El nuevo Comisario de agricultura, Dacian Ciolos, ha lanzado un debate público sobre la PAC que debería aplicarse a partir de 2014. El punto más sensible de las negociaciones será el nuevo reparto de los pagos directos. El propio Comisario ha indicado que “habrá que proceder a un reequilibrio de las ayudas entre diferentes sistemas agrícolas, entre distintas regiones, entre Estados Miembros, y entre diferentes categorías de agricultores” y que la referencia histórica correspondiente al periodo 2000-02 ya no tiene lugar con los objetivos de la PAC del futuro. Asimismo ha indicado que hay que definir lo que se espera de los agricultores y ganaderos antes de hablar de la forma en que se van a repartir las ayudas.

Asaja ha indicado en repetidas ocasiones a la Administración Europea que se involucre y preste la atención necesaria a un sector estratégico, cuyo papel es crucial en la alimentación de la sociedad, en el mantenimiento del empleo en el medio rural y en la conservación y gestión de los espacios naturales, pero que en estos momentos soporta graves dificultades estructurales. Y pide que se cumpla el Tratado de Lisboa que entró en vigor el pasado 1 de diciembre de 2009, que literalmente dice que la PAC debe “garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilidad de los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos, asegurar a los consumidores suministros a precios razonables e incrementar la productividad de la agricultura”, cuestión que debe tener muy presente la Comisión cuando en otoño se pronuncie sobre la nueva PAC.

Por ello, Asaja Córdoba recomienda a todos los agricultores y ganaderos que participen en este debate haciendo las aportaciones que crean oportunas. Hay que responder a cuatro preguntas en la web:
1.- ¿Por qué es necesaria una política agrícola común europea?
2.- ¿Qué esperan los ciudadanos de la agricultura?
3.- ¿Por qué reformar la PAC?
4.- ¿Qué instrumentos necesita la PAC del mañana?

El pleno de Les Corts Valencianes ha acordado hoy instar al Ministerio de Medio Ambiente a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del convenio firmado en 2001 entre el Ministerio y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), sobre la explotación y conservación del embalse de Alarcón.

El texto, que había sido planteado inicialmente por el grupo Compromís, ha salido finalmente adelante con una redacción alternativa propuesta por el PP, que ha sido respaldada por todos los grupos, a excepción de Esquerra Unida, que se ha abstenido.

Les Corts también dan su apoyo a los usuarios valencianos del Júcar en su oposición a cualquier reducción de los caudales destinados a los regadíos tradicionales valencianos de la Ribera del Júcar, de forma que se siga garantizando el derecho de las entidades de riego integradas en USUJ al uso preferente del embalse de Alarcón.

Asimismo, se insta al Consell a que continúe dando todo el apoyo institucional y político que requieran los usuarios valencianos del Júcar.

La propuesta había sido presentada por Compromís, al entender que el Ayuntamiento de Albacete «estaba incumpliendo el convenio de Alarcón, gastando el agua que le tocaba a la parte valenciana y sin pagar lo que estaba previsto», según ha explicado el diputado Josep Maria Pañella.

Según ha indicado, el llamado Convenio de Alarcón fijaba unas reservas mínimas para los usuarios valencianos, y en caso de cederlas, se les debería indemnizar económicamente, «lo que no ha sucedido hasta el momento, y por eso el Ayuntamiento de Albacete debe más de un millón de euros» a la USUJ.

El diputado del PP César Sánchez ha dicho que entre todos se está defendiendo y apoyando hoy un derecho de los regantes y usuarios valencianos, y ha destacado que el Gobierno ha apoyado siempre el convenio de Alarcón y su cumplimiento, y que los intereses hídricos están por encima de cualquier cuestión partidista.

El socialista Adolf Sanmartín ha defendido que el Ayuntamiento de Albacete debe pagar lo que debe, marcado por convenio y por muchas sentencias, la última del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, pero ha dicho al PP que no reivindique ahora un plan hidrológico de cuenca al que nunca se quiso presentar, pese a los requerimientos judiciales.

El diputado de EU Lluís Torró ha indicado que están de acuerdo con el texto, pero considera que se debería haber incorporado que las condiciones que se establecen deben estar siempre dentro del marco del nuevo plan de cuenca y el cumplimiento de la directiva marco del agua.

El vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, ha anunciado hoy que el Consell, respaldado por las Cortes, exigirá al Gobierno central que los caudales del río Júcar «se mantengan según las leyes actuales», en alusión al Convenio de Alarcón, suscrito en 2001.

Según informa la Generalitat, el también conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo e Industria ha recordado que en el citado convenio, «se fijan unas reservas mínimas para los usuarios valencianos del Júcar y en caso de no cederlas se les debería indemnizar económicamente, algo que no ha sucedido hasta la fecha».

«Si Albacete cogió agua del Júcar cuando no le correspondía, que pague la multa correspondiente, y así lo exigiremos al Ministerio con el fin de que haga cumplir la Ley», ha señalado.

El conseller ha defendido que los usuarios del Júcar puedan seguir usando el agua para beber y para regar y ha asegurado que no va a permitir que «una nueva trampa» del presidente de Castilla-La Mancha perjudique a la Comunidad.

Después de la semana tan «movida» en la región tras la retirada del Estatuto, el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, quiso compartir ayer un desayuno con los medios de comunicación para hablar «de todo lo que queráis», dijo, aunque lógicamente el tema principal fue el agua. Aunque se mostró muy prudente a la hora de calificar las posturas adoptada por PSOE y PP en este asunto, sí dijo que en la reunión mantenida el día antes con la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, éste le reconoció que había faltado diálogo ente PP y Asaja «creo que el diálogo no ha sido fluido».

Aún así, reconoció que todo lo que se está hablando ahora es ya un debate «estéril» y los agricultores lo que quieren es que sus explotaciones sean rentables y «pasan» de la polémica del Estatuto.Ahora lo que toca es «negociar en cada una de las cuencas hidrográficas» que Fresneda cree que se paralizará por la elecciones.

Sí dejó claro que la retirada del Estatuto supone «un frenazo en seco» al desarrollo de Castilla-La Mancha, porque sin agua no hay desarrollo, «pero el agua la vamos a tener tarde o temprano, por las buenas o las malas». Y puso como ejemplo de que no ha sido bueno que no haya un acuerdo en la tramitación del texto estatutario en cómo se ha celebrado en Levante.

Voz única de regantes

Por otro lado, José María Fresneda indicó que su organización agraria ha propuesto al Gobierno regional, aunque sólo de forma verbal, la constitución en Castilla-La Mancha de una Federación Regional de Comunidades de Regantes, que fuera «la voz única» del sector.

Dijo que, aunque hay muchas diferencias y distintas formas de actuar entre los regantes de una zona y otra de la región, se podría constituir una organización que serviría para tener un discurso único, que fuera la voz de los regantes en la Comunidad Autónoma y mucho más poderosa.

El Tribunal Supremo ha reprochado al Gobierno de Castilla-La Mancha que utilice motivaciones «exclusivamente políticas» para oponerse sistemáticamente a los desembalses de agua del Tajo para los regadíos del Segura. Por ello, aconseja que ese tipo de razones queden al margen de los tribunales.

Así figura expresamente en la última sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Supremo, sobre uno de los habituales recursos de Castilla-La Mancha contra los desembalses. En este caso se trata de un envío de socorro de 11 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros en febrero de 2007, en plena sequía. Otros 11 hectómetros se enviaron para dar de beber a la población.

La sentencia -difundida ayer por el Gobierno murciano- sostiene que el Consejo de Ministros autorizó ese pequeño desembalse para evitar pérdidas irreparables en la agricultura. Asimismo, indica que ese volumen era «legalmente excedentario», a la vista del agua que había en ese momento almacenada en Entrepeñas y Buendía, que era de 306 hectómetros. El Tribunal Supremo lanza asimismo una velada reprimenda al Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Indica que el recurso contencioso administrativo «está inspirado en razones exclusivamente políticas, como las que han movido a la Administración autonómica» a recurrir «sistemáticamente todas las decisiones de trasvase para riego acordadas desde hace unos años sin entender que esas razones deberían quedar al margen de los tribunales».

Mientras, la realidad de las cifras sigue avalando la continuidad del Tajo-Segura: la cuenca cedente, cuyos embalses se hallan al 78,1% de su capacidad, ha ganado 205 hectómetros cúbicos en una semana, hasta rozar los 8.600. Un volumen que supone once veces y media el del Segura. El jefe del Consell, Francisco Camps, y su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, se reúnen hoy en Orihuela tras el éxito de su frente común contra la reserva del Estatuto castellano-manchego.

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso interpuesto por Castilla-La Mancha contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2007 por el que se autorizó un desembalse de 22 hectómetros cúbicos (11 para abastecimiento y 11 para regadío). El alto tribunal considera que «no es sostenible» el informe de la Universidad regional que aporta el Gobierno regional al indicar que no existe necesidad de agua en el sureste español cuando estaba pasando por un periodo de «emergencia» durante una sequía que comenzó en marzo de 2005.

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación para la aprobación de los estatutos de la nueva Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, un órgano encargado del agua en la región cuya creación estaba prevista en el proyecto de reforma del Estatuto.

La Ley de Creación de la Agencia del Agua, que entró en vigor el pasado 20 de enero, fijaba el mes de junio como fecha para que el Ejecutivo regional elaborara y aprobara los estatutos de este nuevo órgano administrativo.

Según el informe hidrológico del ministerio del Medio Ambiente, la cantidad de agua almacenada en la Cuenca del Júcar es un 82,1 por ciento mayor que la media registrada durante los últimos diez años, lo que supone el tercer mayor incremento de toda España, únicamente superada por la Cuenca Mediterránea Andaluza y la del Segura.

Actualmente, dispone de 49 hectómetros cúbicos más que la semana pasada y de 523 más que en la misma fecha del año anterior.

El pasado año, en estas mismas fechas, había un 39,6 por ciento de reservas de agua, y ahora un 55,2 por ciento, lo que son 15,6 puntos porcentuales más.

– El responsable de Agua de Coag-Ir, José María Oñate, ha avisado de que las organizaciones agrarias se plantean iniciar movilizaciones ante el fracaso del Estatuto y ha lamentado que el PP no apoyara el texto "de mínimos" propuesto por el PSOE, pues no se podía rebajar más el texto.

– El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ha considerado una "vergüenza" que en Castilla-La Mancha no ocurra lo mismo que otras comunidades autónomas y ha avanzado que, como es evidente "que por las buenas y por la vía del diálogo" no se va a conseguir "jamás" agua, habrá que usar "otros instrumentos".

– Ángel Villafranca, de Cooperativas Agroalimentarias, ha dicho no entender por qué no se ha mantenido el consenso que hubo en las Cortes regionales, aunque ha indicado que no le gustaría que, a más de un año, se entrara en campaña pre electoral porque lo que hay que hacer es seguir luchando, ya que se necesitan soluciones.

– El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha mostrado su disgusto por la situación que se presenta, porque el agua, ha dicho, "es el futuro"; ha criticado que una región vecina decida qué agua recibe esta y ha manifestado que seguirán apoyando al Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de agua, que es "la única forma de garantizar el futuro".

– El presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Fernando Jerez, ha señalado que seguirán al lado del presidente regional, José María Barreda, en la defensa del agua y de los intereses de la región, y que la retirada del texto es mejor que apoyar algo que no sirva para el progreso y el desarrollo.

– El secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, ha dicho que "mientras Castilla-La Mancha pide agua, el PP vende humo" y, por tanto, ha lamentado la retirada del Estatuto porque, aunque el texto es más que agua, sin agua es "una burla para esta región" en comparación con lo que se ha aprobado para otras comunidades.

– Antonio Román, presidente del PP de Guadalajara y alcalde de la capital, ha lamentado que Barreda haya dado la espalda a esta provincia, de la que principalmente sale el agua del trasvase y en la que no ha revertido apenas el dinero que se cobra por esta cesión.

– Julián Rebollo, presidente de la Asociación de Pueblos Ribereños de Entrepeñas y Buendía, ha dicho que defiende que en los pantanos haya una lámina de agua estable del 40 por ciento de la capacidad total y que no se puede defender esto sin apoyar, a su vez, una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos.

– Francisco Pulido, alcalde de Cuenca, ha manifestado su pesar y desilusión por la retirada de la reforma del Estatuto, razón por la cual ha calificado a Barreda como "el presidente del fracaso"; además, se ha quejado de que, junto con el alcalde de Guadalajara, ambos del PP, no tuvieran un sitio reservado para asistir al pleno.

– La presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León (PSOE), ha criticado a Cospedal por dejar tirada a esta provincia e impedir así el desarrollo y el progreso, aunque ha asegurado que "los hombres y mujeres de Guadalajara no se venden" ni con el ATC ni con el agua; ha reprochado a la líder del PP su "traición", pero en el pecado, ha dicho, lleva la penitencia.

– Antonio Lucas, por el PP de Ciudad Real, ha manifestado su tristeza por que Barreda "ha decepcionado" a los regantes y agricultores que "están pagando multas" y se ven "perseguidos" por el gobierno socialista.

– José Luis Martínez Guijarro, secretario general del PSOE de Cuenca y consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, ha dicho que Cospedal "ha pagado con dinero de los castellano-manchegos" y vendiendo los intereses de esta región el "favor que le hizo Valcárcel" para que fuera nombrada secretaria general del PP y ha añadido que, por tanto, debería renunciar a su escaño en Castilla-La Mancha y presentarse por Murcia.

– La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver (PSOE), ha dado las gracias a Barreda y ha lamentado la actitud de los representantes del PP, y la "traición" de Cospedal, por intentar desviar la atención y porque, a la hora de trabajar, han dejado sólo al presidente de la Junta que, ha asegurado, no obstante, no está sólo ni en la defensa del agua ni el en Pacto por Castilla-La Mancha.

– José Díaz del Campo, alcalde de Daimiel (Ciudad Real), del PSOE, ha mostrado su "apoyo incondicional" a Barreda quien, en la defensa del agua, tomó el rumbo correcto, mientras que ha dicho a Cospedal que "así no se defiende a Castilla-La Mancha" porque este Estatuto era necesario para garantizar que no se tenga que "mirar al cielo" para que el parque nacional de las Tablas de Daimiel tenga vida.

– El vicepresidente de la FEMP de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas (PP), ha puesto en duda que José María Barreda quisiera que se aprobase el Estatuto y ha subrayado que "quienes agitan ahora la bandera del agua" son "los mismos" que rechazaron el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y que "multan a los agricultores".

– El alcalde de Pedro Muñoz y presidente de la Asociación ‘Salvemos el Campo’, Ángel Exojo (PP), ha acusado a Barreda de traicionar a la región al optar por usar el asunto del agua con fines electorales y enfrentarse a otras comunidades autónomas.

– Arturo García-Tizón, presidente del PP de Toledo y ponente del PP en la negociación, ha asegurado que Barreda nunca ha querido el Estatuto y había decidido la retirada del texto antes incluso de que se reuniera la comisión Constitucional del Congreso, por lo que lo que debería hacer es "retirarse a sí mismo".

– El presidente del PP de Albacete, Marcial Marín, ha opinado que Barreda "ha quebrado un acuerdo que podría haber sido histórico" en un debate en el que Cospedal ha defendido el interés general y el presidente regional sólo el suyo particular.

– El alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo (PSOE), ha acusado a Cospedal de actuar para "ahogar" la dignidad de los castellanomanchegos, defendiendo los intereses de Murcia y Valencia.

– Francisco Núñez, presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) en la región, ha acusado a Barreda de traicionar a los jóvenes de la comunidad, porque sigue anclado en el pasado. EFE

Según ha informado a Efe el diputado socialista José Molina, la comisión ha acordado que acudan a sede parlamentaria el director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), José María Tarjuelo, y el coordinador del informe y ex director general del Agua de Castilla-La Mancha, Fernando Ortega.

Ambos son responsables del estudio sobre el desarrollo de campos de golf en las provincias de Murcia, Alicante y Almería coincidiendo con un periodo de emergencia que supuso la prohibición del riego de jardines y zonas verdes y el baldeo de calles así como restricciones en los regadíos.

Dicho informe plantea que, a pesar de estas restricciones, en el periodo comprendido entre junio de 2005 y febrero de 2009 se abrieron en Murcia diecisiete nuevos campos de golf.

El PSOE y el Gobierno regional sospechan que se están regando con agua procedente del trasvase Tajo-Segura, algo que iría en contra de la propia legislación del trasvase.

El diputado del PP Leandro Esteban ha manifestado hoy su sorpresa por la convocatoria de una comisión que no se ha reunido en toda la Legislatura y ha opinado que, en el fondo, el PSOE pretende con ella "hacer oposición a la oposición".

De hecho, ha lamentado que ni siquiera se vaya a facilitar el informe a los diputados antes de la comparecencia.

Además, el PP ha aprovechado la reunión de la comisión para solicitar la comparecencia en la misma del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías; de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa; del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, entre otros, para hablar del trasvase Tajo-Segura.

José Molina, portavoz socialista en la comisión, ha considerado estas peticiones "una broma de mal gusto", pues, según un informe de la abogacía del Estado, los responsables de instituciones estatales no comparecen en parlamentos autonómicos.

A juicio de Molina, el PP podría también haber pedido la comparecencia del secretario general de la ONU o del presidente del Gobierno. EFE