El Ministerio de Medio Ambiente ha elegido 20 presas -la mayoría en la cuenca del Guadalquivir y del Ebro- para ubicar aerogeneradores que produzcan la energía necesaria para contrarrestar el consumo de las plantas desaladoras del Programa AGUA en el arco mediterráneo.

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, indicó que los generadores eólicos instalados en estas presas aportarían el 20% de la energía utilizada en las 23 plantas desaladoras del Programa AGUA.

En declaraciones a la prensa con ocasión de la firma de un convenio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Serrano explicó que otro 75% de la energía necesaria provendrá de minicentrales hidroeléctricas a pie de presa y el restante 5% de centrales termosolares y de biomasa, que probablemente se instalen en Castilla-La Mancha.

Una de las centrales eléctricas ya autorizada «y de las más esperanzadoras» se ubicará a pie de presa del Pantano de Alarcón, donde circula el agua del trasvase Tajo-Segura y que «es una central con un salto muy pequeño, pero con un caudal por año muy elevado».

Esta decisión, por tanto, repercutiría indirectamente en Albacete, ya que Alarcón es una de las piezas clave para la gestión del sistema Júcar, del que dependen buena parte de nuestros regadíos y de nuestro abastecimiento humano.

La producción total de energía eólica en presas preexistentes con un horizonte de 2010 será de 25 Gwh/año y tendrá un presupuesto de 45 millones de euros.

Esta iniciativa se enmarca dentro de nueve líneas de actuación previstas por el Ministerio de Medio Ambiente dentro del Plan de Choque para las Actuaciones del Programa Agua (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) en materia de energías renovables y eficiencia energética para la desalación 2006-2010.

Este proyecto incluye el incremento del potencial hidroeléctrico disponible, aprovechamientos eólicos de nueva generación en presas con centrales hidroeléctricas, plantas de generación termosolar combinada con biomasa, utilización de paneles solares para consumos y servicios auxiliares y la mejora de la eficiencia energética de los aprovechamientos hídricos.

También está previsto aplicar energías renovables y mejorar la eficiencia de los regadíos, así como fomentar el I+D+i en la mejora de la eficiencia energética de plantas desaladoras y de ósmosis inversa. En total, Medio Ambiente prevé gastar 1.493,2 millones de euros en estas nueve líneas de actuación con el objetivo de generar 2.867 Gwh/año.

U n Consell socialista es el único capaz de garantizar el agua para la Comunitat. Este es el mensaje que quiso trasladar ayer el candidato del PSPV Joan Ignasi Pla durante la presentación de su programa medioambiental y agrícola. «El PP sólo apuesta por un trasvase que no existe, mientras que en aquellas iniciativas que tiene competencias no ha hecho nada» , señaló.

En esta línea, criticó el escaso avance en la modernización del regadío en los años de gobierno del PP y el hecho de que, en la actualidad, sólo se reutilicen 150, de los 700 hectómetros cúbicos de agua reciclada. Pla defendió el uso de desalinizadoras en el litoral y el nuevo trazado del trasvase del Júcar, al tiempo que rechazó fijar plazo de caducidad en los aportes Tajo-Segura. A su juicio, «la única caducidad que hay que poner es a la sobreexplotación de los acuíferos en Castilla-La Mancha consecuencia de los acuerdos entre Zaplana, Bono y Tocino». Pla también aseguró que un gobierno socialista es el único que puede garantizar un posible minitrasvase del Ebro hasta Castelló, en caso necesario, ya que para ello sería necesario «diálogo y consenso», algo que en su opinión no podían garantizar desde el PP.
Y consenso es también otro elemento clave para Pla en materia agrícola, para lo que anunció la convocatoria de una mesa de concertación. Al mismo tiempo, se comprometió a adoptar medidas para garantizar una pensión mínima de 500 euros para el régimen especial agrario. El líder socialista abogó, igualmente, por impulsar actuaciones concretas contra el cambio climático, como la creación de un Consejo Asesor Valenciano y un comisionado especial.
Estas propuestas fueron criticadas por el vicesecretario general del PP, Ricardo Costa. Especialmente duro se mostró con las iniciativas hídricas. En este sentido tildó de «cinismo que Pla, a cuatro meses de las elecciones, proponga un minitrasvase a Castellón sabiendo que si el trasvase del Ebro puede llegar a esta provincia, puede llegar a la Comunitat».

En materia de agua, destacó que «por encima de todo, queremos recuperar la capacidad del Júcar como río vivo» , y añadió que «no sólo defendemos el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó, sino también la necesaria implicación de la comunidad autónoma dentro de un plan global de políticas hídricas para intentar cambiar el acuerdo entre el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, el de Castilla la Mancha, José Bono, y la ex ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, que permite una extracción de aguas del río Júcar en Castilla la Mancha y que castiga a nuestro río» .

Jose María Barreda (Ciudad Real, 1953), asumió la presidencia de Castilla-La Mancha en abril de 2004 tras la marcha al Ministerio de Defensa de José Bono. En esta entrevista, Barreda repasa la gestación del reformado Estatuto de Castilla-La Mancha, de la fecha de caducidad del Trasvase y de otros asuntos de interés regional y provincial. Y pone por delante los intereses de su región frente a los criterios o directrices que en materias como el agua marca el PSOE a nivel nacional.

-¿Esperaba que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha alcanzara este nivel de consenso, incluso, en lo referente a la fecha de caducidad del Trasvase?

-Siempre lo desee y busqué. El tema es suficientemente complicado como para necesitar todos los apoyos. Y desde luego la fuerza política de un Estatuto que se propone reformar por unanimidad desde las Cortes de Castilla-La Mancha es infinitamente superior a que esa reforma se hubiera hecho sólo con el apoyo de un grupo parlamentario, aunque ese grupo parlamentario tuviera mayoría cualificada.

-Aunque durante el estudio y redacción del nuevo Estatuto se llegó a dar otra fecha, incluso antes del 2010, finalmente el documento fija el 2015 como fecha de caducidad del Trasvase. Esa fecha responde a que para ese momento se prevé que estén solventados los problemas del agua de Levante o porque entra en vigor la Directiva Marco de Agua de Europa…

-No queríamos poner una fecha que resultara excesivamente precipitada, ya que no se trata de que Castilla-La Mancha, de repente, haya dejado de ser solidaria, que queramos cerrar el grifo de la noche a la mañana. Por eso, ese espacio temporal nos parecía lo suficientemente razonable como para dar tiempo a que entren en funcionamiento las alternativas que permitan asegurar el abastecimiento a Murcia y al sur de Alicante. Nosotros ahora necesitamos el agua, y tenemos un derecho preferente al ser la cuenca cedente. Pero hasta ahora resultaba como las Leyes de Indias, que se acataban pero no se cumplían, ya que no teníamos la infraestructura que nos permitiera utilizar a nosotros también el agua y el Acueducto Tajo-Segura. Muy pronto, dos millones de castellano-manchegos estaremos bebiendo en especial aguas superficiales del Tajo.

-¿Le está resultando muy complicado mantener sus argumentos sobre la caducidad del Trasvase dentro de su partido?

-Sin duda alguna, puesto que en el tema del agua hay planteamientos más que ideológicos, territoriales, y se producen agrupamientos mucho más que por afinidades políticas por el lugar de procedencia. En Castilla-La Mancha PP y PSOE están de acuerdo, y coinciden con el Gobierno de la Región en la defensa del agua. Y vemos al mismo tiempo, como, en Murcia, los socialistas y el PP están también de acuerdo frente a nuestras pretensiones. Eso, lógicamente, tiene una traslación a nivel nacional, pero a mí no me preocupa. Yo, como presidente de Castilla-La Mancha, lo tengo muy claro, no me debo a ningún partido político.

-Uno de los argumentos que más utiliza el presidente murciano es que en Castilla-La Mancha no se han hecho los deberes en cuanto a infraestructuras hídricas o transformación de regadíos, a pesar de que los regantes de que los murcianos pagan a Castilla-La Mancha por el agua que recibe del Tajo. ¿Qué tiene que decir?

-Mire. Hemos gastado cinco veces más en obra hidráulica de los ingresos que produce el Trasvase. Ya dije en una ocasión que solamente un necio confunde el valor con el precio. Si es un problema de dinero, que se queden con su dinero. Nosotros nos quedamos con el agua. O sea, que no lo plantee en esos términos porque creo que se equivoca.

-La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en cuanto tiene ocasión dice que no contempla una fecha de caducidad para el trasvase. ¿Y por qué sí eliminó el trasvase del Ebro, incluido en un PHN que apoyaba Castilla-La Mancha?

-Ya, pero además, en el PHN que sustituye al anterior, hay una disposición adicional aprobada, y por lo tanto en vigor, y que se incluyó a propuesta de Castilla-La Mancha, que anuncia la caducidad del Trasvase Tajo-Segura, tal y como nosotros lo planteamos. Ahí se dice, y se reconoce, tenía un interés personal en que apareciera en el PHN, que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la cuenca receptora, y en la medida que empiecen a funcionar las alternativas del Plan AGUA en Murcia y Alicante, se dejara de trasvasar agua a aquel territorio.

-Esta semana, en el Foro del diario ABC, el presidente de Murcia abogó por nacionalizar el agua para acabar con las discrepancias entre las autonomías. Es más, expresó su deseo de que las Cortes Generales eliminen aquellas reformas estatutarias que reservan a la Comunidad Autónoma la gestión del agua. ¿Qué le parece?

-El problema de fondo es el modelo posible de desarrollo en todas las partes de España. Y el desarrollo sostenible de las regiones. Y en este caso, el desarrollo sostenible de Murcia. Cuanto antes se planteen en Murcia que el desarrollo sostenible de su región no puede basarse sine die, indefinidamente, en un recurso que es escaso, que está lejos de Murcia y sobre el cual nosotros tenemos prioridad, mejor. Yo no digo que el agua de las cuencas que transcurren por Castilla-La Mancha sea de los castellano-manchegos. El agua de todos los ríos de España, sean cuencas intercomunitarias o intracomunitarias, es de todos los españoles, pero también de los castellano-manchegos.

El Gobierno central afirma, en la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en el Congreso por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que los recursos que se podrán trasvasar del Júcar al sistema de explotación Vinalopó-Alacantí utilizando la conducción que tiene encomendada Aguas del Júcar «serán recursos superficiales excedentarios» de este río, tal como determina su Plan Hidrológico de Cuenca.

El Ejecutivo recuerda que el Plan Hidrológico del Júcar en vigor, aprobado por real decreto en 1998, establece que «podrán aprovecharse los recursos sobrantes» de este río para «paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área Vinalopó-Alacantí y Marina Baixa». También sostiene que la declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo del proyecto de conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó determina que «la transferencia de caudales debe supeditarse al mantenimiento del caudal ecológico del Júcar en primer lugar y, después, a excedentes de la cuenca cedente» .
Por otra parte, el pleno de las Corts Valencianes debatirá la próxima semana en Burriana el dictamen de la comisión especial de estudio de la sequía que, aprobada sólo por el PP, critica al Gobierno central por su política hídrica.

La intención del Gobierno de Valencia de interponer, tras obtener el respaldo unánime de la Cámara valenciana, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Castilla-La Mancha por fijar la fecha de caducidad del Tajo-Segura no ha movido ni un ápice las posturas de los dos partidos con representación parlamentaria en la Comunidad Autónoma. Es más, PP y PSOEaprovecharon ayer el pleno celebrado en las Cortes regionales para minimizar la importancia de este acuerdo ante los medios de comunicación.

Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, dijo sentirse sorprendido por la «prisa» que se ha dado el Ejecutivo valenciano para anunciar un recurso contra una ley que aún no ha sido aprobada, y atribuyó dicha iniciativa a «una rabieta» que «no carece de seriedad».

Molina señaló que desde el Gobierno de Valencia se «ha hablado sin conocer el texto castellano-manchego» pues «se están refiriendo a cosas que no recoge nuestro Estatuto», que, defendió, es «plenamente constitucional».

Apuntó que lo que plantea el texto aprobado de forma unánime por las Cortes de Castilla-La Mancha no es un debate de constitucionalidad, sino un debate político que tiene que ver con la historia del España, de CLM y del agua.

Así, se preguntó «cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar que determinadas comunidades autónomas mantengan una situación de privilegio en cuanto al uso del agua», en contra de lo que establece el PHN, que rige el carácter preferente de CLM en el uso del agua del Tajo.

«Valencia y Murcia quieren evitar perder los privilegios», dijo Molina, quien consideró una barbaridad que se quiera hacer creer que la existencia de un trasvase es constitucional y «si no lo hay es inconstitucional».

Insistió en que el único problema que existe es de «naturaleza política» y está auspiciado por los dirigentes del PPen determinados territorios que quieren mantener unos privilegios «a los que el Gobierno de CLM y el Parlamento regional quiere poner fin definitivamente».

ratificar el apoyo. Por su parte, el secretario regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ratificó el apoyo de su partido a lo pactado por la Cámara regional en el Estatuto de Autonomía.

En declaraciones a los medios, Tirado señaló que Castilla-La Mancha es la región de España «más solidaria» con el agua aún necesitando el recurso hídrico para «nuestro desarrollo».

Por eso, dijo, «lo plasmamos» en un Estatuto, al que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «se ha encargado de dar una patada antes de que el texto empiece a caminar», señaló Tirado, refiriéndose a la intención del jefe del Ejecutivo regional de aumentar el número mínimo de diputados por Guadalajara que recoge el Estatuto para adecuarlo a su población.

Por último, insistió en que el Partido Popular de Castilla-La Mancha se ratifica en lo pactado en la nueva Carta Magna regional.

El PP no consentirá cambiar las reglas de juego democrático

l.t. / S.r. / toledo

El secretario regional del PP, Vicente Tirado, afirmó ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha, que lo que el PSOE intenta no es una reforma de la Ley Electoral sino «dar de forma manifiesta» un golpe de estado democrático y convertir a la Comunidad Autónoma en una «república bananera», algo por lo que «ya se nos conoce» fuera de nuestras fronteras, aseveró.

Tirado acusó al presidente de CLM, José María Barreda, de haber «dado una patada» al Estatuto regional, aprobado por unanimidad en las Cortes, y de ser un «tramposo» por querer cambiar el texto en el último minuto.

«Barreda miente cuando habla, cuando escribe y cuando firma», dijo Tirado, quien llamó al presidente regional «cobarde e incoherente» por no defender lo que votó en el Parlamento autonómico.

Apuntó que «en las reglas de la democracia no se concibe» que se quiera cambiar una ley electoral a un mes de publicarse el decreto de convocatoria de elecciones» y aseguró que el PP «no lo va a consentir».

Por su parte, desde el PSOE, el portavoz del Grupo Parlamentario, José Molina, afirmó que la subida de un escaño a la provincia de Guadalajara no se hace con «perspectivas electorales porque estamos seguros de que vamos a ganar en todas las provincias», sino para «evitar una barbaridad democrática».

En este sentido, volvió a exigir a los ‘populares’ que manifiesten claramente si están a favor de acabar con la «injusticia» que supone que Guadalajara, con más población que Cuenca, elija un diputado menos que ésta, recordando que para hacerlo «lo único que se necesita es voluntad política».

Insistió en que «todavía estamos a tiempo» porque el cambio se tramita en «una semana» y se mostró partidario de subir los escaños que sean necesarios a cada una de las provincias, pero no ahora, sino al inicio de la legislatura porque ese es «un debate profundo que requiere más tiempo» y lo «urgente ahora» es evitar una «desigualdad» entre provincias.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) prevé que en los próximos cuatro años más de medio millón de regantes gestionarán su actividad por Internet a través del proyecto Corenet, una red de servicios y recogida de datos que permite mejorar la gestión del agua para regadío.

El Gobierno valenciano anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fija el año 2015 como el fin del trasvase Tajo-Segura, si finalmente el Congreso y el Senado aprueban esa reforma estatutaria.

Así lo anunció, en el pleno de las Cortes Valencianas el conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, a una pregunta del grupo popular sobre si el ejecutivo valenciano piensa recurrir la citada normativa autonómica, aprobada por las Cortes castellanomanchegas con los votos del PSOE y el PP.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, calificó de «humo» la política hídrica del Gobierno central, anunció que continuará reclamando la recuperación del proyecto del trasvase del Ebro frente a las «promesas incumplidas» del programa AGUA, y reclamó que las Cortes Valencianas se muestren unidas para reclamar el agua que necesita su comunidad.

Unanimidad

Camps valoró el acuerdo unánime logrado en el pleno de las Cortes Valencianas para rechazar el acuerdo estatutario de Castilla-La Mancha que fija la caducidad para el trasvase del Tajo-Segura, pero lamentó que esa unanimidad no se hubiera alcanzado en relación con el Plan Hidrológico Nacional y el derogado trasvase del Ebro al sureste peninsular.

También se refirió en sus críticas al cambio de trazado de la toma del trasvase Júcar-Vinalopó, que «busca un retardo que genera inquietud y desconfianza» en esta autonomía, y a la posibilidad de que Castilla-La Mancha se reserve el uso «exclusivo» del tramo del Júcar que discurre por esa autonomía.

Antes esta intención el portavoz del grupo parlamentario socialista de Castilla-La Mancha, José Molina, afirmó que parece un anuncio «en plan rabieta» y que «no tiene visos de seriedad».

Molina insistió en este punto en que en la Región «estamos plenamente convencidos» de que el Estatuto es «plenamente constitucional», y que en Castilla-La Mancha no se ha planteado un debate constitucional sino político pues pretende terminar con «los privilegios» que determinadas comunidades autónomas quieren mantener sobre el agua que transcurre por Castilla-La Mancha.

Unidad

Tanto el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha se ratificaron en el acuerdo alcanzado para pedir la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad, cuya constitucionalidad defendieron ante el recurso anunciado por el Gobierno valenciano.

El secretario regional del PP castellanomanchego, Vicente Tirado, recalcó que su partido se ratifica en lo acordado en el texto desde la convicción de que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma más solidaria de España, pero debe utilizar el agua que necesita para su desarrollo.

Por otra parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, manifestó que los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades españolas «no son clones» pero en el caso del aragonés la propuesta de reforma pactada entre los diferentes grupos políticos resulta ser «excelente». Iglesias además aseguró que no es momento de comparar el Estatuto aragonés con el de Castilla-La Mancha.

Francisco Camps considera que la disposición que incluye la reforma estatutaria castellano-manchega para el cierre definitivo del trasvase Tajo-Segura es una «consecuencia directa» de la paralización del trasvase del Ebro, y dijo temerse que se produzca un nuevo «capítulo» en las actuaciones contrarias a los intereses de la Comunidad. Así, expresó su miedo a que «el Júcar, en algún momento, sea utilizado de forma casi exclusiva por Castilla-La Mancha» y a que «al final» el Gobierno de Zapatero diga: «ustedes tienen el mar. Apáñense con ese agua».

El presidente de la Confederación Hidrográfíca del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, llevó a cabo una jornada de trabajo en la mañana de ayer en Hellín para hacer entrega de distintas resoluciones a la Comunidad de Regantes Juan Martínez Parras, SAT La Horca, Regantes de Isso y Sociedad Agraria de Transformación Fuente de Isso.

Tras departir con los representantes de estos colectivos de regantes el presidente de la CHS giró visita a los depósitos de agua potable que la Sociedad Estatal Acsegura está construyendo en el cerro Cruz de la Langosta con una capacidad de cinco mil metros cúbicos cada uno. Acompañó a esta visita el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda.

Fuentes Zorita dijo que esta visita es para seguir solucionando problemas y reconocer derechos de los regantes de la zona que se adquirieron hace muchos años. Hoy -dijo- se sientan las bases para legitimar unos derechos que estaban sin concretar.

Cumplido

Añadía que la CHS está ultimando la tramitación para inscribir a la SAT La Horca-Agramón en el Registro de Aguas, con lo que se cumplirían todas las demandas realizadas por el Ayuntamiento de Hellín respecto a la regularización y adaptación de todos los regadíos de su término municipal a la vigente legislación de aguas, culminando un proceso que se remonta a más de 20 años antes.

Fuentes Zorita dijo que Hellín en los últimos tres años ha conseguido más cosas que en bastantes décadas anteriores, teniendo una importante serie de proyectos en marcha.

A la pregunta de cómo ve la caducidad del trasvase Tajo-Segura dijo que él no se podía manifestar, quien debe resolver esa cuestión -dijo- son las Cortes de España, añadiendo que la CHS está para recoger las inversiones y repartirlas.

Siguió diciendo que «debemos dejar trabajar a los parlamentarios, estoy convencido de que al final del debate de las Cortes saldrá un Estatuto que no tendrá duda de su constitucionalidad y que representará adecuadamente los intereses de Castilla-La Mancha en el marco general de España».

El proyecto de los depósitos de la Cruz de la Langosta es de 2,5 millones de euros financiado por Acuasegura en un 85%, con cargo al Fondo de Cohesión de la Unión Europea, y el 15% por el Ayuntamiento de Hellín.

Los nuevos depósitos han sido construidos con muro de hormigón armado, de forma rectangular, incluyendo una instalación de rebombeo entre ambos.

Estas infraestructuras forman parte del proyecto de mejora de abastecimiento de agua potable, incluyendo una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable que sustituirá a la antigua, y que contará con las más modernas técnicas, entre ellas, la ozonización, que proporciona una desinfección impecable del agua y la filtración en carbono activo, que elimina cualquier sabor.

En este mismo acto Fuentes Zorita dio a conocer el reconocimiento formal para el aprovechamiento de la Fuente Principal de Isso y Pozos del Boquerón, esto -dijo- es un paso más del Ministerio de Medio Ambiente en la satisfacción de las demandas históricas de los regantes hellineros.

Dijo que los sondeos aportados por los sondeos de El Boquerón se vierten y acumulan a un embalse de regulación de unos 100.000 m3, ubicado en la rambla del Boquerón, y del que parte una conducción de agua hasta el entorno de la Fuente Principal de Isso. Estos sondeos se ejecutaron en su día como parte de las obras de infraestructuras para el desarrollo y transformación de la zona regable de Hellín.

El alcalde de Hellín, Diego García Caro, dijo que esta visita no era como las que anteriores presidentes hacían a Hellín que eran, aseguró, para ocasionar problemas; esta no es así -añadió- porque se hace un acto sencillo con la entrega de esos acuerdos que serán muy productivos para el municipio. «Siempre hemos encontrado voluntad de pacto con la CHS que se cierra con estos acuerdos», concluyó el alcalde.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y sus acompañantes visitaron posteriormente los trabajos en los barrancos de Férez y Benizar (Socovos), donde la CHS ha realizado obras de acondicionamiento y recuperación.