lunes, 15 de septiembre de 2008

• Su preparación ha seguido un proceso abierto de más de un año con la intención de que pudieran recibirse aportaciones de todos los agentes interesados
• Incorpora todas las experiencias acumuladas en los procesos de planificación hidrológica en España durante los últimos 10 años

Una Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino establece la instrucción de planificación hidrológica en nuestro país, fijando los criterios técnicos para la homogeneización y sistematización de los trabajos de elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuenca.

Esta nueva instrucción incluye los novedosos requerimientos técnicos establecidos para la planificación por la nueva legislación asimilando las metodologías propuestas por los grupos de trabajo establecidos a nivel europeo para la implantación de la Directiva Marco del Agua. Asimismo, recoge otros aspectos surgidos de nuestra propia legislación, como puede ser la determinación de caudales ecológicos introducida por la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

Además, revisa todos los elementos que ya formaban parte de nuestra planificación tradicional, incorporando asimismo toda la experiencia acumulada en los procesos de planificación hidrológica en España durante los 10 años de vigencia de los planes anteriores, y desarrollándolos con un mayor grado de detalle, de forma que sea posible la utilización de instrumentos tecnológicos y posibilidades de tratamiento de datos y de acceso a la información que son hoy muy superiores a los existentes hace quince años.

Como elementos más novedosos o importantes que desarrolla la instrucción se pueden destacar la identificación y delimitación de las masas de agua superficial, continentales, costeras y de transición y de las masas de agua subterránea; la designación de masas muy modificadas y artificiales; la evaluación del estado de estas masas y el establecimiento de objetivos ambientales; la caracterización de los usos del agua, tanto desde la perspectivas de su demanda, como de la presión que generan y su caracterización económica; el inventario de recursos hídricos; el régimen de caudales ecológicos en ríos y estuarios y las necesidades hídricas en lagos y humedales; la asignación y reserva de de recursos o los programas de medidas.

La preparación de la instrucción ha seguido un proceso abierto de más de un año desde la presentación pública del primer borrador, con la intención de que pudieran recibirse aportaciones de todos los agentes interesados. Durante el proceso de elaboración de la instrucción, se ha consultado a los principales agentes sociales y económicos y organizaciones no gubernamentales que tienen relación con la planificación hidrológica, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, a las Comunidades Autónomas y a los departamentos ministeriales afectados.

Aunque se publica como Orden Ministerial, con objeto de que sea de aplicación en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias situadas en territorio español y en la parte española de las demarcaciones hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países, en su elaboración han participado también representantes de organismos de cuenca de las Comunidades Autónomas.

En definitiva, los resultados que se esperan con esta nueva planificación hidrológica en España son una mayor disponibilidad del recurso, mejoras en su utilización, lograr la restauración de ecosistemas afectados y degradados, y evitar futuros conflictos sociales derivados de la gestión del agua.

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Los puntos más conflictivos del Estatuto de Castilla-La Mancha en materia de agua no se limitan a la propuesta de eliminar el acueducto Tajo-Segura en el año 2015. Contiene otros diez artículos -según el informe encargado por el PSRM-PSOE-, que buscan dejar en manos del Gobierno de Castilla-La Mancha la gestión de los trasvases, que son competencia del Estado. El estudio de los socialistas murcianos propone cambiar estos puntos conflictivos en el Estatuto pactado por Barreda y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

«Los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho al uso preferente de los recursos hídricos de su territorio para consumo humano, desarrollo económico, así como para el sostenimiento medioambiental y para cualquier otro objetivo n el ámbito de sus intereses». (artículo 98.3).

«Corresponde a los poderes públicos de Castilla-La Mancha velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha» (art. 101.1).

«Dicha planificación [la de los recursos de las cuencas hidrográficas que discurren por Castilla-La Mancha] garantizará la disponibilidad de agua para todos aquellos proyectos que conduzcan al crecimiento y la equiparación con los demás territorios del Estado» (art. 101.3).

«La Junta de Comunidades aporta las previsiones de demanda de agua de los distintos sectores de actividad dentro del territorio de Castilla-La Mancha en el horizonte de dicha planificación» (art. 102.1).

«Dicha participación [en la adopción de decisiones de asignación o reserva de los recursos hídricos disponibles] comprende también aquellas demarcaciones cuyas aguas discurren fuera del territorio español» (art. 102.1, párrafo tercero).

«La Junta dispondrá de forma efectiva de las reservas de recursos hídricos que se establezcan, con arreglo a la legislación estatal, en la planificación hidrológica del Estado para demandas futuras ». (art. 102.2).

«La Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante ante cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier modo de intercambio de aguas tanto públicas como privadas dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas de la Comunidad» (art. 102.3).

«La Junta se reserva el derecho de ejercer la asignación y utilización preferente de dichos recursos hidrográficos para atender necesidades de Castilla-La Mancha». (art. 102.4).

«Tendrán sede en Castilla-La Mancha los órganos administrativos de planificación y gestión de las cuencas del Tajo, del Júcar, del Guadiana, del Segura y del Guadalquivir» (art. 103.2).

«Corresponde a la Junta de Comunidades la participación en el procedimiento de declaración y en la planificación de las obras hidráulicas de interés general que se emplacen en su territorio de acuerdo a la legislación del Estado (…) cuando dichas obras afecten únicamente a Castilla-La Mancha corresponderá a la Junta de Comunidades la ejecución y explotación de las mismas, así como de las reservas de recursos y concesiones de aprovechamiento. (art. 104.2).

«Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que, en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en 2015, coincidiendo con el plazo establecido para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y los plazos referidos al buen estado ecológico de las aguas superficiales establecidos por la Directiva Marco de Aguas». (Disposición Transitoria (DP) primera 1).

«Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que éste sea el fin al que se aplique prioritariamente cualquier recurso generado en la cuenca hidrográfica receptora, tanto por las nuevas infraestructuras de generación de agua como por las que supongan un ahorro, así como para que se produzca con carácter inmediato a la entrada en vigor del Estatuto la ordenación y reestructuración de los usos del agua, especialmente el regadío, de acuerdo a la oferta de agua disponible en la cuenca hidrográfica del Segura». (DT primera 2).

«El nuevo Plan del Tajo, que deberá estar aprobado en el 2009, fijará la dotación suficiente a las necesidades y derechos reconocidos a favor de Castilla-La Mancha en el momento de la entrada en vigor de este Estatuto, la disminución progresiva de los caudales trasvasables, así como el incremento de las reservas no trasvasables». (DT primera 3).

«La Junta de Comunidades emitirá un informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de trasvase, transferencia, cesión, transacción o intercambio de agua». (DT primera 4).

(El texto en negrita corresponde a la parte que debe ser corregida o eliminada, según el PSOE).

La Carta de Zaragoza, el principal legado de la Exposición Internacional que cierra hoy sus puertas, y que durante 93 días ha abordado el tema del ‘Agua y Desarrollo Sostenible’, defiende una gestión integrada de los recursos hídricos para la supervivencia del hombre y del planeta.

El ex secretario general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura y Paz, Federico Mayor Zaragoza, procedió en la ceremonia oficial de clausura de la Expo 2008 que se celebra en el Palacio de Congresos, a la lectura de la ‘Carta de Zaragoza’, es decir, las conclusiones o síntesis de la intensa actividad que ha desarrollado la Tribuna del Agua, soporte científico y técnico de la Muestra, a través de ponencias, conferencias y debates.

En el preámbulo de la Carta de Zaragoza, resaltó el presidente de la Fundación Cultura y Paz, los participantes en la Tribuna del Agua han reconocido que el agua es esencial para la vida en el planeta. «Los nuevos paradigmas sobre agua y sostenibilidad pretenden superar la visión meramente antropocéntrica por entender que, mediante una gestión integrada de los recursos hídricos se protegen al mismo tiempo la supervivencia del ser humano y la del planeta», transmitió Mayor Zaragoza.

La primera de las consideraciones que hace el citado documento indica que el agua y los diferentes ecosistemas deben ser preservados y protegidos. Otras de las consideraciones apuntan que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos; que los pueblos de la Tierra han asumido, a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un serio compromiso en relación con el agua, y que el acceso al agua es un potente vector de desarrollo.

Asimismo, el agua desempeña una función fundamental en la producción y transferencia de energía. Su demanda seguirá creciendo, principalmente por los incrementos demográfico y de la economía, lo que puede implicar un aumento de la ‘huella hídrica’.

Las predicciones indican que el cambio climático es capaz de modificar la disponibilidad y las necesidades de agua en todo el planeta. También subraya la Carta de Zaragoza que las tecnologías disponibles permiten producir agua dulce a partir del agua salada y de la niebla y, además, regenerar y reutilizar el agua a precios razonables y con menores impactos ambientales. Como ejes de transformación de la gestión de los recursos hídricos en todo el mundo, los expertos que han participado en la Tribuna del Agua, señalan a la educación, la cultura, la comunicación y la participación.

Otra de los punto del preámbulo refiere que es básico para la gestión integrada del agua y la sostenibilidad el fortalecimiento de su gobernanza en todos los niveles, lo que implica la mayor participación y corresponsabilidad de la sociedad.

Se considera que la unidad de cuenca hidrográfica es el ámbito territorial más eficiente para aprovechar el agua y el que mejor permite resolver los conflictos entre países, regiones o usuarios. Asegurar vías de financiación y formas de compartir el riesgo económico, bajo criterios de sostenibilidad, es indispensable para el éxito de las iniciativas y actuaciones en el ámbito hídrico.

La intervención pública debe tomar la iniciativa para promover la legislación y la estructuración adecuadas de los derechos de agua, subraya la Carta, al tiempo que resalta que la investigación, el desarrollo y la innovación son pilares fundamentales que sustentan el conocimiento, el hallazgo de soluciones, el bienestar y la sostenibilidad en materia hídrica.

Ante esas consideraciones, la Tribuna del Agua recomienda, con carácter universal, que el desarrollo de las sociedades se promueva a partir de criterios de sostenibilidad y de manera respetuosa con la naturaleza; que se impulse una gestión del agua participativa, eficiente y solidaria; que se establezcan compromisos y normas para la mitigación de los efectos negativos causados por el cambio climático y por los fenómenos extremos, y que las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos sean la cuenca hidrográfica y el acuífero, incluso en los casos en que tengan carácter supranacional.

La Carta de Zaragoza desea que haya en todo el mundo agua potable segura y saneamiento eficaz; que el abastecimiento de agua potable y la recolección y el tratamiento de las aguas residuales son prioritarios. Para ello, las administraciones públicas deben garantizarlos con tarifas justas y que aseguren la cobertura de los costes.

Igualmente pide que se incentiven la investigación, el desarrollo y la innovación en cuanto concierne al agua y se acelere la transferencia de sus resultados y beneficios a la sociedad, así como la creación de una Agencia Mundial del Agua.

AGENCIA MUNDIAL DEL AGUA
Las misiones principales de la Agencia Mundial del Agua, cuya creación se pide en la Carta de Zaragoza, son, entre otras, preparar y presentar ante la Organización de la Naciones Unidas la Carta de Derechos y Responsabilidades de los Seres Humanos con el Agua, y articular un marco normativo mundial sobre el agua en un contexto de desarrollo sostenible que sea reconocido por los países.

En materia de recursos hídricos, preparar e impulsar el desarrollo de la Convención Internacional sobre Cambio Climático, Fenómenos Climáticos Extremos y Control de Riesgos.

También entre los objetivos de la Agencia están impulsar la aprobación del Protocolo Internacional para la Gestión Pacífica y Productiva de las Cuencas Transfronterizas en el mundo, y asistir a los países que demanden apoyo en materia de gestión integrada del agua.

Promover la difusión y el intercambio eficaz y global de buenas prácticas, lecciones aprendidas, modelos y procesos reproducibles, experiencias que hayan alcanzado el éxito y recomendaciones, a través de un centro propio de documentación y transferencia sobre agua y desarrollo sostenible, y promover alianzas público-privadas que permitan aunar esfuerzos para conseguir que el abastecimiento y el saneamiento universales sean una realidad, se encuentran asimismo entre las funciones de la Agencia del Agua.

Por otra parte, las recomendaciones que la Tribuna del Agua hace a los poderes públicos, usuarios del agua y ciudadanos, pasan porque se lleven a cabo las dotaciones de servicios básicos de saneamiento y depuración de aguas residuales y sus lodos, acordes con las realidades locales, y que incorporen niveles sanitarios de referencia mundial.

También se recomienda que se someta al control público la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento; que se ajuste y controle la demanda de agua recurriendo al mismo tiempo a criterios educativos, informativos, participativos y tarifarios; que se impulsen y apliquen las tecnologías que permiten el ahorro, la desalinización y aprovechamiento de aguas del mar, la captación de nieblas y de lluvias, la depuración, regeneración y reutilización del agua con elevada eficiencia en consumo energético de bajo impacto ambiental, potenciando las energías sostenibles.

Respecto a la financiación, la Carta de Zaragoza, apuesta porque se definan modelos financieros solventes y con garantías, entre países e instituciones, que permitan captar en el mercado capitales para inversiones en las infraestructuras hidráulicas necesarias para la prestación de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento, así como en la capacitación de los recursos humanos precisos.

Los ciudadanos deben participar como corresponsables en la gestión integrada del agua y la sostenibilidad y han de asumir que el agua es, además de un recurso de uso humano, un patrimonio de todos los seres vivos.

«No es momento para invertir en saco roto». Este es el pensamiento que ronda por la mente de los más de 8.600 agricultores de la comarca del Camp de Morvedre.

Cada año cuesta más mantener un huerto y sin embargo el beneficio que experimentan sus propietarios no cubre ni la mitad del esfuerzo invertido. Prueba de este pesimismo son las 1.600 hanegadas que se han perdido en el último año. Aunque no son cifras reales porque «cada vez son más los huertos que evidencian muestras de abandono en el estado de los árboles y del campo». Estas observaciones proceden de la Asociación Valenciana de Agricultores de Sagunto que intenta, año tras año, dignificar este sector en la zona.

Precisamente, la crisis económica general que sufre el estado español supone un nuevo obstáculo para la continuidad de la agricultura en la comarca y en la Comunitat. La subida del petróleo significa también el incremento de todos los productos necesarios para la conservación y mantenimiento de los campos. Así pues los abonos y herbicidas han subido un 50% en tan sólo un año.

Pero estos gastos no se quedan ahí, el incremento de la cuotas eléctricas ha supuesto también la subida de un 20% en este gasto. A ello se suma el coste por cambiar todos los contadores para que se ajusten a las nuevas tarifas económicas y no cuantificar tantas pérdidas, en total una inversión de casi 80.000 euros.

A todas estas cifras negativas se añade el problema de los robos que convierte a Sagunto en uno de los puntos negros, según un mapa elaborado por AVA Valencia sobre las zonas agrícolas más perjudicas de la Comunitat. Y junto a esta problemática viene aparejada el aumento de los seguros, ya que cuanto mayor es el riesgo, mayor es también el precio a pagar por unas garantías. Con estos datos no es extraño que el agricultor se plantee más de dos veces su oficio.

La decisión de adscribir el cuerpo de agentes medioambientales a la Consejería de Agricultura no ha gustado ni a CC OO, ni a Ecologistas en Acción. Así, el sindicato criticó la adscripción del cuerpo de agentes medioambientales a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural en la nueva estructura del Gobierno regional, algo que, a su juicio, perjudicará el desempeño eficaz de sus funciones.

La Coordinadora Regional de Agentes Medioambientales de la FSAP -CC OO calificó de «error» y «retroceso» que la política medioambiental de la Junta se divida entre la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente y la de Agricultura y Desarrollo Rural.

Para Ecologistas en Acción «esta involución en la manera de organizar los servicios de vigilancia ambiental en Castilla-La Mancha supone un retroceso de décadas, cuando los agentes medioambientales eran llamados guardas forestales».

Esta organización considera «decepcionante» que lo que ha costado tanto conseguir en los últimos años, una Consejería de Medio Ambiente y un cuerpo especializado de vigilancia ambiental, desaparezcan de un «plumazo».

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha, informa que ha llevado a cabo en Villarrobledo la primera de las jornadas informativas sobre la regularización de los pozos del Alto Guadiana, que se extenderá por los municipios afectados de las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real.

Julián Morcillo, secretario regional de UPA, acompañado por la secretaria de organización, Elena Escobar, y Raúl González, responsable técnico de esta campaña en Villarrobledo, daban a conocer los detalles de esta campaña.

Se informará a los afiliados y afectados por la regularización que el 29 agosto se publicaban en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones por las que se establece el concurso para las solicitudes de concesiones de agua subterráneas para la regularización de pozos alegales en los acuíferos declarados sobreexplotados del Alto Guadiana. El objetivo, precisó Morcillo, es la realización de un concurso para la concesión de usos de agua a explotaciones situadas en los perímetros de los acuíferos sobreexplotados de la Mancha Occidental, al amparo de la cesión gratuita de hasta 40 hectómetros cúbicos anuales por la Confederación del Guadiana a la Junta de Comunidades, y que esta pone a disposición del Consorcio para la Gestión del Plan, para su asignación a los agricultores.

La primera de las resoluciones establece que se atenderá en primer lugar las solicitudes de uso de aguas subterráneas para cultivos leñosos, con una dotación de 700 m3/ha y un volumen máximo por explotación de 7.000 m3/año.

Preferencias

En relación a la naturaleza de la explotación, se atenderá preferentemente los agricultores profesionales jóvenes (entre 18 y 40 años), los profesionales que sean personas físicas, las personas jurídicas titulares de explotaciones prioritarias y las agrupaciones de personas físicas y restantes titulares.

Se priorizará también dentro de estos grupos, a los menores volúmenes frente a los mayores, las explotaciones agrarias que acrediten parcialmente derechos de uso de agua, y las actuaciones que contribuyan a una distribución espacial estratégica por motivos sociales y medioambientales.

El secretario regional de UPA resaltó que esta regulación, que afecta a 48 municipios de las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, «es una medida importante que venimos demandando desde hace mucho tiempo y una de las primeras en implantarse tras la aprobación del PEAG el pasado 28 de enero».

La segunda resolución establece que los derechos del agua que, tras el otorgamiento previsto, no se hayan concedido, se repartirán entre las solicitudes de agricultores profesionales y explotaciones prioritarias, cuya actividad principal o exclusiva sea la agraria, con una orientación productiva de cultivos leñosos y/o herbáceos prioritariamente hortícolas. Se aplicarán de manera preferente a titulares que vayan a dedicar el agua a cultivos leñosos, fundamentalmente viñedo y olivar, así como a hortícolas, hasta alcanzar un tamaño de explotación «mínimo viable».

En segundo lugar, a los titulares que destinen el agua a cultivos leñosos, a hortícolas o a otros herbáceos de bajo consumo, hasta alcanzar un tamaño «adecuado u óptimo».

Julián Sánchez Pingarrón: «Nuestra postura es clara, son ilegales, deben cerrarse de forma inmediata, y así se lo hemos hecho saber al Gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente»E. FERNÁNDEZ

El consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, respaldó ayer públicamente al alcalde de Hellín, Diego García Caro, en su lucha contra la apertura de pozos de sequía en su término municipal, para derivar agua hacia Murcia.

Desde hace ya varias semanas, García Caro viene haciendo declaraciones, cada vez más duras, en contra de dichos pozos. Su argumento fundamental es la propia ley del Trasvase Tajo-Segura, que contiene una disposición adicional que prohibe, de forma expresa, trasvasar «las aguas subterráneas de la provincia de Albacete».

Ayer, durante su visita al Recinto Ferial, invitado por la Diputación, el consejero señalaba a preguntas de La Tribuna «hemos intentado, por todos los medios a nuestro alcance, que la Confederación del Segura entrase en razón; como no ha sido posible, nosotros mismos llevamos este asunto a la Justicia».

En este sentido, Sánchez Pingarrón recordó que los servicios jurídicos de la Junta ya han terciado en el asunto, interponiendo una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, al entender que podría haber un presunto delito ecológico.

«La posición de la Junta, la que hemos hecho saber a la Confederación y al Ministerio de Medio Ambiente, es tajante en este sentido -remarcó- los pozos son ilegales, y los pozos deben cerrarse de forma inmediata».

Por todos estos motivos, el consejero de Ordenación del Territorio indicó que la administración regional comprende que el alcalde de Hellín haya montado en cólera y le dio su respaldo.

«Es lógico que el alcalde de Hellín defienda los intereses de sus vecinos -reconoció- ¿cómo no va a hacerlo, si está viendo cómo esquilman los recursos de sus acuíferos, sin haberse hecho ningún tipo de estudio ambiental serio y sin que se haya justificado debidamente la necesidad o la emergencia, para poder abrir estos pozos de sequía?».

plan hidrológico. Por todo ello, reiteró que estaba «de acuerdo» con la actitud del alcalde. Y, además, subrayó que esta situación se produce en un momento clave para la cuenca del Segura. No en vano, recordó, su Confederación Hidrográfica ha iniciado el proceso de revisión de su Plan Hidrológico de Cuenca.

«Aún estamos en estado de avance, de participación pública, de información y presentación de alegaciones -aclaró- pero aún así nuestra posición es clara, no estamos de acuerdo cómo se ha determinado la demarcación, al igual que en el caso del Júcar, hay cuencas cuya gestión, entendemos, corresponde a las comunidades autónomas, no al estado».

Además, Sánchez Pingarrón subrayó que la postura básica de la administración autónoma es y será siempre igual, «la defensa de los intereses de nuestra región en algo tan delicado como es el agua» tanto en el proceso de revisión del Plan Hidrológico como en la polémica de los pozos de Hellín.

La integración de los agricultores por cuenta propia en el RETA dentro de un Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) se produjo el 1 de enero del presente ejercicio, en cumplimiento de la disposición sexta del Pacto de Toledo de integración de regímenes, y tras el acuerdo del Gobierno con los agentes sociales y las organizaciones agrarias.

El Real Decreto publicado hoy en el BOE adapta a estos cambios cuatro reglamentos sobre encuadramiento y cotización a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios, así como la colaboración que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional prestan en la cobertura de las contingencias profesionales y la incapacidad temporal.

En concreto, se modifica el procedimiento a seguir para la acreditación y comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios para el encuadramiento de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el citado sistema especial.

Como ejemplo, los agricultores que contraten a hijos menores de 30 años no necesitarán presentar declaración conjunta en la que se acredite su condición de asalariados, aunque sí habrá que hacerlo un mes después de que cumplan dicha edad.

Asimismo, se actualizan los preceptos relativos a la cobertura de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de los trabajadores autónomos, en función del tipo de actividad que desempeñen, de las condiciones de su ejercicio y de si éste se simultanea o no con otras actividades que determinen su alta en el mismo o en otro régimen del sistema de la Seguridad Social.

El Real Decreto se compone de cuatro artículos que modifican los reglamentos generales sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la Seguridad Social; sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; sobre recaudación, y sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.E.P.