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Un banco público podrá expropiar y subastar el agua y servirá para agilizar trasvases

La reforma de la Ley de Aguas crea los bancos públicos de agua, que desde hace años reclaman los expertos. El borrador del texto anuncia que cada cuenca tendrá un banco para que la Administración realice «ofertas públicas de adquisición de derechos de agua» que sirvan para mantener el caudal de los ríos, «cederlos a las comunidades autónomas para fines concretos de interés autonómico», o venderlos a otros usuarios.

Estos bancos sirven para dar racionalidad económica a la gestión del agua. Actualmente, hay fincas con concesión de agua desde hace décadas y no siempre la usan o no va dirigida a los cultivos más rentables. Con este banco, la confederación les compraría el derecho a bajo precio y ofertaría el agua a aquellos que paguen más.

Otra de las finalidades de estos bancos es «la realización de operaciones de intercambio con otros bancos públicos de agua», es decir, trasvases a otra cuenca. Aunque el PSOE ha votado en el Congreso en contra de una moción del PP favorable a los trasvases, la realidad es que hay trasvases del Tajo al Segura, del Guadalquivir a Almería, y que el Gobierno construye actualmente un trasvase del Júcar al Vinalopó y otro del Tajo al Guadiana. Estas infraestructuras permiten el intercambio de agua.

Obras en Tarragona

El borrador de la ley establece que el comité de autoridades -en el que estará el Gobierno y las comunidades- de cuencas limítrofes «podrán acordar la realización de transferencias de pequeña cuantía», mientras que al Gobierno le corresponderá autorizar los trasvases más grandes. Así se agiliza el envió de agua y el intercambio entre cuencas. En 2005, los regantes de Murcia compraron por primera vez agua a los de Madrid; y los de Almería a los arroceros del Guadalquivir, pero la compraventa requirió un cambio legal mediante decreto ley.

Una disposición adicional del texto crea nuevas inversiones en el delta del Ebro. El texto remite a una ley de 1981 que garantizaba 120 hectómetros cúbicos de agua para el abastecimiento en la provincia de Tarragona (que equivale al 12% del derogado trasvase del Ebro). Esta inversión se producirá «una vez finalizado el plan de obras de mejora de infraestructura hidráulica del delta del Ebro». La inclusión de obras en Tarragona -el texto sólo hace mención a la desalación en Canarias- seguro que levantará una lluvia de críticas en Murcia y Valencia. El Ejecutivo, tras derogar el trasvase, sigue ampliando regadíos en la cuenca. Los ecologistas y la Fundación Nueva Cultura del Agua critican que estos usos tendrán tanto impacto sobre el delta del Ebro como el trasvase.

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La JCRMO solicita a Zapatero que garantice la participación de la Región en la CHJ

La Mancha Oriental exige que se modifiquen los órganos de gobierno y el ámbito territorial para que se cumpla la Sentencia del Júcar

Por enésima vez la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha denunciado la vulneración de los derechos de Castilla-La Mancha y de la ley en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Hartos de esta situación desde la Junta Central de Regantes han decidido trasladar su queja al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que a su vez la traslade al Consejo de Ministros.

Así, el presidente de la JCRMO, Agustín González, ha remitido una carta a Zapatero en la que solicita el inmediato traspaso de las funciones y servicios correspondientes a las competencias de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana «que actualmente se encuentran incluidas en el ámbito territorial del organismo de cuenca, es decir la Confederación Hidrográfica del Júcar».

Demarcación

En el mismo escrito los regantes de la Mancha Oriental también exigen al responsable del Ejecutivo español la «inmediata modificación del ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para adaptarlo al definido como Demarcación Hidrográfica del Júcar» así como a lo dispuesto en la Sentencia delSupremo de octubre del 2006.

El último punto del escrito de la JCRMO se refiere a la participación de Castilla-La Mancha en la Confederación del Júcar. En este sentido, González recordó que el 70% del curso del río discurre por la comunidad castellano-manchega.

Así en la misiva los regantes de La Mancha Oriental piden «la inmediata modificación de los órganos de gobierno, planificación y gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para adaptarlo al nuevo ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, con la representación que en este caso le corresponde a Castilla-La Mancha en dereco, y a lo dispuesto en la Sentencia del Júcar».

González manifestó que el envío de esta carta a Zapatero se produjo tras la reciente aprobación en el Consejo del Agua del Plan Especial de Sequía del Júcar ya que este texto no se adecua ni a la Demarcación del Júcar ni a lo establecido en la Sentencia del Supremo.

Por su parte, la Junta de Comunidades ha informado desfavorablemente tanto sobre el Plan de Sequía del Júcar como sobre el del Tajo y el del Segura.

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La Comunidad advierte de una nueva campaña de desprestigio sobre el uso del agua en Murcia

El director general de Regadíos y Desarrollo Rural asegura que «existe una obsesión enfermiza con la Región, frente a otras comunidades como Cataluña o Andalucía de las que no se hacen informes».

Bernal pide a los responsables socialistas de la Confederación Hidrográfica del Segura que «defiendan los intereses de los murcianos» y desmienta «punto por punto» el informe de una organización ecologista.

16. Marzo ´07 – El director general de Regadíos y Desarrollo Rural, Julio Bernal, alertó ayer de «una nueva campaña de desprestigio sobre el uso y gestión del agua en la Región de Murcia». En este sentido, Bernal advierte de que esta actuación «supone una estrategia que surge con la única finalidad de mancillar la imagen de una región que se sitúa a la cabeza de España en los diferentes parámetros de gestión de los recursos hídricos». «Venimos asistiendo desde hace ya mucho tiempo a campañas que pretenden desprestigiar la imagen de la Región en el uso del agua, mientras que los murcianos reutilizamos las aguas depuradas, modernizamos nuestros regadíos y aprovechamos de manera sostenible nuestros acuíferos», explicó.

A este respecto, Bernal añadió que estas informaciones se difunden además “con una fijación enfermiza en la Región, frente a otras comunidades de las que no se dice nada, como Cataluña o Andalucía. También es significativo que el informe se centre sólo en municipios del interior como Caravaca de la Cruz y Cehegín, y no se menciona nada de municipios socialistas como Lorca o Jumilla”, señaló.

 Se trata por tanto, según apunta el director general, de una campaña “impulsada desde la trastienda de un partido que no duda en perjudicar la imagen regional para convertirla en un puñado de votos”.

Así mismo, Bernal pidió a los responsables socialistas de la Confederación Hidrográfica del Segura que “defiendan los intereses de los murcianos”, ya que este órgano dependiente del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente “es el único que tiene las competencias directas para defender y garantizar este uso adecuado de los recursos hídricos”, y desmienta “punto por punto” el informe de una organización ecologista hecho público hoy.

Julio Bernal remarcó que es el Estado “el responsable máximo de esta situación”. “Suponiendo el caso de que hubiese algún tipo de regadío ilegal, y no entiendo que sea así, sino que se trate de regadíos donde se haga una mala aplicación del agua, quien tiene las competencias para perseguirlo son las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente, y por tanto del Estado”, señaló.

Julio Bernal recordó que la publicación de informes similares ha llevado a los principales agentes sociales y económicos de la Región a expresar en varias ocasiones su rechazo, al considerar que estos estudios presentan una imagen completamente distorsionada, con el consiguiente perjuicio para sectores fundamentales para la economía regional como la agricultura o el turismo. Precisamente, estos agentes han resaltado la necesidad de aunar esfuerzos, dentro y fuera de la Región, para la cooperación en una campaña de concienciación social sobre la necesidad de agua en la cuenca del Segura.

Para el director general, este tipo de acciones de desprestigio se repetirán en un futuro próximo. De hecho, vaticina que la misma estrategia que se utilizó en su momento para desacreditar el proyecto del trasvase del Ebro, volverá a reproducirse con respecto a la continuidad del Tajo-Segura. “Todo esto no deja de ser una campaña orquestada, porque dio sus frutos en su momento con la defunción de aquel trasvase y como ahora la campaña del Gobierno socialista es ir eliminando los aportes del Tajo-Segura, vuelven a la carga con el mismo argumento y con la misma cantinela”, añadió.

Bernal se pregunta por los intereses que existen detrás de un informe en el que se incide de nuevo en la idea de que en la Región se llevan a cabo supuestos robos de agua o se explotan pozos de manera ilegal. Se pregunta además si estos intereses tienen relación con los motivos que llevaron al fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a denunciar robos de agua en Murcia; una acusación en la que los hechos han demostrado que resultó ser infundada.

Bernal subraya que “este análisis parcial sobre la utilización del agua en Murcia, surge desde una perspectiva sesgada, al centrar todas sus críticas exclusivamente en una región, y sin tomar en consideración los datos relativos a la gestión eficiente del agua, en especial en cuanto a reutilización, depuración y modernización de regadíos”.

Julio Bernal subrayó que “estos son estudios que realizan organizaciones que reciben cuantiosas subvenciones del Ministerio y que están al albur de lo que éste les demanda. En este momento, por parte de varios departamentos del Ministerio se sostiene la idea de que hay que demostrar que el agua no se debe utilizar en Murcia, que no hacen falta para los regadíos y que no son necesarias más aportaciones por que tenemos suficiente”.

“Sin embargo, nuestras pruebas son concluyentes, en esta Región sigue existiendo un déficit estructural reconocido por parte de todos los departamentos y estudios técnicos del Estado, lo ponga el Ministerio de Medio Ambiente como lo quiera poner y nosotros no tenemos otra cosa que tratar de hacer los deberes que nos corresponden”, apostilló.

El director general de Modernización de Regadíos aseguró que “ante la escasez de agua que afecta a la Región de Murcia, y la ausencia de soluciones por parte del Gobierno central -que es el que cuenta con las competencias y tiene la obligación de posibilitar el acceso igualitario y justo al agua de todas las comunidades-, el Ejecutivo murciano entiende como una prioridad el desarrollo de los sistemas que permitan aprovechar al máximo este preciado recurso.

“Por ello, un total de 46 depuradoras están ya en servicio, en construcción o en trámites de licitación, con una capacidad de 500.000 m3/día en la Región. Además, se han invertido más de 500 millones de euros en infraestructuras de depuración y sistemas colectores, con ayudas de fondos europeos, lo que permite que el 99% de la población de núcleos urbanos esté conectado a red de saneamiento”, detalló.

Por último, el director general indicó que “frente a los estudios que señalan a Murcia como una comunidad donde se despilfarra el agua, se encuentra el hecho de que la Región reutiliza 110,5 hectómetros cúbicos al año, una cifra que representa el 25% del total de agua de España, siendo la media nacional del 3%.  Y en lo relativo a la modernización de regadíos, el 85 por ciento de los cultivos han incorporado técnicas de modernización y nuevas tecnologías, frente al 12 ó 15% de la media nacional”.

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La Junta de CLM informa desfavorablemente de los borradores de los planes de sequía del Júcar, Segura y Tajo

Según informó hoy el gobierno regional en una nota de prensa, en el caso del Júcar se ha informado de modo desfavorable por incluir las cuencas que discurren íntegramente por la Comunidad Valenciana, aspecto que elude el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004.

Además, la Junta de Castilla-La Mancha ha considerado que aspectos relativos a las normas de explotación del sistema del Júcar o la necesidad de regulación de transferencias entre cuencas dentro de la misma Confederación no han sido adecuadamente tenidos en cuenta.

Según el Ejecutivo autonómico, los usuarios de Castilla-La Mancha presentes en el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica también manifestaron su disconformidad y el plan fue informado favorablemente por menos del 60 por ciento de los presentes en la reunión.

En el caso de la cuenca del Segura, la Junta de Castilla-La Mancha ha informado desfavorablemente por la inclusión de las cuencas internas que ‘discurren únicamente por una comunidad autónoma, principalmente de la Región de Murcia, asumiendo mediante este plan competencias propias de las comunidades autónomas afectadas’.

El gobierno regional también reclamó un mayor control de los usos del agua y la distinción entre usos esenciales y no esenciales, además de abordar la sustitución del trasvase Tajo-Segura con alternativas como las desalinizadoras.

Asimismo, la Junta de Castilla-La Mancha informó desfavorablemente la propuesta de plan de sequía del Tajo, ya que considera que ‘el trasvase debe desaparecer de cualquier plan o consideración que se realice sobre esta cuenca’.

También reclamó en el Consejo del Agua del Tajo el reconocimiento de las necesidades ambientales y que se aseguren unos caudales ecológicos adecuados, ‘que en estos momentos no existen o en condiciones de sequía se incumplen’.

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El Ministerio desacredita un informe de Greenpeace que dice que sobra agua en el Segura

MURCIA. La denuncia realizada ayer en Murcia por la organización Greenpeace, de que la cuenca del Segura no es deficitaria y de que malgasta más de 800 hectómetros en regadíos ilegales y usos indebidos, fue contestada por la Confederación Hidrográfica, que ha desacreditado los datos de esta organización por falta de rigor. «Lamento que Greenpeace se obstine en manejar datos sin actualizar. No se corresponden con la realidad», manifestó el presidente del organismo de cuenca, José Salvador Fuentes Zorita. El responsable de aguas de esta organización ecologista, Julio Barea, presentó el informe llamado «El negocio del agua en la Cuenca del Segura», que considera basado en datos oficiales y según el cual sobrarían 308 hectómetros al año si se hiciera un consumo responsable. Esos volúmenes servirían para dotar a los ríos de caudal ecológico y para recuperar los acuíferos.

Como hiciera Adena el año pasado, también con datos sin actualizar, Greenpeace pone el Segura como ejemplo de la mala gestión del agua y parte de la base de que hay 812 hectómetros mal utilizados, de los que 632 corresponden a 65.500 hectáreas de regadíos ilegales de los últimos 10 años, al margen de otros anteriores. Considera asimismo que los recuros renovables disponibles son de 1.360 hectómetros, incluyendo el máximo total trasvasable del Tajo de 600 hectómetros cúbicos, lo cual no se corresponde con la realidad. Barea apunta que los datos están sacados del Plan de Cuenca del Segura, aprobado hace 10 años, pero no coinciden con las cifras oficiales del organismo de cuenca, según las cuales el déficit estructural es de 460 hectómetros, frente al supuesto superávit de 308. En este sentido, el informe da por buenos unos datos del Plan de Cuenca del Segura, pero rechaza otros.

Asimismo, los datos de Greenpeace se quedan cortos con los aportados justo en marzo del año pasado por Adena, según los cuales había 100.000 hectáreas ilegales de regadíos.Julio Barea indicó que en la cuenca del Segura hay unas 253.000 hectáreas de regadíos reconocidas, pero no supo indicar si las 65.000 hectáreas supuestamente ilegales estaban dentro o fuera de este cómputo.

«Canjes ilegales»

Barea señaló que el Segura es el río europeo con más presas por kilómetro, lo que hace que el exceso de infraestructuras sea ineficaz y destructivo para los sistemas fluviales. Como «principales responsables de los problemas de la cuenca» apunta a «la proliferación de regadíos ilegales y al sector turístico. Denuncia asimismo que la Administración «está permitiendo el robo de agua y el canje de caudales». La organización ecologista cree también que existe un «entramado ilegal de tuberías» de más de 200 kilómetros en el Campo de Cartagena y en Murcia.

«El mayor problema es la mala gestión», subraya, a la vez que sostiene que «la Administración de justicia no actúa contra las extracciones ilegales». En este punto, indicó que el informe estaba desfasado, ya que respondía a datos de julio del año pasado, y que la situación actual era distinta.

Otro de los problemas que detecta es que no se reutiliza toda el agua, sino sólo la mitad. Destaca igualmente la fuerte reducción del caudal del Segura, «que en más de 40 kilómetros sólo cuenta con aguas residuales y a su desembocadura llega sólo con un cuatro por ciento».

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El Congreso apueba el Estatuto aragonés, que pone trabas al trasvase del Ebro

El Consell sostiene que la nueva redacción se somete a la planificación hidrológica del Estado y que los informes para denegar la llegada de agua no son vinculantes

El Consell sostiene que la nueva redacción se somete a la planificación hidrológica del Estado y que los informes para denegar la llegada de agua no son vinculantes

Derechos del agua

Artículo 19.3

Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa europea aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hisdrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Aguas

Artículo 72.3

En este sentido, y para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las comunidades autónomas que puedan resultar afectadas.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los únicos votos en contra de la Chunta Aragonesista, el Estatuto de Aragón que pone trabas el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. Los artículos 19 y 72, que no han sufrido modificaciones significativas tras el debate de las enmiendas parciales, blindan el agua del Ebro.

El artículo 19 establece en su apartado tercero que corresponde a los poderes públicos aragoneses “en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar la transferencia de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras”.

Con una redacción diferente al artículo original –el fondo es el mismo-, la Carta Magna aragonesa intenta controlar la salida de agua de sus ríos hacia otras comunidades autónomas.

Otro de los artículos que se refieren directamente a la posible llegada de agua a la Comunitat es el 72.3, del que no se ha tocado ni una sola coma respecto al texto inicial que se registró en el Congreso de los Diputados.

Este apartado se refiere a la necesidad de elaborar un informe por parte del Gobierno autonómico para autorizar el trasvase de agua: “En este sentido, y para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas”.

El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), José Antonio Labordeta, reclamó que el informe relacionado con la autorización de posibles trasvases fuera vinculante. Una petición que al final no fue atendida por la Cámara Baja. El Gobierno valenciano mostró su satisfacción por el hecho de que la petición de Labordeta no prosperara definitivamente.

Reserva de agua
En el debate parlamentario también se ha modificado íntegramente la disposición adicional quinta, que hace referencia a la reserva de agua del Ebro para Aragón

En la propuesta inicial, las Cortes se reservaban para uso exclusivo de los aragoneses 6.550 hectómetros cúbicos de agua. Con la nueva redacción aprobada ayer, la disposición adicional quinta adopta un estilo mucho más suave.

El Estatuto acepta la planificación hidrológica, habla del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro, “considerando que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992 establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos de agua”.

El Consell acepta la nueva redacción de la disposición adicional quinta ya que abandona el estilo imperativo en favor de una mayor planificación. Además, la reserva de los 6.550 hectómetros cúbicos de agua ya se encontraba incluida en el Plan Hidrológico Nacional gracias al Pacto del Agua.

Este proyecto estatutario se convierte en la quinta reforma autonómica apoyada por la Cámara Baja durante esta legislatura, tras las de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares.

Satisfacción
La propuesta fue aprobada con los votos a favor de los dos partidos mayoritarios de la Cámara. Los diputados valencianos del grupo popular, que lidera Eduardo Zaplana, también dieron su sufragio afirmativo a la propuesta a pesar de las menciones a los trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana. Los parlamentarios no le dieron especial trascendencia a los artículos referidos al trasvase.

La nueva redacción de la Carta Magna aragonesa también produjo satisfacción en el seno del Gobierno valenciano. Fuentes del Consell consideraron ayer que con el actual texto ya no se impide el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana.

Las mismas fuentes destacaron que, a través de la disposición adicional quinta, la planificación hidrológica corresponde al Estado. Además, se incluye una referencia a que será el marco constitucional el que ejecute la aplicación de la norma. Desde el Ejecutivo autonómico se apuntó también que se ha vaciado de contenido el rechazo al trasvase que se incluia en la redacción inicial y que el informe al que se alude en el artículo 72 ya no es vinculante.

La redacción del Estatuto de Aragón –comunidad gobernada por el socialista Marcelino Iglesias– había generado una gran polémica entre el ejecutivo aragonés y el valenciano. El Consell anunció que recurriría el Estatuto aragonés si este mantiene el veto de los trasvases del Ebro a otras autonomías. Además, la Generalitat planteó la posibilidad de participar en la Exposición Universal que se celebraré en Zaragoza en 2008 con un stand en defensa de la llegada de agua a la Comunitat.

La inclusión en los estatutos de artículos relativos al derecho al agua han provocado la presentación de recursos por parte de comunidades autónomas vecinas. Castilla-La Mancha y Aragón recurrieron la Carta Magna valenciana porque en su artículo 17 garantizaba el derecho de los valencianos a disponer del abastecimiento suficiente de agua y se reconocía el derecho de redistribución de sobrantes de cuencas excedentarias.

Tras el visto bueno del Congreso, que rechazó las enmiendas al texto que mantenían vivas Chunta Aragonesista, PNV, CiU, ERC e ICV, la reforma aragonesa deberá someterse a su último trámite parlamentario en el Senado. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después del debate de la propuesta, expresó su “enhorabuena” a los aragoneses por este nuevo Estatuto que es “un instrumento más de progreso” para la comunidad autónoma.

Acuerdo importante
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, durante su intervención en el Pleno, destacó que esta “excelente” reforma “diseña un marco muy potente para el desarrollo de la autonomía” de Aragón .

De la Vega manifestó, además, que contempla “un amplio y moderno elenco de derechos” y resaltó el “importantísimo acuerdo alcanzado en materia de agua”. En el mismo sentido se expresó el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, quien aseguró que a partir de ahora Aragón “ya no tendrá ninguna razón para sentir más complejos”.

El diputado del PP Ángel Pintado, durante el debate, destacó el “valor del consenso” alcanzado en torno a esta propuesta, que se erige como una de las “grandes virtudes” de este proyecto, pero que no supone un “cheque en blanco” a la acción del Gobierno autonómico. Frente a estas opiniones, José Antonio Labordeta (CHA), tildó el texto de “pacato” y “timorato”, tras lo que denunció que PSOE, PP, PAR e IU “no han querido invitar a participar” a la formación nacionalista. En opinión de Labordeta, la reforma “constata la asimetría que tanto gusta a los que quieren mantener sus privilegios”.

El líder de Coalición Valenciana, Juan García Sentandreu, anunció ayer que presentarán un recurso contra el texto estatutario por su oposición a los trasvases.

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Cospedal dice que lo más seguro es que apoye el recurso contra el trasvase

La presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que no se pronunciará sobre la decisión de la Junta de recurrir el trasvase de agua aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de febrero hasta que conozca el texto de la denuncia, pero añadió que «lo más seguro» el PP lo apoyará.

En declaraciones a los periodistas en Valdepeñas (Ciudad Real), De Cospedal indicó que en muchas ocasiones se han producido trasvases sin que se hayan recurrido, por lo que habría que saber cuál es la diferencia que ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a hacerlo en esta ocasión.

La líder del PP hizo hincapié en que cuando se habla de regadío hay que diferenciarlo de cuando se habla de consumo humano, porque éste último «nunca se puede recurrir», pero cuando se trata de regadío «primero son los regantes de Castilla-La Mancha» que están sin agua, agregó.

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La Junta cree que ni la justificación ni el destino del trasvase se ajustan a la ley

El Gobierno de Castilla-La Mancha fundamenta su recurso contra el trasvase de 11 hectómetros cúbicos para regadío de la cuenta del Tajo a la del Segura del pasado mes de febrero en que ni el destino ni la justificación que se adujo para autorizarlo se ajustan a las reglas del explotación del trasvase.

El vicepresidente segundo de la región, Emiliano García-Page, explicó el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de impugnar ante el Tribunal Supremo la autorización del Consejo de Ministros, el pasado 2 de febrero, de un trasvase de 22 hectómetros cúbicos, la mitad de ellos para regadío.

Según dijo García-Page, ni el destino del agua -para el riego en invernaderos, de cultivos leñosos y para balsas- ni la justificación de la Comisión de Explotación para hacer su recomendación se basan en las reglas de explotación actuales del trasvase Tajo-Segura.

«No es que nos opongamos sólo a la filosofía del trasvase para regadíos», dijo, sino que, aunque éstos estén previstos en la Ley del Trasvase, en este caso no se daban las condiciones «ni de reserva de agua ni de aplicación estricta de las normas técnicas de la comisión de explotación».

«No están suficientemente justificados técnicamente estos trasvases ni cuando se apela al socorro ni a otras distribuciones que no están previstas estrictamente en la reglamentación del trasvase, como las balsas y los invernaderos», señaló el vicepresidente segundo, para quien no se trata de llevar agua a Murcia para acumularla. A su juicio, la presión del Levante «sigue siendo intensa» y, por ello, en el organismo regulador de la cuenca y del trasvase se toman decisiones forzando la interpretación de las normas del trasvase.

Subrayó que el Gobierno de Castilla-La Mancha, independientemente de qué partido gobierne en España, antepone siempre los intereses de la región.

En este caso, continuó, la decisión del Consejo de Ministros de autorizar el citado trasvase «no estaba fundamentada y estaba soportada sobre la base de una modificación incorrecta de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura».

Cambio de las reglas

Añadió que la legislación «deja claro que las reglas de explotación del trasvase se tendrán que modificar en la próxima legislatura, pero en tanto que son norma actual no pueden acomodarse, reinterpretarse o modificarse de forma encubierta», por tanto, la decisión del Consejo de Ministros no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente. Confió en que el recurso sea admitido a trámite y el Tribunal Supremo «termine dándonos la razón como ya ha ocurrido en otras ocasiones».

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, mostró ayer su respaldo al recurso del Gobierno regional al trasvase de 11 hectómetros cúbicos de agua para regadío que aprobó el Consejo de Ministros, pero exigió «valor» para hacerlo en todas las circunstancias.

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Los regantes impulsan un plan nacional de digitalización de la gestión del agua

«Estamos pasando del siglo XIII al siglo XXI». Juan Valero, secretario general de la Acequia Real del Júcar (Valencia), no oculta su entusiasmo al ver los progresos tecnológicos que se están haciendo en el arcaico sistema de riego de los campos de cítricos, frutales y huertas valencianas de Algemesí, Benimuslem y Alginet.

En total, 1.200 hectáreas cultivadas que se han visto beneficiadas con la primera fase de un proyecto de modernización que, cuando finalice en 2010, abarcará 22.000 hectáreas de terreno de la ribera valenciana.

Unos 35.000 usuarios se verán favorecidos con la digitalización de un sistema de riegos que, remarca Valero, casi no ha cambiado desde sus orígenes en tiempos medievales del rey Jaime I el Conquistador. «Hemos optado por instalar fibra óptica a lo largo de todas las canalizaciones porque resultaba más rentable y su coste de mantenimiento es prácticamente nulo», asegura Valero.

Esta red de comunicaciones va a permitir que todos los campos estén conectados a un ordenador central, situado en Alberique, desde el que se programará y controlará toda la gestión del riego. Cada gota de agua va a ser sometida a estricta vigilancia. Presión, volumen y caudal se examinarán con todo detalle y los programas de riego se singularizarán según la necesidad de cada cultivo.

Los cítricos son predominantes en esta zona valenciana, pero la tecnología digital se extenderá a otras áreas frutales donde se cultivan albaricoques, melocotones y caquis, así como a las zonas de huerta. Sólo los arrozales de la Albufera se quedarán al margen, por las peculiaridades de su sistema de riego por inundación.

Alberique, ordenador central

El ordenador central situado en la población de Alberique abre y cierra todas las válvulas de las canalizaciones por las que ya corre la fibra óptica. Un sistema de información geográfica (GIS) permite además tener una visualización constante de los campos, con todos los datos de cada tubería incorporados a los mapas digitales.

Cuando acabe la instalación, la Confederación Hidrográfica del Júcar calcula que el ahorro será de unos 190 millones de metros cúbicos anuales, de los que 60 se destinarán a los humedales de la Albufera y 40 al río Júcar, con el objetivo de mantener sus caudales ecológicos.

«Estamos en una zona donde existe gran preocupación por las sequías e inundaciones que se anuncian por culpa del cambio climático», recuerda Valero, para quien las nuevas tecnologías son una bendición para la gestión del ahorro hídrico. «El sector que más agua puede economizar es el del regadío», subraya.

El de la Acequia Real del Júcar no es un caso aislado, sino que forma parte de un plan nacional de modernización de los regadíos mediante tecnología digital, impulsado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que agrupa a 700.000 regantes de toda España.

Como indica su presidente, Andrés del Campo, esta cifra equivale a unos dos millones de hectáreas de regadío de los 3,4 millones del país, de los que un millón quedan al margen de la federación por corresponder a riegos privados.

Fenacore lanzó este programa, denominado Corenet, en 2003, con la ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Al dejar de existir éste en 2004, el interlocutor pasó a ser el Ministerio de Agricultura, que en 2006 aportó 200.000 euros para el desarrollo del proyecto.

El 23 de enero, Fenacore se reunió con Francisco Amarillo, director general de Desarrollo Rural de dicho ministerio, para evaluar los resultados del proyecto Corenet. En 2006, 70 comunidades de regantes de diferentes cuencas hidrográficas se sumaron al programa, lo que implica que son ya 200.000 sus usuarios, cifra que corresponde a 400.000 hectáreas de terreno.

El objetivo es que antes de 2010 otras 70 comunidades se añadan anualmente al proyecto, con la intención de que ese año en torno a medio millón de agricultores gestionen ya sus regadíos a través de Internet, lo que equivaldrá a 1,6 millones de hectáreas beneficiadas. El sistema, una vez completado, dispondrá de una base de datos unificada en el Centro Nacional de Tecnología del Regadío (CENTER), situado en San Fernando de Henares (Madrid).

Cursos de capacitación

«Para los agricultores es algo muy nuevo, pero cuando lo descubren se entusiasman», reconoce Andrés del Campo. El proyecto incluye cursos de capacitación para que se familiaricen con las nuevas tecnologías y den sus primeros pasos en Internet. La intención última es que los propios agricultores se vayan suscribiendo individualmente a la herramientas digitales que el programa Corenet pone en sus manos, a través de la página de Fenacore o de las web de las distintas comunidades de regantes.

De esta manera podrán realizar sus propias compras de productos online; acceder a toda la documentación que se está volcando (que incluye, en 2007, la digitalización de la biblioteca del Ministerio de Agricultura); establecer sus previsiones de consumo energético, de manera que desde la federación de regantes se puedan realizar propuestas globales de contratación a las compañías eléctricas en función del consumo anticipado, con el ahorro consiguiente, y un sinfín de posibilidades más, entre ellas beneficiarse de los avisos de averías y otras informaciones urgentes directamente a los móviles o a sus ordenadores.

En los campos de fresones

Al contrario que en la Acequia Real del Júcar, en los campos onubenses de Palos de la Frontera y Moguer los sistemas de regadío son muy recientes. Se remontan a los años ochenta, cuando explotó el monocultivo del fresón en la comarca.

«Desde el principio ya apostamos por el ahorro del agua», señala Fernando Sánchez, gerente de la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera, «lo que no impide que, con los medios digitales, calculemos que podremos economizar un 15% anual».

Su comunidad fue de las pioneras, ya que lleva un lustro desarrollando un sistema de telecontrol digitalizado de los regadíos. Gracias a él, los 420 asociados pueden abrir las válvulas que dan paso al agua vía Internet desde sus ordenadores o desde sus teléfonos móviles.

Muchos de ellos han pasado por las aulas informáticas de la comunidad de regantes, donde se imparten clases todas las tardes. «Nuestra ventaja es que tenemos un agricultor joven, que ha dado una buena acogida a las nuevas tecnologías», se congratula Sánchez.

Entre los primeros en incorporarse al proyecto estuvo también, hace cinco años, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Pablo del Amor, su responsable de Informática y Telecontrol, explica que a los usuarios se les ha concedido un carné gratuito con chip incorporado que les permite, entre otras cosas, realizar sus pedidos de agua a través del ordenador.

Desde hace dos años, se ha añadido la posibilidad de efectuar esos trámites desde teléfonos móviles con conexión a Internet. Unos 300 regantes, de los 5.000 que integran esta comunidad, se han acogido ya a esta opción y la usan regularmente. A través del móvil pueden examinar y cancelar turnos de riego, consultar sus saldos en tiempo real y disponer de los datos de sus regadíos actualizados.

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Moragues afirma que este año hay situación de «emergencia» en la cuenca

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, informó ayer de que la disponibilidad de aguas superficiales del río Turia serán un 50 por ciento menos que las del pasado año y las de Júcar un 28,5 menos, situación de sequía calificada de emergencia. Tanto Moragues como el jefe de la Oficina de Planificación de la CHJ, Javier Ferrer, explicaron que a esa disponibilidad de las aguas superficiales hay que añadir las subterráneas y la de los pozos.

Preguntados por las solicitudes de aperturas de pozos para la zona del Turia, indicaron que tampoco hay tantas como parece y son similares a las que se hicieron el pasado año en el Júcar.

Además, subrayaron que esas solicitudes aunque fueran atendidas ahora los pozos no podrán estar operativos para esta campaña. Lo que sí que se están realizando ante la situación de sequía son «peticiones de puesta en marcha de esos pozos» (que están inventariados

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