Con la presencia de los alcaldes de Tobarra, Manuel Valcárcel; Hellín, Manuel Mínguez, y Chinchilla, José Martínez Correoso, concejales y el secretario general de UPA de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, se realizó una reunión con agricultores y regantes (alrededor de un centenar), con el fin de adoptar acciones conjuntas contra la declaración de sobreexplotación de las aguas subterráneas de la zona sur de la provincia de Albacete.

La reunión fue convocada por el alcalde de Tobarra, ante la publicación en el BOP de la provincia de Albacete, el pasado 19 de septiembre, del acuerdo de la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que se daba cuenta de la propuesta de declaración «de masas de agua subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y propuesta de adopción de medidas cautelares».

En la asamblea se puso de relieve el malestar «por la discriminación que sufren los agricultores albaceteños frente a los de otras comunidades próximas, ante las decisiones adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura, y en concreto el anuncio de la declaración de sobreexplotación la masa de agua Tobarra-Tedera-Pinilla, que afecta a una superficie de 151,48 kilómetros cuadrados.

Manuel Valcárcel dijo que los municipios presentes eran prioritariamente agrícolas y que necesitaban agua para subsistir. Dio la palabra a Julián Morcillo, quien trasladó a los presentes «su malestar y preocupación por las decisiones que viene tomando la Confederación». Recordó que la UPA se manifestó en contra del nuevo Plan Hidrológico del Segura, «porque se trata de un plan que no atiende las necesidades de los usuarios de la zona sur de Albacete, que declara sobreexplotado prácticamente todo el Alto Segura, mientras que en la región de Murcia se aseguran el derecho y el agua sin ningún tipo de restricción».

La concejala hellinera, Marta Pérez, dijo que los agricultores de la zona tenían las mismas necesidades: «defenderemos nuestro agua con uñas y dientes, y estamos a tiempo porque son medidas cautelares, por eso es importante que presentemos alegaciones conjuntas para hacer más fuerza». El alcalde, Manuel Mínguez, transmitió unas palabras de la consejera, en el sentido de que podían contar con su apoyo para negociar y presentar cuantas alegaciones fueran necesarias para evitar el acuerdo de la CHS.

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El Ayuntamiento de Albacete, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han decidido presentar un recurso conjunto contra la subida, de entre el 60% y el 70%, de los cánones de regulación propuesta por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Recordar, tal y como adelantó La Tribuna de Albacete, que la CHJ publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 26 de septiembre una propuesta nuevos valores del canon de regulación que se pretenden aplicar para la sustitución de bombeos, la mejora de regadíos y el suministro a la capital de la provincia.

Los incrementos previstos generaron una considerable controversia y provocaron quejas tanto por parte de los grupos políticos de la oposición como por parte de las organizaciones agrarias, lo que hizo que el Ayuntamiento, la Junta y la Jcrmo pusiesen a trabajar a sus técnicos para ultimar un recurso que, según informaba el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, se presentará antes del martes día 7.

«Así, el Ayuntamiento de la ciudad solicitará que se anule dicha subida, defendiendo una vez más los intereses de todos los albaceteños -indica la nota- y Ayuntamiento, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y Junta Central de Regantes, se unen así frente a una subida que consideran desproporcionada e injusta».

Por otra parte, y según ha podido confirmar La Tribuna de Albacete de fuentes cercanas a los técnicos que han preparado el recurso, el mismo se basa en la «evidente desproporción» que se aprecia en las cuentas que hace el organismo de cuenca a la hora de calcular los valores del canon de regulación.

el reparto. En teoría, El canon de regulación es una cuota que pagan los usuarios de un sistema concreto -en este caso, el del Júcar- por las inversiones que hace el estado en obras de regulación de las aguas que utilizan, sean superficiales o subterráneas.

Se trata de una cantidad por cada 1.000 metros cúbicos que se divide entre todos los usuarios de un sistema, en este caso, el de los embalses de Alarcón, Contreras y Tous. Pero este reparto, según los recurrentes, dista mucho de ser equitativo.

En primer lugar, está el problema del Vinalopó. La comarca no pertenece al Sistema Júcar, pero va a regar y beber con su agua, a través de un trasvase que acaba de entrar en servicio.

En el cuadro de tarifas y cánones del año anterior, el 2014, esta comarca sí aparecía. Pero la CHJ la ha declarado exenta, así que todos los demás usuarios tienen que pagar más, aunque la cantidad global sea, más o menos, la misma que hace un año.

Pero, ni siquiera en este caso, de acuerdo a las fuentes consultadas, el reparto es equitativo, porque a la hora de echar las cuentas, la CHJ solo imputa a los usuarios valencianos restantes el coste de regulación correspondiente al embalse de Contreras, mientras que a la Mancha le imputa los costes de los tres embalses, los de Alarcón, Contreras y Tous.

De esta forma, el resultado es que el canon que se le quiere imputar a la ciudad de Albacete, con 173.000 habitantes, es de 13,86 euros cada 1.000 metros cúbicos, mientras el que se le quiere imputar a la ciudad de Valencia, con 792.000, es de 1,32 euros, y el que le correspondería a la ciudad de Sagunto, de acuerdo a la misma propuesta publicada en el BOP, es de 1,30 euros.

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La Unión de Pequeños Agricultores (UPA)ha criticado, en una nota de prensa, los nuevos valores del canon de regulación en la zona de La Macha Oriental, publicados en el Boletín de la Provincia por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y cuyos detalles adelantaba La Tribuna de Albacete hace una semana.

«Después de limitar las dotaciones a los agricultores albaceteños, además les suben la tasa en un 60 % -afirma la nota- el agravio comparativo entre lo que van a pagar los regantes de la Comunidad Valenciana, por un agua que transcurre en un 70 % por Castilla-La Mancha y lo que les va a costar a los albaceteños es una aberración, una injusticia que no solo afectará a los regantes sino también a los ciudadanos porque las diferencias con Valencia también incluyen el consumo humano».

En el comunicado, UPA lamenta «que se vendiera como un éxito del nuevo Plan de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que Albacete no tuviera que pagar un sobre coste por utilizar agua del Pantano de Alarcón en situaciones de sequía, mientras tenían previsto aplicar un aumento del canon de forma permanente en un 60 % a la Mancha Oriental».

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo considera además «muy injusto que el canon suba para los albaceteños, mientras el Vinalopó no aparece», porque la CHJ ha considerado «no imputables» los abastecimientos y la sustitución de bombeos en esta comarca de la provincia de Alicante..

En este sentido, destaca cómo el cuadro de tarifas y cánones del año anterior, la comarca alicantina del Vinalopó si aparecía, «por eso ahora, al declararla exenta, todos los demás usuarios tienen que pagar más».

UPA Castilla-La Mancha considera que el proceso de planificación del Júcar no ha respetado las «líneas rojas» que nunca deberían haberse traspasado y se han vulnerado «escandalosamente», como eran garantizar la preferencia de uso de la cuenca cedente y atender las necesidades presentes y futuras de la región, que es lo que la organización venía reclamando en sus alegaciones.

«La cuenca hidrográfica del río Júcar pasa de ser excedentaria a ser deficitaria pero solo para los usos de regadío de la Mancha Oriental y no de la Comunidad Valenciana», concluye.

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Más de 1.000 agricultores y ganaderos de la provincia aguardaban ayer con gran expectación para entrar al Palacio de Congresos de Albacete y tomar nota, papel y bolígrafo en mano, de todos los detalles que se ofrecieron en las jornadas informativas sobre la última reforma de la PAC, a cargo de técnicos y jefes de área de los Servicios Periféricos de Agricultura, organizadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Globalcaja.

La inauguración del acto corrió a cargo del delegado de la Junta en Albacete, Javier Cuenca, y del nuevo director general de GlobalCaja, Pedro Palacios. Nada más comenzar, Cuenca dejó bien claro cuáles eran las razones para celebrar el evento. Más de 900 millones de motivos, para ser precisos.

«Durante todo el período de vigencia de la nueva PAC, la ficha financiera que le corresponderá a la provincia de Albacete ascenderá a 909 millones de euros -afirmó- de los que 118 corresponderán a la campaña de este año».

La intención de la Administración regional es que, antes de que acabe el ejercicio, se hayan pagado el 95% de dichas ayudas directas. Pero, para lograr ese objetivo, va a haber que hilar muy fino desde el primer momento, algo que también dejó bien claro el director general de Globalcaja.

Un solo error. «Un solo error, una equivocación en la solicitud, una mala interpretación de la normativa pueden hacer que un agricultor o ganadero se queden colgados hasta 2020», afirmó de forma categórica Pedro Palacios.

Por esta causa, la Administración regional y la entidad financiera decidieron organizar un ciclo de conferencias técnicas, a cargo de especialistas en aspectos relevantes de la nueva PAC que, además, tengan conocimiento, de primera mano, de los problemas, dudas y necesidades de los profesionales del campo.

El ciclo comenzó ayer, en Albacete, pero está previsto celebrar dos más, de similares características, en Cuenca y Ciudad Real. Entre el público asistente, había toda una selección del ‘quién es quién’ en el mundo agropecuario albaceteño y castellano-manchego, empezando por el propio presidente de GlobalCaja, Higinio Olivares « quien, por cierto, justo antes de empezar, me dejó bien claro que estaba aquí como agricultor, no como presidente».

Tras Palacios, llegó la primera ponencia, a cargo del jefe de Servicio de Ayudas y Pagos Directos de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Juan Ramón Serna, quien habló sobre Pago Básico, ayudas a jóvenes y Greening.

Siguieron el jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería, Miguel Martínez, quien habló sobre Ayudas acopladas, y José Garijo, jefe de Servicio de Infraestructuras, sobre Ayudas Agroambientales.

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El río Cabriel tiene fama de ser uno de los mejor conservados de Europa, sobre todo en su curso alto. Pero, a partir del embalse de Contreras, tiene otra particularidad que lo distingue de otros cauces de la España mediterránea, y es que funciona al revés.

No se trata, en absoluto, de que la corriente fluya aguas arriba. Se trata de que, según afirma el Ayuntamiento de Casas Ibáñez en unas alegaciones presentadas ante la Confederación del Júcar, el río va casi seco cuando los demás van casi llenos, y va casi lleno cuando los otros apenas llevan agua.

Estas alegaciones, a las que ha tenido acceso La Tribuna de Albacete, se han presentado como parte del proceso de planificación hidrológica 2016-2021, esto es, el proceso de diseño de los planes hidrológicos de cuenca que sucederán a los que se aprobaron este 2014, con varios años de retraso.

El problema, en realidad, es de origen humano, y la Corporación local señala, en sus propias alegaciones, al régimen de desembalses del pantano de Contreras, situado aguas arriba, y que provoca un fenómeno tan inusual y perjudicial para los ecosistemas asociados al río. «La situación de las regulaciones en este tramo en el río Cabriel, con escaso caudal en otoño-invierno-primavera, e incremento muy notable del caudal en el final de la primavera y verano, supone obviamente un régimen hidrológico inverso, totalmente opuesto a la estacionalidad natural, que ocasiona impactos ambientales y sociales muy graves», se afirma en la alegación.

ciclos. Esta situación provoca que, en verano, haya momentos en los que el río lleva caudales cercanos «a las avenidas» justo cuando las especies animales y vegetales, de acuerdo a su ciclo vital, se preparan para la escasez de agua propia de los ríos Mediterráneos en la época estival.

Las consecuencias, de acuerdo a la alegación presentada por la CHJ, son «arrastres perniciosos para la disponibilidad de alimento y la micro-fauna, así como dificultades en la reproducción de las especies piscícolas», además de «un descenso de la temperatura del agua del río Cabriel, igualmente pernicioso».

Por esta causa, y siguiendo lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua de la UE, de la Ley de Aguas y el vigente Reglamento de Planificación Hidrológico, el Ayuntamiento de Casas Ibáñez defiende, en su alegación ante la CHJ, el mantenimiento y la vigilancia de un caudal ecológico mínimo que, conforme a la normativa aducida, es una «restricción» básica a todo sistema de explotación, lo que incluya el Júcar.

Por último, el Consistorio local recuerda que el Cabriel, tanto en la parte manchega como en la parte valenciana de su recorrido, está protegido por varias figuras como la Reserva Natural de la Hoces del Cabriel en Castilla la Mancha, y el Parque Natural de la Hoces del Cabriel valenciano

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Hace escasos días, la Confederación Hidrográfica del Júcar publicaba el inicio de un expediente de extinción de un aprovechamiento hidroléctrico, un pequeño salto de agua en Valdeganga.

La extinción del aprovechamiento, situado en el paraje conocido como Los Frailes, no tendría nada de particular de no ser por un detalle: la fecha, pues esta concesión data del año 1903.

Esta concesión, en realidad, tiene mucha historia. Pues en este punto, en 1897, estuvo situada una de las primeras centrales eléctricas de la provincia de Albacete.

En aquella época, la industria eléctrica aún daba sus primeros paso. Para hacerse una idea, hacía tan sólo cuatro años que la corriente alterna se había impuesto a la continua como estándar.

Es entonces cuando, en Los Frailes, un grupo de inversores locales levantó lo que llamaron una «fábrica de electricidad» que llevó, por primera vez, la luz a Tarazona, Motilleja y Albacete.

En 1903, el Gobierno de la nación otorgó la concesión a un industrial albacetense, de nombre Francisco Garví. En 1910, desde Los Frailes, se generaban unos 450 kilovatios de potencia.

La fiebre de la luz. Pero este no fue un caso aislado. Entre las ultimas década del siglo XIXy el primer tercio del siglo XX, Albacete vivió una auténtica fiebre de la luz en un tramo muy preciso del cauce del Júcar.

Desde La Roda a Villa de Ves, el río tenía un caudal, un trazado y una pendiente ideales para construir centrales hidroeléctricas. En 1898, Francisco Gosálvez levantó la primera central de El Molinar, en Villa de Ves.

Siguieron otras, tanto en el Júcar como en el Cabriel. La Terrera, en Casas Ibáñez; Moranchel, en Jorquera; Batanejos, en Villalgordo; El Torcido, en Motilleja, o Bolinches, en Albacete.

Todas estas centrales, hoy en día, tienen la consideración de minicentrales, pues ninguna, salvo El Molinar, que fue ampliada, rebasaba el megavatio de potencia.

Hoy nadie, salvo los historiadores, lo recuerda, este sistema de centrales del Júcar no solo alumbró la provincia, sino que llegó mucho más lejos, a Valencia y Madrid, a través de una de las primeras líneas eléctricas de alta tensión que se levantaron en España.

A partir de los años 50, se inició un proceso de fusiones e integraciones empresariales en el sector de la energía. Y todas estas centrales acabaron siendo propiedad de una misma firma, Hidroeléctrica Española, hoy Iberdrola.

un breve renacimiento. Muchas de estas centrales cayeron en desuso, por falta de potencia y porque su tecnología quedó obsoleta. Pero el interés por las energías renovables hizo albergar esperanzas acerca de un posible renacimiento de estas centrales.

A partir de 1985, al amparo de la Ley de Aguas, se empezaron a otorgar nuevas concesiones para generación de energía eléctrica. El primer intento lo hizo la propia Iberdrola, a través de su división de energías renovables. Pero, en 2011, vendió casi todas estas minicentrales a la firma vasca Barbo Renovables.

Hoy en día, la firma mantiene en activo tres aprovechamientos, en La Recueja, Villalgordo y La Recueja. Pero otros, como El Torcido o Los Frailes, han caído en desuso en los últimos años.

El motivo de este nuevo retroceso tiene que ver, principalmente, con los vaivenes normativos que sufre el sector. En 2013, los nuevos impuestos a la generación eléctrica, el fin del régimen especial y un canon específico sobre las centrales minihidráulicas hicieron que muchas de estas instalaciones dejasen de ser rentables para sus concesionarios.

Así que estas fábricas de luz, como se llamaban hace más de un siglo, se han vuelto a apagar.

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La Confederación del Júcar quiere bajarle las tarifas y los cánones del agua a casi todo el mundo en la provincia. De hecho, solo hay tres excepciones, que son el programa de sustitución de bombeos, la consolidación de regadíos en la Mancha Oriental, y el abastecimiento a la ciudad de Albacete.

Para estos tres conceptos, la subida aprobada ronda el 60%, y podría haber sido del 80%, según estimaban ayer fuentes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), de no haber prosperado una alegación que presentó este entidad en la Junta de Gobierno de la Confederación del Júcar del pasado mes de julio.

Los nuevos valores del canon de regulación, que estarán en exposición pública durante 15 días hábiles, se publicaron ayer en el Boletín Oficial de la Provincia y, como era de esperar, han hecho que las calculadoras echen humo en la sede de la Jcrmo. Y no solo las calculadoras, según explicaban fuentes de la entidad.

Dichas fuentes explicaron que el motivo principal por el que el canon sube «es que el Vinalopó no aparece» porque el organismo de cuenca ha considerado «no imputables» los abastecimientos y la sustitución de bombeos en esta comarca alicantina.

El canon de regulación es una cuota que pagan los usuarios por las inversiones que hace el estado en obras de regulación de las aguas que utilizan, sean superficiales o subterráneas.

Se trata de una cantidad por cada 1.000 metros cúbicosque se divide entre todos los usuarios de un sistema, en este caso, el de los embalses de Alarcón, Contreras y Tous – y los embalses son, precisamente, el ejemplo más claro de una obra de regulación de agua.

En el cuadro de tarifas y cánones del año anterior, la comarca alicantina de el Vinalopó si aparecía. Pero, al declararla exenta, todos los demás usuarios tiene que pagar más, aunque la cantidad global sea, más o menos, la misma que hace un año.

En cuanto a las tarifas, éstas son cantidades fijas que se cobran a unos 30 municipios por obras que no son de regulación, sino de abastecimientos, como sondeos de agua, mejoras en las redes de suministros o reparaciones en redes de abastecimiento dañadas.

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La nueva PAC entra en vigor el año que viene y Asaja ya alerta del alto nivel de desconocimiento que existe en torno a los requisitos para acceder al nuevo modelo de ayudas agrarias. Más aún cuando algunas de las decisiones que se han de tomar ahora de cara a la siembra afectarán, y mucho, a la hora de solicitar la subvención en 2015. Y es que Bruselas tomará entonces como base lo hecho en el ejercicio anterior, es decir, este 2014. Esta falta de información puede costarle muy caro al agricultor, que podría quedarse fuera de la PAC cinco años, hasta 2020.

Por eso, desde la patronal agraria se insta a los agricultores a que acudan a sus oficinas en busca asesoramiento. Como apunta el secretario general de Asaja, José María Fresneda, «los errores se pagan» y «es necesario ponerse en manos de profesionales para tramitar la PAC».

Una de las novedades que puede traer problemas a la hora de tramitar la PAC es la inclusión de la figura del ‘agricultor en activo’ como requisito para recibir ayudas. En principio, solo estarán cubiertos por la PAC aquellos productores que demuestren que al menos el 20% de sus ingresos proceden del campo, descontando las subvenciones.

También hay cambios en la manera de entender la superficie beneficiaria de ayudas -se exigirá ahora una «actividad mínima»-, en la transmisión de los derechos y en el modo de vender o arrendar una tierra, con la creación de las llamadas ‘cláusulas de beneficio’.

La introducción del concepto ‘greening’ o pago verde está trayendo también muchos quebraderos de cabeza al sector, al exigir el cumplimiento de una serie de requisitos medioambientales para recibir ayudas europeas. El ‘greening’ repartirá 1.400 millones en toda España el año próximo y podría suponer hasta el 30% de la ayuda total que recibe el agricultor.

En principio, Fresneda no ve problema en el ‘greening’. A su juicio «cualquier agricultor que cultive de la manera tradicional va a cumplir con los requisitos del pago verde y va cobrar las ayudas». No obstante, avisa de la necesidad de tener en cuenta algunos elementos nuevos, como el de la diversificación de cultivos.

En cuanto al dinero que llegará de Bruselas, Fresneda no cree que vaya a haber muchos cambios en el montante final que perciba el agricultor, si se hace todo bien, pero sí en la forma en la que lo recibirá. En definitiva, como advierte el dirigente agrario, «hay que romper todos los papeles y hacer otros nuevos».

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En Albacete, a mediados de agosto, comienza la vendimia de las variedades más tempranas. Pero, en comarcas como la Sierra del Segura, los Campos de Hellín o La Manchuela, esos días también son para varear los almendros.

Con diferencia, la almendra es el principal fruto seco que se cultiva en Castilla-La Mancha y, dentro de Castilla-La Mancha, la principal provincia productora es Albacete. En 2013, la cosecha fue especialmente floja y, este año, se espera un fuerte incremento de la producción, aunque la incógnita es saber en qué medida.

En nuestra provincia, hay algo más de 50.000 hectáreas de almendros. La media histórica de producción es de 7.000 toneladas, entre las tres variedades principales, que son la largueta, la marcona y la comuna. El año pasado, el resultado de la recolección estuvo por debajo de ese promedio, pues se obtuvieron 6.000 toneladas, según datos del servicio estadístico del Magrama.

A principios de esta semana, el mismo Ministerio daba a conocer la estimación para la provincia, y la cifra que se hacía pública era significativamente mayor: 8.800 toneladas, lo que supone un incremento porcentual del 46%.

La cuestión es si estas estimaciones se van a confirmar o no. Según un reciente análisis Jesús Ángel Peñaranda, técnico sectorial de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, todos los factores son propicios, menos uno: el impacto de la sequía.

Así, por una parte, la ausencia de heladas significativas y a las buenas condiciones meteorológicas existentes en el periodo de floración-cuajado favorecen los incremento del rendimiento.

buena salud. En cuanto a las plagas y enfermedades, no se han detectado incidencias en nuestra comunidad autónoma, a excepción de los ataques de gusano cabezudo registrados en la provincia de Toledo y en la Comarca de Campos de Hellín.

Estos ataques se registraron con mayor frecuencia en zonas que cuenta con una elevada superficie de almendro en producción ecológica, dada la inexistencia de tratamientos efectivos para este sistema de producción.

Pero, recuerda Peñaranda, tanto la provincia de Albacete y como el sureste de la provincia de Cuenca han sufrido un prolongado período de sequía meteorológica, «que puede provocar una disminución del rendimiento» y, por tanto, de los resultados.

En el resto de España y, sobre todo, en las regiones limítrofes, como la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, se esperan por contra descenso significativos de la producción, a causa de una sequía que, en provincias como la de Alicante, ya han alcanzado dimensiones «históricas».

En cuanto a las empresas del sector en la provincia de Albacete, por el momento, la actitud es de extrema prudencia y las firmas consultadas por La Tribuna de Albacete declinaron, por el momento, aventurar ninguna cifra de producción provincial.

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El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, con el único voto del PP, un decreto ley para conceder un crédito extraordinario de 761 millones de euros a diferentes departamentos de los ministerios de Exteriores, Cultura, Fomento y Agricultura. Entre ellos, 20,16 millones se destinarán a atender el pago de la deuda que la Confederación Hidrográfica del Guadiana mantiene con la empresa Obrascón Huarte Laín, S.A. por la obra ‘Conducción del acueducto Tajo-Segura para la incorporación de recursos a la llanura manchega.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue el encargado de defender esta dotación de fondos adicional, justificándola en que servirá para «pagar facturas de ejercicios anteriores» que dejó sin abonar el anterior Ejecutivo y asegurando que «no afectará al déficit público de 2014», si bien sí sumará a la deuda pública.

«Seguimos pagando, señorías, limpiando todavía los fondos de los ministerios inversores a estas alturas de legislatura. No tenemos recursos para iniciar nuevos proyectos de inversión y seguimos pagando todo lo que nos han dejado y, por supuesto, hay que pagar porque detrás de esos proveedores de inversión están empresas y puestos de trabajo», insistía el ministro.

En concreto, 540,7 millones de euros irán al Ministerio de Fomento, que los destinará a atender obligaciones derivadas de contratos plurianuales firmados en pasados ejercicios como expropiaciones, intereses de demora, certificaciones o indemnizaciones por incidencias, así como deudas derivadas de la conservación integral o del servicio eléctrico de las carreteras.

Además, Agricultura recibirá más de 185 millones de euros que se destinarán sobre todo a compromisos de la Dirección General del Agua tanto en revisiones de precios, certificaciones o reclamaciones, como incluso el Impuesto de Bienes Inmuebles de algunas confederaciones hidrográficas o parte de una deuda pendiente con el Ayuntamiento de Zaragoza por la Expo de 2005.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores asignará 160.000 euros a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para financiar dos lotes completos de equipo médico para luchar contra el ébola en Liberia, así como otros 5 millones para proyectos y programas de prevención y preparación para los desastre naturales y lucha contra el cambio climático.

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