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Los usuarios del río volverán a reclamar la deuda tras las elecciones después de que los tribunales les hayan dado la razón

28.01.11 – 00:25 –

J. BATISTA | VALENCIA.

En 2001, Usuj y el Ministerio de Medio Ambiente firmaron el convenio de Alarcón, mediante el cual se reconoció la propiedad de la infraestructura, si bien permitió ceder su explotación al Ministerio. Eso sí, los regantes consiguieron que se estableciera una reserva destinada a los 50.000 usuarios pertenecientes a los riegos tradicionales del Júcar, un reconocimiento a la labor de Usuj en la construcción del pantano.

El convenio permite detraer agua más allá de la citada reserva si se destina a otros usos prioritarios, como el abastecimiento urbano. Eso sí, se puede hacer siempre que se expropien temporalmente los derechos de los regantes, para lo que es necesario pagar la correspondiente indemnización.

Ayuntamientos como Valencia o Puerto de Sagunto tomaron la misma medida que Albacete, con la diferencia de que los Consistorios valencianos sí que pagaron la contraprestación a los regantes.

Las citadas fuentes explicaron que el municipio manchego escudó su impago en el derecho preferente de los abastecimientos urbanos, tal y como argumentaron los representantes del municipio en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Fue una justificación insuficiente para los regantes, que presentaron un recurso ante la justicia ordinaria, que les dio la razón. De momento, Albacete está a la espera de que se resuelva el recurso de casación que presentó contra la sentencia favorable a los regantes, por lo que el impago está pendiente de resolución en el Supremo.

El encuentro de ayer, en el que participaron tanto el secretario general, Juan Valero de Palma, como el presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, José Fortea, sirvió para conocer el siguiente paso que dará la asociación de usuarios, que esperará a que pasen las elecciones municipales de mayo para reclamar al nuevo equipo de gobierno el pago de la indemnización.

Cambiar el estatuto

Además, los regantes han planteado al Gobierno valenciano y a los partidos políticos una modificación del Estatuto de Autonomía en el artículo que hace referencia a que la Generalitat tienen competencias exclusivas en las cuencas intracomunitarias (las que están íntegramente dentro de la geografía valenciana). En la actualidad, su gestión está encomendada a la CHJ, y de hecho, el Gobierno valenciano nunca ha mostrado intención de explotarlas, pues además, suelen ser pobres en recursos.

La necesidad del cambio radica en que si hay traspaso en la gestión, las cuencas del Alacantí, Marina Baja, Marina Alta y Serpis saldrían de la Confederación, lo que reduciría el peso poblacional de la Comunitat a la hora de conseguir representación en los órganos de gobierno de la CHJ. A juicio de Valero de Palma, «gran parte de la Comunitat depende del Júcar, por lo que es necesario mantener el actual peso en la Confederación».

Además, renunciar a la gestión de estos ríos desbloquearía la redacción del futuro plan de cuenca, que no avanza debido a que está pendiente la resolución del problema. De hecho, la Comisión Europea amenazó ayer con llevar a España ante los tribunales si no da una justificación satisfactoria del retraso de casi todos los planes de cuenca del país, entre ellos, el del Júcar.

Usuj también pidió que se finalice la modernización de regadíos prometida en el convenio de Alarcón (falta el 60% de las obras, que dependen del Gobierno y del Consell), y rechazó la idea planteada por los regantes alicantinos de acometer una nueva toma de agua en Antella para el trasvase Júcar-Vinalopó, así como un posible uso de los caudales para abastecimientos.

En 2005, en plena época de sequía, el Ayuntamiento de Albacete tomó, a través del pantano de Alarcón, más agua del Júcar de la que le correspondía, con el objetivo de evitar problemas de suministro a la población. Hasta este punto, el Consistorio castellanomanchego actuó dentro de la legalidad. Incluso recurrió a esta medida en los años sucesivos, concretamente en 2006 y 2007. Pero a día de hoy, la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj), propietaria del pantano de Alarcón y responsable del riego de 40.000 hectáreas de cultivo, no ha visto ni un euro procedente de la indemnización que la administración manchega debe abonar por la derivación del caudal. Y la deuda, en la actualidad, asciende a un millón de euros, tal y como explicaron ayer los responsables de la entidad valenciana.

Los ecologistas rechazan radicalmente el proyecto de abastecimiento de agua a la comarca de La Manchuela, en el sur de Cuenca y norte de Albacete, con aguas del embalse de El Picazo.

Cipriano Escribano, de Ecologistas en Acción, y Gregorio López Sanz, de la Asociación por la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela, explicaron que es una obra mal planificada, que no responde a necesidades reales, que sólo favorece intereses de grandes empresas privadas y que, de llevarse a cabo, tendrá un fuerte impacto negativo en la economía de los vecinos de los pueblos que reciban el agua.

Gregorio López dijo que estas organizaciones presentaron alegaciones al proyecto, que fueron rechazadas, mientras se admitían, por ejemplo, las de Iberdrola. Indicó que es un proyecto «sin pies ni cabeza» que sólo quieren el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta regional, pero que ha sido rechazado incluso por asociaciones comarcales de municipios.

Comentaron que la única respuesta oficial que han conseguido sobre la factura a pagar por los consumidores es que serán «costes similares a los del sureste español».

Aseguraron que en ningún momento se ha explicado lo que va a costar a los ciudadanos esta obra y la posterior gestión del sistema, y que éstos «quedarán en mano de estas grandes empresas que fijarán los precios».

Otras soluciones

Gregorio López afirmó que los municipios de la comarca tienen cantidad suficiente de agua y calidades aceptables, y que si en algún caso hubiera que resolver algún problema concreto, «hay otras soluciones mucho menos costosas, sistemas que hacen innecesaria una gran infraestructura de este tipo, que sólo obedece a los intereses de grandes grupos de presión». Tanto Sanz como Escribano insistieron en que «la cuestión es que no se quiere abordar el fondo del problema, el sistema de explotación agraria que provoca situaciones de sobreexplotación y de contaminación de acuíferos; sobre las medidas para solucionarlo, el proyecto no dice nada».

Señalaron la contradicción que supone proyectar ampliación de regadíos y negando que haya recursos para el abastecimiento, que apenas supone un 10% del consumo, y se opte por llevar el agua a través de cientos de kilómetros de tuberías. Escribano señaló que basar el abastecimiento en un embalse como el de Alarcón (de donde llega el agua a El Picazo), que queda seco en tiempos de sequía y con hipotecas como el plan de sustitución de bombeos, es montar un sistema vulnerable y con una inversión tan enorme como innecesaria.

Compararon la obra con depuradoras que se están haciendo en la provincia y que provocan serios problemas de mantenimiento y gestión a los ayuntamientos.

Los agricultores del Vinalopó han expresado su rotunda negativa a regar sus campos con las primeras aguas trasvasadas desde el Júcar hasta el embalse de San Diego. Una infraestructura ubicada entre los municipios de Villena y Fuente la Higuera, con capacidad para abastecer 10.000 hectáreas de cultivo y que supone el punto final del trasvase del Júcar-Vinalopó.
Los primeros tres hectómetros cúbicos almacenados de los 20 millones de metros cúbicos de agua que puede llegar a acoger la impresionante balsa han sido enviados para realizar las pruebas de carga y comenzaron a ser impulsados a mediados de 2010 desde el Azud de la Marquesa, en el curso bajo del Júcar a su paso por la localidad valenciana de Cullera. Pero los agricultores del Vinalopó ya han advertido que no regarán sus tierras con ese primer caudal porque su índice de contaminación hace que su uso sea completamente inviable.
Desde la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja su presidente, Andrés Martínez, ha indicado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que las aguas del Júcar que han llegado a la provincia de Alicante contienen bacterias coliformes fecales y restos de productos fitosanitarios. «Y no lo digo yo, lo dicen los informes de las analíticas realizadas por la propia Confederación Hidrográfica del Júcar» puntualizaba ayer el responsable de la entidad destacando, además, que «con esas mismas aguas tampoco riegan sus campos ningún agricultor valenciano porque su composición incumple todos los parámetros sanitarios».
Andrés Martínez también ha expresado la preocupación de la Junta Central «porque en estos tiempos de crisis en los que estamos inmersos se está haciendo un enorme gasto por parte del Gobierno central -320 millones de euros de inversión- para traernos un agua que, por su mala calidad, no va a consumir nadie si no recibe tratamiento de forma previa». En este sentido ha señalado que los tres hectómetros cúbicos que ya se encuentran almacenados en el embalse van a perderse sin ofrecer ningún beneficio. «En el Vinalopó -reitera el presidente- necesitamos agua de calidad apta para el abastecimiento agrícola, industrial y urbano, y para eso la toma del agua del Júcar debe situarse en el Azud de Antella o, en caso contrario, el Ministerio debería construir una planta de tratamiento para depurar los caudales contaminados de la actual toma del Azud de la Marquesa».

Dimensiones extraordinarias
La balsa de San Diego tiene tal magnitud que fue clasificada como Presa de Categoría A por la dirección general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente. Su perímetro supera los cuatro kilómetros de longitud; presenta una altura máxima de 35,2 metros al pie del talud y de 38,5 metros sobre el eje de los cimientos; el ancho de coronación tiene 7,5 metros y el ancho de base del talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros.
El agua almacenada, en su cota máxima, tendrá 22 metros de profundidad, el equivalente a la altura de un edificio de siete plantas. El vaso de la balsa tiene una superficie de 800.000 metros cuadrados, la misma superficie que 80 campos de fútbol, y cuando la lámina de agua alcance su cota máxima esa superficie equivaldrá a 115 campos de fútbol, esto es, 1.150.000 metros cuadrados. Y, según se informa desde la sociedad estatal Aguas del Júcar, en épocas de bonanza hídrica San Diego podrá llenarse hasta cuatro veces al año.

La Red por la Nueva Cultura del Agua en el Júcar, constituida el pasado fin de semana en Valencia, ha denunciado la falta de voluntad política para «recuperar y proteger nuestros ríos, acuíferos, fuentes, manantiales y humedales». En este contexto inscriben «el estancamiento del nuevo Plan Hidrológico del Júcar», del que dicen que lleva ya «tres años de retraso».
Un total de 15 organizaciones de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón, han suscrito un manifiesto en el que denuncian que la Demarcación Hidrográfica del Júcar lleva tres años en la elaboración del plan hidrológico de Cuenca. «El proceso de planificación se encuentra paralizado «de facto» a la vez que el deterioro ambiental avanza a marchas forzadas».
El manifiesto, del que son responsables organizaciones como WWF Valencia; SEO/Birdlife; Ecologistas en Acción de Teruel, Albacete y País Valencià; diversas asociaciones de la Manchuela Conquense; Acció Ecologista-Agró, CC OO PV; Intersindical Valenciana y de Castilla-La Mancha, Xúquer Viu y Fundación Nueva Cultura del Agua, subraya que la paralización del plan genera agresiones al Júcar derivadas, entre otras, de la ausencia de un régimen de caudal ecológico, contaminación y depósito de sedimentos; deterioro acusado de los acuíferos, tanto cuantitativo como en calidad de las aguas y riesgos en el abastecimiento a la población agravado por el aumento desmesurado de las demandas.
Los colectivos exigen un nuevo plan que dé cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, establecimiento de caudales ecológicos, declaración de acuíferos sobreexplotados para el Vinalopó y la Mancha Oriental, revisión de derechos concesionales, más participación ciudadana y gestión pública del agua.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, confía en que el Partido Popular apoye en las Cortes regionales la Ley del Agua, y defienda con este apoyo a Castilla-La Mancha.

   A preguntas de los medios durante la inauguración de una escuela infantil en Cabanillas del Campo (Guadalajara), Barreda ha indicado que esta ley no sería «necesaria si el PP y Cospedal hubieran sido coherentes y hubieran apoyado la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha».

   «Espero que en este caso apoye a Castilla-La Mancha», ha dicho el titular del Ejecutivo regional, quien ha añadido que el problema es que Cospedal «se dedica a tiempo parcial a la región y no acaba de comprender cuales son nuestras necesidades y problemas, ni acaba de conocer y compartir las soluciones. Y eso es un problema», ha apostillado.

   En este sentido, Barreda ha puesto como ejemplo a Murcia y la Comunidad Valenciana, donde el tema del agua no es una cuestión ideológica sino territorial y «todos han estado de acuerdo apoyando al Gobierno de Murcia y Valencia».

   «A mí me hubiera gustado que la oposición de Castilla-La Mancha nos hubiera apoyado en los temas del agua», ha asegurado el presidente regional.

   Según Barreda, el motivo por el que la líder regional del PP mantiene esta actitud «es del doble gorro» que tiene Cospedal, que comparte las tareas de secretaria general y presidenta del PP en Castilla-La Mancha, algo que a su juicio la «lleva a plegarse a las servidumbre de Valcárcel y Camps en algunos momentos».

El Partido Popular de Balazote ha denunciado que en los últimos meses se vienen cometiendo robos frecuentes en domicilios particulares de Balazote, y en naves del polígono agroindustrial. En nota de prensa, el PP de Balazote asegura que en el último año se han presentado denuncias por una veintena de delitos cometidos en este municipio, y «últimamente está aumentando la frecuencia de los mismos y se han producido más casos que los vecinos afectados no han denunciado». Explica que la mayoría de estos delitos contra el patrimonio se están produciendo durante la noche, y es que, además, «desde hace unos meses el pueblo se queda sin vigilancia y control de la Guardia Civil, ya que la patrulla del puesto de Balazote es enviada a prestar servicios al extrarradio de la ciudad de Albacete, al polígono Romica, y a otros pueblos como Aguas Nuevas, Pozo Cañada, etc., sobre todo a vigilar para evitar los robos de cobre que se producen en las fincas agrícolas».

Servicios de vigilancia

Ante la preocupación por la inseguridad que dice el PP que sienten muchos vecinos, desde el grupo municipal popular de Balazote se considera necesario que los efectivos del puesto de la Guardia Civil de Balazote presten su servicio en la demarcación que tienen asignada, y que incluye los municipios de Balazote y La Herrera, durante las veinticuatro horas del día.

Por otro lado «también queremos manifestar que la mayoría de los robos se están cometiendo en zonas de Balazote que presentan una deficiente iluminación, y que en varias ocasiones desde el Partido Popular hemos hecho propuestas para que se mejore la iluminación en esta zona, pero el equipo de gobierno socialista no las ha aprobado».

Desde el grupo municipal del Partido Popular se anuncia que presentará una moción en el Ayuntamiento de Balazote, y que va a elevar estas reivindicaciones a la Comandancia de la Guardia Civil y a la Subdelegación del Gobierno de Albacete, «con la esperanza de que sean tenidas en cuenta, y que haya más seguridad para nuestros vecinos».

http://www.laverdad.es/albacete/v/20110126/albacete/entre-euros-anuales-perderemos-20110126.html

Julián ya ha hecho sus cábalas, pero las cuentas en este caso no le cuadran o, al menos, no como a él ni a cuantos han invertido en la producción fotovoltaica, les gustaría. En un huerto medio la merma anual que conllevará la reducción de horas de producción retribuidas oscilará, dependiendo del tipo de paneles, entre los 18.000 y los 20.000 euros anuales.

A ello se suma que ese mismo huerto medio tiene unos gastos anuales de en torno a los 60.000 o 65.000 euros, añade. Y es que, según indica, lejos de lo que muchos de los que les acusan éste negocio no es el de la gallina de los huevos de oro «lo que se obtiene es una rentabilidad del 3%».

«Antes te robaban a punta de pistola, ahora lo hacen a través del BOE», denuncia Herminio quien se queja de la falta de coherencia que está demostrando el Ejecutivo central en su política energética desdiciendo a golpe de decreto, lo que antes el mismo Gobierno reguló.

Pero su queja no va sólo hacia el Ejecutivo central. Tanto él como Julián echan de menos el posicionamiento del Gobierno regional o de los representantes de los principales partidos políticos.

¿Dónde están ahora aquellos a los que se les llenaba la boca defendiendo la primacía de la Región en el sector de las energías renovables?, se preguntan. Lamentan que esos mismos ahora no se posicionen y no defiendan a los que impulsaron con sus iniciativas este tipo de energías renovables.

Ni Herminio ni Julián confían mucho en que el Gobierno recapacite para evitar el mal que producirán a estos productores. Aunque reconocen que no todo en el real decreto de la discordia es malo. Lo cortés no quita lo valiente, y ambos aplauden el hecho de que el decreto ponga coto al fraude que se ha podido producir en el sector. Eso sí, advierten, que ese fraude no ha sido masivo tal y como ahora se vende desde algunos ámbitos.

Lo único que quieren, eso sí, es poder seguir con sus huertos solares y sin temor a que cambien las reglas del juego sin previo aviso.

http://www.laverdad.es/albacete/v/20110126/albacete/productores-fotovoltaicos-podrian-perder-20110126.html

La AEF estima que la reducción del 30% de horas de producción propuesta supondrá una merma de ingresos en la Región superior a los 533 millones hasta 2013

26.01.11 – 02:56 –

MERCEDES SÁNCHEZ | ALBACETE.

LOS DATOS

24%

es el porcentaje que representa el sector fotovoltaico regional dentro del mapa nacional con una potencia instalada de 849 megawatios.

10.916

es la estimación del número de instalaciones existentes en la Región, según AEF.

18.000

entre 18.000 y 20.000 euros anualmente estiman que podrían perder en un huerto medio si el real decreto se ratifica.

FRANCISCO BELMONTE SOCIO CONSULTORÍA ENERGÉTICA

«Muchas familias tendrán que refinanciar sus créditos y en algunos casos serán los bancos los que se acaben quedando con los proyectos»

Con más de 270 megawatios de potencia instalada, en Albacete muchos de los afectados son agricultores

Se introdujeron en el negocio de la energía fotovoltaica para completar los rendimientos de su trabajo en un sector, el agrícola, sobre el que siempre pende la espada de Damocles, en forma de crisis permanente. Buscaban diversificar riesgos, describe Manuel. Hicieron fuertes inversiones iniciales y pidieron créditos a las oficinas bancarias a pagar en muchos casos en un tiempo no inferior a una década.

La mayoría se embarcaron en la implantación de pequeños huertos solares en sus fincas agrícolas pensando que de cara a un futuro podrían suponer un buen complemento para una jubilación, la de los agricultores, que en la mayoría de los casos no suele ser muy alta.

Jesús no entiende a día de hoy lo que ha sucedido y como un negocio que tenía la «garantía del Estado» puede ahora suponer un riesgo para su economía y para lo que ha construido con el esfuerzo de toda una vida. Como él, Manuel, Herminio y Julián, son otros de los agricultores que, si nada lo remedia y el Gobierno ratifica el real decreto que publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en vísperas de Nochebuena, se verán afectados por un cambio normativo que puede suponer pérdidas económicas cuantiosas.

El real decreto en cuestión reduce con carácter retroactivo un 30% las horas de producción retribuidas con una determinada tarifa desde 2011 a 2013, es decir cambia, sin previo aviso, las reglas del juego que en su momento fijó el Ejecutivo.

Las consecuencias

Y, ¿qué supondrá esa disminución de prácticamente un tercio de horas de producción? La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) ha echado cuentas, en base a las propias estimaciones del Ministerio de Industria, y cifra en 178 millones de euros la merma anual que tendrán que soportar las instalaciones fotovoltaicas instaladas en la Región.

En todo el periodo que incluye el real decreto, es decir entre 2011 y 2013, la reducción de ingresos a la que tendrían que hacer frente ascendería a unos 533 millones de euros aproximadamente, señalan desde la AEF.

Y aunque el real decreto no establece distinciones advierten que podría perjudicar a unas regiones más que a otras. ¿Por qué? «Porque el real decreto aplica a todas las instalaciones el mismo límite de horas, con independencia de su ubicación, y por tanto, de sus horas medias anuales de radiación. Por ejemplo, el mismo límite aplica para una instalación ubicada en Asturias que para otra ubicada en Albacete, aún cuando Asturias pude tener 450 horas anuales de menor radiación sobre las que tiene Albacete», explican.

Y, ¿eso qué significa? Que la repercusión que este real decreto puede tener en Albacete y la Región posiblemente será mayor que en otras comunidades autónomas. «En términos porcentuales la aplicación de esta medida puede suponer para las instalaciones fotovoltaicas castellano-manchegas una merma de entre el 40 y el 46%», indican desde la Asociación Empresarial Fotovoltaica.

Primera potencia

Castilla-La Mancha, y dentro de ella Albacete, es la primera comunidad en potencia fotovoltaica instalada con 849 megawatios, lo que supone 24% del total del país. La AEF cifra en 10.916 las instalaciones fotovoltaicas existentes en la Región, con una inversión total de 5.635 millones de euros.

A finales de 2010 la provincia de Albacete, según los datos facilitados por la Delegación de la Junta, contaba con 270 megawatios de potencia instalada. Así la provincia aglutinaría más del 30% de la potencia instalada en el conjunto de la Comunidad.

De la importancia de la energía fotovoltaica en la provincia de Albacete da fe Francisco Belmonte, socio de la consultora energética Dyn Energía que asesora, realiza todos los trámites de constitución y el montaje de este tipo de proyectos.

Belmonte conoce a la perfección el real decreto que aguó a más de uno la Nochebuena. Un real decreto que es, tal y como subraya, es el segundo que se publica en el Boletín Oficial del Estado en apenas un año y medio. A estos dos decretos hay que sumar varios más en otro periodo de tiempo similar con anterioridad. Algo que da fe de la incertidumbre legal a la que se enfrenta este sector, tal y como recalca Belmonte. Y es que los que se embarcaron en este negocio no saben bien cuál será su futuro y los que estaban pensando hacerlo, ahora no se atreven.

Algo que Belmonte ve más que lógico. Un proyecto de estas características suele tener una vida útil de unos 30 años y un coste que en el caso de uno de un megawatio de potencia hace tres años, cuando se instalaron gran parte de los existentes, rondaba los 5,5 millones de euros. «Durante los primeros años tal vez el proyecto no dé ningún tipo de liquidez», apunta Belmonte, recordando que es además en esos primeros tiempos cuando se hace la inversión inicial.

Pero lógicamente para poder hacer frente al coste de estos proyectos, que en dos de cada tres casos están impulsados por pequeños inversores entre los que se encuentran muchos agricultores, hay que recurrir a la financiación de los bancos.

Aquellos que, amparados por la política energética del Gobierno que estableció determinadas primas para una determinada producción, se embarcaron en esta aventura lo hicieron, cuenta Belmonte, evaluando los riesgos que podían correr y cómo hacer frente al pago de los créditos solicitados.

La merma ahora de un 30% de las horas de producción retribuidas supondría una merma de un 30% en sus ingresos y por tanto en la inmensa mayoría de los casos obligarán a estos pequeños promotores a renegociar sus créditos y su financiación. Eso en un momento difícil para negociar con el sector financiero.

Belmonte como otros augura ya que esto llevará a que en no pocos casos los propietarios no puedan hacer frente a esas nuevas condiciones crediticias o a que no haya margen de negociación con la entidad bancaria. ¿Consecuencia? «Muchos proyectos fotovoltaicos, como antes los inmobilarios, acabarán en manos de bancos y cajas», augura el consultor energético albaceteño.

Algo que también se temen Jesús, Herminio, Manuel y Julián. Manuel, junto a otros socios, tiene un huerto solar de medio megawatio de potencia en La Gineta. «El decreto prácticamente va a ser nuestra ruina», se queja asegurando que si la norma no se retira, tal y como están reclamando organizaciones nacionales del sector como AEF, ASIF o APPA, en su caso posiblemente tenga que sacar el dinero necesario de lo que vaya obteniendo de su labor agrícola.

Para poner en marcha su parte del huerto, Manuel llegó a hipotecar su finca agrícola con lo que ello le podría suponer ahora. Además sigue pagando a la entidad bancaria que le financió la obra «unos intereses leoninos».

Para Jesús está más que claro lo que ha sucedido. «Creo que nos han engañado porque nos dijeron una cosa y es otra», se lamenta este agricultor que apostó por la fotovoltaica, junto a sus hermanos, para mejorar su jubilación.

El real decreto, dice, sólo deja dos vías posibles para personas como él. «Ahora no tendremos más remedio que renegociar con el banco o que nos embarguen», cuenta airado recordando que él invirtió en base a sus posibilidades y al escenario que el Gobierno dibujaba en aquel momento apostando por este sector.

Las asociaciones fotovoltaicas del país calculan que como ellos en toda España el real decreto afectará a más de 200.000 personas. Muchas de ellas, en la provincia.

 La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, ha asegurado que el Gobierno regional no tiene «nada que temer» ante una posible reacción de Murcia y Valencia por la nueva Ley del Agua que se tramitará en las Cortes regionales, ya que, ha dicho, esta normativa «no busca atacar a nadie» sino defender los intereses de Castilla-La Mancha.

   Así lo ha expresado la vicepresidenta en rueda de prensa a preguntas de los medios, donde ha destacado que «cualquiera puede y debe entender» que la «primera obligación» del Gobierno regional es garantizar que las necesidades de la región quedan cubiertas y que las posibilidades de desarrollo no quedan «limitadas» por falta de un recurso como el agua, «en el que tenemos mucho que decir».

   En ese sentido, ha explicado que la nueva ley sólo legisla sobre cuestiones que tienen que ver con las cuencas hidrográficas que transcurren por Castilla-La Mancha, por lo que, ha añadido, «si se actúa con sentido común» se respetará la posición de la Junta de Comunidades.