Presidenta de la confederación hidrográfica del Júcar

CARLOS ALÓS La primera cuestión que tendrá que resolver como presidenta será la del bloqueo del agua del Xúquer almacenada en Villena ¿Ya tiene pensada la solución?
Lo que tenemos construido en este momento es la infraestructura que permite la transferencia hídrica hasta el Vinalopó y en la actualidad el agua está almacenada en la balsa de San Diego y estamos pendientes de qué hacer con esa infraestructura y como utilizar el agua. Yo lo que digo es que esa infraestructura tiene que ponerse en funcionamiento, pero lo que pasa es que en todo el tema del agua hay una cuestión que es fundamental y que es que tanto la Administración que la gestiona como los regantes que la utilizan tenemos que estar de acuerdo porque si no hay consenso las cosas son muy complicadas. Los regantes del Vinalopó han pedido dos cosas: el precio y la calidad del agua y la Administración en este momento lo que tiene que hacer es partiendo de la base de que la infraestructura se tiene que poner en marcha decir: vamos a sentarnos, vamos a hablar y a recuperar el espíritu del consenso que permitió realizar la infraestructura. No podemos dejarla ahí e invertir un dinero y no dar solución a los problemas de los regantes.

¿Ya ha comenzado las negociaciones con los regantes del Vinalopó para solucionarlo?
Tengo ya convenidas las primeras reuniones para escuchar, que es lo primero que tengo que hacer escuchar a todo el mundo y ya me iréis conociendo: yo soy una persona que piensa que las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana, que tienen su curso, pero no se tienen que parar porque si no se enquistan. La Administración del Estado cumplirá su labor y pondrá a cada uno en su sítio y dará una solución a todos, que yo creo que es posible. Pero para conseguirlo todos tienen que ceder un poco.

Otro tema clave es el plan de cuenca del Júcar ¿Cómo van a desbloquearlo?
Usted sabe que la CHJ se puso a trabajar en el esquema de temas importantes, pero es necesario revisarlo porque no pudo ser sometido a la aprobación del Consejo Nacional del Agua porque había cosas que limar. En eso ya está trabajando la oficina de Planificación y yo tengo el mandato del ministro Arias Cañete de que la planificación esté aprobada en 2013 y eso para el Júcar es correr mucho porque ha habido una paralización como usted dice, pero no estamos parados.

EFE

El director de la Agencia Catalana del Agua, Leonard Carcolé, ha asegurado que el real decreto aprobado por el consejo de ministros que centraliza las competencias en vigilancia de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, no afecta a las competencias de Cataluña.

En declaraciones a Efe, Carcolé ha asegurado que el Gobierno ha derogado la disposición adicional 14 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que cedía a las comunidades la inspección y control de la parte de las cuencas que discurrían por su territorio, y ha afirmado que las competencias de la Generalitat están determinadas en la Ley de Traspasos del año 1985, que no se ha modificado.

Así, Carcolé ha asegurado que la Agencia Catalana del Agua podrá seguir haciendo las tareas de inspección y control del medio en las cuencas internas de forma exclusiva y de forma compartida en el caso de la cuenca hidrográfica del Ebro, la única que se vería afectada por el real decreto del Gobierno.

Además, Carcolé ha explicado que este cambio en la normativa «no tiene nada que ver» con un posible trasvase y ha descartado que el Gobierno lleve a cabo algún tipo de acción al respecto.

Por Fernando López Vera, Presidente de la Fundación Española del Agua Subterránea.

Por disposición de la Jefatura del Estado en su R. Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medioambiente, en su Artículo primero, se introduce la enésima modificación a nuestra ya muy parcheada Ley de Aguas de 1985.

Las medidas de modificacion sobre la regulación de las aguas subterráneas del R.D 1/2001, de 20 de julio, son bienvenidas aunque las juzgamos insuficientes por cuanto se centra en la corrección del deterioro de las masas de agua, obviando que por la gran inercia de estas son más importantes las medidas preventivas que las correctivas. Pero al margen de esta valoración global, vayamos a un análisis algo más detallado.

En el nuevo R.D. se moderniza la terminología acorde con la Directiva Marco del Agua (doce años después de su aprobación) y aborda medidas correctivas para las masa de agua subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. Estas medidas son continuistas de las establecidas para acuíferos sobrexplotados en la LA (1985), si bien establece plazos más precisos y suprime el tramite de consulta al Consejo del Agua. También se hacen algunas precisiones sobre el programa de actuación (antiguo plan de explotación), que si bien entendemos no pueden ir más allá en el marco de una Ley deberían ser objeto de un mayor desarrollo en una norma de menor rango, como una instrucción técnica.

Se establece un marco flexible para la recuperación de costes, sin concretar, dejando su desarrollo en manos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el caso de la Administración General del Estado.

En el capitulo de sanciones, se revisa la cuantía de estas y se establece un criterio general de valoración de las mismas. Aquí echamos en falta la calificación explicita, como falta muy grave, las relacionadas con las extracciones ilegales de agua subterráneas.

Para el ámbito de actuación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) se regula la cesión de derechos con un plazo de finalización del 31 de diciembre de 2035. La norma va en el sentido de los objetivos perseguidos en el PEAG. Este plan ha constituido un verdadero laboratorio de experimentación en gestión de agua subterránea, cuyas experiencias deberían ser ampliadas al resto del territorio nacional.

En el Texto Refundido de la Ley de Agua de 2001, quedaba confuso y de difícil aplicación la norma referente a las modificaciones de las condiciones o del régimen de aprovechamiento, como las modificaciones en las características del pozo, cambios en el uso del agua, etc. El nuevo Real Decreto-Ley clarifica estos aspectos.

Por último se aborda de forma voluntarista la transformación de derechos privados en concesionales en un intento de conducir los aprovechamientos de agua privadas al régimen concesional.

Volviendo a nuestra valoración global, son muchos más los temas que se han quedado en el tintero que los abordados:

• Clamorosamente se echa en falta el dotar de más competencias y ordenar la constitución de Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea (CUMAS), que constituyen el nudo gordiano para una gestión adecuada de estas.
• Adecuar los mecanismos para la caducidad y extinción de concesiones.
• Suprimir los trámites previos de autorización de investigación de aguas subterráneas.
• Normas medioambientales para el sellado de pozos.
• Ampliar las obligaciones de quienes deben medir el volumen de agua consumido o utilizado incluyendo a los titulares de derechos inscritos en el Catálogo de aguas privadas.
• La revisión del régimen de vertidos para la protección de las masas de agua subterránea.
• Regulación del almacenamiento subterráneo y de las recargas de acuíferos.
• Regulación de los aprovechamiento geotérmico.
• Etc.

Por citar algunos aspectos pendientes de modificación o nueva regulación normativa. No obstante y sin menoscabo de la importancia de las leyes, lo realmente importante es como gestionen el agua subterránea las Demarcaciones Hidrográficas.

Fotografía: Bomba de vapor de la Comunidad de regantes con agua subterránea de Picassent (Valencia) a fínales del siglo XIX

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Miguel Arias Cañete, considera que recuperar la competencia de unidad de cuenca «tiene todo el sentido» y ha anunciado que hará una modificación «más profunda» de la Ley de Aguas que se acometerá «con sosiego» para analizar cuáles son los mejores sistemas de gestión del recurso.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Tras reunirse con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el ministro ha subrayado que el «efecto» fundamental del Real Decreto Ley de medidas medioambientales de carácter urgente –aprobado el pasado viernes por el consejo de ministros– es la recuperación del principio de unidad de cuenca.

A su juicio, si las demarcaciones hidrográficas se hacen con carácter único y las confederaciones hidrográficas establecen los usos que de un determinado río entre las cuencas intercomunitarias, «tiene todo el sentido» que la policía administrativa y el cumplimiento del respeto a los usos aprobados se haga con un criterio único.

«No tiene sentido fragmentar los criterios de aplicación de la policía de aguas en función de los tramos del río porque este es único, los caudales del río son únicos y los caudales ecológicos son únicos», ha añadido.

Por otro lado, respecto a las modificaciones en el Real Decreto Ley que se refieren al Alto Guadiana, ha apuntado que se establece un sistema «excepcional» vinculado a la zona territorial en cuestión para «resolver un problema claro» existente en la zona y para poder cumplir así los objetivos del Alto Guadiana.

Estos objetivos suponen que, en el caso de transmisión de derechos se produzca una reducción de caudales, «lo que puede permitir cierto alivio». El ministro ha indicado que, pese a que en estos momentos el acuífero 23 cercano a las Tablas de Daimiel está «en mejores condiciones que en el pasado», hay que establecer una regulación permanente para los momentos en que el acuífero pase por dificultades.

En este sentido, se ha referido a las críticas de «ciertas» organizaciones ecologistas que «ponen el grito en el cielo» y aseguran que esto es iniciar un sistema de venta de derechos de agua o una privatización. «Esto no es así. Es una medida excepcional que se toma en una zona con enormes problemas hídricos en estos momentos y que va a actuar en una zona del territorio con carácter excepcional», ha apostillado.

Finalmente, ha anunciado que hará una «modificación más profunda» de la Ley de aguas «con sosiego», porque esta era de carácter urgente para «solucionar un problema». Arias Cañete ha insistido en que el Plan del Alto Guadiana no estaba siendo cumplido y que el Gobierno «quiere cumplir objetivos».

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, rechazó ayer la decisión de Bruselas de reformar la Política Agrícola Común (PAC) para que un 30 por ciento de los pagos directos se otorguen a aquellos agricultores o ganaderos que presten ciertos «servicios ambientales», como el barbecho obligatorio para un porcentaje de la tierra, el mantenimiento de pasto permanente o la rotación de cultivos.
María Luisa Soriano pidió al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que defienda ante las autoridades comunitarias la eliminación de este requisito y, en el caso de que no sea posible, una reducción «considerable» de este porcentaje, además de desligar por completo el cumplimiento de este nuevo requisito con el «pago básico» a agricultores y ganaderos.
La titular de Agricultura, que realizó estas declaraciones tras asistir a la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para asuntos Comunitarios, en Madrid, también defendió la necesidad de «flexibilizar» las nuevas demandas de Bruselas para percibir subvenciones, y que afectarían a unos 95.000 agricultores y ganaderos de la región, según las estimaciones de la Consejería.
«Estas nuevas medidas hacen inviable y poco rentable la mayoría de nuestras explotaciones, incrementan los costes de producción y, por tanto, reducen aún más la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas en unos momentos de crisis y de delicada situación económica. Nuestros agricultores y ganaderos ya están soportando gran cantidad de exigencias y requisitos medioambientales, y entendemos que no se pueden incrementar todavía más», afirmó.
Para María Luisa Soriano, esta reforma de la PAC ya ha suscitado el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas y de las asociaciones agrarias porque, en realidad, supone un recorte de las ayudas para el sector al imponer unos requisitos «difíciles de cumplir» y reducir la rentabilidad de las explotaciones.
«Obligaría a muchas explotaciones a tener que diversificar los cultivos y mantener hasta tres cultivos distintos. Esto, en el momento que estamos, con los productores muy débiles en la cadena agroalimentaria, provocaría una mayor atomización del sector primario y los debilitaría aún más», concluyó.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció ayer en Extremadura que se redactará un nuevo Plan Hidrológico Nacional que «garantice el principio de solidaridad entre toda España. Y para otros las peleas y la demagogia, vamos a hacer que el agua cree riqueza en toda España», sentenció Cospedal en el XI Congreso del PP de Extremadura, donde además dio «la bienvenida a la medida aprobada el viernes por el Consejo de Ministros para que el Gobierno central recupere las facultades sancionadoras en las cuencas «porque es verdad que el agua es un bien de todos».

Cospedal se une así al discurso del Gobierno, muy próximo a las tesis del Ejecutivo valenciano. Precisamente, el pasado martes el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dio un paso más allá en su discurso de defender la solidaridad entre cuencas y dijo en Zaragoza que «habrá un gran pacto nacional sobre el agua», sin descartar un hipotético trasvase del Ebro, derogado por el anterior Gobierno de Zapatero y que dio al traste con las aspiraciones de las regiones de Valencia y Murcia de conseguir una infraestructura que garantizara el agua para las próximas generaciones.

En este sentido, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, habló del «compromiso de elaborar un Plan Hidrológico Nacional basado en la solidaridad y en que el agua es un bien común que irá de donde sobre a donde falte». No se atrevió Sánchez de León a nombrar el trasvase del Ebro, pero sí parece recuperar el espíritu que permitió elaborar el proyecto antes de ser derogado a la llegada de los socialistas al Ejecutivo. Por eso, Sánchez de León cree que para el presidente Mariano Rajoy «el agua no es un elemento de confrontación entre territorios, sino de unión, y como tal asume su responsabilidad con sentido de Estado, lejos de la instrumentalización política que practicó el anterior Ejecutivo».

La delegada del Gobierno también se refirió a la decisión de recuperar para el Estado competencias que los socialistas habían cedido a algunas comunidades, zanjando cualquier duda sobre qué administración tiene encomendada por la Constitución la gestión de las cuencas intercomunitarias. Fue tras las sentencias del Constitucional, que negó la posibilidad de que los Estatutos de Autonomía de Andalucia o Castilla y León se arrogaran las competencias en materia hídrica del Guadalquivir o del Duero cuando los socialistas se plegaron a los andaluces para darles parte de la gestión, una decisión que fue precisamente recurrida por el Gobierno de la Comunitat Valenciana el pasado mes de noviembre.

Trasvase Tajo-Segura

La decisión de centralizar toda la gestión en el Estado, además de anunciar un Plan Hidrológico Nacional que garantice la solidaridad hídrica, permitirá la pervivencia del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que el Ejecutivo del socialista Barreda puso en serio peligro al intentar poner fin a los desembalses a partir de 2015. No llegó a prosperar, pero creó en Castilla-La Mancha una corriente contraria al trasvase que permite dar de beber a decenas de municipios de la costa de Alicante y Murcia.

Tampoco han sido las desalinizadoras la solución. El alto coste del agua desalada, así como las dificultades para ponerlas en marcha, han planteado la posibilidad de privatizarlas, para que al menos se pueda rentabilizar una inversión millonaria de un programa Agua que sirvió de excusa al Ejecutivo de Zapatero para eliminar de un plumazo el trasvase del Ebro. Además, el Ejecutivo de Rajoy ha eliminado de los presupuestos las dos desalinizadoras que todavía quedaban por construir en Alicante.

¿Significa que se puede recuperar el trasvase del Ebro? La crisis económica será quizás el gran escollo que se encuentre esta infraestructura en el camino, en el caso de que el Ministerio de Arias Cañete pretenda recuperarlo, sobre todo por su alto coste. Sin embargo, la posibilidad existe, y lo demuestra el hecho de que en las autonomías por las que atraviesa la cuenca del Ebro, como Aragón o La Rioja, ya han mostrado su preocupación por la recuperación de un proyecto al que se opusieron radicalmente durante el Ejecutivo de Aznar.

«Cada nuevo paso que se da es para seguir permitiendo que las grandes Comunidades Autónomas más fuertes se apoderen de las más pequeñas». Así lo aseguró Francisco Belmonte, presidente de la Junta de Regantes de la Mancha Oriental, quien mostró su «extrañeza» porque, aunque mantiene que ha de profundizar en la materia, considera que «son precisamente las competencias sobre las cuencas intercomunitarias las que corren por cuenta del Gobierno».

Belmonte prefiere esperar para comprobar qué se concluye de todo ello pero insiste en que «tenemos que ser serios y repetar nuestrar leyes», y en que la situación es complicada cuando «el Gobierno se muestra como autista, sin hablar ni dirigirse a los pacientes directos». Por ello, se muestra excéptico, estando solo seguro de que, «por mi experiencia, las grandes obras, para el gusto de todos, no existen».

El Gobierno parece decidido a acabar con las duplicidades pese a quien pese, y ha empezado por una parcela muy polémica, la del agua, que quién sabe si desencadenará otra guerra por el preciado elemento. Así, el Consejo de Ministros de ayer derogó la anterior normativa en esta materia y aprobó un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma «directamente» las funciones de Política Hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión «mucho más eficiente».
Según informó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría, se quieren evitar solapamientos, asumiendo también el Estado las competencias en el procedimiento sancionador, ya que, según insistió, esta ha sido «siempre» una competencia de la Administración central.
Para reforzar su argumentación, la jurista recordó que el pasado mes de marzo, el Constitucional «dejó sentado» el Principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas autonomías. A raíz de esta sentencia, el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades asumir las funciones, sobre todo sancionadoras, en el tramo que pasaba por su territorio.

EFICIENTES. Sin embargo, Santamaría subrayó que para el Ejecutivo «es más necesario que nunca» que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una «clara delimitación de competencias» entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado. Yes que de lo que se trata es de «no multiplicar costes por tres, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero a las cuentas públicas», amén de mejorar el medio ambiente.
Además, comentó que el Gobierno estima que el agua es un «recurso escaso» y que es un dominio público «de todos los españoles», por lo que el Estado asume «todas las funciones de Policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
Por otro lado, la vicepresidenta explicó que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta «especialmente» a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
De este modo, indicó que éste es el caso «paradigmático» de los residuos, y puso de ejemplo que un traslado de los mismos que pasara por varias comunidades, necesitaba permiso notificado de la de salida y de llegada, un procedimiento«complejo» para esta cuestión tan delicada, lo que crea «múltiples dificultades» para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo su gestión.
Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para «simplificar y reducir» las cargas administrativas que estaban provocando «incertidumbre e inseguridad» en la aplicación de la norma.
Las críticas a esta medida no se hicieron esperar. Así, el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, denunció que el Gobierno se convierte en «un mamporrero de las empresas ejecutoras de infraestructuras y se pone al servicio de los intereses empresariales». Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán tachó de «chapuza» la medida, avisando de que el Ejecutivo quedaba como un «guardia con porra».
También es de destacar que el Consejo de Ministros ha «abordado» un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las «reformas estructurales» en transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de «mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes». No se concretó ninguna medida, aunque quedó claro que no se tocarán los peajes.
Eso sí, la dirigente gallega empleó los mismos términos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, 24 horas antes, quiso dejar bien claro que esta polémica cuestión que la Comunidad de Madrid quiere aplicar cuanto antes «no está en la agenda del Consejo de Ministros». 

Madrid, 3 may (EFECOM).- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha recordado hoy al PSOE que tenía que haber presentado los planes de cuenca en 2009, después de que esta formación culpara al Gobierno de «marear la perdiz» por no aprobar estos planes y obstaculizar proyectos hídricos.

En declaraciones a EFE, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha precisado que los planes de cuenca debieron presentarse antes del final de 2009, «cuando gobernaba el PSOE, y que por esta razón somos el país más atrasado de Europa en la aplicación de la Directiva Marco del Agua», además de indicar que los tendrán preparados antes de que concluya el próximo año.

Ramos ha contestado así a unas declaraciones del portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados, Alejandro Alonso, y de la portavoz de la Comisión para el Cambio Climático de este partido, Cristina Narbona, en las que responsabilizaban al Gobierno por el retraso en la aprobación de los planes de cuenca.

Además, ha indicado que por la demora del último equipo de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «la Comisión Europea ha puesto de manifiesto que España incumple sus compromisos en materia de aguas».

Ramos, que ha denunciado que el improvisado plan de desaladoras impulsado por el PSOE ha tenido un coste de 2.000 millones de euros, ha comentado que el Ministerio «está impulsando la planificación de las demarcaciones hidrográficas, repasando el estado de situación de cada uno de sus planes hidrológicos y acelerando su aprobación».

Todo ello, ha indicado el secretario de Estado, «con el objetivo ineludible de tener revisados y terminados todos los planes de cuenca en el mínimo tiempo posible, a lo largo del próximo año».

En su opinión, la nueva estructura de gestión y decisión establecida entre el Ministerio y las Confederaciones Hidrográficas, «más coordinada, redundará en una aceleración y finalización de los planes de las demarcaciones hidrográficas».

Federico Ramos también ha desmentido, ante las acusaciones vertidas por Alejandro Alonso, que los gobiernos populares «hayan obstaculizado la puesta en marcha de proyectos hídricos como las desaladoras».

El secretario de Estado ha asegurado que estas infraestructuras -desaladoras- «no se dimensionaron de la forma adecuada, ni se planificaron correctamente», porque fueron «una improvisación del PSOE de más de 2.000 millones de euros con un recurso tan valioso como el agua», lo que «merece todas nuestras críticas».

Ramos ha criticado el plan de desaladoras desarrollado por el PSOE en el anterior Gobierno, por su «inversión descomunal y porque no se analizaba la mejor tecnología a aplicar».

En este sentido, ha comentado: «Nos hemos encontrado con una herencia envenenada en materia de desaladoras», dado que en algunos sitios carecen de suministro eléctrico suficiente para funcionar a pleno rendimiento o en otros ofertan agua a unos precios que el mercado no puede costear. EFECOM

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso culpó ayer al Gobierno de Mariano Rajoy de «marear la perdiz» al no agilizar la aprobación de los planes de cuenca y a las comunidades del PP de obstaculizar proyectos de desaladoras, lo que podría acarrear a España multas o que tenga que devolver fondos europeos.

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, instó al Gobierno central a que no «mire para otro lado» en la planificación hidrológica nacional y agilice la aprobación de los planes de demarcación.

Alonso aseguró que «es evidente» que el retraso en la aprobación de estos planes de cuenca puede acarrear multas de la UE.

La portavoz en la Comisión para el Cambio Climático del Congreso, Cristina Narbona, advirtió que muchas obras han tenido un proceso de ejecución mucho mayor de lo deseable «por la oposición» de administraciones gobernadas por el PP, lo que podría obligar a España a devolver fondos europeos.

Narbona citó la desaladora de Torrevieja y confió en que este año se lleve a cabo la parte final de esta desaladora o, de lo contrario, España se enfrentaría a la pérdida de fondos de la UE.

La portavoz de Medio Ambiente, Leire Pajín, afirmó que el proyecto de presupuestos no garantiza recursos suficientes que garanticen agua «allí donde no la hay», para lo que se necesita la desalación, la reutilización y la modernización de infraestructuras que defiende el PSOE.

El portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, José Cruz Pérez Lapazarán, respondió que le parece «sorprendente» que el PSOE hable de retraso en los planes de cuenca que «tenían que haber presentado a finales de 2009», y señaló que cuando el antiguo ejecutivo socialista dejó el Gobierno aún «quedaban muchos planes por presentar», por lo que este retraso «es imputable a ellos».