El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha adjudicado, a través de la Dirección General del Agua, la contratación de servicios para la explotación de la red biológica de control de la calidad de las aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Según un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente, la empresa adjudicataria ha sido Grupo Interlab S.A. por un importe de 883.685 euros.

En aplicación de la Directiva Marco del Agua, el objeto de esta asistencia técnica consiste en la actualización y explotación de las redes de control biológico de los ríos, del ámbito territorial de la CHJ, mediante la revisión de las redes existentes para la determinación del estado y potencial ecológico de los mismos, utilizando los indicadores de calidad establecidos por el MARM.

En la red de vigilancia en ríos, se prevén inicialmente 105 estaciones de control, que deberán medir todos los elementos de calidad como macroinvertebrados, diatomeas, macrofitos y fauna piscícola.

La red operativa en ríos incluye 95 puntos en los que se debe medir solo el elemento de calidad más sensible a la presión al que esté sometida la masa de agua.

Durante el desarrollo del contrato, y en base a la experiencia y datos acumulados, el adjudicatario deberá proponer una red definitiva de control biológico en ríos.

La reserva de agua en los embalses que componen la cuenca del Júcar ha aumentado un 51,1% respecto al año pasado, según el último informe hidrológico de tendencia hecho público hoy por la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana.

Este incremento, supone que se multiplica por 11,9 veces el registrado por los embalses que conforman la cuenca del Ebro (4,3%) en el mismo periodo.

La reserva de agua en la cuenca del Júcar es, en la actualidad, un 109,1% más que la media de los últimos 10 años, porcentaje que es 4,6 veces superior al registrado en los embalses de la cuenca del Ebro (23,5 %) en el mismo periodo.

El agua embalsada en el conjunto de España en la actualidad se ha incrementado un 40,1% sobre la media de los últimos 10 años, incremento significativamente inferior al del 109,1% experimentado en la cuenca del Júcar.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar, se disponen de reservas por un total de 1.719 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 51,5% total de la reserva -uso consuntivo más hidroeléctrico-, con un incremento de 581 hectómetros cúbicos respecto al año anterior.

La Junta va a suscribir un convenio con las Cajas Rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, que se encuentran en proceso de fusión, para dar financiación «preferente» a los agricultores y ganaderos que perciben el pago único de la PAC.

junta Castilla y La Mancha – Así lo ha anunciado hoy el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, durante su asistencia a la asamblea general extraordinaria de la Caja Rural de Cuenca.

Ha dicho que el acuerdo está «prácticamente cerrado» y ha explicado que el objetivo es aportar una financiación a un interés preferente y que se pueda devolver en los siguiente tres años, con lo que un agricultor o ganadero podrá solicitar un préstamo que alcance el 80 por ciento de las ayudas que percibe, según la Junta.

Martínez Guijarro ha indicado que se trata de «un esfuerzo más» para inyectar liquidez al sector agrario que se suma al anticipo de los pagos de la PAC.

La nueva caja resultante de la fusión de las Cajas Rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca se denominará «Globalcaja» y tendrá cuatro tipo de negocios segmentados, para el ámbito rural, empresas, particulares y banca privada.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en un auto hecho público ayer, señala que la frase pronunciada por el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, de que la Comunidad «se levantaría en armas, conmigo a la cabeza, si cierran el trasvase Tajo-Segura» entra dentro de la libertad de expresión y no constituyen delito alguno.

Así se expone en este auto, en el que no se admite la denuncia presentada en noviembre pasado por el dirigente de la Plataforma de Toledo en contra del trasvase Alejandro Cano. El TSJ indica que «estas palabras fueron proferidas en un escenario determinado (la clausura de una asamblea de la Federación de Cooperativas Agrarias) ante un colectivo muy definido (cooperativistas) y estando presentes otros cargos públicos».

El tribunal considera que «el tono y contenido de tales expresiones, lejos de la literalidad de los términos utilizados debe entenderse en un contexto de crítica política y como opinión sobre un tema ampliamente ventilado en los medios de comunicación y, por lo tanto, encuadrable en el ejercicio de la libertad de expresión».

Para el TSJ, expresiones como las señaladas al principio no suponen ninguna conducta delictiva, ni de delito de amenazas, ni de rebelión o sedición». En consecuencia, y coincidendo con el Ministerio Fiscal, ordena el archivo de las actuaciones, aunque cabe recurso de súplica ante el mismo tribunal.

La subida de las tarifas eléctricas no provocará sobrecostes de consideración en la factura energética de las explotaciones agrícolas y ganaderas ni de los regantes a corto plazo, según han explicado a Efeagro fuentes del sector, que puntualizan que será el consumo doméstico el gran perjudicado.

29/12/2010 (Noticia leida 116 veces)

EFE.- Concretamente, la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) subirá una media del 9,8 por ciento a partir del 1 de enero, según aprobaba ayer el Gobierno, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en respuesta al aumento del coste de la energía.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha afirmado que a corto plazo las subidas de tarifas de electricidad «no afectará mucho» a este colectivo que cuenta con contratos firmados para varios años, por lo que no sufrirán alzas en todo caso hasta su renovación.

A pesar de todo, Del Campo ha lamentado que en España el coste energía es muy alto debido a factores como el precio del carbón, la deuda del Gobierno con las compañías eléctricas, o el «plus» para costear las energías renovables, lo que compromete la rentabilidad de algunas actividades.

En el caso de los agricultores, ha precisado que el 30 por ciento de los costes de producción del regadío se deben a la energía, lo que convierte a muchas de estas explotaciones en «insostenibles».

Ha recordado que los procesos de modernización recientes han supuesto pasar de sistemas de riego por superficie sin gastos energéticos a otros por aspersión o localizados con mayores costes eléctricos y de amortización de infraestructuras.

Ha afirmado que los regantes exigen desde mediados de 2008, cuando se suprimieron las tarifas especiales, medidas legislativas que permitan ahorrar costes, como la aplicación de un tipo de IVA reducido en el suministro eléctrico, similar al italiano.

En opinión de Fenacore, y tras cerca de tres años de «negociaciones baldías», los regantes vieron cómo en 2010 el Ejecutivo «rechazaba frontalmente» la puesta en marcha de esta medida, «que se presuponía como la más eficaz y fácil de llevar adelante».

En este contexto, ha exigido que se permita a los regantes contratar dos contratos al año con las compañías eléctricas (uno para el suministro básico y otro, para los meses de mayor consumo).

El objetivo -han matizado- es pagar únicamente por la potencia realmente utilizada en lugar de la contratada, un coste fijo que se ha incrementado en más de un 400 por ciento en los últimos tres años, según sus cálculos.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), han detallado que la subida afectará a los titulares que contratan menos de 10 kilowatios, que son básicamente propietarios de explotaciones agrícolas y ganaderas de pequeña dimensión que no tienen grandes consumos energéticos, por lo que las repercusiones no serán elevadas.

No obstante han precisado que, aunque no se hable de cuantías importantes, el encarecimiento de las tarifas siempre representa un revés para las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas.

Han detallado que los mayores perjuicios para el sector se arrastran desde hace unos seis meses cuando subieron los costes de tramos superiores de consumo energético, que afectan especialmente a las medianas y grandes explotaciones, mejor dimensionadas y de corte más empresarial.

Han recordado que el sector agrario pretende obtener del Gobierno una rebaja de estas últimas, en el contexto de las negociación sobre medidas de apoyo contra la crisis del campo (conocido como Plan de Choque), que se ha venido desarrollando desde finales de 2009.

Diferentes fuentes del sector agrario y de Cooperativas han coincido en descartar, por el momento, repercusiones negativas reseñables a raíz del incremento de las tarifa energética aprobado por el Gobierno, en principio.

La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, aseguró hoy en el último Pleno del año de las Cortes de Castilla-La Mancha que el Gobierno regional congelará los impuestos para el próximo ejercicio, tal y como anunciara el presidente Barreda al comienzo de esta legislatura, y abordará desde el presupuesto de gastos, que no de ingresos, las políticas sociales.

Araújo enmarcó la aprobación de esta ley dentro del nuevo sistema de financiación autonómica que amplía las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en los tributos que son objeto de cesión parcial, y en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se otorga un mayor margen para la aprobación de la escala autonómica y para el establecimiento de deducciones de la cuota.

En este sentido, señaló que el Gobierno regional aborda en esta ley la aprobación de la escala autonómica aplicable en el impuesto sobre el IRPF para el periodo impositivo 2011 e introduce una disposición legal que permite el mantenimiento de deducción autonómica relativa a la adquisición de vivienda habitual, a pesar de la profunda modificación que esta deducción ha experimentado en el ámbito estatal por decisión del Gobierno central.

Por eso, mediante una disposición adicional se precisa que los límites, requisitos y circunstancias que habrán de tenerse en cuenta para la aplicación de la deducción autonómica por inversión en vivienda habitual, serán los establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con vigencia desde el 1 de enero de este año.

En este sentido Araújo señaló que para simplificar su aplicación en el futuro, la Ley de Presupuestos Generales de la Junta podrá modificar la escala aprobada en la Ley.

La vicepresidenta insistió en que con esta ley se congela uno de los impuestos más importantes en el ámbito de nuestra Comunidad y, junto a ello, se mantiene una deducción importante para los contribuyentes castellano-manchegos que afectan al propio IRPF, a los Impuestos de Sucesiones y Donaciones y a los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

De este modo, en relación al IRPF en 2011 se mantienen los beneficios ya existentes en 2007, por nacimiento de hijos, por discapacidad del contribuyente y de ascendientes y descendientes, para contribuyentes mayores de 75 años; por cuidado de ascendientes mayores de dicha edad y por aportaciones al Fondo Castellano-Manchego de Cooperación.

En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se mantienen las bonificaciones del 95 por 100 para todas las transmisiones que se realicen entre cónyuges, hijos y padres; es decir, a favor de las personas incluidas en los grupos I y II de parentesco.

Por su parte, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se mantiene la deducción del 100% para explotaciones agrarias prioritarias, el 50% para explotaciones agrarias singulares y del 10% para preferentes. El límite para la aplicación de los tipos reducidos sigue fijado en hasta 180.000 euros y también se podrán aplicar estos tipos a las promesas u opciones de compra que se incorporen a los contratos de arrendamiento por parte de jóvenes (menores de 36 años).

Además, se mantiene la bonificación del 99% para las operaciones que realicen las comunidades de regantes y para garantías formalizadas por sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Castilla-La Mancha.

El conjunto total de las medidas tributarias, explicó Araújo, van a significar un ahorro fiscal el próximo año de 190 millones de euros para familias, empresas y agricultores de la región y el número de declaraciones afectadas superará las 275.000.

Política social

La vicepresidenta reiteró en el debate fiscal que la prioridad de este Gobierno son los servicios esenciales y, más en concreto, los servicios sociales. Por eso desde el 2007 ha habido un incremento de hasta el 35,5% en esta área, pasando de los 642,6 millones de euros de ese año a los 871 que se dedicarán en 2011.

Esta prioridad, dijo, se realiza desde el presupuesto de gastos y no desde el de ingresos “porque sólo desde el presupuesto de gastos se llega realmente a todos los que requieren del apoyo público y desde decisiones tributarias sólo se llega a aquellos que tienen una determinada capacidad económica que les obliga a liquidar impuestos”.

Somos la Comunidad Autónoma que más porcentaje en relación a su PIB dedica a la atención a personas mayores, la comunidad que mejor calificación tiene en la aplicación de la Ley de Dependencia, la que dispone de mejor ratio de plazas públicas en residencias y la segunda con mejor cobertura social y más plazas en viviendas de mayores.

La vicepresidenta recordó además que desde que José María Barreda¹ es presidente, el presupuesto dedicado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales ha crecido un 78%, a diferencia del Gobierno del PP², durante el cual se incrementaron los impuestos, subió la presión fiscal, aumentaron las tasas y los impuestos especiales y mermaron los beneficios sociales.

“No son el partido de la rebaja de los impuestos ni el partido que favorece la igualdad. Comprobarán -explicó Araújo en el hemiciclo- que el catálogo de deducciones fiscales de Castilla-La Mancha se traduce en un mayor ahorro que en otras comunidades autónomas, beneficia a más contribuyentes y a quienes más lo necesitan”, según figura en los datos de la Agencia Tributaria³.

Pero además, señaló Araújo, en Castilla-La Mancha, de cada cien mil declarantes se benefician 113 castellano-manchegos, frente a los 33 de Madrid o los 45 de Valencia. “En definitiva, se ahorra más y se beneficia más gente”.

“Nuestra política fiscal está separada por un abismo de la del PP, porque no hacemos política fiscal de escaparate. Nuestras leyes permiten que la gente ahorre de verdad, se beneficie a un buen número de contribuyentes y vaya destinado a quines más lo necesitan”, apostilló la vicepresidenta.

La situación de reserva de agua, tanto en la cuenca Tajo como en la del Segura es de «absoluta normalidad», según constató ayer en reunión ordinaria la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

Desde la última decisión de la Comisión, que abarcó un plazo de seis meses, se han obtenido unos consumos de agua inferiores, tanto a los máximos trasvasables como a los máximos previstos para el semestre, según informó el ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Por ello, desde el ministerio informan que el volumen previsto para el trasvase Tajo-Segura durante el próximo semestre será de 214 hectómetros cúbicos, que tras contabilizar las pérdidas derivadas del traslado de agua se quedarán en unos 190 destinados a los regantes de la Región. Por su parte, el volumen de agua transportado en los canales del Taibilla durante los próximos seis meses será de unos 43 hectómetros cúbicos.

En otro orden de cosas, el TSJ ha desestimado la demanda presentada contra Ramón Luis Valcárcel por decir que se «levantaría en armas» si se cerraba el Tajo-Segura.

AVA-Asaja calcula que las pérdidas acumuladas en 2010 a causa de los robos de frutas y hortalizas así como de los asal­­tos a instalaciones de riego en busca de cobre ascenderán a más de 15 millones de eu­­­­ros. La ci­fra supone un au­men­to del 50% sobre la estimación realizada en 2009 por es­ta mis­­­­­ma organización agraria, que atri­­buye el fuerte repunte experimentado a la ‘fiebre’ gene­ra­­da en torno al mercadeo a gran es­­cala con es­te metal; a la laxitud con la que tanto el antiguo como el nue­­­­­vo Código Pe­nal ti­pi­fican la delincuencia rural y a la falta de vigilancia en los campos, agra­va­­­­­da por la des­­coor­di­na­­ción existente entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es­ta­­­do. “Nun­­ca antes nos he­mos sentido tan im­­­poten­tes. Agrade­ce­­­­­­mos la valentía del Consell al to­mar cartas en el asunto e intensificar los controles pero la ­­seguridad en el cam­po es funda­men­tal­mente com­pe­tencia del Gobierno y lle­va­mos años es­­­perando a que la Delega­ción se to­me en serio este problema”, advierte el pre­sidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado.

Por tipo de delitos, AVA-Asaja destaca que –según sus datos- los asaltos en ca­se­tas de riego y en pozos se han duplicado mientras que los robos hortofrutícolas se han man­te­­nido estables pero a un preocupante nivel, oscilando su intensidad en fun­­­­ción del valor de la fruta en los mercados. En cuanto al cobre, la organización agraria cal­cu­­la que al menos una de cada diez casetas han sido atacadas en el año que ahora aca­ba. Prueba de ello es el nuevo en­du­reci­mien­to de las con­diciones del seguro que se espera para 2011, la ingente can­­ti­dad re­gan­tes ‘expulsados’ (a los que no se les re­nueva la póliza por su siniestra­li­dad) o el propio hecho de que sólo existan dos o tres entidades que ofre­zcan esta cobertura.

En cuanto a los hurtos de cosechas, AVA-Asaja advierte que en la in­men­sa ma­yo­ría de los casos, al no poder asegurarse frente al robo, los agricultores no los de­­­­nuncian porque lo consideran una pérdida de tiempo. Lo que sí se ha constatado es la consolidación de un ‘mercado paralelo’ de fru­te­rías ‘low cost’, puestos ambulantes o incluso almacenes que se abastecen de frutas y hortalizas robadas.

El Plan Nacional de Reutilización de Aguas, que contará con un presupuesto de casi 349 millones de euros, abarca todas las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias: Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro.

Así se desprende del borrador publicado esta tarde por el ministerio de Medio Ambiente en su página web, donde se explica que el plan generará «nuevas fuentes de recurso», liberando aguas de mayor calidad para usos más exigentes y consiguiendo una mejora del estado de las aguas.

De acuerdo con el ministerio, el plan surge además como una «nueva herramienta de gestión para incrementar la garantía de suministro para los usos ya consolidados».

También, para mejorar el aprovechamiento de las aguas mediante la sustitución de aguas prepotables por aguas regeneradas.

Adicionalmente permitirá aumentar en la zona costera la disponibilidad neta de los recursos hídricos.

Entre sus objetivos destaca la reducción, «en la medida de lo posible», de los vertidos directos de aguas residuales al mar y el establecimiento de un modelo de financiación adecuado que fomente la reutilización sostenible de aguas.

En su introducción el documento explica que España es un país de fuertes contrastes geográficos y climáticos que condicionan la distribución y disponibilidad de los recursos hídricos naturales, y señala que existe un acusado gradiente entre las áreas con abundantes recursos hídricos del norte y noroeste y las áreas secas del sur y del este.

También alude a que el previsible efecto del cambio climático es un factor importante a tener en cuenta y refiere que los primeros estudios estiman unas disminuciones para el año 2027 entre 2 y 11% en las aportaciones medias de las cuencas españolas, incidiendo más negativamente en las ya de por sí regiones más vulnerables.

Sobre la reutilización de aguas se hace eco del «Informe sobre la situación de la reutilización de efluentes depurados en España» (CEDEX, 2008), en el que se afirma que el volumen de agua reutilizada en España en 2006 alcanzó los 368 hm3/año aproximadamente.

Actualmente la reutilización constituye en algunas zonas un recurso estratégico, dándose una tendencia creciente a la ésta.

No obstante, y según dicho informe, existen en España ciertos aspectos que deben mejorar con el fin de poder desarrollar de modo más eficiente la reutilización.

Estos aspectos tienen que ver las deficiencias en la gestión y explotación de los sistemas de depuración de aguas residuales, por ejemplo, por operación incorrecta o por falta de financiación, de controles y/o de medios.

Asimismo señala la existencia de vertidos incontrolados en los colectores municipales que dificultan la depuración de las aguas residuales y en consecuencia su regeneración hasta los estándares de calidad previstos en la legislación.

De acuerdo con la fuente, el mayor número de sistemas de reutilización se encuentra en el arco mediterráneo, Baleares Canarias y Madrid.

La reserva de agua de los embalses del Júcar cierra 2010 con un 60% más de agua embalsada que hace un año. El crecimiento en 12 meses ha sido notable, pero si se compara con la media de la última década, periodo que coincidió con la guerra del agua entre partidos y comunidades autónomas, el incremento alcanza el 115%. El principal río valenciano acumula 1.707 hectómetros cúbicos de reservas para consumo humano, riego y uso hidroeléctrico, lo que representa el 51,2% de su capacidad.

Durante los últimos cinco años la media fue del 22,4%, y en la última década, del 23,7%. El incremento registrado en el Júcar durante 2010 ha sido seis veces superior al que ha experimentado la cuenca del Ebro, según destacó ayer la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. El Ebro, en todo caso, es mucho más caudaloso, y acumula 5.307 hectómetros cúbicos.

El buen momento hídrico también alcanza a la otra gran cuenca valenciana, la del río Segura, que se encuentra al 63,1% de su capacidad, con 720 hectómetros cúbicos.