Sin tiempo límite, como marca el reglamento, la alcaldesa, Carmen Oliver, abrió ayer el Debate del Estado del Municipio con un discurso que duró 55 minutos. Tiempo en el que desarrollo diez ideas fuerza sobre su gestión, salpicadas de citas de Paulo Coelho, Luther King, Séneca y Alberti, y de algún anuncio. Como la comunicación recibida el 31 de mayo desde el Ministerio de Medio Ambiente dando por solventados los últimos trámites para construir la planta de ósmosis inversa. «Una obra estratégica y emblemática», como la calificó la alcaldesa, cuya construcción se decidió en 2003 como solución a la excesiva concentración de sulfatos que presentaba el agua que abastece a Albacete desde el Júcar en determinados momentos del año, y cuyas obras se han retrasado años pese a estar adjudicadas desde el 2007.

«El proyecto ya se ha desbloqueado y ahora avanzará de forma ágil», se comprometió la alcaldesa, que en el capítulo de obras hidráulicas repasó otros dos compromisos del Ministerio de Medio Ambiente: los 30 millones de euros anunciados para ampliar la depuradora «que se nos ha quedado pequeña» y 2 millones de euros para restaurar el Canal del Salobral. Dos compromisos ya conocidos. Y es que el discurso de la alcaldesa fue, sobre todo, un repaso de cosas hechas o anunciadas. Carmen Oliver tomó la palabra en un salón de plenos donde, además de dirigentes socialistas y representantes de algunas asociaciones, como el Foro de la Participación y la Federación de Vecinos, hubo dos colectivos protestando.

Primero desplegaron su pancarta vecinos de Carretas que piden la retirada de la antena de telefonía que hay en el número 100 de la calle Alcalde Conangla, «Fuera ya, no tienen licencia», decía el cartel. Después, delegados del Sindicato de Policías Locales, de la Agrupación Sindical Independiente y del CSI-F, mostraron carteles con lemas contra la gestión económica municipal y la rebaja de sueldo a los empleados públicos ordenada por el plan del recorte del Gobierno.

Recortes que vienen como consecuencia de una crisis que también ha obligado a los ayuntamientos a ajustar sus cuentas. «Con menos ingresos, mantenemos nuestros compromisos», dijo, destacando que ante la caída en más de un 7% del presupuesto, «podíamos haber optado por subir impuestos o reducir servicios, pero en lugar de eso hemos hecho un ejercicio responsable de austeridad y eficiencia, eliminando gastos y bajando partidas como la de protocolo, publicidad, dietas y servicios extraordinarios y subvenciones».

Inversión histórica

Reiteró su mensaje de que, pese a este trance económico, en el último año y medio «hemos gestionado la mayor inversión realizada en la historia de la ciudad», 60 millones de euros llegados de los dos Fondos del Estado y del Plan de Barrios, «que no es un plan de aceras, es un plan que da trabajo a personas y que mejora la accesibilidad de la ciudad», recalcó.

Insistió en que lo que de verdad le preocupa son las personas, «ya dije que tenía 200.000 proyectos estrellas, tantos como vecinos tienen la ciudad». Sobre las medidas aprobadas para los más desfavorecidos, detalló que 96 familias ya se van a poder acoger a los descuentos aprobados en el recibo del agua y otros tributos y otras 27 están en trámites, y destacó los más de 250.000 euros que el Ayuntamiento ha destinado a comprar alimentos, «eso son ejemplos, son realidades», apostilló.

Y habló del empleo, citó a los 15.685 albaceteños que a día de hoy están en paro y dijo que gracias a los planes concertados con otras administraciones «hemos contenido los efectos de una crisis global», pues más de 4.000 personas han encontrado empleo con los distintos planes.

Puerto seco

Tuvo palabras de apoyo para los empresarios que siguen dando trabajo a «las más de 15.000 personas que trabajan en nuestros parques industriales» y comprometió su apoyo a los polígonos.

Y continuó hablando de los «pasos firmes» dados «hacia la sociedad del conocimiento, pese a la situación», afirmación que le sirvió para hablar de las 30 empresas que hay ya en el Parque Científico y los siete centros de investigación con los que cuenta la Universidad. En este punto, admitió que a la ciudad le falta «una zona logística y un puerto seco», «estoy trabajando por ello, ese es uno de los sueños» que faltarían por realizar.

Y todo esto, subrayó, se basa en la participación y la «unidad, que es nuestro mayor estandarte». Así, citó las múltiples mesas constituidas, entre otras la que «tiene el reto de consolidar el futuro del aeropuerto» y anunció la inminente creación del Consejo Social, «ha sido lento, porque ha sido participativo, pero nos permitirá avanzar en calidad democrática».

Tras destacar la apuesta municipal en la lucha contra el cambio climático, con medidas como los 500.000 euros que dedicarán a cambiar 20.000 lámparas de las farolas o la forestación de 164 hectáreas; aludió a los 20 kilómetros de nuevo carril bici que se construirán y a la mejora del transporte urbano.

Sobre la vivienda, admitió que el acceso a la misma es un derecho, y defendió su gestión destacando que desde el 2007 el Ayuntamiento «ha puesto a disposición 1.341 viviendas y quedan 925 por desarrollar, frente a quienes hicieron 15 ó 16», dijo aludiendo al PP cuando gobernó la ciudad, aunque sin citarlos explícitamente.

Lapresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo ayer que Castilla-La Mancha «no puede apropiarse de ninguna manera» del agua de la Cuenca del

Tajo porque, a su entender, «el agua es algo que no es susceptible de apropiación en el territorio por el que pasa». Aguirre se pronunció así en una entrevista concedida a esRadio, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si estaba de acuerdo con la política que el PP ha impulsado en Castilla-La Mancha en relación al agua.

Así, explicó que la línea del PP en esta materia ha consistido en la «no aprobación de un estatuto de autonomía que pretendía que Castilla-La Mancha dispusiera de 6.500 hectómetros cúbicos de agua que pertenecen por igual a Madrid que a Castilla-La Mancha». Tras manifestar que el agua para los madrileños es «fundamental», indicó que en Madrid viven 6,4 millones de personas que se «nutren» de la Cuenca del Tajo. «Por lo tanto, de ninguna manera puede Castilla-La Mancha apropiarse de la Cuenca del Tajo; es como si yo cojo el Tajo de Aranjuez y decido que el agua del Tajo es para Madrid», dijo la presidenta madrileña, quien consideró que esta opción no ha partido de María Dolores de Cospedal.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular María Luisa Soriano ha reclamado a los gobiernos socialistas de Barreda y Zapatero el apoyo que los productos y el sector agropecuario de Castilla-La Mancha requieren “para poder ser ese puntal de desarrollo económico que necesita la región”.

Soriano, quien destacó la “tremenda calidad” de los productos y la importancia que la agricultura tiene en Castilla-La Mancha, como sector estratégico que es, explicó que “hay que tener en cuenta que los agricultores y ganaderos de la región llevan perdiendo más de tres años poder adquisitivo a un ritmo de un 15 por ciento por año”. A lo que se une, añadió, que los precios que recibe por sus productos están por debajo de los costes de producción, que no dejan de subir de un año para otro”.

En este sentido, la portavoz regional en materia de Agricultura recordó que el precio del gasóleo se ha incrementado un 30 por ciento en el último año y la factura eléctrica lo ha hecho en un 60 por ciento desde que desapareciera la tarifa especial para riego y, sin embargo, denunció que “tanto Barreda como Zapatero abandonan a este sector estratégico para Castilla-La Mancha”.

Señaló, asimismo, que tanto las organizaciones como el PP siguen reclamando el gasóleo profesional que el Gobierno socialista se había comprometido a poner en marcha a partir del 1 de enero de 2009. “Promesas que siguen sin cumplir”, apostilló.

Además, la dirigente política solicita que se pueda contratar el suministro eléctrico de los regantes por mensualidades. Únicamente durante la temporada de riego y así, que no tengan que pagar por la potencia durante todo el año, ya que permitiría ahorrar un porcentaje importante de la factura, argumentó Soriano.

Cereal, girasol y aceite

La dirigente política, quien tildó la situación del cereal como “bastante delicada”, denunció que el Gobierno socialista siga sin controlar las importaciones de cereales, lo que está provocando una caída de precios todavía más fuerte.

Igualmente, denunció que en el cultivo del girasol, los agricultores van a tener que subsistir sin ayudas, porque han desaparecido las ayudas directas que han sido sustituidas por una agroambiental “que Barreda no ha sabido negociar”. Prueba de ello, precisó Soriano, es que mientras el año pasado se acogieron 3900 agricultores, este año tan sólo 183 han solicitado este tipo de ayudas de la Unión Europea.

Explicó que esto se debe a que los requisitos que se exigen a los agricultores son “bastante difíciles de cumplir y les ha echado para atrás porque es casi imposible cumplirlos”. Por eso, indicó que el PP está pidiendo que se sustituya la obligatoriedad de dejar 1 metro de linde en torno a la parcela por dejar un 3 por ciento de la superficie total sin labrar y con vegetación espontánea “que permitiría que el girasol no deje de formar parte de nuestro paisaje”.

En cuanto al aceite, Soriano denunció que los precios también están hundidos y el Gobierno socialista sigue sin activar el mecanismo de intervención. En este sentido, indicó que los populares consideran que “es momento de activar este almacenamiento privado y que desde el Gobierno central se exija la revisión de los precios del almacenamiento, porque son del año 1998 y están totalmente desfasados”.

Por otro lado, la parlamentaria ciudadrealeña lamentó que en el sector lácteo en Castilla-La Mancha teníamos miles de ganaderos de vacuno de leche hace unos años y ahora tan sólo queden 266 explotaciones. A su juicio, hacen falta muchas medidas para recuperar a este sector y, por ello, anunció, el PP propone certificar la procedencia de la leche, “algo significativo que puede beneficiar al sector para que el producto tenga el valor que le corresponde”.

Soriano recordó que fueron más de 500.000 los agricultores que se manifestaron en Madrid en noviembre de 2009 y, a raíz de esa reivindicación, precisó, se constituyeron unas mesas “que han sido un auténtico fracaso, hasta tal punto que se han visto obligados a manifestarse de nuevo”.

Y ante esta situación, denunció la portavoz popular en materia agraria, “Barreda sigue sin pagar ayudas que todavía están pendientes: a las tormentas, a la agricultura y ganadería ecológica o a la reforestación de tierras agrarias, pendientes desde el año pasado”.

La subida de precios progresiva puede verse agravada el próximo mes con esa subida de dos puntos para el IVA que programó el Gobierno. Sin embargo, lo que a buen seguro se notará más para los consumidores será la anunciada subida de la tarifa eléctrica. La Unión de Consumidores de España en Albacete, a través de su presidente, José María Roncero, denunciaba esta subida como un nuevo ataque a la economía de os ciudadanos en un momento poco propicio para los experimentos: «La luz tiene un precio tan elevado que una subida no tiene justificación. Además llega en el momento más inoportuno, con más paro, más IVA, con salarios y pensiones congeladas. No creemos que haya justificación», explicó el presidente de UCE.
Según el dato de IPC, la luz y el gas han visto crecer su precio un 12,8% en Albacete, un crecimiento que además lleva aparejado más beneficios para las compañías: «leíamos hace poco que una compañía había triplicado beneficios el pasado año, así que me parece que hay un gran desfase», apuntaba Roncero.
Desde UCE se señaló que además la liberalización de la comercialización del sector no ha tenido un efecto demasiado visible en la libre competencia de tarifas: «Las comercializadoras son empresas asociadas a las grandes compañías. Hay donde elegir, pero es sota, caballo y rey». Roncero apuntaba a que «una de estas hace un descuento del 15% si se contrasta también el gas. Es injustificado que suban las tarifas un 4% cuando pueden hacer ese tipo de descuentos». Desde UCE Albacete se recordó que por conflictos con las eléctricas hubo multitud de consultas y reclamaciones de consumidores el año pasado, «aunque ahora ya ha bajado el ritmo».

VALORACIÓN IPC.El presidente de la Unión de Consumidores de Albacete, José María Roncero, se refirió también al último dato de IPC, señalando que «no es una buena noticia, pero remarca lo que venimos denunciando, que hay productos en los establecimientos que cada día suben de precio. Tiran más y más de la cuerda, y cada vez el ciudadano tiene menos poder adquisitivo. Luego nos lamentamos de que el consumo se retrae, pero es que no puede ser de otra forma». Roncero se refería también a la próxima subida del IVA, pero apuntaba a que empresas y comercios tienen con qué compensar esa subida de impuestos que afectará también a los consumidores: «Recordemos que con el cambio de moneda lo que valía 100 pesetas pasó a valer un euro, fue un aumento que denunciamos. El precio de un café ha tenido una subida enorme, así que ahora sí pueden soportar esa subida del IVA de dos puntos».    

El nuevo plan hidrológico de la cuenca del Segura no estará listo en dos meses, plazo marcado por la Comisión Europea para que España presente todos los planes, ya que éstos deberían haber estado terminados el pasado mes de diciembre. El plan del Segura podría estar preparado como mínimo en un año porque todavía quedan por realizar muchos trámites para concretar las necesidades de la cuenca.En la actualidad se está preparando el esquema de temas importantes, que tiene que ser debatido por el Consejo del Agua de la cuenca, que a su vez hará un informe para que éste sea aprobado y sometido a una consulta pública durante seis meses. A continuación, habrá que considerar las alegaciones presentadas y elaborar finalmente el borrador del proyecto del plan hidrológico de la cuenca. «Cumpliendo simplemente los plazos mínimos de los trámites, le queda algo más que un año y eso sería corriendo», aseveró ayer a LA RAZÓN el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, que expresó sus dudas de que se pueda concluir el nuevo plan en esta legislatura autonómica. Claver reconoció que su elaboración es «muy compleja porque tiene muchos trámites y hay que elaborar varios informes», aunque indicó que la resolución de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha ha dilatado aún más este proceso, ya que éste condicionaba los planes de la cuenca del Tajo y del Segura. «El Estatuto manchego era un tema muy importante porque si se hubiera aprobado habría condicionado los planes del Tajo y Segura», afirmó el presidente de Scrats.Uno de los retos del nuevo plan de cuenca del Segura será fijar el déficit de la cuenca, que según los cálculos de Scrats seguirá siendo  de unos 400 hectómetros cúbicos contando siempre con los 600 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura, aunque tan sólo se desembalsó esta cantidad un año.  Las aportaciones procedentes de la desalación deberán de completar las necesidades de la cuenca, aunque a fecha de hoy tan sólo ha ofrecido 80 de los 458 hectómetros que se pretenden alcanzar en el año 2015.Claver resaltó que se debe cubrir el déficit estructural de la cuenca y añadió que la desalación y las transferencias externas pueden ayudar a resolver este problema.

Sin perder de vista el plan del tajo
Pero la Región no debe de perder de vista el plan de la cuenca del Tajo, que previsiblemente intentará cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, al no ver cumplidos los objetivos del Gobierno de José María Barreda de establecer una reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos para satisfacer las necesidades de los castellanomanchegos en el Estatuto. Es decir, que la nueva fijación del socialista Barreda será reducir la cantidad trasvasable a la Región de Murcia. Además, Castilla-La Mancha utilizará aumentar los caudales ambientales en distintos puntos del río como arma para intentar cerrar el grifo a Murcia, ya que descenderán los volúmenes oficialmente excedentarios. Por último, el plan deberá dejar abierta la posibilidad de hacer el hipotético trasvase desde el Tajo Medio al Sureste español, por si el Gobierno central le da luz verde y decide su construcción.

El Ministerio de Medio Ambiente ha recortado de forma unilateral un 36% de la superficie regable del área Vinalopó-Alacantí en el nuevo plan de cuenca del Júcar (revisión del actualmente en vigor desde 1997), lo que puede dejar sin agua para riego a 15.000 hectáreas en explotación e, incluso, afectar a los caudales finales que se asignen a Alicante en el trasvase Júcar-Vinalopó. El problema estriba en que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han hecho los cálculos en base a la estadística de 2005, año en el que 15.000 hectáreas de regadío estaban en barbecho porque no había agua debido a que la provincia sufría uno de los ciclos secos más intensos de la historia.
Los regantes consideran que la situación es muy grave y preparan alegaciones a presentar antes del jueves. Necesitan 200 hm3 al año y el recorte propuesto por la CHJ seria de 60 hm3 para la uva de mesa, hortalizas y frutales, según Andrés Martínez, presidente de la Junta de Usuarios del Júcar-Vinalopó.
«El tema es muy grave y espero que el ministerio admita nuestras alegaciones porque de aprobarse el plan de cuenca con estas restricciones se aboca a la ruina al 30% de la producción agrícola del Vinalopó y l’Alacantí», sentencia Martínez. El problema puede afectar a los caudales que llegarán del Júcar ya que «no sólo no conocemos las cantidades sino que ahora nos encontramos con este recorte general en el documento que, paradójicamente, se denomina esquema para decidir la cuestiones importantes en la cuenca del Júcar», subraya el presidente de la Junta Central.
Para el catedrático de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, Antonio Rico, el «esquema de asuntos importantes de la cuenca del Júcar vuelve a ser un ataque directo contra Alicante. No sólo se plantea un recorte de los recursos hídricos, sino que afecta a derechos de regadío consolidados y, como siempre, las trabas nos las ponen a los alicantinos y no a Castilla-La Mancha».
El Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat han comenzado la cuenta atrás para el final de la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó que estará listo a finales de año para impulsar de Cullera a Villena y al resto de la provincia los caudales captados en el Azud de la Marquesa. Unas obras que, incluido el postrasvase, habrán supuesto un desembolso de 350 millones de euros, a los que hay que añadir 100 millones de la modernización de la Acequia Real del Júcar, obra clave para generar excedentes en el Júcar y así trasvasarlos a Alicante. Casi siete años después de iniciadas las obras y después del polémico cambio de trazado, todavía no se han resuelto dos cuestiones fundamentales: el precio y la calidad del agua.
Nada se sabe, de forma oficial, de la potabilizadora (40 millones) que debe garantizar que el agua sirva para beber y regar. Las buenas palabras del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu contrastan con la realidad y cierta indolencia de la propia Conselleria de Agua que hace dos semanas bendecía la finalización del último túnel del trasvase. Todo el mundo es consciente de que la infraestructura es fundamental pero, de momento, no tiene ni presupuesto consignado.

Los ministros de Medio Ambiente¹ de la UE acordaron combatir la sequía y la escasez de agua de forma coordinada y apoyar el desarrollo de un observatorio para reforzar la prevención.

La ministra española de Medio Ambiente, y Medio Rural² y Marino³, Elena Espinosa⁴, compareció este viernes ante los medios de comunicación en compañía del comisario europeo para el Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, para dar cuenta de lo tratado en el Consejo reunido en Luxemburgo, que esta tarde abordará las cuestiones relativas al cambio climático.

En su intervención, Espinosa destacó los esfuerzos efectuados por la Presidencia Española con el resto de países y la Comisión para que la defensa del Medio Ambiente no esté aislada de las decisiones en los ámbitos económico o social.

“Ha sido un semestre muy intenso y con unas características muy particulares”, reconoció Espinosa, y recordó que España asumió la Presidencia un mes después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

Indicó al respecto que España ha tenido que sacar adelante este semestre y superar los cambios que supuso la renovación del Parlamento Europeo⁵ y del colegio de comisarios europeos. “A pesar de todas estas circunstancias hemos avanzado en muchas cuestiones”, consideró la ministra española.

Espinosa afirmó que si no se combate la sequía y la escasez de agua de manera adecuada, la creciente demanda y la limitada disponibilidad de recursos tendrán “impactos muy negativos sobre la biodiversidad y sobre la salud humana”.

Para evitarlo, se necesita incluir medidas específicas sobre la gestión del agua en las distintas políticas sectoriales y fomentar la planificación, agregó Espinosa.

La ministra española puso de relieve que los países estuvieron de acuerdo en que la escasez del agua y la sequía constituyen un “problema serio” en muchas regiones de Europa, una situación que prevén que empeore como consecuencia del cambio climático.

También reconocieron la vertiente internacional de este problema y destacaron que muchas masas de agua de la UE son “transnacionales” y los riesgos y desafíos compartidos, por lo que las soluciones deben coordinarse, incluso con terceros países.

Estrategia 2020

Los ministros coincidieron en que la inversión en la innovación ecológica y en la eficiencia del uso de los recursos hídricos contribuirá a la creación de empleos y a un crecimiento equilibrado y sostenible, en el contexto de la Estrategia Europa 2020 para el empleo y el crecimiento.

Llamaron también la atención sobre la importancia de fomentar la eficiencia en el uso del agua y la gestión de su demanda, la mejora de las técnicas de irrigación, el aprovechamiento de las aguas residuales, todo ello apoyado por campañas de concienciación y educación.

“En definitiva -dijo Espinosa- tenemos que tratar de buscar en el agua el desarrollo sostenible, basándonos en la aplicación de políticas territoriales en áreas afectadas por la sequía y la escasez de agua”.

Por su parte, el comisario europeo para el Medio Ambiente, Janez Potocnik, hizo hincapié en avanzar en el debate sobre los preparativos de la Conferencia Río 2012 sobre desarrollo sostenible, ligada a la economía verde cuando se habla de la reducción de la pobreza.

En cuanto a la gestión de los bioresiduos, Potocnik insistió en trabajar en firme para la recogida selectiva de los mismos, y abogó para que los Estados miembros tengan en cuenta las características locales en la gestión de los bioresiduos.

Respecto a la conservación de las ballenas, una de las cuestiones planteadas en la conferencia de prensa, tanto la ministra Espinosa como el comisario Potocnik coincidieron en afirmar que el objetivo es la protección de las ballenas, la voluntad de conseguir la unanimidad de los Veintisiete en este ámbito y de convencer a otros países para que se sumen al esfuerzo común de establecer un marco regulatorio internacional.

Comunicación de la Comisión

Tras la segunda sesión de trabajo del Consejo, Espinosa valoró la comunicación presentada por la Comisión Europe sobre el impacto que tendría elevar el compromiso actual de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20 al 30 por ciento en 2020 respecto a los niveles de 1990.

Según el análisis de la Comisión, elevar el objetivo tendría un “impacto económico limitado” y menor al que se había calculado en un principio.

Espinosa afirmó que todos los países reconocieron el esfuerzo del ejecutivo comunitario y la copiosa información aportada, al tiempo que pidieron profundizar en aspectos tales como el mercado de emisiones, la seguridad energética, el liderazgo tecnológico o la fiscalidad.

A juicio de la ministra española, dicho debate no ha supuestos “en absoluto” un rechazo al documento de la Comisión. “Al contrario, la aportación de los estados miembros enriquece la comunicación y quiere dotarla de información complementaria”, dijo.

La comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard⁶, consideró por su parte que los países han demostrado que quieren unos “resultados ambiciosos” en la Cumbre sobre el clima que se celebrará en Cancún (México), y agradeció la labor española y los resultados que ha logrado obtener durante su Presidencia.

El responsable de Agricultura¹ y Medio Ambiente², acompañado del presidente de las Cortes regionales, aseguró que el ahorro anual de agua para riego que ha conseguido el sector agrario en la Comunidad Autónoma ronda los 200 hectómetros cúbicos, es decir, “el equivalente al consumo anual de toda la población de Castilla-La Mancha”.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro³, destacó este sábado en Tobarra (Albacete) el esfuerzo que se está realizando en Castilla-La Mancha para modernizar y hacer eficientes los regadíos de la región.

Martínez Guijarro visitó hoy la zona regable de La Tedera, en este municipio albaceteño, donde la Consejería ha llevado a cabo distintas obras para modernizar los regadíos, con una inversión total por parte de la Administración de 7,9 millones de euros y una aportación de los socios de la Comunidad de Regantes de casi 895.000 euros.

Como explicó el consejero, las obras llevadas a cabo entre los años 2008 y 2009 respondían a varias necesidades, por un lado el descenso acusado en los niveles de los sondeos (para lo cual se han sustituido por sondeos de nueva planta de mayor diámetro y profundidad) y, por otro, se producían numerosas pérdidas durante el transporte así como extracciones no controladas, sin que existieran contadores en la red para registrar el consumo del agua.

En concreto, las mejoras han consistido en la construcción y equipamiento de 4 sondeos de nueva planta (3 de ellos mediante un convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura⁴), 2 balsas reguladoras en tierra impermeabilizadas de 67.000 m3 de capacidad cada una y la conducción de 13,7 kilómetros de tubería que discurre a lo largo de toda la zona regable, que une las balsas proyectadas sustituyendo los 10 kilómetros de caudal abierto. También se han realizado tomas de agua para alimentar los sectores de riego y se han instalado elementos de control y seguridad.

“Estas mejoras -señaló Martínez Guijarro- supondrán un ahorro importante de los recursos hídricos, así como la posibilidad de tener un mayor control de los mismos ya que la gestión se ha entregado a la Comunidad de Regantes, junto con la explotación y mantenimiento de las instalaciones”.

Eficiencia en el regadío

El responsable de Agricultura y Medio Ambiente, que estuvo acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Francisco Pardo⁵; el delegado provincial de la Consejería, Antonio Mompó⁶; el vicepresidente de la Diputación provincial, Agustín Moreno⁷, y alcaldes de municipios colindantes, indicó que desde el Gobierno regional se viene haciendo un esfuerzo fundamental en materia de modernización de regadíos, pasando de las 462.413 hectáreas de regadío con las que contábamos en el año 2006 a 490.624 del año 2009 con sistemas de riego eficientes.

Una evolución que sitúa a nuestra región “con el mayor porcentaje de superficie con sistemas de riego altamente eficiente, alcanzando en la actualidad el 95,8% de la superficie en regadío”, indicó el consejero. De esta forma, el ahorro anual de agua para riego que ha conseguido el sector agrario regional ronda los 200 hectómetros cúbicos, es decir, “lo equivalente al consumo anual de toda su población”.

Martínez Guijarro quiso felicitar durante su visita al alcalde de la localidad, Manuel Valcárcel⁸, y al presidente de los regantes Guillermo Sánchez por su labor y ayuda constante para que estos regadíos se pusieran en marcha.

Tras reunirse con el Ministerio de Industria y con asesores de Medio Rural para tratar el Real Decreto sobre las tarifas eléctricas, las organizaciones agrarias han definido el encuentro, en declaraciones a AGROCOPE, como «regular» y «poco fructífero».

Así lo expone el director de los servicios técnicos de ASAJA, José Carlos Caballero, que tacha de «tajante» la actitud de Industria, ante el Real Decreto que regulará las tarifas eléctricas, cuyo borrador final será enviado la próxima semana a las OPAS y a la Comisión Nacional de Energía para su revisión.

En la misma línea se muestra el responsable del Departamento de Economía Agraria de COAG, Felipe Medina, que afirma que la sensación que tiene es que desde hace «dos meses se ha frenado mucho y se han producido pocos avances» en este ámbito, algo que fue transmitido durante el encuentro. 

A pesar de este aspecto, Medina considera que la prioridad, en este caso, ha sido que el texto entre en vigor cuanto antes para que pueda favorecer a los agricultores en la campaña 2010, por  eso «Industria tendrá el borrador final la próxima semana«.

Por su parte, Ignacio Senovilla, secretario de Agricultura de UPA, afirma que la demanda principal de los regantes de una contratación temporal de hasta 8 meses para que el agricultor pueda elegir los meses de riego se «cumple el Real Decreto», aunque considera «que todavía es necesaria la clarificación de algunos conceptos» en el texto.