MURCIA. Pocas horas duró la tregua en la batalla entre comunidades tras el anuncio de la reforma de la Ley de Aguas propuesto por la ministra de Medio Ambiente. Varios gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, realizaron serias objeciones al texto que Cristina Narbona pretende aprobar antes de fin de mes.

Las críticas más severas procedieron ayer del Gobierno murciano, cuyo consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, criticó que Castilla-La Mancha «ganará más peso y protagonismo. Aunque el Ministerio diga que va a tener la última palabra, eso no es una garantía. Se va a liar todo más todavía», puntualizó.

Para Cerdá, «el Gobierno socialista es especialista en hacer la ley y dejar la trampa». «Esta reforma es una falacia porque el Ministerio hace dejación de sus funciones y ningunea a la Región de Murcia». Asimismo, calificó el borrador de «sospechoso y misterioso» porque no plantea ninguna novedad y enfrenta todavía más a los territorios.

«Los problemas sin resolver»

«Las comunidades autónomas siempre han sido consultadas, no sé a qué viene esto ahora. ¿En qué hemos avanzado con cambiar el nombre de confederación por el de demarcación? Lo cierto es que los problemas reales de falta de agua siguen sin resolverse», manifestó a este diario. Explicó que él es ya vicepresidente del órgano de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura y que los regantes también están representados; al igual que los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El consejero considera que al Gobierno socialista «sólo le interesa hacer más concesiones a las comunidades autónomas porque debe responder a los intereses de determinados grupos de presión». Con referencia al trasvase Tajo-Segura, explicó que la prioridad del Gobierno murciano es que desaparezca la fecha de caducidad del 2015 del Estatuto de Castilla-La Mancha. Dijo que Cataluña recibe un trato diferente, y en este sentido criticó «las disposiciones misteriosas y oscuras que suele incluir el Gobierno socialista en sus leyes», ya que se «plantea la construcción de infraestructuras para el Delta del Ebro, mientras no hay ninguna reseña sobre a la única cuenca con déficit estructural de agua de España», explicó. «¿Por qué dejan la puerta abierta para los trasvases en Cataluña y no para Murcia?», dijo en referencia al trasvase del Segre autorizado por el Ministerio.

Cerdá lamentó además que «el Ministerio deje fuera de la ley a los verdaderos gestores del agua, a los usuarios y regantes», y criticó que en vez de buscar soluciones «vuelva a poner tasas y a penalizar el consumo». Advirtió de que los técnicos de su departamento estarán «atentos y expectantes», ya que el Gobierno murciano «se opondrá a cualquier norma que perjudique los intereses de los murcianos en el pleno del Consejo Nacional del Agua que deberá aprobar este borrador».

Lamentó que el Ministerio apenas haya dejado tiempo para estudiar la amplia reforma de la Ley de Aguas. Señaló que el Ejecutivo murciano ejercerá sus competencias a la hora de construir sus propias plantas desalinizadoras, ya que la nueva norma obliga a pedir la correspondiente autorización al Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, anunció que el Ejecutivo regional no va a pedir las competencias de la cuenca interna de El Albujón, que carece de agua, ya que a su juicio no hay que «trocear» la demarcación hidrográfica del Segura.

Criterio por kilómetros

Tampoco está demasiado satisfecho el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, al que no convence la representación de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas ponderando su voto en función de su población.

«La representación según la población -dijo el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page- es una de las cuestiones que se tienen que discutir, porque no es un criterio tan objetivo como pudiera pensarse». Apuntó que se pueden considerar muchos factores, como los kilómetros de recorrido que tiene un río en una comunidad autónoma, las vinculaciones a cultivos o a proyectos de desarrollo: «La población no puede ser un criterio definitivo», afirmó.

Finalmente, también anda bastante preocupada la Administración socialista de Andalucía, cuya consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, expresó ayer a la ministra del ramo, Cristina Narbona, la «preocupación» del Gobierno andaluz por «el encaje» del artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía, que reclama la gestión del río Guadalquivir, en la nueva Ley estatal de Aguas.

Encaje en el Estatuto

Coves, quien departió unos minutos a solas con Narbona tras la inauguración en Sevilla de la V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, negó que haya «discrepancias» entre ambos gobiernos respecto al borrador de la reforma de la Ley de Aguas, que reserva al Ejecutivo central el 51 por ciento de los votos en los órganos de gestión de las cuencas hidrográficas que transcurran por más de una comunidad autónoma. «Obviamente, nos preocupa cómo va incidir esa reforma de la Ley de Aguas en el desarrollo del Estatuto de Autonomía», dijo Coves.

El artículo 51 del Estatuto andaluz, que ayer entró en vigor tras su publicación en el BOE, reclama para la Junta de Andalucía la gestión del Guadalquivir a su paso por territorio andaluz. La consejera reiteró que la reforma de la ley estatal de Aguas y el traspaso de las competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía están en una fase «muy inicial» y vaticinó que esta negociación será «larga», dada la envergadura y complejidad de esta cuenca.

El recurso de Ibarra

Respecto al recurso de inconstitucionalidad anunciado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto de Andalucía en relación al Guadalquivir, cuya cuenca discurre en una mínima parte por tierras extremeñas, Fuensanta Coves señaló que si hay algún artículo del texto autonómico andaluz «que ha sido revisado por multitud de juristas para que no sea inconstitucional» es, precisamente, el 51.

«Tengo la sospecha de que el pronunciamiento que haya, si se presenta el recurso de inconstitucionalidad, será de que estamos dentro del marco de la Constitución, porque se ha cuidado muchísimo la redacción y el contenido de ese artículo; las razones por las que el señor Ibarra recurre el Estatuto serán otras, pero no son estrictamente de legalidad», concluyó.

Las cuencas hidrográficas de España se arman con medidas preventivas para combatir la sequía, una situación que en el caso valenciano es especialmente grave. De hecho, el Turia aportará a los regantes la mitad de agua que el año hidrológico anterior. En un caso parecido está la cuenca del Júcar. Las aguas subterráneas y los “pozos de sequía” podrían ayudar a solventar esta situación calificada de “emergencia”.

Cada año la situación en las principales cuencas hidrográficas valencianas, las del Turia y el Júcar, va a peor. El primero de estos dos ríos aportará a los regantes la mitad de agua que el año hidrológico anterior, es decir, se pasará a suministrar entre 70 y 80 hectómetros cúbicos. Casi con toda seguridad, se harán necesarias las restricciones de agua que no fueron necesarias el ejercicio anterior, porque en 2006 ya se redujo la aportación en un 50 por ciento respecto a 2005.

El Júcar, por su parte, seguirá con las restricciones que ya sufrió el año pasado, y se reducirá su aportación de los 350 hectómetros cúbicos en 2006 a los 240 en 2007, entre un 30 y un 40 por ciento menos. Para garantizar el abastecimiento, y según se recoge en el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía (PES) del Ministerio de Medio Ambiente, habrá que recurrir a aguas subterráneas, a las reutilizadas y a los denominados ‘pozos de sequía’.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, calificó esta situación de “emergencia”, y apuntó que “puede empeorar”, dependiendo de cuánto y dónde llueva en los próximos meses. Los dos ríos están “en el último rango de medición, en la zona de peor, de más sequía”, añadió el responsable de la cuenca del Júcar.

La situación no es exclusiva de los ríos valencianos, pero es especialmente dramática ya que, al parecer, y según Moragues, “difícilmente” se van a poder abrir nuevos pozos en la campaña actual para paliar la sequía. “En esto no ocurre como con los Reyes Magos”, señaló Moragues, que añadió que, ante una eventual petición masiva de apertura de pozos, los 105 del Júcar y los 35 del Turia no podrán estar operativos durante esta campaña.

Vigilancia y seguimiento
El informe remitido por el Consejo del Agua de cuenca, que es una de las actuaciones planteadas en el PES, ha contado con las participación de representantes de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, usuarios, organizaciones profesionales y ecologistas.

En este informe se ha plasmado todo lo que se está haciendo en la actualidad para gestionar la sequía. Se trata, en definitiva, de acciones de vigilancia y seguimiento ambiental, ahorro, búsqueda de recursos adicionales como los pozos de sequía o reutilización de agua.

Para llevar a cabo el proceso se establece a través del PES un sistema de indicadores que permite identificar en qué situación se encuentra un sistema para adoptar una serie de medidas predefinidas, según la gravedad de la situación, que va desde la normalidad a la prealerta, alerta y emergencia.

Situación generalizada
España es un país en el que la sequía se produce por ciclos. Cada 10 años, el índice de lluvias se desploma y las zonas más secas del territorio sufren con mayor intensidad las consecuencias de la falta de agua. La última gran sequía tuvo lugar en la primera mitad de los 90. El fenómeno de la falta de agua se produce paulatinamente, pero se soluciona de golpe, con un periodo largo de abundantes lluvias. De esa situación se aprendió la importancia de la prevención. De ahí el establecimiento del PES, que ahora, con una nueva situación de falta de líquido elemento, se pone a prueba.

Así son numerosas las cuencas españolas que se arman para prevenir una primavera poco generosa en lluvias. La situación de sequía cumple en 2007 su tercer año consecutivo y el Tajo, el Segura, el Guadalquivir, así como el Turia y el Júcar ya tienen en marcha las medidas oportunas.

En el caso del Tajo, se ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente, porque así lo indica en el PES, una serie de protocolos y organización en la toma de decisiones, así como medidas de vigilancia y control de riesgos para minimizar la frecuencia y la intensidad de las situaciones de escasez de recursos.

El río Guadalquivir se encuentra en la misma tesitura que el Tajo y el resto de ríos. Con la misma filosofía de minimizar el impacto de la sequía se ha remitido desde su Confederación Hidrográfica el preceptivo informe para añadirlo al PES, que se revisará de nuevo en el año 2009.

El Segura, en emergencia
El caso del Segura es tal vez el más grave de España. Este río sufre una paulatina reducción en sus recursos hídricos desde hace 25 años, según ha comentado estos días el presidente de su Confederación Hidrográfica, José Salvador Fuentes Zorita. Los pantanos de esta cuenca se reducen cada temporada y también en este caso se califica la situación como de emergencia.

Al igual que en el resto de cuencas, la del Segura ha aportado al PES una serie de mecanismos para prevenir y detectar situaciones de sequía, fijar umbrales de gravedad progresiva y definir medidas para minimizar los efectos negativos de la falta de agua en el abastecimiento urbano.

La nueva Ley de Aguas cederá a las autonomías un 49% del control de los ríos al garantizarles la representación en los denominados Comités de Autoridades Competentes. Sin embargo, la composición de estos comités, en los que también están representadas las corporaciones locales y los usuarios, es todavía una incógnita.

Según el borrador del nuevo texto legal que ayer fue presentado al Consejo Nacional del Agua para su informe, las comunidades autónomas que forman parte total o parcial de una cuenca hídrica- las futuras demarcaciones hidrográficas- tendrán un representante en el Comité de Autoridades Competentes «y su voto se ponderará ente 0,10 y 1, en función de su superficie y población comprendida en el ámbito de la cuenca». La composición del comité, que nace como el «órgano superior» de dirección y cooperación en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias «se determinará reglamentariamente» con base en los siguientes criterios: el Estado tendrá la mitad más uno de los representantes; cada Comunidad tendrá un representante atendiendo a los criterios de población y superficie y las corporaciones locales tendrán un representante designado por las asociaciones territoriales de municipios.
En uno y otro caso, el texto hecho público ayer se muestra esquivo y remite al futuro «desarrollo reglamentario».
Así las cosas, Castilla-La Mancha podría pedir una demarcación Júcar, exclusiva de la cuenca de este río, en la que tendría mayoría si el criterio es el de superficie y podría intentar pelear por el de población a duras penas si logra que se excluya la Albufera.
Inicialmente, el ministerio prefiere una «demarcación» Júcar que abarque todos los ríos intracomunitarios: Júcar, Turia, Mijares y no hacer una diferente por cada uno de estos ríos mientras que transferiría a la Generalitat las competencias exclusivas sobre las cuencas de los ríos Vinalopó, Montnegre, Amadorio, Guadalest, Serpis, Gorgos, Girona, Beniopa, Xeraco, Carraixet,Palancia, Belcaire, Veo, San Miguel, Cervol, etc.
La ministra Cristina Narbona ofreció ayer una pista esperanzadora para los intereses valencianos en la futura demarcación Júcar al afirmar que para facilitar la gestión entre los ríos intercomunitarios se crearán demarcaciones mixtas de cuenca para, como en el caso del Júcar, «analizar las transferencias a cuencas internas» de la Comunitat Valenciana -aparentemente una alusión al Vinalopó y al Turia «y elaborar con ellas los planes hidrológicos».

La diputada nacional por el PP de Albacete, Encarnación Naharro, mostró ayer su preocupación por el peso que tendrá Castilla-La Mancha en los órganos de decisión con el borrador de la Ley de Aguas. Naharro aseguró que conforme se ha presentado el decreto de demarcaciones la participación de Castilla-La Mancha será bastante reducida y mostró su preocupación porque todas las decisiones del Comité de Competencias estará en manos de decisiones políticas. La diputada popular recordó que Castilla-La Mancha debería tener un uso prioritario sobre las aguas de Castilla-La Mancha. La diputada nacional del PP compareció en rueda de prensa para anunciar que pedirá explicaciones a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por la disminución adicional del caudal de riego para los agricultores de la Mancha Oriental.

Naharro recordó que a primeros de marzo los agricultores han recibido un escrito comunicándoles que por efecto de la sequía la Confederación del Júcar ha reducido un 20% adicional la cantidad de agua inicialmente fijada. La diputada popular calificó de «verdadero fracaso» la oferta de compra sobre los derechos de agua sobre los regantes del Júcar que no ha cubierto ni la mitad de las expectativas, motivo por el cual se ha ampliado el plazo de presentación. Naharro aseguró que en una comisión de sequía la Confederación, «sin contar con nadie», ha decidido ampliar otro 20% la reducción, «que se comunica cuando muchos de los afectados ya habían sembrado, lo que repercutirá negativamente en sus explotaciones porque ya tenían hechas unas previsiones económicas». La diputada popular aseguró que preguntará a la ministra las razones que justifican esta reducción adicional, cuántas explotaciones se verán afectadas y con qué superficie, cuál es la merma de producción estimada por la reducción y qué medidas adoptará el Gobierno para compensar las pérdidas económicas que tendrán los agricultores de la zona.

Naharro se mostró a favor de la toma de medidas para paliar la sequía, «pero el futuro de Castilla-La Mancha no pasa porque paguen a los regantes para no regar».

Además, criticó al presidente regional, José María Barreda, «que lo único que hace es interponer recursos contra su propio Gobierno que luego no cumplen».

La diputada nacional popular, Encarnación Naharro, advierte del «grave impacto» de las decisiones de la última comisión de sequía de la Confederación en la economía provincialEMILIO FERNÁNDEZ

En el peor momento posible. Los últimos recortes aprobados por la Comisión de Sequía de la Confederación del Júcar llegan cuando las siembras ya se han hecho, lo que tendrá un grave impacto en la economía provincial, según denunció ayer la diputada nacional del PP, Encarnación Naharro.

Naharro, quien además es miembro de la comisión de agricultura del Congreso, explicó ayer que «desde primeros de marzo de 2007, los agricultores con aprovechamiento de agua para riego en la cuenca del Júcar han recibido un escrito de la confederación, comunicándoles que por la sequía y las escasas reservas del Pantano de Alarcón, la dotación máxima para riego se reduce en un 20%».

Literalmente, llueve sobre mojado o más bien sobre seco, porque a principios de la campaña actual, los socios de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental ya se habían impuesto un recorte voluntario del 20%. Lo que signifcia que, en esta campaña, para regar, habrá que usar un 40% menos de agua.

La decisión, a juicio de Naharro, es doblemente criticable «porque esta reducción adicional se comunica cuando muchas explotaciones ya han sembrado» de forma que un recorte en las asignaciones perjudicará el rendimiento de sus cultivos, y la cuenta de resultados de numerosas empresas que trabajan en la provincia «como transportistas, comerciantes de semillas, distribuidores de fertilizantes y fitosanitarios, de gasoil… porque no olvidemos que, de una misma explotación agraria viven muchas personas, agricultores y no agricultores».

Además, la diputada popular consideró que este recorte adicional, en sentido estricto, es competencia de la Junta de Gobierno de la Confederación, no de la Comisión de Sequía. Por todo ello, anunció la presentación de una batería de preguntas en el Congreso, dirigidas a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

«Las preguntas tratan sobre las razones para este recorte adicional -explicó-, sobre el número de explotaciones afectadas, la merma de producción e ingresos y, por último, las posibles compensaciones a los afectados».

NUEVA LEY. Por último, la parlamentaria mostró su preocupación por el contenido del borrador de la nueva Ley de Aguas, que hoy llega al Consejo Nacional del Agua. Un borrador del que, afirmó, se está dando una visión «distorsionada».

«Se dice que las comunidades autónomas tendrán representación en los organismos de cuenca, cuando ya la tienen -recordó-, lo único es que cambiará su distribución, aunque Castilla-La Mancha seguirá teniendo muy poco peso; más grave es la forma en que se organizarán las demarcaciones, dejando de lado una vez más las sentencias del Supremo que beneficiaban a la región; se deja la representación de los usuarios prácticamente a cero, aumentado, por contra, la política e, incluso, se altera el principio de prioridad de la cuenca cedente».

Naharro aclaró, no obstante, que esta ley aún debe pasar por el Parlamento y habrá mucho que debatir sobre ella. Pero indicó que ahora es cuando se necesita, «más que nunca», que la Junta de Comunidades entre de lleno en la negociación política.

El borrador de la reforma de la nueva ley de Aguas, que hoy debatirán las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, introduce un cambio en la política de gestión de los ríos españoles basada, según resaltó ayer el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en “un enfoque” donde el “medio ambiente aparece como un usuario más del agua”.

Palop explicó que una de las principales características de la reforma es que el Estado se reserva el control de la gestión de los ríos que atraviesan varias autonomías (con el 51% de los votos) y deja el resto a comunidades y ayuntamientos. Las confederaciones hasta ahora eran un órgano dependiente del Gobierno.

El director general recalcó que así se potenciará el papel de las autonomías en la gestión de los ríos en proporción a su territorio y población y aumentará la participación ciudadana en la política hídrica.

Pero las asociaciones de regantes denuncian que la nueva ley les excluye de la gestión de la política hídrica. Hasta ahora tenían un papel relevante en la dirección de las confederaciones y ahora, según la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), “se nos margina”.

Control del Gobierno
La reforma modifica la denominación de las cuencas, que pasarán a llamarse demarcaciones. Estas estarán gestionadas por un Comité de Autoridades Competentes formado por el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos. Usuarios y regantes se quedan fuera.

La nueva composición será determinante en la futura elaboración de los planes de cuenca que establecerán los usos de las aguas y los caudales ecológicos de cada cauce.

Los regantes, de esta forma, ven reducida su participación en beneficio de las asociaciones ecologistas. Sólo estarán presentes en la Junta Directiva y en el Consejo del Agua de la demarcación que únicamente tiene un papel consultivo. Los usuarios tendrán en este organismo el 50% de la representación. De ese porcentaje, el 20% será para los ecologistas, otro 20% para las asociaciones agrarias y regantes y el 10% para otras entidades.

Los principales usuarios del agua son relegados a un órgano consultivo con el mismo peso que las asociaciones ecologistas ante la elaboración del Plan Hidrológico de cada demarcación, documento base para definir cualquier actuación futura que se vaya a realizar en los ríos.

El Gobierno aumenta sus competencias en detrimento de las autonomías gracias al artículo 24 y a la ampliación del dominio público de los ríos (con las definiciones de cauce y ampliación de las zonas de protección).

El artículo 24 permite a los órganos de cuenca, entre otras facultades, la aprobación de los estatutos de las comunidades de usuarios, el control de los caudales, de las aguas subterráneas y continentales o tomar las medidas necesarias para la conservación medioambiental. Además, controlará la “policía de aguas”.

Los órganos de cuenca tendrán mayor control sobre los planes urbanísticos, ya que estos deberán incluir un informe en el que se valore su incidencia sobre el dominio público y sobre las zonas de servidumbre de los ríos y zonas inundables

La nueva ley introduce dos impuestos. Una tasa dirigida a recuperar el coste de la gestión que supondrá 0,2 euros por cada mil metros cúbicos, una vía que puede abrir la puerta a nuevos aumentos en el precio del agua. La segunda será de 300 euros por las presas y embalses.

También crea los Bancos Públicos del Agua, en los que se podrán realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de usos del agua. La reforma garantiza a todos los españoles un mínimo de agua de 60 litros por habitante y día. Otra novedad son las demarcaciones mixtas, como la del Júcar, para coordinar la gestión de los ríos de competencia estatal y autonómica.

Se incorpora al dominio público el agua desalada, se crea un registro de presas y se establece la obligación de crear un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Situación del Júcar
La reforma remite su desarrollo a futuros decretos con lo que se introduce cierta ambigüedad sobre el futuro de la política hídrica en la que el Gobierno se reserva la última palabra.

Para el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, “la nueva legislación resta peso a la Generalitat en la gestión del Júcar”, con lo que cuestionó el supuesto aumento de las competencias autonómicas en el control de los ríos. Fuentes de la Generalitat explicaron que el documento lo recibieron el 15 de marzo, al igual que los regantes, con lo que no han tenido tiempo para su estudio.

Con la reforma, que el Consejo de Ministros aprobará en abril y entrará en vigor esta legislatura, según indicó ayer la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el Gobierno tiene en su mano establecer el caudal ecológico del Júcar, que decidirá la posibilidad de trasvasar y los usos del agua.

Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, está continuamente incrementando el consumo del agua del Júcar para sus regadíos y se opone al trasvase al Vinalopó. Una política concertada con el Ejecutivo podría dañar los intereses de la Comunitat.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha rechazado la implantación del nuevo impuesto sobre el agua que pretende establecer el Ministerio de Medio Ambiente y advierte que, de llevarse aefecto, será un nuevo atentado contra la competitividad agraria, precisamente en unos momentos muy delicados para la economía del sector rural, por la crisis de bajos precios y por la grave sequía.

Andrés del Campo, presidente de Fenacore, ha explicado que la nueva “tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua”, que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas, supondrá un coste anual de más de 30 millones de euros para el regadío español duran te el primer año, y considera que se trata de una nueva denominación, un “eufemismo”, para rescatar la “controvertida ecotasa’’ que ya pretendió implantar el Gobierno tiempo atrás.

Del Campo criticó la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de gravar a los regantes con un nuevo canon de 0,0002 euros por metro cúbico de agua consumido al año, cuando, en realidad, esta tasa ya está incluida dentro de los costes del organismo de cuenca. Asimismo lamentó la potestad que se arroga el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado, por considerar que genera “inseguridad jurídica” para los usuarios y pérdida de competitividad para el regadío español, ya que la Administración podrá hacer oscilar “arbitrariamente” los precios en función de sus propios intereses y “afán recaudatorio”.

Además, el responsable de los regantes españoles señaló que el borrador de reforma de la Ley de Aguas carece de una evaluación económica que permita conocer los criterios económicos empleados para fijar esta tasa por prestación de servicios, así como los efectos en términos de coste/beneficio que su aplicación tendrá sobre el regadío. Andrés del Campo asegura que el gobierno está incumpliendo su compromiso de no aplicar un nuevo canon del agua o ‘ecotasa’ al menos hasta 2010, tal como establece la Directiva Marco de Aguas de la UE. Afirma que es ‘‘inoportuno’’ y que se incumple el principio de recuperación de costes.

La nueva de Ley de Aguas cederá a las Autonomías una parte del control de los ríos al reservarles un representante en los máximos órganos de dirección de las futuras demarcaciones hidrográficas, que el Estado controlará para jugar un papel «claro» de arbitraje en los conflictos interterritoriales.

Así lo manifestó el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en una rueda de prensa en la que explicó el borrador de la nueva Ley de Aguas , que el Gobierno someterá mañana al debate de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, y que pretende ser «una herramienta para la sociedad del nuevo milenio».

La ley garantiza que «nadie en España padezca el no tener agua que le permita llevar una vida digna», por lo se establece un suministro de agua potable de calidad mínimo de 60 litros por habitante y día, dijo.

El borrador establece la creación del Comité de Autoridades Competentes, que es el órgano superior de dirección y cooperación de las demarcaciones hidrográficas, que es como se van a llamar las actuales Confederaciones Hidrográficas.

El Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aun no desarrollada.

También las corporaciones locales tendrán un representante en esos comités.

En atención a las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas, se crea una tasa para recuperar el coste de la prestación de ese servicio, que oscilará desde los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

Palop explicó que así se dará respuesta a la situación actual por la que «estamos pagando todos los españoles vía impuestos y algunas personas estén obteniendo beneficios de un agua que es de todos».

Resolver el problema

La nueva ley pretende resolver el problema de la seguridad jurídica de las más de 1.300 grandes presas que hay en España, para lo cual se establece la obligación de registrar todas aquellas que tengan más de cinco metros de altura o una capacidad de más de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas. Otra de las novedades de la nueva Ley es el establecimiento de un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables, que realizarán las comunidades y los organismos de cuenca en un plazo previsiblemente de tres años.

Se creará una Conferencia Sectorial del Agua, que se complementará con un nuevo Consejo Nacional del Agua, distinto al actual, formado por asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales y representantes del mundo científico.

El borrador establece un Plan de Acción en materia de aguas subterráneas, de tal forma que se dará más competencias y más capacidad de actuación a las comunidades de usuarios.

Agregó que, además, existen 450.000 expedientes de aguas subterráneas, cuya tramitación supondrá un coste de entre 15 y 20 millones de euros.

El representante del Ministerio aseguró que en el borrador «no se hace ninguna referencia a obras hidráulicas concretas ni a trasvases concretos».

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que la nueva Ley de Aguas , que entrará en vigor en la presente legislatura, regulará los supuestos y condiciones bajo los que las comunidades autónomas gestionarán de forma «concreta» las cuencas de los ríos.

Narbona indicó que, para la aprobación de la citada Ley , el Consejo de Ministros dará su visto bueno el próximo mes y el Gobierno pedirá a las Cortes Generales una tramitación de urgencia para hacer posible que entre en vigor antes de que acabe la legislatura.

Asimismo, Narbona señaló que la nueva Ley de Aguas recogerá la configuración de demarcaciones mixtas para que la planificación de las cuencas hidrológicas integren a las «pequeñas cuencas» y «a las de mayor envergadura».

Satisfacción en la Región

Mientras, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales, José Molina, consideró que el borrador de la nueva Ley de Aguas «abre el camino» a la posición y a los planteamientos de Castilla-La Mancha sobre la participación de las comunidades en los órganos de gestión y caducidad del trasvase.

Molina considera que se trata de un buen proyecto de ley porque la coparticipación de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua evitará «los blindajes» de los ríos, tal y como ha defendido Castilla-La Mancha, señaló el portavoz del PSOE.

Entiende que la nueva Ley de Aguas permitirá tener en cuenta la posición de Castilla-La Mancha en aspectos medioambientales de los ríos, como el caudal.

También podrá intervenir a la hora de decidir sobre los usos y establecer las obras hidráulicas necesarias para ello y «todo ello -agregó- será decisivo a la hora de decidir sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura».

Entre las cuestiones que a su juicio hay que mejorar, el portavoz parlamentario socialista se refirió a los aspectos que regulan los bancos de agua para evitar que primen criterios económicos de que «quien más pueda pagarla más agua se pueda llevar», además ahormar la representación de las comunidades en las confederaciones.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 17,44 por ciento de su capacidad y almacenan 4,31 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 583,76 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 14,71 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 28,47 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 48,46 por ciento de agua, mientras que en Castellón , el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 27,60 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 44,15 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 68,89 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 41,16 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 63,10 por ciento, el de Alarcón un 8,34 por ciento y el de Contreras en 5,04 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 19,30 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 91,69 por ciento, La Muela en un 82,28 por ciento, y El Naranjero al 63,70 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 26,83 por ciento; Escalona al 4,39 por ciento; y Bellus, al 9,03 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 10,74 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 44,57 por ciento, Benagéber al 31,12 por ciento, Loriguilla al 15,57 por ciento y Buseo al 30,91 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 75,23 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 68,10 por ciento; Arenós un 29,97 por ciento; María Cristina un 6,86 por ciento y Sichar el 18,06 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 41,51 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 11,50 por ciento y el de Onda al 39,02 por ciento.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.

En este marco tendrá lugar  una mesa redonda bajo el lema “Afrontando la escasez de agua” en la que participarán catedráticos, representantes de la Federación de Comunidades de  Regantes,  ecologistas, organizaciones agrarias y responsables de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.

20. Marzo ´07 – El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha organizado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, una Jornada sobre “El uso sostenible del agua en el sector agrario, situación actual y perspectivas de futuro”, que tendrá lugar en la sede del MAPA el próximo jueves, 22 de marzo.

En este marco se organizará una mesa bajo el lema “Afrontando la escasez de agua”, en la que participarán catedráticos de las Universidades de Madrid y Valladolid,  directivos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, de SEO-Birdlife, de ASAJA y responsables de los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.

Mediante esta Jornada el MAPA potencia un debate para analizar la gestión del agua en el sector agrario, no solo desde una perspectiva meramente económica, sino también social y medioambiental, con objeto de encontrar respuestas a los retos que se plantean: la gestión sostenible de un recurso escaso, mediante la mejora de la eficiencia en su uso, favoreciendo a la par la calidad de las aguas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se une así a la iniciativa de la FAO de promover, mediante la celebración de actividades concretas, la conciencia pública y el debate, en torno a la gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos disponibles, y en particular de su uso en el sector agrario.