El nuevo secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado que desde una «oposición útil» planteará acuerdos autonómicos «en profundidad» al Gobierno regional sobre empleo, agua, financiación de ayuntamientos y «limpieza política».

   Así, ha explicado que planteará un pacto «por el empleo y el crecimiento» que cuente con los agentes sociales y que contemple aspectos como servicios públicos, infraestructuras, promoción empresarial y formación, pero en el que nunca aceptará «que se haga negocio con la salud, porque eso es inmoral».

   En su primer discurso como líder de la formación durante la clausura del X Congreso Regional, García-Page ha abogado también por un acuerdo nacional por el agua «establecido sobre acuerdos regionales», ya que de no ser así «no habría una solución».

   En este sentido ha criticado que sí haya un acuerdo a este respecto en comunidades autónomas como Valencia o Murcia y no ocurra lo mismo en Castilla-La mancha, algo que ha tachado de «bochornoso». «Yo voy a buscar ese acuerdo», ha sentenciado.

    El dirigente socialista ha indicado que pedirá una reunión con la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, para plantear además un acuerdo definitivo «para organizar la financiación de ayuntamientos y marcar los límites de las competencias entre la Junta y las administraciones».

   Otro de los acuerdos que el nuevo PSOE regional pondrá encima de la mesa versará sobre la «limpieza política», ya que a juicio de Page «no se pueden permitir los insultos en política», algo que la gente «agradecerá». «Parece que al PP se les perdonan siempre los insultos», ha afirmado.

EXIGIRÁ QUE LOS ALTOS CARGOS TRIBUTEN EN C-LM

   En su intervención, García-Page ha aseverado que planteará a la Junta que todos los altos cargos de la región paguen sus impuestos en Castilla-La Mancha, para lo que les dará un año de plazo.

   De otro lado, ha hecho una defensa del estado de las autonomías, asegurando que Castilla-La Mancha «le debe absolutamente todo a España y a las Comunidades Autónomas», asegurando que son «el mejor mecanismo para el país», aunque existen «solapamientos de competencias que habrá que corregir».

   «Habrá que armonizar mejor las autonomías pero habrá que creer en ellas, porque realmente significan un ansia de libertad que el PSOE nunca puede perder de vista», ha agregado.

   El nuevo líder de los socialistas castellano-manchegos ha señalado además que en el próximo mes de mayo el PSOE hará un balance del primer año de Gobierno del PP en la región, donde quedará clara «la radiografía de todo lo que nos costó conseguir y lo rápido que se ha echado atrás».

   En este sentido, ha destacado que Castilla-La Macha era «la primera Comunidad Autónoma en crecimiento de la Sanidad y con más inversión en Educación» y ahora es «dónde más se recorta» en estos aspectos. «Si a mí me dicen que eso se hace en solo un año no me lo creo, con lo que nos ha costado».

UNIDAD GRACIAS A BONO Y BARREDA

   El secretario general del PSOE en la región ha calificado el X Congreso como «un éxito desde el punto de vista interno», algo que «muchos esperaban que no lo fuera», pero la unidad con la que sale el partido es «más pétrea, dura y sólida», algo que ha sido posible «por la generosidad de José Bono y José María Barreda».

   El también alcalde de Toledo ha señalado que los socialistas salen de la cita congresual «con la moral bien alta», y se ha comprometido a gestionar el partido «hasta que lleguen las elecciones primarias», ya que la candidatura socialista a la Junta en las próximas autonómicas «dependerá de este proceso», pero hasta entonces la nueva Ejecutiva «llevará al partido en las mejores condiciones y trabajará por los intereses de esta tierra».

El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha apelado hoy a la «solidaridad de todos los españoles» y ha afirmado que ahora «no vale poner límites ni barreras a la solidaridad hídrica que necesitamos especialmente los valencianos y murcianos».

Fabra ha realizado estas declaraciones en el Palau de la Generalitat, instantes después de mantener un encuentro con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, al ser preguntado por un acuerdo del parlamento catalán que rechaza cualquier tipo de trasvase del Ebro.

El parlamento catalán ha aprobado hoy una moción, secundada por amplia mayoría, en la que expresa el rechazo a cualquier tipo de trasvase de agua del río Ebro e insta a la Generalitat de Cataluña a trasladar esta posición al Gobierno, y a procurar que se respete el caudal ecológico de los ríos.

La moción, que ha sido presentada por ICV-EUiA, ha contado con los votos favorables de CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA y Solidaritat (SI) -además del diputado del grupo mixto Joan Laporta-, mientras que PPC y Ciutadans (C’s) han votado en contra.

En opinión del president, «todos los españoles deben estar comprometidos con la solidaridad para que podamos salir de la situación actual y para resolver problemas que nos afectan a todos».

«Si cada uno quisiera arreglar sus problemas sin tener en cuenta lo que le pasa al de al lado seríamos muy insolidarios», ha añadido.

Para Fabra, «ahora lo que prevalece es que el Ministerio haga un plan hidrológico que contemple aquellas zonas excedentarias y deficitarias. Hay un compromiso cierto de que va a haber un esfuerzo compartido por las comunidades autónomas para resolver la escasez de agua». EFE

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tuvo que poner ayer orden entre los regantes alicantinos y valencianos durante la reunión que mantuvo con la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana. Y lo hizo tras asistir, en directo, al enfrentamiento que mantienen la Acequia Real del Júcar y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó desde hace 7 años, justo cuando el Ministerio de Medio Ambiente decidió, de forma unilateral, pero apoyado por los agricultores valencianos, modificar el proyecto para trasladar la toma del agua del Júcar a Cullera en sustitución de la construida en Cortes de Pallás.
Fabra intervino cuando el representante de los regantes de Sueca y la Acequia Real, José Fortea, criticó abiertamente a Andrés Martínez, presidente de la Junta Central del Júcar-Vinalopó, su oposición a recibir el agua del Júcar hasta que no se garantice calidad y precio. Fortea, alineado desde hace tiempo con las tesis de la Confederación Hidrográfica del Júcar, llegó a espetar a Martínez, que «en Alicante no hará falta tanta agua cuando dejáis que se pudra en Villena».
Una alusión directa a los dos hm3 que llevan almacenados desde hace un año en el embalse de San Diego y que no se han podido utilizar. La afirmación de Fortea se produjo tras la intervención de Martínez, quien no llegó a citar el polémico trasvase pero sí recordó al presidente de la Generalitat que la provincia tiene un déficit hídrico de hasta 300 hm3 en años de sequía como el actual.
El ataque verbal del representante de los agricultores valencianos fue escuchado en directo por el propio Fabra, la consellera Maritina Hernández y el resto de los regantes alicantinos: Ángel Urbina (Riegos de Levante-Margen Izquierda); Jesús Abadía (Orihuela), José Andújar (Juzgado Privativo de Orihuela) y José Andújar (Riegos de Levante-Margen Derecha). Al parecer, Fortea rompió un pacto de la Acequia Real y la Junta Central para no airear en público las diferencias en torno a la toma del agua del Júcar-Vinalopó.
Tras unos momentos de tensión fue el propio Fabra el que zanjó el choque apelando al sentido común y reclamando que el debate de agua se afronte desde el sentido común y el rigor. Fabra se puso así al día de las chispas que saltan cuando se habla del trasvase Júcar-Vinalopó en Valencia. Y no porque el presidente de la Generalitat no conociera el problema, sino porque vivió en directo el duro enfrentamiento que mantienen regantes alicantinos y valencianos en cuanto a la puesta en marcha de una infraestructura que lleva un año terminada y bloqueada y, además, ahora en medio de una sequía que empieza a encender señales de la alarma. Lo cierto es que en el embalse de San Diego (Villena) hay unos dos hm3 de agua que no pueden ser utilizados. Por un lado las dudas que albergan los regantes alicantinos por la calidad del caudal y, por el otro, porque el Júcar-Vinalopó sigue sin estar conectado al postrasvase debido al pleito judicial que mantienen Consell y CHJ.

Cataluña «blinda» el Ebro
Por otro lado, el Parlamento catalán entró ayer de lleno en la polémica abierta por la apuesta del Ministerio de Agricultura por recuperar los trasvases. El Parlamento aprobó una moción, secundada por la mayoría, en la que expresa su rechazo a cualquier tipo de trasvase de agua del Ebro e instó a la Generalitat a trasladar esta posición al Gobierno y a procurar que se respete el caudal ecológico de los ríos. La moción de Iniciativa per Catalunya contó con los votos favorables de CiU, PSC, ERC y Solidaritat. El PP y Ciutadans votaron en contra. Los parlamentarios llegaron a apuntar que «detrás de los criterios científicos puede haber también criterios políticos».

Una nueva guerra del agua se avecina. El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, y su homólogo de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, han decidido unir fuerzas en materia hídrica en mismo día en el que el Parlamento catalán ha expresado, de forma preventiva, su rechazo al trasvase del Ebro.

Después de que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunciara su apuesta por una política hídrica “solidaria” entre las regiones, los presidentes de la Comunitat y de Murcia acordaron ayer defender de forma conjunta los intereses comunes a ambas comunidades, un objetivo que sumarán entre sus prioridades, junto al corredor mediterráneo. En concreto, Fabra apeló a la “solidaridad de todos los españoles” y defendió la “necesidad de que el agua vaya de donde sobra a donde falta”. “No vale poner límites a la solidaridad hídrica que necesitamos los valencianos y murcianos”, manifestó.

Valcárcel criticó los planes hídricos del anterior Ejecutivo socialista: “La política de trasvases es la que da rentabilidad al campo, y no la política de pagar precios absolutamente imposibles, porque no haría competitiva la actividad por el precio del agua procedente de la desalinización”. Ahora, “por fin hay un plan que pasa por el compromiso de la solidaridad interterritorial, es decir, que llevemos el agua desde donde está hasta donde no está. Hay voluntad de pacto”.

Pero se van a topar con el no de Cataluña. Precisamente, el Parlament catalán aprobó ayer una moción expresando su rechazo a cualquier tipo de trasvase de agua del río Ebro e instando al Govern a que traslade esta posición al Estado y a procurar que se respete el caudal ecológico de los ríos.

La propuesta fue secundada por CiU, PSC, ERC, ICV-EUia y Solidaridad, además de Joan Laporta, si bien PP y Ciutadans votaron en contra. ERC aseguró incluso que el PP quería el agua del Ebro para hacer realidad “grandes operaciones urbanísticas fantasmas en las costas de Castellón”. Meritxell Roigé (CiU) recordó que el presidente Mas ya dijo que tocar el río sería una “tontería”. CiU sí apoya un trasvase del río Ródano. H

El pacto PP-PAR alcanza a la presidencia de la CHE, pese a los recelos de algunos colectivos de regantes y ecologistas

La pugna por el control de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se ha inclinado a favor de Aragón, fruto de los pactos en vigor desde mediados del año pasado entre PP y PAR. El PP aragonés liderado por la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, ha cedido a la petición del PAR de ocupar la presidencia de la CHE. Rudi no ve con malos ojos que sus actuales socios tengan presencia destacada en ciertos órganos en los que —como es el caso de la CHE— puede haber necesidad de presionar en defensa de intereses estratégicos para la región.

Así las cosas, todo apunta a que el nuevo presidente de la CHE será el aragonesista Xavier de Pedro, de la plena confianza del líder del PAR, José Ángel Biel. Esto no significa que el gobierno de las aguas del Ebro quede en mano del PAR, pero, de facto, sí evidencia que el Gobierno de Rajoy da relevancia a los pactos entre ambos partidos en una cuestión sensible como es la política hídrica.

Y, para Rudi, supone hacer valer también los compromisos asumidos del pacto con el PAR como «escudo» para retos espinosos: negativa a cualquier hipotético trasvase del Ebro; exigir al Estado que otorgue a Aragón de forma efectiva la gestión de los 6.550 hectómetros cúbicos de aguas del Ebro que le reconoce el Estatuto de Autonomía (ley orgánica) como reserva exclusiva de esta región; dar prioridad a la construcción de los embalses pendientes en Aragón; y contrarrestar la aspiración catalana de controlar los caudales del Ebro, porque la Generalitat, desde hace años, intenta que el caudal ecológico del Delta sea algo a negociar bilateralmente entre ellos y el Estado.

Los nacionalistas catalanes quieren elevar sustancialmente el caudal ecológico fijado actualmente, y eso limitaría el aprovechamiento de las aguas del Ebro en las regiones situadas más arriba, entre ellas Aragón.

Todo eso son asuntos pendientes que pueden generar tensiones. Y, de momento, el primer capítulo —la pugna por la presidencia de la CHE— se ha inclinado del lado del PAR por su pacto con el PP. Y eso a pesar de que la cuestión ha generado recelos entre algunos colectivos políticos, de regantes y ecologistas, que —con distintos argumentos— critican que un partido regionalista presida un organismo en el que están representadas otras ocho regiones —Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña—.

Desde Riegos del Alto Aragón, la comunidad de regantes más extensa de la región con 2.500 kilómetros cuadrados de superficie de influencia y más de 25.000 familias dependientes de la agricultura, sostienen que debe ser un técnico y no un político quien ocupe el cargo, ya que en juego está la politización del agua. Su presidente, César Trillo, asegura que será «un error monumental» que un político de un partido regionalista se haga cargo de la CHE. Trillo apuesta por que sea un técnico o bien un político de ámbito nacional quien dirija la Confederación. Es —dice— la única forma de que se mantenga el principio de unidad de Cuenca y de unidad de gestión. Algo que los regantes defienden por encima de todo.

Razones bien distintas llevan a los ecologistas a oponerse al nombramiento de un aragonesista al frente de la CHE. En este caso, su posición a favor de construir los embalses pendientes en Aragón es lo que lleva a estas organizaciones a rechazar la posibilidad de que el PAR controle el Ebro.

Menor rango

Por otra parte, la decisión del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de rebajar el rango de los presidentes de las confederaciones limitará su margen de maniobra. Las decisiones de más calado se tomarán desde Madrid. A partir de ahora los presidentes de las confederaciones hidrográficas serán subdirectores generales, dependientes del secretario de Estado y del director general del Agua del Ministerio.

La reserva hidráulica se encuentra al 62,4 por ciento de su capacidad total, tras ganar esta semana 204 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior, lo que representa el 0,4 por ciento. Así, los embalses albergan 34.705 hectómetros cúbicos de agua embalsada, tras crecer por segunda semana consecutiva, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Así, esta semana la cuenca del Guadiana ha perdido 10 hectómetros cúbicos, frente a la del Duero, que ha acumulado 137 hectómetros cúbicos más. En todo caso, el Ministerio señala que esta semana las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional y que la máxima se ha registrado en Bilbao, donde cayeron 51,5 litros por metro cuadrado.

   Por ámbitos, la reserva se encuentra al 53,7 por ciento en Galicia-Costa; al 51,2 por ciento en Miño-Sil; al 71,8 por ciento en Cantábrico; al 90,5 por ciento en las cuencas internas del País Vasco; al 54,4 por ciento en el Duero; al 51,6 por ciento en la cuenca del Tajo y al 76,3 por ciento en Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura).

   Además, la cuenca atlántica andaluza está al 78,6 por ciento; Guadalquivir, al 76,6 por ciento; la cuenca Mediterránea Andaluza, al 68 por ciento; Segura, al 56,5 por ciento; Júcar, al 53 por ciento; Ebro, al 57,7 por ciento, y las cuencas internas de Cataluña, al 78,7 por ciento.

LOS DELITOS

Ciudad Real. 115 asaltos en Tomelloso, Campo de Criptana, Manzanares, Argamasilla de Alba, Socuéllamos, Alcázar de San Juan, Pedro Muñoz y Daimiel.

Toledo. Delitos en Madridejos y Quero.

Cuenca. Mota del Cuervo.

Albacete. Ossa de Montiel.

La Guardia Civil ha desarticulado dos bandas organizadas que se dedicaban a robos en ámbito rural, en una operación en la que han sido detenidas 14 personas y ha permitido esclarecer 140 actuaciones delictivas en las provincias de Ciudad Real, Albacete, Toledo y Cuenca. Según explicó en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, la detención de estas personas, diez de las cuales se encuentran en prisión, se enmarca en las investigaciones de la Guardia Civil para evitar los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas y casas de campo.

Los detenidos son rumanos y lituanos (entre ellos una mujer), que tienen edades comprendidas entre 19 y 49 años y residían en Tomelloso, precisó Labrador.

Con su detención se han podido esclarecer 140 robos cometidos en municipios de La Mancha situados en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca, aunque la Guardia Civil no descarta que sean autores de más delitos.

Del total de robos esclarecidos, 115 fueron cometidos en municipios de la provincia de Ciudad Real 54 en Tomelloso, 14 en Campo de Criptana, 8 en Alcázar de San Juan, 7 en Manzanares, 6 en Argamasilla de Alba, 6 en Pedro Muñoz y 6 en Daimiel.

Los restantes robos los llevaron a cabo en las localidades toledanas de Madridejos y Quero, en Ossa de Montiel (Albacete) y en Mota del Cuervo (Cuenca). Los 14 detenidos formaban parte de dos organizaciones criminales especializadas en el robo de casas de campo y explotaciones agrícolas, que habitualmente operaban realizando un estudio previo de la zona para controlar la posible existencia de alarmas o de dispositivos de videovigilancia, así y la información necesaria para consumar los robos sin peligro.

Registros

Cuando disponían de toda la información y consideraban que la operación no implicaba riesgos, una parte de los miembros del grupo se dedicaba a robar mientras otros vigilaban, detalló el delegado del Gobierno.

Las detenciones se llevaron a cabo tras realizar cuatro registros domiciliarios en Tomelloso, en los que se han intervenido herramientas para la comisión de actos delictivos y se han recuperado numerosos efectos robados por un valor conjunto de unos 70.000 euros.

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha enmarcado la bajada de las tarifas del trasvase Tajo-Segura aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros en el contexto de crisis económica actual, y ha asegurado que se trata de una «medida coyuntural».

Soriano, que este fin de semana ha sido elegida como secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional del PP, se ha manifestado así en rueda de prensa donde ha hecho balance del Congreso Nacional del PP, en la que ha estado también presente la presidenta provincial del partido en Ciudad Real, Rosa Romero.
La consejera de Agricultura, que ha recordado que en el tema del trasvase la responsabilidad es de la Consejería de Fomento, ha señalado que la medida tomada va en «beneficio de una serie de ciudadanos que lo están pasando mal en estos momentos» para que puedan tener un «respiro».
Sobre el tema del agua, ante su nueva responsabilidad en la dirección nacional del PP, Soriano ha indicado que se le dará el apoyo necesario que necesite y a las medidas que ponga en marcha el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Una política que va a estar basada «en el consenso», recordando en este sentido que en la anterior etapa de Gobierno del PP «ya hubo acuerdo en torno al Plan Hidrológico Nacional (PHN) y que ahora también es posible ese acuerdo entre todos los sectores implicados».
Con respecto a la posibilidad de nuevos trasvases, a lo que se han opuesto dirigentes del PP, como la presidenta de Aragón, Luis Fernanda Rudi, Soriano ha indicado que el PP «aplicará la actual legislación que marca la preferencia de la cuenca cedente».
El PP, ha explicado, «huirá en esta política de los enfrentamientos entre comunidades que se dieron en la anterior etapa de Gobierno del PSOE». «Se trata de buscar un equilibrio entre las necesidades de cada zona para que todas tengan agua suficiente en calidad y cantidad», ha sentenciado.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Agraria- Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha se reunió el martes con la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, para tratar diversos temas de interés que afectan al desarrollo del sector agrario y ganadero de la región, informa la organización en una nota. Uno de los principales asuntos que centró la reunión fue el estado en el que se encuentran los pagos correspondientes a determinadas ayudas como las específicas de programas agroambientales (ayudas al pastoreo, razas autóctonas, agricultura y ganadería ecológica…), asesoramiento de explotaciones y zonas desfavorecidas, entre otras.

La Organización Agraria, después de un análisis pormenorizado de cada una de las líneas, ha planteado a la Administración regional la necesidad de que abone a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Manchas las ayudas pendientes que, en algunos casos, se remontan a compromisos adquiridos en 2007.

En este sentido, la Organización Agraria ha pedido a la Administración regional que realice las gestiones oportunas ante las entidades financieras para que éstas tengan en cuenta las resoluciones aprobatorias de las ayudas a la hora de adelantar las mismas a los agricultores y ganaderos que así lo demanden.

La modificación del Plan de Desarrollo Rural, el agua, las tarifas eléctricas y las medidas para combatir la plaga de conejos han sido otros temas abordados con la consejera de Agricultura en dicha reunión.

Asimismo, y en cuanto a la modificación del Plan de Desarrollo Rural la Organización Agraria se ha comprometido a remitir sus propuestas en el plazo de quince días después de que se convoque a su Sectorial de Desarrollo Rural.