Después de la semana tan «movida» en la región tras la retirada del Estatuto, el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, quiso compartir ayer un desayuno con los medios de comunicación para hablar «de todo lo que queráis», dijo, aunque lógicamente el tema principal fue el agua. Aunque se mostró muy prudente a la hora de calificar las posturas adoptada por PSOE y PP en este asunto, sí dijo que en la reunión mantenida el día antes con la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, éste le reconoció que había faltado diálogo ente PP y Asaja «creo que el diálogo no ha sido fluido».

Aún así, reconoció que todo lo que se está hablando ahora es ya un debate «estéril» y los agricultores lo que quieren es que sus explotaciones sean rentables y «pasan» de la polémica del Estatuto.Ahora lo que toca es «negociar en cada una de las cuencas hidrográficas» que Fresneda cree que se paralizará por la elecciones.

Sí dejó claro que la retirada del Estatuto supone «un frenazo en seco» al desarrollo de Castilla-La Mancha, porque sin agua no hay desarrollo, «pero el agua la vamos a tener tarde o temprano, por las buenas o las malas». Y puso como ejemplo de que no ha sido bueno que no haya un acuerdo en la tramitación del texto estatutario en cómo se ha celebrado en Levante.

Voz única de regantes

Por otro lado, José María Fresneda indicó que su organización agraria ha propuesto al Gobierno regional, aunque sólo de forma verbal, la constitución en Castilla-La Mancha de una Federación Regional de Comunidades de Regantes, que fuera «la voz única» del sector.

Dijo que, aunque hay muchas diferencias y distintas formas de actuar entre los regantes de una zona y otra de la región, se podría constituir una organización que serviría para tener un discurso único, que fuera la voz de los regantes en la Comunidad Autónoma y mucho más poderosa.

El Tribunal Supremo ha reprochado al Gobierno de Castilla-La Mancha que utilice motivaciones «exclusivamente políticas» para oponerse sistemáticamente a los desembalses de agua del Tajo para los regadíos del Segura. Por ello, aconseja que ese tipo de razones queden al margen de los tribunales.

Así figura expresamente en la última sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Supremo, sobre uno de los habituales recursos de Castilla-La Mancha contra los desembalses. En este caso se trata de un envío de socorro de 11 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros en febrero de 2007, en plena sequía. Otros 11 hectómetros se enviaron para dar de beber a la población.

La sentencia -difundida ayer por el Gobierno murciano- sostiene que el Consejo de Ministros autorizó ese pequeño desembalse para evitar pérdidas irreparables en la agricultura. Asimismo, indica que ese volumen era «legalmente excedentario», a la vista del agua que había en ese momento almacenada en Entrepeñas y Buendía, que era de 306 hectómetros. El Tribunal Supremo lanza asimismo una velada reprimenda al Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Indica que el recurso contencioso administrativo «está inspirado en razones exclusivamente políticas, como las que han movido a la Administración autonómica» a recurrir «sistemáticamente todas las decisiones de trasvase para riego acordadas desde hace unos años sin entender que esas razones deberían quedar al margen de los tribunales».

Mientras, la realidad de las cifras sigue avalando la continuidad del Tajo-Segura: la cuenca cedente, cuyos embalses se hallan al 78,1% de su capacidad, ha ganado 205 hectómetros cúbicos en una semana, hasta rozar los 8.600. Un volumen que supone once veces y media el del Segura. El jefe del Consell, Francisco Camps, y su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, se reúnen hoy en Orihuela tras el éxito de su frente común contra la reserva del Estatuto castellano-manchego.

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso interpuesto por Castilla-La Mancha contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2007 por el que se autorizó un desembalse de 22 hectómetros cúbicos (11 para abastecimiento y 11 para regadío). El alto tribunal considera que «no es sostenible» el informe de la Universidad regional que aporta el Gobierno regional al indicar que no existe necesidad de agua en el sureste español cuando estaba pasando por un periodo de «emergencia» durante una sequía que comenzó en marzo de 2005.

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación para la aprobación de los estatutos de la nueva Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, un órgano encargado del agua en la región cuya creación estaba prevista en el proyecto de reforma del Estatuto.

La Ley de Creación de la Agencia del Agua, que entró en vigor el pasado 20 de enero, fijaba el mes de junio como fecha para que el Ejecutivo regional elaborara y aprobara los estatutos de este nuevo órgano administrativo.

Según el informe hidrológico del ministerio del Medio Ambiente, la cantidad de agua almacenada en la Cuenca del Júcar es un 82,1 por ciento mayor que la media registrada durante los últimos diez años, lo que supone el tercer mayor incremento de toda España, únicamente superada por la Cuenca Mediterránea Andaluza y la del Segura.

Actualmente, dispone de 49 hectómetros cúbicos más que la semana pasada y de 523 más que en la misma fecha del año anterior.

El pasado año, en estas mismas fechas, había un 39,6 por ciento de reservas de agua, y ahora un 55,2 por ciento, lo que son 15,6 puntos porcentuales más.

– El responsable de Agua de Coag-Ir, José María Oñate, ha avisado de que las organizaciones agrarias se plantean iniciar movilizaciones ante el fracaso del Estatuto y ha lamentado que el PP no apoyara el texto "de mínimos" propuesto por el PSOE, pues no se podía rebajar más el texto.

– El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ha considerado una "vergüenza" que en Castilla-La Mancha no ocurra lo mismo que otras comunidades autónomas y ha avanzado que, como es evidente "que por las buenas y por la vía del diálogo" no se va a conseguir "jamás" agua, habrá que usar "otros instrumentos".

– Ángel Villafranca, de Cooperativas Agroalimentarias, ha dicho no entender por qué no se ha mantenido el consenso que hubo en las Cortes regionales, aunque ha indicado que no le gustaría que, a más de un año, se entrara en campaña pre electoral porque lo que hay que hacer es seguir luchando, ya que se necesitan soluciones.

– El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha mostrado su disgusto por la situación que se presenta, porque el agua, ha dicho, "es el futuro"; ha criticado que una región vecina decida qué agua recibe esta y ha manifestado que seguirán apoyando al Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de agua, que es "la única forma de garantizar el futuro".

– El presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Fernando Jerez, ha señalado que seguirán al lado del presidente regional, José María Barreda, en la defensa del agua y de los intereses de la región, y que la retirada del texto es mejor que apoyar algo que no sirva para el progreso y el desarrollo.

– El secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, ha dicho que "mientras Castilla-La Mancha pide agua, el PP vende humo" y, por tanto, ha lamentado la retirada del Estatuto porque, aunque el texto es más que agua, sin agua es "una burla para esta región" en comparación con lo que se ha aprobado para otras comunidades.

– Antonio Román, presidente del PP de Guadalajara y alcalde de la capital, ha lamentado que Barreda haya dado la espalda a esta provincia, de la que principalmente sale el agua del trasvase y en la que no ha revertido apenas el dinero que se cobra por esta cesión.

– Julián Rebollo, presidente de la Asociación de Pueblos Ribereños de Entrepeñas y Buendía, ha dicho que defiende que en los pantanos haya una lámina de agua estable del 40 por ciento de la capacidad total y que no se puede defender esto sin apoyar, a su vez, una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos.

– Francisco Pulido, alcalde de Cuenca, ha manifestado su pesar y desilusión por la retirada de la reforma del Estatuto, razón por la cual ha calificado a Barreda como "el presidente del fracaso"; además, se ha quejado de que, junto con el alcalde de Guadalajara, ambos del PP, no tuvieran un sitio reservado para asistir al pleno.

– La presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León (PSOE), ha criticado a Cospedal por dejar tirada a esta provincia e impedir así el desarrollo y el progreso, aunque ha asegurado que "los hombres y mujeres de Guadalajara no se venden" ni con el ATC ni con el agua; ha reprochado a la líder del PP su "traición", pero en el pecado, ha dicho, lleva la penitencia.

– Antonio Lucas, por el PP de Ciudad Real, ha manifestado su tristeza por que Barreda "ha decepcionado" a los regantes y agricultores que "están pagando multas" y se ven "perseguidos" por el gobierno socialista.

– José Luis Martínez Guijarro, secretario general del PSOE de Cuenca y consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, ha dicho que Cospedal "ha pagado con dinero de los castellano-manchegos" y vendiendo los intereses de esta región el "favor que le hizo Valcárcel" para que fuera nombrada secretaria general del PP y ha añadido que, por tanto, debería renunciar a su escaño en Castilla-La Mancha y presentarse por Murcia.

– La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver (PSOE), ha dado las gracias a Barreda y ha lamentado la actitud de los representantes del PP, y la "traición" de Cospedal, por intentar desviar la atención y porque, a la hora de trabajar, han dejado sólo al presidente de la Junta que, ha asegurado, no obstante, no está sólo ni en la defensa del agua ni el en Pacto por Castilla-La Mancha.

– José Díaz del Campo, alcalde de Daimiel (Ciudad Real), del PSOE, ha mostrado su "apoyo incondicional" a Barreda quien, en la defensa del agua, tomó el rumbo correcto, mientras que ha dicho a Cospedal que "así no se defiende a Castilla-La Mancha" porque este Estatuto era necesario para garantizar que no se tenga que "mirar al cielo" para que el parque nacional de las Tablas de Daimiel tenga vida.

– El vicepresidente de la FEMP de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas (PP), ha puesto en duda que José María Barreda quisiera que se aprobase el Estatuto y ha subrayado que "quienes agitan ahora la bandera del agua" son "los mismos" que rechazaron el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y que "multan a los agricultores".

– El alcalde de Pedro Muñoz y presidente de la Asociación ‘Salvemos el Campo’, Ángel Exojo (PP), ha acusado a Barreda de traicionar a la región al optar por usar el asunto del agua con fines electorales y enfrentarse a otras comunidades autónomas.

– Arturo García-Tizón, presidente del PP de Toledo y ponente del PP en la negociación, ha asegurado que Barreda nunca ha querido el Estatuto y había decidido la retirada del texto antes incluso de que se reuniera la comisión Constitucional del Congreso, por lo que lo que debería hacer es "retirarse a sí mismo".

– El presidente del PP de Albacete, Marcial Marín, ha opinado que Barreda "ha quebrado un acuerdo que podría haber sido histórico" en un debate en el que Cospedal ha defendido el interés general y el presidente regional sólo el suyo particular.

– El alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo (PSOE), ha acusado a Cospedal de actuar para "ahogar" la dignidad de los castellanomanchegos, defendiendo los intereses de Murcia y Valencia.

– Francisco Núñez, presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) en la región, ha acusado a Barreda de traicionar a los jóvenes de la comunidad, porque sigue anclado en el pasado. EFE

Según ha informado a Efe el diputado socialista José Molina, la comisión ha acordado que acudan a sede parlamentaria el director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), José María Tarjuelo, y el coordinador del informe y ex director general del Agua de Castilla-La Mancha, Fernando Ortega.

Ambos son responsables del estudio sobre el desarrollo de campos de golf en las provincias de Murcia, Alicante y Almería coincidiendo con un periodo de emergencia que supuso la prohibición del riego de jardines y zonas verdes y el baldeo de calles así como restricciones en los regadíos.

Dicho informe plantea que, a pesar de estas restricciones, en el periodo comprendido entre junio de 2005 y febrero de 2009 se abrieron en Murcia diecisiete nuevos campos de golf.

El PSOE y el Gobierno regional sospechan que se están regando con agua procedente del trasvase Tajo-Segura, algo que iría en contra de la propia legislación del trasvase.

El diputado del PP Leandro Esteban ha manifestado hoy su sorpresa por la convocatoria de una comisión que no se ha reunido en toda la Legislatura y ha opinado que, en el fondo, el PSOE pretende con ella "hacer oposición a la oposición".

De hecho, ha lamentado que ni siquiera se vaya a facilitar el informe a los diputados antes de la comparecencia.

Además, el PP ha aprovechado la reunión de la comisión para solicitar la comparecencia en la misma del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías; de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa; del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, entre otros, para hablar del trasvase Tajo-Segura.

José Molina, portavoz socialista en la comisión, ha considerado estas peticiones "una broma de mal gusto", pues, según un informe de la abogacía del Estado, los responsables de instituciones estatales no comparecen en parlamentos autonómicos.

A juicio de Molina, el PP podría también haber pedido la comparecencia del secretario general de la ONU o del presidente del Gobierno. EFE

España está enferma, sufre de «hidroesquizofrenia aguda». Manuel Ramón Llamas, catedrático emérito de Hidrogeología de la Universidad Complutense (Madrid) es quien elabora el diagnóstico. Las causas: un paupérrimo control hidrológico por parte de la Administración y una intensa explotación de las aguas subterráneas de manos de los agricultores. Una revolución silenciosa a la que se suma la pública y larga tradición de conflictos hídricos entre regiones. Con la aprobación de los nuevos estatutos autonómicos, Llamas cree que se ha roto la unidad de cuencas hidrográficas nacionales. En España sobra agua, pero está mal gestionada, asegura.

—Las aguas subterráneas son un valioso recurso para un país semiárido como el nuestro. ¿Por qué, en cambio, se privilegian más las aguas superficiales?

—Así como las aguas superficiales se vienen utilizando desde hace 5.000 años (en Egipto, en la India, por ejemplo), el uso intensivo de las aguas subterráneas tiene sólo medio siglo de vida en países como España o Estados Unidos. En general, no existe control de las aguas subterráneas en ningún estado del mundo. Ante esta falta de planificación, los agricultores, que quieren mejorar su nivel de vida, actúan al margen de sus gobiernos, extraen aguas subterráneas por cuenta propia y las emplean en regadíos. Quizás tenga que ver con que durante muchísimo tiempo nuestros gestores del agua sólo se han preocupado por la construcción de embalses. Pero los sistemas de aguas superficiales fracasan cuando se suceden varios años de sequía. No se pueden construir hiperembalses de tamaño ilimitado; sólo darían de beber al sol, pues gran parte del agua se evapora si tiene que guardarse muchos años en ellos. Tanto las aguas superficiales como las subterráneas son beneficiosas si se utilizan bien. Lo malo no es la sequía sino la aridez mental.

—¿Estamos ante un problema que exige una solución de tipo ético?

—Contrariamente a lo que piensa todo el mundo, el agua no es un elemento esencial de riqueza. «Si no tenemos agua nos morimos» se oye a diario en muchas Comunidades Autónomas, como en Aragón, por ejemplo, cuando no es cierto. En España, hoy, como sector económico, el turismo es más importante que la agricultura. Y el 90 por ciento del agua consumida se destina al sector de la agricultura. La falta de transparencia, de educación ciudadana y de consenso político origina este desenfoque.

—¿Debe preocuparnos más la agricultura que el abastecimiento urbano?

—Cerrar el grifo cuando uno se lava los dientes está bien. Sin embargo, el agua para uso urbano representa sólo el 5-10 por ciento del total de agua dulce consumida en España. La agricultura es la que emplea el 90-95 por ciento restante. Y aquí reside la verdadera dificultad, pues sólo el 10 por ciento de esa agua ya produce el 90 por ciento del valor económico de nuestros regadíos. De modo que casi toda el agua de los regadíos se destina a productos de bajo precio que, perfectamente, se podrían importar desde otros países con igual coste o incluso inferior. Lo que era una situación lógica hace 50 años, cuando todos los países buscaban la seguridad alimentaria autárquica, ahora es un absurdo. La globalización favorece que te salga más barato comprar el trigo a Alemania o a Argentina que producirlo aquí. Pensar sólo en el regadío como principal aspecto de la agricultura española no tiene sentido hoy. Existen más opciones dignas de estudio: lugares dedicados a la conservación de la biodiversidad, a la caza, a la agricultura ecológica, etc. En cierta forma, buena parte de nuestros agricultores deberán convertirse en «jardineros de la naturaleza».

—¿El agua es una importante baza política?

—El agua se utiliza excesivamente como arma política, lo cual es lamentable. Los políticos se han servido del agua para ganar votos, y lo han conseguido en bastantes sitios. En Murcia, antiguo feudo socialista, el PSOE casi ha desaparecido como partido por aquello del «Agua para todos» propugnado por el PP. En Cataluña y Aragón, en cambio, ha ocurrido al revés, es el PP el que se ha quedado en la cuneta.

—¿Es posible un Pacto del Agua?

—Llevamos prácticamente veinticinco años con la misma Ley de Aguas (1985), que, además, declaró exentos de dominio público a aquellos pozos que se explotaban de forma privada antes de la norma, que eran la gran mayoría. La mentalidad de los agriculturores, como la de todos, es la de intentar pagar el menor número de impuestos. Al mismo tiempo, las Confederaciones Hidrográficas, encargadas del control de las aguas subterráneas de la noche a la mañana, no tenían ni la mentalidad ni los medios para llevar a buen término esta nueva tarea. De hecho los agricultores han continuado abriendo pozos de autoabastecimiento, que más bien podrían calificarse como alegales y no como ilegales. Algunos, como Felipe González, se han manifestado a favor de la necesidad de lograr un Pacto del Agua. Pero los partidos políticos no lo están intentando, todos buscan ganar votos con la gestión del agua. En el caso de Castilla-La Mancha, ni el PP ni el PSOE saben qué hacer con el trasvase Tajo-Segura porque no se habla claro al respecto.

—¿Se acabará derogando el trasvase Tajo-Segura?

—Es una incógnita. Comprendo la postura del gobierno autonómico de Castilla-La Mancha. También la de la Generalitat Valenciana y la del Gobierno de Murcia. Sin embargo, los tres mantienen la misma postura errónea: están otorgándole al agua un valor que realmente no posee, exagerando demasiado las cosas. Los manchegos se sienten agraviados en comparación con los catalanes, que sostienen que el Delta del Ebro es suyo, lo cual es anticonstitucional. Fue Zapatero quien abrió la caja de Pandora y convirtió a España en un reino de taifas: «El agua es mía». Y así Sevilla se ha quedado con el Guadalquivir, por ejemplo. La torpeza del presidente ha tirado por la borda cien años de política hidráulica española.

—La Directiva Marco del Agua (2000) pretende fomentar su uso sostenible, evitar la contaminación y paliar los efectos de las inundaciones y las sequías, entre otras cuestiones.

—La DMA es positiva, pero su aplicación en España va con mucho retraso. Ya se tenían que haber puesto a disposición del público los Planes Hidrológicos de Cuenca antes de aprobarlos y enviarlos a Bruselas, pero ni siquiera se sabe cuándo será esa presentación. No se conoce el porqué de este parón. España está perdiendo a marchas forzadas el prestigio que tenía ante la Comisión Europea en los temas del agua. Más urgente que montar simposios internacionales sobre sequía —el último tuvo lugar el mes pasado en Madrid— es cumplir con lo que está mandando.

—¿La sequía es un fenómeno normal?

—La sequía es un fenómeno natural en España. No han pasado nunca más de veinte años sin un ciclo seco largo. Lo que pasa ahora es que nos quejamos más y lo achacamos al cambio climático. Cuando aconteció la última sequía seria, en el 95-96, los precios de los productos alimenticios apenas subieron. La globalización permitió su compra a otros países: la sequía no se da al mismo tiempo en todo el planeta. Además, el transporte cada vez es más rápido y barato. España ya no sufre de hambrunas. Padecemos todavía algunas inundaciones, en general, poco importantes gracias a los embalses existentes. Y los daños producidos por la inundaciones se deben fundamentalmente a que el Ministerio de Medio Ambiente debería haber hecho hace treinta años un estudio sobre áreas sujetas a inundación. La gente construye en zonas inundables porque los alcaldes lo facilitan, por negligencia, por ignorancia y porque el terreno resulta más económico. Y luego todos los españoles debemos pagar los platos rotos.

—¿Daimiel, pese a las últimas lluvias, sigue en «coma ecológico»?

—Desde hace veinte años Las Tablas estaban en coma ecológico y probablemente van a seguir estándolo. Ahora ha llovido bastante, y esto les ha dado un respiro. El tema fundamental con respecto a Tablas de Daimiel no son los escasos hectómetros que el Gobierno ha transferido a la zona del Alto Guadiana; la crisis está en la agricultura, que se nutre del 90 por ciento del agua dulce subterránea. El nivel freático está 20-30 metros por debajo del de la superficie. La recuperación es improbable si, como predicen los profetas del cambio climático, las precipitaciones en el Alto Guadina disminuirán en el futuro.

Martínez, en un comunicado, ha criticado en estos términos la reunión de ayer de la Mesa del Agua, órgano en el que -como ha recordado- no está presente IU pese a que Barreda se comprometió a que así fuera con el anterior dirigente de la formación en la comunidad, Cayo Lara.

El coordinador regional de IU ha lamentado que ayer se reuniera la Mesa en medio de las negociaciones sobre el Estatuto, igual que cuando se convocó el pasado 20 de junio, «la misma tarde de la manifestación en Talavera en defensa del río Tajo».

Se ha quejado al respecto de que no salgan de ese órgano asesor «debates y medidas concretas» en torno a la problemática hídrica de Castilla-La Mancha».

Así, ha defendido que la Mesa se convierta en «un verdadero órgano que desarrolle un trabajo de estudio y análisis de la situación hídrica de la región y que haga propuestas de futuro teniendo en cuenta la opinión de expertos o especialistas universitarios, que tienen propuestas y opinión pero parece que no interesa mucho escucharlos» Además, Martínez ha planteado que el anuncio de Barreda de que el PSOE admitirá retirar de la reforma del Estatuto el requisito de una mayoría cualificada para modificar la ley electoral -algo que propone IU en una enmienda y que a última hora ha sido reclamado por el PP- carece de importancia, pues se han rechazado otras enmiendas de IU que pretenden corregir «el déficit democrático» de la región en este asunto.

A juicio de IU, los últimos movimientos de Barreda demuestran que «actúa a la desesperada con el Estatuto y está perjudicando el resultado final del mismo».

Según los datos del informe hidrológico del ministerio del Medio Ambiente, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 38,4 por ciento sobre la media de los últimos diez años, la mitad del aumento experimentado en la cuenca del Júcar.

El incremento del 76,7 por ciento es el tercer mayor aumento de todas las cuencas de España, sólo superado por la Cuenca Mediterránea Andaluza y la del Segura.

La cuenca del Júcar dispone de 1.733 hectómetros cúbicos de reservas, lo que equivale a un 51,9 por ciento del total, con un incremento de 441 hectómetros cúbicos respecto al año anterior -13,1 puntos porcentuales más que el año pasado y 22,6 más que hace diez años-. EFE