Los sindicatos CCOO y UGT reclaman un debate sobre las competencias y el ejercicio de las facultades asociadas a la gestión del agua entre las distintas Administraciones que sea «sosegado, riguroso técnica y jurídicamente, democrático y participativo», al considerar «improvisada e inoportuna» la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas.

   Así, critican la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobada por el Gobierno vía Real Decreto-Ley y que ha sido recientemente ratificada en el Parlamento.

   A su juicio, con esta modificación se transfieren las competencias de la gestión de concesiones de agua y de policía del dominio público hidráulico a aquellas comunidades que lo han incorporado en sus estatutos de autonomía. En ese sentido, critican que recurrir al mecanismo Real Decreto-Ley para aprobar una modificación legislativa «sólo se justifica por razones de urgencia y excepcionalidad, circunstancias que no se justifican ni motivan en este caso».

   Además, ambas organizaciones sindicales opinan que la gestión del agua en España ha sido y es causa de «numerosos» conflictos sociales, económicos, ambientales y políticos. Por ello, subrayan que abordar los desafíos que entraña la gestión sostenible de los recursos hídricos en la sociedad del siglo XXI exige la modernización y reforma de la actual administración del agua, adecuar los organismos, gestores y estructuras que la conforman al actual marco constitucional y pluri-competencial en materia de aguas.

   Asimismo, denuncian que la modificación introducida «ha hurtado el preceptivo y necesario debate social y político» respecto a su contenido, objeto y oportunidad en los órganos consultivos establecidos a tal efecto, tanto el Consejo Nacional del Agua como el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

   «Con esta modificación legislativa, lejos de contribuir a mejorar la gestión eficaz de los recursos hídricos, se añade conflictividad en un aspecto muy relevante de la gestión sostenible del agua: la distribución de competencias entre las distintas Administraciones públicas», insisten CCOO y UGT en un comunicado conjunto.

   Finalmente, exponen que, en su opinión, la cuenca hidrográfica es el ámbito para la gestión integral, sostenible, democrática y participativa, por lo que la concurrencia de distintas Administraciones públicas «exige» un sistema de distribución de competencias y una coordinación estable y eficaz de las distintas autoridades competentes para asegurar una adecuada gestión del dominio público hidráulico.

Un amplio elenco de organizaciones ambientales, profesionales, científicas y entidades de diferentes sectores firman una declaración conjunta para rechazar la reciente modificación de la Ley de Aguas. Con este escrito solicitan que el Estado vuelva a controlar el Dominio Público Hidráulico de los ríos que recorren las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña. También rechazan la supuesta urgencia y la nula participación pública en su tramitación.

Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 03/10/2011, 13:17 h | (28) veces leída

Un importante grupo de colectivos profesionales, ambientales, científicos y de diferentes ámbitos se unen para rechazar la modificación de la Ley de Aguas. Todos ellos consideran que el control y vigilancia del agua son una herramienta fundamental para asegurar la buena gestión de este recurso cuando los ríos atraviesan varias comunidades autónomas.

Por ello, exigen el cambio del texto refundido por la Ley de Aguas aprobado por el Gobierno el pasado 26 de agosto, ya que transfiere el control del Dominio Público Hidráulico a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña. Cabe recordar que las tres solicitaron en sus Estatutos de Autonomía las competencias de vigilancia y gestión de las concesiones de agua.

Los firmantes coinciden en rechazar que la reforma se ha llevado a cabo mediante un trámite de “excepcional y urgente necesidad” insuficientemente justificado y sin consultar ni al Consejo Nacional de Agua ni al Consejo Asesor de Medio Ambiente, como exige la legislación sobre aguas.

Esta modificación de la Ley de Aguas supone un ataque tan grave a la gestión del agua por unidad  cuenca hidrográfica, que ha propiciado que grupos con intereses en muchos casos contrapuestos se unan para resaltar la puesta en peligro de los principios modernos en la gestión del agua imperantes en la UE. Estos grupos también lamentan que España, a pesar de ser un país pionero en este tipo de gestión por cuencas, esté cediendo a las presiones de las CCAA. El resultado es que un río que transcurre por Andalucía, Aragón o Cataluña es gestionado, parcialmente, por esta comunidad y, parcialmente, por el Estado, con la complejidad que esto supone.

Las organizaciones firmantes recuerdan que sólo una gestión del agua por cuencas hidrográficas, y no por límites administrativos, garantiza que todas las demandas y funciones ambientales de los ríos, como el aporte de agua y la depuración, se puedan cumplir y que la gestión del agua quede a salvo de determinados intereses particulares desde sectores locales.

Esta declaración se enviará al Defensor del Pueblo para darle a conocer el amplio rechazo de la sociedad a esta iniciativa que pone en peligro la unidad de gestión por cuencas hidrográficas que exige la Directiva Marco del Agua.

Notas al editor:

Se adjunta la declaración en PDF y los nombres de los colectivos y asociaciones que lo apoyan.

Listado de firmantes de la declaración:

1. ADECAGUA (Asociación de Empresas de Calidad del Agua)
2. AEMS-Rios Con Vida
3. AIL (Asociación Ibérica de Limnología (ecología de las aguas continentales))
4. ASAJA (Asociación de Jóvenes Agricultores)
5. CIREF (Centro Ibérico de Restauración Fluvial)
6. Colegio Oficial de Geólogos de España
7. FENACORE (Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España)
8. FEEREBRO (Federacion de Comunidades de Regantes del Ebro)
9. FERAGUA (Federación de Comunidades de Regantes del Guadalquivir)
10. Greencross España
11. SEPREM (Sociedad Española de Presas y Embalses)
12. SEO/BirdLife (Sociedad Españolo de Ornitología)
13. WWF

 oct (EFE).- El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se ha dirigido al Defensor del Pueblo pidiéndole que presente recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley 12/2011, en virtud del cual las CCAA podrán asumir las funciones de policía de aguas en sus respectivos territorios.

En un comunicado, este órgano colegial recuerda que siempre han defendido la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas como un principio básico para la utilización sostenible de los recursos hídricos, que «como tal se establece en la Constitución Española, la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea».

A juicio de la misma fuente, esta fragmentación de las cuencas de competencia estatal supone que cada Comunidad será responsable de la inspección, control y vigilancia de sus tramos de ríos y de la parte de sus acuíferos, que tanto unos como otros se extienden por otras Comunidades que, a su vez, serán responsables de los mismos en su territorio, así como de los embalses y otros aprovechamientos que no sean de titularidad estatal.

En estas condiciones, añade el Colegio, resulta obvia la dificultad de gestionar de forma integrada los recursos hídricos y las infraestructuras aún en situaciones de normalidad, pero «mucho más preocupante» es la gestión de situaciones de sequía, inundación o contaminación, en las que la dispersión de competencias, controles y vigilancia «es prácticamente incompatible con la seguridad de la población y la prevención de daños catastróficos».

De forma evidente, «no han concurrido además en la aprobación del Real Decreto Ley 12/2011 las circunstancias inexcusables de extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución Española, lo que, entre otras cosas, ha impedido el informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua».

El Colegio de Caminos reitera la necesidad y urgencia de llevar a cabo una reforma de la Ley de Aguas que asegure la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas mediante la adecuada armonización de las competencias estatales y autonómicas.

El órgano colegial expresa por último su convicción de que ello requiere un gran esfuerzo de diálogo entre todas las Administraciones, grupos políticos y órganos de participación, con el fin de alcanzar el máximo acuerdo posible en materia tan compleja.EFE

3 oct (EFE).- El Gobierno de Murcia estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto por el que se modifica la Ley de Aguas, al entender que «descompone íntegramente el principio de unidad de cuenca» y que supondrá poner en manos de algunas comunidades como Aragón el control y vigilancia de los ríos».

Así lo trasladó hoy el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, al presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, José Manuel Claver, en una reunión mantenida esta mañana.

Cerdá afirmó que este cambio «descompone íntegramente el principio de unidad de cuenca», y destacó el compromiso del Gobierno regional para asumir la petición de los regantes y estudiar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Claver expresó al responsable de Agricultura y Agua la preocupación e inquietud de los regantes ante la convalidación del Real Decreto por el que se reforma el texto de la Ley de Aguas.

Según Cerdá, la modificación de esta ley «supondrá trocear las cuencas y poner en manos de algunas comunidades el control y vigilancia de los ríos», en el caso de Andalucía, Cataluña y Aragón, que incluyen en sus estatutos la competencia sobre las facultades de policía de Dominio Público Hidráulico.

El consejero de Agricultura y Agua rechazó que se modifiquen las reglas de planificación hidrológica y lamentó que no se haya escuchado a los usuarios, regantes, comunidades autónomas afectadas, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, ni al Consejo Nacional del Agua.

Cerdá recordó que varias sentencias del Tribunal Constitucional «invalidan las pretensiones de ciertas comunidades para hacerse con la gestión del agua», y advierten de que la planificación de los ríos «debe volver a las confederaciones hidrográficas», por lo que dijo «no entender el motivo por el que el Gobierno socialista intenta burlar lo que dicta la justicia».

El responsable autonómico de Agua indicó que esta «alteración» de la planificación hidráulica es «una más de las políticas de atajo que practica el Gobierno socialista», y añadió que «se ha hecho saltándose todo el trámite de consulta, al igual que ocurrió con la derogación del trasvase del Ebro».

El titular de Agricultura y Agua remarcó la necesidad de que «las cuencas se gestionen de una forma unitaria» y defendió «una visión única de Estado que resuelva de una vez por todo el problema nacional del agua». EFE

Una de cada cuatro hectáreas del maíz que se siembra en España se corresponde con variedades modificadas genéticamente. El cultivo de este producto casi se ha multiplicado por dos en la provincia de Albacete en el último año, al pasar de 2.694 hectáreas en 2010 a 5.040 en 2011, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Marm). Con voces a favor y en contra, una de las cuestiones en la que todos coinciden es que, donde hay maíz transgénico, no puede haber ecológico, ya que éste último resulta ‘contaminado’.

Desde sus inicios, en el Instituto Técnico Agronómico Provincial (Itap), un organismo ligado a la Diputación Provincial, se llevan a cabo ensayos con variedades autorizadas de transgénicos. El director del Itap, Wenceslao Cañadas, reconocía que las propias siglas ‘OMG’ (organismo modificado genéticamente) inducen a pensar «en algo raro», pese a que las investigaciones que hay hasta la fecha apuntan a que «no debe haber ningún problema a corto plazo».

En España, el único transgénico autorizado por la Unión Europea es el maíz Bt protegido contra insectos, el llamado MON810, mientras que Estados Unidos es líder en esta materia con variedades que incluyen, por ejemplo, cambios para hacer las plantas resistentes a la sequía, lo que en la práctica, y en un mercado globalizado como el actual, supone que los agricultores españoles «lo tienen muy difícil para competir», señaló Cañadas.

Investigación

Para los que ven con buenos ojos estos cultivos, «transgénicos ha habido siempre y se trata de un proceso de investigación más que ha hecho posible avances como la insulina, que también se obtiene mediante una modificación genética».

El director del Itap indicó que la entidad albaceteña está obligada «a hacerse eco de la agricultura actual», lo que incluye ensayos dentro del área de experimentación «con maíces transgénicos», aunque puntualizó que se trata de «variedades comerciales y autorizadas, en las que no hay que pedir ningún permiso especial para sembrar».

También se hacen ensayos oficiales de la Oficina Española de Variedades Vegetales, dependiente del Marm.

«Igual que probamos con otros cereales como el trigo o la cebada, con el maíz transgénico lo único que comparamos son rendimientos», afirmó Cañadas, señalando que el Itap no trabaja para las empresas que suministran las semillas OMG sino «para los agricultores, para que tengan más información de estos productos».

«En materia de transgénicos, el Itap no investiga absolutamente nada, solo transfiere datos a los agricultores de las variedades que nos envían las empresas y que están en el mercado y se pueden comprar sin mayor problema», aseguró.

Mandando en la Región

Las 5.000 hectáreas que se han sembrado este año en Albacete representan, prácticamente, la totalidad de la superficie de Castilla-La Mancha, donde se contabilizan en conjunto 5.816 hectáreas. Aragón, con 41.368 hectáreas; Cataluña, con 29.632 y Extremadura, que suma 10.566 hectáreas, son las comunidades autónomas con más producto OMG, según el Marm.

En la Región se cultivaron, en 2010, 3.187 hectáreas, mientras que en 2009 fueron 3.417, siempre con Albacete como la provincia más importante en cuanto a superficie.

Para Ecologistas en Acción, las cifras del Ministerio se quedan cortas y, citando datos de Greenpeace, señalan que una de cada tres hectáreas de maíz en España y tres de cada cuatro en la provincia albaceteña son transgénicas.

A TENER EN CUENTA

5.000 hectáreas se han sembrado este año en Albacete de maíz transgénico, que representan, prácticamente, la totalidad de la superficie de Castilla-La Mancha, donde se contabilizan en conjunto 5.816 hectáreas.

3.187 hectáreas se cultivaron en 2010 en Castilla-La Mancha.

3.417 hectáreas se cultivaron en 2009 en Castilla-La Mancha

La organización agraria Asaja ha denunciado públicamente una nueva oleada de robos en las explotaciones agrarias de la región, por lo que piden un aumento de la vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según informaron ayer en un comunicado, la mayor incidencia de estos robos se está registrando en las zonas de La Mancha y La Manchuela con la sustracción del cobre del material de riego y los transformadores, provocando no sólo la pérdida económica que conllevan las instalaciones, sino también lo que supone la paralización de las labores en el campo. Desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), su secretario, Herminio Molina, recordaba que el pasado mes robaron en una sola noche el cobre de 15 pívots de riego y que por poner otro ejemplo, en La Herrera robaron la semana pasada 400 metros de cable de cobre de otro pívot. «Es un goteo continuo».

Por casos como estos, desde Asaja, piden que en el proceso de instrucción se tenga en cuenta no sólo el valor del material robado, sino también el daño producido, lo que elevaría sustancialmente la cuantía del robo y, en muchos casos, su calificación penal.

Penas más duras

Algo con lo que coinciden plenamente los regantes de la Jcrmo. «Hay que cambiar la legislación vigente. Se necesitan penas más duras. Cuando nos roban valoran lo que cuesta el cobre que han quitado de un pívot, que a lo mejor no supera los 300 euros, pero el volver a poner el pívot en marcha nos cuesta 7.000 euros. Si se tuviera en cuenta esa cantidad, estos delitos saldrían más caros. Porque ahora la Guardia Civil detiene gente que en ocasiones ya ha detenido anteriormente. La labor de las Fuerzas de Seguridad está funcionando. La Guardia Civil hace lo que puede».

Desde Asaja también consideran que el Plan Especial contra el Robo de Instalaciones Agrícolas y Ganaderas puesto en marcha en el mes de mayo y que duró hasta el comienzo de la temporada alta de verano, ha surtido efecto y se han detectado menos robos durante su vigencia.

Sin embargo, ante esta «nueva oleada» de robos , creen necesario volver a poner en práctica las medidas y que se intensifique de nuevo la vigilancia, incrementando los controles en las carreteras y los nudos de comunicación y presionando constantemente a los puntos de compra o receptación de productos y material de uso agrícola.

Asaja de Castilla-La Mancha ha ofrecido en diferentes ocasiones su colaboración a la delegación del Gobierno y está dispuesta a consensuar un plan de vigilancia y prevención que garantice medidas disuasorias que permitan minimizar este tipo de delitos.

Asimismo, reiteran su demanda de un endurecimiento del Código Penal, que no deje en libertad a los autores reincidentes de este tipo de delitos, por no considerarlos los suficientemente graves, pues de nada sirve el esfuerzo y dedicación de los Cuerpos de Seguridad del Estado en realizar las detenciones si luego los delincuentes quedan libres, a la espera de juicio, y pueden volver a delinquir en cualquier momento.

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj) presentará en las próximas semana un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Albacete, con el objetivo de cobrar la deuda contraída en relación a la utilización extraordinaria del agua del pantano de Alarcón entre 2005 y 2008, es decir, mientras duró la última sequía que ha padecido el sureste español.

Tal y como explicó a LAS PROVINCIAS el secretario general de los regantes, Juan Valero de Palma, en julio se remitió al equipo de gobierno que dirige la popular Carmen Bayod una reclamación administrativa, en la que se le exigía la cuantía adeudada, que asciende a 1.087.506 euros. Si en el plazo de tres meses no llega una respuesta positiva -es decir, a mediados de octubre-, recurrirán a la vía judicial a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El conflicto ya se prolonga en el tiempo, pues tiene sus orígenes en el convenio de Alarcón, firmado en 2001 entre Usuj y el Ministerio de Medio Ambiente. El acuerdo sirvió para ceder al Gobierno la gestión del embalse del mismo nombre, propiedad de los regantes del Júcar. De esta forma, otros usuarios más allá de estos pudieron aprovechar gratuitamente los recursos almacenados, entre ellos, el Ayuntamiento manchego.

Por su parte, la entidad consiguió una serie de contraprestaciones, como el compromiso de modernizar sus regadíos o la posibilidad de establecer en el pantano una curva de reserva en épocas de sequía a partir de la cual sólo podrían tomar agua los miembros de Usuj, haciendo valer los derechos históricos que se les concedieron durante la tramitación y construcción del embalse.

Sin embargo, el convenio incluía una cláusula necesaria para cumplir la legislación en materia hídrica, que dice claramente que los abastecimientos urbanos tienen prioridad en el uso del agua respecto a los regadíos. Así, los otros usuarios podían tomar los caudales necesarios para garantizar sus necesidades, aunque eso sí, debían pagar una indemnización. De esta forma se compensaba el gasto por la extracción de agua mediante pozos necesaria para equilibrar el volumen de traído.

Cuando en 2005 empezaron a notarse los efectos de la sequía, Albacete recurrió a esta excepción, una práctica que se prolongó en los años sucesivos. Sin embargo, todas las reclamaciones de pago formuladas por Usuj a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) cayeron en saco roto.

Valero de Palma destacó que desde la firma del convenio hasta la actualidad Albacete ha recibido del embalse 150 hectómetros cúbicos (hm3) para su abastecimiento. De este volumen, diez se tomaron cuando el nivel del pantano estaba por debajo de la reserva citada, que se sitúa entre 334 y 263 hm3 en función del mes, y por lo tanto, debían ser abonados.

Desde Usuj alegan que la vía negociadora ya se ha agotado. Tras las pasadas elecciones municipales, que propiciaron un cambio de Gobierno en Albacete, se pusieron en contacto con la nueva responsable de la Concejalía del Agua. «Nos encontramos con una actitud receptiva, y nos dijo que entendía la legitimidad de la reclamación, en lugar de recurrir a excusas absurdas», explicó el secretario general, refiriéndose al argumento esgrimido por el anterior responsable de la delegación, que defendía que Albacete «tenía derecho a confiscar el agua por el mero hecho de que un ayuntamiento goza de prioridad, lo que demostraba una ignorancia absoluta», en palabras de Valero de Palma. El secretario general recordó que el convenio de Alarcón ha sido beneficioso para Albacete, pues sin este acuerdo habría tenido que pagar por cada uno de los hectómetros cúbico que han tomado del pantano en la última década.

Pero la buena disposición de la reunión no se ha traducido en hechos, de ahí que los regantes hayan recurrido al contencioso. Además, no es la primera vez que el conflicto respecto al agua del Júcar pasa por los tribunales. En 2005, después de que la junta de gobierno de la CHJ aprobara la utilización de recursos de Alarcón por debajo del nivel de reserva, así como la contraprestación asociada en favor de Usuj, Albacete y los regantes de la Mancha Oriental recurrieron la resolución ante el TSJCV, que desestimó sus argumentos. Por ello, presentaron un recurso de casación ante el Supremo, que todavía no se ha pronunciado.

Hay que recordar que decenas de municipios que también se beneficiaron del volumen de Alarcón en época de sequía, entre ellos Valencia y Sagunto, sí han satisfecho la indemnización correspondiente

La consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, María Luisa Soriano, ha asegurado que “es el momento de tener un liderazgo claro y valiente en defensa de nuestros intereses, hay que tomar las riendas de una negociación, que hasta ahora, lamentablemente, no se han tomado”. Declaraciones de Soriano en el transcurso de su comparecencia en las Cortes regionales para informar sobre las negociaciones en curso de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2014-2020.

La titular de Agricultura ha asegurado sentirse “fuera de juego”, ante la actitud de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, quien “desde el pasado mes de marzo no ha vuelto a convocar a las comunidades autónomas para tratar el futuro de la PAC y analizar los avances, ni tampoco se ha atendido la solicitud de convocatoria de la Conferencia Sectorial tras la comunicación de la Comisión del 29 de junio sobre las perspectivas financieras 2014-2020”. Soriano ha echado en falta estos últimos años haber visto al Gobierno socialista acudir a luchar en el seno de la Conferencia Sectorial o en Bruselas, “porque en ello está, sin lugar a dudas, la madre del cordero”.

La consejera de Agricultura ha señalado también que el paro del sector agrario en Castilla La Mancha en los cuatro últimos años se ha triplicado. Aunque, ha añadido, “es todavía más preocupante el descenso de la tasa de relevo generacional por la falta de estímulos suficientes”.

Soriano ha asegurado que “si logramos incidir en la orientación de la PAC, tendremos la oportunidad de orientar sus apoyos hacia las necesidades de nuestros agricultores y enfocarlo hacia la producción de bienes agrícolas, podremos ayudar muy especialmente a nuestros jóvenes agricultores. Algo que para el Gobierno de María Dolores Cospedal “implica buscar un marco coherente que posibilite la viabilidad presente y futura de la actividad agrícola”.

En este sentido, ha dicho que es evidente que con la nueva Política Agraria Comunitaria “no podemos permitir perder ni un euro del montante de fondos para Castilla La Mancha. “Aunque desde luego, tendremos que asumir y valorar otros escenarios porque, lo cierto es que la falta de liderazgo en las negociaciones nos puede pasar factura”, ha señalado.

La consejera de Agricultura ha dejado muy claro que “no podemos permitirnos una actitud conformista o meramente defensiva. Queremos ser, por el contrario, proactivos y tomar las riendas de este asunto en el que tenemos tanto en juego”. “La vocación del nuevo gobierno de Castilla La Mancha es aspirar a ser protagonista en todos aquellos debates que nos afectan y, muy especialmente, en los debates que están empezando a fraguarse en relación con la nueva PAC”, ha apostillado.

Soriano ha concluido diciendo que “no es tarde” y que “aún podemos demostrar el orgullo que tenemos por la actividad agraria de nuestra región y podemos tomar las riendas de unas negociaciones cuyos resultados suponen que nuestros agricultores perciban ayudas que significan el 40 por ciento de la renta agraria de la región”.

El Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA) de la UJI lidera el proyecto financiado por Coca-Cola Foundation cuya primera fase, de un año de duración, consistirá en seleccionar las áreas piloto más adecuadas entre los acuíferos litorales de la Comunidad Valenciana, realizar estudios hidrogeológicos de detalle en las mismas, diseñar el sistema más apropiado para inyectar el agua tratada en depuradoras a los acuíferos, establecer los mecanismos de control y comprobar la eficacia a la hora de frenar la intrusión del agua del mar en el subsuelo.

La iniciativa responde a la puesta en práctica de las recomendaciones contenidas en el informe Methodological basis for Water Neutrality Projects. Case study: Colebega Plant (Valencia, Spain) realizado en 2010 por el IUPA a través de un convenio firmado entre la UJI, Coca-Cola España y Colebega S.L. El catedrático de Hidrogeología de la UJI Ignacio Morell, coordinador del proyecto, explica que a partir de las ocho propuestas para una mejor gestión del agua que incluía la memoria, desde Coca-Cola Foundation han apostado por llevar adelante el ambicioso proyecto Facing the seawater intrusion recharging coastal aquifers with regenerated waters. Water Recovery Project.

La reutilización de aguas residuales depuradas es una línea preferente de actuación para las diferentes Administraciones Públicas, según destaca Morell, lo que ha favorecido el apoyo al proyecto por parte de las mismas, unido a la posibilidad de dar una respuesta eficaz al importante problema que supone la salinización de las aguas subterráneas en las zonas costeras. La segunda fase del proyecto, que comenzará a finales de 2012 y tendrá una duración próxima a los dos años, incluirá la construcción de las instalaciones piloto necesarias para introducir las aguas regeneradas en los acuíferos y poder estudiar los efectos y resultados. Durante esta segunda fase también se diseñarán las instalaciones definitivas para llevar a cabo su construcción y puesta en marcha en una tercera fase.

Fuente: Ambientum