Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebró ayer en su sede de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) su asamblea sectorial de cultivos herbáceos, a la que asistieron presidentes y gerentes de las cooperativas comercializadoras de cereales y oleaginosas más importantes de la Región.

En el encuentro se realizó la primera estimación de cosecha regional de cereales de otoño-invierno, que apunta a un total de 3.175.000 toneladas, lo que podría suponer una cosecha un 12% inferior a la de la pasada campaña.

Si faltase lluvia, o los calores fueran excesivos, esta previsión disminuiría notablemente, por lo que las cooperativas volverán a evaluar las expectativas de cosecha cuando la recogida de cereal se generalice, indicó la entidad.

Asimismo, se renovaron los cargos de portavoz y viceportavoz sectorial, una vez cumplido el periodo de cuatro años desde la designación como portavoz de José Luis López, que ha ejercido su función al servicio de las cooperativas en este último periodo. López Elvira cuenta entre sus logros en la gestión de la sectorial con la renovación de sucesivos programas agroambientales del girasol, la cesión del uso de silos del FEGA a cooperativas, o la elevación del rendimiento medio de los cereales – y por tanto de las ayudas – en algunas comarcas de la Región.

Como nuevo portavoz fue elegido por unanimidad Ramón López Hervás, presidente de la cooperativa Ercávica, de la localidad de Cañaveruelas (Cuenca), y miembro del Consejo Rector de la Cooperativa de Segundo Grado Cereales Alcamancha, de Carrascosa del Campo (Cuenca).

El nuevo portavoz tiene como intención propiciar desde la sectorial las integraciones entre cooperativas, ya que en pocos años el sector ha pasado a requerir un volumen y especialización que pequeños grupos cooperativos no pueden cubrir por sí solos.

Asimismo, puso de manifiesto que la reforma de la PAC en el horizonte 2014-2020, como no podía ser de otro modo, será clave en el sector de cultivos extensivos en los próximos cuatro años, y aludió a la «volatilidad» de los precios como uno de los grandes problemas para el agricultor.

En base a las estimaciones realizadas a primeros de mayo por Cooperativas, la cosecha en la provincia de Albacete podría alcanzar las 700.000 toneladas de cereal de otoño-invierno (no incluidos los maíces), lo que supone una bajada superior al 5%, y Ciudad Real aumentaría significativamente su producción, un 20% más, teniendo en cuenta la merma de la pasada campaña, hasta situarse en 630.000 toneladas. En el caso de Guadalajara la bajada de producción respecto a la campaña pasada coincide con la media regional, de en torno a un 12%, y Toledo disminuye algo más. Cuenca sería, según estas previsiones, la provincia con mayor recorte en las producciones, casi un 30%, ya que tuvieron un buen año 2011 y los campos están mostrando peor cara de lo esperado en las siembras más tempranas, señaló la organización.

Pedro Barato ha resultado reelegido por unanimidad presidente provincial de Asaja en Ciudad Real durante la asamblea general que esta organización agraria celebró ayer en la Cámara de Comercio. Barato, que desde 1990 es presidente de Asaja a nivel nacional y desde 2011 preside la Federación Española de Autónomos (CEAT), agradeció el respaldo de los agricultores y ganaderos que componen la organización, según informó Asaja en un comunicado. El dirigente de la patronal agraria subrayó la importancia que para él tiene el reconocimiento de los agricultores y ganaderos ciudadrealeños y dijo que su fuerza en Madrid «me la da Ciudad Real, me la da mi tierra».

Barato también agradeció a los miembros salientes del comité ejecutivo su aportación y dedicación, al tiempo que felicitó a los nuevos que se incorporan, a los que les pidió «que trabajen con ilusión por agricultores y ganaderos, pues somos lo que somos gracias a nuestra gente».

Tras su reelección, el presidente analizó la actual situación del sector que tiene su vista puesta en la reforma de la PAC para el periodo 2014-2020. En este sentido, indicó que, en líneas generales, todo apunta a que no habrá grandes cambios en la PAC, una política que se va a seguir manteniendo aunque debido a la situación económica puede ver reducido su presupuesto. Como presidente de Asaja pidió que la Unión Europea apueste por la agricultura activa, «por la de labrar, cosechar, ordeñar, abonar, en definitiva, producir, que es adonde tienen que ir las ayudas», y reclamó medidas de mercado.

Valencia-Mucho tienen que cambiar las previsiones para que no se inicie un periodo de sequía. La cabecera del Júcar y del Cabriel tienen peores datos que en 2006 y 2007. Esto quiere decir que se están batiendo mínimos históricos   La campaña de riegos de este año será tranquila, porque se parte de una buena situación y porque se están registrando buenos datos en Tous gracias a las aportaciones que se están produciendo en Contreras.

El secretario general de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, hacía esta advertencia y, a renglón seguido, acometía una reinvindcación histórica. Terminar el plan de modernización de regadíos, que sigue incompleto tres años después de la fecha prevista de finalización. Estas obras son fundamentales para conseguir ahorros de agua.
La crisis ha rematado la voluntad de las Administraciones por poner en marcha este plan, que sólo en el término que afecta a la Acequia Real del Júcar abarca  20.500 hectáreas de cultivo.

Valero de Palma exigió que al menos se finalicen aquellos cuya inversión restante es mínima. El caso más llamativo es de el cuatro sectores que tienen la obra más importante finalizada de los que sólo resta la red de distribución para que conecte con las parcelas. Faltan unos pocos metros para que se produzca esta conexión, pero la empresa a la que la Conselleria de Agricultura encargó las obras, la constructora Luján, ha paralizado las obras y parece ser que no tiene la intención de ponerlas en marcha hasta que se le pague lo adeudado, unos 500.000 euros.

La Conselleria de Agricultura admitió ayer el avanzado estado de las obras y también su paralización por la falta de pagos. Fuentes oficiales aseguraron que trabajan para conseguir la financiación necesaria, aunque la situación económica es complicada.

Desde la empresa concesionaria prefirieron no hacer declaraciones al respecto. De la finalización de estas infraestructuras dependen más de 3.600 regantes.

A estos sectores, hay que añadir otro paquete de obras que se encuentran todavía en un estado más tardío de ejecución. Se trata de siete sectores cuya competencia de ejecución se reparte entre la Generalitat y el Ministerio de Agricultura. Requiere una inversión de 12 millones de euros, aunque USUJ está revisando los proyectos para  reducir su coste. Supondrían un ahorro de siete millones de metros cúbicos al año. En marcha se encuentran ocho sectores.

Urgencia
– No se ahorra el agua, objetivo de que la modernización de regadíos se declarara de interés público
– Se deterioran las instalaciones ejecutadas y que no se ponen en uso. Hay riesgo de vandalismo.
-Los regantes no entienden que las obras estén tan avanzadas y no se invierta lo poco que falta.

http://www.iagua.es/noticias/observatorio-del-agua/12/05/10/el-vinculo-entre-agua-y-energia-desde-punto-de-vista-economico-nuevo-coloquio-del-observ

Gonzalo Delacámara, profesor de Fundamentos del Análisis Económico (área de conocimiento: teoría económica) en la Universidad de Alcalá (1997-2012) e investigador del Área de Análisis Económico e Institucional del Agua de la Fundación IMDEA Agua, imparte el juees 10 de mayo, a las 13:00 horas, el coloquio «El vínculo entre agua y energía desde un punto de vista económico», en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Previamente fue coordinador del Grupo de Economía Ambiental del Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Económica; consultor internacional para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); research Manager en ECOTEC Research & Consulting, habiendo desarrollado diferentes proyectos para la Comisión Europea (evaluación de impuestos ambientales, precios del agua, desarrollo espacial, etc.).

Como investigador ha coordinado estudios sobre la valoración económica de recursos hídricos en América Latina, los impactos ambientales de la generación eléctrica en España o el valor económico de los activos naturales de España. Asimismo, ha coordinado el análisis económico del plan de ahorro de agua de la ciudad de Madrid y de la estrategia española de ahorro y eficiencia energética, y el plan de fomento de las energías renovables en España.

En América Latina, desarrolló el análisis económico de políticas de desarrollo de biocombustibles líquidos para el transporte. Sus líneas de investigación principales son: economía del agua, economía de la energía, análisis coste-beneficio de políticas públicas, valoración económica de cambios en la calidad ambiental, gestión económica de recursos naturales, contabilidad ambiental, economía del cambio climático, modelos de utilidad aleatoria y desarrollo económico.

Recientemente ha desarrollado estudios para el Banco Mundial sobre la gestión de conflictos de agua (Perú) o la modernización de la gestión del agua (Chile), para FAO sobre el análisis económico de la gestión de aguas subterráneas (como parte del proyecto Groundwater Governance: a Global Framework for Country Action, FAO-UNESCO-IAH-GEF) y es el coordinador del trabajo de IMDEA Agua en el proyecto de investigación competitiva del Séptimo Programa Marco de I+D de la UE, sobre instrumentos económicos para la gestión del agua.

En 2011 fue parte del equipo internacional de evaluación externa de la sexta fase del Programa Hidrológico Internacional (UNESCO). Su publicación más reciente es: Delacámara, G. y Solanes, M. (2012) “Policies, structure and regulation in water and sanitation services”, en Heller, L. (ed.) Basic sanitation, Environmental health and public policies: new paradigms for Latin America and the Caribbean, Pan-American Health Organization (en imprenta).

J. SIERRA VALENCIA ­El Real Decreto ley de 4 de mayo de medidas urgentes en materia de medio ambiente facilita al Gobierno la tutela sobre los acuíferos que se encuentran en riesgo de no alcanzar «el buen estado» cuantitativo y cualitativo de sus aguas» y permitiría en la práctica la adopción de medidas que podrían ser traumáticas como restringir la extracción de agua en el acuífero manchego del Júcar o la de obligar a los regantes del Vinalopó a utilizar las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó en lugar de seguir explotando sus pozos.

En nuevo real decreto amplia los poderes del Estado y simplifica los trámites que durante décadas dificultaron la declaración de «acuíferos sobreexplotados» pese al evidente deterioro y los continuos descensos del nivel de las aguas en lugares como la Mancha Oriental o el Vinalopó.

No obstante, entre los regantes existe el convencimiento de que la administración hidráulica, pese a reforzar su capacidad de intervención y dotarse de nuevos y simplificados argumentos legales, intentará antes el consenso.

«Masas en riesgo»
El Gobierno ha facultado a las Demarcaciones Hidrográficas a declarar oficialmente las masas de agua subterránea «en riesgo» de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico en los plazos marcados por la Directiva de Aguas. El cambio afecta tanto a los órganos de la administración que hacer esta declaración— que sustituye a la de los acuíferos sobreexplotados vigente en la Ley de Aguas— como a los plazos y alcance de las medidas.

El nuevo real decreto hace que sea la Junta de Gobierno de la Confederación— sin necesidad de consulta al Consejo del Agua—el órgano que puede declarar una masa «en riesgo».

Respecto al plazo para la puesta en marcha de planes de actuaciones para la recuperación del acuífero amenazado los reduce a un máximo de un año .

Mientas se aplican estos programas, el Gobierno puede limitar las extracciones, sustituir las captaciones individuales por otras comunitarias, sustituyendo los títulos individuales por colectivos, y «prever la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea».
En la práctica, el Gobierno podría forzar a los regantes del Vinalopó a hacer uso del trasvase que ahora desprecian y limitar las extracciones tanto en este acuífero como en de la Mancha Oriental.

La justificación del nuevo régimen introducido por el real decreto permitirá, según el Gobierno, «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas así como una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuentan con un plan de actuación».

Según el Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Júcar, pendiente de aprobación, tanto el acuífero de la Mancha Oriental como el del Vinalopó están muy lejos de alcanzar el «buen estado» del que habla la ley de Aguas y la directiva marco. Sin embargo, los sucesivos gobiernos se han resistido durante décadas a forzar la declaración de estas masas de agua como acuíferos sobreexplotados, pese a evidencias como los descensos acumulados del nivel freático de más de un centenar de metros.

El Real Decreto parece flexibilizar también el principio de recuperación de costes, de modo que podría eximirse a los regantes alicantinos de pagar íntegramente el coste real de bombear y llevar el agua al Vinalopó—haciendo que el uso de las aguas del trasvase sea asequible para sus economías—, y permite redistribuir los costes de la gestión del agua, incluidos los medioambientales, entre los diferentes usuarios.

El subdirector general de Regadíos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Joaquín Rodríguez, ha instado hoy a las empresas dedicadas a las tecnologías de agua que «escuchen» la experiencia y la sabiduría de las regantes para poder desarrollar mejores tecnologías de riego.

En declaraciones a Efeagro tras su participación en la II Asamblea General de la Plataforma Tecnológica del Agua, donde moderó del debate científico-técnico «Riego Eficiente», Rodríguez ha remarcado que los agricultores suponen por su trabajo diario sobre el terreno «un pozo de experiencia y sabiduría».

Asimismo, Rodríguez ha subrayado que es tan importante hacer infraestructuras para el regadío como modernizar su gestión.

Por todo ello, ha apuntado que las nuevas líneas de actuación del Ministerio de Agricultura en relación al regadío harán hincapié en poner en valor toda la inversión realizada hasta la fecha en modernización de regadíos.

Durante la sesión, el catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Ricardo Abadía, expuso la situación actual de las redes de regadío en España, resultado de los diferentes planes de modernización emprendidos y que han supuesto una inversión para el sector de 4.000 millones de euros para la mejora de 1,5 millones de hectáreas regables.

Abadía ha expuesto que el principal problema del regadío se basa en la total dependencia energética de unas infraestructuras que de 1950 a 1997 han reducido el consumo de agua por hectárea en un 21 %, hasta los 6.500 metros cúbicos, mientras que el gasto energético se ha incrementado un 657 %, hasta los 1.560 kilowatios/hora.

Por su parte, el investigador del Instituto Valenciano de Investigación Agraria Diego Intrigliolo ha lamentado que, pese a la eficiencia que se ha alcanzado en la captación y transporte del agua, se pierden en ocasiones recursos con su uso en parcela.

Para una aplicación más eficiente del agua en el campo, Intrigliolo ha destacado la existencia de nuevas tecnologías como los riegos de goteo subterráneo, los realizados por pulsos, los de precisión y los de déficit controlado.

Desde la Universidad de Almería, el catedrático Santiago Bonachela ha explicado el caso de los regadíos en los invernaderos, que consiguen alcanzar una mayor eficiencia productiva del agua que los que se encuentran al aire libre, por la menor evaporación de agua del suelo y su mayor grado de productividad.

En cualquier caso, Bonachela ha presentado algunas prácticas que harían más eficiente el regadío bajo cubierta, como es la reutilización del agua de los drenajes y la recogida de la lluvia o de la condensación.

El coordinador del grupo de trabajo «Riego eficiente» de la PTEA, Juan José Alarcón, ha presentado además un proyecto de investigación que engloba iniciativas para mejorar la eficiencia del riego.

En concreto, dentro de esta iniciativa -denominado «Eje Tractor»- se incluyen iniciativas como la puesta en marcha de sistemas de apoyo a la toma de decisiones en comunidad de regantes y establecimiento de equipos de telecontrol, la mejora en la eficiencia de programación del riego en parcela o el despliegue de redes de sensores que midan los parámetros establecidos previamente.

Asimismo, ampara medidas como el desarrollo de sistemas de riego más eficientes en el consumo de agua y energía.

Presidenta de la confederación hidrográfica del Júcar

CARLOS ALÓS La primera cuestión que tendrá que resolver como presidenta será la del bloqueo del agua del Xúquer almacenada en Villena ¿Ya tiene pensada la solución?
Lo que tenemos construido en este momento es la infraestructura que permite la transferencia hídrica hasta el Vinalopó y en la actualidad el agua está almacenada en la balsa de San Diego y estamos pendientes de qué hacer con esa infraestructura y como utilizar el agua. Yo lo que digo es que esa infraestructura tiene que ponerse en funcionamiento, pero lo que pasa es que en todo el tema del agua hay una cuestión que es fundamental y que es que tanto la Administración que la gestiona como los regantes que la utilizan tenemos que estar de acuerdo porque si no hay consenso las cosas son muy complicadas. Los regantes del Vinalopó han pedido dos cosas: el precio y la calidad del agua y la Administración en este momento lo que tiene que hacer es partiendo de la base de que la infraestructura se tiene que poner en marcha decir: vamos a sentarnos, vamos a hablar y a recuperar el espíritu del consenso que permitió realizar la infraestructura. No podemos dejarla ahí e invertir un dinero y no dar solución a los problemas de los regantes.

¿Ya ha comenzado las negociaciones con los regantes del Vinalopó para solucionarlo?
Tengo ya convenidas las primeras reuniones para escuchar, que es lo primero que tengo que hacer escuchar a todo el mundo y ya me iréis conociendo: yo soy una persona que piensa que las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana, que tienen su curso, pero no se tienen que parar porque si no se enquistan. La Administración del Estado cumplirá su labor y pondrá a cada uno en su sítio y dará una solución a todos, que yo creo que es posible. Pero para conseguirlo todos tienen que ceder un poco.

Otro tema clave es el plan de cuenca del Júcar ¿Cómo van a desbloquearlo?
Usted sabe que la CHJ se puso a trabajar en el esquema de temas importantes, pero es necesario revisarlo porque no pudo ser sometido a la aprobación del Consejo Nacional del Agua porque había cosas que limar. En eso ya está trabajando la oficina de Planificación y yo tengo el mandato del ministro Arias Cañete de que la planificación esté aprobada en 2013 y eso para el Júcar es correr mucho porque ha habido una paralización como usted dice, pero no estamos parados.

EFE

El director de la Agencia Catalana del Agua, Leonard Carcolé, ha asegurado que el real decreto aprobado por el consejo de ministros que centraliza las competencias en vigilancia de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, no afecta a las competencias de Cataluña.

En declaraciones a Efe, Carcolé ha asegurado que el Gobierno ha derogado la disposición adicional 14 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que cedía a las comunidades la inspección y control de la parte de las cuencas que discurrían por su territorio, y ha afirmado que las competencias de la Generalitat están determinadas en la Ley de Traspasos del año 1985, que no se ha modificado.

Así, Carcolé ha asegurado que la Agencia Catalana del Agua podrá seguir haciendo las tareas de inspección y control del medio en las cuencas internas de forma exclusiva y de forma compartida en el caso de la cuenca hidrográfica del Ebro, la única que se vería afectada por el real decreto del Gobierno.

Además, Carcolé ha explicado que este cambio en la normativa «no tiene nada que ver» con un posible trasvase y ha descartado que el Gobierno lleve a cabo algún tipo de acción al respecto.

Por Fernando López Vera, Presidente de la Fundación Española del Agua Subterránea.

Por disposición de la Jefatura del Estado en su R. Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medioambiente, en su Artículo primero, se introduce la enésima modificación a nuestra ya muy parcheada Ley de Aguas de 1985.

Las medidas de modificacion sobre la regulación de las aguas subterráneas del R.D 1/2001, de 20 de julio, son bienvenidas aunque las juzgamos insuficientes por cuanto se centra en la corrección del deterioro de las masas de agua, obviando que por la gran inercia de estas son más importantes las medidas preventivas que las correctivas. Pero al margen de esta valoración global, vayamos a un análisis algo más detallado.

En el nuevo R.D. se moderniza la terminología acorde con la Directiva Marco del Agua (doce años después de su aprobación) y aborda medidas correctivas para las masa de agua subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. Estas medidas son continuistas de las establecidas para acuíferos sobrexplotados en la LA (1985), si bien establece plazos más precisos y suprime el tramite de consulta al Consejo del Agua. También se hacen algunas precisiones sobre el programa de actuación (antiguo plan de explotación), que si bien entendemos no pueden ir más allá en el marco de una Ley deberían ser objeto de un mayor desarrollo en una norma de menor rango, como una instrucción técnica.

Se establece un marco flexible para la recuperación de costes, sin concretar, dejando su desarrollo en manos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el caso de la Administración General del Estado.

En el capitulo de sanciones, se revisa la cuantía de estas y se establece un criterio general de valoración de las mismas. Aquí echamos en falta la calificación explicita, como falta muy grave, las relacionadas con las extracciones ilegales de agua subterráneas.

Para el ámbito de actuación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) se regula la cesión de derechos con un plazo de finalización del 31 de diciembre de 2035. La norma va en el sentido de los objetivos perseguidos en el PEAG. Este plan ha constituido un verdadero laboratorio de experimentación en gestión de agua subterránea, cuyas experiencias deberían ser ampliadas al resto del territorio nacional.

En el Texto Refundido de la Ley de Agua de 2001, quedaba confuso y de difícil aplicación la norma referente a las modificaciones de las condiciones o del régimen de aprovechamiento, como las modificaciones en las características del pozo, cambios en el uso del agua, etc. El nuevo Real Decreto-Ley clarifica estos aspectos.

Por último se aborda de forma voluntarista la transformación de derechos privados en concesionales en un intento de conducir los aprovechamientos de agua privadas al régimen concesional.

Volviendo a nuestra valoración global, son muchos más los temas que se han quedado en el tintero que los abordados:

• Clamorosamente se echa en falta el dotar de más competencias y ordenar la constitución de Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea (CUMAS), que constituyen el nudo gordiano para una gestión adecuada de estas.
• Adecuar los mecanismos para la caducidad y extinción de concesiones.
• Suprimir los trámites previos de autorización de investigación de aguas subterráneas.
• Normas medioambientales para el sellado de pozos.
• Ampliar las obligaciones de quienes deben medir el volumen de agua consumido o utilizado incluyendo a los titulares de derechos inscritos en el Catálogo de aguas privadas.
• La revisión del régimen de vertidos para la protección de las masas de agua subterránea.
• Regulación del almacenamiento subterráneo y de las recargas de acuíferos.
• Regulación de los aprovechamiento geotérmico.
• Etc.

Por citar algunos aspectos pendientes de modificación o nueva regulación normativa. No obstante y sin menoscabo de la importancia de las leyes, lo realmente importante es como gestionen el agua subterránea las Demarcaciones Hidrográficas.

Fotografía: Bomba de vapor de la Comunidad de regantes con agua subterránea de Picassent (Valencia) a fínales del siglo XIX

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Miguel Arias Cañete, considera que recuperar la competencia de unidad de cuenca «tiene todo el sentido» y ha anunciado que hará una modificación «más profunda» de la Ley de Aguas que se acometerá «con sosiego» para analizar cuáles son los mejores sistemas de gestión del recurso.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Tras reunirse con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el ministro ha subrayado que el «efecto» fundamental del Real Decreto Ley de medidas medioambientales de carácter urgente –aprobado el pasado viernes por el consejo de ministros– es la recuperación del principio de unidad de cuenca.

A su juicio, si las demarcaciones hidrográficas se hacen con carácter único y las confederaciones hidrográficas establecen los usos que de un determinado río entre las cuencas intercomunitarias, «tiene todo el sentido» que la policía administrativa y el cumplimiento del respeto a los usos aprobados se haga con un criterio único.

«No tiene sentido fragmentar los criterios de aplicación de la policía de aguas en función de los tramos del río porque este es único, los caudales del río son únicos y los caudales ecológicos son únicos», ha añadido.

Por otro lado, respecto a las modificaciones en el Real Decreto Ley que se refieren al Alto Guadiana, ha apuntado que se establece un sistema «excepcional» vinculado a la zona territorial en cuestión para «resolver un problema claro» existente en la zona y para poder cumplir así los objetivos del Alto Guadiana.

Estos objetivos suponen que, en el caso de transmisión de derechos se produzca una reducción de caudales, «lo que puede permitir cierto alivio». El ministro ha indicado que, pese a que en estos momentos el acuífero 23 cercano a las Tablas de Daimiel está «en mejores condiciones que en el pasado», hay que establecer una regulación permanente para los momentos en que el acuífero pase por dificultades.

En este sentido, se ha referido a las críticas de «ciertas» organizaciones ecologistas que «ponen el grito en el cielo» y aseguran que esto es iniciar un sistema de venta de derechos de agua o una privatización. «Esto no es así. Es una medida excepcional que se toma en una zona con enormes problemas hídricos en estos momentos y que va a actuar en una zona del territorio con carácter excepcional», ha apostillado.

Finalmente, ha anunciado que hará una «modificación más profunda» de la Ley de aguas «con sosiego», porque esta era de carácter urgente para «solucionar un problema». Arias Cañete ha insistido en que el Plan del Alto Guadiana no estaba siendo cumplido y que el Gobierno «quiere cumplir objetivos».