Las Cortes de Castilla-La Mancha, con los votos de la mayoría socialista, rechazaron una resolución del PP que instaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a agilizar la revisión del plan hidrológico del Júcar, emplazaba a la Junta a reprobar el retraso que el actual Gobierno central lleva acumulado para la revisión y adaptación de la normativa europea del plan, y pedía revisar el plan teniendo como punto de partida el plan del 98.

   Durante el debate general presentado por el PSOE, sobre la situación actual de la tramitación del plan, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, explicó que el plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo día 18, y por lo tanto, es importante que las Cortes se pronuncien «unánimemente» apoyando la posición del Gobierno regional.

   En este sentido, el consejero reconoció que la revisión del plan lleva un año de retraso frente a otros planes y justificó esta situación en que existe un conflicto de intereses en el ámbito de planificación del Júcar. Además, lamentó que hoy en la Comunidad Valenciana se vayan a «frotar las manos» porque ellos sí «consiguen unanimidad para que Albacete pague por beber del Alarcón».

   Asimismo, Sánchez Pingarrón instó a la Comunidad Valenciana, tal y como solicita la resolución del PSOE aprobada por el Parlamento regional, a que asuma, con carácter inmediato, la gestión de las cuencas hidrográficas intracomunitarias que transcurren íntegramente por su territorio y son, por tanto, competencia exclusiva de esta comunidad autónoma, en base a su Estatuto de Autonomía.

   Ello, dijo, permitiría a Castilla-La Mancha tener el peso que le corresponde en los Órganos de Gobierno de la demarcación del Júcar, algo que intenta «impedir» la propia Generalitat.

   También, consideró que la falta de adecuación del Gobierno valenciano en cuanto a la mejora y modernización de sus regadíos tradicionales está perjudicando «gravemente» los intereses de la región, ya que de los 240 hectómetros cúbicos que se hubieran podido ahorrar si se hubiera acometido dicha modernización, Castilla-La Mancha dispondría de 120 hectómetros cúbicos más de agua procedente del Júcar.

CONSIDERACIONES

   El consejero, además, opinó que la Confederación Hidrográfica del Júcar debe incluir en el proceso de revisión de este plan consideraciones como una adecuada delimitación del ámbito territorial de la demarcación del Júcar, en el marco de la legislación vigente, identificando y concretando las distintas cuencas hidrográficas que integran esta Demarcación, excluyendo de su ámbito territorial las cuencas intracomunitarias que discurren, íntegramente, por el territorio de la Comunidad valenciana.

   Por su parte, la diputada regional del PP María Luisa Soriano, culpó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del retraso que sufre la revisión del plan y recalcó que los planes hidrológicos deberían haber sido aprobados en diciembre de 2009 y enviados a Europa. Además, destacó que desde el año 2003, el PSOE y el Gobierno regional no se han preocupado del Júcar.

   «Han querido hablar del Júcar y el agua, precisamente hoy, que Barreda ha cometido otra de sus golferías», prosiguió Soriano, quien consideró que el PSOE trae este debate a las Cortes porque quiere lavar esa «mala conciencia» de no haber sido capaz de aprobar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y «dejarnos con cero hectómetros cúbicos de agua».

   Soriano indicó que el retraso puede traer «graves» consecuencias a Castilla-La Mancha porque «podemos perder los fondos europeos para muchas infraestructuras que tenemos pendientes» y recalcó que al PP le «hubiera gustado que Barreda se hubiera preocupado por estos planes hidrológicos igual que se ha preocupado por conceder avales a unos cuantos amigos».

   Por último, dijo que el plan no estaría paralizado si el Gobierno socialista no hubiera derogado el Plan Hidrológico Nacional, un plan que beneficiaba a Castilla-La Mancha. Terminó su intervención, señalando que en 2010 «el agua, el vino, y el señor Barreda, con sus amiguetes», se han convertido en las preocupaciones de los castellano-manchegos.

   El diputado socialista José Molina enmarcó por su parte el retraso del plan en el conflicto de intereses que existe con la Comunidad Valenciana y lamentó que los ‘populares’ no defiendan los intereses de Castilla-La Mancha. También, dijo que fue el PP quien votó en contra del Estatuto. «El único peligro para Castilla-La Mancha son ustedes», apuntó Molina, quien aseguró que «hablar del Estatuto es hablar de la falta de palabra de Cospedal».

En este sentido, ha afirmado el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, “tendremos que exigir la preferencia en la asignación de recursos a las demandas de la propia cuenca del Júcar, con prioridad sobre los trasvases a otras cuencas distintas dentro de la propia demarcación”.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda ha intervenido en las Cortes regionales, durante el debate general sobre la situación actual de la tramitación del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, donde ha destacado que en el ámbito concreto de la demarcación del Júcar, esa cuenca hidrográfica es de vital importancia para Castila-La Mancha, puesto que el 73 por ciento del territorio de este río está en nuestra región.

Al comienzo de su intervención, Julián Sánchez Pingarrón¹ ha asegurado que “es urgente y prioritario implicarse de una manera directa en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar”.

Además, ha recordado que se da la paradoja de que la mayor parte de los recursos de la cuenca hidrográfica del Júcar se generan en Castilla-La Mancha, mientras que los grandes consumidores del agua del Júcar están en la Comunidad Valenciana.

Por este motivo, ha insistido el titular de Ordenación del Territorio y Vivienda se debe instar a la Generalitat Valenciana a que asuma, con carácter inmediato, la gestión de las cuencas hidrográficas intracomunitarias que trascurren íntegramente por su territorio y son, por tanto, competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma en base a su Estatuto de Autonomía. Ello permitiría a Castilla-La Mancha tener el peso que le corresponde en los Órganos de Gobierno de la demarcación del Júcar.

En este sentido, ha continuado, “tendremos que exigir la preferencia en la asignación de recursos a las demandas de la propia cuenca del Júcar, con prioridad sobre los trasvases a otras cuencas distintas dentro de la propia demarcación”.

Sobre este objetivo del Ejecutivo castellano-manchego en política hidrológica, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda ha subrayado que Castilla-La Mancha tiene prioridad de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca del río Júcar, sobre los abastecimientos de Valencia o Sagunto, sobre los regadíos del Júcar Turia, sobre las restricciones ambientales de La Albufera y sobre el trasvase Júcar- Vinalopó”.

Por todo esto, ha recalcado el consejero, “se considera urgente y prioritario participar e implicarse de una manera directa, activa y decidida en este proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar, precisamente ahora que está abierto en plazo de presentar alegaciones, con la máxima concertación posible y con el conjunto de Administraciones Públicas, agentes, sectores, usuarios y con la sociedad en general”.

La Unión señala que aparte de un plan de financiación insuficiente y con una dotación ridícula, con un presupuesto de auténtica miseria de apenas 36,5 millones de euros, no se conocen otras medidas emprendidas ya para paliar la más grave crisis por la que atraviesan los agricultores y ganaderos en los últimos tiempos. El plan de choque sólo se ha concretado al final en bonificar avales a nuevos préstamos, la ampliación del periodo de amortización de los préstamos para los ganaderos suscritos con anterioridad y la carencia especial de dos años para préstamos de las ayudas para la modernización y mejora de las explotaciones y a las primeras instalaciones de jóvenes. 

Por ejemplo, el sector no dispone aún de un gasóleo agrícola profesional pese a las promesas, las reducciones fiscales aprobadas han sido básicamente para adversidades climatológicas como sucede todos los años y las tarifas eléctricas son más caras ya en pleno periodo de riegos.

La Unión cuestiona el silencio y la connivencia del resto de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas que se sientan a negociar con el Gobierno a través de numerosas reuniones que han servido para poco; ‘más preocupadas al parecer por salvar su sillón e ingresos, por salir bien en la foto, que por defender los intereses de los agricultores y ganaderos’.

La Unión destaca que el escaso apoyo mostrado desde el Gobierno Central hacia el sector agrario contrasta con el fuerte respaldo que han recibido otros sectores económicos, como los más de 13.000 millones de euros que se han asignado para las distintas fases del Plan E o los apoyos que se han dado a sectores como el automovilístico a través de distintas líneas de ayudas.

La Unión pide a las diferentes Administraciones Públicas que hagan un esfuerzo real de apoyo a las miles de explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentran al borde del cierre como consecuencia de una alarmante falta de rentabilidad que, además, les está llevando a un endeudamiento continuado. En este sentido, es básico que se articulen las ayudas directas que el sistema de minimis permite, tal y como ya están haciendo una parte importante de los países de la Unión Europea pero que aquí se niegan a las mismas.

El Ministerio de Industria y los agricultores concluyeron hoy las negociaciones sobre las nuevas tarifas eléctricas para regadío, tras presentar los representantes del campo las últimas alegaciones al borrador del Real Decreto elaborado por el Gobierno.

   El secretario de agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Ignacio Senovilla, reconoció a Europa Press que la sensación tras el proceso de negociación es positiva y confió en que el Gobierno acepte las últimas propuestas de los agricultores.

   Una vez presentadas las alegaciones, el Gobierno entregará a las organizaciones agrarias en los próximos ocho días el borrador final del Real Decreto que el Ejecutivo enviará para su revisión a la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

   En el día de ayer, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, indicó en el Senado que ésta es la única de las medidas pendientes de ejecución dentro del plan de choque para el sector prometido por el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, a finales de diciembre.

   Entre las pretensiones de los regantes se encuentra la inclusión de una modalidad de contratación temporal, por un tiempo de 8 meses de riego de los cultivos, que ofrezca a las comunidades regantes la posibilidad de finalizar su contrato antes de ese periodo en función de las condiciones climatológicas.

   Asimismo, solicitan que aquellas comunidades con menos de 450 kilowatios de potencia puedan duplicar el número de horas valle (de 20.00 horas a 8.00 horas, y fines de semana) con el objetivo de reducir a la mitad el precios de la energía consumida.

AHORROS DE HASTA EL 50%.

   Con estas medidas, el colectivo de agricultores esperan reducir sus tarifas entre un 20% y un 25% para el conjunto de las producciones, mientras que los casos de menor temporada de riego, como la patata, el ahorro del recibo podría llegar hasta el 50%.

   Senovilla se mostró optimistas ante estos posibles avances, pero lamentó la demora en la adopción de esta medida, que ya no podrá aplicarse a los gastos de esta campaña de riego, iniciada el pasado mes de abril.

La Junta de Comunidades considera que se perjudican gravemente los intereses hídricos, ya que de los 39,5 hectómetros cúbicos que se proyectan extraer, 30 saldrán de la provincia

Vista de la presa del Cenajo, el embalse está al 82% de su capacidad con 356 hectómetros cúbi

Como adelantó el pasado fin de semana el titular de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades ha decidido recurrir la encomienda de gestión sobre los pozos de sequía ubicados en esta provincia que la Confederación Hidrográfica del Segura realizó en favor del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
En tal sentido, el Ejecutivo regional va a interponer un recurso contencioso-administrativo para defender los recursos hídricos de Hellín, Socovos y Liétor, donde se encuentran la mayoría de los pozos afectados por la encomienda, hasta el punto de que, de los 39,5 hectómetros cúbicos totales previstos de extraer, más de 30 lo serán de los términos municipales que se indican.
En declaraciones efectuadas a este diario la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Verónica Montero, destacó que en estos momentos la situación de la cuenca del Segura dista mucho de ser la que existía el año pasado, ya que el agua almacenada en los embalses hace innecesario que se pretenda continuar utilizando los pozos de sequía.
Ante ello, el Gobierno ha decidido actuar, una vez más, para preservar los intereses de esta región y especialmente de las zonas afectadas por los sondeos.
Por otra parte, la portavoz de la Junta de Comunidades, Isabel Rodríguez, ha recordado que según establece el artículo 5 del Real Decreto-Ley 14/2009 de 4 de diciembre, los pozos deben ser clausurados cuando desaparezcan las condiciones de escasez.
Igualmente se considera que, ni la Confederación Hidrográfica del Segura, ni su Junta de Gobierno son competentes para continuar explotando estos pozos de emergencia sin procedimiento administrativo y además carecen de la cobertura legal para adoptar esta decisión y por tanto otorgar dicho uso al Sindicato de Regantes.
Este argumento se fundamenta en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009, que anula el Real Decreto 1265/5 de 21 de octubre en el que se otorgaba a los órganos rectores de las confederaciones hidrográficas una serie de facultades extraordinarias para modificar las condiciones de utilización del dominio público hidráulico. La anulación indicada hace que desaparezcan igualmente las competencias. Además de lo mencionado está el hecho de que el Sindicato Central de Regantes no tiene la consideración de administración pública y por ello no es competente para realizar este tipo de actividad.
Finalmente Rodríguez ha indicado que se han omitido los trámites de información pública y las consecuencias de esta actuación pueden provocar efectos negativos, ante lo que debería haberse solicitado la evaluación de impacto ambiental y la pertinente autorización autonómica, como pasos previos que no se han realizado.    

El profesor del Instituto Federal de Investigación Agrícola (FAL) de Brunswick (Alemania), Werner Kleinhanss, ha asegurado en su intervención que el nuevo marco financiero de la PAC estará condicionado por restricciones presupuestarias «relevantes». Kleinhanss ha explicado que hay «cargas financieras adicionales» que condicionarán el debate, como las ayudas de rescate a Grecia o el gasto para estabilizar el euro, que han costado 150.000 millones a Alemania -primer contribuyente neto-, y que existe escasa legitimación de los pagos únicos ligados a derechos históricos. Ha apuntado, por tanto, «algunas razones» para que se produzcan cambios presupuestarios, un «ajuste» de la PAC o «quizás una reforma importante». Según ha precisado, algunas corrientes liberales defienden que la PAC debe ser «reformada totalmente» y que países como Holanda abogan por una «salida progresiva» de los pagos directos en favor de ayudas «compatibles con el mercado», mientras que otros expertos franceses defienden «pagos contractuales». Un estudio encargado por el Parlamento Europeo, del que Kleinhanss es coautor, plantea un sistema «por etapas» que se inicia con un período de pagos transitorios para mejorar la renta de los productores, con cofinanciación obligatoria de los Estados. En una segunda fase, se pasaría a un sistema de pagos por la provisión de «bienes públicos» a través de unos contratos «sencillos, limitados en el tiempo y no transferibles», que podrían suscribir tanto agricultores como otros agentes y que les compensaría por su trabajo y por el cuidado del medio ambiente. En su alocución, se ha mostrado partidario de la cofinanciación en un porcentaje de entre el 25 y el 30 por ciento de las ayudas de la PAC, porque, en su opinión, existe el riesgo de «mala gestión» o decisiones «equivocadas» si la mayor parte de las inversiones las sufraga la Unión Europea. Kleinhanss ha afirmado que su apuesta personal pasaría por reducir en dos tercios el presupuesto del primer pilar, con un «pago básico» a los agricultores; una tercera parte se transferiría al segundo pilar, y un tercio se «sacaría del presupuesto agrícola» y se «ahorraría» para dedicarlas a otras actividades. Ha advertido, además, sobre otros aspectos negativos para el campo europeo, derivados de las políticas bionergéticas en la UE y EE.UU porque producirán «grandes variaciones» de precios agrarios y «un enorme impacto» sobre las cotizaciones de la tierra. Por su parte, el profesor de la Universidad de Córdoba José Emilio Guerrero Ginel ha explicado ante la Comisión Mixta que este debate está marcado por la crisis económica y financiera, la participación de más países en la UE y un recorte presupuestario que «cambiará las formas de hacer políticas públicas» y «obligará a repensar muchas cosas». Sobre la renacionalización o cofinanciación de la PAC, Guerrero ha defendido que existan «reglas comunes», pero que los Estados, regiones y municipios tienen «el deber y la oportunidad» de enfatizar algunas medidas en función de la singularidad de sus territorios. «Ese traje a la medida, probablemente tenga que ser cofinanciado», ha reconocido. Se ha mostrado partidario, además, de alcanzar «una nueva PAC» con una «reorientación» y «nuevas reglas» para responder a retos como la seguridad alimentaria, volatilidad de precios, mejora de la cadena de valor o el cambio climático. Ha defendido un «tránsito» de la PAC que implique un cambio «realmente importante» desde las políticas basadas en la oferta y la demanda hacia otras que apoyen los denominados «contratos territoriales». Los «pagos por objetivos» cobrarán más importancia, según Guerrero, en un escenario donde «lo superfluo se quitará» y se mirará más la legitimidad y la eficacia de las ayudas. Como factores positivos, Guerrero ha asegurado que la UE cuenta con un comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, «muy agrícola y muy de desarrollo rural», que defiende que la PAC es clave para la integración europea, el empleo, el crecimiento sostenible y la lucha contra el cambio climático. Ha recordado, además, que el Consejo Europeo de Primavera mostró la unanimidad de apoyar una PAC que contribuya a conseguir los objetivos de Estrategia de la UE 2020 y que la opinión pública europea, según los datos del último Eurobarómetro, apoya en un 83 por ciento la continuidad de las ayudas agrarias.

La Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente acoge la segunda jornada de trabajo del proyecto «Noviwam», (Novel Integrated Water Management Systems for Southern European Regions), una acción de carácter internacional que lidera la Administración andaluza cuyo fin es mejorar la gestión del agua en regiones mediterráneas y del sur de Europa.
El objetivo principal de «Noviwam» pasa por el apoyo a la cooperación internacional entre los cinco países orientada hacia la investigación en gestión de recursos hídricos con el fin de incrementar las inversiones en I+D+i para esos asuntos y optimizar la gestión y el uso de los resultados de los mismos, explicó la Consejería de Medio Ambiente en un comunicado.
Por otro lado, cuenta también con diversos objetivos generales entre los que destacan: la mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos de las regiones que permita el acercamiento al cumplimiento de los aspectos ambientales y socioeconómicos de la Directiva Marco de Aguas; la mejora y uso compartido de las infraestructuras de I+D+i existentes para la realización de proyectos de investigación de primera línea así como la optimización de sus fondos estructurales.
Este proyecto está financiado por el VII Programa Marco Europeo dentro del programa de Capacidades Regionales del Conocimiento y cuenta con la participación de 19 administraciones públicas, organismos de investigación y empresas procedentes de cinco países: España, Francia, Portugal, Albania y Chipre.
La coordinación recae en manos de la Agencia Andaluza del Agua que, junto a la Fundación CENTA, CIT Andalucía, las Universidades de Granada y Córdoba y Ayesa, constituyen el grupo de socios españoles en el proyecto, que tiene una duración prevista de tres años.
El director gerente de la Agencia Andaluza el Agua, Juan Paniagua, destacó hoy en la apertura de las sesiones de trabajo «el nivel de confianza» que las autoridades comunitarias han demostrado hacia Andalucía al situarla al frente de un proyecto que «prestigia a la comunidad» y da muestra de «lo bien posicionada que se halla» en el contexto de los países de su entorno.
El avance en las políticas económicas y científicas, fundamentalmente, mediante estrategias de investigación otra de las tareas que se han impuesto los países participantes en este proyecto, así como la mejora de los mecanismos existentes para la transferencia de conocimientos entre regiones.
Además se pretende abordar el establecimiento de lazos duraderos entre las distintas regiones, y la concienciación de autoridades gestoras, agentes sociales y económicos y ciudadanía en general, sobre la problemática en la gestión del agua y sus posibles soluciones.
Paniagua reseñó que el desarrollo de las I+D+i «es también el desarrollo de estructuras que harán viable nuestro futuro, un aspecto donde resulta de vital interés el agua, por su importancia como factor de desarrollo social, asó como la gestión integral del recurso bajo la perspectiva de la Directiva Marco».
El director gerente de la Agencia Andaluza del Agua puso de relieve cómo el avance en I+D+i juega un papel destacado para el Ejecutivo andaluz como motor de desarrollo ante situaciones económicas complicadas, por lo que «si el desarrollo de las acciones de I+D+i es el camino presente y futuro, en el caso del agua, pasa por una gestión integral de la cuenca así como por tomar en consideración los factores que inciden en la misma al tiempo que compartimos los conocimientos con otros socios europeos».

La Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera pidió ayer «coherencia» al Gobierno de Castilla-La Mancha, al que acusó de «perder credibilidad potenciando un trasvase del Tajo a la Mancha», concretamente, al río Guadiana, que a su juicio, supone «ejecutar un nuevo trasvase desde el Tajo».

Aunque la Plataforma aseguró que no querer entrar en el discurso de «el agua del Tajo para Murcia no, pero para la Mancha, sí», la Plataforma pidió «coherencia» al Gobierno de Castilla-La Mancha «porque sin ella es muy difícil saber dónde se está y al final encontrarse». Mostraron su rechazo a la «manipulación» que realiza el Gobierno regional «confundiendo reiteradamente el Plan Especial del Alto Guadiana con el trasvase Tajo-Guadiana».

El pleno de las Cortes aprobará mañana una resolución para dejar claro que Castilla-La Mancha tiene prioridad sobre la cuenca del Júcar, en contra de las pretensiones de la Comunidad Valenciana, que no delimita claramente la cuenca. El portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, ha explicado hoy que el texto que se apruebe se trasladará al Gobierno central a modo de alegaciones a la revisión del plan hidrológico de la cuenca del Júcar, cuyo plazo acaba el día 18. Las alegaciones van dirigidas a dejar constancia de la prioridad de Castilla-La Mancha sobre otras poblaciones que están fuera de la cuenca, ha explicado el portavoz socialista, que se ha referido al abastecimiento a Valencia, Sagunto o los regadíos del Turia y Vinalopó. También piden los socialistas de Castilla-La Mancha que Valencia acometa la modernización de regadíos, que liberarían 120 hectómetros cúbicos para uso de Castilla-La Mancha y poder usarlos, por ejemplo, en los regadíos de La Mancha Oriental y así sustituir los bombeos. Castilla-La Mancha «no va a consentir» un plan hidrológico del Júcar que no asegure que la región tiene «prioridad» en el uso del agua del Júcar y «esa prioridad tiene que quedar perfectamente recogida en el texto del plan».

Ha puesto en marcha todas las medidas prometidas incluida la modificación de las tarifas eléctricas, para las que ha creado un RD que hoy ultiman OPAS, cooperativas e Industria. El problema, que las «peticiones se han ampliado», defiende Espinosa.

La ministra de Medio Rural, Elena Espinosa, defendió ayer en el Pleno del Congreso que el Gobierno ya ha puesto en marcha «prácticamente todas las medidas» que contemplaba el Plan de Choque de Zapatero del pasado mes de diciembre. Sin embargo, aclaró, el número de peticiones se «ha ampliado en este tiempo» y las «características de estas nuevas demandas nos exigen seguir trabajando por la viabilidad y el futuro del sector agrario».

También, aseguró, que ha cumplido con la petición de modificar las tarifas eléctricas para los regantes, para las que el Ministerio de Industria ha elaborado un Real Decreto sobre el que «quedan pequeñas alegaciones por resolver». Precisamente, según añadió, esta mediodía, a las 13:30 pm, está prevista una reunión entre las organizaciones agrarias, cooperativas y el ministerio de Industria.

En su disertación sobre los logros del MARM en política agraria, Espinosa recordó que España ha conseguido en su presidencia de turno de la Unión Europea, incluir la Política Agraria Común (PAC) en la Estrategia 2020.

Asimismo está llevando a cabo campañas de publicidad institucional en el sector agroalimentario, así como asuntos que implican a varios ministerios, «que tienen con horizonte de trabajo mucho más largo». En este sentido, recordó la creación del Grupo Interministerial sobre el sector agroalimentario (GISA), que «se reúne con asiduidad».

Además, añadió «estamos mejorando» en temas de fiscalidad, como demuestra la publicación de la Orden de módulos y «hemos llevado» a Europa las prácticas desleales o abusivas en la cadena alimentaria «que están siendo estudiadas conjuntamente, y a propuesta de España, por Agricultura y Competencia de la UE y que necesitan un espacio más dilatado de tiempo para su puesta en marcha«.