El Gobierno de Castilla-La Mancha está ultimando otros dos recursos que afectan a sendos acuerdos tomados el pasado mes de febrero por el Consejo de Ministros referentes a las cuencas del Tajo y del Segura.

Además del recurso anunciado el pasado martes al real decreto de febrero de este año que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, los servicios jurídicos de la Junta están ultimando otros dos acuerdos del Ejecutivo Central tomados también en febrero.

El primero de ellos se refiere al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero, por el que se autorizó el trasvase de once hectómetros cúbicos para regadío a la cuenca del Segura.

El otro de los acuerdos que se va a impugnar se refiere a la autorización del Gobierno a la compra de 31 hectómetros cúbicos por parte de los regantes murcianos a los agricultores de Estremera (Madrid), en la cuenca del Tajo.

El portavoz del Gobierno Regional y vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, explicó que los motivos que han llevado al Ejecutivo regional a impugnar este tipo de decisiones es que «contravienen el ordenamiento jurídico y los intereses de la comunidad autónoma», dijo.

En este sentido, la Junta considera que el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas se ha fijado de manera «inadecuada», sobreestimando el peso del Júcar y del Segura en lo que se refiere a las cuencas intracomunitarias en el Levante, modificando la proporcionalidad en sus órganos de gestión en perjuicio de Castilla-La Mancha.

García-Page indicó que al Gobierno Regional «no le va a temblar el pulso» en la defensa de los intereses de la región y si los planteamientos e iniciativas políticas no son suficientes, se acudirá a la vía judicial, señaló.

Preguntado por la postura del Gobierno Central, que insiste, tal y como le comunicó el presidente Rodríguez Zapatero, al presidente de los regantes murcianos, en que mantendrá el trasvase Tajo-Segura, el portavoz de la Junta dijo que «es normal que tenga que haber una cierta contemporización y que el debate no se anticipe» a la discusión del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados.

«Lo tenemos muy clarito y no vamos a bajar la guardia. No permitiremos que el trasvase solucione el futuro del Levante», agregó el portavoz de la Junta, quien insistió en que por primera vez se están dando alternativas a la cuenca del Segura con la construcción de las desalinizadoras.

En este sentido, indicó que resulta «paradójico» que las comunidades autónomas de Valencia y Murcia que van a beneficiarse de un agua desalada, competitiva y cuyas obras, además, está acometiendo la Administración del Estado, «estén poniendo pegas a la construcción de estas plantas porque prefieran seguir utilizando un agua más barata y más cómoda».

Por otra parte, García-Page dijo ayer que el Ejecutivo Autonómico está «abierto a consensuar» con el PP el proyecto de Ley Audiovisual de Castilla-La Mancha y en especial aquellos aspectos que a la oposición le parezcan «más controvertidos». A preguntas de los periodistas, García-Page respondió a las críticas el PP que tachó este proyecto de «auténtica ley mordaza» y anunció una enmienda a la totalidad. El portavoz de la Junta «invitó» al PP a mantener una disposición abierta para llegar a un consenso en una normativa que Castilla-La Mancha «necesita» y negó que tenga una «intención de controlar absolutamente nada».

No le ha sorprendido en absoluto, le parece lógico, pero quiere más, pide más, cree que se puede y se debe hacer más. Esa fue la valoración que hacía ayer el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Delgado Piqueras, acerca de la decisición de la junta de recurrir la disposición transitoria del Real Decreto por el que se fija el ámbito de las demarcaciones hidrográficas.

«Obviamente, lo que se ha hecho es anunciar un recurso, aún hay que redactarlo y presentarlo, pero no me sorprende que la Junta dé ese paso: al fin y al cabo, lo que pone esa transitoria es que, transitoriamente, se suspende la vigencia de la Constitución en el ámbito de la cuenca del Júcar. Pero no perdamos de vista el factor tiempo; un recurso ante el Supremo son cuatro o cinco años y, en ese plazo, y por la política de siempre, la de los hechos consumados, pueden pasar muchas cosas», advirtió Delgado.

Como se recordará, el profesor Delgado, en calidad de representante legal de la Fundación para el Progreso de Albacete, fue el ‘responsable’ de la demanda que condujo a la sentencia del Supremo de octubre de 2004, por la que se anularon varios artículos clave del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcary se estableció la segregación de las cuencas internas de la Comunidad Valenciana del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta segregación se recogió en el Real Decreto 125/2007, sobre Demarcaciones Hidrográficas, pero con lo que el profesor Delgado definió en su día como una «transitoria perpetua».

«La disposición transitoria que contiene este Real Decreto dice que, mientras la Generalitat Valenciana no asuma las cuencas internas, la Confederación las mantiene -subrayó el profesor Delgado-, y eso es decir que, en el ámbito de la Confederación del Júcar, se suspende la aplicación de la Constitución, que dice claramente que las cuencas internas no son competencia del gobierno central, sino de las autonomías, como ya ocurre en Canarias, Baleares, Cataluña, Andalucía o Galicia».

Pero, además, como no se establece un plazo que ponga fin a la transitoriedad, sino que ésta se mantendrá hasta que Valencia quiera, «encima estamos poniendo en manos de Valencia la potestad de decir si cumplen o no con la Constitución y, además, cuándo lo hacen». Y ese cuándo, precisamente, es lo importante, porque es justo ahora cuando se están produciendo o gestando numerosos cambios legislativos que afectarán a la gestión del Júcar, como la nueva Ley de Aguas o la cercana revisión del Plan de Cuenca.

«Por eso, la demanda debe ir acompañada de la acción política, y el papel que puede jugar la Junta de Comunidades en este terreno es tan importante -indicó- porque no podemos quedarnos de brazos cruzados cinco años hasta que el Supremo nos vuelva a dar la razón, porque en esos cinco años nos puedendejar el Plan Hidrológico de Cuenca al revés y entonces, ¿que nos quedaría? ¿Volver a los tribunales para que cinco años más tarde nos den la razón?», se preguntó.

En este sentido, el profesor Delgado remarcó que, mientras no haya una sentencia por medio, las mayorías en el seno de la Confederación del Júcar se mantendrán tal y como están y serán, precisamente, esas mayorías (donde la Comunidad Valenciana y, sobre todo, la provincia de Valencia, parte y reparte) las que se encargarán de diseñar, redactar, tramitar, aprobar y redactar un nuevo Plan Hidrológico de Cuenca a su conveniencia.

Pero el profesor fue más allá, al indicar que la Junta tiene legitimidad para recurrir este Real Decreto como parte afectada, «pero no es la única, también lo puede recurrir una asociación agraria, un grupo de regantes, todos y cada uno de los municipios y diputaciones provinciales que se consideran afectados, pues también son usuarios; e incluso usuarios individuales y no sólo regantes, todo usuario del Júcar que entienda que esto le perjudica».

El secretario general de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar -USUJ-, Juan Valero de Palma, advirtió ayer de que el Júcar no tiene caudal suficiente para trasvasar agua a Murcia y solucionar los problemas de los regantes del Altiplano Murciano -Yecla y Jumilla- tal como prevé el Ministerio de Medio Ambiente una vez esté operativo el trasvase Júcar-Vinalopó. Valero de Palma afirmó, tras conocer las intenciones de regantes murcianos y Ministerio, que «la iniciativa no tiene mucho sentido porque hay que recordar que el trasvase Júcar-Vinalopó es de sobrantes y ahora mismo lo que no sobra en el Júcar el agua» . El sistema Vinalopó-l’Alacantí tiene un déficit hídrico total de 160 hm 3 al año, ateniéndose a la sobreexplotación de los acuíferos y la infradotación de los regadíos.

Para el secretario general de la USUJ, «el agua que sobre en el Júcar debe ir al Vinalopó cuando estén atendidas todas las demandas de la cuenca. En Alicante existe un déficit muy grande y en el Júcar también, por lo que, además de que será difícil que en el Vinalopó pueda resolverse ese déficit, lo normal sería que si sobrase agua se quedara en nuestra cuenca. Por supuesto que si se puede habría que enviar caudales a Murcia pero lo veo muy complicado porque, insisto, el trasvase se debe hacer con el que agua que sobre y el sistema Júcar es deficitario». Por otro lado, la propuesta de la sociedad estatal AcuaJúcar a los agricultores murcianos cayó como una bomba entre los agricultores alicantinos que anunciaron, a través del portavoz de la Federación de Comunidades de Regantes, Ángel Urbina, la convocatoria de una manifestación cuyo lema será «Por la dignidad hídrica de la provincia de Alicante». Para Urbina «esto ha sido la gota que colma el vaso. No nos reciben desde octubre de 2005 y ahora nos enteramos que quieren darle el agua del trasvase del Júcar a Murcia. Un insulto para la provincia de Alicante que una vez más se queda en tierra de nadie, y que quede claro que no tenemos nada contra nuestros compañeros de Murcia que están en su derecho de buscar agua donde puedan», subrayó Urbina.

MADRID.- El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, calificó hoy los Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequía en las distintas Confederaciones Hidrográficas de “incompletos” ya que -si bien incluyen un completo análisis técnico y ambiental- carecen de los informes jurídicos, económicos, políticos y reglas de explotación necesarios para abordar el problema de la sequía desde un punto de vista profundo y multidisciplinar.

Del Campo, que participó en una jornada técnica sobre «Restricciones para el Regadío» organizada por Fenacore en Madrid, apuntó que estos planes de sequía son esenciales para hacer frente a la escasez de lluvias existente en España, pero advirtió que si no se completan con los informes pertinentes, no permitirán avanzar realmente en la gestión del escaso recurso de agua ni resolver los conflictos hídricos existentes entre comunidades a través de un reparto ordenado y equitativo de este recurso.

Una evaluación del coste/beneficio para medir su eficacia
El presidente de los regantes señaló que los planes de sequía y las medidas adoptadas carecen de una evaluación económica que permita conocer en términos de coste/beneficio los efectos de su aplicación en el regadío y los diferentes sectores productivos. Asimismo, propuso que se cuantifiquen las pérdidas que representa el lucro cesante para el sector agroalimentario y la sociedad como consecuencia de las restricciones de caudales.
Por otro lado, Andrés del Campo señaló que los planes no hacen referencia a las medidas compensatorias necesarias para paliar estos perjuicios sobre los regadíos; y recordó que la Ley de Aguas reconoce la posibilidad de conceder indemnizaciones por los perjuicios causados a los usuarios afectados, con el fin de paliar las restricciones de agua para uso agrícola de determinadas cuencas en beneficio del abastecimiento urbano ante una situación de sequía.

Según el presidente de Fenacore, «la legislación de aguas establece una jerarquía entre todos los usos y fija quién deberá cesar ante una situación de escasez. Por ello, estas restricciones de suministro en los regadíos en beneficio del consumo humano nos parecen justas y legales, siempre y cuando se nos garantice el mantenimiento de nuestra actividad y la renta de los agricultores».

Asimismo, recordó que las medidas adoptadas durante la gestión de la sequía no pueden implicar «modificación de concesiones» sino «modificación temporal de las condiciones de utilización del recurso concedido» sin alterar el título concesional, con vigencia máxima durante el plazo de aplicación del Decreto de Sequía que se apruebe.

Cuantificar con exactitud los recursos disponibles
Por otro lado, Andrés Del Campo denunció que los Planes de Sequía parten de una planificación hidrológica no ajustada a la realidad de los recursos disponibles ya que se encuentran «sobrevalorados» al utilizar una serie histórica de datos desde 1940 que no valora adecuadamente la reducción de los últimos 25 años, cuando, en su opinión, la realidad demuestra que existe «un antes y un después» al año 1980.

Según Del Campo, «esta sobrevaloración de los recursos unido a la elevada presión de la demanda por el reconocimiento legal de nuevos usos (turístico, etc.) acentúa la sequía en lugar de aliviarla ya que conduce irremediablemente al agotamiento del sistema, la infradotación en estos usos, la escasez permanente y el conflicto continuado entre los distintos usuarios».

Las CC.AA. deben limitarse a ejercer «plenamente» sus competencias
Con respecto al análisis político de la sequía, el presidente de Fenacore criticó la «excesiva preocupación» de algunas comunidades autónomas por asumir –a través de reformas estatuarias- competencias exclusivamente estatales en materia de planificación hidrológica, en lugar de hacer más efectiva su participación en las confederaciones hidrográficas o ejercer plenamente sus competencias sobre la gestión de las demandas: modernizando las redes de abastecimientos, rehabilitando regadíos y construyendo Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs).

Del Campo advirtió que la cesión de competencias a las comunidades autónomas sobre el recurso y su planificación puede conllevar diversos riesgos, como son: el recrudecimiento de los conflictos territoriales, la distribución y reparto del agua con arreglo a intereses localistas (y no generales) y el planteamiento de nuevas demandas que acaben por generar una sequía estructural en nuestro país.

Potenciar otras medidas de gestión de sequías
El presidente de Fenacore apuntó que en situaciones de sequía resulta imprescindible la planificación y el control de la utilización de los recursos. En este sentido, recordó que la solución a la escasez de lluvias endémica que existe en España pasa por la construcción de obras de regulación y trasvases intercuencas, debidamente justificados, así como por la potenciación de otras medidas de gestión de la demanda como son la modernización de regadíos, la cesión de derechos al uso privativo del agua (bancos públicos del agua) la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, la recarga de acuíferos o la reutilización de aguas regeneradas urbanas. Muchas de estas medidas se han desarrollado en el Plan de Choque aprobado conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con una elevada inversión en modernización de regadíos.
Finalmente, Andrés del Campo elogió el compromiso público asumido recientemente por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de cumplir con el principio de recuperación de costes medioambientales y de servicios relacionados con el agua para el horizonte del año 2010 –tal como establece la Directiva Marco de Aguas (DMA)- admitiendo la singularidad de cada cuenca hidrográfica y de cada cultivo, en función de los efectos medioambientales, socioeconómicos, condiciones geográficas y climáticas de los territorios afectados, así como la excepcionalidad para determinados usos.
Entre las autoridades asistentes a la jornada celebrada hoy destacó la presencia del director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, así como de los subdirectores generales de Infraestructuras del Ministerio de Medio Ambiente, Joaquín del Campo, y de Planificación Hidrológica, Teodoro Estrela. En el análisis de los Planes de Sequía participaron directamente el presidente del Sindicato Central Trasvase Tajo-Segura, Francisco del Amor; el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes del Ebro, César Trillo; el presidente de la Asociación Feragua de Comunidades de Regantes de Andalucía, José Fernández de Heredia y el director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Joaquín Andréu.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

FENACORE es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con numerosas entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. FENACORE trabaja estrechamente con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Además, es órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC), que representa a todos los países miembros en Bruselas.

Así se lo ha indicado a AGROCOPE el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, que ha clausurado en Madrid una Jornada Técnica sobre “Restricciones para el regadío: planes de sequía y caudales ecológicos”, organizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE).

Y es que el ahorro de agua es una de las prioridades de la política del Gobierno. De hecho, Amarillo ha subrayado que en la programación de desarrollo rural 2007/2013, una de las medidas de obligado cumplimiento es la eficacia hídrica destinada a ahorrar la mayor cantidad de agua posible en regadíos. “Es una manera nueva de abordar la política de modernización de regadíos”, ha señalado.

El objetivo es, según ha explicado, maximizar la eficacia hídrica en dos aspectos: con el menor agua posible conseguir las mayores producciones y contrarrestar, disminuir, anular y mejorar “muchísimo” los impactos de carácter medioambiental que puedan tener las labores de producción.

“Es una manera nueva de entender la armonía entre las zonas modernizadas y los elementos medioambientales”, ha resaltado Amarrillo, para quien la modernización se tiene que convertir en un elemento de mejora del entorno medioambiental además de abordarse desde la óptica de la diversificación de las fuentes de agua: superficiales, subterráneas, residuales y procedente de la desalación.

A corto plazo, el ministerio todavía tiene que acabar el Plan de Choque de Regadíos en el tiempo previsto, seguir adelante con las obras previstas en el Plan Nacional de Regadíos y abordar las bases para el desarrollo de esta medida de eficacia hídrica, además de, según ha destacado, diferenciar lo que el sector agrario usa de lo que consume.

Por su parte, tras las jornadas los regantes han llegado a la conclusión de que es necesario incorporar a los planes de sequía estudios socioeconómicos sobre los efectos de su aplicación en el regadío y los diferentes sectores productivos. “Hay que saber qué perjuicio tienen sobre los regadíos las restricciones de caudales y las disminuciones de dotaciones de agua y que se prevean las indemnizaciones correspondientes”, ha resumido a AGROCOPE el secretario general de FENACORE, Juan Valero.

Valero ha señalado que, aunque a pesar de la sequía que hemos vivido no ha habido restricciones de abastecimiento de poblaciones, sí han existido para las comunidades de regantes de las cuencas más afectadas como el Júcar o el Segura. “Se debe a que los regantes son los primeros que sufren y habrá que compensarlos cuando se haga en beneficio de otros”, ha dictaminado.

La presión de los regantes de Hellín y las gestiones realizadas por el alcalde Diego García Caro han hecho que los 450 litros de agua por segundo, de los 900 que tiene por concesión, la Mancomunidad de Regantes Juan Martínez Parras, necesitados en estas fechas para riego, lleguen a los canales de riego de la comunidad.

Ayer manifestaba el presidente del sindicato de riegos Antonio Morcillo Andújar que a las siete de la mañana, el guarda de la confederación abría las compuertas del Azul de Liétor para que los 450 litros de agua que la CRM Parras necesitaba se vertieran a los canales de Hellín.

Esa cantidad de agua llegaba a la red de distribución sobre las siete de la tarde por lo que a partir de hoy jueves, los regantes podrán disponer de las tandas que cada uno solicitó para el riego de sus productos agrícolas. Morcillo Andújar añadía que por el momento se ha conseguido esta cantidad pero que este año los 900 litros de concesión que se tiene no se van a poder utilizar, pidiendo compresión no solo a los regantes sino también a los ciudadanos para restringir en lo posible el agua haciendo un adecuado consumo.

Presión municipal

El alcalde dijo sobre el tema que «desde las 10 de la mañana del martes una vez que Antonio Morcillo me daba la noticia de que no podían disponer del caudal necesario para los riegos de los cultivo del municipio, me posicioné al lado de los agricultores haciendo las gestiones con el Secretario de Estado y con otros cargos que tiene reponsabilidad para que repusieran con la mayor inmediatez posible el derecho que con carácter perpetuo tiene la Comunidad de Regantes de Hellín».

García Caro dijo que me prometieron que a las siete de la mañana del miércoles se daba la orden. Añadía el primer edil municipal que a pesar de eso «durante todo el martes estuvimos con sufrimiento ya que los objetivos estaban de palabra, pero el compromiso se ha hecho realidad». El alcalde pedía reponsabilidad a los vecinos en el propio hogar «para que se haga un buen uso y no se desperdicie ni una gota de agua ante la problemática que se nos avecina, y que esas gotas de agua puedan ser utilizadas por los regantes. Debemos ser responsables desde el hogar y modernizar los regadíos», señaló.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró hoy que ante los nuevos Estatutos de Autonomía sigue prevaleciendo la Constitución y que ésta establece que en la gestión de los ríos que trascurren por más de una comunidad autónoma «la última palabra la tiene el Gobierno».

Narbona indicó en un desayuno informativo organizado por Fax Press e Intereconomía que «otra cosa son los mecanismos de concertación con las comunidades autónomas» y afirmó que el objetivo es incorporar a las CCAA en los ámbitos de concertación para lo que se creó el pasado Consejo de Ministros la Conferencia Sectorial del Agua. Un foro en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y donde se analizarán y debatirán los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

«Las comunidades autónomas no asumen nada en sus estatutos que no diga ya la Constitución: que los ríos que nacen, transcurren y mueren en una comunidad son gestionados por ella, pero con criterios de calidad ecológica similares tanto si son internos como intercomunitarios», indicó la ministra.

En cuanto a los precios del agua, la titular de Medio Ambiente comentó que el Ministerio realizará junto con el de Agricultura un estudio cuenca a cuenca y cultivo a cultivo para determinar cómo se aplicará la directiva marco de agua en 2010 y cómo incorporar todos los costes del agua al precio final. La ministra apuntó que los precios que se pagan en las ciudades por agua doméstica «es más aproximado en sus costes que lo que se paga en agricultura».

Por su parte, el profesor de Economía Pedro Arrojo indicó que en la actualidad se pagan 1.000 euros por metro cúbico de agua embotellada, un euro/m3 de agua de grifo, 0,1 euros/m3 en agricultura y 0,4 euros/m3 de agua desalada. Además, el trasvase de Tortosa a Almería supondría un coste igual que bombear el agua a 1.200 metros de profundidad del mar hasta la superficie.

En relación a la desalación, Narbona afirmó que es una de las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno pero el programa AGUA «no es cambiar un trasvase por desaladoras, sino por un conjunto de actuaciones, como modernización de regadíos e infraestructuras existentes». Y añadió que «arreglar cañerías y conducciones no es tan espectacular como construir embalses», pero recordó que es importante evitar las fugas y promover la gestión racional del recurso.

Concretamente sobre la desaladora de Torrevieja (Alicante), Narbona indicó que se le va a proporcionar toda la información pedida a la Generalitat Valenciana y que los camiones para la construcción entrarán por la carretera nacional.

Por otra parte, Narbona comentó un estudio que se lleva a cabo en Alicante para desde el aire estudiar los acuíferos de la provincia, y en los primeros resultados se ha podido observar que hay unos 400 hectómetros cúbicos de agua.

Nuestras cuencas siguen aumentando, aunque esta semana lo hacen de manera leve. La reserva hidráulica tiene 1.351 hm3 menos que la media de la última década (34.297 hm3), aunque en la actualidad hay 5.947 hm3 más que el año anterior.

Por cuencas, la del Duero ha aumentado 75 hm3 con relación a la pasada semana, mientras que la Cuenca del Ebro ha disminuido 62 hm3 y se encuentran al 65,7 por ciento de su capacidad.

Entre las de mayor caudal embalsado destacan las cuencas del Norte II (Asturias y Cantabria) que están al 88,8 por ciento. Le siguen las del Norte I (sur de Galicia y norte de León) con un 86,7 por ciento, las del Duero (85,3 por ciento), Galicia Costa (84,8 por ciento), Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) que alcanza el 81,7 por ciento de su capacidad y las cuencas internas del País Vasco, que se sitúan al 66,7 por ciento.

También se mantienen por encima del 50 por ciento de su capacidad las cuencas del Ebro (66,7 por ciento), las del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) que están al 64,1 por ciento, Tajo (62,5 por ciento) y Cuenca Atlántica Andaluza (53,9 por ciento).

Por otra parte, las zonas más secas del país continúan viviendo una situación preocupante. Así, los embalses del Segura se sitúan en un 15,4 por ciento; los del Júcar al 17,2 por ciento y los de la Cuenca Mediterránea Andaluza al 35,5 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas es de 54.148 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada actualmente es de 32.946 hm3. De éstos, 26.664 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 6.282 pertenecen a la vertiente mediterránea.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó ayer a los servicios jurídicos de la Junta a ejercer las acciones oportunas ante el Tribunal Supremo para impugnar el artículo 2 de la disposición transitoria única y la disposición final primera del real decreto de 2 de febrero de 2007 que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

Según informó la Junta de Comunidades en una nota de prensa, el ejecutivo considera que este real decreto perjudica los intereses de Castilla-La Mancha, ya que implica una mayor representación en los órganos de gestión del agua de las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva sobre las cuencas intracomunitarias incluidas en las demarcaciones del Júcar y del Segura, en perjuicio de Castilla-La Mancha.

Desvincular La Albufera

Además, el Gobierno regional afirma que esa norma vulnera el ordenamiento jurídico en lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ. En realidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha cuestiona tanto la representación como el reparto geográfico de las distintas cuencas, apartado en el que pretende desvincular La Albufera del sistema Júcar para hacerse con el control de este río en cuyos órganos de dirección, de aceptarse la tesis castellano-manchega, apenas tendrían peso los usuarios valencianos.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró ayer que ante los nuevos Estatutos de Autonomía sigue prevaleciendo la Constitución y que ésta establece que en la gestión de los ríos que trascurren por más de una comunidad autónoma «la última palabra la tiene el Gobierno».
Narbona indicó en un desayuno informativo organizado por Fax Press e Intereconomía que «otra cosa son los mecanismos de concertación con las comunidades autónomas» y afirmó que el objetivo es incorporar a las CCAA en los ámbitos de concertación para lo que se creó el pasado Consejo de Ministros la Conferencia Sectorial del Agua. Un foro en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y donde se analizarán y debatirán los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

La guerra del agua no es una escaramuza breve, no es cuestión de modas pasajeras o de consignas políticas de aluvión: para quienes -como los albaceteños- sabemos de la importancia del aprovechamiento de los recursos hídricos, para quienes llevamos muchos años defendiendo el derecho de esta tierra al progreso a través del agua, este conflicto tiene muchos frentes entre los que no cabe desatender ninguno: y por supuesto, hay que atender también al frente judicial.

Ayer, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha lanzó una seria ofensiva en este frente judicial al encargar a los servicios jurídicos de la Junta que impugnen ante el Tribunal Supremo el artículo 2 de la Transitoria Única y de la Disposición Final Primera del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. Dicho así, puede parecer una disquisición leguleya, uno de esos pleitos de difícil comprensión basado en interpretaciones de letra y espíritu sin aplicación en la vida cotidiana. Pero no es así: el Decreto que la Junta va a recurrir en nombre de todos los castellano-manchegos perjudica seriamente los intereses de nuestra región y de nuestra provincia, ya que perdemos capacidad decisoria sobre las cuencas intracomunitarias de las Demarcaciones del Júcar y del Segura, en perjuicio de Castilla-La Mancha. Quiere ello decir que las cuencas internas de la comunidad valenciana (algunas tan tristemente famosas como la del Turia) van a ser adscritas de forma provisional a las confederaciones hidrográficas correspondientes, y en el caso del Júcar la consecuencia es tan injusta como absurda: se le da la vuelta a la conocida sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Júcar, que dejó claro que los recursos hídricos de este río no tienen por qué atender las necesidades de lo que, ‘de facto’ (y también ‘de lege’, según el fallo ahora incumplido), son cuencas independientes. Conviene no olvidar además que esa resolución del Supremo es consecuencia de la lucha ciudadana que surgió desde nuestra ciudad a través de la Fundación para el Progreso de Albacete; así, lo que fue un logro de la sociedad civil, que obtuvo justicia a través de los medios del Estado de Derecho, no puede ser burlado mediante el uso y abuso del Boletín Oficial.

La decisión de la Junta es un nuevo paso más dentro de esa concepción global de la guerra del agua a la que nos referíamos al principio: hay que pelear en las calles, en los parlamentos, en los estatutos… y por supuesto también en los tribunales. Porque es tanto lo que nos jugamos, que no podemos descuidar ninguno de los frentes.