Las eléctricas están dispuestas a dar la batalla legal para conseguir que la tarifa de la luz no quede congelada, como acordaron el Gobierno y el PP como primer punto del gran pacto por la energía que negocian. La primera en dar el paso ha sido Iberdrola, que el pasado jueves presentó un recurso contencioso administrativo ante la sala tercera del Tribunal Supremo, contra la orden ministerial que paralizó la subida prevista para el pasado 1 de julio, que podría haber llegado hasta el 5%, según la propuesta inicial del Ministerio de Industria, luego desactivada.

Fuentes de la eléctrica vasca apuntaron a La Voz que el recurso se fundamenta en que el Gobierno ha incumplido, a su entender, el mandato legal de, a la hora de revisar las tarifas, reconocer el exceso de déficit tarifario (la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico). Un desfase que el año pasado, según las cifras facilitadas por la Comisión Nacional de la Energía, ascendió a 4.616 millones de euros, frente a los 3.500 previstos por el Gobierno.

De esta forma, Iberdrola entiende que el estricto cumplimiento de la ley del sector eléctrico obliga al Ejecutivo a trasladar a los recibos esa diferencia de 1.116 millones que han asumido las eléctricas, de los que, según su cálculo, les correspondería un 35,01% (390,7 millones).

No es el único defecto legal que detectan en una norma «claramente arbitraria» que, según su estudio, adolece de dos vicios legales. En primer lugar, haber sido dictada sin informe previo de la CNE sobre su texto definitivo, que «se aparta de modo sustancial de la propuesta inicial», que sí fue estudiada por el regulador. Entiende, además, que falta también el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Electricidad.

Medidas cautelares

Antes de que se resuelva el recurso, los abogados de Iberdrola han solicitado medidas cautelares, de forma que se obligue a Industria a modificar la orden para reconocer en ella el exceso de déficit de tarifa, fijando el tipo de interés que debe aplicarse a las cantidades que aporta cada compañía e incrementando los peajes de acceso (el canon que paga el consumidor por usar las redes de transporte y distribución de la electricidad), de forma que se recuperen esos 1.116 millones e intereses.

Y aunque de momento es la única en judicializar el conflicto, el resto de las grandes eléctricas estudian también las acciones a tomar contra un decisión que, entienden, atenta de forma directa contra sus ingresos. Así, tanto Gas Natural Fenosa como E.On e Hidrocantábrico Energía aún están estudiando la posibilidad de recurrir, para lo que disponen de un plazo de 2 meses a contar desde la publicación de la orden ministerial el 30 de junio, según informa Efe.

Unesa pide un alza del 7,5%

Por su parte, desde Endesa, declinaron comentar si la compañía ha recurrido ya la orden o tiene planes de hacerlo, en tanto que desde la patronal Unesa señalaron que la decisión de recurrir o no será adoptada a mediados de esta semana. Según la patronal eléctrica, la luz debería haber subido en julio un 7,5%, dado el resultado de las subastas y la propuesta inicial de peajes de Industria. Habitualmente, las compañías del sector recurren las órdenes que fijan las tarifas de la luz por considerar que estas no suben nunca lo suficiente para poner fin al déficit de tarifa.

La Confederación Hidrográfica del Júcar será la encargada de hacer el proyecto para ampliar la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Albacete, una vez que la obra ya ha sido declarada de Interés General por el Ministerio de Medio Ambiente.

Así lo indicó el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, que ayer en rueda de prensa anunció que ya tiene «muy avanzado» el borrador de la nueva ordenanza que regulará los vertidos en la ciudad. Eso no significa que en Albacete los vertidos no estén regulados actualmente, pues existe una norma desde 1994, que ahora será revisada y puesta al día.

Al amparo de esa normativa, el Ayuntamiento ha concedido desde su aprobación hasta la fecha, un total de 768 autorizaciones. Bien para verter a la red de alcantarillado, bien dispensando a los titulares de conectarse con la red de colectores. Una buena parte de las autorizaciones se han tramitado en los últimos cinco años, «se ha mejorado mucho, también gracias a la colaboración de Campollano y Romica» pues sus empresas se han puesto al día en esta materia. Sólo en 2009 se tramitaron 397 expedientes, de los que 274 se resolvieron favorablemente, en 14 casos se denegó el permiso y el resto están en tramitación.

El aforo máximo del mirador se ha fijado en 23 personas, por si hubiera que evacuarlo

La obra no terminará hasta otoño, pero el ascensor se podrá usar ya a primeros de 2011

No habrá que esperar a que esté terminada toda la obra, para poder subir en ascensor al mirador de la Fiesta del Árbol. Los 68 metros de altura que separan el suelo de este depósito vertical de agua que nunca llegó a funcionar, podrán ser ganados mediante el elevador automático que se instalará en los primeros meses del 2011.

Una vez arriba, los visitantes podrán disfrutar de las vistas de este mirador desde la terraza que será cubierta por una mampara de vidrio curvo, una especie de media naranja, transparente. Dentro del depósito superior, se acondiconará una sala de exposiciones.

El ascensor tendrá capacidad para 23 personas, que es el número máximo de visitantes que admite el mirador, no por problemas de peso, pues el depósito se diseñó en su día para albergar miles de litros de agua mucho más pesados, sino porque Protección Civil y Bomberos han estimado que es el número apropiado para hacer una evacuación rápida en caso de que fuese necesario.

«El ascensor tendrá todas las bendiciones de seguridad posibles», indicó a ‘La Verdad’ el responsable de la obra, Paco Fran, jefe del área de la dirección técnica de la Confederación del Júcar, administración que realiza esta obra que, una vez terminada, será entregada al Ayuntamiento de Albacete para su explotación.

El proyecto, recordemos, contempla una actuación doble, pues se rehabilitarán tanto el depósito superior, como los inferiores.

En este ‘pirulí’ manchego que es el depósito superior, los operarios tendrán que desmontar y retirar la vieja escalera de caracol de 314 peldaños metálicos que permitía subir hasta el depósito y el montacargas, para colocar una nueva escalera metálica y el elevador circular que permitirá subir arriba a los visitantes.

«Espectacular»

Una vez arriba, se instalará la protección acristalada y se acondicionará el depósito por dentro para albergar una exposición cartográfica que permita hacer un recorrido sobre la historia de Albacete. «El aspecto final será espectacular», aventura el responsable de la obra, pues se completará con una iluminación especial que hará visible este ‘faro’ desde cualquier lugar de la ciudad.

En los depósitos de abajo, de forma rectangular, los albañiles han realizado ya las demoliciones necesarias y están construyendo un forjado intermedio para así conseguir que esta particular construcción de mampostería de seis metros de altura y 2.400 metros cuadrados de superficie, tenga dos plantas.

En este depósito se montará un centro de recepción de turistas, con un hall central y a su alrededor tiendas de productos típicos de Albacete. También habrá un aula que se dedicará a centro de interpretación del agua y la naturaleza de la provincia, para mostrar «todo lo que tiene de interesante la provincia, que no es poco», subrayó el responsable técnico de esta obra que fue encargada por 5,4 millones de euros a las empresas Hermasan y CIA General de Construcciones.

La reforma de este depósito inferior es «lo que más trabajo lleva». Pues, además de la adecuación interior, se acondicionará también su tejado, que se quedará como una terraza, ajardinada, donde podrán acceder los visitantes.

Además, se construirá un edificio de nueva planta, junto a los depósitos actuales, en el lugar que ocupaba una vieja sala de máquinas derruida, de casi 1.000 metros cuadrados, donde se montará una cafetería y servicio de restauración para los visitantes a este complejo.

Los primeros trabajos se iniciaron en marzo y, puesto que el tiempo de duración previsto de la obra es de 17 meses, este centro turístico no estará terminado «hasta el verano u otoño del 2011». El mirador, como hemos dicho, sí que estará abierto al público para la primavera.

El informe, elaborado por el eurodiputado británico George Lyon (ALDE), trata de definir la mejor manera de actualizar la política agrícola de la Unión, con vistas al nuevo periodo presupuestario plurianual. Entre los objetivos destaca la necesidad de crear políticas capaces de hacer frente a retos como el cambio climático, la seguridad y calidad alimentaria, la protección de la biodiversidad, la competitividad empresarial y los ingresos de los agricultores. El texto subraya que los fondos asignados a la financiación de la PAC deben mantenerse «durante el próximo periodo de programación financiera» a partir de 2013. Asimismo, hace hincapié en que esta política no debe «renacionalizarse» (es decir, que se vuelva a un sistema de control nacional), e insiste en que «las ayudas directas deben seguir siendo íntegramente financiadas por la UE» para evitar la cofinanciación por los Estados miembros, que pueden dañar la competencia leal dentro del mercado único europeo. Este informe recoge que el principio rector de la reforma de la PAC debe ser la «distribución equitativa de los fondos entre los agricultores de la UE», con el fin de «respetar la diversidad de la agricultura». El Parlamento pide criterios más objetivos para reducir las disparidades en los pagos directos, y considera que la actual «base hectárea» es insuficiente y no consigue reducir las desigualdades entre los Estados miembros.

Por otro lado, la Eurocámara insiste en que se debe compensar las exigencias de calidad, sostenibilidad, bienestar animal y legislación que se exige a los agricultores europeos. Asimismo solicita que se exijan los mismos criterios a los productos importados de terceros países respetando las normas de la OMC. Los diputados también piden mejoras en la trazabilidad para que los consumidores puedan estar bien informados.

Por otro lado, el Parlamento Europeo propone el fortalecimiento del papel negociador de los productores en relación a los minoristas y otros agentes dentro de la cadena de suministro de alimentos e insiste en mejorar la transparencia de los precios. Además, los eurodiputados exigen la creación de una red de seguridad que incluiría el almacenamiento público y privado y la intervención, apoyada por instrumentos diseñados específicamente para aumentar la estabilidad de precios.

La organización agraria UPA en Castilla-La Mancha informará a los agricultores de la región sobre este tipo de ayudas, cuyo plazo termina el 20 de julio, y el modo de acceder a ellas.

Se trata de unas medidas que beneficiarán especialmente a los viticultores que sufriesen heladas invernales en su viñedo. Dado que el actual sistema de seguros agrarios para el viñedo de vinificación cubre casi todas las adversidades climáticas, únicamente podrán acogerse a esta ayuda los agricultores que tengan parcelas de regadío que hayan sufrido heladas invernales en el estado fenológico A ( vid con la yema dormida).

Para la tramitación de las solicitudes los agricultores y ganaderos afectados deberán presentar su solicitud en el Registro de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), o en los registros de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Para UPA este tipo de medidas representan una solución para contribuir a paliar las pérdidas ocasionadas a determinados agricultores ocasionadas por fenómenos meteorológicos como las heladas invernales.

Agustín Moreno: «Si este año hay algún problema de suministro, no será por la escasez de agua, sino porque algunas redes de abastecimiento quedaron ‘tocadas’ por las tormentas»

Tres operarios dan los últimos toques a una conducción de agua poco antes de soterrar

Durante décadas, los camiones cisterna de la Diputación han recorrido la provincia, especialmente en época estival, para garantizar el suministro de agua potable a todos sus núcleos de población. Este año, si todo va bien, podrían quedarse en el garaje.
El anuncio lo hacía ayer el vicepresidente de la Corporación provincial, Agustín Moreno, quien señaló, además, que si este 2010 fuese preciso sacarlos de nuevo a la calle, no sería por un problema de falta de agua, sino por uno de sobreabundancia.
«Si llegamos a tener algún problema -indicó- no será por la carencia de agua, sino por todo lo contrario, porque aún quedan pueblos cuyas redes de abastecimiento quedaron tocadas por las tormentas y las lluvias del invierno y la primavera».
Moreno hizo tal afirmación durante una rueda de prensa que ofreció ayer junto al delegado provincial de Ordenación del Territorio, Emilio Sáez, sobre el contenido del convenio Junta-Diputación sobre obras hidráulicas, que prevé la inversión de más de cinco millones de euros en 44 términos municipales durante el 2010.

Daños de las tormentas. Muchas de esas obras, precisamente, intentan reparar los daños que ocasionaron las tormentas en las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración en pueblos que resultaron afectados por las lluvias y los desprendimientos desde diciembre.
Por poner algunos ejemplos, de estos cinco millones, las mayores asignaciones presupuestarias de este convenio irán a pueblos como Bogarra (225.000 euros en obras), Yeste (195.000), Nerpio (195.000) o Socovos (190.000), que se cuentan entre los más afectados por las tormentas.
Otros que están en las mismas circunstancias, como Riópar, no aparecen en la lista, pero Moreno aclaró de inmediato que «eso es porque hay otros programas, como el Feder, que este año también se han dedicado a obras hidráulicas, no significa, en absoluto, que están desatendidos».
Por otro lado, Moreno explicó que, de las 44 actuaciones que se acometerán, 11 consisten en mejoras de las redes de abastecimiento; 14 son sondeos y captaciones de agua; seis afectarán a saneamiento, colectores y depuradoras; cuatro consistirán en hacer nuevas conducciones; cinco afectarán depósitos de agua y cuatro serán para plantas potabilizadoras y descalcificadoras.

El mayor esfuerzo. Dentro de estas actuaciones, al mayor esfuerzo económico, más de la mitad del total, corresponde, en la línea de lo explicado por el vicepresidente provincial, a la mejor de las redes de abastecimiento (1.493.000 euros) y a la ejecución de sondeos y captaciones de agua (1.474.000 euros).
Además, tanto Moreno como Sáez recordaron que el convenio de Obras Hidráulicas tiene una vigencia de dos años y un presupuesto total, a repartir en dos anualidades, de 10 millones de euros, de los que, en términos generales, la Junta de Comunidades aporta el 70% de la inversión y la Diputación, el 30%.
Sáez aclaró que «los Ayuntamientos hacen una aportación, pero es mínima, prácticamente testimonial» porque la mitad de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes y sólo dos, La Roda y Villarrobledo, tienen más de 5.000 «por lo que, sin el apoyo financiero y técnico de las administraciones regional y provincial, no podrían acometer estas obras por sí mismos».
En cuanto a los plazos de ejecución de los 44 proyectos contemplados, Sáez señaló que, salvo problemas o incidencias de última hora, los diferentes proyectos deberían acabarse dentro del plazo de vigencia del convenio, esto es, a lo largo del último semestre del año 2010.    

El delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Emilio Sáez, y el vicepresidente de la Diputación Agustín Moreno presentaron ayer la primera propuesta de obras hidráulicas del convenio que mantienen las dos administraciones.

Se trata, según indicaron, de 46 actuaciones en 40 municipios, de abastecimiento, mejora de calidad, saneamiento y depuración, entre otras como sondeos, depósitos y potabilizadoras.

En conjunto, esta propuesta suma una inversión de 5,25 millones de euros, de los que 3,5 los pone la Junta; 1,5 la Diputación y el resto los ayuntamientos. Los municipios que se acogen a este convenio suman una población de 101.443 habitantes.

Por inversión, las mayores corresponden a Bogarra, Yeste, Socovos y Nerpio.

Moreno destacó la rapidez con la que se han tramitado, en apenas dos semanas desde la firma del convenio, estos proyectos, y aseguró que la prioridad es garantizar que todos los núcleos de la provincia tengan garantizado el suministro de agua, incluso en los momentos de mayor ocupación; y también que sea un abastecimiento de calidad.

Emilio Sáez recordó que el convenio bianual es de diez millones de euros, siete aportados por la Junta y tres por la Diputación; y que al compromiso de la Junta de mejorar estos servicios se suma, con la inversión , la generación de empleo en estas zonas.

Emergencias

Agustín Moreno explicó que la propuesta se corresponde con las que cada alcalde ha elegido en función de sus necesidades, pero que además hay otras líneas, como la de los fondos Feder, y que además «estamos preparados y abiertos a atender las situaciones de emergencia o de dificultad puntual que se puedan presentar».

Añadió que las cubas de suministro «están preparadas por si fuera necesario llevar agua a algún punto, pero no creo que sean necesarias. En todo caso sería una situación extraordinaria, no una falta de suministro».

El Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, los milenarios órganos de justicia al servicio de los regantes que defienden el buen uso y el reparto equitativo del agua, se han hermanado ante la UNESCO para recibir el título que les acredita como Patrimonio de la Humanidad.

La consellera de Cultura de la Generalitat Valenciana, Trinidad Miró, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han entregado hoy a los presidentes de ambos organismos este diploma acreditativo en un acto «simbólico» en el que también ha estado presente el consejero de Cultura y Turismo de Murcia, Pedro Alberto Cruz.

Tras la tradicional sesión de los jueves del Tribunal de las Aguas ante la puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, Miró ha recordado que ambas instituciones, en una candidatura conjunta, recibieron el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el pasado 30 de septiembre.

Miró, en declaraciones a los periodistas antes del acto, ha defendido que el premio da a ambos organismos «la categoría que se merecen y refuerza su trabajo», a la vez que ha destacado la importancia de que la UNESCO reconozca el mantenimiento de «unas tradiciones tan arraigadas en nuestra historia».

En su posterior discurso, ha recordado que Valencia y Murcia están «unidas geográficamente» y también en el «espíritu» de ambos tribunales, a los que ha calificado de «guardianes de una tradición cultural viva».

«Son el testimonio vivo de que se puede hacer un uso eficaz del agua», ha defendido Miró, para quien ser reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad «es un paso más en la protección y difusión del patrimonio cultural».

La alcaldesa de Valencia ha manifestado que el acto de entrega de los diplomas «estrecha los lazos históricos de dos regiones vecinas y fraternas, que hoy tienen su más fiel reflejo en el solidario y equitativo reparto del agua».

Según ha dicho, el título de la UNESCO «reconoce la enorme importancia» que los valencianos dan al agua, «conscientes de que su buen uso garantiza riqueza, paz y prosperidad» y ha defendido que el Tribunal de las Aguas «representa el triunfo de la justicia y el alto grado de madurez del pueblo valenciano».

A su juicio, el Tribunal de las Aguas y el Consejo de Hombres Buenos «son la mejor demostración del buen hacer a través de los siglos y el mejor argumento para desmontar la demagogia utilizada para negarnos el agua que necesitamos».

El consejero de Cultura y Turismo de Murcia ha asegurado que el diploma de la UNESCO supone «un paso importante en el reconocimiento a la tradición que va ligada a la huerta y a la cultura del agua en todo el arco mediterráneo y un aliciente para salvaguardar todo el patrimonio material e inmaterial vinculado a estas tradiciones».

Según ha resaltado, ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad supone «el reconocimiento a nivel global de una de las tradiciones más excepcionales que existe en Europa», por su forma «paradigmática de auto-organización y de cómo la justicia en el caso de estos tribunales depende de la experiencia de haber acumulado conocimiento y de vivir y experimentar una realidad diaria».

El presidente del Tribunal de las Aguas de Valencia, Vicente Nácher, ha defendido la importancia de su «labor de intermediación» entre los regantes de la huerta y ha achacado su supervivencia a lo largo de los siglos a que «ha sabido adaptarse a los tiempos».

Su homólogo en el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, Sifredo Hernández, ha resaltado que el título de la UNESCO reconoce los «más de mil años de trabajo en defensa de la huerta y el buen reparto del agua», así como de la «mediación» entre regantes y ha asegurado que les da «más fuerza» para seguir trabajando y ser «más exigentes y ecuánimes» en las sentencias. EFE mc/ct

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha remitido al presidente valenciano Francisco Camps y a las Corts Valencianes una resolución aprobada el pasado 18 de junio en la que arremeten contra la posición que mantiene la Generalitat respecto al Júcar, se hace una interesada «revisión» geográfica de los sistemas hídricos valencianos, negando que la Albufera se alimenta de las aguas del Júcar-aseguran que hay un «trasvase»-, y «lamentan» que los parlamentarios apoyaran que el Ayuntamiento de Albacete tenga que pagar a los usuarios valencianos por usar agua de Alarcón.
El texto remitido por Francisco José Pardo Piqueras es también toda una declaración de intenciones sobre la posición oficial de Castilla-La Mancha y su gobierno respecto del futuro Plan Hidrológico del Júcar.
El documento «insta» a la Generalitat a que asuma «con carácter inmediato» la gestión de las cuencas intracomunitarias porque ello «permitiría a Castilla-La Mancha tener el peso que le corresponde» en los órganos de gobierno de la demarcación del Júcar, «algo que intenta impedir la propia Generalitat» (sic).
«La irresponsabilidad y falta de actuación de la Generalitat en cuanto a la mejora y modernización de sus regadíos», añade la resolución, «perjudica» a Castilla-La Mancha. Sostienen sus parlamentarios que si no fueran por la supuesta pasividad de la Generalitat «en el Júcar se habrían ahorrado 240 hm3 de los que 120 estarían disponibles para Castilla-La Mancha», según las cuentas de los diputados.
La verdadera naturaleza de la reivindicación castellano-manchega sobre el Júcar se aprecia mejor en las «consideraciones» sobre el futuro plan hidrológico.
Exigen la delimitación del ámbito territorial excluyendo las que consideran cuencas «intracomunitarias» valencianas- y pide que se «reconozca» que los envíos de agua «de una cuenca hidrográfica a otra» son «trasvases». En este sentido, el escrito autoproclama como prioritario el abastecimiento urbano de Albacete por la vía de excluir a Valencia de la cuenca del Júcar.
«Los sobrantes, si los hubiera, -añade la resolución-podrán destinarse a atender las demandas, mediante trasvases internos, de los otros usos y demandas fuera de la cuenca hidrográfica…» y cita expresamente como trasvases que quedarían en derecho por detrás de Albacete el abastecimiento a Valencia o Sagunto, los riegos del canal Júcar-Túria «o incluso otros sistemas de explotación, como ocurre con los trasvases a la Albufera o al Vinalopó».
El «edificio» de la reivindicación castellano-manchega se basa en «aislar» el Júcar del resto de ríos y territorios con los que está conectado para mantener una mayoría territorial y a ser posible también en número de habitantes. En este afán resulta imprescindible negar que la Albufera y por tanto la ciudad de Valencia está conectada con el Júcar y forma parte de la cuenca hidrográfica de este río.