El diputado nacional del PSOE por Toledo y ponente del Estatuto de Autonomía Alejandro Alonso señaló hoy que el Partido Popular de Castilla-La Mancha y «especialmente» su presidenta, María Dolores de Cospedal «no ha estado a la altura de lo que se merecen los ciudadanos castellano-manchegos» y añadió que el texto, que tenía ya en su trámite final una redacción «magnífica» para la defensa de los intereses regionales, «finalmente no ha podido salir adelante simple y llanamente porque el Partido Popular votó en contra».

   Alonso recordó el Estatuto de Autonomía, según se había elaborado en ponencia, incluía un capítulo «muy importante» en torno a «la necesidad del agua en calidad y cantidad para atender las necesidades actuales y futuras de nuestra región, y la necesidad de que Castilla-La Mancha participe en las decisiones que se tomen en materia de política hidráulica en España», informó el PSOE en nota de prensa.

   El diputado nacional realizó estas declaraciones durante su intervención en las jornadas ‘Usos del agua y desarrollo sostenible’ celebradas en el Centro de Interpretación Ars Natura de Cuenca, en las que estaba previsto un debate con el también diputado y presidente del PP de Toledo, Arturo García-Tizón, que finalmente éste no acudió.

   El diputado nacional incidió en que «es necesario que Castilla-La Mancha, como región, se haga presente en este debate que a nivel nacional hay en política de agua». Además, exigió que no vuelva a suceder lo mismo que le ha ocurrido al Partido Popular, «que la posición de un dirigente regional, en este caso el presidente de Murcia, se ha impuesto sobre la posición del Partido Popular de Castilla-La Mancha, es decir, que Valcárcel ha ninguneado a Cospedal».

   Alonso calificó la situación de «grave y difícil», y consideró la importancia de que sea conocida por los ciudadanos de Castilla-La Mancha «para que no vuelva a ocurrir y sobre todo que no le den la responsabilidad de Gobierno a nadie en Castilla-La Mancha que no tenga claro que lo principal es defender a esta región y, después, otras circunstancias de tipo partidario o de otro tipo».

NUEVA PROPUESTA

   Por lo que respecta a lo que pueda suceder a partir de ahora, Alejandro Alonso explicó que hasta dentro de un año no puede volver a presentarse una propuesta de reforma del Estatuto, pero aseguró que «los ciudadanos de Castilla-La Mancha quieren un nuevo Estatuto de la misma manera que lo quieren catalanes, vascos, aragoneses, valencianos, andaluces o castellanoleoneses».

   En este sentido, afirmó que es importante que Castilla-La Mancha cuente efectivamente con un nuevo Estatuto de Autonomía, pero siempre que «responda al interés de nuestra región». Por tanto, apuntó, «dentro de un año el Partido Popular tendrá que volver a manifestarse en relación a una propuesta de Estatuto y aquí hay un partido, el Partido Socialista, que no va a bajar de su posición, por tanto tendrá que ser el Partido Popular el que se acerque a la posición del Partido Socialista».

   Para terminar, Alonso manifestó que «el PP tendrá que decidir con quién está, si con Castilla-La Mancha o con Murcia, porque en intereses que tengan que ver con el agua aquí no hay ideologías, hay defensa del interés regional o defensa de intereses partidarios. Nuestra posición es bien clara: defensa de intereses regionales, el agua es necesaria para el desarrollo futuro de nuestra región», concluyó.

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, prácticamente muda durante todo el debate sobre el Estatuto de Castilla-la Mancha y el debate sobre caducidad del trasvase Tajo-Segura, tomó partido finalmente ayer para dar su apoyo al fallido estatuto, al que elevó a la categoría de pilar en el que el Gobierno pretendía basar un «pacto» nacional del agua.
Elena Espinosa, afirmó ayer en Toledo que el Ministerio «ha tratado de hacer un gran pacto por el agua, que empezaba con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que no ha sido posible porque no hemos contado con el apoyo del PP».
Espinosa asegura que el departamento que dirige sigue dispuesto a alcanzar un acuerdo en materia de agua, «pero los demás también tienen que estar abiertos a esta colaboración, y al gran pacto que necesita España por el agua».
«Quiero que entiendan que más allá de un tema concreto, y me da igual si estamos hablando de campos de golf, de una refrigeración de una empresa, o de la necesidad de agua para consumo humano, en este país el compromiso tiene que ir más allá, y no sólo ha de ser del Gobierno de España, sino de los partidos políticos para que sea posible», insistió la ministra.

Tensión
La portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, confirmó que la Junta está estudiando con su departamento jurídico una posible demanda por el uso indebido del agua del trasvase Tajo-Segura en base a las conclusiones del informe del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA).
El anuncio sobre la posible presentación de una demanda por via judicial ha enturbiado y añadido tensión a las relaciones entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.
La portavoz del Gobierno murciano, María Pedro Reverte, aseguró que «son los castellano manchegos los que deberían llevar a su presidente, José María Barreda, a los tribunales para ver si ante los jueces da respuesta, de una vez por todas, sobre cuál ha sido el destino del dinero -unos 110 millones de euros- que han pagado los regantes por el agua del trasvase Tajo-Segura y que deberían haberse invertido en infraestructuras hídricas en esa comunidad».
La portavoz calificó de «sorprendente» que «el único problema que tiene en la agenda el Consejo de Gobierno de Barreda en pleno sea insultar cada día a los murcianos».

La historia del agua ha abierto un nuevo capítulo centrado en los futuros planes de cuenca, con el ruido de fondo de las crecientes críticas de Castilla-La Mancha a la gestión del agua en la cuenca del Segura a cuenta de los campos de golf. El Ministerio de Medio Ambiente tuvo ayer ocasión de intervenir en la polémica abierta por el Gobierno de José María Barreda tras la retirada del Estatuto y zanjar una cuestión que está deteriorando a marchas forzadas las relaciones entre ambas regiones . Pero no lo hizo. En Toledo, la ministra Elena Espinosa se salió por la tangente y dijo que desconocía el informe que cuestiona el uso de los caudales del Tajo en la cuenca del Segura. Pudo haber defendido la gestión de la Confederación y recordar que, según la ley, debe utilizarse agua depurada o de pozos, pero señaló que tal estudio tenía que ser analizado primero.

En otro escenario, Murcia, el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, defendió la eficaz gestión del agua en el Segura y apostó por el consenso en la nueva planificación hidrológica. No entró de lleno en la polémica desatada por Castilla-La Mancha, que insiste a diario en la utilización del agua del Tajo para regar los campos de golf. La nueva presidente de la Confederación del Segura, Charo Quesada, que ayer tomó posesión, comentó que Castilla-La Mancha tiene representantes en los órganos de la cuenca para saber cómo se gestiona el agua del Tajo y cómo se tramitan los campos de golf. «Si tienen alguna duda, la aclararemos.»

Quien ha respondido con contundencia ha sido Pedro Saura, que ha comunicado la intención del PSRM-PSOE de «estudiar la presentación de una denuncia ante la Unión Europea contra Castilla-La Mancha por un posible delito medioambiental». El líder socialista murciano ha pedido al Gobierno central que audite el uso que hace esta región de las aguas del Guadiana y del Tajo. Cree que puede haber base para actuar «por los miles de pozos ilegales de la cuenca del Guadiana», explicó ayer a esta Redacción.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, lamentó que la ministra «no se haya mojado en Toledo delante de Barreda. Sabe que aquí se riega correctamente, aunque entiendo que haya preferido apoyar al presidente socialista de Castilla-La Mancha». Por su parte, la consejera de Presidencia de Murcia, María Pedro Reverte, señaló que el autor del informe realizado por el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), Fernando Ortega, fue «director general del Agua en el Gobierno de Castilla-La Mancha», por lo que puso en duda su imparcialidad.

En Toledo, Elena Espinosa, señaló en una rueda de prensa conjunta con Barreda que mantiene el objetivo de lograr un «gran pacto sobre el agua» y ha culpado a la dirigente del PP María Dolores de Cospedal de que haya fracasado la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, con la que «empezaba» ese acuerdo, informa Europa Press. Dijo que no se había pronunciado antes sobre el Estatuto porque quería ser «absolutamente respetuosa con lo que decidiesen los parlamentos», pero que ahora, al igual que hace la ciudadanía, puede hacer «un análisis porque ya ha pasado» la retirada del Estatuto del Congreso. Sobre el estudio publicado por la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el supuesto uso irregular en Murcia del agua del Tajo, Espinosa respondió que el Ministerio aún carece del informe. «Los todos los informes hay que verlos, estudiarlos, y a partir de ahí tomar la determinación que sea», añadió.

Sobre el trasvase Tajo-Segura, Barreda manifestó que «frente a intereses no valen razones» y ha lamentado los creados en Murcia, donde «todo les parece insuficiente».

Cerdá: «Una barbaridad»

El consejero Cerdá considera «una barbaridad» que la ministra «haya declarado que el Estatuto era el inicio de un pacto de Estado sobre agua. Esa ley que ahora se ha retirado suponía que el Estado hacía dejación de sus competencias. La reserva de 4.000 hectómetros significaba el cierre del acueducto y la pérdida de miles de empleos». «¿Acaso no sabía la ministra que este texto era inconstitucional?», señaló el consejero para cuestionar que Espinosa se ponga del lado de Castilla-La Mancha. «Es normal que tenga que apoyar a Barreda porque es el responsable del fracaso. El PP, sin embargo, ha actuado con interés de Estado». Emplazó a Barreda a que diga un solo proyecto presentado por su Gobierno que no se haya realizado por falta de agua. «Ha habido agua hasta para Seseña, que es una ciudad fantasma».

El Tribunal Supremo, por otra parte, ha desestimado otro recurso de Castilla-La Mancha a un trasvase para riego del Tajo al Segura, según comentó ayer José Manuel claver, presidente del Sindicato de Regantes. Este fallo se suma a los anteriores, en los que el alto tribunal aprecia razones políticas de los recursos de esta Comunidad, que alega sistemáticamente contra los desembalses para los regadíos del Segura.

Reverte hizo estas declaraciones al ser preguntada en rueda de prensa por la petición del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre las concesiones de agua residuales destinadas al riego de campos de golf en Murcia, al hilo del estudio elaborado por Ortega.

La consejera recordó el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra la autorización del trasvase a la cuenca del Segura que desestimó el Tribunal Supremo, y preguntó al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, qué ha hecho «con los más de 110 millones de euros que han pagado todos los murcianos por el agua del trasvase».

Así, aseveró, en este sentido, que el recurso «lo debería poner el Gobierno regional a él» y pidió a Barreda «que se dedique a trabajar en su región y nos deja tranquilos a los murcianos».

La consejera manifestó que «lo que le pasa a Castilla-La Mancha es que ellos continúan con el derecho al pataleo», y recordó que el Tribunal Supremo «no sólo se lo desestimó sino que le dijo a Castilla-La Mancha que no hiciera política con este tema, porque las razones que alega son políticas y no técnicas».

Reverte subrayó que el Gobierno murciano «está harto de los permanentes insultos que estamos recibiendo del Gobierno manchego», y reprochó a Barreda que «no todo vale, y no nos puede utilizar como chivo expiatorio». «Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar por los problemas reales de su Región, y no estar hablando día tras días de la Región de Murcia», zanjó.

Me llama la atención que al Gobierno murciano le preocupe que pidamos transparencia en el uso del agua», dijo ayer Julián Sánchez Pingarrón. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda contestaba de esta forma a las declaraciones del secretario general del PSOE de Murcia, Pedro Saura, quien anunció el miércoles que solicitaría, a través de una moción en la Asamblea regional, que el Gobierno central analizase el uso que hace Castilla-La Mancha del agua del Tajo y el Guadiana.
El responsable regional explicó que lo único que el Gobierno castellano-manchego pretende es conocer con qué concesiones se están regando los campos de golf de la comunidad vecina. «Queremos tener esa información para saber si es correcta o no», dijo en relación al informe que ha elaborado el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), en el que se demuestra que los campos de golf de la Región de Murcia se están regando con agua procedente del trasvase Tajo-Segura.
Recordó que toda la información que maneja la Junta «nos lleva a pensar» que, tras atravesar años de sequía en los que se restringían los usos de agua, y «se abrían pozos para combatir la sequía en Albacete, se estaban regando campos de golf» en Murcia. Apuntó que el Gobierno regional dispone de fotografías por satélite que lo atestiguan: «esos campos de golf siempre han estado verdes cuando agricultores y acuíferos se veían esquilmados para coger agua», apostilló.
Por todo ello, confesó sentirse extrañado al conocer que al Gobierno murciano le preocupa que la Junta quiera transparencia en el uso del agua proveniente del trasvase. «Cuando a alguien le preocupa la transparencia es porque quiere o debe ocultar algo», opinó.
Así, invitó a Saura a venir a la ciudad de Toledo y comprobar de primera mano la calidad del agua del río Tajo. Es más, continuó, «si quiere podemos comer en el Parador, de donde podrá divisar con toda tranquilidad la calidad que hoy lleva el Tajo y si es capaz de bañarse en el río, o si es capaz simplemente de asomarse a la orilla».    

El Tribunal Supremo ha dinamitado la estrategia de implantación de minitrasvases por motivos de emergencia que el Gobierno central viene desarrollando tras la derogación parcial de la macrotransferencia del Ebro a Levante incluida en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del 2001.

Lo ha hecho al resolver la demanda presentada por cuatro empresas hidroeléctricas y un ayuntamiento leridano, en un pleito dirigido por el letrado zaragozano Santiago Palazón, contra el real decreto 1.419/2005, por el que el Consejo de Ministros adoptó «medidas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía» en las cuencas del Ebro, el Guadiana y el Guadalquivir. La Sala Tercera del Supremo ha declarado «nulo de pleno derecho» el decreto.

La sentencia interpreta el artículo 58 de la Ley de Aguas y establece los requisitos que a partir de ahora debe cumplir cualquier aplicación del mismo.

El precepto autoriza al Consejo de Ministros para aplicar «las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión», en caso de «sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales». Es decir, que lo habilita para modificar tanto el régimen de uso del agua como sus zonas de destino, algo que el Ejecutivo ha tratado de hacer en otras ocasiones, como la aprobada y más tarde suspendida prolongación del minitrasvase del Bajo Ebro hasta Barcelona o la más recientemente proyectada transferencia de recursos del Segre al Anoia.

El Supremo ha determinado ahora que las modificaciones del régimen de uso del agua amparadas en el artículo 58 de la Ley de Aguas tienen un «innegable» carácter jurídico de «reglamento ejecutivo», lo que hace que su aprobación requiera una serie de «trámites esenciales» de los que el Gobierno no puede prescindir.

Entre otros, y precisamente por tratarse en la práctica de un reglamento, señala la necesidad de recabar un dictamen previo del Consejo de Estado. Otro consiste en conceder audiencia previa a las confederaciones hidrográficas afectadas por las transferencias. Y también resulta necesario que se pronuncie expresamente el Ministerio de Administraciones Públicas, «sin que el proyecto (de decreto) pudiese considerarse aprobado por el transcurso de quince días sin formular objeción alguna» ni pueda llegar al BOE «sin contar con la aprobación expresa o presunta» de ese departamento.

Ninguno de esos requisitos se cumplió en el decreto del 2005, lo que constituye tres motivos de nulidad cualquiera de los cuales, por sí solo, tendría suficiente entidad para tumbar la resolución gubernamental. La Sala Tercera del Supremo hace otra puntualización: estos decretos requieren una memoria económica que determine con precisión cuáles van a ser los gastos e ingresos.

TRASVASE PARALIZADO La declaración de nulidad del real decreto 1.419/2005 ya ha tenido una consecuencia efectiva: la paralización, cuando solo restaba la instalación de 500 metros de tubería para finalizar la conducción de 25 kilómetros, de las obras del minitrasvase del río Castril, en la cabecera del Guadiana, a Baza.

La sentencia del Supremo ha sido aportada como documento en dos pleitos que tramita la misma sala que la dictó y que afectan a Aragón: la aprobación del retrocanal de La Litera con agua del Ribagorzana y el desembalse de Canelles.

El secretario general del PSOE en Murcia, Pedro Saura, ha anunciado hoy en un comunicado que solicitará, a través de una moción en la Asamblea regional, que el Gobierno central analice el uso que hace Castilla-La Mancha del agua del Tajo y el Guadiana.

Saura ha realizado esta petición después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha dijera hoy que analizará los usos del agua del trasvase Tajo-Segura en Murcia y que no descarta emprender acciones legales para defender los intereses de esta comunidad.

El secretario general de los socialistas murcianos ha calificado esta acción de «paranoia y obsesión de Castilla-La Mancha con Murcia» y, por ello, pedirá que el Gobierno estudie el uso del agua que hacen en esta Comunidad, ante «los incomprensibles e inaceptables ataques que se están produciendo a la Cuenca del Segura y a los regantes de la Región».

Saura ha añadido que el objetivo de este análisis es saber si en esa comunidad se «está utilizando eficazmente y de forma rentable este valioso recurso en el Tajo y en el Guadiana».

La  Junta Central de Usuarios del Vinalopó pedirá al Ministerio de Medio Ambiente la construcción de un nuevo punto de toma del trasvase Júcar Vinalopó. El presidente de este organismo, que aglutina a los usuarios potenciales del trasvase, Andrés Martínez, insistió en que se puede construir una toma en el azud de Antella, a tan sólo 15 kilómetros de la actual, y donde el agua es de mayor calidad. La actual, situada en el azud de la Marquesa, serviría para «hacer circular el agua» y «tendrá una función medioambiental».

La Generalitat ha mostrado ya en alguna ocasión su predisposición a financiar esta obra. Martínez aseguró que si se coge desde este punto el agua, será más asequible y se darán compensaciones a los usuarios del Júcar.

Esta cuestión, además del coste del agua, debe resolverse para que el trasvase pueda funcionar. Martínez avanzó que confían en que este mismo mes puedan mantener una reunión con el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, para cerrar, o al menos avanzar el convenio en el que se establezca cuánto se pagará por este agua y qué calidad tendrá. Dijo además que los agricultores no pueden pagar más de 0,15 euros el metro cúbico y que el resto deberá recaer sobre los abastecimientos.

El presidente de los Usuarios del Vinalopó pronunció ayer una conferencia organizada por la cátedra de la Fundación Agua y Progreso y la Universidad Politécnica de Valencia, en la que defendió la creación de bancos de agua, para que los agricultores de cualquier punto de España puedan vender las concesiones que les otorgan las confederaciones hidrográficas. No obstante, para poner en marcha esta iniciativa «es imprescindible que haya conducciones», por lo que en un futuro próximo se podría hacer entre regantes del Júcar, pero no con los del Ebro, por ejemplo, porque no existe ningún canal.

 El Ministerio de Medio Ambiente también debe dictar las normas de explotación del trasvase del Júcar, así como definir el ámbito de la cuenca.

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, pidió hoy al PSOE que traiga al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la región a explicar la retirada del Estatuto de Autonomía, porque, destacó, «sobre este tema ni habla, ni da ningún tipo de explicación».

   En rueda de prensa en Cuenca, Cospedal insistió en que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda «ha preferido tener algo que él cree que le puede valer desde el punto de vista electoral antes que resolver el problema del agua, además de otros problemas para los castellano-manchegos», retirando el Estatuto cuando tenía mayoría para sacarlo adelante en el Congreso.

   En este sentido, Cospedal pidió al PSOE que «traiga a Zapatero a la región, a explicar por qué Barreda ha retirado el Estatuto, igual que el presidente del PP a nivel nacional, Mariano Rajoy, ha venido dos veces desde que Barreda lo retirase a explicar que por nosotros no ha quedado, mientras que Zapatero sobre ese tema ni habla, ni dice, ni da ninguna explicación».

   La dirigente del PP también criticó, al hilo de la concesión hoy de la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha a la Mesa del Agua, que el Partido Popular «no es que no haya ido» a la convocatoria de este órgano, sino que «no se nos ha invitado». Así, afirmó, esto deja claro que «se está haciendo una utilización partidista y demagógica del tema del agua».

   Cospedal acusó al Gobierno regional de «mentir continuamente en este tema» y criticó que el presidente regional haya declarado que la enmienda al texto de reforma del Estatuto presentada por el PP no recogía el principio de preferencia de la cuenca cedente, cuando, según afirmó, «en el texto presentado queda bien claro».

   Asimismo, la presidenta de los ‘populares’ castellano-manchegos incidió en que la propuesta del PP «era tan buena que garantizaba y fijaba las necesidades de agua de Castilla la Mancha, 4.000 hectómetros cúbicos al año».

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, anunció hoy que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado información a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre las concesiones de agua residuales destinadas al riego de campos de golf en Murcia, al hilo del informe realizado por el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) en torno a los usos del agua derivada al Levante a través del trasvase.

   Durante su comparecencia en la Comisión del Agua, el consejero  explicó que en esa petición de información Castilla-La Mancha reclama saber quién es el titular de la concesión, el caudal adjudicado y una copia de suscripción en el registro de agua.

   También solicita conocer el número de sumideros destinado al riego de estos campos; el volumen de agua a extraer de cada uno de ellos; quiénes son los titulares de los aprovechamientos; así como una copia de cada uno de los aprovechamientos en el registro de agua. Asimismo, reclama toda la tramitación administrativa para autorizar el cambio de uso de aprovechamiento para el riego de los campos.

   «Una vez dispongamos de esa documentación solicitada adoptaremos las decisiones oportunas con vistas a defender los derechos de agua en Castilla-La Mancha», dijo el consejero, que añadió que en caso de detectarse la concesión de autorizaciones sin seguir procedimientos oportunos «solicitaremos su anulación, y si hubiera alguna conducta irregular pediremos su depuración». «Pero eso será cuando tengamos la información», insistió Sánchez Pingarrón, al tiempo que agregó que  en caso de que la CHS tarde mucho tiempo, los servicios jurídicos del Gobierno regional harán un requerimiento.

INCREMENTO DE CAMPOS DE GOLF EN SEQUÍA

   Respecto al contenido del informe del CREA el consejero defendió que «sin ningún género de dudas» deja claro que durante los últimos años y coincidiendo con un periodo «durísimo de extrema sequía» se han abierto un número importante de campos de golf de la región de Murcia, cifra que asciende a 73, de los que 38 están en funcionamiento y 35 abrirán de aquí a 2015.

   Tras preguntarse cómo es posible esa autorización en un tiempo de «sequía extrema», en la que no se podían garantizar otros usos prioritarios, Sánchez Pingarrón aseguró que no existe constancia de que durante ese tiempo se secaran los campos de golf, preguntándose por tanto de dónde procedían esos recursos hídricos para regarlos, porque las depuradoras no están en funcionamiento.

   A juicio del consejero, en el informe del CREA también ha quedado claro que el agua que riega esos complejos de ocio «es del Tajo, porque en Murcia el agua procede del Tajo y se junta con recursos propios del Segura», matizando que no existe ningún mecanismo que permita distinguir que el agua es de una u otra procedencia. «Es falso decir que esos campos no se riegan con agua del Tajo, porque además en periodo de sequía llegaba más», agregó.

   Dicho esto, matizó que las dudas sobre la procedencia del agua que riega los campos no la ha realizado solo el Gobierno de Castilla-La Mancha, sino que esa «falta de rigor en el uso del agua» ha sido puesto de manifiesto por la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana; la Asociación de Naturalistas del Sudeste Murcia; la Asociación de Naturalistas del sudeste de Orihuela, o la Asociación de Humedales del Sur de Alicante.

   «Llegaremos donde tengamos que llegar y haremos lo que esté en nuestras manos para exigir a la CHS y a la región de Levante transparencia en la gestión del agua», manifestó Sánchez Pingarrón, que destacó el efecto «positivo» que el informe del CREA ha tenido sobre los ciudadanos, que pone muy en duda cualquier justificación sobre las necesidad de trasvasar agua, 2un agua que acaba regando campos de golf».

   «Queremos que se cree más conciencia acerca de la obsolescencia de una infraestructura como el trasvase; para ello es muy importante contar con una posición firme y unánime de defensa del agua en Castilla-La Mancha, y ahí es donde tenemos el principal problema porque hasta ahora la señora De Cospedal lejos de estar cerca de estas posiciones ha preferido estar cerca de las posiciones del presidente de Murcia y traicionar los intereses de Castilla-La Mancha», condenó.

REGADÍOS ILEGALES

   Tras la intervención de Sánchez Pingarrón, cogió el testigo la portavoz del Grupo Popular en esta comisión, María Luisa Soriano, que tras criticar que su formación no ha tenido acceso al informe del CREA, instó al consejero a que explique en qué fecha el Gobierno solicitó ese estudio, cuándo se lo entregaron los autores, y cuál ha sido el coste económico del mismo.

   Preguntó también Soriano si el Gobierno ha pedido información de forma previa a la CHS, dado que las irregularidades en el uso del agua datan de 1998, al tiempo que inquirió si el Ejecutivo regional desconfía de la gestión de la CHS, en la que está representada, por el hecho de pedir un informe externo.

    Tras matizar que la responsabilidad del trasvase es del Gobierno central, que es quien decide cuándo y cuánto agua se envía a Levante, y para qué uso, Soriano instó al consejero a que explicara si Castilla-La Mancha ha votado en contra de las concesiones de agua en el seno de la CHS, y preguntó a Sánchez Pingarrón si es vedad como aseguró el presidente regional, José María Barreda, que existen 20.000 hectáreas de regadío ilegales, que se riegan con agua del trasvase.

CAMPOS DE GOLF Y CORRUPCIÓN

   Sucedió a la intervención de Soriano la del portavoz socialista en la Comisión del Agua, José Molina, que comenzó lamentando que el PP de Castilla-La Mancha «cierre los ojos para no ver qué está ocurriendo en Murcia, porque la política del agua la dictan el presidente» de esta región, algo que debilita a la región.

   «De manera osada desacredita a la UCLM como si el estudio hubiera sido realizado por alguien que pasaba por allí», dijo Molina, que tras asegurar que los ‘populares’ en ningún momento han solicitado el informe, lamentó que la postura del PP de la región.

   Así las cosas, ante las dudas que el PP tiene de la veracidad del informe del CREA, el diputado socialista invitó a la diputada del PP a que se mire el Boletín Oficial de Murcia, donde se recogió que en periodo de sequía se abrieron 17 campos de golf «algunos de ellos vinculados a casos de corrupción con detenidos, como los relacionados con ‘Polaris World’, empresa con la que mantiene intereses comerciales el hermano de Valcárcel», afirmó.

CAMPOS DE GOLF CON TONO AZULADO

   En su turno de réplica el consejero explicó que el informe del CREA no tiene un coste concreto, porque se incluye en el convenio de colaboración que la Junta mantiene con la Universidad regional, colaboración a la que el Gobierno regional aporta 200.000 euros, y la universidad 137.000.

   Sánchez Pingarrón, que se mostró convencido de que sí en Castilla-La Mancha se autorizaran la creación de 38 campos de golf el PP culparía a su departamento y a los ayuntamientos donde se ubicarían por dar luz verde a su creación, afirmó que el sistema de teledetección confirma un incremento de las hectáreas de regadío en Murcia, que no figuran en el plan hidrológico de cuenca, concluyendo que «si pintáramos el agua del trasvase de azul los campos de golf tendrían un tono azulado».