Los nuevos planes hidrológicos de cuenca, que ya se han empezado a elaborar y que entrarán en vigor a principios de 2010, revisarán el actual régimen concesional de derechos de agua y penalizarán a las explotaciones agrícolas e industriales que sobrepasen el consumo «imprescindible» fijado.

Así lo manifestó ayer el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, tras la presentación de los Planes Especiales de Sequía, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua.

Palop señaló que en las nuevas planificaciones hidrológicas se van a asignar las cantidades de agua «imprescindibles» para llevar a cabo actividades industriales y agrícolas, que si se sobrepasan se «penalizarán» económicamente, ya que los excesos van en perjuicio de la comunidad.

Para controlar el consumo por parte de los respectivos organismos de cuenca, se colocarán unos contadores en cada toma de agua que medirán el volumen realmente utilizado por cada explotación agrícola e industrial.

Matizó que el hecho de que se vaya a castigar el «despilfarro» no es por afán recaudador, sino que «es más bien un mecanismo para penalizar el consumo excesivo y poco solidario con el vecino y con el resto de la sociedad».

Aseguró que este es uno de los principios básicos para afrontar la situación de escasez que padece España, donde «el agua no sobra en ningún lado».

Palop matizó que las concesiones dan derecho a la utilización del agua pública y el Estado marca el régimen de uso, e insistió en que se van a tener que adaptar a las previsiones de las futuras planificaciones, que no serán iguales en las diferentes cuencas. Explicó que los planes hidrológicos de cuenca, fruto de la aplicación de la directiva marco de agua, los van a elaborar las futuras demarcaciones hidrográficas y deberán estar aprobados el 31 de diciembre del año 2009, para que entren en vigor el 1 de enero de 2010.

Respecto a la cantidad de agua que se pierde debido a fugas, Palop dijo que se producen fundamentalmente en el sector agrícola, que consume el 80% del agua que se extrae de los acuíferos y la que procede de los embalses, ya que tienen las infraestructuras más antiguas.Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque para modernizar todas las zonas regables del país.

En las ciudades, se está apreciando una mejora continua en la eficacia del empleo del agua, de tal forma que en las grandes aglomeraciones y la zona del levante las pérdidas son «bastante bajas», en torno al 15 ó 20%.

Menor cultura de gestión

Las mayores pérdidas se producen en el medio rural e interior porque existe una menor cultura en la gestión del agua y unos precios más bajos.

En el mismo contexto se pronunció el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que ayer anunció que el Plan Nacional de Regadíos (PNR) concluirá en los próximos «dos o tres años» cuando se acabe con las 100.000 hectáreas aún pendientes de actuación, según afirmó su secretario general, Josep Puxeu.

Puxeu hizo este anuncio durante su intervención en unas jornadas celebradas en el Ministerio de Agricultura con motivo de la celebración ayer del Día Mundial del Agua.

El secretario general de Agricultura aseguró que en la actualidad el PNR ha logrado un grado de ejecución de más del 100 por cien de lo programado y que se ha ido ampliando continuamente a causa de la aprobación de los distintos planes de sequía, si bien quedan pendiente actuaciones sobre 100.000 hectáreas, con un coste de cierre de unos 400 millones de euros.

Puxeu también avanzó las directrices de la futura programación 2008-2013, destacó que su objetivo se centrará en la modernización y en el ahorro de agua y planteó la necesidad de que se definan actuaciones más acordes con las directrices del actual programa operativo de desarrollo rural.

Durante su intervención, se mostró partidario de una nueva gestión de los recursos hídricos dirigidos a un uso sostenible y a una adecuada protección del agua.

Recordó que, en cuanto a la situación actual de los recursos hídricos en la agricultura, el sector agrícola es el principal usuario de agua del país, ya que utiliza el 63,3 por ciento del total, aunque valoró que se mantiene estable su demanda y gracias a las políticas de ahorro.

Así resaltó que la evolución de los sistemas de riego ha ido dirigida a un mayor ahorro hídrico, ya que más del 60% de los regadíos han mejorado su eficiencia incorporando nuevas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.

Un nutrido grupo de agricultores albaceteños, acompañados por el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda, ha visitado recientemente las nuevas instalaciones para producción de biodiesel que la cooperativa ACOR de Valladolid ha puesto en marcha.

Entre los agricultores albaceteños se encontraban Agustín González, presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental; Javier Valero, presidente de la Asociación Albaceteña de Agricultura de Conservación; Miguel Barnuevo, miembro de esta entidad y otros agricultores con explotaciones en la provincia de Albacete.

La cooperativa ACOR es una de las más importantes en el cultivo de la remolacha y, en diciembre de 2005, sus aproximadamente 9.000 socios dieron el visto bueno a la construcción de una planta para la producción de 66.000 toneladas de biodiesel, a partir de cultivos de colza y girasol.

En la visita, y acompañados por Esteban Sanz Cantalapiedra, miembro del Servicio Agronómico de ACOR, así como por ingenieros directores de obra y responsables del proyecto, la delegación albaceteña recorrió las obras que la cooperativa esta llevando a cabo, concretamente, en el municipio de Olmedo (Valladolid).

Obras que consisten en la construcción de una planta, en la que se almacenará la cosecha de semillas oleaginosas de los socios de ACOR, con una capacidad de almacenamiento de 160 millones de kilogramos; una extractora de aceite; y las instalaciones necesarias para realizar el proceso de transesterificación, por el que el aceite obtenido se transforma en biocombustible, en este caso en biodiesel.

Además, la planta también producirá harinas, ácidos grasoso y glicerina. Los primeros cereales que se transformarán serán los de la presente campaña.

Toda la expedición albaceteña mostró un gran interés por el proyecto que, según comentaron los agricultores y el propio delegado de Agricultura, es perfectamente extrapolable a la provincia de Albacete, dadas las condiciones de suelo y clima y la adaptación de las explotaciones albaceteñas a la producción de los cultivos principales para la obtención de biodiesel, la colza y el girasol.

Asimismo, la delegación albaceteña comentó que lo más importante del proyecto de ACOR es que se trata de un proyecto cooperativo y el beneficio industrial que supondrá la transformación del aceite en biocombustible repercutirá en el propio agricultor socio de la cooperativa, rentabilizándose de esta manera el cultivo de una manera importante.

Posteriormente se realizó una visita a diversas parcelas dedicadas a cultivos energéticos en las provincias de Valladolid y Ávila.

Los Planes Especiales de Sequía, que han entrado hoy en vigor coincidiendo con el Día Mundial del Agua, permitirán adoptar decisiones a largo plazo para garantizar el abastecimiento y evitar «cortes» de agua, con lo que supondrán «un antes y un después en la gestión de la sequía».

Así lo manifestó hoy el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en rueda de prensa tras presentar estos planes.

Destacó la importancia de que en un país como España se gestione la sequía de forma normal ya que es un fenómeno propio de nuestro clima, que aparece periódicamente, y no «una maldición extraordinaria».

Estos Planes permitirán ir adoptando decisiones que generen los menores sacrificios en la población, en función de los recursos disponibles y de las necesidades.

Señaló que la experiencia ha demostrado que cuando se producen cortes de agua los efectos son muy negativos en las redes de abastecimiento y además los ahorros son inferiores a los previstos.

Por ello, uno de los principales objetivos del Gobierno es que no se produzcan cortes de agua en el abastecimiento humano y mantener el suministro normal de agua para consumo e industrias dentro de los cascos urbanos.

Los Planes establecen un mecanismo de participación, las Comisiones Permanentes de Sequía, en las que están representadas las comunidades autónomas y los usuarios, que se reunirán con una frecuencia mayor que la mensual.

Uno de los principales objetivos del Plan es el establecimiento de un sistema de indicadores fiable, que permita prever las situaciones de sequía y valorar la gravedad con que se presentan.

A cada indicador se le han atribuido los valores correspondientes a unas situaciones de estado de sequía que se establecen en función del índice de estado, con unos valores que van de 0 a 1, que lo definen como normalidad, prealerta, alerta o emergencia.

Para ilustrar el funcionamiento de los planes, Palop puso como ejemplo la Cuenca del Júcar, en la que para evitar afecciones medioambientales no deseables como que se corte el río se ha puesto en marcha un centro de intercambio que permitirá comprar derechos de agua.

Subrayó que antes de estos planes se adoptaban decisiones puntuales para solucionar el momento presente, lo que no ocurrirá a partir de ahora.

Por otra parte, según un informe elaborado por la sección de Climatología del Centro Meteorológico de Valencia, el déficit de precipitación en la Comunidad Valenciana desde septiembre es del 10 por ciento, con lo que ya se acumulan 30 meses de sequía climática.

El balance de los dos años y medio de sequía ofrece un déficit estimado del 20 por ciento de precipitación, con el 96 por ciento del territorio de esta comunidad con déficit pluviométrico.

El Ministerio de Medio Ambiente va a «revisar todas las concesiones de derechos de agua agrícolas e industriales, para propiciar que más gente tenga acceso al agua» , y «penalizar los consumos excesivos, no con afán recaudatorio, sino para castigar el despilfarro», según anunció ayer el director general del Agua, Jaime Palop, quien añadió que esta modificación de concesiones se realizará a través de los nuevos planes hidrológicos de cuenca que deben estar terminados el 31 de diciembre de 2009.

Palop indicó en una rueda de prensa, en el Día Mundial del Agua, que esta revisión de concesiones analizará cuenca a cuenca los usos que se hacen del agua, cuánto necesita cada tipo de cultivo y explotación industrial y a partir de ahí se asignarán nuevas concesiones. El director general del Agua apuntó que se «penalizarán los consumos excesivos, no con afán recaudatorio, sino para castigar el despilfarro».
Así, en cada toma de agua se instalará un contador que recoja la cantidad que se utiliza, para «controlar de forma intensiva los consumos». Este control lo llevará a cabo la Confederación Hidrográfica o futuro órgano de demarcación y las concesiones ya existentes «tendrán que adaptarse a los nuevos planes».

La ampliación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de hasta el 60% de los derechos a extraer aguas subterráneas en el tramo medio del río Júcar se ha saldado con un ahorro de otros dos hectómetros más, según explicó ayer el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Agustín González.

En concreto han sido unos cien agricultores los que se han sumado a esta segunda fase con lo que se prevé que sumando los resultados de la primera convocatoria se dejarán de extraer un total de 38 hectómetros de este tramo del río. González indicó que esta respuesta deja claro que son muchos los agricultores que han preferido seguir cultivando a ceder sus derechos de forma temporal tanto por la reducción previa en sus dotaciones que han sufrido como por la escasez de la cuantía económica en concepto de indemnización.

Por otra parte, González mostró su malestar por algunos de los aspectos incluidos en el anteproyecto de la Ley de Aguas. En este sentido lamentó que el borrador confunde demarcación con unidad de cuenca hidrográfica. «Es anticonstitucional que se use la demarcación como unidad de cuenca y contradice la Directiva Marco del Agua», apuntó insistiendo en que el texto permite que se realicen transferencias de recursos de unas cuencas a otras diferentes.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, afirmó ayer que la comunidad autónoma va a ejercer la prioridad que tiene sobre las aguas del Tajo por ser cuenca cedente de recursos hídricos y que por eso no renuncia a que «el trasvase Tajo-Segura tenga fecha de caducidad».

Barreda manifestó que «agua para todos sí, pero en primer lugar y sobre todo para Castilla-La Mancha en el caso de las aguas de nuestras cuencas», y recordó que «la ley dice que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la receptora, y esa prioridad hasta ahora no se había aplicado».

De justicia

«Es justo la tendencia que hemos empezado a invertir, y vamos a ejercer esa prioridad, y por eso no renuncio a que el trasvase Tajo-Segura tenga fecha de caducidad», dijo Barreda.

Afirmó que, «cuanto mejor defienda Castilla-La Mancha el agua en la parte que le corresponde, mejor se contribuirá al conjunto» y se volvió a quejar de que actualmente las comunidades autónomas, que tienen competencias para cuyo desarrollo es imprescindible el uso del agua, «no pintamos nada en los órganos de gestión y planificación, y esa es la incoherencia con la que hay que terminar».

No obstante, reconoció que «nuestra posición ha avanzado porque ya todo el mundo admite, el Gobierno de España también, que las comunidades autónomas tenemos coparticipación en los órganos de gestión y planificación del agua, y eso es un salto cualitativo».

Factor estratégico

El presidente castellano-manchego, que apunto que, «incluso en Europa, hay cada vez más problemas de cantidad y calidad del agua», señaló que ésta «en Castilla-La Mancha es un factor absolutamente estratégico».

Añadió que «la escasez de agua no tiene que limitar el desarrollo de Castilla-La Mancha» y aludió a las reivindicaciones que, en este sentido, ha planteado el Gobierno regional desde el punto de vista jurídico y con la construcción de obras hidráulicas.

El próximo viernes entrarán en vigor los planes especiales de sequía con la publicación en el BOE, que tratarán de afrontar las sequías en España con antelación y teniendo en cuenta al conjunto de la cuenca hidrográfica, según adelantó ayer el director general del Agua Jaime Palop, que dio a conocer también un informe elaborado por el Comité de Expertos en Sequía que preside el catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y colaborador de Levante-EMV , Enrique Cabrera.

«Se tienen que evitar en épocas de sequía los cortes de agua, porque se ha estudiado que provocan más problemas sanitarios y de fugas en las redes de abastecimiento, y muchos menos ahorros de los previstos» , declaró Jaime Palop. En sequías anteriores hubo cortes de agua en diversos municipios españoles, pero el Comité de Expertos considera que estos cortes son «inadecuados» y que hay que «erradicarlos» , ya que cuando se produce un corte de agua las conducciones están sometidas a mayor presión por la acumulación de agua y pueden aumentar las fugas. Paralelamente, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayó en otro acto, dedicado a sensibilizar en el ahorro de agua, que las restricciones al consumo humano sólo se contemplan en el «último nivel» de los nuevos planes. Narbona, aseguró que su objetivo es que «nunca» haya restricciones, aunque reconoció que se tendrán que ir tomando decisiones según avance la situación, porque «nadie sabe cuántos años más va a durar la sequía». La ministra elogió el elevado porcentaje de reutilización de aguas residuales en la Comunitat Valenciana -un 30%-respecto a otras comunidades.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla aprobó hoy el precontrato suscrito el pasado día 8 con la comunidad de regantes «Canal de las Aves» de Aranjuez, por el que cede parte de sus derechos para uso en regadío en un volumen todavía no determinado, y a un precio de 0,23 euros el metro cúbico, según nota de prensa.

El motivo de esta compra es la necesidad de recursos hídricos para atender a los municipios que abastece la Mancomunidad, que en su Comité Ejecutivo celebrado hoy se ha analizado la situación de la cabecera del Tajo, al 13,7 por ciento de su capacidad, «lo que -según el comunicado- pone de manifiesto que el sistema está afrontando el tercer año consecutivo de la peor sequía registrada en la zona».

El Ministerio de Medio Ambiente ha promovido una reserva estratégica en el Tajo para destinarla a atender necesidades prioritarias como las del abastecimiento humano.

La evolución de la demanda en el primer semestre del año hidrológico (octubre 06-marzo 07) en la MCT ha aumentado un 2,2 por ciento respecto del año anterior, y un 1% inferior a la correspondiente al año hidrológico 2004/2005.

En ese semestre las aportaciones del río Taibilla están siendo un 4 por ciento inferiores a las del año anterior en lo que se califica ya como «mínimo histórico», y se ha duplicado el volumen utilizado de agua desalinizada (de 14,5 a 26,4 hectómetros cubicos), debido a la ampliación de Alicante I, la plena producción de «Antonio León» (San Pedro del Pinatar I) y la puesta en servicio de San Pedro del Pinatar II, agregó al fuente.

Asimismo el Comité Ejecutivo de la MCT ha valorado «el notable ritmo» de las obras de la desalinizadora de ‘Alicante II’, cuya puesta en servicio podría realizarse a finales de año, con una disminución superior a dos meses de su plazo contractual de ejecución.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera que, aunque el borrador de la nueva Ley de Aguas plantea avances, un aspecto que habrá que discutir es la representación de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas ponderando su voto en función de su población. El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refirió al borrador de la Ley de Aguas presentado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Este borrador, que cede parte del control de los ríos a las comunidades autónomas, señala que en las demarcaciones hidrográficas el Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de ellas, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aún no desarrollada.

La representación según la población, dijo García-Page, es una de las cuestiones que se tienen que discutir, porque no es un criterio tan objetivo como pudiera pensarse.

Apuntó que se pueden considerar muchos factores, como los kilómetros de recorrido que tiene un río en una comunidad autónoma, las vinculaciones a cultivos o a proyectos de desarrollo, «la población no puede ser un criterio definitivo», afirmó.

El portavoz del Gobierno regional dijo que todos los criterios tienen que ser objeto de negociación, y «nosotros vamos a negociar para que algunos de los cambios que se adelantan en esta ley que van en la dirección correcta sean analizados con mucho más detalle y ponderando mucho más los intereses de las distintas comunidades autónomas». En cualquier caso, señaló que no quería dar más detalles y anticiparse a la negociación de la futura Ley de Aguas, porque quieren discutir el borrador directamente con el Ministerio.

Propuesta abierta

García-Page consideró que la propuesta del Gobierno central es «abierta y va a ser objeto de muchas opiniones, y muy contrapuestas entre unas comunidades autónomas y otras».

Todavía, dijo, es un proyecto que está empezando a dar los primeros pasos y sobre el que la Junta va a fijar un criterio de forma sosegada, «vemos algunos elementos positivos en los cambios que se plantean, pero queremos avances todavía más notables», aseguró.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, continuó, tendrá una posición definida sobre el proyecto, pero aún tiene que contrastar muchas opiniones y muchos intereses, sin embargo, afirmó que «nuestra posición es tan clara que esta Ley de Aguas terminará aproximándose mucho más de lo que está ahora a la posición de Castilla-La Mancha».

Por su parte, el grupo parlamentario socialista de Murcia realizó ayer en la ponencia de la Comisión Especial del Pacto del Agua sus propuestas para alcanzar un acuerdo, que pasarían por declarar intocable el trasvase Tajo-Segura y continuar con las actuaciones de desalinización. Por otra parte, en el último tramo de la legislatura, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha decidido desarrollar los bancos públicos de agua a través de la reforma de la Ley de Aguas que quiere aprobar la ministra Cristina Narbona por la vía de urgencia. De acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso La Verdad, no se limita la cantidad de caudales que se pueden comprar a otras cuencas hidrográficas.

Asimismo, la decisión dependerá de los organismos que dirigirán las nuevas demarcaciones, en los cuales el Estado se asegura la mayoría. De esta forma, las comunidades autónomas no podrán vetar estas operaciones.

MURCIA. Pocas horas duró la tregua en la batalla entre comunidades tras el anuncio de la reforma de la Ley de Aguas propuesto por la ministra de Medio Ambiente. Varios gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, realizaron serias objeciones al texto que Cristina Narbona pretende aprobar antes de fin de mes.

Las críticas más severas procedieron ayer del Gobierno murciano, cuyo consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, criticó que Castilla-La Mancha «ganará más peso y protagonismo. Aunque el Ministerio diga que va a tener la última palabra, eso no es una garantía. Se va a liar todo más todavía», puntualizó.

Para Cerdá, «el Gobierno socialista es especialista en hacer la ley y dejar la trampa». «Esta reforma es una falacia porque el Ministerio hace dejación de sus funciones y ningunea a la Región de Murcia». Asimismo, calificó el borrador de «sospechoso y misterioso» porque no plantea ninguna novedad y enfrenta todavía más a los territorios.

«Los problemas sin resolver»

«Las comunidades autónomas siempre han sido consultadas, no sé a qué viene esto ahora. ¿En qué hemos avanzado con cambiar el nombre de confederación por el de demarcación? Lo cierto es que los problemas reales de falta de agua siguen sin resolverse», manifestó a este diario. Explicó que él es ya vicepresidente del órgano de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura y que los regantes también están representados; al igual que los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El consejero considera que al Gobierno socialista «sólo le interesa hacer más concesiones a las comunidades autónomas porque debe responder a los intereses de determinados grupos de presión». Con referencia al trasvase Tajo-Segura, explicó que la prioridad del Gobierno murciano es que desaparezca la fecha de caducidad del 2015 del Estatuto de Castilla-La Mancha. Dijo que Cataluña recibe un trato diferente, y en este sentido criticó «las disposiciones misteriosas y oscuras que suele incluir el Gobierno socialista en sus leyes», ya que se «plantea la construcción de infraestructuras para el Delta del Ebro, mientras no hay ninguna reseña sobre a la única cuenca con déficit estructural de agua de España», explicó. «¿Por qué dejan la puerta abierta para los trasvases en Cataluña y no para Murcia?», dijo en referencia al trasvase del Segre autorizado por el Ministerio.

Cerdá lamentó además que «el Ministerio deje fuera de la ley a los verdaderos gestores del agua, a los usuarios y regantes», y criticó que en vez de buscar soluciones «vuelva a poner tasas y a penalizar el consumo». Advirtió de que los técnicos de su departamento estarán «atentos y expectantes», ya que el Gobierno murciano «se opondrá a cualquier norma que perjudique los intereses de los murcianos en el pleno del Consejo Nacional del Agua que deberá aprobar este borrador».

Lamentó que el Ministerio apenas haya dejado tiempo para estudiar la amplia reforma de la Ley de Aguas. Señaló que el Ejecutivo murciano ejercerá sus competencias a la hora de construir sus propias plantas desalinizadoras, ya que la nueva norma obliga a pedir la correspondiente autorización al Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, anunció que el Ejecutivo regional no va a pedir las competencias de la cuenca interna de El Albujón, que carece de agua, ya que a su juicio no hay que «trocear» la demarcación hidrográfica del Segura.

Criterio por kilómetros

Tampoco está demasiado satisfecho el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, al que no convence la representación de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas ponderando su voto en función de su población.

«La representación según la población -dijo el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page- es una de las cuestiones que se tienen que discutir, porque no es un criterio tan objetivo como pudiera pensarse». Apuntó que se pueden considerar muchos factores, como los kilómetros de recorrido que tiene un río en una comunidad autónoma, las vinculaciones a cultivos o a proyectos de desarrollo: «La población no puede ser un criterio definitivo», afirmó.

Finalmente, también anda bastante preocupada la Administración socialista de Andalucía, cuya consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, expresó ayer a la ministra del ramo, Cristina Narbona, la «preocupación» del Gobierno andaluz por «el encaje» del artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía, que reclama la gestión del río Guadalquivir, en la nueva Ley estatal de Aguas.

Encaje en el Estatuto

Coves, quien departió unos minutos a solas con Narbona tras la inauguración en Sevilla de la V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, negó que haya «discrepancias» entre ambos gobiernos respecto al borrador de la reforma de la Ley de Aguas, que reserva al Ejecutivo central el 51 por ciento de los votos en los órganos de gestión de las cuencas hidrográficas que transcurran por más de una comunidad autónoma. «Obviamente, nos preocupa cómo va incidir esa reforma de la Ley de Aguas en el desarrollo del Estatuto de Autonomía», dijo Coves.

El artículo 51 del Estatuto andaluz, que ayer entró en vigor tras su publicación en el BOE, reclama para la Junta de Andalucía la gestión del Guadalquivir a su paso por territorio andaluz. La consejera reiteró que la reforma de la ley estatal de Aguas y el traspaso de las competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía están en una fase «muy inicial» y vaticinó que esta negociación será «larga», dada la envergadura y complejidad de esta cuenca.

El recurso de Ibarra

Respecto al recurso de inconstitucionalidad anunciado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto de Andalucía en relación al Guadalquivir, cuya cuenca discurre en una mínima parte por tierras extremeñas, Fuensanta Coves señaló que si hay algún artículo del texto autonómico andaluz «que ha sido revisado por multitud de juristas para que no sea inconstitucional» es, precisamente, el 51.

«Tengo la sospecha de que el pronunciamiento que haya, si se presenta el recurso de inconstitucionalidad, será de que estamos dentro del marco de la Constitución, porque se ha cuidado muchísimo la redacción y el contenido de ese artículo; las razones por las que el señor Ibarra recurre el Estatuto serán otras, pero no son estrictamente de legalidad», concluyó.