La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha sacado a licitación la contratación del proyecto de reconstrucción del Azud de la Marquesa, en el término municipal de Cullera (Valencia), y la restauración del entorno fluvial por 11,1 millones de euros (IVA incluido).

El presupuesto base de licitación es de 10,2 millones de euros, cifra a la que se suma la cantidad destinada a contratar la asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras, de 700.667 euros, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las obras pretenden mejorar el estado de la presa, que se encuentra a 4,5 kilómetros de la desembocadura del río Júcar y se ha visto deteriorada por los efectos de las avenidas, informan desde el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

El proyecto contempla actuaciones que aumentarán «notablemente» la capacidad de desagüe del azud y protegerán el lecho del río, así como una escala de peces para eliminar el efecto barrera que tiene el propio azud en la dinámica fluvial del río, lo que repercutirá positivamente en su funcionamiento ecológico, explican.

La restauración del entorno fluvial del azud se hará no sólo en el aspecto geomorfológico y funcional, sino también en el ámbito biológico y paisajístico para restituir los hábitats que favorezcan la biodiversidad animal y vegetal de la zona.

Además, se han proyectado actuaciones de renaturalización de la morfología del terreno con la creación de sendas, tratamientos silvícolas, siembras, plantaciones y la instalación de equipamiento rústico.

Respecto a la vegetación invasora, se realizarán desbroces selectivos y se conservarán las especies autóctonas de ribera, y en cuanto a las sendas de uso peatonal, éstas se incorporarán a lo largo de las riberas del río y en las zonas de acceso a los embarcaderos.

Para dar continuidad a la red de caminos, las sendas partirán y volverán a los caminos de servicio proyectados o ya existentes.

El Azud de la Marquesa posibilita los riegos en la zona a través de varias tomas que afectan a las Comunidades de Regantes de Sueca y Cullera, y además impide la intrusión salina en el río Júcar, con lo que se mantiene la separación entre el agua dulce y la salada.

También regula las aguas del propio río generando un «miniembalse» entre el Azud de la Marquesa y el que recoge las aguas sobrantes de la acequia de Cuatro Pueblos en Cullera y que nace en el Azud de Sueca, utilizado para riegos coyunturales de las zonas altas de las tierras colindantes.

Según el Ministerio, este proyecto permitirá garantizar que no se produzcan intrusiones salinas en la desembocadura del río para conservar el hábitat del tramo aguas arriba hasta el azud, y recuperar el entorno. EFE

Los embalses de la cuenca del Júcar han iniciado el mes de septiembre con 1.000 hectómetros cúbicos más de agua que la media de los últimos 5 años, lo que representa un incremento del 151 por ciento.

Según un comunicado de la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la cantidad de agua embalsada este mes en la cuenca del Júcar es casi un 50% superior a la del mismo periodo de 2009 y un 130% mayor que la media de los últimos 10 años.

Esta cifra contrasta con la experimentada en el conjunto de España, ya que en la actualidad los embalses del país contienen un 45% más de agua que el promedio de la década anterior, un porcentaje «significativamente inferior» al registrado en la cuenca del Júcar.

Actualmente, los embalses del Júcar disponen de reservas por un total de 1.662 hectómetros cúbicos, lo que equivale a cerca de un 50% de la reserva (agua destinada al consumo y al uso hidroeléctrico), con un incremento de 715 hectómetros cúbicos respecto a 2009.

Esta cifra supone además un aumento en la reserva de 28 puntos porcentuales respecto a hace dos años y de un 30 por ciento respecto a la media de los últimos 5 años. EFE

La empresa de agua mineral natural Aquadeus, perteneciente al Grupo Fuertes, que embotella en una planta de Robledo agua de que nace en el paraje natural protegido de El Arquillo, cerró el pasado ejercicio 2009 con un aumento en facturación del 23%, situándose en los 13 millones de euros, superando con éxito la situación de crisis y contracción general del consumo que se está viviendo.

Los buenos resultados se están manteniendo en el ejercicio actual con crecimientos superiores al 10%.

En 2009, la empresa invirtió una cantidad superior a los 4 millones de euros destinados a la instalación de una línea krones con una capacidad de envasado de 25.000 botellas/hora.

La portavoz del Gobierno regional aseguró además que el Ejecutivo autonómico está tranquilo “porque se van a cumplir los plazos” para el comienzo del funcionamiento de la Fundación CCM¹ y recordó que la remisión a la Fiscalía General del Estado por parte del Banco de España² de las principales conclusiones tras su intervención obedecen a un trámite ordinario y en ningún caso se trata de un caso excepcional con Caja Castilla La Mancha³.

La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez⁴, anunció este miércoles que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda⁵, ha dado instrucciones a los miembros del Consejo de Gobierno⁶, y en particular al consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, para que se pongan a trabajar de inmediato en la redacción de la proposición de Ley del Agua que planteó en el Debate sobre el Estado de la Región, para su tramitación en las Cortes regionales y su posterior traslado al Congreso de los Diputados en el menor espacio de tiempo posible.

“La idea -argumentó Rodríguez- es hacer un planteamiento amplio y riguroso sobre la gestión del agua hoy en nuestro país, que nos hace ser sin duda las región más perjudicada. Se trata de conseguir una adaptación del sistema de gestión del agua a la realidad del siglo XXI ya que tenemos una legislación obsoleta, heredada de la España predemocrática, que debemos adaptar al Estado de las Autonomías”.

En este sentido, reiteró que “no se trata de ser más que otros o de querer el agua sólo para nosotros, se trata de ser coherente en la organización de un recurso que es escaso. Si todos los españoles somos iguales, también lo somos en el uso y la gestión del agua, simplemente eso”.

La nueva Ley contendrá aquellos aspectos que se recogían en el Estatuto de Autonomía, que no pudieron salir adelante por falta de de apoyo del Grupo Parlamentario Popular, tales como la necesidad de una dotación suficiente de agua para garantizar el caudal ecológico de todas las cuencas hídricas de Castilla-La Mancha, prestando especial atención a la cuenca del Tajo, para atender las necesidades presentes y futuras de esta Región.

Asimismo, el texto reconocerá el derecho a un uso preferente de los recursos hídricos de Castilla-La Mancha de forma que posibilite su disponibilidad para atender las necesidades de abastecimiento humano, desarrollo económico y social, contribuyendo además a la sostenibilidad del medio ambiente.

Además, recogerá la demanda del Ejecutivo autonómico de participar de manera efectiva en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase Tajo-Segura mientras subsista y en la planificación de los recursos de las cuencas hidrográficas que discurren por Castilla-La Mancha.

CCM

Por otro lado, la portavoz del Gobierno regional respondió a preguntas de los medios de comunicación sobre diversas informaciones referidas a Caja Castilla La Mancha. En este sentido, aclaró que la remisión a la Fiscalía General del Estado de las principales conclusiones del Banco de España tras su intervención en la entidad obedece a un trámite ordinario cada vez que dicho órgano regulador realiza labores de inspección o intervención de una entidad financiera y que “en ningún caso” se trata de un caso excepcional con Caja Castilla La Mancha.

No obstante, Rodríguez aseveró que no tiene constancia de si el Banco de España ha remitido ya ese informe y recordó que el Gobierno regional siempre se ha mostrado partidario de que se investigue lo ocurrido.

“Lo único que es público y conocido en relación a las conclusiones del Banco de España -añadió la portavoz regional- es que sólo se han apreciado responsabilidades administrativas y sólo se han impuesto sanciones de este tipo, por cierto, a todos, a quienes representaban el en Consejo de Administración⁷ al PSOE y a quienes representaban al PP, eso es lo único objetivo”.

Asimismo, sobre el comienzo de la actividad de la nueva entidad y de la Fundación CCM expresó un mensaje de tranquilidad “porque se van a cumplir los plazos y la entidad va a empezar a funcionar como se han comprometido los administradores”.

Rodríguez explicó que en la actualidad la Fundación CCM se encuentra en el registro de fundaciones donde analizan la documentación presentada, y recordó que la Asamblea habilitó a los administradores para que puedan subsanar cualquier problema de forma que se pudiera presentar.

Así lo ha explicado en un comunicado en el que resalta, tras analizar los datos sobre paro agrario publicados la semana pasada por el Ministerio de Trabajo, que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene «una obligación ineludible» con este sector, debido «al rumbo que sigue el empleo» en el sector agrario. La organización agraria ha exigido, en este sentido, la «inmediata puesta en marcha de un marco de interlocución y negociación» con el objetivo de poner en marcha medidas que incentiven el empleo en el sector agrario y la incorporación de jóvenes agricultores y frenen el número de abandono de explotaciones. El «sangrado» de activos en agricultura es «constante» y la renovación generacional «muy escasa», puesto que por cada nueva incorporación de un joven agricultor se registras seis jubilaciones o abandonos de la actividad, según ha indicado Asaja. Ha asegurado que la reducción del 1,09 por ciento del número de desempleados en agosto respecto al mes anterior no es «esperanzadora» sino «coyuntural», debido a las campañas de recolección de fruta y de uva, y que en tasa interanual el paro aumentó en 25.932 personas (+27,2). Según Asaja, el problema del paro en el sector se añade la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias por la «profunda crisis de precios» en origen, unos costes de producción que han subido un 35 por ciento en los cinco últimos años. Ha recordado que la renta agraria ha bajado el 27 por ciento en los últimos cinco años, el valor de la Producción Final Agraria (PFA) lo ha hecho de 42.000 millones de euros a 38.500 millones y se han perdido 125.000 empleos.

José Pascual Fortea, presidente del Sindicato de Riegos de Sueca, miembro destacado de USUJ (Unidad Sindical de Usuarios del Júcar) , rechazó ayer el «tono» y el «fondo» de las exigencias en torno al trasvase Júcar-Vinalopó manifestadas por Andrés Martínez, en representación de los potenciales usuarios de esta infraestructura, reclamando que el agua del Júcar que llegue al Vinalopó tenga la misma calidad que la que iba a llegar de Cortes de Pallás. «El último en llegar -al Júcar- no puede pretender ser el primero», declaró Fortea. «El trasvase se hizo para llevar sobrantes al Vinalopó y la calidad del agua será, en todo caso, la misma que disfrutan los regantes del Júcar y con la que riegan sus cosechas».
Sobre la posibilidad de que la Junta de Usuarios renuncie a usar aguas del Júcar una vez terminadas las obras, José Pascual dijo que sería una posición «difícil de entender». «Muchos pensaríamos que es que no hay tanta sed como dicen y que en realidad no necesitan el agua. Y es una pena, porque a unos pocos kilómetros, en Orihuela, otros valencianos la necesitan y estarían encantados de quedársela toda».
Por su parte, un portavoz de Xúquer Viu, Francisco Sanz, recordaba que en de julio denunciaron a Europa los últimos «movimientos» en torno al trasvase. «La Comisión Europea ya sabe que el Gobierno está siendo presionado para que destine agua del Júcar para usos urbanos en las zonas costeras, a la especulación en definitiva, olvidando la misión del trasvase», explicó Sanz.

Este año, van a coincidir dos de las campañas agrícolas más importantes de la provincia, la vendimia y la recogida de la almendra. Y, ni en la primera, ni tampoco en la segunda, las perspectivas son muy halagüeñas, según la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
De acuerdo a las previsiones de la organización, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, se estaría dando una situación que parece llevarle la contraria a la teoría económica. Hay menos cosecha, pero el precio no sube.
«Al revés, está bajando e, incluso los primeros datos de los que tenemos noticia señalan que, en Albacete, los precios podría estar incluso un poco por debajo del promedio nacional», indicaba Ernesto Girón, secretario del área de agricultura de UPA- Albacete.
En Castilla-La Mancha, se espera que la actual campaña se cierre con 4,5 millones de toneladas, de las que más de 80% saldrán de la provincia de Albacete. En España, se esperan 25 millones de toneladas, cuando la media está en 34, nueve millones más.
Los precios medios, a nivel nacional, están en torno a los 2,10-2,11 euros por kilo en almendra grano «pero mucho nos tememos que, en Albacete, los precios puedan estar incluso un poco más bajos que eso y, con eso, ya no se cubren costes».
El motivo, un mal que padecen muchos otros sectores agrícolas, las importaciones masivas a bajo precio «pero, en este caso, no se trata de China, sino de los EEUU, que producen en masa un producto barato, pero de peor calidad que, para más inri, se vende como almendra española genuina incluso en nuestro propio país».    

«Ni por asomo vamos a cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura», manifestó ayer con rotundidad un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, que quiso aclarar el alcance que tendrá el grupo técnico que revisará el protocolo de desembalses. Según el Ministerio, a esta comisión no le corresponde cambiar las reglas recogidas en el Plan de Cuenca del Tajo aprobado por el Congreso de los Diputados. Añade que lo único que se persigue es mejorar el funcionamiento del trasvase para transportar de otra forma el agua que se manda a la cuenca del Segura, de tal forma que los caudales permanezcan más tiempo en los pantanos de cabecera para que puedan ser disfrutados por los municipios ribereños del Tajo. Por ejemplo, que el volumen autorizado se mande conforme se vaya necesitando y no de una tacada, como se hace habitualmente.

Los vecinos de la cabecera del Tajo también quieren disponer de una lámina de agua estable en los embalses de Entrepeñas y Buendía que garantice sus actividades económicas ligadas al turismo. Los regantes están de acuerdo en pausar los envíos de agua. Esto también repercute en la costosa factura eléctrica que se paga en la Región de Murcia con los bombeos del agua que llega del Tajo.

Reunión Valcárcel-Claver

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, asegura que la proposición de Ley que plantea el Ejecutivo de Castilla-La Mancha para recoger todas las demandas de esta Región en materia hídrica «tiene un matiz exclusivamente electoral». Asimismo, afirma que «no tendría sentido adelantarse con la ley murciana» en defensa del trasvase porque «les estaríamos haciendo el juego».

José Manuel Claver opina que «no se debe echar más leña al fuego», en referencia a la petición realizada por el PSRM de que se recupere la proposición de Ley para la defensa del Trasvase Tajo-Segura, que ya fue retirada a petición de los propios regantes de la Asamblea Regional. El presidente de los regantes murcianos hizo ayer estas declaraciones tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, para analizar la situación a la finalización del año hidrológico, e iniciar la entrada en el nuevo curso político, según explicó el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

Claver ratifica que la nueva proposición de Ley «resulta un claro y casi exclusivo matiz electoralista de cara a las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha que lleva a plantear nuevamente el tema del agua cuando el mismo Parlamento acaba de rechazar el Estatuto manchego». Respecto a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, el titular de Agricultura se muestra abierto a la posibilidad de «discutirla y analizarla», porque las normas fueron redactadas hace 10 ó 12 años y «a lo mejor las circunstancias de ahora requieren que se discutan, pero siempre predominando los criterios técnicos, no los caprichos políticos».

No obstante, Cerdá explica que la Comunidad está centrada en «defender los intereses de los murcianos y de los regantes con uñas y dientes», al tiempo que muestra su disposición a «ayudar a resolver los problemas de los demás».

Claver tampoco se opone a la modificación de las normas «siempre que se haga con criterios objetivos técnicos». No obstante destaca que el cambio «no quiere decir necesariamente una rebaja, sino adecuar las reglas a lo que dice la realidad actual». A su parecer, lo que no se puede hacer es «política con lo que significa el trasvase Tajo-Segura».

Ayudas europeas

Cerdá pone como ejemplo de «solidaridad» el modelo del pago de las pensiones o la Política Agraria Comunitaria (PAC), cuyos fondos proceden de los estados miembros, que participan con un porcentaje del PIB y del IVA que se recauda, que se envía a la Unión Europea y se redistribuye. Así, precisa que en España, hay comunidades como Castilla-la Mancha que «reciben más de lo que aportan». En concreto, recuerda que Castilla-La Mancha «recibe 750 millones de euros por año más de los que aporta, mientras que la Región de Murcia recibe 58 millones de euros menos de los que aporta».

Durante más de 40 años de actividad profesional y política, son muchas las ocasiones en las que he tenido relación con temas de agua y, en todas ellas, los términos «cuenca hidrográfica» y «unidad de cuenca» fueron referencia permanente y de aceptación unánime, como principios básicos para la gestión solidaria e integral del recurso. Siempre he estado plenamente convencido de que el concepto de «cuenca hidrográfica», como unidad de gestión indivisible para la administración del agua, no fue producto casual de una idea feliz de los regeneracionistas. Ya en el siglo XIX Joaquín Costa impulsó este concepto al que la dictadura de Primo de Rivera le dio soporte institucional mediante las Confederaciones Sindicales Hidrográficas. Más tarde, el ingeniero Lorenzo Pardo contribuyó decisivamente a darle implementación técnica y la II República, siendo Indalecio Prieto ministro de Obras Públicas, diseñó un soporte legal, vigente hoy en los artículos 14 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. De este modo, el concepto de cuenca fue, por el contrario, una elaborada respuesta a la compleja relación agua y territorio, que considera el agua como factor de producción y elemento esencial en la configuración, ordenación y desarrollo territorial.

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La unidad de cuenca en la gestión del agua viene siendo consagrada en nuestro país desde hace más de un siglo por la práctica administrativa y por la legislación, con independencia del color político gobernante en cada época. Ha merecido su inclusión en la Carta Europea del Agua de 1968, el aval unánime de los usuarios, la aceptación de la práctica totalidad de colectivos conservacionistas y la Directiva Marco del Agua (DMA) la incorpora como modelo a implantar en los estados de la Unión Europea. Y sería paradójico que cuando la UE asume un modelo de gestión, de patente española y universal aceptación, éste dejara de aplicarse en la administración del agua en nuestras cuencas. Paradójico y preocupante, a la vez, en la medida que, al romper la unidad de cuenca, la gestión pierde la perspectiva unitaria y de servicio al interés general y, en consecuencia, deja de garantizar el irrenunciable principio de solidaridad. Perspectiva y gestión unitarias que son difíciles de mantener cuando se parcela la delimitación natural de la cuenca en subcuencas o distritos, y que, en la práctica, resultarían imposibles de conseguir si, a la división territorial, se le sumara la concurrencia de gestores con criterios y legislaciones distintos, cuando no contradictorios. De ahí el gran acierto de nuestra Constitución al declarar, en su artículo 149.1.22ª, que el Estado tiene competencias exclusivas en «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma». Es decir, cuando se trate de cuencas intercomunitarias el Estado es el garante de la unidad de cuenca, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a todos los territorios de las distintas comunidades por las que discurren. Precisamente es esta afectación a la totalidad la que da sentido al concepto de cuenca, como unidad ecológica y funcional, y justifica la exigencia de su gestión unitaria, como mejor instrumento para un uso eficiente y sostenible del recurso, garantizando la solidaridad entre los diferentes territorios. No debemos olvidar que la emisión de vertidos en un punto, el mantenimiento de caudales ambientales, las restricciones en la explotación de acuíferos estratégicos o los usos y consumos en un determinado tramo, tienen sus repercusiones directas en la totalidad de la cuenca. Del mismo modo, una revisión de concesiones y reasignación de recursos que no se haga con criterios uniformes o no contemple el conjunto de la cuenca, generaría agravios y legítimas reivindicaciones.

Así pues, en mi opinión, el mantenimiento de la unidad de cuenca en la gestión de las aguas intercomunitarias es una garantía constitucional. Su cumplimiento obliga tanto al Estado como a las instituciones, usuarios y agentes sociales y económicos de los territorios afectados, haciendo así realidad el principio de participación y cooperación en la gestión de las cuencas hidrográficas, del que España fue pionera.

Creo, por último, que si el principio de unidad de cuenca ha permanecido inalterable y respetado por generaciones de políticos de distintas ideologías y por la totalidad de estudiosos y profesionales relacionados con la gestión del agua, es porque responde a valores que todos debemos compartir y, más aún, cuando se trata de gestionar un recurso natural escaso y vulnerable. Valores de eficiencia, equidad y solidaridad, cuya permanencia en la gestión del agua sólo la unidad de cuenca garantiza. Contribuir a su ruptura, por acción u omisión, sería un grave error, además de una gran irresponsabilidad.

Pedro Rodríguez Cantero es presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, ha asegurado que el proceso para presentar la proposición de ley sobre agua –iniciativa que anunció durante el Debate sobre el Estado de la Región celebrado la semana pasada– se va a empezar «inmediatamente».

   El presidente ha explicado que la iniciativa parlamentaria debe ser aprobada por las Cortes regionales, que es quien posteriormente eleva la iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados. «Hay que darse prisa», ha apostillado tras poner la primera piedra del Teatro Auditorio Quixote-Crea en Toledo.

   Preguntado por el encuentro de este lunes entre el presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, y el jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, Barreda ha afirmado que «está bien que los regantes de Murcia traten de defender lo que ellos interpretan que son sus intereses», cosa que él también hace con los representante del sector agrario cada vez que tiene «ocasión» porque su «obligación primera es defender los intereses de nuestra tierra».

    El presidente ha dicho que por este motivo está recibiendo desde Murcia «algunos insultos y descalificaciones, algunos de ellos de dudoso gusto», que prefiere no comentar.

    En cualquier caso, ha dicho que le gustaría que los planteamientos de Valcárcel «no coincidan» con el de alguna persona «influyente e importante, cuya capacidad de decisión es fundamental» –en referencia a secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal– y que el planteamiento en materia hídrica de esta persona coincida de manera «total» con «la gente de Castilla-La Mancha, con su gobierno y con sus regantes».