El Gobierno no ha resuelto todavía el conflicto abierto entre Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana por la delimitación geográfica de la Demarcación del Júcar, lo que mantiene paralizado el Plan Hidrológico del Júcar, cuyo notorio retraso amenaza con provocar sanciones europeas.
Según la Directiva Marco del Agua, los planes hidrológicos deberían haber sido sometidos a información pública antes de diciembre de 2008 y presentados a Bruselas antes del 22 de marzo pasado.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha elaborado el Esquema de Temas Importantes, ETI, y lo ha sometido a consultas entre los afectados, aunque este documento es sólo el embrión de lo que debería ser el plan de cuenca. Fuentes de la CHJ aseguraron que están procesando toda la información recibida y sistematizándola, aunque no hay fecha para cerrar el documento.
Castilla-La Mancha acusa a la Generalitat Valenciana de no querer asumir sus competencias sobre las cuencas internas valencianas, pese a que lo contempla la reforma del Estatut de Autonomía y la sentencia del Tribunal Supremo. Mientras, el Gobierno valenciano considera una «barbaridad» las divisiones establecidas en algunos sistemas de explotación, en especial en el del Vinalopó-L’Alacantí, actualmente juntos, y que el Gobierno quiere desgajar.
Tampoco se acepta del lado valenciano que Castilla-La Mancha niegue la existencia de una conexión natural entre el Júcar y La Albufera, a la que en algún documento de la comunidad vecina se le califica de «trasvase».
Además, la Generalitat Valenciana pretende que el Gobierno reconozca la existencia de «Cuencas Internas Endorreícas» -amplias zonas sin salida por cauce definido para el agua superficial-, mientras oficialmente en Castilla-La Mancha no se quiere activar la competencia sobre estas zonas que consideran «irrelevantes» y que tendría que gestionar desgajándolas del Júcar.
La Confederación Hidrográfica del Júcar podría dar luz verde técnicamente al ETI, elaborado sobre los mismos sistemas de explotación que contempla el actual Plan Hidrológico del Júcar, aunque su aprobación definitiva requiere del dictamen de un inexistente Consejo de Cuenca que no se puede formar en tanto no esté delimitada la cuenca y sus representantes.
En este contexto no existe, según fuentes consultadas por este periódico una negociación «de fondo» para aproximar posturas entre los gobiernos regionales y el gobierno central. El Ministerio de Medio Ambiente puede aprobar por decreto la delimitación de la cuenca y, aunque sería recurrible en los tribunales, permitiría crear los órganos consultivos y de gobierno de la demarcación del Júcar y aprobar el contenido del plan de acuerdo a los planteamientos insinuados en el ETI.
Respecto a la negativa de Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana a asumir competencias hídricas sobre sus cuencas internas, no habría ningún obstáculo legal a que la CHJ siguiera con la gestión en tanto no se produzca el traspaso de competencias.
La Comisión Europea ha enviado un primer apercibimiento a España, por no haber presentado en plazo los planes hidrológicos de Cuenca. Además de España han sido apercibidos Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha remitido al presidente valenciano Francisco Camps y a las Corts Valencianes una resolución aprobada el pasado 18 de junio en la que arremeten contra la posición que mantiene la Generalitat respecto al Júcar, se hace una interesada «revisión» geográfica de los sistemas hídricos valencianos, negando que la Albufera se alimenta de las aguas del Júcar-aseguran que hay un «trasvase»-, y «lamentan» que los parlamentarios apoyaran que el Ayuntamiento de Albacete tenga que pagar a los usuarios valencianos por usar agua de Alarcón.
El texto remitido por Francisco José Pardo Piqueras es también toda una declaración de intenciones sobre la posición oficial de Castilla-La Mancha y su gobierno respecto del futuro Plan Hidrológico del Júcar.
El documento «insta» a la Generalitat a que asuma «con carácter inmediato» la gestión de las cuencas intracomunitarias porque ello «permitiría a Castilla-La Mancha tener el peso que le corresponde» en los órganos de gobierno de la demarcación del Júcar, «algo que intenta impedir la propia Generalitat» (sic).
«La irresponsabilidad y falta de actuación de la Generalitat en cuanto a la mejora y modernización de sus regadíos», añade la resolución, «perjudica» a Castilla-La Mancha. Sostienen sus parlamentarios que si no fueran por la supuesta pasividad de la Generalitat «en el Júcar se habrían ahorrado 240 hm3 de los que 120 estarían disponibles para Castilla-La Mancha», según las cuentas de los diputados.
La verdadera naturaleza de la reivindicación castellano-manchega sobre el Júcar se aprecia mejor en las «consideraciones» sobre el futuro plan hidrológico.
Exigen la delimitación del ámbito territorial excluyendo las que consideran cuencas «intracomunitarias» valencianas- y pide que se «reconozca» que los envíos de agua «de una cuenca hidrográfica a otra» son «trasvases». En este sentido, el escrito autoproclama como prioritario el abastecimiento urbano de Albacete por la vía de excluir a Valencia de la cuenca del Júcar.
«Los sobrantes, si los hubiera, -añade la resolución-podrán destinarse a atender las demandas, mediante trasvases internos, de los otros usos y demandas fuera de la cuenca hidrográfica…» y cita expresamente como trasvases que quedarían en derecho por detrás de Albacete el abastecimiento a Valencia o Sagunto, los riegos del canal Júcar-Túria «o incluso otros sistemas de explotación, como ocurre con los trasvases a la Albufera o al Vinalopó».
El «edificio» de la reivindicación castellano-manchega se basa en «aislar» el Júcar del resto de ríos y territorios con los que está conectado para mantener una mayoría territorial y a ser posible también en número de habitantes. En este afán resulta imprescindible negar que la Albufera y por tanto la ciudad de Valencia está conectada con el Júcar y forma parte de la cuenca hidrográfica de este río.

El Gobierno garantiza que, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), aportará el máximo volumen legal de agua del trasvase entre los ríos Júcar y Vinalopó, que asciende hasta los 80 hectómetros cúbicos.
Desde el Ejecutivo central afirman que «el agua será de la mejor calidad posible, cumpliendo escrupulosamente las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para la financiación de 120 millones de euros para la citada conducción». Entre los requisitos marcados por Bruselas también figuran que los 80 hectómetros cúbicos sean excedentes del Júcar y que se cumplan las condiciones medioambientales del río y de l’Albufera de Valencia.
Desde Madrid también especifican que, con las inversiones efectuadas en la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de la Ribera, «la calidad del agua ha pasado de ser apta para el riego a ser prepotable, lo que permite estudiar el diseño de las características de la planta potabilizadora».
Las consideraciones sobre el trasvase forman parte de una respuesta parlamentaria del gobierno realizada a una pregunta formulada por la diputada popular Teresa García Serna.

Cortes de Pallás
Otro de los puntos tratados en el texto son los beneficios de la modificación de la toma de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, «que garantiza la viabilidad desde el punto ambiental, social y económico; es el único trasvase que tiene unanimidad de la cuenca cedente, usuarios, organizaciones agrarias y ecologistas».
El cambio de trazado supuso un aumento de 73 millones de euros en la financiación de la obra. La inversión del proyecto inicial ascendía a 230 millones de euros, con una aportación de la UE de 75 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno defiende la viabilidad económica de la modificación, que eleva el presupuesto hasta los 303 millones, «desde la nueva toma se garantiza la viabilidad al incrementarse el volumen de agua real a trasvasar, tal como ha reconocido la UE al incrementar su aportación hasta los 120 millones de euros».
Sobre los motivos del la corrección exponen que obedece «a la necesidad de garantizar la eficacia de la infraestructura, que se halla gravemente comprometida debido a la inexistencia de los excedentes hídricos previstos en el proyecto original, que no contempló la disminución continuada de caudales en el río Júcar desde el año 1982».
Por último, apuntan que «esta circunstancia impedía garantizar las transferencias previstas sin afectar al caudal ecológico del río y de l’Albufera».

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, anunció ayer la intención del Consell de reformar el Estatuto valenciano para igualarse a Cataluña en aquellas competencias en las que el Ejecutivo estime que puede haber «discriminación». A preguntas de los periodistas en los pasillos de las Corts, Castellano adelantó que entre las cuestiones recogidas en el Estatuto catalán a la que ahora aspiraría la Comunitat están el agua y la financiación autonómica, aunque precisó que no la regulación en materia lingüística. En concreto, Castellano apeló a la conocida como cláusula Camps como mecanismo para reclamar las competencias logradas por Cataluña una vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el recurso presentado por el grupo popular en el Congreso, una sentencia en la que se declaran constitucionales un total de 14 preceptos, se someten a interpretación otros treinta, lo que supone menos del 10% de los 187 artículos impugnados por el PP.
La cláusula Camps es la disposición adicional segunda del nuevo Estatuto valenciano, que autoimpone a los poderes públicos la obligación de velar porque «el nivel de autogobierno» en la Comunitat Valenciana «sea actualizado en los términos de igualdad con las demás comunidades autónomas». En realidad la cláusula no actúa de manera automática e implica una reforma de la carta magna valenciana.
Desde que la reforma del Estatuto valenciano entró en vigor hace ahora más de cuatro años, el Consell de manera intermitente y siempre a remolque de las reivindicaciones de Cataluña para aplicar su propio Estatuto ha amagado con aplicar la cláusula Camps. Lo hizo durante el debate de la competencias de los trenes de cercanías y especialmente durante las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación. Con el avance del fallo del Constitucional en la mano y en espera de que se resuelva el propio recurso que en su día presentó la Generalitat, el Consell ya tiene claro lo que quiere para sí y lo que no respecto a lo que se ha salvado de la criba del alto tribunal. Tal como avanzó Levante-EMV el Constitucional ha tumbado determinadas exigencias de Cataluña sobre la financiación autonómica, pero ha salvado la cláusula que blinda para Cataluña un cupo en la inversión territorializado del Estado equivalente al peso del PIB catalán en el conjunto de España. Fuentes del Consell aseguraron ayer que el Ejecutivo no descarta incluir en la posible modificación del Estatuto una disposición adicional similar (Andalucía también la tiene aunque vinculada al peso de la población). No es la primera vez que el Consell amaga con reclamar formalmente este tipo de cláusula pese a que en el caso de Cataluña la recurrió ante el Constitucional. También resulta chocante la alusión de Castellano a posibles reivindicaciones en materia de agua, ya que el discurso del PP valenciano siempre ha sido que es el Estado y no las comunidades las que deben decidir sobre el reparto de los recursos hídricos. Como también adelantó ayer este diario, el Constitucional ha validado los artículos recurridos sobre la cuestión hídrica, en concreto, aquellos que hacían referencia al informe preceptivo de la Generalitat de Cataluña para cualquier propuestas de trasvase, así como participar en la planificación hidrológica de los ríos «que pasen o finalicen» en Cataluña.
Con todo, Castellano se remitió a la reunión que próximamente mantendrá la comisión de expertos para analizar la sentencia —el texto íntegro todavía se desconoce— para ver si es conveniente reformar el texto valenciano para introducir las competencias que amplía la ley catalana. «Todo lo que es declarado constitucional del Estatuto de Cataluña será también constitucional para todos y también para la Comunitat Valenciana», defendió el conseller, quien resaltó que en aquello en lo que se considere que esta autonomía puede ver «mermado cualquier tipo de derecho» se actuará. Con el dictamen de los expertos, Castellano anunció que iría a las Corts para anunciar su propuesta y pedir el respaldo de los grupos.

Las líneas rojas
Castellano dejó claro, sin embargo, que la Comunitat no anhela los derechos lingüísticos de Cataluña. La sentencia del TC considera inconstitucional que el catalán sea lengua «preferente» de las Administraciones, pero mantiene que es el idioma vehicular en la enseñanza, una cuestión que expresamente Castellano rechazó para la Comunitat. «La Generalitat no permitirá que haya ciudadanos de primera o de segunda, según el idioma», dijo, al tiempo que rechazó el requisito lingüístico en el acceso a la función pública.
El conseller sacó pecho de la reforma valenciana porque, dijo, se demuestra que éste es un texto «leal a la Constitución» y que no entra en conflicto con ella «en temas como la nación o el idioma o en cuestiones como la justicia». «Para defender lo nuestro no hace falta ser una nación», sentenció.

Una fórmula a conveniencia

La apelación del Consell a la cláusula Camps no ofrece ninguna garantía política ni jurídica. La disposición, que introdujo el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, in extremis para salvar la negociación con el PSPV sobre la reforma estatutaria, carece de fuerza legal. Es más una declaración de intenciones de compromiso político para no quedarse atrás sobre la conquistas de autogobierno de otros territorios. Con todo, en su momento suscitó cierto debate jurídico sobre la constitucionalidad de una disposición que de su lectura literal da entender que automáticamente la Generalitat asumirá las competencias que el Estado reconozca a otras regiones. En su día, dirigentes del PP alertaron que la redacción original de esta disposición podría abrir la puerta a asunciones automáticas de competencias indeseadas. Los posibles efectos perversos quedaron desactivados al matizarse que la reclamación de estas competencias sería «en su caso».
La reivindicación «selectiva» de competencias al amparo de la cláusula Camps se evidenció ayer con las declaraciones del conseller Castellano. El Consell peleará por competencias en materia de financiación y agua, pero descarta cuestiones como los derechos lingüísticos.
Además, cabe apuntar al tratarse de una disposición inocua desde el punto de vista jurídico, cualquier reforma del Estatuto requiere renovar el pacto político que en su día se alcanzó con el PSOE para que la modificación llegue a buen puerto. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, todo apunta a que se convertirá en la nueva bandera del Consell.

El Ministerio de Medio Ambiente ha recortado de forma unilateral un 36% de la superficie regable del área Vinalopó-Alacantí en el nuevo plan de cuenca del Júcar (revisión del actualmente en vigor desde 1997), lo que puede dejar sin agua para riego a 15.000 hectáreas en explotación e, incluso, afectar a los caudales finales que se asignen a Alicante en el trasvase Júcar-Vinalopó. El problema estriba en que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han hecho los cálculos en base a la estadística de 2005, año en el que 15.000 hectáreas de regadío estaban en barbecho porque no había agua debido a que la provincia sufría uno de los ciclos secos más intensos de la historia.
Los regantes consideran que la situación es muy grave y preparan alegaciones a presentar antes del jueves. Necesitan 200 hm3 al año y el recorte propuesto por la CHJ seria de 60 hm3 para la uva de mesa, hortalizas y frutales, según Andrés Martínez, presidente de la Junta de Usuarios del Júcar-Vinalopó.
«El tema es muy grave y espero que el ministerio admita nuestras alegaciones porque de aprobarse el plan de cuenca con estas restricciones se aboca a la ruina al 30% de la producción agrícola del Vinalopó y l’Alacantí», sentencia Martínez. El problema puede afectar a los caudales que llegarán del Júcar ya que «no sólo no conocemos las cantidades sino que ahora nos encontramos con este recorte general en el documento que, paradójicamente, se denomina esquema para decidir la cuestiones importantes en la cuenca del Júcar», subraya el presidente de la Junta Central.
Para el catedrático de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, Antonio Rico, el «esquema de asuntos importantes de la cuenca del Júcar vuelve a ser un ataque directo contra Alicante. No sólo se plantea un recorte de los recursos hídricos, sino que afecta a derechos de regadío consolidados y, como siempre, las trabas nos las ponen a los alicantinos y no a Castilla-La Mancha».
El Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat han comenzado la cuenta atrás para el final de la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó que estará listo a finales de año para impulsar de Cullera a Villena y al resto de la provincia los caudales captados en el Azud de la Marquesa. Unas obras que, incluido el postrasvase, habrán supuesto un desembolso de 350 millones de euros, a los que hay que añadir 100 millones de la modernización de la Acequia Real del Júcar, obra clave para generar excedentes en el Júcar y así trasvasarlos a Alicante. Casi siete años después de iniciadas las obras y después del polémico cambio de trazado, todavía no se han resuelto dos cuestiones fundamentales: el precio y la calidad del agua.
Nada se sabe, de forma oficial, de la potabilizadora (40 millones) que debe garantizar que el agua sirva para beber y regar. Las buenas palabras del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu contrastan con la realidad y cierta indolencia de la propia Conselleria de Agua que hace dos semanas bendecía la finalización del último túnel del trasvase. Todo el mundo es consciente de que la infraestructura es fundamental pero, de momento, no tiene ni presupuesto consignado.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana informó ayer de que los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento del 49,1 por ciento más de agua que hace un año y un 84,2 por ciento más que la media de los últimos 10 años. Los embalses del Júcar se encuentran al 56% de su capacidad. Además, la reserva hidráulica en la cuenca del Segura está al 67,7% y la del Tajo alcanza el 78,8%.
Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 31,7 por ciento sobre la media de los últimos diez años. La cuenca del Júcar ha experimentado un aumento significativamente superior al alcanzar el 84,2%, según informó la Delegación del Gobierno en Valencia en un comunicado. El incremento de la capacidad del Júcar es el segundo mayor aumento de todas las cuencas de España, sólo superado por la del Segura.
En la actualidad, la cuenca del Júcar dispone de un caudal equivalente a 1.894 hectómetros cúbicos (5 más que la semana anterior). Además, el año pasado por estas fechas había un 38,1 por ciento de agua embalsada, mientras que ahora hay un 56,8 por ciento.
Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) destinará 1,3 millones de euros, a través de la Dirección General del Agua, a la contratación de servicios para la explotación de la red biológica de control de la calidad de las aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
El MARM explicó que, en aplicación de la Directiva Marco del Agua, el objeto de esta asistencia técnica consiste en la actualización y explotación de las redes de control biológico de los ríos del ámbito territorial de la CHJ.
Este trabajo se realizará mediante la revisión de las redes existentes para la determinación del estado y potencial ecológico de los mismos y utilizará los indicadores de calidad establecidos por el MARM.
El proyecto consiste en el establecimiento de una red de vigilancia en ríos con 105 estaciones de control, que medirán los elementos de calidad como macroinvertebrados, diatomeas, macrofitos y fauna piscícola.

Miles de personas, 2.000, según la Policía, se manifestaron ayer en Barcelona para reclamar un caudal ecológico en el tramo final del Ebro y protestar contra el trasvase «camuflado» que, a su juicio, pone en peligro el futuro del Delta. Los organizadores se refirieron concretamente a los envíos previstos a través de los canales Segarra-Garrigues y Xerta-Sénia, que dejaría el agua en la frontera con Castelló.
La marcha, convocada por la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) bajo el lema «El Ebro sin caudales es la muerte del Delta», reclamó a la Comisión Europea que intervenga en el Plan Hidrológico del Ebro y exigió al Gobierno que cumpla las directivas ambientales sobre agua.
La reinvindicación de la PDE tiene ciertas implicaciones en la Comunitat Valenciana. Según indicó a este diario Manuel Tomàs, portavoz del colectivo: «El trasvase a Levante sigue vigente a través del canal Xera-Sénia; lo que decimos es que siguen especulando con el agua». En cuanto a los fines, señala Tomàs: «Los regadíos son la excusa. Hoy por hoy es poco moderno hablar de transferencias de agua para proyectos urbanísticos». Los antitrasvasistas sostienen que esos envíos de agua «camuflados» para regadíos se dedicarán a fines urbanísticos cuando se vea que «no son viables económicamente».
De momento, el borrador del plan hidrológico del Ebro habla de unas expectativas potenciales de creación de más de 400.000 hectáreas de nuevos regadíos y un incremento de la capacidad de regulación de la cuenca en unos 2.022 hectómetros cúbicos al año, lo que duplicaría las cantidades del derogado trasvase. En este contexto, los antitrasvasistas se echaron ayer a las calles de Barcelona «para pedir que la Comisión Europea tutele el plan de cuenca del Ebro e investigue si los dos canales son de regadío o esconden otras intenciones», explicó Manolo Tomàs.

«El actor básico, el agente fundamental del regadío histórico es el agricultor, no debemos olvidarlo. Sin él no haríamos nada». Así, con esta rotundidad se expresa el profesor de Geografía de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, que ha dirigido el mayor estudio que se ha realizado hasta ahora sobre los sistemas de irrigación tradicional en España y la sostenibilidad de los paisajes culturales que han creado.
La unidad de investigación de Estudios del Territorio, del Paisaje y del Patrimonio (Estepa) que lidera Hermosilla, en colaboración con geógrafos de siete universidades, ha analizado, cartografiado e inventariado el patrimonio hidráulico y cultural de 25 regadíos históricos repartidos por una docena de autonomías: Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Madrid y Murcia.
Los 25 paisajes, seis de ellos valencianos, que recogen las 608 páginas de esta obra publicada por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, van desde los grandes regadíos históricos como el Valle del Jarama-Tajuña de Madrid, els Canals d’Urgell de Lleida, o las vegas de Granada y Valencia, hasta pequeños microrregadíos como los de Alpuente, Los Sauces de la isla canaria de La Palma o los de A Estrada en Pontevedra, todos ellos con sus galerías drenantes o minas de agua («foggaras»), en la mayoría de los casos fuentes que se han creado de forma artificial al excavar manantiales naturales.

«El goteo, la pena de muerte»
Pese a la variedad de escalas y técnicas de riego, Hermosilla destaca que la problemática que pone en jaque el futuro de estos paisajes históricos «es similar en todos ellos». El geógrafo cita tres factores que interactúan entre ellos. El principal, en su opinión, no es el del cambio de usos del suelo, visible en los procesos de urbanización y de destrucción de los sistemas de riego por la construcción de infraestructuras de transporte, sino la modernización del regadío. «El riego por goteo es la pena de muerte del regadío histórico ya que las redes de acequias y los elementos hidráulicos que dejan de utilizarse se pierden en dos o tres años». La tercera causa del declive viene por el abandono de la agricultura, que está relacionada con la falta de expectativas que esta actividad ofrece a las nuevas generaciones.
Estos tres «jinetes del Apocalipsis» para los regadíos históricos, según Hermosilla, confluyen con especial virulencia en determinadas áreas como la Huerta de Murcia, y las vegas de Valencia y Granada, donde también tienen su particular «Salvem», la Asociación para la Defensa de la Vega de Granada. En estos tres casos, apunta el geógrafo, las ciudades «se han comido la huerta» al crecer a costa de ella. A esto hay que añadir, «la falta de agricultores, especialmente en Valencia, donde no hay relevo generacional». A esto se suma la «impresionante presión urbanística, que hasta hace poco ofrecía enormes expectativas de enriquecimiento fácil para aquellos agricultores que estaban pensando dejar de cultivar ante la falta de futuro».

«Es imposible protegerlo todo»
Las soluciones para hacer sostenibles estos paisajes «son complejas» según Hermosilla. Este especialista, que no cree que el camino sea convertir estos regadíos en «paisajes subvencionados», aboga por acciones concretas de protección de determinados regadíos históricos y elementos puntuales del patrimonio hidráulico de gran valor. «Es imposible protegerlo todo», advierte. Para ello, propone un método de evaluación de las infraestructuras de riego históricas que mide 30 criterios objetivos como la cultura del agua, su autenticidad, complejidad técnica, historia y la concienciación de los agentes sociales.

Los populares de la Ribera no acudirán como partido a la manifestación convocada por Xúquer Viu mañana en Sueca bajo el lema «Pel Xúquer, pel nostre futur». Pero el PP ha dado libertad a sus cargos para sumarse a la concentración y habrá representación popular. El portavoz en el Ayuntamiento de Sueca, Carlos Ramírez, será uno de los que secunde la marcha y, además, portará junto con el resto de líderes políticos locales una pancarta en defensa del río.
El PP comarcal no quiere quedarse descolgado en la defensa del Xúquer a un año de las elecciones municipales y autonómicas y que los partidos y colectivos de izquierda se lleven el protagonismo de la manifestación. Además, la participación de cargos políticos del PP evidencia un cambio de posición respecto a las reclamaciones de Xúquer Viu, un colectivo que desde su nacimiento ha estado vinculado a la izquierda social y política valenciana.
Los líderes comarcales en la Ribera Alta y Baixa, Rafael Soler y Leopoldo Hernán, se encargaron ayer de reafirmarlo. Ambos aseguraron que el PP comarcal apoya «todos los postulados» de Xúquer Viu, Además, los populares aseguran que van «un paso más allá» en la defensa del agua para la Ribera. Soler y Hernán, en un escrito que avalan las dos ejecutivas comarcales, acordaron «respaldar todas las tesis de Xúquer Viu» y añadir la reivindicación del trasvase del Ebro.
La decisión del PP permitirá también que la manifestación cuente con mayor consenso social y político que la celebrada en 2005.

La inclusión en el Plan de Gestión del Agua de Cataluña de los caudales ecológicos del Ebro en su desembocadura y de sus afluentes catalanes, así como los del río Sènia (Júcar) generaron ayer el rechazo de cerca de un millar de regantes que celebran su XII congreso anual en Tarragona.
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo rechazó ayer un modelo autonómico «insolidario», donde las guerras del agua «serán una constante, ya que cada territorio buscará siempre defender sus propios intereses». El presidente de los regantes defendió una distribución técnica y no política del agua: «La peor contaminación de los ríos es la contaminación política», manifestó.

Cotino reacciona
En Valencia, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, reaccionaba a la información desvelada por Levante-EMV y acusaba al Gobierno central y a los gobiernos «socialistas» de otras comunidades autónomas de pretender «secar» a la Comunitat Valenciana.
Cotino desveló que la propuesta catalana está siendo estudiada por un equipo «interdisciplinar» en materia hídrica del Consell «con el fin de presentar las alegaciones oportunas». Cotino cree al fijar unos caudales ambientales muy elevados, Cataluña está eliminando «cualquier posibilidad de un futuro trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana».
Previamente, el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, que inauguró el congreso de los regantes había intentado calmar los recelos que ha provocado el plan hidrológico de elabora Cataluña afirmando que Gobierno catalán le había informado «por escrito» de que no tiene ninguna intención de reabrir debates que le creen un conflicto territorial en relación con la gestión hidráulica.
Puxeu manifestó que había hablado con el consejero de Medio Ambiente catalán, Francesc Baltasar, y con el director de la Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras, quienes le habían transmitido su respeto por el ordenamiento constitucional y competencial.
El congreso de los regantes contó con la intervención del catedrático de la Universidad de Rioja, Antonio Fanlo, que acusó al Estado de consentir el «desmantelamiento» del modelo de gestión del agua en España, basado en la unidad de cuenca y en las confederaciones hidrográficas mientras es implantado, por sus ventajas, en otros países. Según Fanlo, el Plan de Gestión del Agua de Cataluña invade competencias que son del Estado.