ASAJA- A nivel técnico se ha pretendido avanzar en estrechar posturas agraristas de cara tanto a la Estrategia 2020 como a la PAC post 2013 y el debate presupuestario. Respecto a la primera, la Presidencia española se apunta el éxito de haber colocado en el documento un párrafo referente a la agricultura. No deja de llamar la atención que una actividad que gestiona más del 80% del territorio, supone casi el 50% del presupuesto, afecta de forma directa a 10 millones de agricultores, 30 millones de asalariados y 500 millones de consumidores, y ha sido el núcleo de la construcción europea desde 1957 hasta nuestros días, “merezca” un párrafo en un documento sobre el futuro de la UE, según valoraciones de Asaja.

En cuanto al futuro de la PAC post 2013, la Presidencia intentó liderar un debate para reformar la PAC para después intentar afianzar posiciones. Avanzó un documento sobre una tarifa plana -100 €/ha, se llegó a anunciar- que fue rotundamente contestado por el sector, para después limitarse a resaltar el carácter estratégico de la agricultura en los futuros debates, sin entrar a hablar de presupuesto. En cualquier caso, se debe evitar que el futuro de la PAC, con todo lo que implica en términos de inversiones y decisiones de planificación de las empresas agrarias, esté lastrado por un debate presupuestario desarrollado en el actual entorno de “psicosis de crisis”.

Por otra parte, se han podido apreciar algunos avances en el análisis de la estructura de la cadena alimentaria y en la búsqueda de medidas para frenar la grave crisis de precios y atajar los diferenciales entre los precios percibidos por el agricultor y los pagados por el consumidor. Aunque de momento se trata sólo de ideas, y hay que esperar a que se consoliden en medidas concretas, es significativo el deseo mayoritario del Consejo de Ministros de equilibrar las fuerzas de la cadena, demandando más flexibilidad y nuevas adaptaciones en el derecho de la competencia.

En relaciones exteriores, Asaja señala que el balance es absolutamente negativo. A finales de 2009 se alcanzó un acuerdo con Marruecos que liberaliza aún más el comercio sin imponer las necesarias mejoras en los controles; España pretendió ocultar las negociaciones y el contenido del acuerdo y retrasar su firma oficial hasta pasada su Presidencia semestral. Por otra parte, el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica conlleva un grave perjuicio para los intereses de los productores comunitarios de plátano, mientras que el anuncio de la reanudación de las negociaciones con MERCOSUR implica fatales consecuencias para todos los agricultores y ganaderos de la UE. En definitiva, todas estas acciones han sido la apuesta de Moratinos y Rodríguez Zapatero para intentar salvar, con una una Presidencia marcada por los fracasos internacionales a cambio de sacrificar los intereses agrarios europeos, sacrificio reconocido por los propios estudios de la Comisión Europea.

Por último, en cuanto a la visibilidad de la Presidencia, hay que apuntar que los dos principales actos del semestre español de la UE en materia agraria los ha protagonizado ASAJA. En primer lugar, la celebración del Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores en Sevilla -que contó con la primera intervención pública del Gabinete de Dacian Ciolos, incluso antes de formarse-, y el Consejo Informal celebrado en Mérida los días 31 de mayo y 1 de junio, cuyo evento más importante fue la multitudinaria manifestación del campo español en contra de la pasividad del Gobierno ante la crisis que atraviesa el sector y reclamando una PAC fuerte y orientada al agricultor.

Talavera de la Reina (Toledo), 16 jun (EFE).- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido hoy la prioridad de la cuenca cedente sobre la receptora de trasvases y ha dicho que Castilla-La Mancha «tiene derecho a disfrutar del agua del Tajo» igual que otras regiones con los ríos que pasan por sus territorios.

La también presidenta del PP en Castilla-La Mancha ha realizado estas declaraciones a los periodistas en Talavera de la Reina, durante una visita a las riberas del río Tajo a su paso por esta ciudad.

Ha reiterado que «es bueno y necesario» un Plan Hidrológico Nacional para España y para Castilla-La Mancha como herramienta que garantice «el acceso al agua de todos los ciudadanos», y ha lamentado el retraso en la elaboración de los planes de Cuenca de los ríos y el expediente que por este retraso ha cursado a España la Comisión Europea.

Asimismo, ha argumentado la prioridad de la cuenca cedente sobre la receptora de trasvases y ha afirmado que «Castilla-La Mancha tiene derecho a disfrutar del agua del Tajo» del mismo que los ciudadanos de otras regiones tienen a hacerlo de los ríos que pasan por sus territorios.

Por otra parte, ha admitido compartir «muchas aspiraciones» con la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y el Alberche de Talavera de la Reina, pero ha matizado que «otras cuestiones no las compartimos».

Estos puntos de discrepancia son la configuración de un Plan Hidrológico Nacional en cuanto que «los ríos no tienen fronteras y el agua tiene que ir desde donde sobre hacia donde falte».

Según la responsable del Partido Popular, «todos los puntos que entren en contradicción con esta máxima serían más discutibles». EFE

Corrige en el cuarto párrafo el nombre del presidente de Murcia, que es Ramón Luis y no Miguel Ángel.

Marchamalo (Guadalajara), 16 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha afirmado hoy que «es my significativo» que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, «agradeciera a María Dolores de Cospedal que hiciera todo lo posible para que no saliera adelante el Estatuto de Castilla-La Mancha».

Barreda se ha referido de este modo a las declaraciones hechas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien marcaba la línea del PP respecto al agua del Tajo al decir que Castilla-La Mancha no se puede apropiar del agua de España.

En ese sentido, el presidente de la Junta ha indicado a los periodistas que lo que más le ha llamado la atención de las declaraciones es la felicitación a la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, por «no tolerar que se llevara a cabo el estatuto».

«Es decir, que lo que ya sabíamos por el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ahora lo ha ratificado la presidenta de la Comunidad de Madrid: que la secretaria general del PP ha preferido otro tipo de influencias y consideraciones y se ha plegado a otros intereses, en vez de defender los intereses de los castellano-manchegos», ha afirmado Barreda.

Por ello, considera que las palabras de Aguirre ratifican «lo que ya reconoció Valcárcel cuando dijo que en el PP era él quien mandaba en temas de agua», es decir que Cospedal «hizo todo lo posible por boicotear el Estatuto» en opinión de Barreda.

Al margen de esto, José María Barreda ha manifestado que le resulta curiosa la coincidencia entre el discurso que hacía Esperanza Aguirre para defender el agua para Madrid y el que hace él como presidente regional en este mismo asunto para Castilla-La Mancha. EFE 1011068

Les Corts Valencianes han aprobado hoy con los votos del grupo popular una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a crear un programa específico para el agua y un plan específico de financiación de infraestructuras hídricas.

El diputado popular Juan Mariano Castejón ha defendido en la Comisión de Medio Ambiente de Les Corts la necesidad de aumentar los esfuerzos en sistemas de gestión y ahorro del agua teniendo en cuenta que la Comunitat Valenciana «arrastra un déficit hídrico histórico».

Castejón ha lamentado también en su intervención que la presidencia de turno española de la Unión Europea haya pasado «con más pena que gloria» y no se haya aprovechado para impulsar esfuerzos en materia hídrica.

Para el diputado popular, «una buena gestión ha de llevar acompañada un reparto equitativo de los recursos» y, en este sentido, ha defendido la importancia de mantener la integridad del trasvase Tajo-Segura y ha abogado por la recuperación del trasvase del Ebro.

Castejón ha destacado al respecto que se trata de una infraestructura «que generaría confianza en el tejido industrial en un contexto de crisis económica» y ha asegurado además que se trata de un «factor generador de ocupación».

El portavoz socialista en la comisión, Adolfo Sanmartín, ha manifestado su rechazo a la proposición del grupo popular alegando que contiene «propuestas malintencionadas que llevan a la confusión y al engaño de los ciudadanos».

Asimismo, Sanmartín se ha defendido de las criticas del diputado popular al respecto de los trasvases y ha señalado que su grupo apoya este tipo de infraestructuras «siempre y cuando sean sostenibles» a nivel social, económico y medioambiental, algo que, a su juicio no cumplía el trasvase del Ebro.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida Lluís Torró ha criticado a los populares que «ni cuando hablan de ahorro pueden evitar hablar de trasvases» y ha cuestionado el planteamiento de ambos conceptos porque, en su opinión, ahorro hídrico y trasvases «no tienen nada que ver».

Por otra parte, la comisión ha rechazado, con los votos del grupo popular, una proposición no de ley de Compromís en la que instaban al Consell a adoptar una política «verde» de compras públicas, una medida que han calificado como «crucial» para lograr la sostenibilidad medioambiental.

La iniciativa ha sido apoyada tanto por el grupo socialista como por Esquerra Unida mientras que los populares han votado en contra al considerar que actualmente el Consell ya desarrolla una política sostenible de compras.

Este mismo argumento ha servido a los populares para rechazar otra proposición no de ley del grupo socialista para impulsar las acciones necesarias para lograr soluciones a problemas ambientales como el sedentarismo o el tráfico.

La medida, apoyada también por Esquerra Unida, proponía entre otras cuestiones la creación de itinerarios verdes dentro de las grandes ciudades y áreas metropolitanas o de la vertebración del territorio de la Comunitat.

Por último, ha sido rechazada una proposición no de ley presentada por Compromís para incrementar las inversiones para la ejecución de las infraestructuras que se derivan del Plan integral de residuos. EFE

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El incremento de agua en los embalses del Júcar ha sido de un 52,1% respecto a hace un año, y hay un 87,9% más de agua que la media de los últimos diez años, según el Informe Hidrológico de Tendencia que ha hecho público la Delegación del Gobierno.

El agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 33% sobre la media de los últimos 10 años, un incremento significativamente inferior del experimentado en la cuenca del Júcar, de un 87,9%.

El porcentaje de la cuenca del Júcar es el segundo mayor incremento de todas las cuencas de España, solo superado por la Cuenca del Segura, y además en la actualidad en la cuenca del Júcar, se disponen de reservas por un total de 1.885 hectómetros cúbicos (3 menos que la semana anterior).

La cifra de 1.885 hectómetros cúbicos equivale a un 56,5% total de la reserva (para uso consuntivo e hidroeléctrico), con un incremento de 646 hectómetros cúbicos respecto al año anterior.EFE

El Pleno de la Diputación de Toledo aprobó ayer, con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP, una moción presentada en defensa del río Tajo con motivo de la manifestación en este sentido que acogerá Talavera de la Reina el próximo sábado, 19 de junio. El portavoz provincial, José Gutiérrez, mostró el apoyo incondicional del Equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo en esa manifestación, alegando su trascendencia para el desarrollo de la provincia y de la región, y su importancia para la industria, el turismo, la agricultura y la ganadería y los pueblos.

Por su parte, el portavoz popular Jaime Ramos se mostró contrario a apoyar esta moción al considerar que la convocatoria es «una gran farsa que solo busca el ventaja política». «El PP no va a participar en su farsa, el PP estará defendiendo al Tajo y al Alberche con el resto de la Plataforma», afirmó.

Ante estas críticas, Gutiérrez señaló que a la manifestación acudirá la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, las organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones agrarias, comunidades de regantes, mancomunidades, grupos de Acción Local, ayuntamientos y asociaciones de jóvenes y vecinos. Sin embargo, para el PP «el único objetivo de la moción que trae el PSOE es hacer política con el agua». «Al día siguiente del fracaso del Estatuto, les faltó tiempo para irse a Talavera a anunciar la gran movilización y el manifiesto en defensa del Tajo, que no soluciona nada pero permite ventaja electoral», dijo.

El texto aprobado defiende la solidaridad de los castellano-manchegos con las carencias en materia hídrica de otras comunidades desde 1979 siempre que se utilice para beber, «y no para mantener instalaciones de ocio y privilegio para unos pocos», según informó la Diputación en nota de prensa. Por otro lado, los organismos y asociaciones participantes en el acto denominado «Toledo Joven en Defensa del Tajo» han acordado fijar una nueva fecha para éste, tras la suspensión del mismo el pasado sábado, por la lluvia, de tal forma que el acto se celebrará el sábado, 3 de julio, a las 12 horas.

600 colectivos lo apoyan

El vicesecretario general del PSOE de

Talavera de la Reina, Miguel Perantón, señaló ayer que son más de 600 los colectivos que han mostrado su apoyo al manifiesto en defensa del agua que se leerá el próximo sábado en la concentración que ha organizado la Ejecutiva Provincial socialista en esta localidad. En un acto que tuvo lugar hoy junto al río Tajo y al que asistieron varios representantes de distintas asociaciones y colectivos de la ciudad, Perantón explicó que uno de los párrafos del manifiesto refleja la labor que hizo la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche para sacar adelante con éxito la manifestación del 20 de Junio de 2010.

En ese sentido, dijo que «se reivindica agua para nuestra región, lo que supondrá nuestro desarrollo y por eso es fundamental el apoyo de todos y todas, in

cluso de aquellas formaciones políticas que indistintamente tengan o no representación en ayuntamientos o Cortes», y valoró como «muy positiva» la adhesión de 90 colectivos de la ciudad al manifiesto.

Lapresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo ayer que Castilla-La Mancha «no puede apropiarse de ninguna manera» del agua de la Cuenca del

Tajo porque, a su entender, «el agua es algo que no es susceptible de apropiación en el territorio por el que pasa». Aguirre se pronunció así en una entrevista concedida a esRadio, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si estaba de acuerdo con la política que el PP ha impulsado en Castilla-La Mancha en relación al agua.

Así, explicó que la línea del PP en esta materia ha consistido en la «no aprobación de un estatuto de autonomía que pretendía que Castilla-La Mancha dispusiera de 6.500 hectómetros cúbicos de agua que pertenecen por igual a Madrid que a Castilla-La Mancha». Tras manifestar que el agua para los madrileños es «fundamental», indicó que en Madrid viven 6,4 millones de personas que se «nutren» de la Cuenca del Tajo. «Por lo tanto, de ninguna manera puede Castilla-La Mancha apropiarse de la Cuenca del Tajo; es como si yo cojo el Tajo de Aranjuez y decido que el agua del Tajo es para Madrid», dijo la presidenta madrileña, quien consideró que esta opción no ha partido de María Dolores de Cospedal.

Tras reunirse con el Ministerio de Industria y con asesores de Medio Rural para tratar el Real Decreto sobre las tarifas eléctricas, las organizaciones agrarias han definido el encuentro, en declaraciones a AGROCOPE, como «regular» y «poco fructífero».

Así lo expone el director de los servicios técnicos de ASAJA, José Carlos Caballero, que tacha de «tajante» la actitud de Industria, ante el Real Decreto que regulará las tarifas eléctricas, cuyo borrador final será enviado la próxima semana a las OPAS y a la Comisión Nacional de Energía para su revisión.

En la misma línea se muestra el responsable del Departamento de Economía Agraria de COAG, Felipe Medina, que afirma que la sensación que tiene es que desde hace «dos meses se ha frenado mucho y se han producido pocos avances» en este ámbito, algo que fue transmitido durante el encuentro. 

A pesar de este aspecto, Medina considera que la prioridad, en este caso, ha sido que el texto entre en vigor cuanto antes para que pueda favorecer a los agricultores en la campaña 2010, por  eso «Industria tendrá el borrador final la próxima semana«.

Por su parte, Ignacio Senovilla, secretario de Agricultura de UPA, afirma que la demanda principal de los regantes de una contratación temporal de hasta 8 meses para que el agricultor pueda elegir los meses de riego se «cumple el Real Decreto», aunque considera «que todavía es necesaria la clarificación de algunos conceptos» en el texto.

La Unión señala que aparte de un plan de financiación insuficiente y con una dotación ridícula, con un presupuesto de auténtica miseria de apenas 36,5 millones de euros, no se conocen otras medidas emprendidas ya para paliar la más grave crisis por la que atraviesan los agricultores y ganaderos en los últimos tiempos. El plan de choque sólo se ha concretado al final en bonificar avales a nuevos préstamos, la ampliación del periodo de amortización de los préstamos para los ganaderos suscritos con anterioridad y la carencia especial de dos años para préstamos de las ayudas para la modernización y mejora de las explotaciones y a las primeras instalaciones de jóvenes. 

Por ejemplo, el sector no dispone aún de un gasóleo agrícola profesional pese a las promesas, las reducciones fiscales aprobadas han sido básicamente para adversidades climatológicas como sucede todos los años y las tarifas eléctricas son más caras ya en pleno periodo de riegos.

La Unión cuestiona el silencio y la connivencia del resto de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas que se sientan a negociar con el Gobierno a través de numerosas reuniones que han servido para poco; ‘más preocupadas al parecer por salvar su sillón e ingresos, por salir bien en la foto, que por defender los intereses de los agricultores y ganaderos’.

La Unión destaca que el escaso apoyo mostrado desde el Gobierno Central hacia el sector agrario contrasta con el fuerte respaldo que han recibido otros sectores económicos, como los más de 13.000 millones de euros que se han asignado para las distintas fases del Plan E o los apoyos que se han dado a sectores como el automovilístico a través de distintas líneas de ayudas.

La Unión pide a las diferentes Administraciones Públicas que hagan un esfuerzo real de apoyo a las miles de explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentran al borde del cierre como consecuencia de una alarmante falta de rentabilidad que, además, les está llevando a un endeudamiento continuado. En este sentido, es básico que se articulen las ayudas directas que el sistema de minimis permite, tal y como ya están haciendo una parte importante de los países de la Unión Europea pero que aquí se niegan a las mismas.

El profesor del Instituto Federal de Investigación Agrícola (FAL) de Brunswick (Alemania), Werner Kleinhanss, ha asegurado en su intervención que el nuevo marco financiero de la PAC estará condicionado por restricciones presupuestarias «relevantes». Kleinhanss ha explicado que hay «cargas financieras adicionales» que condicionarán el debate, como las ayudas de rescate a Grecia o el gasto para estabilizar el euro, que han costado 150.000 millones a Alemania -primer contribuyente neto-, y que existe escasa legitimación de los pagos únicos ligados a derechos históricos. Ha apuntado, por tanto, «algunas razones» para que se produzcan cambios presupuestarios, un «ajuste» de la PAC o «quizás una reforma importante». Según ha precisado, algunas corrientes liberales defienden que la PAC debe ser «reformada totalmente» y que países como Holanda abogan por una «salida progresiva» de los pagos directos en favor de ayudas «compatibles con el mercado», mientras que otros expertos franceses defienden «pagos contractuales». Un estudio encargado por el Parlamento Europeo, del que Kleinhanss es coautor, plantea un sistema «por etapas» que se inicia con un período de pagos transitorios para mejorar la renta de los productores, con cofinanciación obligatoria de los Estados. En una segunda fase, se pasaría a un sistema de pagos por la provisión de «bienes públicos» a través de unos contratos «sencillos, limitados en el tiempo y no transferibles», que podrían suscribir tanto agricultores como otros agentes y que les compensaría por su trabajo y por el cuidado del medio ambiente. En su alocución, se ha mostrado partidario de la cofinanciación en un porcentaje de entre el 25 y el 30 por ciento de las ayudas de la PAC, porque, en su opinión, existe el riesgo de «mala gestión» o decisiones «equivocadas» si la mayor parte de las inversiones las sufraga la Unión Europea. Kleinhanss ha afirmado que su apuesta personal pasaría por reducir en dos tercios el presupuesto del primer pilar, con un «pago básico» a los agricultores; una tercera parte se transferiría al segundo pilar, y un tercio se «sacaría del presupuesto agrícola» y se «ahorraría» para dedicarlas a otras actividades. Ha advertido, además, sobre otros aspectos negativos para el campo europeo, derivados de las políticas bionergéticas en la UE y EE.UU porque producirán «grandes variaciones» de precios agrarios y «un enorme impacto» sobre las cotizaciones de la tierra. Por su parte, el profesor de la Universidad de Córdoba José Emilio Guerrero Ginel ha explicado ante la Comisión Mixta que este debate está marcado por la crisis económica y financiera, la participación de más países en la UE y un recorte presupuestario que «cambiará las formas de hacer políticas públicas» y «obligará a repensar muchas cosas». Sobre la renacionalización o cofinanciación de la PAC, Guerrero ha defendido que existan «reglas comunes», pero que los Estados, regiones y municipios tienen «el deber y la oportunidad» de enfatizar algunas medidas en función de la singularidad de sus territorios. «Ese traje a la medida, probablemente tenga que ser cofinanciado», ha reconocido. Se ha mostrado partidario, además, de alcanzar «una nueva PAC» con una «reorientación» y «nuevas reglas» para responder a retos como la seguridad alimentaria, volatilidad de precios, mejora de la cadena de valor o el cambio climático. Ha defendido un «tránsito» de la PAC que implique un cambio «realmente importante» desde las políticas basadas en la oferta y la demanda hacia otras que apoyen los denominados «contratos territoriales». Los «pagos por objetivos» cobrarán más importancia, según Guerrero, en un escenario donde «lo superfluo se quitará» y se mirará más la legitimidad y la eficacia de las ayudas. Como factores positivos, Guerrero ha asegurado que la UE cuenta con un comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, «muy agrícola y muy de desarrollo rural», que defiende que la PAC es clave para la integración europea, el empleo, el crecimiento sostenible y la lucha contra el cambio climático. Ha recordado, además, que el Consejo Europeo de Primavera mostró la unanimidad de apoyar una PAC que contribuya a conseguir los objetivos de Estrategia de la UE 2020 y que la opinión pública europea, según los datos del último Eurobarómetro, apoya en un 83 por ciento la continuidad de las ayudas agrarias.