El presidente de Castilla-La-Mancha, José María Barreda, ha valorado «muy positivamente» el cambio de normas de explotación de las cuencas del Tajo y el Segura porque supone «un cambio de filosofía importante» y «va a garantizar más caudal en el río Tajo», lo que constituye «un logro importante» para la comunidad, un asunto que abordó con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la reunión que ambos han mantenido esta tarde en La Moncloa.

   En rueda de prensa, Barreda celebró que las nuevas normas permitan «regular el agua del Tajo en la cuenca del Tajo y no en la del Segura» al recordar que con el marco anterior «bastaba que hubiera una cierta cantidad de agua en los pantanos de cabecera para que desde Murcia pidieran que se trasvasaran inmediatamente, con independencia de sus necesidades en ese momento, lo cual no tiene ningún sentido».

   «Ahora lo que se va a exigir es, en primer lugar, una justificación previa acerca del agua que se solicita y también una justificación a posteriori» con el objetivo de saber «qué se ha hecho con ese agua», explicó el presidente castellano-manchego. «Nosotros siempre hemos tenido interés en saber cuál era el destino último del agua trasvasasa», insistió, recalcando que aceptan el principio de «agua para todos» pero «para beber», pero no el de «agua para todo» y para «todo tipo de uso indiscriminado y descontrolado». «Agua para que cada año aumenten las hectáreas de regadío, no», apostilló.

   Barreda calificó de «aberrante» el trasvase de aguas de los pantanos de la cabecera de Entrepeñas y Buendía al Segura «independientemente de las necesidades que tuvieran en la cuenca del Segura» al considerar que ello impedía «que hubiera una lámina de agua permanente en los pantanos de Entrepeñas y Buendía que es una reivindicación que mantienen los pueblos ribereños».

   «Con esta modificación de las normas de explotación vamos a conseguir que haya una lámina de agua permanente en los pantanos de cabecera y eso es muy importante para las posibilidades de turismo, del ocio, del uso recreativo que reivindican los pueblos ribereños y también va a garantizar más fácilmente el caudal ecológico del río Tajo, más caudal en el río Tajo y eso es también un logro importante», insistió.

   Barreda no quiso aclarar si los regantes de la zona obtendrán la cantidad de agua que demandan de 230 hectómetros cúbicos o una cantidad menor, pero subrayó que «muy pronto», gracias a las desaladoras ya terminadas, la problemática del agua «se va a situar en otros términos (…) no en la falta de agua sino en el precio». «Yo creo que eso deja a Castilla La Mancha en mejor lugar», recalcó.

PEAG

   Ambos presidentes también abordaron el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) que, en palabras de Barreda, «constituye un plan integral de desarrollo de toda la comarca» que básicamente «consiste en dejar de regar sin que los agricultores pierdan renta». «Es un plan medioambiental, agrícola, forestal, pensado para la recuperación hídrica de los acuíferos subterráneos», explicó, recordando como en un encuentro anterior con Zapatero, hace varios años, ambos abordaron la necesidad de poner en marcha este plan.

   «Estamos haciendo un esfuerzo importante en su cumplimiento y ahora hay que hacer un esfuerzo complementario para comprar más derechos de agua, para seguir instalando caudalímetros y para hacer un esfuerzo en la política de reforestación, que es de lo que hemos estado hablando», explicó.

   Además del agua, Barreda y Zapatero abordaron el sector vitiviníloga en Castilla-La-Mancha que, con 600.000 hectáreas de viñedos, acoge el 50 por ciento de la producción nacional. El presidente castellano-manchego le trasladó la importancia que tendría para su comunidad el que se declarara a la viña como un «cultivo bioenergético», teniendo en cuenta la importante producción en la comunidad.

De “casi un trabajo de diplomacia” calificó la directora general del agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Marta Morén, la gestión de las cuencas hidrográficas cuando las comunidades autónomas no coinciden con las demarcaciones hidrográficas. Así lo expresó a principios de mes, coincidiendo con el curso de verano ‘Situación de la gobernanza del agua en España a la vista de la DMA’ , organizado por la Fundación Ingeniería y Sociedad. Además, la titular de agua del Marm se sinceró al reconocer que resulta difícil cumplir con los “ambiciosos” objetivos de la Directiva Marco de agua. Vista la dificultad de cumplimiento de la DMA en el año 2015, Morén avanzó que ya se planean prórrogas para los años 2021 y 2027 debido a la imposibilidad técnica en algunos casos o por los costes elevados que conlleva.

Aun así, también ha asegurado que el cumplimiento de dichos requisitos supondrá una revolución para el país, ya que se integrarán los análisis económicos y la recuperación de costes. Igualmente abogó por informar al consumidor al respecto, ya que dicho proceso repercutirá en su bolsillo. Además, resaltó que la disponibilidad de este recurso estará condicionada por las posibilidades existentes y dado que la demanda actual es superior al mismo, se deberá hacer una gestión adaptando el consumo a la sostenibilidad del agua. Por último, insistió en que el manejo de este recurso debe estar por encima de las comunidades autónomas. En su opinión, ninguna comunidad debería decidir sobre un río que pase por más de una región.

Endesa ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la congelación tarifaria aplicada en julio por el Gobierno con el apoyo del Partido Popular. De esta forma, la eléctrica se une a las acciones de Iberdrola, Gas Natural Fenosa y la patronal Unesa de llevar ante los tribunales la decisión del Ministerio de Industria que consiste en bajar los peajes eléctricos discrecionalmente para compensar la subida del coste de la energía.

La congelación de la Tarifa de Último Recurso (TUR) en julio fue acordada por PSOE y PP como paso previo al reinicio de negociaciones acerca de un pacto de Estado sobre energía, en las que se incluye una revisión de costes del sistema eléctrico. En este sentido, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, precisó durante una conferencia con analistas que una subida de tarifas es «ineludible» conforme a las leyes y los decretos vigentes para evitar que el sistema eléctrico siga registrando déficit. Además, concretó que este incremento podría mitigarse si se ajustan las primas a la fotovoltaica o se reparte una parte de la financiación del sobrecoste de las renovables entre todos los sectores energéticos. Una consideración que comparte con el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca que apuntó el pasado martes a las primas y a las renovables como partida sobre la que se debería actuar para reducir costes.

Con este panorama Endesa ha presentado sus resultados del primer trimestre del año registrando un beneficio neto de 2.120 millones, lo que supone un 6,3% menos que en el mismo periodo de 2009, cuando se apuntó mayores extraordinarios procedentes de desinversiones. La eléctrica explica este descenso por una disminución de 146 millones de euros en el resultado de la venta de activos en el primer semestre del año respecto a los obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, afirmó ayer que «no va a bajar la guardia» respecto al trasvase Tajo-Segura porque considera que «hay agua para poder abastecer solidariamente las necesidades de los territorios de España». «Lo que pasa es que tiene que haber una distribución equitativa, ahí es donde se falla», advirtió Valcárcel. El presidente de Murcia consideró que Castilla la Mancha tiene «prioridad en todo momento» sobre el uso del agua, pero a su vez apuntó que tanto Castilla la Mancha como Murcia, así como Alicante y Almería, «pueden convivir perfectamente con esa agua que es de todos» porque «el agua es bien común, y por lo tanto es de todos los españoles».

El campo sufrirá transformaciones por el cambio climático pero, no sólo resistiría «la africanización» de España que auguran los expertos por el aumento de hasta seis grados de las temperaturas para 2071-2100, sino que podría aprovecharse de algunos beneficios, como la precocidad de las producciones.

Así lo ha explicado a Efeagro el presidente de la Federación nacional de regantes Fenacore (que aglutina a 700.000 productores y dos millones de hectáreas), Andrés del Campo, en referencia a las prospecciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que dibujan a una Sevilla tan cálida como Arizona y a Madrid con las temperaturas de la ciudad hispalense dentro de 50 años.

Del Campo ha señalado que en un escenario de temperaturas más altas, menos lluvias pero más inundaciones, y duros períodos de sequía tendrá mayor importancia si cabe la regulación de las cuencas hidrográficos y los trasvases, que amortiguarán el impacto y evitarán daños «catastróficos» en pueblos y ciudades.

Ha indicado que la escasez de agua será uno de los grandes riesgos que plantea el cambio climático, porque del recurso hídrico depende la producción de alimentos, según avalan los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Tal es la relevancia de este bien que, según Del Campo, para obtener una naranja se necesitan 50 litros de agua; una manzana requiere de 70 litros y, para elaborar 250 mililitros de cerveza, la cantidad necesaria llega a 75 litros.

En este cálculo de consumo se incluye todo el agua que requieren desde la producción, manipulación, transformación, logística y transporte, hasta la distribución al consumidor final, ha puntualizado el presidente de Fenacore.

Para elaborar una copa de vino se consumen hasta 120 litros, una taza de café, 140, aunque si es tostado y va empaquetado, se dispara hasta 21.000 litros.

Si queremos obtener un litro de leche, son imprescindibles 1.000 litros de agua; para un kilo de trigo, 1.300 litros; para una camiseta de algodón, 2.000; para un kilo de pollo, 3.900; para una hamburguesa, 2.500 y, para un kilo de algunas carnes, 15.500 litros.

Del Campo ha resaltado que esta información será de utilidad a los países para definir si les compensa producir ciertos alimentos porque, en muchos casos, la importación será la opción más barata.

El cambio climático hará que cobren más protagonismo en el futuro las nuevas tecnologías para optimizar el agua y la biotecnología para obtener variedades resistentes a la sequía, como el algodón, el maíz, el girasol, el arroz o el trigo, ha subrayado.

A su juicio, habrá nuevos cultivos, otros, como algunos frutales, podrían desaparecer en las zonas más cálidas y menos irrigables, y ciertas producciones, por contra, tendrán un ciclo vegetativo más corto, apenas tendrán parada invernal y se podrán cosechar antes, como ocurre ahora con algunas naranjas del Valle del Nilo, que alcanzan su madurez en 2 ó 3 años, frente a los 7 de España.

Según Del Campo, la precocidad en el fruto puede traducirse, de este modo, en mayor rentabilidad para el agricultor.

Este experto no sólo desmitifica «el infierno» que dibujan algunas proyecciones climáticas, sino que apunta, contracorriente, que nuestro país cuenta con algunas bazas y ciertas ventajas.

El presidente de Fenacore ha recordado que España dispone de un nivel de aprovechamiento del 45 por ciento de los caudales naturales, con 1.300 embalses, por encima de otros países europeos con mayor publiometría que cuentan, sin grandes obras, con una regulación natural del 40 por ciento.

La debilidad del campo español reside en que ese esfuerzo de regulación se traduce en mayores costes debido a la amortización de las inversiones y el gasto en electricidad, en el mantenimiento de infraestructuras, en la tecnología de regadíos y en la red de Confederaciones Hidrográficas.

También ha apuntado que, en contra de lo que pudiera parecer, zonas del norte del país, Cantábrico y Valle del Ebro pueden aguantar peor una fuerte sequía, al tener menos infraestructuras para guardar el agua; mientras que en el sur de España hay ríos muy deficitarios, como el Segura, que es uno de los más regulados del mundo, por lo que está acostumbrado a resistir estrés hídrico.

Como ejemplo, ha explicado que si dejase de llover de forma continuada la población europea dispondría de agua para 72 días, mientras que California soportaría hasta 850, lo que demuestra en su opinión que no hay que «demonizar» los embalses, ni sus repercusiones ecológicas.

Gracias a las obras de regulación, pueden vivir en España unos 45 millones de habitantes y 70 millones si se suma la población «flotante» porque, de lo contrario, en meses como julio y agosto apenas podrían sobrevivir más de 3 millones, con los ratios de consumo actuales, ha defendido. EFE

La reciente aparición de un gran número de peces muertos en el canal de la Lobera, situado entre Albacete capital y La Herrera (concretamente en el paraje situado en una finca del mismo nombre), debido a una brusca disminución del caudal de agua en ese punto, ha sido denunciada durante los últimos días por ciudadanos que pasaron por la zona. La posibilidad de que este hecho pudiera deberse a una extracción de agua en la vega del río Balazote a su paso por esa localidad albaceteña era negada tajantemente ayer por el alcalde, Juan Antonio Cifuentes Jiménez.
Cabe recordar que río Balazote deriva en varios canales artificiales cuando se aproxima a nuestra capital, el canal de la Lobera, el Acequión y finalmente aguas abajo, el canal de María Cristina. Debido al invierno especialmente lluvioso que vivimos este año desde la propia Confederación Hidrográfica del Júcar se estudiaron incluso actuaciones conjuntas con el Consistorio de la capital, a primeros de año, para prevenir posibles avenidas producidas por las lluvias que de forma continuada se registraron durante varios meses consecutivos. Esas actuaciones también se planificaron en el propio río Balazote, llamado también Jardín y Don Juan en otros tramos.
Juan Antonio Cifuentes nos comentaba que esa elevada pluviosidad habría motivado que canales y cauces habitualmente secos fueran ocupados este año por las aguas y, según el regidor, los peces que ocuparan esos puntos mueran al retirarse las mismas, debido a la falta de oxígeno.

Obras de remodelación. «En el término municipal de Balazote se están llevando a cabo actualmente obras de remodelación de regadíos y no se está regando prácticamente, salvo alguna parcela aislada», informaba el alcalde socialista.
El río a su paso por esta población de la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel todavía presenta un aspecto inusual para estas fechas con un caudal mucho mayor al habitual, como no se recordaba en las últimas décadas. «Aguas arriba en dirección a El Jardín hay algunos bancales que todavían están encharcados, incluso el río Mirón, que desemboca en el Balazote, todavía lleva agua… ¡ójala estuviera asegurada ese agua para años venideros!», añadía.
Finalmente, Juan Antonio Cifuentes consideraba más que probable que muchos alevines de truchas hayan podido desplazarse este año aguas abajo por el elevado caudal que llevaba el río, llegando a canales y cauces habitualmente secos, quedando los peces atrapados en esos lugares al descender el nivel.    

El Gobierno de Castilla-La Mancha se opondrá a cualquier incremento de esa cifra porque estima que tienen recursos suficientes para producir la cantidad que emplean para regadío

Javier D. Bazaga / Toledo

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene muy claras sus reivindicaciones en materia de agua, las tiene ahora y las ha tenido siempre pero su voz ha ganado peso desde que la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura decidiera revisar las normas de explotación del acueducto.
En esas reivindicaciones está la de mantener una lámina estable de agua en los embalses de la cabecera del Tajo y que sea allí donde «se regule y embalse» el agua. Lo explicó el Consejero de Ordenación del Territorio ayer para poner de manifiesto que la cuenca del Segura no necesitará más de 120 hectómetros cúbicos (hm3) de agua al año. Una cantidad que gracias a la «experiencia y los datos acumulados en los últimos años» dijo Julián Sánchez Pingarrón, deberá ser suficiente y es «lo que solicita habitualmente la Mancomunidad de Taibilla para abastecimiento».

Experiencia y Datos
La experiencia y los datos acumulados no son otros que el conocimiento de la existencia de seis plantas desaladoras que son capaces de producir 183 hm3 en la zona del levante, y que en los últimos años, la media de agua trasvasada ha sido de 300 hm3 al año.
Es por esto que el Gobierno regional se opondrá a cualquier trasvase que supere los 120 hectómetros cúbicos al año ya que el resto, que pueden producir las desalinizadoras, «es la cantidad que demandan anualmente para regadío».
Además, Sánchez Pingarrón destacó que la decisión adoptada por la Comisión de Explotación del Trasvase de revisar la normativa de explotación, «marca un antes y un después ya que a partir de ahora será necesario justificar el uso de cada gota de agua que circule por el Trasvase».

Por alusiones
El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, reiteró que con esta revisión, «no va a bajar la guardia» respecto al Trasvase y es que su postura se sostiene en la creencia de que «hay agua para poder abastecer solidariamente las necesidades de los territorios de España», afirmó Valcárcel, «lo que pasa es que tiene que haber un distribución equitativa, ahí es donde se falla».
Por otro lado reconoció que Castilla-La Mancha «tiene prioridad en todo momento» sobre el uso del agua, pero añadió que tanto Castilla-La Mancha, como Murcia, Alicante y Almería «pueden convivir perfectamente con esa agua que es de todos». Concluyó Valcárcel asegurando que el agua es un bien común y por tanto, «de todos los españoles».

Aeródromo
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, defendió ayer el proyecto de ampliación del aeródromo de Casarrubios del Monte, en Toledo, por ser un importante elemento dinamizador para el desarrollo y el comercio de la Región.
Lo hacía después de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La mancha del pasado martes, decidiera declararlo de interés regional por su alto valor como infraestructura aeroportuaria.
El apoyo del Gobierno al proyecto de ampliación se plasma en que será la Sociedad de Infraestructuras aeroportuarias de Castilla-La Mancha la que gestione esta operación, para lo que se ha abierto el plazo de un año para presentar el proyecto de singular interés.

Realidad
El proyecto choca con la intención de la Comunidad de Madrid de construir un aeropuerto en su zona sur para liberar de tráfico aéreo el centro, un conflicto que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha resuelven con la realidad que constituye en aeródromo de Casarrubios, «porque existe y trabaja a pleno rendimiento». En cambio «en Madrid no me consta que se haya dado ningún paso o haya ninguna tramitación al respecto», afirmó Pingarrón para añadir que además, el de Casarrubios tiene futuro «porque se ha declarado de interés regional».
Precisamente para apoyar esa realidad sobre la que trabaja el aeródromo toledano, Pingarrón se refirió a los 14 años que lleva funcionando «y creciendo de un modo natural», y a las 100.000 operaciones de media que realiza al año -con más de 300 vuelos diarios-.

CaracterísticasLa «extraordinaria ubicación» del aeródromo le ha beneficiado en su desarrollo y crecimiento hasta alcanzar una superficie de 37 hectáreas y 40 empresas ubicadas en su entorno para satisfacer todas las necesidades de su actividad. La ampliación prevista, que estima una inversión de 8,6 millones de euros y prevé una nueva pista de 1,6 kilómetros, llevará al aeródromo a ocupar una superficie cercana a las 320 hectáreas. «Este proyecto, por tanto, permitirá un incremento de la actividad económica y una mayor seguridad en toda la operativa aeroportuaria, favoreciendo la creación de nuevas empresas y fomentando el desarrollo socioeconómico de la Región» subrayó Pingarrón.    

Un equipo de investigadores del Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y de las universidades de Lleida y del País Vasco ha llevado a cabo diferentes pruebas de campo para medir el «estado de salud» actual de la cuenca del Júcar.

Según un comunicado de la UPV, se «han tomado las primeras muestras para analizar los tipos de sedimentos de los ríos y los cambios que en ellos se producen».

El objetivo de este proyecto es describir y predecir las consecuencias del cambio global sobre la disponibilidad del agua, su calidad y los servicios ecosistémicos de las cuencas mediterráneas de la Península Ibérica, además de conocer su impacto en la sociedad y la economía.

Estos trabajos forman parte de un programa denominado SCARCE, coordinado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científica (IDAEA-CSIC) de Barcelona.

El estudio se ha centrado en las cuencas del Llobregat, Ebro, Guadalquivir y Júcar, y en él han participado 12 grupos científicos españoles con más de cien investigadores, entre ellos investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la UPV.

«Intentaremos predecir el comportamiento futuro de los ríos de la cuenca, posibles cambios en su morfología y en su fauna acuática en un hipotético escenario futuro de escasez de agua», ha explicado el investigador del Instituto IGIC de la UPV, Francisco Martínez Capel.

Los expertos del Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costera de la UPV han establecido quince puntos de estudio en toda la cuenca del Júcar.

«Este río de gran valor natural será objeto de un estudio más detallado que comenzará a finales de este año, y servirá para aplicar técnicas más novedosas y distintos modelos para predecir como cambiarán nuestros ríos», han explicado las mismas fuentes. EFE

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado un recurso interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de julio de 2007 por el que se autorizaba la utilización de 6,1 Hm3 de la reserva del sistema a favor de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) para paliar el déficit de abastecimiento de los municipios de Alicante, Elche, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Aspe y Hondón de las Nievas, todos ellos servidos por la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, han informado los regantes valencianos en un comunicado.

La Junta de Castilla-La Mancha se opuso a este acuerdo de la CHJ por entender que esta mancomunidad no forma parte de la cuenca del Júcar y que los órganos de gobierno de la Confederación carecen de competencia legal para adoptar cualquier acuerdo como el impugnado.

La junta manchega señalaba que «las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Valencia tienen competencias estatutarias plenamente vigentes en materia de aguas que discurran plenamente por sus territorios autonómicos y que, en consecuencia, el Estado carece de competencias para aprobar planes hidrológicos intracomunitarios, es decir, referentes a cuencas cuyas aguas no excedan del territorio de una comunidad autónoma».

La sentencia —dictada por la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV y a la que ha tenido acceso Europa Press— recuerda que al amparo del Real Decreto de 21 de octubre por el que se adoptan medidas excepcionales para la gestión de recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía, contempla una serie de atribuciones específicas temporales para solventar la situación de sequía que atraviesa el Estado Español y dota a la administración hidráulica de los «instrumentos legales para proceder a la ordenación de recursos».

Así, se establece en el artículo 2 del Real Decreto que las juntas de gobierno de las conferederaciones hidrográficas podrán modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico. «Por lo que en todo caso, al amparo de esta disposición la CHJ ostenta cobertura para la adopción de los acuerdos ahora impugnados sin que tampoco se aleguen o acredirten circunstancias que excluyan la subsunción de los acuerdos en la cobertura de la citada norma», señala la resolución judicial.

Tras conocer el fallo, el secretario General de USUJ, Juan Valero de Palma, considera que es «importante porque es una derrota más de Castilla La Mancha en su afán por territorializar el problema del agua y permite continuar con la gestión del agua por la Confederación del Júcar hasta que se delimite el ámbito territorial de la Demarcación del Júcar».

Paralelamente a este proceso, la USUJ, propietaria del embalse de Alarcón, mantiene en la actualidad un contencioso con el Ayuntamiento de Albacete para reclamar la deuda que el consistorio manchego tiene contraída con los regantes valencianos y que supera el millón de euros, han recordado desde el colectivo.

Tanto el Plan Hidrológico del Júcar como el Convenio de Alarcón y sentencias recientes del TSJCV establecen que las aguas del embalse pueden ser utilizadas por terceros, como es el caso del ayuntamiento albaceteño, de forma gratuita siempre que la reserva para USUJ esté por arriba de la curva de abastecimientos estipulada. Cuando la curva está por debajo, debe ser el Ayuntamiento de Albacete quien indemnice los costes de la extracción del agua de los pozos por parte de los regantes de USUJ, han explicado.

Según el Avance de superficies de los regímenes de ayudas directas por superficie en la campaña 2010-2011 recogido por el Fondo Español de Garantía Agraria, la superficie de secano solicitada para acceder al Pago Único asciende a 20,8 millones de hectáreas.

La mayor cantidad corresponde a pastos (7,8 millones de ha), seguida de la cebada (2,6 millones), barbecho tradicional (2,3 millones) olivar (1,7 millones) y trigo blando (1,49 millones).

Por comunidades, Castilla-La Mancha concentra la mayor cantidad de hectáreas (5,05 millones). Por detrás, Andalucía (4,03 millones), Extremadura (2,5 millones) y Aragón (1,5 millones).

Por su parte, en el apartado de superficies de secano de otros regímenes de ayuda alcanza las 980.483 ha con las ayudas a los frutos de cáscara a la cabeza (415.103 ha). Castilla-La Mancha (450.000 ha) y Aragón (296.282) concentraron el mayor número de hectáreas.

En cuanto a otras superficies, las forrajeras llegan a los 7,5 millones de ha con Castilla y León como la comunidad que más extensión tiene (1,8 millones).

REGADÍO

Más de 3 millones de superficie de regadío optan en la campaña 2010/2011 al Pago Único siendo el trigo blando el que más extensión presenta (396.441 ha). Por comunidades destacan Extremadura (929.039 ha), Andalucía (410.050), y Castilla y León (398.096).

Por su parte, en cuanto a la superficie de otros regímenes de ayuda destaca el pago específico al cultivo del arroz (115.886 ha) o la ayuda especifica al cultivo del algodón (49.035 ha).