Los ministros de Medio Ambiente¹ de la UE acordaron combatir la sequía y la escasez de agua de forma coordinada y apoyar el desarrollo de un observatorio para reforzar la prevención.

La ministra española de Medio Ambiente, y Medio Rural² y Marino³, Elena Espinosa⁴, compareció este viernes ante los medios de comunicación en compañía del comisario europeo para el Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, para dar cuenta de lo tratado en el Consejo reunido en Luxemburgo, que esta tarde abordará las cuestiones relativas al cambio climático.

En su intervención, Espinosa destacó los esfuerzos efectuados por la Presidencia Española con el resto de países y la Comisión para que la defensa del Medio Ambiente no esté aislada de las decisiones en los ámbitos económico o social.

“Ha sido un semestre muy intenso y con unas características muy particulares”, reconoció Espinosa, y recordó que España asumió la Presidencia un mes después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

Indicó al respecto que España ha tenido que sacar adelante este semestre y superar los cambios que supuso la renovación del Parlamento Europeo⁵ y del colegio de comisarios europeos. “A pesar de todas estas circunstancias hemos avanzado en muchas cuestiones”, consideró la ministra española.

Espinosa afirmó que si no se combate la sequía y la escasez de agua de manera adecuada, la creciente demanda y la limitada disponibilidad de recursos tendrán “impactos muy negativos sobre la biodiversidad y sobre la salud humana”.

Para evitarlo, se necesita incluir medidas específicas sobre la gestión del agua en las distintas políticas sectoriales y fomentar la planificación, agregó Espinosa.

La ministra española puso de relieve que los países estuvieron de acuerdo en que la escasez del agua y la sequía constituyen un “problema serio” en muchas regiones de Europa, una situación que prevén que empeore como consecuencia del cambio climático.

También reconocieron la vertiente internacional de este problema y destacaron que muchas masas de agua de la UE son “transnacionales” y los riesgos y desafíos compartidos, por lo que las soluciones deben coordinarse, incluso con terceros países.

Estrategia 2020

Los ministros coincidieron en que la inversión en la innovación ecológica y en la eficiencia del uso de los recursos hídricos contribuirá a la creación de empleos y a un crecimiento equilibrado y sostenible, en el contexto de la Estrategia Europa 2020 para el empleo y el crecimiento.

Llamaron también la atención sobre la importancia de fomentar la eficiencia en el uso del agua y la gestión de su demanda, la mejora de las técnicas de irrigación, el aprovechamiento de las aguas residuales, todo ello apoyado por campañas de concienciación y educación.

“En definitiva -dijo Espinosa- tenemos que tratar de buscar en el agua el desarrollo sostenible, basándonos en la aplicación de políticas territoriales en áreas afectadas por la sequía y la escasez de agua”.

Por su parte, el comisario europeo para el Medio Ambiente, Janez Potocnik, hizo hincapié en avanzar en el debate sobre los preparativos de la Conferencia Río 2012 sobre desarrollo sostenible, ligada a la economía verde cuando se habla de la reducción de la pobreza.

En cuanto a la gestión de los bioresiduos, Potocnik insistió en trabajar en firme para la recogida selectiva de los mismos, y abogó para que los Estados miembros tengan en cuenta las características locales en la gestión de los bioresiduos.

Respecto a la conservación de las ballenas, una de las cuestiones planteadas en la conferencia de prensa, tanto la ministra Espinosa como el comisario Potocnik coincidieron en afirmar que el objetivo es la protección de las ballenas, la voluntad de conseguir la unanimidad de los Veintisiete en este ámbito y de convencer a otros países para que se sumen al esfuerzo común de establecer un marco regulatorio internacional.

Comunicación de la Comisión

Tras la segunda sesión de trabajo del Consejo, Espinosa valoró la comunicación presentada por la Comisión Europe sobre el impacto que tendría elevar el compromiso actual de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20 al 30 por ciento en 2020 respecto a los niveles de 1990.

Según el análisis de la Comisión, elevar el objetivo tendría un “impacto económico limitado” y menor al que se había calculado en un principio.

Espinosa afirmó que todos los países reconocieron el esfuerzo del ejecutivo comunitario y la copiosa información aportada, al tiempo que pidieron profundizar en aspectos tales como el mercado de emisiones, la seguridad energética, el liderazgo tecnológico o la fiscalidad.

A juicio de la ministra española, dicho debate no ha supuestos “en absoluto” un rechazo al documento de la Comisión. “Al contrario, la aportación de los estados miembros enriquece la comunicación y quiere dotarla de información complementaria”, dijo.

La comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard⁶, consideró por su parte que los países han demostrado que quieren unos “resultados ambiciosos” en la Cumbre sobre el clima que se celebrará en Cancún (México), y agradeció la labor española y los resultados que ha logrado obtener durante su Presidencia.

El responsable de Agricultura¹ y Medio Ambiente², acompañado del presidente de las Cortes regionales, aseguró que el ahorro anual de agua para riego que ha conseguido el sector agrario en la Comunidad Autónoma ronda los 200 hectómetros cúbicos, es decir, “el equivalente al consumo anual de toda la población de Castilla-La Mancha”.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro³, destacó este sábado en Tobarra (Albacete) el esfuerzo que se está realizando en Castilla-La Mancha para modernizar y hacer eficientes los regadíos de la región.

Martínez Guijarro visitó hoy la zona regable de La Tedera, en este municipio albaceteño, donde la Consejería ha llevado a cabo distintas obras para modernizar los regadíos, con una inversión total por parte de la Administración de 7,9 millones de euros y una aportación de los socios de la Comunidad de Regantes de casi 895.000 euros.

Como explicó el consejero, las obras llevadas a cabo entre los años 2008 y 2009 respondían a varias necesidades, por un lado el descenso acusado en los niveles de los sondeos (para lo cual se han sustituido por sondeos de nueva planta de mayor diámetro y profundidad) y, por otro, se producían numerosas pérdidas durante el transporte así como extracciones no controladas, sin que existieran contadores en la red para registrar el consumo del agua.

En concreto, las mejoras han consistido en la construcción y equipamiento de 4 sondeos de nueva planta (3 de ellos mediante un convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura⁴), 2 balsas reguladoras en tierra impermeabilizadas de 67.000 m3 de capacidad cada una y la conducción de 13,7 kilómetros de tubería que discurre a lo largo de toda la zona regable, que une las balsas proyectadas sustituyendo los 10 kilómetros de caudal abierto. También se han realizado tomas de agua para alimentar los sectores de riego y se han instalado elementos de control y seguridad.

“Estas mejoras -señaló Martínez Guijarro- supondrán un ahorro importante de los recursos hídricos, así como la posibilidad de tener un mayor control de los mismos ya que la gestión se ha entregado a la Comunidad de Regantes, junto con la explotación y mantenimiento de las instalaciones”.

Eficiencia en el regadío

El responsable de Agricultura y Medio Ambiente, que estuvo acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Francisco Pardo⁵; el delegado provincial de la Consejería, Antonio Mompó⁶; el vicepresidente de la Diputación provincial, Agustín Moreno⁷, y alcaldes de municipios colindantes, indicó que desde el Gobierno regional se viene haciendo un esfuerzo fundamental en materia de modernización de regadíos, pasando de las 462.413 hectáreas de regadío con las que contábamos en el año 2006 a 490.624 del año 2009 con sistemas de riego eficientes.

Una evolución que sitúa a nuestra región “con el mayor porcentaje de superficie con sistemas de riego altamente eficiente, alcanzando en la actualidad el 95,8% de la superficie en regadío”, indicó el consejero. De esta forma, el ahorro anual de agua para riego que ha conseguido el sector agrario regional ronda los 200 hectómetros cúbicos, es decir, “lo equivalente al consumo anual de toda su población”.

Martínez Guijarro quiso felicitar durante su visita al alcalde de la localidad, Manuel Valcárcel⁸, y al presidente de los regantes Guillermo Sánchez por su labor y ayuda constante para que estos regadíos se pusieran en marcha.

Tras reunirse con el Ministerio de Industria y con asesores de Medio Rural para tratar el Real Decreto sobre las tarifas eléctricas, las organizaciones agrarias han definido el encuentro, en declaraciones a AGROCOPE, como «regular» y «poco fructífero».

Así lo expone el director de los servicios técnicos de ASAJA, José Carlos Caballero, que tacha de «tajante» la actitud de Industria, ante el Real Decreto que regulará las tarifas eléctricas, cuyo borrador final será enviado la próxima semana a las OPAS y a la Comisión Nacional de Energía para su revisión.

En la misma línea se muestra el responsable del Departamento de Economía Agraria de COAG, Felipe Medina, que afirma que la sensación que tiene es que desde hace «dos meses se ha frenado mucho y se han producido pocos avances» en este ámbito, algo que fue transmitido durante el encuentro. 

A pesar de este aspecto, Medina considera que la prioridad, en este caso, ha sido que el texto entre en vigor cuanto antes para que pueda favorecer a los agricultores en la campaña 2010, por  eso «Industria tendrá el borrador final la próxima semana«.

Por su parte, Ignacio Senovilla, secretario de Agricultura de UPA, afirma que la demanda principal de los regantes de una contratación temporal de hasta 8 meses para que el agricultor pueda elegir los meses de riego se «cumple el Real Decreto», aunque considera «que todavía es necesaria la clarificación de algunos conceptos» en el texto.

Las Cortes de Castilla-La Mancha, con los votos de la mayoría socialista, rechazaron una resolución del PP que instaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a agilizar la revisión del plan hidrológico del Júcar, emplazaba a la Junta a reprobar el retraso que el actual Gobierno central lleva acumulado para la revisión y adaptación de la normativa europea del plan, y pedía revisar el plan teniendo como punto de partida el plan del 98.

   Durante el debate general presentado por el PSOE, sobre la situación actual de la tramitación del plan, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, explicó que el plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo día 18, y por lo tanto, es importante que las Cortes se pronuncien «unánimemente» apoyando la posición del Gobierno regional.

   En este sentido, el consejero reconoció que la revisión del plan lleva un año de retraso frente a otros planes y justificó esta situación en que existe un conflicto de intereses en el ámbito de planificación del Júcar. Además, lamentó que hoy en la Comunidad Valenciana se vayan a «frotar las manos» porque ellos sí «consiguen unanimidad para que Albacete pague por beber del Alarcón».

   Asimismo, Sánchez Pingarrón instó a la Comunidad Valenciana, tal y como solicita la resolución del PSOE aprobada por el Parlamento regional, a que asuma, con carácter inmediato, la gestión de las cuencas hidrográficas intracomunitarias que transcurren íntegramente por su territorio y son, por tanto, competencia exclusiva de esta comunidad autónoma, en base a su Estatuto de Autonomía.

   Ello, dijo, permitiría a Castilla-La Mancha tener el peso que le corresponde en los Órganos de Gobierno de la demarcación del Júcar, algo que intenta «impedir» la propia Generalitat.

   También, consideró que la falta de adecuación del Gobierno valenciano en cuanto a la mejora y modernización de sus regadíos tradicionales está perjudicando «gravemente» los intereses de la región, ya que de los 240 hectómetros cúbicos que se hubieran podido ahorrar si se hubiera acometido dicha modernización, Castilla-La Mancha dispondría de 120 hectómetros cúbicos más de agua procedente del Júcar.

CONSIDERACIONES

   El consejero, además, opinó que la Confederación Hidrográfica del Júcar debe incluir en el proceso de revisión de este plan consideraciones como una adecuada delimitación del ámbito territorial de la demarcación del Júcar, en el marco de la legislación vigente, identificando y concretando las distintas cuencas hidrográficas que integran esta Demarcación, excluyendo de su ámbito territorial las cuencas intracomunitarias que discurren, íntegramente, por el territorio de la Comunidad valenciana.

   Por su parte, la diputada regional del PP María Luisa Soriano, culpó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del retraso que sufre la revisión del plan y recalcó que los planes hidrológicos deberían haber sido aprobados en diciembre de 2009 y enviados a Europa. Además, destacó que desde el año 2003, el PSOE y el Gobierno regional no se han preocupado del Júcar.

   «Han querido hablar del Júcar y el agua, precisamente hoy, que Barreda ha cometido otra de sus golferías», prosiguió Soriano, quien consideró que el PSOE trae este debate a las Cortes porque quiere lavar esa «mala conciencia» de no haber sido capaz de aprobar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y «dejarnos con cero hectómetros cúbicos de agua».

   Soriano indicó que el retraso puede traer «graves» consecuencias a Castilla-La Mancha porque «podemos perder los fondos europeos para muchas infraestructuras que tenemos pendientes» y recalcó que al PP le «hubiera gustado que Barreda se hubiera preocupado por estos planes hidrológicos igual que se ha preocupado por conceder avales a unos cuantos amigos».

   Por último, dijo que el plan no estaría paralizado si el Gobierno socialista no hubiera derogado el Plan Hidrológico Nacional, un plan que beneficiaba a Castilla-La Mancha. Terminó su intervención, señalando que en 2010 «el agua, el vino, y el señor Barreda, con sus amiguetes», se han convertido en las preocupaciones de los castellano-manchegos.

   El diputado socialista José Molina enmarcó por su parte el retraso del plan en el conflicto de intereses que existe con la Comunidad Valenciana y lamentó que los ‘populares’ no defiendan los intereses de Castilla-La Mancha. También, dijo que fue el PP quien votó en contra del Estatuto. «El único peligro para Castilla-La Mancha son ustedes», apuntó Molina, quien aseguró que «hablar del Estatuto es hablar de la falta de palabra de Cospedal».

En este sentido, ha afirmado el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, “tendremos que exigir la preferencia en la asignación de recursos a las demandas de la propia cuenca del Júcar, con prioridad sobre los trasvases a otras cuencas distintas dentro de la propia demarcación”.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda ha intervenido en las Cortes regionales, durante el debate general sobre la situación actual de la tramitación del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, donde ha destacado que en el ámbito concreto de la demarcación del Júcar, esa cuenca hidrográfica es de vital importancia para Castila-La Mancha, puesto que el 73 por ciento del territorio de este río está en nuestra región.

Al comienzo de su intervención, Julián Sánchez Pingarrón¹ ha asegurado que “es urgente y prioritario implicarse de una manera directa en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar”.

Además, ha recordado que se da la paradoja de que la mayor parte de los recursos de la cuenca hidrográfica del Júcar se generan en Castilla-La Mancha, mientras que los grandes consumidores del agua del Júcar están en la Comunidad Valenciana.

Por este motivo, ha insistido el titular de Ordenación del Territorio y Vivienda se debe instar a la Generalitat Valenciana a que asuma, con carácter inmediato, la gestión de las cuencas hidrográficas intracomunitarias que trascurren íntegramente por su territorio y son, por tanto, competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma en base a su Estatuto de Autonomía. Ello permitiría a Castilla-La Mancha tener el peso que le corresponde en los Órganos de Gobierno de la demarcación del Júcar.

En este sentido, ha continuado, “tendremos que exigir la preferencia en la asignación de recursos a las demandas de la propia cuenca del Júcar, con prioridad sobre los trasvases a otras cuencas distintas dentro de la propia demarcación”.

Sobre este objetivo del Ejecutivo castellano-manchego en política hidrológica, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda ha subrayado que Castilla-La Mancha tiene prioridad de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca del río Júcar, sobre los abastecimientos de Valencia o Sagunto, sobre los regadíos del Júcar Turia, sobre las restricciones ambientales de La Albufera y sobre el trasvase Júcar- Vinalopó”.

Por todo esto, ha recalcado el consejero, “se considera urgente y prioritario participar e implicarse de una manera directa, activa y decidida en este proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar, precisamente ahora que está abierto en plazo de presentar alegaciones, con la máxima concertación posible y con el conjunto de Administraciones Públicas, agentes, sectores, usuarios y con la sociedad en general”.

La Unión señala que aparte de un plan de financiación insuficiente y con una dotación ridícula, con un presupuesto de auténtica miseria de apenas 36,5 millones de euros, no se conocen otras medidas emprendidas ya para paliar la más grave crisis por la que atraviesan los agricultores y ganaderos en los últimos tiempos. El plan de choque sólo se ha concretado al final en bonificar avales a nuevos préstamos, la ampliación del periodo de amortización de los préstamos para los ganaderos suscritos con anterioridad y la carencia especial de dos años para préstamos de las ayudas para la modernización y mejora de las explotaciones y a las primeras instalaciones de jóvenes. 

Por ejemplo, el sector no dispone aún de un gasóleo agrícola profesional pese a las promesas, las reducciones fiscales aprobadas han sido básicamente para adversidades climatológicas como sucede todos los años y las tarifas eléctricas son más caras ya en pleno periodo de riegos.

La Unión cuestiona el silencio y la connivencia del resto de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas que se sientan a negociar con el Gobierno a través de numerosas reuniones que han servido para poco; ‘más preocupadas al parecer por salvar su sillón e ingresos, por salir bien en la foto, que por defender los intereses de los agricultores y ganaderos’.

La Unión destaca que el escaso apoyo mostrado desde el Gobierno Central hacia el sector agrario contrasta con el fuerte respaldo que han recibido otros sectores económicos, como los más de 13.000 millones de euros que se han asignado para las distintas fases del Plan E o los apoyos que se han dado a sectores como el automovilístico a través de distintas líneas de ayudas.

La Unión pide a las diferentes Administraciones Públicas que hagan un esfuerzo real de apoyo a las miles de explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentran al borde del cierre como consecuencia de una alarmante falta de rentabilidad que, además, les está llevando a un endeudamiento continuado. En este sentido, es básico que se articulen las ayudas directas que el sistema de minimis permite, tal y como ya están haciendo una parte importante de los países de la Unión Europea pero que aquí se niegan a las mismas.

El Ministerio de Industria y los agricultores concluyeron hoy las negociaciones sobre las nuevas tarifas eléctricas para regadío, tras presentar los representantes del campo las últimas alegaciones al borrador del Real Decreto elaborado por el Gobierno.

   El secretario de agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Ignacio Senovilla, reconoció a Europa Press que la sensación tras el proceso de negociación es positiva y confió en que el Gobierno acepte las últimas propuestas de los agricultores.

   Una vez presentadas las alegaciones, el Gobierno entregará a las organizaciones agrarias en los próximos ocho días el borrador final del Real Decreto que el Ejecutivo enviará para su revisión a la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

   En el día de ayer, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, indicó en el Senado que ésta es la única de las medidas pendientes de ejecución dentro del plan de choque para el sector prometido por el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, a finales de diciembre.

   Entre las pretensiones de los regantes se encuentra la inclusión de una modalidad de contratación temporal, por un tiempo de 8 meses de riego de los cultivos, que ofrezca a las comunidades regantes la posibilidad de finalizar su contrato antes de ese periodo en función de las condiciones climatológicas.

   Asimismo, solicitan que aquellas comunidades con menos de 450 kilowatios de potencia puedan duplicar el número de horas valle (de 20.00 horas a 8.00 horas, y fines de semana) con el objetivo de reducir a la mitad el precios de la energía consumida.

AHORROS DE HASTA EL 50%.

   Con estas medidas, el colectivo de agricultores esperan reducir sus tarifas entre un 20% y un 25% para el conjunto de las producciones, mientras que los casos de menor temporada de riego, como la patata, el ahorro del recibo podría llegar hasta el 50%.

   Senovilla se mostró optimistas ante estos posibles avances, pero lamentó la demora en la adopción de esta medida, que ya no podrá aplicarse a los gastos de esta campaña de riego, iniciada el pasado mes de abril.

La Junta de Comunidades considera que se perjudican gravemente los intereses hídricos, ya que de los 39,5 hectómetros cúbicos que se proyectan extraer, 30 saldrán de la provincia

Vista de la presa del Cenajo, el embalse está al 82% de su capacidad con 356 hectómetros cúbi

Como adelantó el pasado fin de semana el titular de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades ha decidido recurrir la encomienda de gestión sobre los pozos de sequía ubicados en esta provincia que la Confederación Hidrográfica del Segura realizó en favor del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
En tal sentido, el Ejecutivo regional va a interponer un recurso contencioso-administrativo para defender los recursos hídricos de Hellín, Socovos y Liétor, donde se encuentran la mayoría de los pozos afectados por la encomienda, hasta el punto de que, de los 39,5 hectómetros cúbicos totales previstos de extraer, más de 30 lo serán de los términos municipales que se indican.
En declaraciones efectuadas a este diario la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Verónica Montero, destacó que en estos momentos la situación de la cuenca del Segura dista mucho de ser la que existía el año pasado, ya que el agua almacenada en los embalses hace innecesario que se pretenda continuar utilizando los pozos de sequía.
Ante ello, el Gobierno ha decidido actuar, una vez más, para preservar los intereses de esta región y especialmente de las zonas afectadas por los sondeos.
Por otra parte, la portavoz de la Junta de Comunidades, Isabel Rodríguez, ha recordado que según establece el artículo 5 del Real Decreto-Ley 14/2009 de 4 de diciembre, los pozos deben ser clausurados cuando desaparezcan las condiciones de escasez.
Igualmente se considera que, ni la Confederación Hidrográfica del Segura, ni su Junta de Gobierno son competentes para continuar explotando estos pozos de emergencia sin procedimiento administrativo y además carecen de la cobertura legal para adoptar esta decisión y por tanto otorgar dicho uso al Sindicato de Regantes.
Este argumento se fundamenta en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009, que anula el Real Decreto 1265/5 de 21 de octubre en el que se otorgaba a los órganos rectores de las confederaciones hidrográficas una serie de facultades extraordinarias para modificar las condiciones de utilización del dominio público hidráulico. La anulación indicada hace que desaparezcan igualmente las competencias. Además de lo mencionado está el hecho de que el Sindicato Central de Regantes no tiene la consideración de administración pública y por ello no es competente para realizar este tipo de actividad.
Finalmente Rodríguez ha indicado que se han omitido los trámites de información pública y las consecuencias de esta actuación pueden provocar efectos negativos, ante lo que debería haberse solicitado la evaluación de impacto ambiental y la pertinente autorización autonómica, como pasos previos que no se han realizado.    

El profesor del Instituto Federal de Investigación Agrícola (FAL) de Brunswick (Alemania), Werner Kleinhanss, ha asegurado en su intervención que el nuevo marco financiero de la PAC estará condicionado por restricciones presupuestarias «relevantes». Kleinhanss ha explicado que hay «cargas financieras adicionales» que condicionarán el debate, como las ayudas de rescate a Grecia o el gasto para estabilizar el euro, que han costado 150.000 millones a Alemania -primer contribuyente neto-, y que existe escasa legitimación de los pagos únicos ligados a derechos históricos. Ha apuntado, por tanto, «algunas razones» para que se produzcan cambios presupuestarios, un «ajuste» de la PAC o «quizás una reforma importante». Según ha precisado, algunas corrientes liberales defienden que la PAC debe ser «reformada totalmente» y que países como Holanda abogan por una «salida progresiva» de los pagos directos en favor de ayudas «compatibles con el mercado», mientras que otros expertos franceses defienden «pagos contractuales». Un estudio encargado por el Parlamento Europeo, del que Kleinhanss es coautor, plantea un sistema «por etapas» que se inicia con un período de pagos transitorios para mejorar la renta de los productores, con cofinanciación obligatoria de los Estados. En una segunda fase, se pasaría a un sistema de pagos por la provisión de «bienes públicos» a través de unos contratos «sencillos, limitados en el tiempo y no transferibles», que podrían suscribir tanto agricultores como otros agentes y que les compensaría por su trabajo y por el cuidado del medio ambiente. En su alocución, se ha mostrado partidario de la cofinanciación en un porcentaje de entre el 25 y el 30 por ciento de las ayudas de la PAC, porque, en su opinión, existe el riesgo de «mala gestión» o decisiones «equivocadas» si la mayor parte de las inversiones las sufraga la Unión Europea. Kleinhanss ha afirmado que su apuesta personal pasaría por reducir en dos tercios el presupuesto del primer pilar, con un «pago básico» a los agricultores; una tercera parte se transferiría al segundo pilar, y un tercio se «sacaría del presupuesto agrícola» y se «ahorraría» para dedicarlas a otras actividades. Ha advertido, además, sobre otros aspectos negativos para el campo europeo, derivados de las políticas bionergéticas en la UE y EE.UU porque producirán «grandes variaciones» de precios agrarios y «un enorme impacto» sobre las cotizaciones de la tierra. Por su parte, el profesor de la Universidad de Córdoba José Emilio Guerrero Ginel ha explicado ante la Comisión Mixta que este debate está marcado por la crisis económica y financiera, la participación de más países en la UE y un recorte presupuestario que «cambiará las formas de hacer políticas públicas» y «obligará a repensar muchas cosas». Sobre la renacionalización o cofinanciación de la PAC, Guerrero ha defendido que existan «reglas comunes», pero que los Estados, regiones y municipios tienen «el deber y la oportunidad» de enfatizar algunas medidas en función de la singularidad de sus territorios. «Ese traje a la medida, probablemente tenga que ser cofinanciado», ha reconocido. Se ha mostrado partidario, además, de alcanzar «una nueva PAC» con una «reorientación» y «nuevas reglas» para responder a retos como la seguridad alimentaria, volatilidad de precios, mejora de la cadena de valor o el cambio climático. Ha defendido un «tránsito» de la PAC que implique un cambio «realmente importante» desde las políticas basadas en la oferta y la demanda hacia otras que apoyen los denominados «contratos territoriales». Los «pagos por objetivos» cobrarán más importancia, según Guerrero, en un escenario donde «lo superfluo se quitará» y se mirará más la legitimidad y la eficacia de las ayudas. Como factores positivos, Guerrero ha asegurado que la UE cuenta con un comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, «muy agrícola y muy de desarrollo rural», que defiende que la PAC es clave para la integración europea, el empleo, el crecimiento sostenible y la lucha contra el cambio climático. Ha recordado, además, que el Consejo Europeo de Primavera mostró la unanimidad de apoyar una PAC que contribuya a conseguir los objetivos de Estrategia de la UE 2020 y que la opinión pública europea, según los datos del último Eurobarómetro, apoya en un 83 por ciento la continuidad de las ayudas agrarias.