesiones ha estado presente el magistrado Pablo Pérez Tremps, quien no pudo participar en las deliberaciones sobre la impugnación realizada por el PP tras aceptarse la recusación que presentó contra él el citado partido.

   En el caso de los recursos de Aragón y Baleares, la decisión ha contado con el voto particular de los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata, mientras que en el de la Comunidad Valenciana han manifestado su discrepancia Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas.

   Tanto Aragón como Baleares habían recurrido la disposición adicional decimotercera del Estatut, en la que se establece que Los fondos propios de Catalunya situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Catalunya.

   En el caso de la Comunidad Valenciana, el Constitucional rechaza el recurso de inconstitucionalidad en lo referido a seis artículos relativos a financiación y competencias de las administraciones locales y la disposición adicional séptima, en la que se enumeran la relación de tributos cedidos por el Estado.

AVALA LA GESTIÓN DEL EBRO

   El alto tribunal no se pronuncia sobre el artículo 117.4, también recurrido por la Comunidad, porque ya lo avaló en la sentencia en la que analizaba el recurso presentado por el PP. Este precepto atribuía al Gobierno catalán la capacidad de «emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial».

   A este respecto, la sentencia por el recurso del PP señalaba que el informe al que se refiere la norma catalana «es preceptivo pero no vinculante» y que «se comparece con el principio de cooperación que ha de presidir las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma».

   El alto tribunal avala que el desarrollo de las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat corresponda a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat (artículo 201.3 del Estatut) y que el Gobierno catalán disponga de «plena autonomía de gasto para poder aplicar libremente sus recursos de acuerdo con las directrices políticas y sociales determinadas por sus instituciones de autogobierno» (art. 202.2).

   También rechaza el recurso de la Comunidad Valenciana referido al artículo 203.1, que atribuye al Gobierno catalán «la capacidad para determinar el volumen y composición de sus ingresos en el ámbito de sus competencias financieras, así como para fijar la afectación de sus recursos a las finalidades de gasto que decida libremente».

   El Constitucional también avala que la capacidad normativa de la Generalitat de Catalunya incluya «la participación en la fijación del tipo impositivo, las exenciones, las reducciones y las bonificaciones sobre la base imponible y las deducciones sobre la cuota (art. 203.3), así como «la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos estatales cedidos totalmente y dichas funciones, en la medida en que se atribuyan, respecto a los cedidos parcialmente» (art. 203.4).

   De igual forma, rechaza el recurso en lo referido al artículo 203.6, que establece que «el ejercicio de la capacidad normativa en el ámbito tributario, por parte de la Generalitat, se basa en los principios de equidad y eficiencia». También respalda el artículo 205, que atribuye a la Generalitat la posibilidad de asumir la revisión de las reclamaciones de los contribuyentes.

COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

   Otro de los artículos recurridos por el Gobierno valenciano que avala el Constitucional es el 218, que estipula la autonomía y competencias financieras de los ayuntamientos catalanes. De esta forma, los gobiernos locales tendrán «autonomía presupuestaria y de gasto en la aplicación de sus recursos» (art. 218.1) y «capacidad para regular sus propias finanzas», incluida «la potestad de fijar la cuota o el tipo de los tributos locales, así como las bonificaciones y exenciones» (art. 218.3).

   La Generalitat de Cataluña, por su parte, podrá «establecer y regular» los tributos propios de los ayuntamientos (art. 218.2) y llevar a cabo «el ejercicio de la tutela financiera sobre los gobiernos locales, respetando la autonomía que les reconoce la Constitución» (art. 218.5).

   También se avala el artículo 219.2, que atribuye al Gobierno catalán la capacidad de percibir los ingresos de los gobiernos locales consistentes en participaciones en tributos y subvenciones incondicionadas estatales y distribuirlos de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales de Catalunya.

  El Constitucional también rechaza el recurso valenciano en lo relativo a la Ley de Haciendas Locales de Catalunya (art. 220) y la regulación del catastro (art. 221), en el que el Gobierno catalán podrá participar de forma consorciada con el Estado y las administraciones municipales.

YA SE PRONUNCIÓ SOBRE SOLIDARIDAD

   Asimismo, el Tribunal Constitucional ha declarado la pérdida de objeto de la impugnación efectuada por la Comunidad Valenciana del artículo 206.3 del Estatut, que preveía que la aportación de la Generalitat a la solidaridad y a la nivelación de servicios se realizará «siempre y cuando las Comunidades Autónomas lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar», ya que este asunto ya fue interpretado en la sentencia del Estatut por el recurso del PP.

   En este sentido, el alto tribunal ya ha establecido que sólo corresponde» al Estado determinar cuál debe ser el «esfuerzo fiscal» que deba realizar Catalunya y el resto de autonomías, puesto que es el único garante de la solidaridad.

   Igualmente, el fallo de la sentencia sobre el recurso interpuesto por Valencia avala la constitucionalidad de ese mismo artículo en su apartado 5, en el que se señala que el Estado debe garantizar que la aplicación de los mecanismos de nivelación «no altere en ningún caso la posición de Catalunya en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación».

   Del mismo modo el alto tribunal establece que no es inconstitucional el artículo 210, también impugnado por la Comunidad Valenciana, en su apartado 1, donde se señala que La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat es el órgano bilateral de relación entre la Administración del Estado y la Generalitat en el ámbito de la financiación autonómica.

   Finalmente, el Tribunal Constitucional también ha declarado la adecuación a la Carta Magna de la disposición adicional tercera del Estatut, siempre que se interprete en el sentido en que lo hizo la sentencia sobre el recurso del PP.

   Esta disposición señala que la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Catalunya con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años.

Con el objetivo de mejorar la gestión del agua en Europa, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes FENACORE) asume la presidencia por un año de la European Union Management Association (EUWMA). 

El presidente de FENACORE, Andrés del Campo, ha resaltado  que buscará promover la modernización de regadíos y garantizará una aplicación «sensata y proporcionada» de la Directiva Marco de Aguas (DMA) y la construcción sostenible de embalses y trasvases en los países europeos.

También contribuirá al desarrollo de la Política Agraria Común a partir de 2014 y alcanzar el reparto equitativo de los fondos europeos.