Una nueva tormenta se avecina en el horizonte de la confrontación política del agua. La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha serán los protagonistas de este conflicto, que nace del futuro plan de la cuenca del Júcar, cuya aprobación está prevista para 2009. El plan tropieza con un obstáculo que afecta a su propia esencia: la de los límites del territorio en el que debe gestionar el uso del agua.

El plan actual concede a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) las competencias de los ríos y acuíferos entre el Sénia y el Segura. Sin embargo, desde noviembre de 2004, el organismo gestiona esas aguas pendiente de que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo que le quita la atribución sobre los ríos que nacen y mueren en la Comunidad Valenciana, como el Serpis y cauces de las dos Marinas. El fallo recordó al Estado que la Constitución le dio el control sobre los ríos que atraviesan más de una autonomía, y a la Generalitat que el anterior Estatut preveía que asumiera sus cuencas internas. Nunca lo hizo. Es más, el Consell reaccionó a la sentencia anunciando un recurso por indefensión. No le interesaba que se alterara la actual gestión de los ríos, y sigue sin interesarle. Sin embargo, el nuevo Estatut mantiene la competencia sobre los ríos valencianos. Una competencia que la Generalitat se resiste a ejercer. El traspaso de los ríos al Consell sigue en el limbo.

La cuestión no es baladí, porque afectará directamente al peso de la Comunidad Valenciana en la gestión del Júcar. Y al de Castilla-La Mancha, que presiona para que se cumpla la separación de competencias. Con la desvinculación de los ríos internos valencianos, Castilla-La Mancha ganará fuerza en los órganos de planificación de la cuenca del Júcar, ya que se reducirá el porcentaje de territorio de la Comunidad Valenciana -ahora tiene el 49,6% frente al 36,6% de Castilla-La Mancha.

El esfuerzo valió la pena.No en vano, el recurso contra el plan vigente lo impulsó una asociación de Albacete. La Junta de Castilla-La Mancha y sus regantes prevén que la nueva demarcación del Júcar, sin los ríos valencianos, les favorecerá en las normas de gestión y en la representación, lo que reforzará las garantías sobre sus asignaciones de agua. La Comunidad Valenciana reducirá su influencia, a pesar de albergar ahora el 90% de la población de la cuenca.

La Generalitat es consciente del problema y hasta ahora lo ha sorteado no reclamando el traspaso de sus cuencas, que son básicamente la del Serpis y las dos Marinas, con un conjunto de barrancos secos con problemas cuando hay lluvias torrenciales. Pero la elaboración del plan del Júcar obliga a tomar decisiones a corto plazo. La documentación que maneja la CHJ deja bien claro que la indefinición sobre los límites en los que hay que ordenar los recursos hídricos aboca al plan al bloqueo. La Junta de Castilla-La Mancha ya ha lanzado un aviso contundente en las alegaciones a los primeros informes del plan: si no se excluyen de la nueva planificación las cuencas valencianas, «a todos los efectos», el proceso podría declararse nulo. La Junta recurriría «cualquier acto o disposición de planificación» que se apruebe con el ámbito territorial actual.

Mientras busca una salida al laberinto, el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, insiste en que el Consell es partidario de preservar «la unidad de la cuenca». Esa unidad pasaría, en principio, por mantener la planificación actual, lo que choca con el Estatut. La Generalitat busca por ello el modo de asumir sus ríos y cumplir el Estatut sin que se rompa la gestión integrada en el Júcar. Lo que está en el aire es la fórmula jurídica para aunar ambos propósitos.

Los regantes del Júcar tienen claro que la «desmembración» de la cuenca es perjudicial para sus intereses. Para el secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) y la Acequia Real del Júcar, Juan Valero de Palma, la gestión territorializada del agua «va en contra del sentido común» y es «un paso atrás» en la garantía de los recursos a todos los usuarios que ahora se benefician de una planificación integral. Valero de Palma considera un error que la Generalitat insistiera en mantener las cuencas internas en el nuevo Estatut. «No tiene sentido duplicar administraciones» y, además, la Comunidad Valenciana perderá peso en el Júcar, la arteria que alimenta sus regadíos históricos. Por ello, urge al Consell a un cambio del Estatut o a renunciar a la gestión de sus ríos en favor del Estado y asumir sólo un mínimo de competencias. Valero de Palma sostiene, además, que la pretensión de Castilla-La Mancha es reducir al máximo el ámbito del Júcar, hasta el punto «inadmisible» de desvincular de sus aguas L’Albufera. Una posibilidad que también desecha tajante Paco Sanz, de Xúquer Viu, que coincide en la necesidad de mantener la unidad de la cuenca aunque el Consell asuma sus ríos.

Los regantes castellanomanchegos, que explotan el acuífero del que también se nutre el río Júcar, se muestran prudentes. El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, afirma que «la guerra interregional con los nuevos estatutos es absurda», pero también destaca que «la ley tiene que cumplirse». Belmonte resta importancia al cambio de representación en unos órganos del Júcar sin los ríos valencianos: «No resolverá ningún problema fundamental». No obstante, augura que el plan del Júcar encallará si no se clarifica la situación, y la cuenca necesita avanzar hacia una nueva gestión. «Se nota que los políticos no riegan», añade.

En la sesión plenaria de octubre también se acordó la congelación de salarios de los Diputados así como la asignación económica que se les da por asistir a plenos y comisiones 

El segundo día de octubre los diputados de Albacete convocan Pleno. Como viene siendo habitual a las 10 en punto de la mañana comienzan a llegar todos al salón. Los medios de comunicación ya estamos expectantes a ver si ocurre algo inusual. Es el momento de los buenos días y de acomodarse en sus asientos. A más de una Diputada se le han pegado las sábanas y es que en estos días de otoño cuesta levantarse.

La Mesa está completa y sobre ella 15 puntos en el orden del día. El primero de ellos trata la moción del PP para la solicitud de la eliminación de la tarifa de utilización de agua, correspondiente a las obras de emergencia para la conexión de abastecimiento de distintos municipios, con la Estación de Tratamiento de Aguas Potables de Albacete, ETAP de los Llanos.

Antonio Serrano, como portavoz del PP y alcalde, mostró su satisfacción por el acuerdo al que han llegado con el PSOE . Serrano asegura que estas obras de emergencia suponen un gasto «inasumible» para los Ayuntamientos. Insta a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a que «anule las tarifas ». Por su parte Agustín Moreno, como diputado de Obras Públicas, explicó que aunque la ley sí que obliga a estos 23 Ayuntamientos al pago de este canon, «la situación económica actual no está para agravarla más ». Por ello la Diputación establecerá el puente de comunicación con la CHJ para que «esta obligación pueda ser subsanada», un mensaje sereno y optimista de Agustín Moreno.

Resuelto el tema, el presidente de la Diputación pasó al siguiente punto, la moción del PP sobre la congelación de salarios así como de las asignaciones que los diputados perciben por asistir a plenos y comisiones. «Una buena iniciativa esta de apretarse el cinturón», dicen desde el PP . «Ya se han puesto en marcha», dice el PSOE.

Ramón García, portavoz del PSOE, se dirigió a Antonio Serrano para pedirle que la «coherencia que han mantenido en la Diputación sería bueno que se mantuviera en otros Ayuntamientos», (refiriéndose a la polémica de Villarrobledo sobre el pago de una antena), esto para que todo no sea entendimiento . Constantino Berruga apunta que «sin querer entrar en polémica usted lo suelta». Fue la única ocasión que produjo alguna risilla en el salón de plenos. Otro punto fue la situación del sector del Ajo. El PSOE presentó una moción para apoyarlo y contó con los votos del PP. En la moción se pide el incremento del arancel disuasorio y la modificación de requisitos a cumplir por los importadores ya que parte importante de las licencias se venden para su tráfico. Además se dio luz verde al proyecto de obras del Parque de Bomberos de La Roda y se aceptaron los fondos Feder.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, reconoció ayer públicamente que sigue negociando con los responsables del Ministerio de Medio Ambiente la construcción de un canal desde el Tajo Medio, que debe servir como «complemento» a la toma del trasvase Tajo-Segura situada en los pantanos de cabecera, en Guadalajara y Cuenca. Como ha venido publicando La Verdad, Cerdá subrayó que «con esta actuación habría dos tomas del acueducto Tajo-Segura. una en la cabecera y la otra en el embalse de Valdecañas, en Extremadura».

Criticó que el anterior equipo ministerial «pretendía gastarse 5.000 millones de euros para conectar las poblaciones de Castilla-La Mancha con los embalses de cabecera», lo que calificó de «aberración». Esta conexión está actualmente en obras y viene de tiempos de José Borrell. El proyecto fue mantenido en los gobiernos de Aznar. El consejero apuntó que «la propuesta del Tajo-Medio, que realizó el presidente Valcárcel, es positiva para todos porque aliviaría la sobreexplotación de los acuíferos de la zona y paliaría la grave situación de los embalses de cabecera».

Cerdá hizo un balance del año hidrológico y apuntó que existe «un cambio de actitud del actual equipo ministerial». Es conocida la estrecha relación del consejero con el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu.

En relación al nuevo Plan de Cuenca del Tajo, Cerdá subrayó que el Gobierno murciano «mirará con lupa» el texto, «porque puede ser una amenaza real contra el trasvase Tajo-Segura». Como ha publicado este diario, la Confederación del Tajo propone duplicar el caudal ecológico en Aranjuez hasta los 12 metros cúbicos por segundo, lo cual reduciría en unos 190 hectómetros anuales la capacidad de generar excedentes para enviar a la cuenca del segura.

El consejero manifestó que «la verdadera caducidad del acueducto puede venir antes del año 2015». Afirmó que «primero hay que tumbar todas las disposiciones del Estatuto de Castilla-La Mancha relativas al acueducto porque son inconstitucionales, aunque los socialistas murcianos no se hayan enterado hasta ahora». Esta aseveración del consejero choca con la postura oficial del PSRM-PSOE, que encargó jurídico un estudio precisamente para denunciar la inconstitucionalidad del estatuto.

Cerdá explicó que este año que ha terminado «es un calco de los cuatro anteriores», con 60 hectómetros cúbicos para regadío, lo que contrasta, a su juicio, «con los más de 100 hectómetros cúbicos que hemos conseguido reutilizar los murcianos con depuradoras eficaces y de última generación, construidas por el Gobierno regional. La cuenca del Segura reutiliza el cien por cien de sus aguas, frente a las del Tajo y del Ebro que recuperan el 1 y 5 por ciento».

Añadió que la etapa del Gobierno socialista «ha reducido a una mínima cuarta parte» los envíos de agua del Tajo a la cuenca del Segura. Recordó que el decreto que derogó el acueducto del Ebro «borró de un plumazo» los 450 hectómetros cúbicos que venían destinados a paliar el déficit de agua «y abrió el debate de la caducidad del trasvase Tajo-Segura». Explicó que que el pasado año hidrológico el río Ebro vertió al mar 7.373 hectómetros cúbicos.

Sobre la desalinización, dijo que «no la quieren ni en el desierto de Kuwait porque consume mucho petróleo». Para ello se remite a unas declaraciones del ministro de Información de este estado árabe en la Expo de Zaragoza.

Jara contesta

El portavoz del PSRM, José Ramón Jara, contestó al consejero y dijo que el Tajo aportó en la pasada legislatura 1.204 hectómetros cúbicos a la Región de Murcia frente a los 860 hectómetros aportados por la cuenca del Segura. Recordó de esta forma las declaraciones del presidente de la Confederación, Fuentes Zorita, a La Verdad el pasado domingo. Indicó a Cerdá que se desembalsa el máximo que permite la actual sequía, que entra en su quinto año; una sequía que no era tal en la etapa del PP.

La estadística del último año hidrológico, desde el 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008, confirma que en los últimos doce meses ha llovido un 23% más de media de lo que es habitual, según los datos recopilados por José Ángel Núñez, jefe del servicio de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Valencia. La comarca de la Marina Alta es la que mayor precipitación acumulada ha recogido en términos absolutos, «con cantidades superiores a los 1.400 litros por metro cuadrado». En concreto, los observatorios de Fontilles en la Vall de Laguar (1.654 litros por metro cuadrado), Orba (1.447 l/m2) y Barx, ya en la Safor, (1.403,4 l/m2) son los que han experimentado los mayores acumulados de los últimos doce meses.
En las comarcas de la Ribera Baixa (Sueca, Cullera.), la Marina Baixa y la Safor la anomalía de precipitaciones también ha superado entre un 60% y un 53% las precipitaciones habituales.
A pesar de este superávit existen zonas en la Comunitat Valenciana (el 7% del territorio) donde las precipitaciones han sido deficitarias. Es el caso de los observatorios de Ciudad Jardín y l’Altet en Alicante, la Laguna de Torrevieja y Orihuela.
Aunque el sur de Alicante no ha sido la única zona que ha sufrido las anomalías hidrológicas. Según el informe de Aemet, «las precipitaciones no han alcanzado los valores normales en algunas zonas de Els Ports (+1%) y el Baix Maestrat (7%), en el norte de Castelló, en el Rincón de Ademúz (-3%) y la Plana de Utiel-Requena (+10%), en el interior de Valencia, y en puntos de la Vega Baja y l’Alt Vinalopó en Alicante». Como dato curioso, en Alicante ciudad la anomalía es del 0% ya que si el valor normal es recoger 335 litros por metro cuadrado en el acumulado de un año, en los últimos doce meses apenas se han recogido 334,8 litros por metro cuadrado.
En las otras dos capitales de provincia, en Valencia ha llovido un 56% más de lo habitual (708 l/m2) mientras que en Castelló las precipitaciones han supuesto un 22% más de los valores normales (537 l/m2).
Aemet también facilitó ayer los datos climatológicos de septiembre que ha sido «un mes húmedo y algo más fresco que la media normal en la Comunitat Valenciana». Según el jefe de Climatología «ha llovido un 18% más de lo normal, aunque las lluvias han estado irregularmente distribuidas al superar los 400 l/m2 en la localidad de Sueca, a pesar de que el 45% del territorio ha sido deficitario en precipitaciones». Por último, «con 20,1ºC el mes de septiembre ha sido 0,3ºC más fresco que el promedio de los años 1971-2000». En los últimos veinte años el septiembre más cálido fue el de 1990 (22,1ºC) y el más fresco el de 1996 (18ºC).

Los representantes de las comunidades de regantes de España, agrupados en la entidad Fenacore, reclamaron ayer desde la Lonja de Orihuela que los agricultores son quienes más defienden el ecologismo. Esta afirmación fue realizada por su presidente, Andrés del Campo, quien está al frente de una entidad que agrupa a miles de regantes de toda la geografía nacional con 800.000 hectáreas.

El presidente de Fenacore fue distinguido por la alcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, con el Oriol de oro, por su defensa de la agricultura. La primer edil destacó que en esta tierra se aboga por la defensa de la tierra, que vinculó con el progreso que ha experimentado la comarca y en la que desde siempre se ha sustentado. Lorente hizo suya la defensa de la entidad de regantes españoles de reclamar más medios económicos para esta actividad.

Representantes de esta entidad se han reunido en Orihuela durante dos días para realizar un homenaje al titular del Juzgado Privativo de Aguas, Antonio Barberá, quien tras 21 años al frente de la entidad comunera de los regantes oriolanos, no optará a la reelección del cargo. Del Campo reivindicó el papel que juegan los agricultores en la defensa medioambiental del medio rural y criticó a «los ecopolíticos, aquellos que convierten la reivindicación del medio ambiente como un arma política».

Asimismo considera que para abordar la modernización del regadío no se puede pasar de un cultivo «con costes como los actuales», en referencia a los esfuerzos para la modernización que hacen los hombres del campo en los cultivos tradicionales . También se trabaja para que los regantes puedan acceder a una tarifa ventajosa de forma temporal en función de la campaña.

El encuentro de la junta directiva estuvo marcado sin embargo por la distinción con la medalla de plata de la entidad al juez de Aguas, Antonio Barberá, entregada el día antes, con la presencia de la consellera de Agricultura, Maritina Hernández.

En su intervención Del Campo, al igual que la alcaldesa Mónica Lorente volvió a incidir en reivindicar los trasvases y los aportes hídricos de otras cuencas como una de las soluciones a los problemas del campo español e introdujo el símil de que de seguir con las actuales situaciones climáticas el sur de España «puede convertirse en el norte del Sáhara».

El presidente de Fenacore se mostró igual de beligerante con lo que llamó «el péndulo ambiental en la defensa de la agricultura» y recordó que ésta es una de las fuentes de riqueza que en tiempos de crisis debe solucionar los problemas de la humanidad. Del Campo dijo que más de 800 millones de personas pasan hambre y reclamó ayudas de la administración para la modernización de las actividades agrarias.

Otra de las cuestiones que remarcó en su intervención es que las actividades de Fenacore sirven para recordar a los gobernantes que no pueden olvidar los problemas que aquejan al campo español y la necesidad de apoyos de las instituciones.

rihuela acogió ayer una reunión de la junta directiva de la Federación Nacional de Regantes de España (Fenacore) en la que se abordó la supresión de la tarifa eléctrica de riego y el espectacular aumento de los costes energéticos que ha generado esa medida. El colectivo pide que esta tarifa se vuelva a instaurar. Hasta este verano los agricultores contaban con un coste energético reducido a través de un tarifa agrícola especial, que ha sido suprimida y que ha incrementado los gastos energéticos hasta en un 60%. Este incremento penaliza además a los agricultores que han apostado por la modernización del regadío por goteo, puesto que el riego por inundación se realiza mayoritariamente por gravedad.
El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, explicó a este diario que se han podido establecer convenios con Endesa e Iberdrola para recuperar tarifas a un coste similar al anterior, pero el acuerdo no se ha podido generalizar a todos los regantes. En este sentido dijo que se está trabajando con el Gobierno central para analizar la situación. Fenacore considera que para abordar la modernización del regadío no se puede pasar de un cultivo «con coste energético cero a uno que soporte los actuales». También se trabaja para que los regantes puedan acceder una tarifa ventajosa de forma temporal en función de la campaña.
El encuentro de la junta directiva estuvo marcado sin embargo por la distinción con la medalla de plata de la entidad al juez de Aguas, Antonio Barberá. En su intervención Del Campo, al igual que la alcaldesa Mónica Lorente y la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, volvieron a coincidir en reivindicar los trasvases e incluso el Plan Hidrológico derogado como solución a las carencias de agua. Objetivo que Antonio Barberá ha compartido siempre.
Fenacore, cuyos representantes realizan hoy una visita turística en Orihuela, es una asociación creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua. Cuenta con entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. La asociación trabaja estrechamente con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Además, es órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, Fenacore es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC).

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino mantiene los compromisos inversores del programa AGUA para la Comunitat Valenciana, donde su presupuesto en el área de Medio Ambiente crece respecto a 2008, aunque sin que aparezcan en el horizonte próximo nuevos proyectos, a excepción de los relativos a la depuración de aguas residuales que no se concretan en el documento.
En este sentido, el contenido del PGE es un calco del de años anteriores y se limita a cerrar los proyectos iniciados por la ex ministra Narbona y la propia Elena Espinosa a través de la Seiasa (modernización de regadíos).
El presupuesto de la Dirección General del Agua crece un 5,8%, al igual que aumenta el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que pasa de 44,349 millones de euros a 49 millones (+10,6%).
Respecto a las desaladoras y otras actuaciones encomendadas a Acuamed, el presupuesto crece debido a que la programación plurianual fijaba en 2009 el grueso de la inversión. Así, se pasa de 133, 1 millones de euros a 451, lo que supone un aumento del 238,75%.
Por el contrario, la culminación prevista de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó hace que su presupuesto pase de 143,7 millones a 57,6, lo que supone una reducción del 60%..
Por lo que respecta a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), que ha acometido el grueso de las obras de modernización de regadío, su presupuesto no superará en 2009 los 17,7 millones de euros cuando este año tenía una asignación de 42,45 millones, lo que supone un descenso de casi el 58%.
Señalar también la relevancia de las inversiones reales previstas en Costas que se llevan 24 millones de euros frente a 18,9 millones de 2008, lo que representa un aumento del 27%.

Los populares instan al alcalde a tomar medidas, ya que «desde abril la estación de bombeo no funciona pero se sigue cobrando la tasa»

El Partido Popular de la localidad albaceteña de Motilleja ha lamentado públicamente el intermitente funcionamiento de la estación de bombeo ubicada en la localidad, lo que hace que las aguas residuales no lleguen hasta su punto de destino -la depuradora de Madrigueras-, sino que se expandan sobre los acuíferos próximos al río Júcar.

Esta anomalía se está produciendo desde el pasado mes de abril, según el Partido Popular, lo que le ha llevado a denunciar la situación de «desidia y abandono en que se encuentra dicha estación de bombeo construida hace cinco años en el municipio».

Añade el Partido Popular, a través de su concejal Cirilo Armero, que «estamos ante un daño evidente en un entorno natural de gran valor ecológico, por lo que exigimos explicaciones tanto a la Sociedad Aguas del Río Júcar, como a las instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento de la depuradora».

Para el portavoz ‘popular’ toda esta situación es consecuencia del poco interés que tiene por su pueblo el alcalde y diputado provincial socialista, Pedro Charcos.

«No tiene sentido que se nos siga cobrando a los vecinos la tasa por un servicio que no se presta regularmente, por lo que instamos al Ayuntamiento a adoptar soluciones de manera urgente y con carácter extraordinario».

ECOLOGISTAS. Igualmente, el Partido Popular de la localidad de Motilleja insta a las asociaciones ecologistas a tomar conciencia de las graves consecuencias que tiene para el entorno del río Júcar el vertido directo de aguas fecales, lo que «necesariamente lleva a la micro contaminación dentro de aguas superficiales o subterráneas del río Júcar».

Insisten en que «desde el pasado mes de abril, la estación de bombeo no funciona, pero se nos sigue cobrando la tasa por un servicio de depuración que no se presta» explican.

Los daños medioambientales son graves por la contaminación en aguas superficiales o subterráneas, aseguran los concejales del Partido Popular.

Las inversiones y la mejor atención que viene dedicando en los últimos años la Confederación Hidrográfica del Segura al municipio de Hellín, para reparar muchos años de olvido de administraciones anteriores, siguen sin hacer mella en el alcalde de esta localidad, y a su vez senador, el socialista Diego García Caro. El pasado lunes, el Ayuntamiento hellinero aprobó que se aplique un gravamen de 0,008 euros (1,3 pesetas) por cada metro cúbico que se saque de los pozos de sequía abiertos para hacer frente a la grave crisis de la cuenca del Segura.

De momento es una propuesta aprobada por este Ayuntamiento, que no tendrá efecto hasta que la autorice el Ministerio de Medio Ambiente. El presidente de la Confederación del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, manifestó ayer que cuando reciban la propuesta «será estudiada por nuestros servicios jurídicos para ver si tiene o no base legal. Actuaremos en función de lo que nos digan estos servicios y la Abogacía del Estado». Añadió que la aprobación de este gravamen «es una medida unilateral del Ayuntamiento de Hellín». La extracción de cada hectómetro cúbico de estos pozos situados en el municipio de Hellín supondría el pago de 1.300.000 pesetas. Las extracciones totales en esta zona pueden llegar a los 35 hectómetros anuales.

No es la primera vez que García Caro -que tiene al parecer hilo directo con el Gobierno de Castilla-La Mancha- se enfrenta a la Confederación Hidrográfica del Segura. Meses atrás intentó cerrar los pozos enviando a la Policía Local, de lo cual tuvo que desistir. Con anterioridad, entabló una batalla contra las obras del túnel Talave-Cenajo, con encierro de por medio en el Ayuntamiento, que tuvo que ser redimensionada para que pasara menos agua procedente de la cabecera del Tajo.

No a los pozos

La propuesta aprobada por mayoría socialista en el Ayuntamiento será elevada a los servicios jurídicos municipales para que avalen o no su viabilidad. Los concejales del PP votaron en contra y los de IU se abstuvieron. Diego García Caro acusó a la Confederación Hidrográfica del Segura de estar causando un «daño irreparable» al municipio por la extracción de agua de los denominados pozos de sequía a la Región de Murcia, informa Efe.

Durante el pleno ordinario celebrado el lunes por la noche, el regidor volvió a repetir sus ataques contra la CHS por el problema del agua. Fue durante el punto del orden del día que trataba sobre la propuesta de la concejalía de Economía y Hacienda sobre la creación de una ordenanza fiscal de tasa ambiental por la extracción de agua del subsuelo hellinero. De esta ecotasa, que se elevaría a 0,008 euros por metro cúbico de agua extraída de los pozos de sequía, García Caro aseguró que era una medida de protección por esta grave incidencia que atravesaba desde hacía mucho tiempo el subsuelo de Hellín.

Tras afirmar que la CHS estaba haciendo un daño irreparable a Hellín y sus gentes con esta sobreexplotación de sus acuíferos, aseguró que el agua que sacan de los pozos, la está vendiendo la Confederación del Segura a un euro el metro cúbico, por lo que la medida que su equipo de gobierno proponía era una auténtica miseria. El también senador socialista añadió que con estas extracciones la CHS está quitando el agua a Hellín tan necesaria para su desarrollo, llevando a cabo la misma política sobre el agua que realizaba en el siglo XIX, por lo que consideró que ya va siendo hora de que se modernice.

El Ayuntamiento de Hellín, dijo, pide que esas extracciones cesen definitivamente, ya que no se debe derivar más agua del subsuelo de la provincia de Albacete hacía la Región de Murcia. Advirtió de que si no cesaba este expolio, que, al menos, se autorizase la ecotasa y que el dinero recaudado serviría para adquirir agua para darla a la Comunidad de Regantes Martínez Parras recargar algunos acuíferos y emprender otras obras medioambientales.

García Caro también recordó lo ocurrido hace unos meses cuando tras abrir la CHS varios pozos de sequía en este municipio ordenó a la Policía Local que los cerrara, aunque poco después tuvo que revocar esta orden ante el recurso de la CHS, ya que se demostró que él no era persona competente para llevar a cabo esta acción