La negociación con el Gobierno para reducir los costes de electricidad de los regantes continúa, pero Industria ya ha avanzado su negativa rotunda a la propuesta que defendían los agricultores de pagar sólo por la potencia que realmente consumen sus explotaciones y no por la que se ven actualmente obligados a tener contratada todo el año para poder hacer frente a los momentos de riego. Los regantes sólo consumen un 10% al año de la potencia que contratan.

Sobre la mesa de negociación en la que se sientan las organizaciones agrarias y representantes del Ministerio de Industria han quedado otras dos posible opciones para aliviar el coste de estas tarifas a los regantes: la doble contratación de potencia en un mismo año – es decir contratar y pagar una potencia alta en la temporada de riesgo y otra mínima cuando no hay que regar; o bien el contrato de temporada, que parece ser la opción por la que apuesta el Ministerio ya que tiene redactado un borrador de decreto al respecto.

Solución urgente

El pasado viernes se celebró la cuarta reunión entre organizaciones agrarias y Ministerio para abordar este tema, tras la huelga del campo de noviembre. Pese a que se esperaba que en esta reunión se tomara ya una decisión sobre el asunto, la solución definitiva se ha vuelto a postergar a pesar de que para los agricultores ya es urgente que se clarifique la situación pues la temporada de riego de muchos cultivos ha empenzado ya.

La opción de la doble contratación de potencia, que los regantes prefieren al contrato de temporada, fue en principio desechada por los representantes de Industria en la reunión pero la decisión final será tomada a nivel político por lo que todavía hay una posibilidad de que salga adelante, según fuentes de Asaja. Mientras tanto, los representantes de los agricultores ya han presentado sus alegaciones al borrador sobre el contrato de temporada en las que rechazan entre otros capítulos los costes «abusivos» que supondría la formalización inicial de este contrato y el que no se detallen las causas que pueden dar lugar a que las comopañías denieguen la petición de contrato de temporada. En cualquier caso.esta opción es la que menos gusta a los regantes, entre otras razones, porque, por sus limitaciones, no podrá ser de aplicación global.

Subida del 300 por ciento

El recibo de la electricidad supone actualmente el 29% de los costes de una explotación de regadío. Esto es así desde que se liberalizó el mercado electrico, lo que ha supuesto un encarecimiento del coste de la potencia contratada, que recauda el Estado, del 300% además del encarecimiento del coste por consumo que facturan las eléctricas y que ha sido aproximadamente del 20%.

El problema como explica el técnico de saja, Carlos Mesa es que «el agua, imprescindible para los cultivos de regadío, no se puede utilizar por el encarecimiento abusivo de la energía disponible para su distribución que es la eléctrica». Lo cierto es que al haberse modernizado los regadíos y haberse implantado los sistemas de riego por goteo y por aspersión se necesita electricidad para regar.

En Andalucía, el 65% de los regadíos están ya modernizados y, por tanto, condicionados al coste de la electricidad.

En una comparecencia ante los periodistas junto con el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, tras la reunión mantenida en Toledo para hablar sobre la cuenca del Júcar, Barreda ha considerado que el de hoy es un paso adelante importante en el camino para la aprobación del Estatuto de Autonomía.

El grupo parlamentario socialista ha sacado adelante su propuesta de incluir en el Estatuto de Castilla-La Mancha una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua para la comunidad autónoma gracias al apoyo de CiU y la abstención del PP.

La abstención del Partido Popular, según Barreda, hace que se mantenga "la esperanza de su voto positivo en la Comisión", que se reunirá próximamente y se pronunciará sobre el conjunto del dictámen.

Los planteamientos del PP, según ha comentado el presidente regional, han sido "en general positivos, de no oposición", y su abstención "deja un margen de esperanza para el acuerdo", que él sigue deseando.

En este sentido, ha recordado que en el origen de la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha está la unanimidad de las Cortes regionales y sería "deseable" que los dos partidos con representación en la Cámara autonómica lo apoyaran en el Congreso de los Diputados.

Josep Puxeu, por su parte, también ha saludado el acuerdo de hoy y ha deseado que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha avance con el mayor respaldo posible de los grupos políticos.

Preguntado por los periodistas sobre si la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos "le daña la vista" como dijo que le ocurría con el anterior planteamiento de 6.000 hectómetros, Puxeu ha dicho que la gestión del agua en España es compleja.

Ha comentado que "los grandes ríos de España pasan por Castilla-La Mancha y las necesidades de crecimiento de Castilla-La Mancha pasan por un buen uso y una buena disponibilidad de agua".

Es importante, según el secretario de Estado, que la región se dote de un Estatuto "de nueva generación, potente para afrontar los retos de la España del siglo XXI".

Ha recordado que siempre han estado buscando el acuerdo y ha felicitado el esfuerzo de los grupos parlamentarios en avanzar en la aprobación de ese texto.

"Es una buena noticia que haya un texto lo más consensuado posible y ojalá venga con un nivel de apoyo igual al que tuvo en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha deseado Puxeu, para quien es importante que no haya imposición y eso es lo que hace el proceso complejo.

Al hilo de la pregunta, Barreda ha señalado que lo importante es lo que dice el Congreso de los Diputados, que es donde se aprueban finalmente los estatutos de Autonomía, y ha mencionado que todos los estatutos "de nueva generación" han sido modificados en el Congreso antes de ser finalmente aprobados.

"Lo importante es que el texto último garantice los derechos de los castellano-manchegos, y el texto que hoy ha aprobado la ponencia, los garantiza"; por eso a él le gusta y satisface, ha destacado el presidente regional Todo lo dicho hasta ahora, ha añadido, pasa a un segundo plano, porque el escenario ha cambiado, y a partir de ahora la referencia es lo aprobado hoy en el Congreso de los Diputados.

Barreda, que ha conocido la aprobación de la propuesta mientras estaba reunido con Puxeu a través de una conversación telefónica con el diputado socialista Alejandro Alonso, uno de los negociadores, ha indicado que se hace alusión a la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos en el preámbulo, pero ha agregado que hay muchas alusiones a la cuestión hidrológica en todo el Estatuto. EFE

"Desde la unidad de los regantes valencianos, estamos totalmente en contra de la reserva hídrica del Tajo, y vamos a seguir defendiendo que esta medida no siga adelante, porque, de lo contrario, significaría el fin del Trasvase Tajo-Segura, tan necesario para las comarcas alicantinas y el desarrollo de toda la Comunitat", aseguran en una nota desde Fecoreva.

Así, los regantes de la Comunitat consideran la aprobación de la reserva hídrica del Tajo un "ataque frontal contra la Comunitat Valenciana, ya que no sólo amenaza al regadío, sino también los abastecimientos urbanos, por lo que va en contra de todos los ciudadanos".

En este sentido, recuerdan que, gracias al Tajo-Segura, más de 55.000 hectáreas de cítricos, hortalizas y frutales reciben el agua que necesitan cada año, así como los suministros urbanos y turísticos de las comarcas del Bajo Segura, Bajo Vinalopó, Medio Vinalopó y el propio Alicante.

"Sin los 160 hectómetros cúbicos que el Tajo-Segura aporta a los alicantinos, la segunda provincia de la Comunitat no podría alcanzar el grado de desarrollo del que goza actualmente", advierten.

Pero, además, "no sólo significaría el fin del trasvase Tajo-Segura, sino que representaría una seria amenaza para el embalse de Alarcón y, por tanto, pondría en peligro la supervivencia del río Júcar y gran parte del regadío valenciano, así como el abastecimiento de la propia ciudad de Valencia, ya que el 80 por ciento del agua que ésta consume procede del Júcar", añaden los regantes.

Fecoreva manifiesta su apoyo al Ejecutivo valenciano en defensa de la solidaridad colectiva y el reclamo de un gran acuerdo a nivel nacional para garantizar el suministro de agua en toda España, en cantidad y calidad suficiente.

Del mismo modo, la Federación también respalda al presidente Francisco Camps en su defensa de los intereses de la agricultura de la Comunitat.EFE

En la reunión también participará la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha en una nota de prensa.

En este momento están en proceso de revisión los planes de las cuencas hidrográficas y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recalcado la importancia de éstos: "El resultado será crucial y determinante para los intereses de Castilla-La Mancha, en la medida que condicionará el futuro y la posición de la región en materia hidráulica".

Más del 70 por ciento del territorio de la cuenca del Júcar está en Castilla-La Mancha. EFE

El MARM incorpora la denominación de calidad diferenciada «Garbanzo de Pedrosillo» en el Real Decreto sobre los pagos directos a la agricultura y a la ganadería durante 2010 y 2011

Esta norma, aprobada en enero de 2010, establece las ayudas específicas desarrolladas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en virtud del «artículo 68» del Reglamento europeo de ayudas PAC.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la incorporación de la denominación de calidad diferenciada «Garbanzo de Pedrosillo» en el Real Decreto 66/2010, del pasado 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

Por Resolución del Director General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, a la vista de la documentación presentada por la Asociación Garbanzo de Pedrosillo, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha aceptado su inclusión como denominación de calidad beneficiaria de la ayuda contemplada en el Programa nacional para la calidad de las legumbres, que tiene como objetivo fomentar una producción de calidad y mayor valor añadido para estos productos.

El Programa nacional para la calidad de las legumbres está dotado con un millón de euros anuales, procedentes en su totalidad de recursos comunitarios. Tiene como objetivo 10.000 hectáreas de leguminosas de grano de consumo humano (legumbres) producidas bajo regímenes de calidad diferenciada reconocidas a nivel comunitario, nacional o privado.

Estas ayudas se enmarcan dentro de las ayudas específicas del «artículo 68» de la Reglamentación comunitaria de pagos directos, de desarrollo subsidiario por los Estados miembros, para el fomento y la defensa de la producción de calidad en el sector agrario.

El proyecto no supone un incremento de costes para las Administraciones con respecto a la situación previa, y se atenderán con las dotaciones presupuestarias existentes.

El Gobierno regional consensuará su postura sobre el futuro plan hidrológico de la cuenca Júcar con los usuarios y agentes sociales implicados, según dijo el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en una reunión mantenida en Albacete con los regantes del Júcar.

Pingarrón, en declaraciones a la prensa tras esta reunión, subrayó que el objetivo del encuentro era establecer los criterios que debe contener el plan. Recordó que actualmente están en proceso de revisión los planes hidrológicos y calificó estos procesos de «muy importantes», ya que, «el resultado será crucial y determinante para los intereses de Castilla-La Mancha, en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica».

El consejero destacó que uno de los temas fundamentales que deben abordarse en el seno de este proceso de revisión es la elaboración de las normas de explotación en el sistema Júcar, y que una vez elaboradas y aprobadas es necesario que se cumplan.

Además, recordó que el proceso de revisión de los planes coincide con la aplicación de la Directiva Marco del Agua que ha supuesto un cambio en la forma de abordar la planificación hidrológica derivada de la necesidad de proteger, a largo plazo, las masas de agua a través de una gestión sostenible, asegurando el mantenimiento de los caudales ambientales.

Destacó que resulta «fundamental» elaborar el balance de recursos y demandas de la cuenca hidrográfica del Júcar «para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las demandas de la propia cuenca hidrográfica y qué sobrantes hay para atender las demandas de otros usos»

LOS acuíferos del Vinalopó siguen sobreexplotados. Nuestro déficit es estructural, y necesita de aportaciones externas como las del Júcar-Vinalopó, que después de casi 600 años está a punto de convertirse, como obra, en realidad. En breve tendremos una hermosa tubería que celebrar. Pero una tubería no soluciona el problema, la solución es la aportación de caudales, y todavía siguen pendientes de aclararse los tres temas básicos avalados por la última sentencia de la Audiencia Nacional: volumen, calidad y precio.

Sabemos que como máximo se van a trasvasar 80 Hm3 pero necesitamos unas Normas de explotación que pongan negro sobre blanco cómo y cuándo, con el máximo respeto a los actuales usos del Júcar. Desgraciadamente, nadie tiene prisa en confeccionar estas Normas. Respecto a la calidad, a pesar de minoritarios colectivos antitrasvasistas, el agua debe poder destinarse a regadío, abastecimiento e industria. Dependiendo del tratamiento que haya que realizar, sumándole los hasta cuatro bombeos que tiene el nuevo trasvase, obtendremos el precio final del metro cúbico. Seguro que el regadío no puede pagar el precio real; la duda es si con la compensación del precio del abastecimiento se alcanzará el equilibrio o será necesario implicar a la Administración.

Sea como fuere, no tenemos tiempo que perder. Exigimos la coordinación entre todas las Administraciones: el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria. El agua no va a preguntar en qué lugar del tubo se encuentra, ni qué administración es la que lo hizo o dejó de hacer. Los administrados necesitamos el agua y la administración, toda, tiene la obligación de coordinarse para que así sea. Afortunadamente ahora existe un sólido puente de diálogo gracias a dos administradores con altas miras, Josep Puxeu y el desgraciadamente desaparecido José Ramón García Antón. Sus altas y nobles miras, continuadas desde la Generalitat por Juan Cotino, hacen posible que se vaya avanzando. Somos de Alicante y tenemos la fama de mirar hacia adelante. Damos gracias porque en breve contaremos con una tubería y seguiremos trabajando para conseguir llenarla de agua.

LA UNIÓ insta a los grupos parlamentarios del Congreso a aprovechar el proceso de reforma que han iniciado del actual Código Penal para cambiar la tipificación de los delitos en el campo, puesto que ahora se deja en la indefensión más absoluta a los agricultores y ganaderos. En este sentido, ha remitido un detallado informe a todos los grupos para que se tengan en cuenta las demandas del sector agrario valenciano a este respecto.

El Congreso de los Diputados acaba de constituir la ponencia de la Comisión de Justicia encargada de la reforma del Código Penal, cuya intención es concluir el trámite parlamentario antes de julio. Esta reforma se centra fundamentalmente en el endurecimiento de las penas a los terroristas, la creación del delito de piratería y permitir que las personas jurídicas asuman responsabilidades penales; pero se olvida de la gravedad de los robos para el sector agrario muy castigado ya por los bajos precios que se perciben.

LA UNIÓ denuncia que en la actualidad la mayoría de los robos de cosechas, pozos y motores de riego, cobre, etc., que se cometen en el campo son considerados por el actual Código Penal como una mera falta de hurto que únicamente se castiga con una pequeña multa. Para que la sustracción en el campo merezca la consideración de delito de hurto, castigado con penas de prisión de uno a tres años, el valor de lo sustraído tendría que superar la cantidad de 400 euros. Por tanto, se pueden robar varias toneladas de productos agrícolas o el cobre de los motores de riego para al final quedar impunes tras pagar una pequeña multa administrativa, o ni tan siquiera eso.

El actual Código Penal califica como falta, y no delito, cualquier robo cuyo valor no exceda de la cantidad de 400 euros, lo que supone en la práctica una indemnización equivalente a lo sustraído con pena de 4 a 12 días o multa de uno a dos meses. Lo que sucede al final es que “los amigos de lo ajeno” se declaran insolventes para indemnizar por las cantidades sustraídas. En cuanto a la pena, cada día de multa se sanciona con entre 3 y 300 euros pero lo cierto es que se suele fijar una cantidad de entre cuatro y seis euros por día. Una multa por un mes saldría al infractor por una módica cantidad e incluso se le ofrecen facilidades para aplazar y fraccionar el pago.

El Código Penal tampoco castiga la reincidencia en el campo y de este modo un presunto delincuente podría cometer en el plazo de un año hasta cuatro robos y ser tipificado no obstante sólo como una falta siempre que la cuantía económica no supere esa cantidad de 400 euros. La picaresca por tanto funciona y esa cantidad actúa como apoyo para seguir reincidiendo.

Josep Botella, Secretario General de LA UNIÓ, cree que “es el momento oportuno para modificar el Código Penal por lo que se refiere a los robos de cosechas, porque lo que ahora tenemos nos deja en la más absoluta indefensión a los agricultores”.

La reunión en Madrid entre representantes del ministerio y de las organizaciones agrarias para hablar sobre las "tarifas eléctricas y los costes energéticos", dentro del plan de choque en favor del sector agrícola ha sido "muy positiva y ha avanzado bastante bien", según Puxeu.

Dentro de las medidas del plan de choque del Gobierno para ayudar al sector agrario a recuperarse de la crisis, está pendiente aún la mejora de tarifas eléctricas.

Por otro lado, Puxeu ha resaltado que el próximo jueves se firman actuaciones en el ámbito del desarrollo rural, con la presencia de bancos y cajas de ahorros.

Además, ha señalado, el Ministerio se reunirá este miércoles con representantes del sector del vino, con el que comenzará una serie de citas sectoriales, también en el contexto de ese plan de choque.

Puxeu ha intervenido hoy en el III Foro Europeo para la Agricultura, organizado por la asociación que agrupa a propietarios europeos de explotaciones agrarias (ELO, en sus siglas en inglés).

En este Foro, los participantes han debatido cómo se debe adaptar la agricultura a los nuevos retos de la sociedad y al cambio climático.

Entre los desafíos, Puxeu ha enumerado la seguridad alimentaria, la mejora de la competitividad, el agua, el avance en las tecnologías y el reto de mantener una política activa para preservar los suelos.

Asimismo, ha abogado por "despejar las incógnitas" sobre lo que ocurrirá con la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013 (año en que acaba el actual presupuesto comunitario).

"Esos retos son afrontables por el sector siempre que haya voluntad y políticas activas", ha agregado Puxeu.EFE

En un comunicado, la edil popular se ha pronunciado así respecto a la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar y ha defendido la creación de un "frente común" para reivindicar el uso del río.

"Desde el Ayuntamiento de Valencia no podemos permitir estos planteamientos, que son del todo inadmisibles y antidemocráticos y por tanto, creemos que es necesario crear un frente común para defender y reivindicar nuestro uso del río Júcar", ha afirmado.

Según ha explicado Ramón-Llin, el plan contempla, entre otras medidas, la apropiación de la práctica totalidad de los recursos hídricos del Júcar por parte de Castilla-La Mancha, además de una reducción de los caudales disponibles para los regantes valencianos.

Igualmente, ha resaltado que "propone un planteamiento excluyente contra el Parque Natural de La Albufera o el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Valencia".

En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento de Valencia requerirá a la CHJ la necesidad de mantener el ámbito actual del Sistema Júcar, "el cual no es un capricho, sino consecuencia de la unidad hidrogeológica de la zona baja del Júcar".

"Todos sabemos que cuando el Júcar se desborda, sus aguas llegan al mar a través de La Albufera y que el lago recibe aportes freáticos del río, el agua de los "Ullals" proviene del Júcar y sin sus aguas, se provocaría un desastre ecológico sin precedentes", ha advertido.

Asimismo, la concejala ha recordado que el ámbito del Júcar alcanza poblaciones como Torrent o Silla, al norte de La Albufera, la cual es propiedad patrimonial del Ayuntamiento y por tanto, abarca quince municipios del Área Metropolitana, incluida una franja de diez kilómetros del sur del término municipal de la ciudad.

Ha recordado que pedanías como Perelló, Perellonet, Palmar o El Saler están íntegramente en el Sistema Júcar, por lo que "bajo ningún concepto se puede calificar como ‘trasvase entre cuencas’ la infraestructura del Canal Júcar Turia".

"Las aguas del Júcar en él se transportan dando suministro a zonas del propio Sistema Júcar tanto para riegos como para suministro de agua potable a la tercera área metropolitana de España", ha argumentado al respecto. EFE