El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó ayer el decreto por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. La Agencia del Agua es el organismo administrativo que aglutinará las competencias en materia de agua que ostenta la Junta, con el objetivo de agilizar las acciones desarrolladas en todos los temas de agua y ganar contundencia en la defensa de los intereses hídricos de la región, según el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno regional, en un comunicado, afirmó que así se cumple el compromiso del presidente regional, José María Barreda, de crear una administración hidráulica en la región sin aumento de gasto en los presupuestos de la comunidad autónoma. A propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, se ha dado el visto bueno al borrador de Decreto por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento. Servirá para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales, lo que facilitará su redacción, tramitación, divulgación y acceso, organizando también su información para que pueda difundirse por medios telemáticos e integrarse en la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla-La Mancha (IDE-CLM) que ofrecerá la información geográfica de la región a todos los ciudadanos a través de Internet.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha aprobado el borrador del Decreto por el que se modifica el reglamento de suelo rústico para mejorar la normativa urbanística, garantizar el desarrollo sostenible y dar más seguridad jurídica a los ciudadanos y a las administraciones, como recoge la «Declaración de Toledo» que la pasada semana firmaron en la capital regional los ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano de la UE.

A propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la tercera convocatoria de ayudas del programa HITO (Haciendo Investigación Tecnológica Orientada) a través de la cual se inyectarán 3 millones

de euros al tejido empresarial de la región para el desarrollo de proyectos de investigación orientados a aumentar la competitividad de las empresas y crear empleo de alta cualificación. Estas ayudas se podrán solicitar hasta primeros de septiembre.

Por último, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se ha autorizado la contratación de los trabajos de mantenimiento, explotación, control, seguimiento y desarrollo de la red de vigilancia atmosférica de Castilla-La Mancha para los años 2010 y 2011, con una inversión prevista de 1,1 millones de euros. Esta red cuenta en la actualidad con un total de doce Estaciones de Control y Vigilancia de Calidad del Aire en toda la región, cinco de ellas en las capitales de provincia y también en Talavera de la Reina (Toledo), Azuqueca de Henares (Guadalajara) e Illescas (Toledo). Asimismo, en Puertollano (Ciudad Real), por sus características especiales en cuanto a concentración de actividades industriales existe una red propia integrada por cuatro estaciones que forman parte de la red regional.

En la primera mitad de 2010 no ha habido decisiones legislativas ni negociaciones importantes en materia de agricultura, pero la presidencia española ha dado empuje a debates para sentar mejor las bases sobre el futuro de este segmento económico, en cuestiones como la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) o su propio presupuesto. Además, la UE concluye el semestre con un ambiente y una orientación más «pro ayudas de la PAC» que lo empezó, pues el cambio del equipo de la Comisión Europea (CE) ha supuesto que el cargo de comisario del ramo lo ocupe el rumano Dacian Ciolos, con un perfil muy opuesto a su antecesora, la liberal danesa Mariann Fischer Boel. Sobre todo, la ministra española del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha insistido, como logro de la presidencia, en la importancia de que en la llamada Estrategia 2020 para el crecimiento económico y el empleo de la UE, ratificada por los líderes europeos, se refleje el papel de la política agraria. En el texto inicial, la agricultura no figuraba y aunque sólo se trate de unas líneas, en el devenir legislativo de la UE estas referencias son fundamentales cuando las declaraciones se traduzcan en negociaciones para el reparto del presupuesto comunitario. Por otra parte, los ministros de Agricultura de la UE han conseguido aprobar conclusiones con ideas para incrementar la competitividad en el sector agroalimentario (esta semana) y para mejorar los mecanismos o medidas de ayudas en los mercados, contra la volatilidad de los precios (en marzo). Espinosa ha subrayado también el impulso de los debates sobre la situación específica de la mujer rural, con una conferencia en Cáceres (en abril) y «por primera vez» una discusión especial en el Consejo de ministros de la UE en Bruselas (en mayo). Durante el semestre, la CE ha iniciado una consulta pública para recabar ideas con el fin de reformar la PAC y presentar propuestas a final de año, aunque hasta 2011 por lo menos no se harán públicos los textos legales que harán arrancar la verdadera negociación entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Pero este comienzo ya es innovador, pues el comisario Ciolos ha optado por abrir a internet un debate sobre la PAC, antes de que el Ejecutivo comunitario dé a conocer sus primeros textos sobre un tipo de reforma que habitualmente hace temblar al sector. Durante la primera mitad de 2010 también se ha oído hablar de precios, especulación y desigualdades entre los márgenes de beneficios de la cadena alimentaria (productores, industria y distribución) y especialmente en el caso del sector lácteo. En este sentido y a un nivel más técnico, el grupo de Alto Nivel de la UE -formado por expertos de los Veintisiete- ha concluido sus trabajos, con ideas como una regularización de los contratos, para dar más poder de negociación al ganadero ó excepciones a las reglas de la competencia. El comisario tendrá en cuenta todas estas ideas en las medidas en favor del sector lechero que presentará a finales de año.

Los regantes que dependen del agua del Tajo propondrán al Ministerio de Medio Ambiente que se cambie el sistema de regulación de los desembalses que se autorizan periódicamente, con el objetivo de que los caudales no se transporten en su totalidad a la Regin de Murcia y a Alicante, sino que se envíen conforme se vayan necesitando. Esto supone que el agua se almacenará y reservará en los pantanos de origen Entrepeñas y Buendía y no en los de destino.

El beneficio para los municipios ribereños de la cabecera del Tajo sería inmediato, puesto que dispondrían durante más tiempo de estos caudales para sus fines económicos y recreativos, sobre todo en verano.

Este posible cambio ha sido avanzado por José Manuel Claver, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, que lo someterá a la consideración de la Comisión Central de Explotación del acueducto. Claver explica que se trata de una muestra de buena fe. «Lo importante para nosotros es que la Comisión apruebe los desembalses cada vez que proceda, de acuerdo con las reglas de explotación, y que el agua llegue después a nuestros campos conforme se vaya necesitando cada mes. Debe quedar claro que el desembalse se autoriza la primera vez, y que no hará falta nuevos permisos para transportar el agua. Los caudales se almacenarán en los pantanos de cabecera, como si estuvieran aquí, subrayó.

Hasta ahora, el agua de la cabecera del Tajo se transporta por el acueducto de una tacada. A mitad de camino se puede regular en el embalse de Alarcón, pero lo habitual es que llegue hasta la cuenca del Segura y se deposite en los pantanos de Talave, Camarillas, La Pedrera, Algeciras y Mula, principalmente. Ahí queda para su distribución entre las comunidades de regantes, a la vez que se computa entre los recursos en este caso prestados que administra la Confederación Hidrográfica del Segura.

El Sindicato de Regantes piensa proponer más cambios. Siempre que la situación lo permita, solicitarán desembalses cada seis

meses, en lugar de tres como hasta ahora. Piensa hacerlo el mes que viene, con motivo de la reunión de la Comisin Central de Explotación. «Mientras que haya recursos suficientes en la cabecera se puede hacer una previsión semestral de las necesidades para los cultivos», indicó Claver. Esta propuesta enlaza con la anterior, ya que el acueducto tiene un límite para el transporte de agua y los pantanos del Segura otro para poder almacenarla.

Los regantes podrían solicitar unos 200 hectómetros cúbicos del Tajo para cubrir sus demandas hasta enero.

LA sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, conocida este lunes, no ha cambiado el discurso del Consell. «Lo que es Consititucional para Cataluña también lo es para la Comunidad Valenciana». Una frase que resume el sentir del Ejecutivo autonómico. La decisión del Tribunal que preside María Emilia Casas ha supuesto una purga al norma catalana, pero deja dentro del límite de la Carta Magna aspectos especialmente sensibles para los intereses valencianos.

El Estatuto catalán «blinda» en una de sus disposiciones adicionales cuestiones como las inversiones estatales en aquella región o la propia financiación autonómica. Asimismo, se atribuye competencias sobre los ríos, entre ello el Ebro, que transcurren por su territorio.

Dos asuntos, el dinero y el agua, básicos en la estrategia política del Consell en aras de reforzar el sentimiento identitario de los valencianos y que explican el anuncio realizado ayer por el conseller de Gobernación, Serafín Castellano. La Generalitat convocará en breve a la Comisión de Expertos creada para analizar las consecuencias legales del Estatuto catalán. La reunión tendrá lugar cuando se notifique la sentencia, probablemente a comienzos de la próxima semana. Sobre la cita, naturalmente, planeará la posibilidad de activar la conocida como «cláusula Camps», para adecuar el Estatuto valenciano y evitar «discriminaciones» respecto al texto catalán.

Financiación y agua

Con todo, la intención inicial del Consell prevé la limitación de esas mejoras a aspectos como la financiación y la gestión hídrica. No se reclamará en ningún caso cuestiones avaladas por el Tribunal Constitucional como la inmersión lingüística o la creación de una Agencia Tributaria autonómica. Bajo la premisa de que «para defender lo nuestro no hace falta ser una nación», apostillada ayer por Serafín Castellano, el Consell no se desviará en ningún caso de su forma de entender el Estado autonómico en el proyecto común español.

Del modo que sea, la celeridad en la reacción del titular de Gobernación provocó un cierto desconcierto en la dirección nacional del PP, con la vista puesta en las elecciones catalanas del próximo mes de noviembre, que a esas horas de la mañana todavía no había fijado su postura oficial. Sin embargo, ni la declaración de Mariano Rajoy difiere en lo sustancial de las tesis que defiende el Consell sobre la lealtad institucional ni la posición de la Generalitat debe intepretarse en clave de desafío. El propio Camps ha validado una hoja de ruta que pasa invariablemente por conjugar «la lealtad con la Constitución» y los intereses de los cinco millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Recursos pendientes

Además, el Estatuto catalán todavía está pendiente de seis recursos de inconstitucionalidad, entre ellos el planteado por el Ejecutivo valenciano el 19 de octubre de 2006. El recurso considera que la norma catalana supone un «importante atentado contra los valencianos y los derechos de los valencianos, en algo tan básico como la financiación o el tema del agua y un claro atentado a la solidaridad nacional y la Constitución Española». Una posición que no ha variado un ápice.

El Consell rechazó, además, la regulación del Archivo de la Corona de Aragón y, al igual que Murcia, recurrió también la gestión del Ebro que se concede a la Generalitat de Cataluña. Junto al de la Comunidad Valenciana todavía no se han resuelto los recursos planteados por La Rioja, Murcia, Aragón, Baleares y el Defensor del Pueblo.

Comparecencia en Cortes

Con las cartas destapadas desde ayer, el Consell esperará ahora al dictamen de la Comisión de Expertos. Si el dictamen de éstos se inclina por poner en marcha un proceso de reforma estatutaria, no se descarta la convocataria extraordinaria del pleno del Ejecutivo para fijar postura a través de una

declaración institucional. Serafín Castellano ya anunció ayer que solicitará su comparecencia en las Cortes Valencianas.

La finalización del periodo de sesiones llevaría a convocar la Diputación Permanente, probablemente en el mes de julio. Una posibilidad que, además, forzaría a los diferentes grupos parlamentarios a expresar su posición. Ayer, Compromís proclamó que la «reforma del Estatuto catalán obliga a reforma inmediatamente el valenciano».

Posición del PSPV

El PSPV, por su parte, calificó de «precipitada e inoportuna» la voluntad de acometer modificaciones en la Ley orgánica. La sentencia del TC ha divido a los socialistas entre la indignación que ha exhibido el presidente catalán, José Montilla, y la aparente satisfacción del Ejecutivo que lidera José Luis Rodríguez Zapatero.

En Blanquerías, su secretario general, Jorge Alarte, permaneció en silencio ayer. A la espera de que escampe, dejó la tarea sucia para el portavoz parlamentario, Ángel Luna, alineado con las tesis que consideran que el Constitucional no ha modificado de forma sustancial el Estatuto catalán y, por conseguiente, considera que una evental reforma del valenciano requiere «más sosiego».

La Escuela Técnica Superior¹ de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de Albacete, a través de un grupo de profesores, coordinados por el director de la Escuela, Francisco Montero², han rendido un homenaje al profesor del Centro Francisco Martín de Santaolalla, catedrático de Producción Vegetal, que se retira de la actividad académica tras una dilatada vida universitaria y profesional. El acto ha contado con la presencia del rector de la UCLM, Ernesto Martínez Ataz, quien ha destacado del profesor Santaolalla su trayectoria académica y profesional.

El profesor Santaolalla, que ha dicho sentirse emocionado y agradecido por la celebración del evento, ha estado arropado por casi un centenar de personas, entre compañeros, familiares y amigos. En este sentido, Francisco Montero ha señalado este día como” muy importante” para la Escuela, “porque se rinde homenaje a un profesor del Centro y además es el primero que se lleva a cabo”,-señaló Montero, añadiendo que: “es una oportunidad especial para compartir juntos la puesta en valor del esfuerzo y trabajo continuado del profesor Santaolalla”. Valores que no han debido pasar por alto para los alumnos del presente curso, que han sorprendido momentos antes a su profesor con una placa conmemorativa.

El acto, en el que se han proyectado diversas imágenes y fotografías, ha contado también con la intervención de los profesores Luis López-Bellido, de la Universidad de Córdoba y Joaquín Meliá, de la Universidad de Valencia³.

Ecologistas en Acción vuelve a la carga y ha denunciado ante la Comisión Europea «la pasividad» del Gobierno de la nación «ante el deterioro de los recursos hídricos en la Región de Murcia», según informó ayer esta organización, que señaló que Bruselas ha apercibido a España por este motivo. «La gestión del agua es bastante precaria en una región como la de Murcia, que dice tener sed mientras sus autoridades no ha cesado de aprobar planes y proyectos con usos del agua tan insostenibles como los campos de golf asociados a complejos turístico-residenciales, así como crecimientos urbanísticos artificiosos e irreales basados en la especulación inmobiliaria. Todo ello al mismo tiempo que gran parte de la explotación de las aguas subterráneas sigue al margen de la legalidad y la planificación, y existen miles de hectáreas de regadíos ilegales», señala esta organización.

Ha trasladado a Bruselas sus argumentos ya conocidos sobre la cuenca del Segura, que no se corresponden con los datos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica.

Ecologistas en Acción, asimismo, se atribuye la denuncia que dio pie al toque de atención que la Comisión Europea dio a España por no tener finalizados los nuevos planes hidrológicos que debían incorporar la Directiva Marco de Agua. «El apercibimiento ha tenido lugar dos semanas después de que fuera admitida la queja realizada por Ecologistas en Acción», subrayan en un comunicado. Lamentan el motivo del apercibimiento, «provocado por la pasiva actitud del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ante la planificación hidrológica, cuyo principal fin está siendo el evitar definir unos caudales ambientales adecuados». Ello es debido, según los ecologistas, a su sumisión ante sector agrario, «cuyo desarrollo descontrolado y subvencionado es incompatible con la conservación».

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, anunció ayer la intención del Consell de reformar el Estatuto valenciano para igualarse a Cataluña en aquellas competencias en las que el Ejecutivo estime que puede haber «discriminación». A preguntas de los periodistas en los pasillos de las Corts, Castellano adelantó que entre las cuestiones recogidas en el Estatuto catalán a la que ahora aspiraría la Comunitat están el agua y la financiación autonómica, aunque precisó que no la regulación en materia lingüística. En concreto, Castellano apeló a la conocida como cláusula Camps como mecanismo para reclamar las competencias logradas por Cataluña una vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el recurso presentado por el grupo popular en el Congreso, una sentencia en la que se declaran constitucionales un total de 14 preceptos, se someten a interpretación otros treinta, lo que supone menos del 10% de los 187 artículos impugnados por el PP.
La cláusula Camps es la disposición adicional segunda del nuevo Estatuto valenciano, que autoimpone a los poderes públicos la obligación de velar porque «el nivel de autogobierno» en la Comunitat Valenciana «sea actualizado en los términos de igualdad con las demás comunidades autónomas». En realidad la cláusula no actúa de manera automática e implica una reforma de la carta magna valenciana.
Desde que la reforma del Estatuto valenciano entró en vigor hace ahora más de cuatro años, el Consell de manera intermitente y siempre a remolque de las reivindicaciones de Cataluña para aplicar su propio Estatuto ha amagado con aplicar la cláusula Camps. Lo hizo durante el debate de la competencias de los trenes de cercanías y especialmente durante las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación. Con el avance del fallo del Constitucional en la mano y en espera de que se resuelva el propio recurso que en su día presentó la Generalitat, el Consell ya tiene claro lo que quiere para sí y lo que no respecto a lo que se ha salvado de la criba del alto tribunal. Tal como avanzó Levante-EMV el Constitucional ha tumbado determinadas exigencias de Cataluña sobre la financiación autonómica, pero ha salvado la cláusula que blinda para Cataluña un cupo en la inversión territorializado del Estado equivalente al peso del PIB catalán en el conjunto de España. Fuentes del Consell aseguraron ayer que el Ejecutivo no descarta incluir en la posible modificación del Estatuto una disposición adicional similar (Andalucía también la tiene aunque vinculada al peso de la población). No es la primera vez que el Consell amaga con reclamar formalmente este tipo de cláusula pese a que en el caso de Cataluña la recurrió ante el Constitucional. También resulta chocante la alusión de Castellano a posibles reivindicaciones en materia de agua, ya que el discurso del PP valenciano siempre ha sido que es el Estado y no las comunidades las que deben decidir sobre el reparto de los recursos hídricos. Como también adelantó ayer este diario, el Constitucional ha validado los artículos recurridos sobre la cuestión hídrica, en concreto, aquellos que hacían referencia al informe preceptivo de la Generalitat de Cataluña para cualquier propuestas de trasvase, así como participar en la planificación hidrológica de los ríos «que pasen o finalicen» en Cataluña.
Con todo, Castellano se remitió a la reunión que próximamente mantendrá la comisión de expertos para analizar la sentencia —el texto íntegro todavía se desconoce— para ver si es conveniente reformar el texto valenciano para introducir las competencias que amplía la ley catalana. «Todo lo que es declarado constitucional del Estatuto de Cataluña será también constitucional para todos y también para la Comunitat Valenciana», defendió el conseller, quien resaltó que en aquello en lo que se considere que esta autonomía puede ver «mermado cualquier tipo de derecho» se actuará. Con el dictamen de los expertos, Castellano anunció que iría a las Corts para anunciar su propuesta y pedir el respaldo de los grupos.

Las líneas rojas
Castellano dejó claro, sin embargo, que la Comunitat no anhela los derechos lingüísticos de Cataluña. La sentencia del TC considera inconstitucional que el catalán sea lengua «preferente» de las Administraciones, pero mantiene que es el idioma vehicular en la enseñanza, una cuestión que expresamente Castellano rechazó para la Comunitat. «La Generalitat no permitirá que haya ciudadanos de primera o de segunda, según el idioma», dijo, al tiempo que rechazó el requisito lingüístico en el acceso a la función pública.
El conseller sacó pecho de la reforma valenciana porque, dijo, se demuestra que éste es un texto «leal a la Constitución» y que no entra en conflicto con ella «en temas como la nación o el idioma o en cuestiones como la justicia». «Para defender lo nuestro no hace falta ser una nación», sentenció.

Una fórmula a conveniencia

La apelación del Consell a la cláusula Camps no ofrece ninguna garantía política ni jurídica. La disposición, que introdujo el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, in extremis para salvar la negociación con el PSPV sobre la reforma estatutaria, carece de fuerza legal. Es más una declaración de intenciones de compromiso político para no quedarse atrás sobre la conquistas de autogobierno de otros territorios. Con todo, en su momento suscitó cierto debate jurídico sobre la constitucionalidad de una disposición que de su lectura literal da entender que automáticamente la Generalitat asumirá las competencias que el Estado reconozca a otras regiones. En su día, dirigentes del PP alertaron que la redacción original de esta disposición podría abrir la puerta a asunciones automáticas de competencias indeseadas. Los posibles efectos perversos quedaron desactivados al matizarse que la reclamación de estas competencias sería «en su caso».
La reivindicación «selectiva» de competencias al amparo de la cláusula Camps se evidenció ayer con las declaraciones del conseller Castellano. El Consell peleará por competencias en materia de financiación y agua, pero descarta cuestiones como los derechos lingüísticos.
Además, cabe apuntar al tratarse de una disposición inocua desde el punto de vista jurídico, cualquier reforma del Estatuto requiere renovar el pacto político que en su día se alcanzó con el PSOE para que la modificación llegue a buen puerto. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, todo apunta a que se convertirá en la nueva bandera del Consell.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana señaló este martes que los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento del 57 por ciento más de agua que hace un año y un 92,8 por ciento más que la media de los últimos 10 años.

Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 35,9 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior», del 92,8 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar, el segundo mayo de todas las cuencas de España, sólo superado por la del Segura, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.874 hectómetros cúbicos (10 menos que la semana anterior), cifra equivalente a un 56,2 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico con un incremento, respecto al año anterior, de 680 hectómetros cúbicos.

Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 35,9 por ciento, mientras que ahora hay un 56,2 por ciento, es decir, 20,3 puntos más que el ejercicio anterior.

Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 29,1 puntos más que hace dos años y se dispone de 29,6 puntos más que la media de los últimos cinco años y de 27,1 puntos más que en la media de los últimos diez años.

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) en torno al Estatut avaló hoy la voluntad de la Generalitat de participar en la decisión de las políticas hídricas que afecten a la región, y desestimó así los recursos que habían presentado comunidades autónomas como Murcia y Valencia por entender que Cataluña pretendía blindarse ante un futuro trasvase de agua desde el Ebro.

   De este modo, la Generalitat deberá emitir un «informe preceptivo» para cualquier propuesta de trasvase, y asimismo podrá participar en la planificación hidrológica de los ríos «que pasen o finalicen» en Cataluña, tal y como ya fijaba el Estatut.

   El fallo emitido hoy por el TC no cuestiona la constitucionalidad ni interpreta el artículo 117 de la norma catalana, el que hace referencia al agua, y acepta así que Cataluña participe en la ejecución de los acuerdos en materia hidráulica que se adopten en el seno del Estado y en la definición de los mismos.

   De igual modo, la Generalitat tendrá la competencia ejecutiva en la protección y saneamiento de los ríos, en la explotación de las obras de titularidad estatal que se decidan, y las facultades de policía del dominio hidráulico.

   El fallo del TC blinda la «competencia exclusiva» en lo referente a las cuencas internas, en las que la Generalitat será autónoma para administrar sus ríos y recursos hídricos.

El Ministerio de Medio Ambiente hará todo lo posible para que todos los nuevos planes de cuenca se aprueben con celeridad, pero con la excepción de los del Tajo, Júcar y Segura, que se quedarán para el final debido a su complejidad. Incluso pueden quedar aplazados. Por un lado hay que casar las necesidades del Tajo y del Segura, con el Trasvase de por medio, lo cual está generando más tensiones en ambos territorios. En el caso del Júcar, aún está pendiente que se delimite su demarcación. Técnicamente, es el más retrasado. Junto a estas consideraciones están las elecciones autonómicas y municipales del año que viene, que pueden suponer un serio obstáculo para la aprobación de estos planes.

Los condicionantes políticos que pueden surgir se unen al hecho de que el Gobierno central no parece dispuesto a azuzar de nuevo el avispero territorial del agua. Además, existe un plazo de tiempo muy ajustado para aprobar estos planes antes de que finalice el año. De hecho, los documentos saltarán al año que viene porque la ley obliga a que el borrador se someta a un periodo de información pública de seis meses antes de ser aprobado definitivamente.

Previamente, no obstante, se debe constituir el nuevo consejo del agua de cada una de las demarcaciones, el cual deberá informar con antelación de todas las alegaciones presentadas hasta la fecha y realizar una propuesta. La constitución de este consejo puede ir para largo. Para salir del paso, el Ministerio de Medio Ambiente se propone aprobar un decreto provisional para que puedan informar los consejeros actuales.

Peleas territoriales

Por encima de estas consideraciones políticas y administrativas están las dificultades objetivas de encajar los planes del Tajo y del Segura. El primero opta por modificar las reglas de explotación del Trasvase y reducir los caudales trasvasables. El del Segura, por su parte, reclama la dotación completa de 600 hectómetros cúbicos anuales del Tajo. Así las cosas, el Ministerio no tiene prisas con los planes más polémicos y los dejará para el final, pese a la advertencia de la Comisión Europea a España de una sanción por el retraso de estos planes, que debían estar aprobados el año pasado.

Estos planes pueden ser incluso suspendidos o aplazados hasta un momento más propicio políticamente. Serían prorrogados si la Directiva Marco lo permite, con lo cual se evitaría otra pelea entre regiones