El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, anunció ayer la intención del Consell de reformar el Estatuto valenciano para igualarse a Cataluña en aquellas competencias en las que el Ejecutivo estime que puede haber «discriminación». A preguntas de los periodistas en los pasillos de las Corts, Castellano adelantó que entre las cuestiones recogidas en el Estatuto catalán a la que ahora aspiraría la Comunitat están el agua y la financiación autonómica, aunque precisó que no la regulación en materia lingüística. En concreto, Castellano apeló a la conocida como cláusula Camps como mecanismo para reclamar las competencias logradas por Cataluña una vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el recurso presentado por el grupo popular en el Congreso, una sentencia en la que se declaran constitucionales un total de 14 preceptos, se someten a interpretación otros treinta, lo que supone menos del 10% de los 187 artículos impugnados por el PP.
La cláusula Camps es la disposición adicional segunda del nuevo Estatuto valenciano, que autoimpone a los poderes públicos la obligación de velar porque «el nivel de autogobierno» en la Comunitat Valenciana «sea actualizado en los términos de igualdad con las demás comunidades autónomas». En realidad la cláusula no actúa de manera automática e implica una reforma de la carta magna valenciana.
Desde que la reforma del Estatuto valenciano entró en vigor hace ahora más de cuatro años, el Consell de manera intermitente y siempre a remolque de las reivindicaciones de Cataluña para aplicar su propio Estatuto ha amagado con aplicar la cláusula Camps. Lo hizo durante el debate de la competencias de los trenes de cercanías y especialmente durante las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación. Con el avance del fallo del Constitucional en la mano y en espera de que se resuelva el propio recurso que en su día presentó la Generalitat, el Consell ya tiene claro lo que quiere para sí y lo que no respecto a lo que se ha salvado de la criba del alto tribunal. Tal como avanzó Levante-EMV el Constitucional ha tumbado determinadas exigencias de Cataluña sobre la financiación autonómica, pero ha salvado la cláusula que blinda para Cataluña un cupo en la inversión territorializado del Estado equivalente al peso del PIB catalán en el conjunto de España. Fuentes del Consell aseguraron ayer que el Ejecutivo no descarta incluir en la posible modificación del Estatuto una disposición adicional similar (Andalucía también la tiene aunque vinculada al peso de la población). No es la primera vez que el Consell amaga con reclamar formalmente este tipo de cláusula pese a que en el caso de Cataluña la recurrió ante el Constitucional. También resulta chocante la alusión de Castellano a posibles reivindicaciones en materia de agua, ya que el discurso del PP valenciano siempre ha sido que es el Estado y no las comunidades las que deben decidir sobre el reparto de los recursos hídricos. Como también adelantó ayer este diario, el Constitucional ha validado los artículos recurridos sobre la cuestión hídrica, en concreto, aquellos que hacían referencia al informe preceptivo de la Generalitat de Cataluña para cualquier propuestas de trasvase, así como participar en la planificación hidrológica de los ríos «que pasen o finalicen» en Cataluña.
Con todo, Castellano se remitió a la reunión que próximamente mantendrá la comisión de expertos para analizar la sentencia —el texto íntegro todavía se desconoce— para ver si es conveniente reformar el texto valenciano para introducir las competencias que amplía la ley catalana. «Todo lo que es declarado constitucional del Estatuto de Cataluña será también constitucional para todos y también para la Comunitat Valenciana», defendió el conseller, quien resaltó que en aquello en lo que se considere que esta autonomía puede ver «mermado cualquier tipo de derecho» se actuará. Con el dictamen de los expertos, Castellano anunció que iría a las Corts para anunciar su propuesta y pedir el respaldo de los grupos.

Las líneas rojas
Castellano dejó claro, sin embargo, que la Comunitat no anhela los derechos lingüísticos de Cataluña. La sentencia del TC considera inconstitucional que el catalán sea lengua «preferente» de las Administraciones, pero mantiene que es el idioma vehicular en la enseñanza, una cuestión que expresamente Castellano rechazó para la Comunitat. «La Generalitat no permitirá que haya ciudadanos de primera o de segunda, según el idioma», dijo, al tiempo que rechazó el requisito lingüístico en el acceso a la función pública.
El conseller sacó pecho de la reforma valenciana porque, dijo, se demuestra que éste es un texto «leal a la Constitución» y que no entra en conflicto con ella «en temas como la nación o el idioma o en cuestiones como la justicia». «Para defender lo nuestro no hace falta ser una nación», sentenció.

Una fórmula a conveniencia

La apelación del Consell a la cláusula Camps no ofrece ninguna garantía política ni jurídica. La disposición, que introdujo el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, in extremis para salvar la negociación con el PSPV sobre la reforma estatutaria, carece de fuerza legal. Es más una declaración de intenciones de compromiso político para no quedarse atrás sobre la conquistas de autogobierno de otros territorios. Con todo, en su momento suscitó cierto debate jurídico sobre la constitucionalidad de una disposición que de su lectura literal da entender que automáticamente la Generalitat asumirá las competencias que el Estado reconozca a otras regiones. En su día, dirigentes del PP alertaron que la redacción original de esta disposición podría abrir la puerta a asunciones automáticas de competencias indeseadas. Los posibles efectos perversos quedaron desactivados al matizarse que la reclamación de estas competencias sería «en su caso».
La reivindicación «selectiva» de competencias al amparo de la cláusula Camps se evidenció ayer con las declaraciones del conseller Castellano. El Consell peleará por competencias en materia de financiación y agua, pero descarta cuestiones como los derechos lingüísticos.
Además, cabe apuntar al tratarse de una disposición inocua desde el punto de vista jurídico, cualquier reforma del Estatuto requiere renovar el pacto político que en su día se alcanzó con el PSOE para que la modificación llegue a buen puerto. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, todo apunta a que se convertirá en la nueva bandera del Consell.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana señaló este martes que los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento del 57 por ciento más de agua que hace un año y un 92,8 por ciento más que la media de los últimos 10 años.

Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 35,9 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior», del 92,8 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar, el segundo mayo de todas las cuencas de España, sólo superado por la del Segura, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.874 hectómetros cúbicos (10 menos que la semana anterior), cifra equivalente a un 56,2 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico con un incremento, respecto al año anterior, de 680 hectómetros cúbicos.

Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 35,9 por ciento, mientras que ahora hay un 56,2 por ciento, es decir, 20,3 puntos más que el ejercicio anterior.

Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 29,1 puntos más que hace dos años y se dispone de 29,6 puntos más que la media de los últimos cinco años y de 27,1 puntos más que en la media de los últimos diez años.

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) en torno al Estatut avaló hoy la voluntad de la Generalitat de participar en la decisión de las políticas hídricas que afecten a la región, y desestimó así los recursos que habían presentado comunidades autónomas como Murcia y Valencia por entender que Cataluña pretendía blindarse ante un futuro trasvase de agua desde el Ebro.

   De este modo, la Generalitat deberá emitir un «informe preceptivo» para cualquier propuesta de trasvase, y asimismo podrá participar en la planificación hidrológica de los ríos «que pasen o finalicen» en Cataluña, tal y como ya fijaba el Estatut.

   El fallo emitido hoy por el TC no cuestiona la constitucionalidad ni interpreta el artículo 117 de la norma catalana, el que hace referencia al agua, y acepta así que Cataluña participe en la ejecución de los acuerdos en materia hidráulica que se adopten en el seno del Estado y en la definición de los mismos.

   De igual modo, la Generalitat tendrá la competencia ejecutiva en la protección y saneamiento de los ríos, en la explotación de las obras de titularidad estatal que se decidan, y las facultades de policía del dominio hidráulico.

   El fallo del TC blinda la «competencia exclusiva» en lo referente a las cuencas internas, en las que la Generalitat será autónoma para administrar sus ríos y recursos hídricos.

El Ministerio de Medio Ambiente hará todo lo posible para que todos los nuevos planes de cuenca se aprueben con celeridad, pero con la excepción de los del Tajo, Júcar y Segura, que se quedarán para el final debido a su complejidad. Incluso pueden quedar aplazados. Por un lado hay que casar las necesidades del Tajo y del Segura, con el Trasvase de por medio, lo cual está generando más tensiones en ambos territorios. En el caso del Júcar, aún está pendiente que se delimite su demarcación. Técnicamente, es el más retrasado. Junto a estas consideraciones están las elecciones autonómicas y municipales del año que viene, que pueden suponer un serio obstáculo para la aprobación de estos planes.

Los condicionantes políticos que pueden surgir se unen al hecho de que el Gobierno central no parece dispuesto a azuzar de nuevo el avispero territorial del agua. Además, existe un plazo de tiempo muy ajustado para aprobar estos planes antes de que finalice el año. De hecho, los documentos saltarán al año que viene porque la ley obliga a que el borrador se someta a un periodo de información pública de seis meses antes de ser aprobado definitivamente.

Previamente, no obstante, se debe constituir el nuevo consejo del agua de cada una de las demarcaciones, el cual deberá informar con antelación de todas las alegaciones presentadas hasta la fecha y realizar una propuesta. La constitución de este consejo puede ir para largo. Para salir del paso, el Ministerio de Medio Ambiente se propone aprobar un decreto provisional para que puedan informar los consejeros actuales.

Peleas territoriales

Por encima de estas consideraciones políticas y administrativas están las dificultades objetivas de encajar los planes del Tajo y del Segura. El primero opta por modificar las reglas de explotación del Trasvase y reducir los caudales trasvasables. El del Segura, por su parte, reclama la dotación completa de 600 hectómetros cúbicos anuales del Tajo. Así las cosas, el Ministerio no tiene prisas con los planes más polémicos y los dejará para el final, pese a la advertencia de la Comisión Europea a España de una sanción por el retraso de estos planes, que debían estar aprobados el año pasado.

Estos planes pueden ser incluso suspendidos o aplazados hasta un momento más propicio políticamente. Serían prorrogados si la Directiva Marco lo permite, con lo cual se evitaría otra pelea entre regiones

Casi 40 ayuntamientos albaceteños podrán optar a las ayudas convocadas recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) para paliar daños producidos por catástrofes naturales, en concreto por las tormentas que azotaron la provincia durante el invierno y comienzos de la primavera.
Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos. Según el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, «sin entrar a discutir el contenido de las ayudas, lo cierto es que echamos en falta un poco más de agilidad, las ayudas por algo que tuvo lugar en pleno invierno no deberían llegar en pleno verano; ahora, cuando el agricultor se ha tenido que buscar la vida para salir adelante, su efecto es mucho menor de que todos querríamos».
Pérez Cuenca puso un ejemplo «extremo» de esta situación, el de las ayudas que correspondientes al hielo que cayó sobre La Manchuela en 2006 «y que se pagó el año pasado, a nadie le viene mal, es cierto, pero dejar pasar tanto tiempo le quita mucha efectividad a las órdenes.
En cuanto a la orden en sí, recordar que la misma establece que las pérdidas de producción registradas deben ser superiores al 30% de la producción normal de la explotación.
Además, para calcular la cuantía de la subvención que debe corresponder a cada asegurado se aplicará una franquicia absoluta del 20% y una cobertura máxima del 80% de los daños ocasionados.
En los casos que proceda, se tendrá en cuenta la producción recolectada y se deducirán los daños garantizados por Agroseguro.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la Orden.
Asimismo, los términos municipales y núcleos de población afectados, a los que son de aplicación las ayudas contempladas en la Orden figuran en el anexo del Real Decreto de 19 de marzo, que se publicó el 23 de marzo de 2010.
Dichos municipios, tal y como indica en la orden, son Alcalá del Júcar, Alcaraz, Almansa, Alpera, Ayna, Balazote, Barrax, Bienservida, Bogarra, Bonete, Carcelén, Casas de Juan Núñez, Cenizate, Corral Rubio, Cotillas, El Ballestero, Fuenteálamo, Fuentealbilla, Golosalvo, Hellín, Higueruela, Hoya Gonzalo, Lezuza, Molinicos, Montealegre del Castillo, Ossa de Montiel, Povedilla, Pozo Cañada, Pozo Hondo, Pozo Lorente, Salobre, San Pedro, Socovos, Tobarra, Vianos, Villapalacios, Villaverde de Guadalimar, Viveros, Yeste.  

¿Cuánta agua del Tajo necesita Castilla-La Mancha para sus demandas futuras? La respuesta la tiene el borrador del nuevo plan de cuenca de este río, según el cual los regadíos, la industria y los 7,2 millones de habitantes de esta demarcación, que incluye Madrid, necesitarán 176 hectómetros cúbicos más en el año 2015. Sus demandas consuntivas -no incluye el caudal ecológico- pasarán de 2.595 a 2.775 hectómetros. Esto significa que Castilla-La Mancha está reivindicado desde su Estatuto de Autonomía treinta veces más agua del Tajo de la que realmente necesita, según este borrador, que forma parte del llamado Esquema de Temas Importantes.

El plan hidrológico de este río se encuentra en la recta final, en fase de discusión pública, aunque existe la posibilidad de que se retrase o aplace debido a su complejidad y a los conflictos territoriales que genera el Trasvase Tajo-Segura.

La evolución de las necesidades de agua en la cuenca del Tajo, que abarca 55.645 kilómetros cuadrados repartidos principalmente entre Castilla-La Mancha (que tiene un 45% del total), Madrid y Extremadura, ha sido fijada por los técnicos de esta demarcación sobre la base de un incremento del 11,6% de la población, que incluye Madrid, el Corredor de Henares y la comarca de La Sagra-Torrijos. La explosión demográfica de los dos últimos ha llevado a Castilla-La Mancha a reclamar más recursos del Tajo, cuando la realidad es que sólo se prevé un incremento de 77 hectómetros para los usos domésticos y los servicios institucionales y municipales. Hay que sumar otros 187 para el sector industrial, que según la Confederación del Tajo «no es una demanda significativa».

El consumo urbano global, incluyendo los 3,3 millones de habitantes de Madrid, es ahora de 786 hectómetros. En el año 2015 será de unos 870. Los otros puntos importantes de abastecimiento están en Toledo, Talavera de la Reina, Cáceres y las mancomunidades de Algodor y Segorbe.

En el caso de los regadíos, los consumos con recursos superficiales y subterráneos son de 1.712 hectómetros, incluyendo la ganadería. El incremento de las necesidades de agua para los regadíos de toda la demarcación del Tajo -sin incluir la zona portuguesa- es muy baja, ya que apenas aumentará en 100 hectómetros.

Empuje agrícola del Sureste

Pese a su extensión, la zona regable del Tajo con aguas superficiales es de 204.520 hectáreas, inferior a la de la cuenca del Segura, que tiene tres veces menos de superficie. La demanda oficial de agua para riego es de 1.571 hectómetros en el Segura, muy cerca de los 1.712 del territorio del Tajo. Estos parámetros dan una idea del empuje de los regadíos en el Sureste.

En el borrador se observa que los consumos de los regadíos no crecen significativamente en la zona de la cabecera del Tajo, que pasará de 75 a 100 hectómetros. En el área de Castrejón, Torrijos y La Sagra, aumentará de 25 a 96.

Los técnicos de esta Confederación prevén, en resumen, un crecimiento moderado» de todas las demandas hasta el año 2015, que rondará el 6,3%. Estas estimaciones de agua no casan con las reivindicaciones de Castilla-La Mancha, cuyo gobierno sostiene que necesita toda el agua del Tajo para su desarrollo futuro. La presidenta de madrid, Esperanza Aguirre, también ha solicitado recursos adicionales del Tajo en un volumen que no se corresponde con el aumento de sus necesidades, aunque más discreto del que pide Barreda.

Convenio de colaboración suscrito el 2 de junio de 2010 entre la Caixa y la JCRMO.  Mediante este acuerdo la entidad financiera ofrece a la JCRMO y a sus integrantes unas condiciones especiales en determinados productos adaptados a la actividad que desarrollan, particularmente préstamos personales, créditos ICO para la financiación de equipamiento de parcelas, planes de pensiones y financiación de la PAC.

  Resumen Convenio JCRMO – LA CAIXA

  Plan de Pensiones Asociado de la Junta Central de Regantes de la Mancha  Oriental

El portavoz del Partido Popular (PP) de la Región de Murcia, José Antonio Ruiz Vivo, reclamó hoy a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, «que hable de una vez y se pronuncie sobre el Plan de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Segura y el Tajo Medio».

Ruiz Vivo calificó a Espinosa de «ministra mudita» —»con todo el respeto personal y exclusivamente en el ámbito político»— porque cuando vino a Murcia el pasado lunes no quiso hablar de estos interrogantes que se ciernen sobre los intereses de los murcianos.

Criticó que «a pesar de que varios se le preguntó expresamente, la ministra no quiso pronunciarse sobre lo que ya había advertido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz, que el presidente de Castilla La Mancha pretende desgajar la Confederación Hidrográfica y recortar los envíos del Tajo mediante el Plan de Cuenca».

Al respecto, Ruiz Vivo reprochó que «Saura y González Tovar acudieran rápidos para posar en la foto, pero ninguno le pidiera explicaciones sobre estas cuestiones tan graves y que afectan a los murcianos, como por otro lado es habitual en ellos».

Advirtió que los murcianos asisten en los últimos días «a las nuevas andanadas de Gobierno de Castilla La Mancha en contra de los legítimos intereses de los murcianos y el suministro de agua al Segura»; al tiempo que lamentó que después de «un estatuto lesivo y que contenía artículos inconstitucionales, el señor Barreada sigue intentado cortarnos el grifo del Tajo». Pero «afortunadamente, ha sido frenado por el Tribunal Supremo», señaló.

Ruiz Vivo apuntó que, «sin embargo, persiste en su empeño y ha vuelto a decir que ni habrá agua del Tajo Medio para Murcia y que además se va a cercenar el envío de agua a la Región mediante el Plan del Tajo».

Acabar con el circo

Por eso, pidió al PSOE que «acabe con el circo de don Pinocho de la Mancha de una vez por todas, que asuma los dictámenes del Tribunal Supremo y que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino hable y deje claras las cosas de una vez».

«Que explique si va a haber Plan del Tajo Medio y si el envío de agua del Tajo al Segura está en peligro como se atreve a decir Barreda con la complicidad y aquiescencia de los responsables socialistas de la Región de Murcia, que una vez más pierden la partida en la calle Ferraz», reclamó.

Por último, el portavoz del PP consideró que «los castellano-manchegos no se merecen un presidente que no tiene sentido de Estado, que proyecta una imagen insolidaria y que oculta el destino de los 102 millones de euros que los regantes pagan por el agua del Tajo».

El Gobierno murciano expresaba ayer su descontento con la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, quien en declaraciones en una entrevista mantuvo que “Murcia no puede depender sólo de recursos hídricos externos” al tiempo que apostaba por la desalinización como alternativa al déficit hidrológico de la cuenca del Segura. Fue la portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, quien recordaba a la ministra que la del Segura es la única cuenca de España “con déficit hídrico estructural”.   

Defendía Reverte que el agua no pertenece a nadie al mismo tiempo que afirmaba que “el agua de España no es un recurso ajeno a la Región de Murcia” y calificando los trasvase como la solución para redistribuir este elemento.    

Amenaza al tajo-Segura
Aprovechó la ocasión la portavoz murciana para atacar al Gobierno de Rodríguez Zapatero del que dijo “sigue sin creerse que gobierna un país que se llama España, en el que el agua es un bien común de todas las regiones y, por tanto, no debe considerarse como algo que se encuentra en el exterior de una región”.   

“No podemos vivir permanentemente bajo la amenaza de un Gobierno que no sólo no resuelve los problemas, sino que destruye las soluciones ya existentes, como el trasvase del Ebro y ahora también el Tajo-Segura, a pesar de su ejemplar rendimiento durante tres décadas en beneficio de toda España”, afirmó reverte.   

Fue precisamente la negativa de la ministra a asegurar el mantenimiento del Tajo-Segura lo que ha vuelto a levantar los ánimos de la clase política murciana limitándose la ministra a decir que hasta ahora han realizado trasvases cuando se ha necesitado pero sin dar la ansiada ‘intocabilidad’ al agua del Tajo.    

Ante esta postura Reverte remarcó asimismo que los trasvases “no son un capricho, sino una solución de ingeniería civil al servicio de los ciudadanos para redistribuir los recursos hídricos, que no pertenecen a nadie” y lamentó la falta de contundencia de la ministra “para defender una infraestructura vital para la Región, como es el Tajo-Segura”.

Recuerdo para Barreda
Como viene siendo habitual cuando se habla de agua en Murcia, la portavoz de su Ejecutivo tuvo un recuerdo para Barreda del que dijo que tiene salidas de tono y pidió a la ministra que  desmintiera las afirmaciones del presidente castellano-manchego.

“En lugar de desmentir las salidas de tono del presidente castellano-manchego, José María Barreda, la ministra le da hilo a la birlocha –cometa-, como dicen en la huerta”, enfatizó Reverte, quien expresó su deseo de que “la pesadilla de este Gobierno de Zapatero, insolidario y nocivo para la Región, acabe cuanto antes”.

La subida de dos puntos del IVA general prevista para el próximo 1 de julio supondrá un encarecimiento medio de la factura eléctrica de las comunidades de regantes de casi 2.725 euros al año. Extremadura será una de las autonomías más afectadas por esta subida impositiva debido a su mayor número de hectáreas de regadío.

Así lo destaca en un comunicado la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), cuyos socios suman más de dos millones de hectáreas de regadío en España. Fenacore advierte que este aumento de los costes deja al sector agrario «en una situación límite». Esta federación ha recordado que los regantes ya hicieron frente en el 2009 a otro aumento de las tarifas eléctricas, concretamente del 60%, y que estas volvieron a aumentar a principios de año en un 20%.

Fenacore ha detallado que la subida del IVA afectará a unas comunidades de regantes más que a otras, en función de la superficie regada, el tipo de cultivo y la energía contratada.

Según sus cálculos, una comunidad de regantes «pequeña» –con menos de 1.000 hectáreas de cultivo y no más de 250 kilovatios de potencia– verá incrementado su gasto eléctrico en 1.387 euros anuales, mientras que una «mediana» –menos de 2.000 hectáreas y no más de 500 kilovatios–, pagará 1.550 euros más al año. Por su parte, las comunidades más grandes deberán pagar cerca de 5.230 euros más a partir del 1 de julio por su tarifa eléctrica, según las estimaciones de Fenacore.

El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha criticado este incremento de los costes energéticos, ya que puede convertir en «inviable» la modernización de los sistemas de riego, que necesitan de una mayor cantidad de energía eléctrica para funcionar a cambio de ahorrar «entre un 10 y un 20% de agua».