El futuro del río Júcar pende de la revisión del plan de cuenca. Este documento debe cumplir la directiva europea en materia de aguas y deberá estar en funcionamiento en 2015. El portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz, explicó ayer que es imprescindible reducir a una tercera o incluso a una cuarta parte las extracciones que ahora mismo se realizan en el acuífero de la Mancha Oriental, que lleva años esquilmando el río Júcar en lugar de aportarle agua como debería hacer un acuífero  .
Sanz advirtió ayer de que la revisión del plan de cuenca del Júcar es el que más retraso lleva acumulado, en parte porque la Generalitat no asume las competencias de los ríos intracomunitarios y por tanto, la cuenca no tiene aún una delimitación clara.
Por su parte, el ex presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y premio Goldman 2003, Pedro Arrojo, aseguró que la del Júcar es la cuenca más compleja de toda España. Posee los mayores acuíferos de toda España y combina la gestión de las aguas superficiales con las subterráneas, una práctica tradicional que la convierte en la única de todo el país que nunca ha sufrido un corte de suministro.
En referencia a los ahorros que genera la modernización de los regadíos, Arrojo considera que en cultivos como en el de La Ribera no tiene sentido, puesto que el agua que se ahorra con la instalación del riego por goteo se tiene que sacar del río para que recargue La Albufera. Así, aclaró que el riego localizado sólo es conveniente en lugares como Monegros donde si el agua se fuga «no va a ningún sitio».
También se refirió a la actual ministra de Medio Ambiente y Agricultura, y afirmó que detecta un cambio de actitud a favor de los trasvases.

Los estatutos de autonomía sobrevuelan las Comunidades españolas. Cada Gobierno regional «barre para casa» e intenta moldear un texto que proteja y defienda los intereses de cada territorio. Murcia, que no quiere «ver pasar el tren», se ha puesto a pulir su documento en base a dos grandes áreas: agua y financiación autonómica.
   Por tal motivo, el portavoz del PP en esta zona del levante, Juan Carlos Ruiz, recalcó ayer, en base al documento, que «éste debería incluir el modo de financiación, ya que de no ser así no veríamos ni un euro» procedente del Ejecutivo de la Nación. Y es que mucho se ha hablado, en los últimos días, acerca del monto económico que el Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero va a enviar a un territorio gobernado por la mano popular, que no lleva rosa, y que actualmente es un bastión de la formación liderada por Mariano Rajoy.
   El partido político más votado en Murcia en las pasadas elecciones del 27-M denunció que a los Presupuestos Generales de 2008 les faltaban más de 500 millones de euros para equilibrar lo no ejecutado en la Comunidad en 2007. La no llegada de ese «pellizco» supone, según el diputado del PP, Andrés Ayala, que «la Región se quede en el 49 por ciento de la media de crecimiento de las inversiones de las demás Comunidades». Más claro. Una de las obras clave, la remodelación del «negro» Puerto de la Cadena, que une la capital con la ciudad de Cartagena y que se ha cobrado cientos de muertes, se ha retrasado un año por el deslizamiento de lo no invertido en 2007.
   Exigir como el que más
   En este sentido, el deseo del Grupo Parlamentario Popular es, tal como expresó Ruiz, que el nuevo Estatuto de la Región de Murcia «nazca fruto de las necesidades, deseos e ilusiones compartidas del proyecto común de todos los murcianos, ya que tenemos el legítimo derecho de regular nuestras normas de convivencia y exigir como los que más». «No permitiremos que nadie utilice su peso, población, extensión, coacción o coalición para excluir a nuestra Comunidad de la solidaridad que nos corresponde», subrayó un Ruiz que, además, manifestó que «como primera premisa para la creación de esta comisión especial hemos definido el marco del cual no pretendemos salir; esto es la Constitución Española».
   

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, advirtió ayer al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de que las Cortes modificarán el Estatuto de su comunidad «en todo aquello que no se atenga al ordenamiento constitucional», y recordó que la gestión del trasvase Tajo-Segura corresponde «exclusivamente» al Gobierno.
   Narbona hizo estas declaraciones durante su visita a la planta desalinizadora de Torrevieja: «El trasvase no tiene fecha de caducidad», sentenció Narbona, quien añadió que la legislación que regula esta infraestructura «establece unas determinadas reglas de explotación que se están respetando» y que dan «garantías a quienes durante mucho tiempo han dependido de la lluvia».
   La ministra recordó que el Estatuto castellanomanchego todavía no se ha sometido a debate en el Parlamento español, y señaló que todos los proyectos autonómicos ya presentados «han sido modificados en aquellos artículos que podían suponer una alteración del ordenamiento constitucional». A este respecto, insistió en que la tarea de las Cortes será la de «modificar el texto en todo aquello que no se atenga al ordenamiento constitucional» y precisó que éste establece «claramente» que la gestión del trasvase «corresponde exclusivamente al Gobierno».
   Horas más tarde, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, respondió a la ministra al asegurar que el Gobierno regional espera que el nuevo Estatuto de Autonomía le dé más competencias «para mejorar la vida» de los habitantes de la región, como la gestión del agua, que calificó de «esencial».

El presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, y su homólogo en la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se reunieron ayer en Alicante en la denominada Cumbre bilateral, para hacer de sus reivindicaciones en cuatro materias fundamentales: agua, infraestructuras, seguridad y financiación, «una nueva idea de España» donde todas las autonomías salgan beneficiadas por igual.
   El presidente Camps fue el primero en dar cuenta de las conclusiones extraídas de la reunión con su compañero de partido y amigo, Valcárcel, con el que dijo «vuelvo con las mismas reivindicaciones que hace cuatro años». Camps diferenció en todo momento la posición de «convergencia» adoptada por las dos Comunidades para exigir la cobertura de unas «necesidades básicas» como son los cuatro temas tratados, de la postura de «divergencia e incertidumbre» que enarbola el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
   Cuatro grandes áreas
   Respecto al problema del agua, «el mayor para ambas Comunidades», el presidente del Gobierno valenciano responsabilizó al Ejecutivo socialista de haber creado una «situación de incertidumbre» en la política hídrica nacional, gracias a la cual, por muchas inversiones hechas desde la Comunitat Valenciana para modernización, ahorro y reutilización de los recursos, «el excedente del río Ebro se sigue tirando al mar». Recordó que el trasvase del Ebro fue derogado con la llegada de Zapatero a La Moncloa mediante un decreto que acompañó de «vanas promesas de más y mejor agua, y de un modo más económico». A pesar de esas expectativas creadas, «a la Comunitat y a Murcia no ha llegado ni un hectómetro cúbico de agua procedente de algún proyecto socialista».
   En el turno de la financiación, Camps reiteró el «espectacular» crecimiento experimentado por la Comunitat Valenciana en los últimos años y recordó que «hay un millón de valencianos más, que no constan de cara a la partida presupuestaria territorial» y por los que la Comunitat ha dejado de percibir 1.600 millones de euros; la Región de Murcia 567. En este sentido, el presidente insistió en la idea de que, a pesar del déficit de financiación que sufre la Comunitat Valenciana, su Gobierno ha garantizado los servicios sanitarios y educativos a decenas de miles de personas que trabajan, viven o la visitan. En cuanto a la seguridad y a las infraestructuras, Camps abogó por la posibilidad de que el Gobierno de Zapatero concierte la inversión de los cuarteles de Policía Nacional y Guardia Civil, y apostó por la integración de la Policía Nacional en el sistema de emergencias del 112. En el caso de las infraestructuras, destacó el «gran esfuerzo» hecho por la Región de Murcia y por la Comunitat Valenciana para vertebrar su territorios y aprovechó la cumbre bilateral para reivindicar la alta velocidad para pasajeros y mercancías, y la creación de Corredor Mediterráneo y su conexión con el centro de España.
   En su turno, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel lamentó la temática de la Cumbre con Camps, porque «hablar de agua, financiación, infraestructuras y seguridad es grave síntoma de que existen carencias en estas necesidades».
   Con un tono más moderado que el del presidente Camps- que puso más énfasis en sus reivindicaciones- se centró en la política hídrica como eje central de su exposición ante los medios y arremetió contra Zapatero y su programa AGUA, del que dijo «ha supuesto un fracaso porque no ha sido capaz de dar respuesta a los problemas de recursos de los que adolecen las dos Comunidades». De Zapatero, Valcárcel destacó el hecho de que se aferrara a la idea de «acabar» con el Plan Hidrológico Nacional (PHN) pese a la negativa generalizada de políticos y expertos en la materia. Incidió en que el programa AGUA «no ha traído recursos hídricos pero sí incertidumbre, inseguridad y enfrentamiento entre Comunidades Autónomas». Arropó a Camps en su demanda del trasvase del Ebro, añadió el Júcar -Vinalopó y el mantenimiento del Tajo-Segura, y espetó que «el Ebro es un río español y los murcianos y los valencianos somos España, no Lituania» .
   Ambos presidentes coincidieron en que sus demandas no se basan en «caprichos ni privilegios» sino en necesidades básicas para sus ciudadanos «de justicia y que nos pertenecen». Finalmente, Camps y Valcárcel aununciaron que el programa electoral del PP nacional también incluirá estas cuatro reivindicaciones.

El Plan de Choque para la modernización de los regadíos nació con el objetivo de reducir el consumo de agua. Y mucho. Nada menos que 1.162 hectómetros cúbicos al año. Sin embargo, ha transcurrido ya más de un año desde su presentación y el ahorro no aparece. «A día de hoy el Gobierno no puede presentar ni un proyecto que demuestre un ahorro de agua», denunció ayer a este periódico Guido Schmidt, responsable de aguas continentales de WWF/Adena.
   El plan presentado en marzo de 2006 por los ministerios de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente pretendía actuar con carácter de urgencia sobre 866.989 hectáreas hasta finales de 2007. Para ello contó con una inversión total de 2.409 millones de euros, de los cuales «1.800 millones de euros provienen de financiación pública», recordó Schmidt.
   Hasta la fecha se han licitado «31 actuaciones de modernización de regadíos por valor de 328 millones de euros», explicó. Pero, «no se ha ahorrado -continúa- ni un hectómetro cúbico de agua y ambas ministras lo saben».
   Son varios los motivos. El primero de ellos es que «en donde se han modernizado los regadíos, los agricultores o bien han aumentado la superficie a cultivar o bien han cambiado de cultivo», explicó. Es decir, que, a pesar de que se hayan modernizado las instalaciones, no se ha rebajado el consumo de agua. Este hecho también ha provocado que «en Estremera (Madrid), los regantes estén vendiendo agua a Murcia, porque con la modernización del regadío no requieren tanta agua», denunció el responsable de WWF/Adena.
   Otro caso es el de La Hoya (Valencia), donde el Plan de Choque pretendía, según Schmidt, «ahorrar agua cambiando 629 hectáreas de cultivo de secano a regadío. El Gobierno ya rectificó, pero este ahorro continúa en el Plan». Un ejemplo similar es el proyecto de «El Fresno, en Huelva, donde se pretendían sustituir los bombeos subterráneos (pozos) por agua superficial; En el plan se lo apuntan como un ahorro cuando es una sustitución, no un ahorro», hizo hincapié Celsa Peiteado, responsable de Política Agraria de WWF/ Adena. Otro ejemplo es «el de Can Bossa (Mallorca) donde al objetivo de modernizar los regadíos le han salido otros proyectos como la creación de un campo de golf, aunque este proyecto está parado».
   

«El agua es un bien de consumo rival». Así define el Círculo de Empresarios un elemento que se ha convertido en núcleo de problemas medioambientales y económicos. ¿Por qué rival? «Porque lo que unos consumen deja de estar disponible para otros», responden. Proponen para mejorar la situación que los precios se fijen según los costes reales, y que sean los mismos en todas partes. También que la oferta, y no la demanda, regule el mercado.
   ¿Cuál es el verdadero problema del agua, según los empresarios? «Que no hay suficiente para cubrir toda la demanda». Esto, apuntan en su informe, es una realidad intransformable, lo que hace que haya que buscar nuevas soluciones. ¿Cuáles? «Cambiar el concepto: la política del agua debe depender más de la demanda que de la oferta», contesta el presidente del Círculo, Claudio Boada. Y es que según los empresarios, las inversiones en España para minimizar los problemas de la sequía (es el quinto país del mundo con más presas), no consiguen solucionar el problema de la falta de agua.
   Otro de los puntos negros del panorama hídrico es que casi 25 millones de personas dependen de trasvases. Además, «las desaladoras y la reutilización de aguas residuales tienen en promedio un peso reducido, aunque varía notablemente entre áreas geográficas», dicen.
   Los empresarios creen que «no parece razonable pensar en que un incremento de la oferta sea capaz de satisfacer la creciente demanda». Incluso piensan que la inversión en infraestructuras es «una posibilidad limitada». Conclusión: la gestión del agua debe perseguir la sostenibilidad económica y medioambiental de este recurso. Para conseguirlo, Boada propone aplicar «un sistema de precios, tarifas y tasas» que permitan la racionalización. El objetivo de implantar este sistema sería doble. Por un lado, la plena recuperación de costes y, por otro, la eficiencia en el uso del agua. Por último, Boada señaló la inconveniencia de aplicar criterios políticos a las políticas de agua. Apuesta por que se hagan cálculos económicos que establezcan la «frontera razonable» entre las diferentes alternativas (trasvases, desaladoras, aguas residuales…).
   

Aguaron las vacaciones a buena parte de los españoles, pero todos estaban de acuerdo en que cayeron en el momento preciso. Las lluvias generalizadas en la mayor parte de la España peninsular, sobre todo en el transcurso de la última Semana Santa, han propiciado que la reserva hidráulica logre superar la barrera de los 33.000 hectómetros, que no se alcanzaba desde agosto de 2004, justo en puertas del último periodo de sequía, según informa Europa Press.
   Aunque las reservas de los embalses están ahora al 61 por ciento, tres puntos mejor que hace un año, quedan sensiblemente por debajo de los promedios de los últimos cinco y diez años.
   Según datos difundidos ayer por el Ministerio de Medio Ambiente, la reserva hidráulica se sitúa actualmente en 33.027 hectómetros, lo que representa un aumento de 334 hectómetros, equivalente al 0,6 por ciento, con respecto a los niveles alcanzados durante la semana anterior.
   La reserva alcanza exactamente el 61 por ciento de la capacidad de los pantanos, 2,8 puntos por encima de la de hace un año justo por estas fechas, y la más elevada desde agosto de 2004, en puertas del comienzo del último periodo de sequía, que registró su punto álgido en septiembre del año pasado, con los embalses a menos de un 39 por ciento de su capacidad.
   Inferior al promedio
   De acuerdo con datos oficiales recabados por Europa Press, el nivel de reserva sigue siendo en todo caso inferior al del promedio de los últimos cinco años, un 65,8 por ciento, y del pasado decenio, un 67,3 por ciento.
   Si analizamos la situación por cuencas, destaca especialmente al subida en la cuenca del Ebro, afectada por las inundaciones debido a las fuertes y persistentes lluvias en su cabecera, donde el agua embalsada ha subido en 178 hectómetros, hasta alcanzar el 70,9 por ciento.
   Las lluvias en la cuenca mediterránea -26,8 litros por metro cuadrado de media en la última semana- propician una mejora en los embalses internos catalanes (40,5 por ciento), en el Júcar (20,1) y en el Segura (19,3).
   En cuanto a la vertiente Atlántica, las lluvias sólo ascendieron en promedio a 12,2 litros por metro cuadrado. La situación es óptima en las cuencas del Norte, del 76 al 95 por ciento, y en el Duero, al 84 por ciento.
   Los pantanos del Tajo están al 60,8 por ciento, aunque en su cabecera rondan el 20; y en el Guadiana (Castilla La Mancha y Extremadura) se sitúan al 64,7 por ciento. Ya en Andalucía, los pantanos de la cuenca atlántica (Huelva) están al 53,1 por ciento, al 44,3 los del Guadalquivir, y los de la zona mediterránea al 35,5 por ciento.
   En relación con la situación de la reserva, el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, señaló ayer, en una rueda de prensa a los medios de comunicación para informar sobre el Plan Nacional de Restauración de Ríos en la Cuenca del Tajo que, «aunque ha mejorado un poco la situación», se mantiene prácticamente en el mismo panorama que la semana pasada, con «problemas» en las cabeceras del Guadalquivir, del Tajo, el Júcar y el Segura.
   

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia ven con impotencia cómo durante los últimos días el Ebro está desembalsando agua al mar, mientras las dos sufren las consecuencias de la sequía de los últimos años.
   Las fuertes lluvias caídas a principios de semana y el deshielo de las montañas por el aumento de las temperaturas ha provocado un crecimiento de los afluentes del Ebro que han elevado el caudal del río, ha anegado muchos terrenos agrícolas e inundado ciudades a su paso. Esto ha provocado la indignación en dos de las comunidades del levante español.
   El secretario general de la Presidencia de Murcia, José Antonio Ruiz Vivo, se mostró muy crítico con la derogación del Plan Hidrológico y señaló que «en España la situación que se está produciendo son riadas en el Ebro, cuatro hasta el momento, y que ha motivado que el Ebro se esté desbordando, mientras Murcia se seca».
   Según explicó Ruiz Vivo el río arroja al mar más de 1.200 metros cúbicos al día, el equivalente a cuarenta canales del trasvase previsto en el Plan Hidrológico Nacional, por lo que Antonio Cerdá, consejero de Agricultura, apuntó que «hay que hacer una reflexión, porque hay quien nos acusa de que estamos manteniendo el tema del Ebro». «La alternativa del Ebro es la más viable y la más segura», dijo. Asimismo también destacó que el pasado miércoles «el Ebro estaba tirando 1.195 metros cúbicos por segundo en Tortosa», lo que «supone 112 hectómetros de agua al día. Y con tres días de éstos, tendríamos resuelto todo el tema de la agricultura de Murcia».
   Impotencia
   En la Comunidad Valenciana han contemplado con cierta impotencia cómo desde el viernes de la semana pasada el caudal en la desembocadura del Ebro en Tortosa ha ido incrementándose. Hace una semana, los caudales medios del río en este punto superaban ligeramente los 400 metros cúbicos por segundo. Y ya han superado 1. 321 metros cúbicos por segundo. Precisamente es en este punto del que partiría el derogado trasvase del Ebro. Esta conducción estaba diseñada para trasvasar a la Comunitat Valenciana, a la Región de Murcia y a la provincia de Almería, un máximo de 350 hectómetros cúbicos al año. La impotencia de políticos, agricultores y ciudadanos de la comunidad en general se ha incrementado al saber que con el agua que durante cuatro días se está tirando al mar se podría trasvasar todo el agua prevista por el Plan Hidrológico Nacional. En este cálculo también se ha tenido en cuenta el caudal ecológico que se reservaba en el plan. En cualquier caso, aunque esta medida se tenía que incrementar, sólo con este episodio de inundaciones se podría cubrir toda la demanda que necesita la Comunitat Valenciana para un año.
   Zaragoza, en alerta
   El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis Alonso, señaló ayer que el caudal del río Ebro, a su paso por la capital aragonesa, podría alcanzar durante la noche de hoy con un valor máximo de 1.900 a 2.000 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 4,85 metros en el aforo de Zaragoza, límites próximos a una avenida ordinaria.
   El caudal máximo que se registró en el anterior episodio de crecida de esta semana fue de 1.383 metros cúbicos por segundo, con un nivel de 4 metros. En el resto de la Cuenca del Ebro no se prevén nuevas crecidas por el momento.
   José Luis Alonso informó que la avenida pasó el pasado miércoles por la localidad de Castejón (Navarra) durante la pasada noche con la previsión que se calculaba desde la CHE, «unos 2.300 metros cúbicos por segundo». Asimismo, el presidente de la CHE indicó que no se prevén «daños a ninguna población» aunque apuntó que hay que tener en cuenta que «estamos ante una avenida ordinaria por lo que se pueden producir inundaciones en cultivos» e insistió en que «el río puede causar daños en las huertas ante una avenida ordinaria», porque con «un río mediterráneo por mucho que controlemos los embalses, los cultivos sufren daños».
   Navarra, la más afectada
   En cuanto a los daños, Navarra sigue siendo la comunidad más afectada por las inundaciones. Además de anegar tierras de cultivo, el agua ha obligado a cortar dos carreteras. En la red principal está inutilizada la N-113, Pamplona-Madrid, en el kilómetro 75, a la altura de Castejón, donde el Ebro alcanzó en la madrugada del jueves un caudal de 2.188 metros cúbicos por segundo y una altura de 6,73 metros, por lo que se han habilitado desvíos alternativos debidamente señalizados.
   Además, en la red secundaria está cortada desde el miercoles la NA-6140, Tafalla-Miranda de Arga, a la altura del kilómetro 13.

El consejero de Territorio y Vivienda, Estaban González Pons, mostró ayer su «convencimiento íntimo» de que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, «está ubicando desaladoras en la Comunidad valenciana para llevar agua a otras comunidades autónomas», en respuesta a los anuncios hechos por la ministra. «A nosotros no nos traen agua del Ebro, pero de la Comunidad llevarán agua a Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha fabricada por las desaladoras que contaminarán nuestro mar», afirmó.
   González Pons se pronunció en estos términos en relación a la denuncia que la Generalitat valenciana aprobará presentar en la reunión del próximo pleno del Gobierno Valenciano ante la Unión Europea contra la desaladora de Torrevieja en Alicante por, entre otros motivos, «no contar con la declaración de impacto ambiental para su ampliación».
   Al respecto, recordó que esta denuncia se basará en que esta desaladora que «se ubicará en el área de amortización del Parque Natural de La Mata-Torrevieja, carece de declaración de impacto ambiental para su ampliación, se convertirá en la más grande del Mediterráneo y la tercera más grande del mundo, y que abocará la sal sobre la pradera de poseidonia con la financiación de fondos comunitarios», informa Ep.
   Por su parte, desde Murcia, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aclaró en un comunicado que la infraestructura del trasvase del Ebro «habría sido una realidad en el año 2008», y no en 2020, como ha apuntado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Cerdá aseguró que «la ministra Narbona y el Gobierno socialista, en su afán por engañar a los ciudadanos e intentar ocultar el estrepitoso fracaso del Programa AGUA, confunde deliberadamente todas las obras del PHN con el trasvase del Ebro». Según Cerdá, «la obra habría estado finalizada en el año 2009».
   

El Gobierno ha tratado de pasar de puntillas ante la guerra del agua, incentivada a cuenta del proceso de reformas estatutarias impulsado por el PSOE en esta legislatura y en la que han acabado cayendo también los «barones» del PP. Pero su ambigüedad no ha evitado que esta batalla haya caldeado el ambiente previo a la reunión de presidentes autonómicos con un tenso cruce de declaraciones. Ayer, el presidente manchego, José María Barreda, frenó los pies a posibles intenciones del Ejecutivo en ningún caso aún concretadas. Así, advirtió de que el hecho de que el Gobierno hable en sus resoluciones de solidaridad entre las diversas cuencas hidrográficas, «no significa que se vaya a bendecir ningún trasvase, ni futuro, ni de los actuales». Por su parte, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, adelantó que defenderá en la Conferencia la necesidad de trasvases como el del Ebro, derogado por el Gobierno, como la única solución posible para la falta de agua en el Levante español. Los líderes de los partidos políticos de Aragón avalaron que el jefe del Ejecutivo aragonés, Marcelino Iglesias, defienda el rechazo a los trasvases entre cuencas; mientras que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunció que reclamará a Rodríguez Zapatero que complete las inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional.