La consejera de Agricultura insiste en que esta reducción de las tarifas del Tajo-Segura es fruto de la crisis y para «dar un respiro» a «una serie de ciudadanos que lo están pasando mal»

latribunadetoledo.es

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha enmarcado la bajada de las tarifas del trasvase Tajo-Segura aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros en el contexto de crisis económica actual. Y, según ha asegurado, se trata de una «medida coyuntural».
La consejera de Agricultura castellano-machega, si bien ha recordado que en el tema del trasvase la responsabilidad es de la Consejería de Fomento, ha señalado que la medida tomada por Moncloa va en «beneficio de una serie de ciudadanos que lo están pasando mal en estos momentos» para que puedan tener un «respiro».

agua. Sobre el tema del agua, ante su nueva responsabilidad en la dirección nacional del Partido Popular, Soriano ha indicado que se le dará el apoyo necesario que necesite y a las medidas que ponga en marcha el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
También ha destacado que esta política va a estar basada «en el consenso», y ha recordado en este sentido que en la anterior etapa de Gobierno del Partido Popular «ya hubo acuerdo en torno al Plan Hidrológico Nacional (PHN) y que ahora también es posible ese acuerdo entre todos los sectores implicados», ha apuntado Soriano.
Con respecto a la posibilidad de nuevos trasvases, a lo que se han opuesto dirigentes del Partido Popular, como la presidenta de Aragón, Luis Fernanda Rudi, María Luisa Soriano ha indicado que el Partido Popular «aplicará la actual legislación que marca la preferencia de la cuenca cedente».
Según ha dicho, el Partido Popular «huirá en esta política de los enfrentamientos entre comunidades autónomas como los que se dieron en la anterior etapa de Gobierno del PSOE».
«Se trata de buscar un equilibrio entre las necesidades de cada zona para que todas tengan agua suficiente en calidad y cantidad», ha sentenciado la recién nombrada secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
Soriano, que este fin de semana ha sido elegida como secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional del PP, ha hecho este lunes balance del Congreso Nacional del PP en Ciudad Real.  

Un informe solicitado por la Unidad de Carreteras señala que si los animales proliferan tanto junto a las autovías es porque hay «cultivos herbáceos» situados junto a sus madrigueras

 E.F.

Si los conejos se comen la cosecha que usted ha sembrado, la solución es fácil: no siembre. Aunque parezca un mal chiste, Esto es lo que le ha contestado Fomento, en negro sobre blanco, a un agricultor albaceteño.
Jorge Navarro es el secretario general de Asaja en Albacete. Su finca se encuentra a mitad de camino entre Albacete y Chinchilla. Está muy cerca de uno de los principales nudos de comunicaciones de la provincia.
Desde que empezó la plaga de conejos, esta finca ha sido una de las más castigadas. Junto a los terraplenes que circundan las infraestructuras viarias, donde se refugian los animales, los campos de cultivo presentan enormes calvas. Ni un mal brote.
Este es el panorama al que Navarro se ha venido enfrentando desde finales de 1999. En 2007, ya pleiteó por primera vez con el Ministerio de Fomento, e incluso pasaron por su finca varios expertos de la Universidad de Córdoba, a petición del Gobierno central.
Durante el último año, el problema ha vuelto con más intensidad. Como antes, Navarro volvió a reclamar a Fomento. Y, esta vez, la Administración central, en vez de acudir a la Universidad de Córdoba, le pidió el informe a la empresa que mantiene las carreteras.
«Y cuando me contestan, me dicen que la culpa de que se coman los cultivos es mía -señala- porque si los conejos que hay en los terraplenes se comen los cultivos herbáceos, es porque hay cultivos herbáceos, vamos, que la culpa es mía y solo mía».

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La UPA pide al subdelegado del Gobierno actuaciones «más contundentes» contra los ladrones

Una decena de naves agrarias del polígono ganadero sufre continuos robos

El secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Morcillo, pidió ayer al subdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, «actuaciones más contundentes» para evitar robos en el campo, como el sucedido la pasada semana en diez naves agrícolas de la localidad de Munera .

Según explicaba ayer en nota de prensa UPA Castilla-La Mancha, en los robos en Munera los ladrones «provocaron daños en las infraestructuras y se llevaron numerosa herramienta y gasóleo».

Advierte de que no se trata de un hecho aislado y que ya en el pasado mes de septiembre se habían denunciado numerosos robos en naves agrarias de este municipio «siendo este un problema generalizado que esta sufriendo todo el campo castellanomanchego».

Morcillo pidió a Federico Pozuelo «que se tomen medidas que puedan mitigar esta lacra que está llegando a aterrorizar a nuestros agricultores y ganaderos».

Considera, además, que «la actual situación enfrenta a los agricultores y ganaderos a un clima de inseguridad y sensación de impotencia frente a este tipo de actos delictivos que siguen produciéndose en nuestras explotaciones».

Un descalabro económico

El dirigente de la organización agraria añade que esos robos y consiguientes daños «ponen en riesgo a muchas familias, no solo por su integridad física, si no por el descalabro económico que supone reponer o reparar los daños causados en naves, granjas, maquinaria agrícola, etcétera». Por ello, pidió a Pozuelo distintas medidas «como mayor presencia policial en el campo, aumento de la coordinación entre todos los agentes sociales y las fuerzas del orden público, y mayor control sobre los posibles puntos de recepción de los materiales robados». También le exigió modificaciones en la legislación penal «que acaben con la impunidad con la que actúan estas bandas organizadas que están alterando la convivencia pacífica de nuestros pueblos».

Por último, ha destacado la buena predisposición de Pozuelo y ha mostrado su confianza en que se tomen medidas efectivas «que puedan ir reconduciendo este problema grave que están sufriendo nuestros agricultores y ganaderos».

El Consejo de Ministros aprobó ayer las nuevas tarifas para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura y que suponen una «disminución significativa» debido a la reducción de los costes de energía eléctrica del último período, que han sido menores que los estimados. En concreto, los agricultores pagarán a partir de hora 0,15 euros/m3, por los 0,19 euros de 2011. Una reducción del 13% que tendrá efectos directos en el precio de la hora de agua de riego, que cuesta ahora en torno a los 50 euros de media, según apuntaron fuentes de la Federación Provincial de Comunidades de Regantes.
El Ministerio de Agricultura explicó que las nuevas tarifas tienen como objetivo recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación del acueducto, así como amortizar las inversiones realizadas por el Estado. Para el cálculo de las nuevas tarifas, la Dirección General de Agua ha tenido en cuenta los costes energéticos del transporte, los costes de la explotación así como un factor de corrección debido a la liquidación de la tarifa de 2011.
La bajada de las tarifas actuales se explica por la disminución de energía eléctrica empleada, así como una mayor utilización de horas valle, según ha señalado el ministerio.
Aunque para el actual proyecto de tarifas se ha hecho una estimación de consumos similar a la registrada el pasado año, el ministerio ha recordado que la estimación de ingresos para el año 2012 se encuentra supeditada a los consumos que se produzcan, y que verían en función de las necesidades de agua de los cultivos.
Los consumos más importantes son los que se suministran tanto para riegos como para los abastecimientos del Taibilla. Recordar, en este sentido, que el Taibilla ya aprobó la congelación por segundo año consecutivo de las tarifas que cobra por el suministro a los ayuntamientos y entidades públicas a los que abastece de agua potable. Una medida que afecta a 34 municipios alicantinos en la provincia.

JOSÉ SIERRA El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá una nueva estructura administrativa que en la práctica supone un recorte sustancial de las competencias y presupuesto autónomo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que pasa a estar bajo las órdenes directas del director general del Agua.
Tras la reforma, los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana, Duero y Ebro pasan a ser subdirectores generales.
La aprobación del nuevo organigrama abre la puerta al nombramiento del valenciano José Maria Benlliure como Presidente de la CHJ. No obstante, Benlliure ya es director general en la administración autonómica -su cargo no entró ayer en la remodelación del segundo escalón del Consell-, por lo que el nuevo puesto -subdirector general- ha perdido interés desde el punto de vista estrictamente funcionarial. Además, Maria Dolores de Cospedal podría estar jugando sus bazas para que el ministro de Agricultura. Miguel Arias Cañete, nombre a un castellano-manchego como presidente de la CHJ, lo que sin duda sería leído como un «éxito» en la región que gobierna la secretaria general del Partido Popular.

Un «nacionalista» en el Ebro
Por otra parte, entre los nombres que suenan para presidir la Confederación Hidrográfica del Ebro figura el de Xavier de Pedro, miembro del Partido Aragonés Regionalista (PAR). De Pedro está considerado uno de los principales activistas en contra del trasvase del Ebro y autor intelectual de la reserva de 6.500 hectómetros cúbicos contemplada en el Estatuto de Aragón y que hace prácticamente inviable cualquier trasvase.
Luisa Fernanda Rudi, del PP, gobierna en Aragón aunque depende de los votos de sus socio: el Partido Aragonés Regionalista al que pertenece Xavier de Pedro y cuyo nombramiento debería ser visto con recelo en las comunidades como la valenciana que esperan un trasvase del Ebro.

MURCIA- Uno de los principales objetivos que se marcó el Gobierno presidido por Mariano Rajoy era el de articular una política hidrológica que pusiera fin a uno de los problemas endémicos que históricamente presentó España, el de la sequía y el reparto equitativo del agua para que todas las regiones gozaran de este elemento. El propósito de Rajoy venía además refrendado por la Constitución, ya que el texto de 1978 recoge al Estado como el único órgano que tiene competencias para decidir sobre el reparto territorial del agua.
Abanderado por esta convicción, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció el pasado 1 de febrero en el marco de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, el diseño y posterior puesta en marcha de un nuevo plan hidrológico que se articularía en base al uso de trasvases y tendría en la solidaridad su principal punto de actuación. De esta forma, la intención del ministro es iniciar en breve una ronda de contactos con todas las comunidades para alcanzar una postura común que sea respetada por todas las regiones.
Cañete buscará el consenso, algo de lo que históricamente ha adolecido nuestro país en materia de política hidrológica. Uno de los principales polos antitrasvasistas de España se situaba en la cuenca del Ebro dentro de los territorios de Aragón y Cataluña. En ambas regiones la incidencia nacionalista alejaba la posibilidad de que se aceptara el trasvase de agua desde una cuenca excedentaria como la del Ebro hacia una deficitaria desde el punto de vista estructural como la del Segura.
Precisamente en territorio aragonés es donde se ubica en la actualidad el principal escollo para que la idea planificada por Cañete se lleve a buen término. Históricamente este territorio siempre se ha mostrado reticente para aceptar el trasvase de agua procedente de la cuenca del Ebro. De esta manera, el apoyó que ofreció al plan hidrológico ideado por el socialista José Borrel en la década de los 90 durante el mandato de Felipe González, se encontró supeditado a la construcción de las obras contempladas en el Pacto del Agua que tenían como objetivo garantizar la existencia de agua dentro de la cuenca cedente garantizando una reserva estratégica que oscilaría entre los 4.000 y 5.000 hectómetros cúbicos.
Sin embargo, este aspecto no fue suficiente para que Aragón prestara su apoyo al Plan Hidrológico Nacional (PHN) ideado por el presidente José María Aznar, por lo que mantuvo su oposición a la iniciativa. Ahora el Gobierno de Aragón vuelve a poner sobre la mesa de negociación la necesidad de ejecutar las obras del Pacto del Agua. De esta manera, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno Rudi, Modesto Lobón, anunció que durante la próxima reunión que mantendrá con el ministro Cañete  le planteará la necesidad de que Aragón cuente con un decreto de medidas contra la sequía, así como la construcción urgente de las obras incluidas en el mencionado Pacto.
Desde las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel se tiene clara la hoja de ruta que se va a seguir durante el periodo de negociación con el Gobierno. De hecho, Rudi ha avisado que dentro de la propuesta de Cañete no se puede contemplar la inclusión del trasvase del Ebro, como sucedía en el caso del diseñado por Aznar. Por tanto, Aragón puede tener la llave para que el nuevo plan hidrológico de Cañete se pueda llevar a cabo sin caer en los mismos problemas que han imposibilitado que el acuerdo en materia de agua haya sido posible hasta el momento. Ahora llega el momento de que se imponga el consenso por encima de otro aspecto.

El acuerdo de libre comercio firmado entre la UE y Marruecos, que abre las puertas de Europa a los productos de la huerta marroquí, ha puesto en pie de guerra al sector agrario de la región. No obstante, desde la patronal agraria Asaja se esperan «compensaciones» que palien las pérdidas previstas, que podrían rondar los 2.200 millones anuales en el conjunto del país. Como advierte su secretario general, José María Fresneda, «estamos totalmente convencidos de que el Gobierno de España habrá sabido negociar una compensación».
Según explica, el acuerdo firmado el jueves es un «monigoteo de cuidado» para los agricultores, que van a ver como entran por las fronteras productos marroquíes sin los controles de calidad y trazabilidad que la Unión Europea sí se exige a los nacionales. «Nos va a resultar imposible competir en precio con estos productos».
Por ello, Fresneda insiste en que las compensaciones al campo tienen que llegar «de inmediato». Y es que, preguntado por un posible ‘paliativo’ a través de la PAC, replica que los agricultores «no pueden esperar» ante los «graves daños» que van a sufrir productos «estratégicos» como el aceite de oliva, el ajo, el melón o el albaricoque. «Va a ser un espolio», avisa.
Este acuerdo, que entrará en vigor en mayo y tendrá vigencia hasta 2017, permite la entrada en el continente europeo de un mayor volumen de productos agrarios desde el país africano, elimina restricciones, suprime algunos aranceles y liberaliza las exportaciones en el resto de productos agrícolas, entre ellos, la fruta de hueso o el aceite de oliva.
Según Asaja, bajo el argumento de apoyar las reformas democráticas en el norte de África, la Unión Europea va a provocar «un grave daño» a los agricultores españoles por la competencia desleal que se va a producir.

Un «mazazo» para todos. En la misma línea se posiciona el sindicato agrario COAG-IR. En nota de prensa, apunta que este acuerdo es un «duro mazazo» para el futuro del campo castellano-manchego, «en un momento muy delicado».
Por ello, advierte de que «vamos a recurrir el acuerdo que es nefasto parar nuestra agricultura». «Este acuerdo sólo beneficia a los países del norte de Europa ya que supone la transformación de 300.000 hectáreas de cereales para producir frutas y hortalizas, lo que supone un ataque directo a la agricultura mediterránea, que es la que predomina en esta región».
«Somos conscientes de que estamos ante una grave crisis económica pero no nos podemos engañar pensando que los productos que van a llegar van a ser más baratos, porque lo cierto es que las medidas higiénico sanitarias que se les exigen a nuestros productores no son las mismas que se exigen en Marruecos», añade este sindicato agrario.
En este sentido, Alejandro García-Gasco, actual integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Coag , si bien agradece el apoyo de los europarlamentarios españoles, sí considera que han primado los intereses de las empresas españolas y francesas que operan en Marruecos «frente a los de nuestros agricultores». «No se puede poner a la agricultura como moneda de cambio para otros intereses».

falta de liderazgo. Por su parte, las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, muestran su indignación ante la falta de liderazgo del Gobierno español en las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos.
Y hacen especial hincapié en los daños que ocasionará al sector del aceite. Se elimina los derechos de aduana aplicables al aceite de oliva procedentes de Marruecos, que a fecha de hoy se sitúan en el entorno de 1,25 euros/kg, y además establece que la Unión Europea sólo podrá exportar a Marruecos, sin aranceles, 2.000 toneladas de aceite de oliva. Un «mal acuerdo», por el que Marruecos «podrá introducir en Europa todo el aceite de oliva que desee».    

El Consejo de Ministros aprobó ayer las nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura y que suponen una «disminución significativa» debido a la reducción de los costes de energía eléctrica del último período, que han sido menores que los estimados. Según informó el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, estas tarifas tienen como objetivo recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación del acueducto, así como amortizar las inversiones realizadas por el Estado. Para el cálculo de las nuevas tarifas, la Dirección General de Aguas ha tenido en cuenta los costes energéticos del transporte, los costes de la explotación así como un factor de corrección debido a la liquidación de la tarifa del año anterior. La bajada de las tarifas actuales se explica por la disminución de energía eléctrica empleada, así como una mayor utilización de horas valle, según ha señalado el ministerio.

Aunque para el actual proyecto de tarifas se ha hecho una estimación de consumos similar a la registrada el pasado año, el ministerio ha recordado que la estimación de ingresos para el año 2012 se encuentra supeditada a los consumos que se produzcan, y que verían en función de las necesidades de agua de los cultivos. Los consumos más importantes son los que se suministran al sudeste, tanto para riegos como para los abastecimientos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y para la provincia de Almería. Las nuevas tarifas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Cabe apuntar que el diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, Alejandro Alonso, hizo un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno para que no bajara las tarifas del agua que se trasvasa desde el Tajo hasta el Segura. Recordó que los pantanos de cabecera del Tajo se encuentran en prealerta por la sequía. Este año hidrológico, explicó Alonso, los pantanos de Entrepeñas y Buendía han tenido sólo unas aportaciones de 89 hectómetros cúbicos; y de la serie histórica sólo ha habido dos años en los que las aportaciones han sido más bajas.

«Es el segundo pero dato de la historia y supone el 4 % del percentil de la serie corta, es decir, es una situación muy preocupante», alertó Alonso, quien criticó la decisión.

A comienzos de semana, la diputada regional del Partido Popular Cesárea Arnedo denunciaba que el PP no conocía cómo se habían invertido los millones de euros que los regantes murcianos habían pagado a Castilla-La Mancha por el agua del trasvase Tajo-Segura.

Una recaudación que el diputado regional y secretario local del PSOE de Albacete, Modesto Belinchón, defendió ayer a este diario como que se había destinado a una «buena inversión». Destacó que se habían dedicado más de 100 millones de euros a obras de abastecimiento, casi 928 en el plan de depuración a cinco años y más de mil millones de euros -contando también las ayudas europeas- a modernización de regadíos. Defendió que se trata de una serie de obras «que hemos hecho en Castilla-La Mancha para ser más austeros, para ahorrar con el agua y para que nuestros regantes tengan asegurado el poder regar las cosechas todos los años». «Ahí es donde está el dinero de los regantes; invertido en obras de abastecimiento, de depuración, que mejoran la cantidad y la calidad de nuestra agua y que facilitan que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan agua de calidad al abrir los grifos de sus casas y que no sigamos teniendo que ir con cisternas a pueblos a llevar agua», defendió Belinchón.

Rechazó las críticas del PP preguntando dónde estaba ese dinero y aseveró que «ellos saben dónde está, tienen los números, están las obras de abastecimiento, las depuradoras hechas en los últimos años».

Lamentó que «lo saben bien» pero que con estas acusaciones lo que quieren «es ocultar la realidad de que la presidenta de la Junta, María Dolores Cospedal, ha vendido los intereses de Castilla-La Mancha por sus intereses particulares de seguir como secretaria general del PP».

Depuradora de Villarrobledo

Sobre en qué obras se ha invertido el dinero que llega de los regantes murcianos en Albacete, Belinchón detalla que, por ejemplo, la última que entró en funcionamiento «fue la depuradora de Villarrobledo, una obra importantísima en un municipio que está afectado por esa situación de falta de agua».

También explica que «tenemos otros muchos ejemplos en las depuradoras y en las obras de abastecimiento que hemos ido haciendo en todos los municipios».

Sobre la transformación de regadíos se refirió a inversiones en lugares como en Fuenteálamo, donde se han invertido ocho millones de euros, o en Cancarix, «una zona especialmente significativa, porque es una zona con cinco pantanos y que no tenía agua y donde la agricultura es muy importante».