Este año, van a coincidir dos de las campañas agrícolas más importantes de la provincia, la vendimia y la recogida de la almendra. Y, ni en la primera, ni tampoco en la segunda, las perspectivas son muy halagüeñas, según la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
De acuerdo a las previsiones de la organización, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, se estaría dando una situación que parece llevarle la contraria a la teoría económica. Hay menos cosecha, pero el precio no sube.
«Al revés, está bajando e, incluso los primeros datos de los que tenemos noticia señalan que, en Albacete, los precios podría estar incluso un poco por debajo del promedio nacional», indicaba Ernesto Girón, secretario del área de agricultura de UPA- Albacete.
En Castilla-La Mancha, se espera que la actual campaña se cierre con 4,5 millones de toneladas, de las que más de 80% saldrán de la provincia de Albacete. En España, se esperan 25 millones de toneladas, cuando la media está en 34, nueve millones más.
Los precios medios, a nivel nacional, están en torno a los 2,10-2,11 euros por kilo en almendra grano «pero mucho nos tememos que, en Albacete, los precios puedan estar incluso un poco más bajos que eso y, con eso, ya no se cubren costes».
El motivo, un mal que padecen muchos otros sectores agrícolas, las importaciones masivas a bajo precio «pero, en este caso, no se trata de China, sino de los EEUU, que producen en masa un producto barato, pero de peor calidad que, para más inri, se vende como almendra española genuina incluso en nuestro propio país».    

«Ni por asomo vamos a cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura», manifestó ayer con rotundidad un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, que quiso aclarar el alcance que tendrá el grupo técnico que revisará el protocolo de desembalses. Según el Ministerio, a esta comisión no le corresponde cambiar las reglas recogidas en el Plan de Cuenca del Tajo aprobado por el Congreso de los Diputados. Añade que lo único que se persigue es mejorar el funcionamiento del trasvase para transportar de otra forma el agua que se manda a la cuenca del Segura, de tal forma que los caudales permanezcan más tiempo en los pantanos de cabecera para que puedan ser disfrutados por los municipios ribereños del Tajo. Por ejemplo, que el volumen autorizado se mande conforme se vaya necesitando y no de una tacada, como se hace habitualmente.

Los vecinos de la cabecera del Tajo también quieren disponer de una lámina de agua estable en los embalses de Entrepeñas y Buendía que garantice sus actividades económicas ligadas al turismo. Los regantes están de acuerdo en pausar los envíos de agua. Esto también repercute en la costosa factura eléctrica que se paga en la Región de Murcia con los bombeos del agua que llega del Tajo.

Reunión Valcárcel-Claver

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, asegura que la proposición de Ley que plantea el Ejecutivo de Castilla-La Mancha para recoger todas las demandas de esta Región en materia hídrica «tiene un matiz exclusivamente electoral». Asimismo, afirma que «no tendría sentido adelantarse con la ley murciana» en defensa del trasvase porque «les estaríamos haciendo el juego».

José Manuel Claver opina que «no se debe echar más leña al fuego», en referencia a la petición realizada por el PSRM de que se recupere la proposición de Ley para la defensa del Trasvase Tajo-Segura, que ya fue retirada a petición de los propios regantes de la Asamblea Regional. El presidente de los regantes murcianos hizo ayer estas declaraciones tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, para analizar la situación a la finalización del año hidrológico, e iniciar la entrada en el nuevo curso político, según explicó el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

Claver ratifica que la nueva proposición de Ley «resulta un claro y casi exclusivo matiz electoralista de cara a las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha que lleva a plantear nuevamente el tema del agua cuando el mismo Parlamento acaba de rechazar el Estatuto manchego». Respecto a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, el titular de Agricultura se muestra abierto a la posibilidad de «discutirla y analizarla», porque las normas fueron redactadas hace 10 ó 12 años y «a lo mejor las circunstancias de ahora requieren que se discutan, pero siempre predominando los criterios técnicos, no los caprichos políticos».

No obstante, Cerdá explica que la Comunidad está centrada en «defender los intereses de los murcianos y de los regantes con uñas y dientes», al tiempo que muestra su disposición a «ayudar a resolver los problemas de los demás».

Claver tampoco se opone a la modificación de las normas «siempre que se haga con criterios objetivos técnicos». No obstante destaca que el cambio «no quiere decir necesariamente una rebaja, sino adecuar las reglas a lo que dice la realidad actual». A su parecer, lo que no se puede hacer es «política con lo que significa el trasvase Tajo-Segura».

Ayudas europeas

Cerdá pone como ejemplo de «solidaridad» el modelo del pago de las pensiones o la Política Agraria Comunitaria (PAC), cuyos fondos proceden de los estados miembros, que participan con un porcentaje del PIB y del IVA que se recauda, que se envía a la Unión Europea y se redistribuye. Así, precisa que en España, hay comunidades como Castilla-la Mancha que «reciben más de lo que aportan». En concreto, recuerda que Castilla-La Mancha «recibe 750 millones de euros por año más de los que aporta, mientras que la Región de Murcia recibe 58 millones de euros menos de los que aporta».

Durante más de 40 años de actividad profesional y política, son muchas las ocasiones en las que he tenido relación con temas de agua y, en todas ellas, los términos «cuenca hidrográfica» y «unidad de cuenca» fueron referencia permanente y de aceptación unánime, como principios básicos para la gestión solidaria e integral del recurso. Siempre he estado plenamente convencido de que el concepto de «cuenca hidrográfica», como unidad de gestión indivisible para la administración del agua, no fue producto casual de una idea feliz de los regeneracionistas. Ya en el siglo XIX Joaquín Costa impulsó este concepto al que la dictadura de Primo de Rivera le dio soporte institucional mediante las Confederaciones Sindicales Hidrográficas. Más tarde, el ingeniero Lorenzo Pardo contribuyó decisivamente a darle implementación técnica y la II República, siendo Indalecio Prieto ministro de Obras Públicas, diseñó un soporte legal, vigente hoy en los artículos 14 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. De este modo, el concepto de cuenca fue, por el contrario, una elaborada respuesta a la compleja relación agua y territorio, que considera el agua como factor de producción y elemento esencial en la configuración, ordenación y desarrollo territorial.

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La unidad de cuenca en la gestión del agua viene siendo consagrada en nuestro país desde hace más de un siglo por la práctica administrativa y por la legislación, con independencia del color político gobernante en cada época. Ha merecido su inclusión en la Carta Europea del Agua de 1968, el aval unánime de los usuarios, la aceptación de la práctica totalidad de colectivos conservacionistas y la Directiva Marco del Agua (DMA) la incorpora como modelo a implantar en los estados de la Unión Europea. Y sería paradójico que cuando la UE asume un modelo de gestión, de patente española y universal aceptación, éste dejara de aplicarse en la administración del agua en nuestras cuencas. Paradójico y preocupante, a la vez, en la medida que, al romper la unidad de cuenca, la gestión pierde la perspectiva unitaria y de servicio al interés general y, en consecuencia, deja de garantizar el irrenunciable principio de solidaridad. Perspectiva y gestión unitarias que son difíciles de mantener cuando se parcela la delimitación natural de la cuenca en subcuencas o distritos, y que, en la práctica, resultarían imposibles de conseguir si, a la división territorial, se le sumara la concurrencia de gestores con criterios y legislaciones distintos, cuando no contradictorios. De ahí el gran acierto de nuestra Constitución al declarar, en su artículo 149.1.22ª, que el Estado tiene competencias exclusivas en «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma». Es decir, cuando se trate de cuencas intercomunitarias el Estado es el garante de la unidad de cuenca, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a todos los territorios de las distintas comunidades por las que discurren. Precisamente es esta afectación a la totalidad la que da sentido al concepto de cuenca, como unidad ecológica y funcional, y justifica la exigencia de su gestión unitaria, como mejor instrumento para un uso eficiente y sostenible del recurso, garantizando la solidaridad entre los diferentes territorios. No debemos olvidar que la emisión de vertidos en un punto, el mantenimiento de caudales ambientales, las restricciones en la explotación de acuíferos estratégicos o los usos y consumos en un determinado tramo, tienen sus repercusiones directas en la totalidad de la cuenca. Del mismo modo, una revisión de concesiones y reasignación de recursos que no se haga con criterios uniformes o no contemple el conjunto de la cuenca, generaría agravios y legítimas reivindicaciones.

Así pues, en mi opinión, el mantenimiento de la unidad de cuenca en la gestión de las aguas intercomunitarias es una garantía constitucional. Su cumplimiento obliga tanto al Estado como a las instituciones, usuarios y agentes sociales y económicos de los territorios afectados, haciendo así realidad el principio de participación y cooperación en la gestión de las cuencas hidrográficas, del que España fue pionera.

Creo, por último, que si el principio de unidad de cuenca ha permanecido inalterable y respetado por generaciones de políticos de distintas ideologías y por la totalidad de estudiosos y profesionales relacionados con la gestión del agua, es porque responde a valores que todos debemos compartir y, más aún, cuando se trata de gestionar un recurso natural escaso y vulnerable. Valores de eficiencia, equidad y solidaridad, cuya permanencia en la gestión del agua sólo la unidad de cuenca garantiza. Contribuir a su ruptura, por acción u omisión, sería un grave error, además de una gran irresponsabilidad.

Pedro Rodríguez Cantero es presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, ha asegurado que el proceso para presentar la proposición de ley sobre agua –iniciativa que anunció durante el Debate sobre el Estado de la Región celebrado la semana pasada– se va a empezar «inmediatamente».

   El presidente ha explicado que la iniciativa parlamentaria debe ser aprobada por las Cortes regionales, que es quien posteriormente eleva la iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados. «Hay que darse prisa», ha apostillado tras poner la primera piedra del Teatro Auditorio Quixote-Crea en Toledo.

   Preguntado por el encuentro de este lunes entre el presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, y el jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, Barreda ha afirmado que «está bien que los regantes de Murcia traten de defender lo que ellos interpretan que son sus intereses», cosa que él también hace con los representante del sector agrario cada vez que tiene «ocasión» porque su «obligación primera es defender los intereses de nuestra tierra».

    El presidente ha dicho que por este motivo está recibiendo desde Murcia «algunos insultos y descalificaciones, algunos de ellos de dudoso gusto», que prefiere no comentar.

    En cualquier caso, ha dicho que le gustaría que los planteamientos de Valcárcel «no coincidan» con el de alguna persona «influyente e importante, cuya capacidad de decisión es fundamental» –en referencia a secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal– y que el planteamiento en materia hídrica de esta persona coincida de manera «total» con «la gente de Castilla-La Mancha, con su gobierno y con sus regantes».

El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha afirmado que el presidente de la Junta, José María Barreda, «no tiene credibilidad» al anunciar que llevará al Congreso una Proposición de Ley en la que se incluyan las reivindicaciones sobre agua que contenía el Estatuto de Autonomía, al tiempo que le ha pedido que renuncie a «vivir a costa del agua».

   En rueda de prensa en las Cortes, Tirado se ha pronunciado así al ser preguntado por si el PP apoyará la Proposición de Ley que el PSOE llevará a las Cortes Generales con las demandas del Gobierno regional en materia de agua para Castilla-La Mancha. «Barreda no tiene credibilidad, ha mentido y sigue volviendo a engañar a los castellano-manchegos», ha respondido.

   En este sentido, el diputado ‘popular’ ha asegurado que el Gobierno regional «miente» cuando dice que el PP no defendía en su propuesta sobre el Estatuto de Autonomía la prioridad de la cuenca cedente. «¿Qué podemos esperar de un presidente que se dedicó a mentir durante todo el proceso del Estatuto?», se ha preguntado.

   «Cospedal quiere agua de calidad para los castellano-manchegos, para los agricultores», ha subrayado Tirado, afirmando que en Castilla-La Mancha «hace falta verdad y transparencia» y «no vivir a costa del agua» como, a su juicio, hace el Gobierno regional.

   Es más, a su entender, la Proposición de Ley sobre agua que anunció el presidente de la Junta durante el Debate sobre el Estado de la Región que se celebró la semana pasada es una «cortina de humo» para «no hablar de los recortes sociales» que, según ha afirmado, realizará el Gobierno regional en sanidad y educación pública.

La secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que la presidenta regional del PP y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, está esperando al resultado de la reunión que el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, va a tener con el presidente de los regantes, José Manuel Claver, este lunes, para hacer «su argumentario» sobre el tema.

   En rueda de prensa, Padilla ha señalado que tras esta reunión Cospedal «puede estar tranquila» porque ya tras la reunión «sabrá» lo que dice Valcárcel en materia hídrica, y qué opina de la propuesta del presidente regional, José María Barreda, de elevar al Congreso una Proposición de Ley con las reivindicaciones de Castilla-La Mancha en este ámbito.

   La responsable socialista se ha cuestionado a qué «tanto nerviosismo» por parte de Cospedal en lo que al agua se refiere y se ha respondido que quizá sea porque la líder del PP «no puede decir nada» hasta que Murcia y Valencia se pronuncien sobre la propuesta.

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha afirmado que no escucha al presidente castellano-manchego, José María Barreda, sino que escucha y defiende «el interés de los murcianos».

   Valcárcel, que se reunirá el lunes con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, para abordar la situación del trasvase, ha remarcado que la postura del Ejecutivo murciano en la cuestión del agua «está basada en la solidaridad y en la ausencia de enfrentamiento».

   «Mientras, otros entienden la política hídrica de manera distinta, ya que faltan a los preceptos constitucionales y presentan estatutos de autonomía que no están en consonancia con la Constitución Española», ha destacado en declaraciones a RNE. Además, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo castellano-manchego «trata de justificar sus fracasos políticos buscando al prójimo, es decir, a los murcianos y a su presidente, para culparles de sus males».

   Por otro lado, Valcárcel ha recordado que Barreda dijo que si se cambiaba una sola coma del texto que presentaron en el Congreso lo retiraría. «No es que se haya cambiado, es que el Estatuto ha sido devuelto a las Cortes castellano-manchegas por inconstitucional e insolidario», ha indicado.

   En este sentido, el presidente murciano ha manifestado que su labor «es defender el interés de los murcianos». «Lo hago de la mejor manera que sé hacerlo y además procuro que se evite, como se ha evitado, que prosperen estatutos insolidarios y anticonstitucionales», ha añadido.

   Igualmente, ha apuntado que desde el Ejecutivo regional seguirán «sumando esfuerzos y haciendo lo posible para que se entienda a nivel nacional que lo necesario y urgente es alcanzar un pacto de Estado entre las grandes formaciones políticas que resuelva de una vez por todas el problema de la falta de agua en España».

EL ESTADO ES EL QUE DEBE GESTIONAR EL AGUA

   Por otro lado, el jefe del Ejecutivo murciano ha subrayado que «es el Estado» el que tiene que tomar decisiones en esta materia y no las autonomías. «En España hay agua, pero mal distribuida, por lo que su planificación y gestión no tiene que ver con las comunidades autónomas, sino con el Gobierno central, que es el competente», ha explicado.

   Y es que, según ha señalado, «el Gobierno regional entiende la política hídrica desde el compromiso con los murcianos, que no es incompatible con los intereses del resto de la Nación, incluida, por tanto, Castilla-La Mancha».

   Al hilo, ha destacado que el proyecto que presentó hace unos años para desarrollar el trasvase complementario del Tajo-Medio tenía como fin beneficiar de igual forma a Castilla-La Mancha y a la Región de Murcia, y ha recordado que «nunca ha atacado ningún interés legítimo de Castilla-La Mancha».

   «Todo lo contrario, he dicho que la prioridad es evidente que la tiene esa comunidad y que no pediremos nosotros los murcianos el agua que requieren los castellano-manchegos, pero sí aquella otra cantidad que se podría ir al mar», ha aclarado.

   Finalmente, Valcárcel ha afirmado que la Región de Murcia «es próspera, productiva y su agricultura contribuye solidariamente con el resto de España, puesto que sus productos salen al exterior y esto repercute de manera positiva al PIB nacional».

La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó ha decidido cambiar de estrategia en la negociación que mantiene con el Ministerio de Medio Ambiente para la gestión de los recursos hídricos que lleguen a la provincia de Alicante desde el Júcar a fin de acabar con la sobreexplotación de los acuíferos. Regantes y Usuarios acordaron el pasado jueves en su primera asamblea tras las vacaciones trasladar al Ministerio de Medio Ambiente -el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, les recibirá el próximo día 14 en Valencia tras 14 meses sin ningún tipo de contacto oficial- dos condiciones innegociables para aceptar los caudales que lleguen del Azud de la Marquesa: El precio del metro cúbico del agua que se almacene en el embalse de San Diego (Villena) no deberá superar los 0,18 euros por metro cúbico y la calidad deberá ser la misma que se acordaron Junta y Ministerio en el proyecto original cuando el agua se iba a captar en Cortes de Pallás.
Si se cumplen estos dos requisitos los regantes de la zona receptora aceptarán y el agua podrá a comenzar a circular por las canalizaciones del postrasvase. Si los análisis son contrarios el agua se quedará embalsada. De esta forma, usuarios y regantes tratan de cambiar de estrategia. Renuncian al conflicto directo con el ministerio pero están dispuestos a ser inflexibles en una cuestión clave como es el futuro de los recursos hídricos de gran parte de Alicante. Mientras, Consell y Medio Ambiente siguen sin mover ficha en una especie de idilio que ha comenzado a levantar todo tipo de suspicacias entre los agricultores.
El Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Agua han comenzado la cuenta atrás para el final de la ejecución del proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó que estará listo a finales de año para impulsar de Cullera a Villena y, posteriormente, al resto de la provincia de Alicante, el caudal captado en el Azud de la Marquesa. Unas obras que, incluido el postrasvase, habrán supuesto un desembolso público cercano a los 350 millones de euros, a los que hay que añadir, también, los alrededor de 100 millones de la modernización de la Acequia Real del Júcar, obra clave para generar excedentes de agua y trasvasarlos.
Casi siete años después de iniciadas las obras y después del tormentoso cambio de trazado, todavía no se han resuelto dos cuestiones fundamentales: el precio y la calidad del agua. Nada se sabe, de forma oficial, de la potabilizadora (40 millones) que debe garantizar que el agua sirva para beber y regar, tal como exigen la Unión Europea y la Audiencia Nacional. Las buenas palabras del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, que mantiene con el vicepresidente del Consell, Juan Cotino, las relaciones cordiales que inició con José Ramón García Antón, contrastan, sin embargo, con la realidad. Catorce meses después de la paz hídrica (julio de 2009), todo el mundo es consciente de que la infraestructura es fundamental pero, de momento, no tiene ni presupuesto consignado.
Si la solución de potabilizadora está complicada debido a su alto coste ya la paupérrima situación financiera de Consell y Gobierno central, más polémica es todavía la construcción de una segunda toma, más barata pero con un fuerte rechazo social entre los regantes de Valencia con los que ni Cotino ni Puxeu están dispuestos a enfrentarse a las puertas de elecciones.

Una obra que beneficiará a 22.000
agricultores

La Conselleria de Medio Ambiente ha ejecutado cinco de los siete tramos (70%) en los que se dividen las obras de la margen derecha del postrasvase Júcar-Vinalopó. Los dos tramos restantes (el Tramo 0 y el VI) y la balsa del Planet se encuentran en ejecución y está previsto que finalicen este año. Las actuaciones que permitirán completar esta importante infraestructura agraria, tienen un presupuesto de 31,3 millones de euros. Con su puesta en marcha se podrá distribuir el agua procedente del Azud de la Marquesa a las distintas entidades de riego de la margen derecha del Vinalopó, recorriendo las comarcas del Alto y Medio Vinalopó de norte a sur, y evitando la sobreexplotación de los acuíferos. De la infraestructura se beneficiarán 22.000 agricultores (20.000 hectáreas). F. J. B.

El consejero de Presidencia, Santiago Moreno, espera que Cospedal no haga pagar a los castellano-manchegos «la hipoteca que tiene con su partido en materia de agua».
Una palabras con las que mostró su deseo de que, una vez presentada en las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria, la nueva Ley de Aguas sea apoyada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Según Santiago Moreno, María Dolores Cospedal «se siente absolutamente hipotecada por su condición de secretaria general del Partido Popular», y en ve de defender los intereses de todos los castellano-manchegos, «se haya plegado a los intereses murcianos», aseguró.

No perdona
Santiago Moreno recordó cómo fue el presidente de Murcia quien, en el momento en que se votaba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, donde se recogían todas las reivindicaciones de la región en política hidrológica, éste aseguró que “tenía la última palabra para el agua de Castilla-La Mancha”, mientras que De Cospedal, en lugar de pensar en esta tierra, voto no para el agua de los castellano-manchegos.
El consejero de Presidencia subrayó que Barreda “lo que quiere es agua para Castilla-La Mancha” y por tanto la propuesta de esta nueva Ley no es algo nuevo.