Toledo, 18 abr (EFE).- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado hoy que no hará un Plan Hidrológico Nacional «hasta conocer cuáles son las capacidades de cada cuenca» y ha avanzado que esta misma semana el Consejo de Ministros estudiará los planes de cuenca del Miño y el Sil.

El ministro ha participado hoy en un almuerzo coloquio en Toledo, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), y en el turno de preguntas ha respondido a cuestiones sobre las cuencas hidrográficas y, en particular, sobre el trasvase desde el Ebro.

Arias Cañete ha explicado que su prioridad durante este año, y su compromiso con la Unión Europea, es aprobar todos los planes de cuenca y ha criticado que el PSOE no lo hizo durante su gobierno pese a que la fecha que marcaba la directiva europea era 2009.

«No haré un Plan Hidrológico Nacional hasta conocer cuáles son las capacidades de cada cuenca, los excedentes de agua o de déficit de agua. Y ese día haremos la oferta de planificación que corresponda a este país», ha asegurado Arias Cañete.

Será, según ha precisado, el plan que «científica y técnicamente sea más aconsejable» para España y a ello dedicará el próximo año, ya que durante 2013 debe culminar la planificación hidrológica de las distintas cuencas.

Ha avanzado que espera tener terminados «pronto» los planes de cuenca del Júcar y el Segura una vez que esta misma semana presentará al Consejo de Ministros los del Miño y el Sil.

De cara al Plan Hidrológico Nacional, el ministro ha dicho que su intención es «trabajar sobre el consenso y el diálogo» y ha precisado que «la obligación de un gobernante serio es analizar, estudiar y ofrecer las mejores soluciones».

Ha criticado al PSOE por no acometer la planificación hidrológica por «falta de valor político» para establecer consensos». EFE

• El presidente murciano pide a PSOE e IU que se sumen a la moción del PP que recogerá los contenidos del ‘memoradum’ firmado por Valencia y Murcia, y enriquecido por los regantes, para mejorar el funcionamiento y la regulación del trasvase Tajo-Segura.
• Afirma que "no sirven posiciones cerradas y excluyentes, no puede haber triunfos para Murcia si se sustentan en fracasos y perjuicios de otros porque la política de ‘Juan Palomo’ no sirve en el mundo del agua".

(CARM) El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró hoy que “se ha llegado al fin de una etapa oscura de arbitrariedades y confrontación”, que, según dijo, permitirá, a partir de ahora, garantizar el trasvase Tajo-Segura y el “agua para todos”, porque con el acuerdo que se ha alcanzado con el Plan del Tajo “comienza a ponerse punto y final a las guerras del agua”.

El jefe del Ejecutivo regional, compareció hoy, a petición propia, ante el pleno de la Asamblea Regional, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en materia de agua por parte del Gobierno regional y, en concreto, sobre la importancia del agua “en el desarrollo presente y futuro y el progreso de la Región de Murcia y los murcianos”.

Valcárcel indicó que el agua “no puede ser nunca un elemento de confrontación, como algunos se empeñan, sino de solidaridad y progreso, y nuestra exigencia no puede variar en función de cuestiones ajenas al interés general de los murcianos”.

Por ello, remarcó que en materia hídrica “no sirven las posiciones cerradas y excluyentes, no puede haber triunfos para la Región de Murcia si se sustentan en fracasos y perjuicios para otros, porque la política de ‘Juan Palomo’ no sirve en el mundo del agua”.

El jefe del Ejecutivo murciano afirmó que, con el borrador de Plan elaborado por el anterior Gobierno socialista, el Tajo-Segura “tenía escrita su sentencia de muerte”, mientras que, con la publicación de este nuevo documento, “tenemos la certeza de que seguirá funcionando”.

De igual forma, insistió en que la reivindicación del Gobierno regional murciano en materia de agua “no depende ni ha dependido nunca del color político de La Moncloa, sino de la consecución de los objetivos que los murcianos demandan”. Por ello, añadió, “es necesario ahora también buscar mecanismos de mejora, y, a raíz del Plan del Tajo, vamos a seguir incidiendo en esta línea”.

Así, explicó que “aunque el trasvase está garantizado, nuestro objetivo no culmina con ello, ya que hay distintas ideas plasmadas en el ‘memorándum’ de entendimiento para pactar cuestiones que mejoran el funcionamiento y la regulación del trasvase Tajo-Segura, que ya se han dado a conocer y van a ser estudiadas y desarrolladas en los próximos meses por parte del Ministerio y las comunidades de Murcia y Valencia”.

Este documento recoge la cesión de derechos, las menores pérdidas, la regulación legal del trasvase, el papel de la Comisión Central de Explotación del Acueducto, las nuevas reglas de explotación y su funcionamiento automático.

Acuerdo histórico entre comunidades promovido por el Estado

El Plan de Cuenca del Tajo, afirmó, “es un acuerdo histórico entre autonomías donde todos cedemos para que todos ganemos”, recalcó el presidente, porque, “el acuerdo es posible y es el único camino en la política del agua”. “Hoy en España, apostilló, el agua vuelve a ser considerada un recurso de Estado, como instrumento de vertebración”.

En este sentido, subrayó que ante el apremio de Europa de que se aprobasen planes hidrológicos de cuenca “tras años de parálisis y desgobiernos, hemos sido capaces ahora de reaccionar y llegar a un acuerdo”. Un acuerdo propuesto por el Ministerio, afirmó el presidente, “que los usuarios han aceptado, ellos son los verdaderos protagonistas, porque de ellos depende la garantía del trasvase, y hemos de agradecer el esfuerzo que han hecho todas las partes”.

“Hemos superado, por tanto, un momento trascendental, pero hemos de seguir avanzando todos juntos si es posible”, subrayó el jefe del Ejecutivo regional, que invitó a todos los agentes sociales y políticos a contribuir “a una planificación hidrológica nacional basada en criterios comunes, no de confrontación”.

En este punto de su intervención, el jefe del Ejecutivo murciano pidió al grupo parlamentario socialista y a Izquierda Unida que se sumen y suscriban la moción que elaborará el grupo popular para que, a modo de ‘Pacto del Agua’, “recoja los contenidos del ‘memoradum’ firmado por las comunidades de Valencia y Murcia, y enriquecido de forma determinante por el Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura, que mejore el funcionamiento y la regulación del trasvase”.

Además, les instó a lograr “un avance desde el consenso, no desde una dinámica de vencedores y vencidos”, porque, “lo mejor para Murcia ha de ser lo mejor para Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía o para cada una de las regiones de España y, del mismo modo, lo mejor para ellos también ha de repercutir en ser lo mejor para nuestra comunidad”, apostilló.

Repaso a la gestión política del agua en España

Así, tras un exhaustivo repaso histórico a todos los episodios en la gestión política del agua en España, y en concreto del trasvase Tajo-Segura, y las decisiones adoptadas en los ocho años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Valcárcel aseguró que “nosotros tenemos una visión de estos problemas muy diferente; siempre hemos creído y creemos que el agua no es propiedad de al que le llueve, sino que es patrimonio común de todos los españoles, porque únicamente el Estado puede garantizar esta unidad de acción”.

En este sentido, recordó que “la falta de rigor, frivolidad, condescendencia y ausencia de una política de Estado durante dos legislaturas llegó a poner en peligro la subsistencia del trasvase Tajo-Segura, lo que hubiera condenado a la Región de Murcia, donde se habrían perdido 30.000 puestos de trabajo”.

Además, hizo referencia directa a la política del Plan Agua de la exministra Cristina Narbona y la construcción de desaladoras para paliar el déficit de agua en la cuenca mediterránea. “Pese a los datos técnicos que lo desaconsejaban, y en un ejercicio extraordinario de irresponsabilidad, se dilapidó una ingente cantidad de dinero en obras que, no sólo proporcionaban agua mucho más cara, sino que no encontraron usuario, y llevaron a la firma de convenios ficticios, en condiciones económicas ruinosas, engañando a los usuarios con costes subvencionados insostenibles”.

La Comisión Europea propuso ayer retrasar al año 2015, en lugar de 2014 como estaba inicialmente previsto, la mayoría de los cambios en la Política Agraria Común (PAC), como el denominado ‘pago verde’ o la convergencia interna de los subsidios. El objetivo de esta prórroga es dar más tiempo a las autoridades nacionales y a los agricultores para adaptarse a la reforma, que todavía se está negociando entre la Eurocámara y los Gobiernos. Bruselas espera que haya un acuerdo final en junio. No obstante, el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, dejó claro que este periodo de transición «no implicará retrasos para los agricultores» en el cobro de los subsidios. «Es importante que los organismos pagadores tenga tiempo de establecer el marco administrativo y puedan garantizar una buena gestión de los fondos de la UE, y que los agricultores estén bien informados de las nuevas reglas y no se les fuerce a aplicarlas antes de que estén listas», alegó Ciolos.
Por ello, «en 2014, los pagos directos funcionarán según el principio ‘reglas existentes, nuevo presupuesto’», explicó el comisario de Agricultura. Es decir, las reglas actuales sobre el pago único se mantendrán durante todo el año que viene.
Las nuevas normas -por ejemplo la que condiciona una parte de las ayudas agrícolas a prácticas ecológicas, el denominado ‘reverdecimiento’, o la convergencia interna de los subsidios- no se aplicarán antes de principios de 2015. También se retrasa un año el tope máximo de ayudas por explotación y la degresividad.
No obstante, la transición hacia un reparto más equitativo de los fondos para los pagos directos entre los Estados miembros -la denominada convergencia externa- sí empezará a aplicarse ya en 2014.
Por lo que se refiere al desarrollo rural, Bruselas también ha propuesto disposiciones transitorias específicas para tener en cuenta las consecuencias del retraso en la puesta en marcha del nuevo régimen de pagos directos. Además, habrá reglas transitorias para Croacia.

Toledo, 17 abr (EFE).- La diputada nacional y portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, ha apostado hoy por «desideologizar» y «descomarcalizar» el debate del agua, pues ese recurso no es de Castilla-La Mancha, de Murcia o de Valencia, sino de todos los españoles.

Díez, antes de ofrecer una charla en Toledo, ha recordado que UPyd siempre ha defendido un principio elemental: «que el agua es de interés general, y por tanto su uso y destino ha de obedecer al interés general».

Por ello, no puede «parcelarse» el uso del agua a partir de un debate entre el PSOE y el PP o entre las comunidades autónomas, sino que debe usarse «con un criterio de sostenibilidad, de racionalidad» y siempre desde un punto de vista nacional.

«No es el agua de Castilla-La Mancha, Murcia o Valencia, sino de todos los españoles y ha de utilizarse con ese sentido nacional, para eso es para lo que debe valer el patriotismo, para saber que los recursos públicos han de servir a los intereses y a los derechos de todos los ciudadanos»

A juicio de Rosa Díez, «es imposible que haya algo bueno para Castilla-La Mancha y malo para Murcia o al revés», por lo que, o se actúa con un criterio global, o «terminará perjudicando a todos». EFE

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha propuesto hoy la aprobación «inmediata» de una moción «a modo de auténtico pacto del agua» que recoja los contenidos del memorándum suscrito a principios de abril entre las comunidades de Murcia y Valencia y el Ministerio de Agricultura sobre agua.

Valcárcel ha trasladado esa petición a los grupos políticos de la Asamblea Regional en el pleno en el que ha apostado porque sean los regantes quienes «enriquezcan de forma inteligente» ese documento que pretende garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y considerarlo un objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, según sus palabras.

El memorándum de entendimiento, ha subrayado, no es «papel mojado», como han acusado los grupos políticos de la oposición, sino un «acuerdo entre el Gobierno de la nación y los de dos comunidades autónomas» para dar solución a un problema de Estado que afecta a varias regiones.

Según ha indicado, el borrador para el plan hidrológico de cuenca del Tajo, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado y que recoge, entre otras medidas, elevar la reserva no trasvasable de los embalses de cabecera de 240 a 400 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, supone la «certeza de que el trasvase Tajo-Segura seguirá funcionando».

Valcárcel ha reconocido que la nueva norma contiene «cosas que no gustan» a su Gobierno, como ese incremento de las reservas no trasvasables, pero ha indicado que «para ganar todos, todos deben ceder» con el objetivo de ganar la continuidad del trasvase en el presente y no perderlo en el futuro.

El memorándum, ha indicado, recoge la exigencia de contrapartidas por ese negativo aumento hasta los 400 hm3, pero ha advertido de que ese aumento en absoluto supone acabar con el trasvase, como ha sostenido la oposición.

El borrador del proyecto del plan del Tajo, así como el memorándum de entendimiento, ha dicho, son un «acuerdo histórico entre comunidades autónomas que no se había producido hasta ahora» y han permitido que el agua «vuelva a ser considerada un recurso de Estado y un instrumento de vertebración del Estado».

Este proyecto, ha insistido, «garantiza la supervivencia del trasvase», si bien los objetivos de la región de Murcia no han culminado, ya que es necesario continuar buscando mecanismos de mejora del déficit de agua existente en la cuenca del Segura y seguir trabajando en esa línea.

Por el contrario, ha lamentado, el borrador planteado por el anterior Gobierno central del PSOE, así como la modificación del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha planteada por este partido la pasada legislatura, que no legaron a salir adelante, sí hubieran supuesto la «sentencia de muerte del trasvase», ya que establecían un aumento de las reservas en cabecera no trasvasables hasta los 600 hm3.

Esos borradores establecían también un aumento de los caudales ecológicos al paso del río por Toledo y Talavera de la Reina hasta los 14 y 16,7 metros cúbicos por segundo (m3/s), respectivamente, unas cifras que el actual proyecto rebaja a 9 y 10 m3/s.

En ese sentido, ha insistido, el actual borrador supone «el fin de una etapa oscura de arbitrariedades y confrontación y comienza a poner el punto final de las guerras del agua».

También ha criticado duramente la derogación en 2004 del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional, que supuso un «perjuicio para la mayoría» y llevó a poner en marcha medidas como la construcción de desalinizadoras «despilfarrando» dinero público para dar lugar a un agua «más cara» y sin utilidad para la agricultura.

En su opinión, es momento de avanzar en la planificación nacional para luchar contra la escasez de agua, ya que esta «no es propiedad de a quien le llueve, sino patrimonio común de todos los españoles» y solo el Estado «puede garantizar la unidad de acción» en ese terreno.

La región de Murcia, ha agregado, seguirá exigiendo la llegada de agua, pero «esforzándose hasta el límite en su ahorro y reutilización, pagando sus costes reales y siendo un referente nacional e internacional en la lucha contra su escasez». 

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, aseguró ayer, en el Pleno del Congreso de los Diputados, que puede decir «con toda tranquilidad» que España va a recibirá de la Política Agraria Común (PAC) más dinero para ayudas directas y más dinero para desarrollo rural que en el periodo anterior.
Miguel Arias Cañete, que respondió de este modo a una pregunta del diputado socialista Alejandro Alonso, subrayó que la posterior redistribución interna de estas ayudas se discutirá con las comunidades autónomas en una futura Conferencia Sectorial.
En este sentido, explicó que deben ser las propias comunidades las que decidan si quieren un modelo de distribución de «sobre autonómico y tener cada una el problema» o, si por el contrario, prefieren que haya una política agraria nacional y que sea el Gobierno quien distribuya los fondos. «Si optamos por la política de que el Gobierno de la nación sea el responsable, y lo decidirá la Conferencia Sectorial, trataré de poner en marcha aquel modelo que permita que todas las orientaciones productivas sigan recibiendo los apoyos necesarios para mantener la actividad y la rentabilidad. Eso es lo que voy a hacer, siempre con buena voluntad, siempre con diálogo y siempre con consenso», añadió.
Por su parte, el portavoz de Agricultura del PSOE, Alejandro Alonso subrayó que estas cifras son «cuestionadas por todo el mundo», incluido el PSOE, y añadió: «Nadie se las cree». «Está haciendo un discurso demasiado triunfalista. Las cosas no pintan bien».
Además, el parlamentario socialista desveló que el propio ministro de Agricultura le había revelado que en la última reunión de la Comisión Europea se propuso reducir un 15% del presupuesto de la PAC para las ayudas directas a los agricultores para el año 2014.

El Gobierno regional dio ayer su visto bueno a la modificación de una Orden de la Consejería de Agricultura por la que se permite el desarrollo de ayudas para intervenciones en el ámbito de la transformación y comercialización de productos relacionados con la pesca y la agricultura.
El presupuesto para estas ayudas es de 1,2 millones de euros, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Pesca, y las beneficiarias de estas ayudas serán empresas agroalimentarias que no tengan más de 750 empleados o más de 200 millones en su cifra de negocio. Las ayudas financiarán el 50% de los proyectos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el 25% a empresas más grandes.
Con este dinero, las empresas podrán realizar inversiones para cubrir gastos en obra civil así como para adquisición de maquinaria o el pago de la realización de proyectos.
Esteban quiso también destacar la importancia que tiene ese sector en la región, recordando que en Castilla-La Mancha hay siete piscifactorías y que desde el año 2009 se han destinado 6 millones de euros en ayudas, de manera que en 2009 se tramitaron 8 expedientes, en 2010 fueron 2, en 2011 un total de 7 y de 2012 hay todavía en tramitación 10 expedientes.

Articulo_La Tribuna JCRMO 18-04-2013.pdf

Se ha informado también de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y se ha aprobado el Reglamento de Régimen Interno del Comité
El Comité de Autoridades Competentes de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo se ha reunido esta mañana en la sede central del Organismo de cuenca para ser informado de la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográficadel Tajo. Durante la reunión se ha aprobado el Reglamento de Régimen Interno del Comité.
El Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha expuesto las líneas básicas de la propuesta de Plan Hidrológico a los vocales del Comité de Autoridades Competentes, y el Comisario de Aguas ha informado de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, un documento en el que se identifican las zonas de la cuenca en las que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en las cuales la materialización de tal riesgo puede considerarse probable en los términos indicados en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
El EPRI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo ha sido elaborado en colaboración con las autoridades de Protección Civil de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado y de otros órganos competentes de las Comunidades Autónomas, trasladándose asimismo a la Secretaría Técnica del Convenio de Albufeira, que regula las relaciones en materia hídrica entre España y Portugal. Se han identificado 186 Áreas de Riesgo Potencial Significativo, con una longitud total de 539,32 km de cauce.
El Comité de Autoridades Competentes es un Órgano de cooperación, cuyo cometido principal es participar en los procesos de formación y revisión de la planificación hidrológica, velando por la calidad de las aguas, según el Real Decreto 127/2007.
El Comité de Autoridades Competentes de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo lo componen cuatro vocales en representación de la Administración General del Estado, cinco de las Comunidades Autónomas de las que forma parte la cuenca (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura y
Madrid), a razón de uno por cada una, y dos representantes de las Entidades Locales, según el artículo 4 del citado Real Decreto.