El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, destacó durante su intervención el carácter estratégico del regadío. Y anticipó que, por este motivo, la dotación de la futura Política Agrícola Comun (PAC) mantendrá un nivel muy similar a la de 2013 y que no deberían producirse grandes cambios en la estructura del primer y segundo pilar. Además, y ante las perspectivas negativas fruto del cambio climático, Puxeu adelantó que la futura PAC deberá contemplar su modernización y comprometerse con una adecuada gestión de dos recursos fundamentales y cada vez más escasos, como son el agua y el suelo.

Para lograr estos fines, el secretario de Estado incidió en la importancia del uso de las nuevas tecnologías de gestión del agua, que permiten a la vez un mayor ahorro de agua y una mayor eficiencia energética en un sector como el agrario, que sigue siendo el primer usuario de recursos hídricos en España, por encima del industrial o el agua para consumo humano, por ejemplo.

Regantes y expertos en derecho alertaron ayer del peligro que se cierne sobre el principio de la unidad de las cuencas hidrográficas, tras la reforma legal que atribuye competencias de policía de aguas a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Andalucía, abriendo la puerta al traspaso de más competencias. La jornada informativa de Riegos del Alto Aragón ‘El futuro del regadío en el Valle del Ebro‘, a la que asistieron 400 personas, fue un clamor a favor de mantener las confederaciones hidrográficas, garantes de esa unidad y un modelo copiado en Europa, creadas en 1926 (la del Ebro fue la primera en el mundo).

«El Ebro no tiene pasaporte y no se puede dividir en nueve trozos», advirtió el presidente de Riegos del Alto Aragón y de la Federación de Regantes del Ebro, para quien las consecuencias pueden ser «gravísimas». César Trillo aprovechó la presencia tanto del consejero de Agricultura como del secretario de Estado de Medio Rural y Agua para mostrarles su preocupación. Ya ha remitido cartas a los nueve presidentes de las comunidades atravesadas por el Ebro.

Según Trillo, ni PSOE ni PP han expresado claramente su oposición a la división de una gestión que puede resultar fatal cuando se trate de afrontar un desembalse o una sequía. Como ejemplo, citó que Aragón decidiría sobre el desembalse de Mequinenza cuando el 90% de los usuarios están en Cataluña. «En una avenida, que el Ebro tenga que estar gestionado por nueve comunidades puede ser un desastre», declaró. Su colega del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez, defendió que debe garantizarse «la igualdad de los usuarios» y dijo que ha sido una reforma «atropellada» contra la que están «todos los regantes en bloque».

Así, la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) ya ha anunciado que como medida de protesta no apoyará ningún plan hidrológico de cuenca. Su presidente, el andaluz Andrés del Campo, reprochó a las comunidades autónomas «su apetencia de poder». «Esto traslada la sensación de que el agua ya no es de todos sino del que la tiene más cerca», señaló, y valoró la gestión autonómica del Guadalquivir como «una mala experiencia».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Rafael Romeo, comprende la preocupación de los usuarios porque, a su juicio, la transferencia «va a dificultar enormemente la gestión del agua» y puede ser «fuente de conflicto». Recordó que fueron los regantes los que en su primer congreso nacional a principios del siglo XX pidieron un organismo de cuenca, ya que antes la política hidráulica estaba en manos de las provincias. «Es volver a la situación anterior de 1926», afirmó. Para hacer efectivo el decreto la comunidad debe pedir la transferencia y pactar unos límites con el Estado. Romeo confía en que el decreto «se aplique con sentido común» y la CHE pueda seguir manteniendo la labor de control y vigilancia.

En la jornada participó también el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Rioja, Antonio Fanlo, para quien la fragmentación de las cuencas es contraria a la Constitución. En su opinión, resulta «sorprendente» que fuerzas políticas de Aragón como el PAR digan que defienden la unidad pero quieran gestionar la reserva hidráulica y reclamen más competencias.

El Gobierno de Aragón, según el consejero de Agricultura, Federico García, no discute la unidad de cuenca, «otra cosa es la encomienda de una función puntual que pueda asumir una comunidad autónoma» de acuerdo con su Estatuto. En el mismo sentido, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, aclaró que la reforma legal no interfiere la unidad de cuenca, y justificó el decreto por la necesidad de cumplir con los tres Estatutos.

Por otra parte, Puxeu justificó el retraso del Plan Hidrológico del Ebro por el adelanto electoral. Según el Ministerio, lo más oportuno es que sea el nuevo gobierno el que saque a información pública el borrador, ya concluido.

La transferencia más importante recogida en la reforma del Estatuto andaluz, en palabras del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se enquista. La comisión mixta de transferencias Junta-Estado al final no se ha reunido esta semana para sancionar un nuevo encaje jurídico que permita a Andalucía gestionar el río y superar la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró nulo su traspaso. La Junta culpó de ello ayer al Gobierno, hacia el que mostró, como si fuera de otro signo político, «malestar» y «preocupación», por cuando el asunto no se ha podido cerrar en plazo: la encomienda de gestión transitoria de seis meses concedida por el Estado a Andalucía concluye hoy y lo más probable es que se prorrogue, tal como sugirió ayer el vicepresidente tercero, Manuel Chaves.

La razón de que no se haya podido cerrar el traspaso, según la Junta, que en los últimos días el Gobierno ha planteado «problemas jurídicos» de última hora que no había puesto sobre la mesa en los seis meses anteriores de negociación. Los peros, sin embargo, son mucho más complejos, vienen de más atrás y tienen que ver, además del difícil encaje legal, con una muy cuestionada gestión, por partidos políticos como el PP, ecologistas, y regantes de la Agencia Andaluza del Agua (AAA).

Fondos sin justificar

Otra cuestión es que Griñán haya optado por convertir esos peros en un problema político para distanciarse del Gobierno central a pocos meses de las elecciones andaluzas, en lo que también puede verse como una huida hacia adelante en un asunto en el que ha hecho bandera electoral y del que jurídicamente es muy difícil salir.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, negó ayer en una comparecencia extraordinaria que los problemas para culminar el traspaso del río sean económicos. Sin embargo, ahí está una de las patas del conflicto, ya que las pegas que está poniendo el Gobierno para cerrar un nuevo traspaso vienen del Ministerio de Economía y Hacienda. La razón es la gestión que ha hecho la AAA de los fondos aportados por el Ministerio cuando se traspasó el río. Esas cantidades debía emplearlas la Agencia para inversiones concretas. Sin embargo, la Junta se los ha gastado en otros capítulos y no los puede justificar.

Ante esta situación Economía se resiste a liberar el dinero que debe permitir a la Junta ejercer sus competencias sobre el río, algo que también hay que encajar jurídicamente y en lo que se trabaja desde hace meses.

Encaje constitucional

Esta cuestión es la que ha complicado unas negociaciones que estaban centradas también en la necesidad de hacer un encaje de bolillos jurídico que permitiera que la Junta se hiciera con la gestión del río sorteando el fallo del Constitucional. Moreno reconoció que las negociaciones estaban muy avanzadas en cuestiones como la Policía del Agua —gracias a la nueva Ley estatal de Agua—, pero encalladas en la gestión de autorizaciones y cánones, y de la gestión y explotación de algunos embalses. Otra vez el problema económico unido la dificultad legal derivada de que es la primera vez que el Estado acomete un traspaso como este. Moreno negó la mayor e insistió en que es sólo jurídico.

La importancia de cerrar un traspaso legalmente inapelable es otra de las razones para que ambas administraciones deban afinar mucho, por cuanto será inmediatamente recurrido por los regantes, que reclaman la aplicación del fallo del TC. Este complejo encaje constitucional complica, y mucho, la situación del presidente de la Junta, quien ha hecho bandera electoral del Guadalquivir y ahora no puede dar marcha atrás.

En este contexto de huida hacia adelante y de cercanía de las elecciones podría encuadrarse el movimiento de la Junta, que convocó una rueda de prensa poco después de que Chaves —enfrentado con Griñán por el control del PSOE-A— sugiriera la posibilidad de una prórroga de la encomienda de gestión, que permita seguir negociando y que se antoja ahora como la salida más lógica para ambas administraciones. La consejera de Presidencia salió entonces a expresar el «malestar» de la Junta con el Gobierno y mostrar el nuevo perfil reivindicativo del Ejecutivo de Griñán.

Pero lo único claro hasta ahora es que se ha agotado el plazo de la encomienda de gestión y el traspaso del río sigue pendiente. También que a la Junta no le ha quedado más remedio, por su cerrada defensa del traspaso, que convertir un problema de gestión en uno político con el Gobierno.

La consejera de Agricultura no se encomendó ayer a San Francisco de Asís, sino a los funcionarios de su departamento y de los servicios periféricos provinciales. «Gracias a la buena labor y eficacia del personal de la Consejería hemos procedido a pagar y liquidar ayudas que estaban pendientes algunas de ellas desde el año 2007», informó María Luisa Soriano en medio de la celebración del patrón de los veterinarios, biólogos, licenciados en medio ambiente e ingenieros de montes y forestales. La consejera explicó que esas subvenciones que llevaban un retraso de hasta cuatro años se correspondían con las ayudas ecológicas, a la remolacha o al forraje. «Estaban retenidas, no sabemos las causas, pero las hemos agilizado», explicó Soriano.
La consejera también habló de otras ayudas de años anteriores a 2011 que están pendientes de pagar. Son alrededor de 130 millones de euros que todavía no ha percibido el sector del campo de las conocidas como medidas cofinanciadas, es decir, las que se pagan entre la Unión Europea y la Junta. En este caso, Soriano sabe muy bien cuál es la razón de que no hayan llegado esas partidas y apunta directamente al antiguo Gobierno socialista. Según la consejera de Agricultura, Bruselas no ha liberado esa cantidad de dinero porque la Junta no llegó a pagar la parte que le correspondía y que se cifra en 19 millones. «Por el hecho de no haber aportado esa cantidad de dinero, los agricultores tienen todavía sin percibir esos 130 millones de euros», denunció.
Soriano habló de las ayudas del pasado que tiene que pagar en el presente, pero también de las ayudas del futuro que puede adelantar. Se trata del anticipo de las subvenciones del pago único de la Política Agrícola Común (PAC). Como Bruselas se lo ha tolerado, la Junta va a adelantar un 50% de lo permitido a partir del 15 de octubre. En total supondrá más de 310 millones de euros.
Desde que empezó la crisis, la UE ha permitido a las autonomías que hagan este tipo de anticipos, pero este año por primera vez también se permitirán dar adelantos de las conocidas como ‘ayudas acopladas’. Éstas son las que están relacionadas con las hectáreas que siembra el agricultor o con las cabezas que mantiene el ganadero. La consejera calcula que podrá repartir hasta 16 millones de anticipo de este tipo de ayudas.

Guerra y PAC.
Soriano aprovechó también la ocasión para apurar a la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino a que dé más guerra en Bruselas con la negociación de la nueva Política Agrícola Común (PAC). Y es que en estos momentos la Unión Europea debate qué presupuestos va a mantener para el campo y qué tipo de medidas puede incluir para controlar los precios de los productos agrarios.
La consejera teme que a España no le pueda ir muy bien con la actitud que está manteniendo la ministra Rosa Aguilar. «Nos hace falta un Gobierno que a nivel de España lidere esta defensa de la PAC y lo haga de forma contundente en beneficio de las regiones», reclamó.
La consejera recordó que la ministra no ha vuelto a reunir a las comunidades autónomas desde marzo para cerrar un documento consensuado entre todas las regiones. «Se lo hemos pedido a nivel individual y colectivo, se lo hemos pedido de forma oral y escrita», clamó Soriano.
Finalmente esa reunión tendrá lugar hoy, pero será de carácter informal. Según Soriano, la ministra tendría que haber convocado el órgano de la Conferencia Sectorial de Agricultura. Recordó que es el ámbito «donde se llega a consensos y se pueden tomar acuerdos».    

Los regantes valencianos están dispuestos a acudir a la vía judicial si el Ayuntamiento de Albacete no les paga, en el plazo establecido, el millón de euros que ellos aseguran tener derecho por el uso «extraordinario» de agua del pantano de Alarcón.
La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) remitió, el pasado mes de julio, una reclamación administrativa que recibió el equipo de gobierno presidido por Carmen Bayod. En ella se daba un plazo de tres meses para que el Consistorio albaceteño haga frente al pago de una cantidad superior a un millón de euros (1.087.506 euros) alegando que la capital albaceteña habría hecho una «utilización extraordinaria del agua del pantano de Alarcón entre los años 2005 y 2008».

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El trasvase Tajo-Segura podría sufrir recortes en cuanto a la cantidad de agua que desvía hacia el Levante si finalmente prospera la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros, el 26 de agosto. Las comunidades de Regantes de Levante Margen Derecha y Margen Izquierda lideran una iniciativa a la que se une la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), así como las cinco ONG ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio, WWF , SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Tanto regantes como ecologistas rechazan la modificación de la Ley de Aguas al considerar que «es anticonstitucional» al romper la unidad de las cuencas hidrográficas y porque presenta graves irregularidades formales. Por ello, exigen la retirada del Real Decreto Legislativo y un debate público sobre la política de aguas.
El decreto por el que se reforma la Ley de Aguas se resume en que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico, es decir, supone ceder a estas las competencias de control y vigilancia que, hasta ahora, en las cuencas intercomunitarias, corresponden a las Confederaciones Hidrográficas. A juicio de los ecologistas «se trata de un paso más del gobierno para desmantelar cualquier posibilidad de una política estatal de agua».
El presidente de los regantes de la margen derecha, Antonio Andújar, reclamó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en su visita a Los Montesinos que ponga en marcha todas las acciones necesarias para anular el decreto. Ayer el representante de riegos margen izquierda, Ángel Urbina, calificó de «perversidad» la modificación. «Los ríos pasan por naciones y no por comunidades; el decreto es una desmadre total, una trampa mortal y lo peor es que dejará el agua en manos de los políticos». Al respecto dijo que la modificación se aprobó con los votos del PSOE y la abstención del PP que «no se enteró de lo que iba el tema, y si se enteró, peor todavía».
Tanto los regantes como las ONG critican la precipitación con la que se ha llevado a cabo esta modificación, empleando un mecanismo, el Real Decreto, que la Constitución solo reserva para asuntos «de extraordinaria y urgente necesidad». Y estiman que se debe defender la competencia exclusiva del Estado en el Dominio Hidráulico. Ambos colectivos acudirán al Defensor del Pueblo para que lo recurra al Constitucional.

Jornada
Reseñar, por otro lado, que ayer tuvo lugar la jornada de campo «Trasvase Tajo-Segura» organizado por la Fundación Agua y Progreso y las universidades de Elche y Alicante. En ella el Catedrático de Análisis Económico de la UA, Joaquín Melgarejo, destacó los beneficios del trasvase del Tajo hacia las provincias que reciben el agua, asegurando que «se crean 110.000 empleos directos y 80.000 indirectos». Ello sin contar, con los beneficios del turismo, ya que, gracias al trasvase se abastece a los municipios, «la principal industria de nuestra provincia».

«Sin el trasvase esta no sería la cuarta provincia en PIB»

El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, advirtió ayer que «sin el agua del Trasvase Tajo-Segura, Alicante no sería la cuarta provincia de España en aportación al PIB nacional», y resaltó que los alicantinos necesitan que se mantenga esta infraestructura para poder seguir prosperando y creando riqueza. Según recordó Comos, el cierre de la canalización supondría «la quiebra» la agricultura en la provincia, ya que el 62% del sector depende del Tajo. Asimismo, el turístico, principal fuente de riqueza de la provincia y economía, también depende del trasvase Tajo-Segura, ya que los municipios abastecidos concentran el 20% de la oferta de alojamiento turístico reglado (32.000 plazas) y casi el 50% de la oferta de la segunda residencia; es decir, 283.053 viviendas de uso turístico.
En total, dependen de esta infraestructura 180.000 empleos directos, 70.000 de ellos en la provincia de Alicante, según un estudio de la Universidad de Alicante. «Empleos sin los cuales Alicante no podría seguir ocupando la cuarta posición en aportación al PIB nacional por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia».
En la jornada de ayer participaron más de 140 estudiantes, entre alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural de la UPV, y estudiantes de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como del Campus de Orihuela.

Los sindicatos CCOO y UGT reclaman un debate sobre las competencias y el ejercicio de las facultades asociadas a la gestión del agua entre las distintas Administraciones que sea «sosegado, riguroso técnica y jurídicamente, democrático y participativo», al considerar «improvisada e inoportuna» la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas.

   Así, critican la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobada por el Gobierno vía Real Decreto-Ley y que ha sido recientemente ratificada en el Parlamento.

   A su juicio, con esta modificación se transfieren las competencias de la gestión de concesiones de agua y de policía del dominio público hidráulico a aquellas comunidades que lo han incorporado en sus estatutos de autonomía. En ese sentido, critican que recurrir al mecanismo Real Decreto-Ley para aprobar una modificación legislativa «sólo se justifica por razones de urgencia y excepcionalidad, circunstancias que no se justifican ni motivan en este caso».

   Además, ambas organizaciones sindicales opinan que la gestión del agua en España ha sido y es causa de «numerosos» conflictos sociales, económicos, ambientales y políticos. Por ello, subrayan que abordar los desafíos que entraña la gestión sostenible de los recursos hídricos en la sociedad del siglo XXI exige la modernización y reforma de la actual administración del agua, adecuar los organismos, gestores y estructuras que la conforman al actual marco constitucional y pluri-competencial en materia de aguas.

   Asimismo, denuncian que la modificación introducida «ha hurtado el preceptivo y necesario debate social y político» respecto a su contenido, objeto y oportunidad en los órganos consultivos establecidos a tal efecto, tanto el Consejo Nacional del Agua como el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

   «Con esta modificación legislativa, lejos de contribuir a mejorar la gestión eficaz de los recursos hídricos, se añade conflictividad en un aspecto muy relevante de la gestión sostenible del agua: la distribución de competencias entre las distintas Administraciones públicas», insisten CCOO y UGT en un comunicado conjunto.

   Finalmente, exponen que, en su opinión, la cuenca hidrográfica es el ámbito para la gestión integral, sostenible, democrática y participativa, por lo que la concurrencia de distintas Administraciones públicas «exige» un sistema de distribución de competencias y una coordinación estable y eficaz de las distintas autoridades competentes para asegurar una adecuada gestión del dominio público hidráulico.

Un amplio elenco de organizaciones ambientales, profesionales, científicas y entidades de diferentes sectores firman una declaración conjunta para rechazar la reciente modificación de la Ley de Aguas. Con este escrito solicitan que el Estado vuelva a controlar el Dominio Público Hidráulico de los ríos que recorren las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña. También rechazan la supuesta urgencia y la nula participación pública en su tramitación.

Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 03/10/2011, 13:17 h | (28) veces leída

Un importante grupo de colectivos profesionales, ambientales, científicos y de diferentes ámbitos se unen para rechazar la modificación de la Ley de Aguas. Todos ellos consideran que el control y vigilancia del agua son una herramienta fundamental para asegurar la buena gestión de este recurso cuando los ríos atraviesan varias comunidades autónomas.

Por ello, exigen el cambio del texto refundido por la Ley de Aguas aprobado por el Gobierno el pasado 26 de agosto, ya que transfiere el control del Dominio Público Hidráulico a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña. Cabe recordar que las tres solicitaron en sus Estatutos de Autonomía las competencias de vigilancia y gestión de las concesiones de agua.

Los firmantes coinciden en rechazar que la reforma se ha llevado a cabo mediante un trámite de “excepcional y urgente necesidad” insuficientemente justificado y sin consultar ni al Consejo Nacional de Agua ni al Consejo Asesor de Medio Ambiente, como exige la legislación sobre aguas.

Esta modificación de la Ley de Aguas supone un ataque tan grave a la gestión del agua por unidad  cuenca hidrográfica, que ha propiciado que grupos con intereses en muchos casos contrapuestos se unan para resaltar la puesta en peligro de los principios modernos en la gestión del agua imperantes en la UE. Estos grupos también lamentan que España, a pesar de ser un país pionero en este tipo de gestión por cuencas, esté cediendo a las presiones de las CCAA. El resultado es que un río que transcurre por Andalucía, Aragón o Cataluña es gestionado, parcialmente, por esta comunidad y, parcialmente, por el Estado, con la complejidad que esto supone.

Las organizaciones firmantes recuerdan que sólo una gestión del agua por cuencas hidrográficas, y no por límites administrativos, garantiza que todas las demandas y funciones ambientales de los ríos, como el aporte de agua y la depuración, se puedan cumplir y que la gestión del agua quede a salvo de determinados intereses particulares desde sectores locales.

Esta declaración se enviará al Defensor del Pueblo para darle a conocer el amplio rechazo de la sociedad a esta iniciativa que pone en peligro la unidad de gestión por cuencas hidrográficas que exige la Directiva Marco del Agua.

Notas al editor:

Se adjunta la declaración en PDF y los nombres de los colectivos y asociaciones que lo apoyan.

Listado de firmantes de la declaración:

1. ADECAGUA (Asociación de Empresas de Calidad del Agua)
2. AEMS-Rios Con Vida
3. AIL (Asociación Ibérica de Limnología (ecología de las aguas continentales))
4. ASAJA (Asociación de Jóvenes Agricultores)
5. CIREF (Centro Ibérico de Restauración Fluvial)
6. Colegio Oficial de Geólogos de España
7. FENACORE (Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España)
8. FEEREBRO (Federacion de Comunidades de Regantes del Ebro)
9. FERAGUA (Federación de Comunidades de Regantes del Guadalquivir)
10. Greencross España
11. SEPREM (Sociedad Española de Presas y Embalses)
12. SEO/BirdLife (Sociedad Españolo de Ornitología)
13. WWF

 oct (EFE).- El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se ha dirigido al Defensor del Pueblo pidiéndole que presente recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley 12/2011, en virtud del cual las CCAA podrán asumir las funciones de policía de aguas en sus respectivos territorios.

En un comunicado, este órgano colegial recuerda que siempre han defendido la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas como un principio básico para la utilización sostenible de los recursos hídricos, que «como tal se establece en la Constitución Española, la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea».

A juicio de la misma fuente, esta fragmentación de las cuencas de competencia estatal supone que cada Comunidad será responsable de la inspección, control y vigilancia de sus tramos de ríos y de la parte de sus acuíferos, que tanto unos como otros se extienden por otras Comunidades que, a su vez, serán responsables de los mismos en su territorio, así como de los embalses y otros aprovechamientos que no sean de titularidad estatal.

En estas condiciones, añade el Colegio, resulta obvia la dificultad de gestionar de forma integrada los recursos hídricos y las infraestructuras aún en situaciones de normalidad, pero «mucho más preocupante» es la gestión de situaciones de sequía, inundación o contaminación, en las que la dispersión de competencias, controles y vigilancia «es prácticamente incompatible con la seguridad de la población y la prevención de daños catastróficos».

De forma evidente, «no han concurrido además en la aprobación del Real Decreto Ley 12/2011 las circunstancias inexcusables de extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución Española, lo que, entre otras cosas, ha impedido el informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua».

El Colegio de Caminos reitera la necesidad y urgencia de llevar a cabo una reforma de la Ley de Aguas que asegure la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas mediante la adecuada armonización de las competencias estatales y autonómicas.

El órgano colegial expresa por último su convicción de que ello requiere un gran esfuerzo de diálogo entre todas las Administraciones, grupos políticos y órganos de participación, con el fin de alcanzar el máximo acuerdo posible en materia tan compleja.EFE