Cerca de 50 entidades ecologistas y plataformas ciudadanas acordaron ayer en Tortosa (Tarragona)realizar protestas para reclamar un cambio en la política hídrica del Gobierno y en los nuevos planes hidrológicos de las cuencas de los ríos, al considerar que se «incumple» la normativa europea. En la reunión, convocada por la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), se reclamó que el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro contemple unos caudales ambientales que puedan garantizar la supervivencia del Delta. La primera protesta tendrá lugar el próximo mayo en una localidad de Cataluña por concretar y a la que seguirá otra más a nivel estatal.

El portavoz de la PDE, Manolo Tomàs, denunció que «el viejo estilo de los planes hidrológicos del PP se está reafirmando de forma distinta». Según él, en la elaboración de los planes hidrológicos «se reafirma el reparto del agua del Ebro sin fijar ningún caudal ambiental». Tomàs también se hizo eco de la preocupación del movimiento antitrasvase del tramo final del Ebro porque «nos consta que las reservas del pacto del Agua de Aragón rozan lo que sería la integridad del agua disponible en el río» y no permitiría la llegada de suficiente agua al Delta.

El agua para consumo que hay almacenada en los embalses de la cuenca del río Júcar ha aumentado en lo que va de 2009 hasta un 24,8 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, que ha afirmado que éste es «un balance que no puede ser más positivo».

Peralta ha destacado que, mientras que esa reserva se ha incrementado en la Comunitat Valenciana, en el conjunto de las cuencas de España ha descendido un 3,3%.

Según ha declarado, estas cifras sirven al Gobierno central para anunciar la «continuidad de su esfuerzo y su plasmación en obras terminadas en los próximos meses del año 2010, algunas de ellas de extraordinaria importancia».

Peralta ha señalado que, respecto a la media de los últimos 5 años, el agua disponible en la cuenca del Júcar ha aumentado un 37,8% más, frente al conjunto de España, en el que la reserva ha descendido un 7,7% en el mismo periodo, lo que supone más de 45 puntos de diferencia favorables a esta cuenca.

Asimismo, el agua embalsada en la cuenca del Júcar se ha incrementado un 38,6% más respecto a la media de los últimos 10 años, 50 puntos de diferencia favorables a esta cuenca sobre el conjunto de España, donde el agua embalsada ha bajado un 12,1% en ese tiempo.

Por lo que respecta a esta semana, la cuenca del río Júcar dispone de un 29,4% total de la reserva -uso consuntivo más hidroeléctrico-, lo que se traduce en 981 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. EFE

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Minutos antes de las doce del mediodía arrancó ayer en la plaza de Cibeles la manifestación de agricultores que, convocada por Asaja, Upa y Coag, congregó a decenas de miles de personas para denunciar la gravísima situación que está atravesando el sector desde hace unos años y que se ha agravado en los últimos meses con la crisis económica.

Este ha sido el primer gran acto multitudinario de protesta contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, casualmente, discurrió por las mismas calles -aunque en sentido contrario- por las que, el día 12, se manifestarán cientos de trabajadores convocados por UGT y CC.OO. contra los empresarios.

Unas 500.000 personas

Los agricultores denuncian, entre otras cuestiones, que la renta real del sector ha caído un 26% en los últimos cinco años, con la pérdida de 124.000 empleos, frente a un incremento de los costes de la producción agraria del 34,3%. Las organizaciones convocantes, a las que se habían adherido las cooperativas agro-alimentarias y la Federación de Regantes, calculan que participaron en la manifestación unos 500.000 agricultores y ganaderos, 80.000 de ellos procedentes de Andalucía. Así, Asaja señaló que por su parte, con la colaboración de las cooperativas, habían llegado a Madrid a primera hora desde Andalucía un total de 230 autobuses y nueves trenes AVE. La Delegación del Gobierno de Madrid no quiso dar una cifra.

Sin incidentes

Fue un acto festivo, sin incidentes, apenas alterado por el estruendo de varios petardos y el sonido de silbatos, bocinas y cencerros. Se pudo ver algún tractor y otros de juguete conducidos por niños con pancartas que decían «Queremos ser agricultor como papá». Otro pequeño llevaba en su carrito un cartel con la frase «Mis papás se arruinan».

En contadas ocasiones, los manifestantes, muchos de los cuales portaban banderas de España y de algunas comunidades autónomas, corearon consignas contra Zapatero y Espinosa. La manifestación iba encabezada por una pancarta en la que se podía leer «El campo se arruina, exigimos soluciones». Tras ella, se encontraban, entre otros, el secretario general de Coag (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Miguel López; el presidente de Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores), Pedro Barato; el secretario general de Upa (Unión de Pequeños Agricultores), Lorenzo Ramos; el presidente de las Cooperativas Agroalimentarias, Fernando Marcén; y el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, Andrés del Campo.

Miguel López declaró que las reivindicaciones del sector agrario son una «cuestión de Estado» porque «no se puede permitir que el dinero público sirva para desmantelar el tejido productivo» y reclamó la implicación de todas las administraciones públicas para lograr unos «precios justos» que ayuden a obtener unas rentas agrarias «dignas». También reclamó a Rodríguez Zapatero que restablezca el Ministerio de Agricultura y que desaparezca «el de los mares y el espacio».

Lorenzo Ramos denunció que las empresas de distribución «se están forrando» a costa del sector agrario y ganadero y reclamó «una política de mucha más sensibilidad por parte del Gobierno y que las políticas comunitarias cambien de rumbo».

Por su parte, Pedro Barato pidió al Gobierno ayudas para un sector que lo está pasando «tan mal o peor» que la banca, la construcción y el automóvil y recordó que, a diferencia de Rodríguez Zapatero, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha reconocido la situación de los agricultores con un plan de ayudas de 1.650 millones de euros. «Si este presidente no hace caso al campo español, mejor que se vaya».

Castilla-La Mancha es la segunda región más perjudicada por la desaparición de las tarifas especiales para regadío y el consiguiente encarecimiento de la factura eléctrica, según un estudio realizado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

El estudio -hecho público a raíz de la manifestación contra la subida de las tarifas eléctricas que tendrá lugar el próximo sábado en Madrid- revela que las regiones que han transformado en mayor medida sus explotaciones hacia sistemas de riego más eficientes (aspersión y goteo) son las más afectadas por la nueva normativa.

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 482.660 hectáreas de superficie regada (el 14,3% del total de la superficie regada nacional), de las que un 56,8% son abastecidas con sistemas de riego por aspersión que si bien permiten un mayor ahorro de agua, exigen también un mayor consumo energético.

El estudio muestra que el encarecimiento de las tarifas eléctricas puede frenar el proceso de modernización de regadíos e incluso provocar el cambio hacia otros cultivos que exijan menor consumo de agua y, por tanto, de energía. EFE

La Comisión de Agua de las Cortes regionales dio luz verde ayer al dictamen sobre el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

PSOE y PP han alcanzado un «volumen importante de acuerdo», pero finalmente los populares decidieron mantener vivas ocho de las 34 enmiendas que inicialmente habían presentado.

En declaraciones a Europa Press, el diputado socialista José Molina, que será el diputado encargado de defender el dictamen en el Pleno de las Cortes, aseguró tener la «impresión» de que el Partido Popular ha querido mantener vivas estas ocho enmiendas porque no quiere dar la idea de que en Castilla-La Mancha se pueden alcanzar acuerdos.

Según indicó, la mayoría de las enmiendas presentadas por el PP no cuestionaban el objeto de la ley, «que es crear el germen, el embrión de la administración hidráulica de Castilla-La Mancha». A los socialistas, apuntó, «nos parecía importante que se pudiera llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición».

Por su parte, la parlamentaria del PP María Luisa Soriano considera que las ocho enmiendas que su Grupo ha decidido mantener vivas son «fundamentales» para el Proyecto de Ley. Los populares no están de acuerdo con que la Agencia del Agua se adscriba a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, tal y como dice el texto, y por el contrario propone que se adscriba a la Vicepresidencia Primera.

Sin embargo, los socialistas consideran esto una «barbaridad» pues «no existe en otra comunidad autónoma». No obstante, al PP le preocupa mucho este asunto pues opina que es un «error bastante grave» adscribir la Agencia a la Consejería de Ordenación del Territorio.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), ha anunciado, esta mañana, que el próximo día 21 de noviembre, 40.000 regantes se manifestarán en Madrid para protestar por la «subida indiscriminada de las tarifas eléctricas para regadío».

Dice que los agricultores atraviesan una situación «crítica» motivada, entre otros factores, por el encarecimiento de las tarifas para regadío, que, según denuncia la federación, han experimentado una subida cercana al 90 por ciento en el último año, haciendo «inasumible» los gastos energéticos de los nuevos sistemas de riego de mejor consumo de agua, pero de mayor demanda energética.

Se unen así a la manifestación convocada por las principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA de la Meseta Sur, Francisco Rodríguez Mulero y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luís Martínez Guijarro, han firmado hoy un Protocolo de colaboración para la financiación y ejecución entre ambas administraciones y junto con los regantes, de futuras obras de modernización de regadíos que serán contempladas en el marco de la nueva Estrategia Nacional para la modernización sostenible de los Regadíos Horizonte 2015.

Ambas administraciones han manifestado su máxima disposición para cooperar en la financiación conjunta de los proyectos, lo que permitirá reforzar y dar un mayor alcance al desarrollo de inversiones que completen las acciones ejecutadas hasta la fecha.

Las actuaciones en materia de modernización y consolidación de regadíos que se lleven a cabo en base a este acuerdo deberán haber sido declaradas como obras de interés general por parte del Gobierno de España.

Con la modernización de las instalaciones se pretende mejorar la utilización de agua en calidad y cantidad, consiguiendo una optimización del riego y la reducción del consumo y costes en las explotaciones.

Las futuras infraestructuras contribuirán además a evitar la contaminación de acuíferos por nitratos al disminuir la cantidad de fertilizantes aplicados por una distribución controlada del abono a través del agua de riego.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de SEIASA de la Meseta Sur, ha acometido ya obras de modernización de regadíos por valor de 45,6 millones de euros en Castilla-La Mancha, modernizando una superficie de 6.422 hectáreas y beneficiando a más de 1.782 regantes. Estas actuaciones permiten un ahorro de agua estimado en 6 Hm3 al año.

Los embalses de la cuenca del río Júcar están al 29,8 por ciento de su capacidad total, lo que supone 994 hectómetros cúbicos según un informe hecho público hoy por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Además, la reserva ha aumentado en 8,8 puntos respecto al mismo periodo de 2008, cuando los embalses se situaban al 21 por ciento de su capacidad total.

Los embalses del Júcar disponen de un 9,5 por ciento más de agua que la media de los últimos cinco años y un 9,9 por ciento más que en la media de los últimos diez años.

Hace un año, las reservas hídricas almacenaban 703 hectómetros cúbicos y ahora son 994, es decir un 41,4% más.

AVA-ASAJA denuncia el “abuso” y la “clara con­­­­­­cesión recaudatoria a las eléctricas” que supondrá la aplicación de la orden que obliga a to­­­­­das las viviendas a instalar antes del 1 de enero de 2010 los llamados ICP (los in­te­rrup­to­res que saltan y cortan el suministro cuando los aparatos enchufados superan la potencia ins­­­­talada). El conflicto está surgiendo en infinidad de ‘casas de pueblo’, con instalaciones eléc­­­­tricas antiguas cuyo BIE (Boletín de Instalación Eléctrica) no permite contratar la poten­cia requerida y que tendrían que afron­tar por ello costosas reparaciones. En caso de no mon­tarse el citado ICP en el plazo da­do, los pre­cios por ‘potencia contratada’ se dispararían entre un 600% y un 1.200%. “Es lamentable que, sin mejorar el servicio ni el bienestar de los ciu­dadanos y sólo para satisfacer el afán de negocio de las eléctricas, el Gobierno nos com­plique la vida de esta manera”, advierte el presidente de esta or­ganización agraria, Cristóbal Aguado.

Las eléctricas están remitiendo cartas a los usuarios advir­tién­­doles de que instalen di­cho dispositivo. Si no se atiende el primer requerimiento, a los 20 días tales empresas envían una segunda misiva advirtiendo que –si transcurridos otros 20 días natu­rales no se ha procedido a su colocación- modificarán unilateralmente la factu­ra­­ción. Los usuarios que pudieran verse en tal situación verían elevada la facturación de la potencia a 20 Kw, con independencia de que tuvieran contratada una potencia menor. Así, un consumidor que tu­vie­ra, porque no ne­ce­si­tara más, 3 Kw de potencia, pasaría de pagar 4,96 euros/mes a 29,7 euros (un 600% más) y alguien que tuviera 5,5 Kw asumiría esta misma cantidad por lo que antes sólo le costaba 9,09 euros/mes (+326%). “El Gobierno, con la excusa de averiguar las necesi­da­des rea­les de potencia, está provocando gastos desor­bitados a multitud de agri­cul­to­res con casas vie­jas que no necesitan instalarse más potencia. La contratación debía aten­der a la necesidades de los consumos medios reales, no aplicar los máximos para así facturar más”, denuncia Aguado.

Efectivamente, en la inmensa mayoría de los casos, la potencia instalada en estos ho­gares se sitúa entre 3 y 5 Kw y para garantizar el perfecto funcionamiento de todos los electro­­do­­mésticos en casi ningún caso se requeriría de más de 10 Kw.