El diputado ha sido elegido para coordinar el Grupo de trabajo que el PSOE ha constituido para analizar los avances en la negociación

El diputado nacional castellano-manchego, Alejandro Alonso, ha sido elegido para coordinar el Grupo de Trabajo Permanente que el PSOE nacional ha constituido para abordar los diferentes avances que se produzcan en la negociación sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), una cuestión que es «fundamental para numerosas familias de nuestra Región», según destacó el propio Alejandro Alonso.
En este sentido, advirtió que «CLM se juega mucho en este debate» ya que «son miles de millones de euros los que vienen a nuestra Región con fondos de la PAC», y que suponen recursos muy importantes para agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias alimentarias.

Ejes fundamentales
Alonso indicó que la posición que van a defender los socialistas en esta negociación se basa en tres ejes fundamentales. El primero se refiere al mantenimiento de las ayudas directas, conocidas como pago único; el segundo apuesta por el mantenimiento de una red de seguridad que dé garantías ante posibles crisis de precios y, un tercer eje, que defiende el mantenimiento de las ayudas al medio rural.
En cuanto a las ayudas directas, el parlamentario socialista abogó por el fortalecimiento de las mismas, «priorizándose aquellas que van dirigidas a agricultores y ganaderos profesionales, que cuidan el Medio Ambiente, desarrollan los pueblos y crean empleo en estas zonas». El segundo objetivo de estas negociaciones se basaría en «mejorar la posición negociadora de los agricultores en relación a la industria y la distribución». En tercer lugar, señaló Alonso, «queremos que la PAC asegure una buena relación comercial, que impida la entrada de productos de otros países en condiciones de competencia desleal».
Esta Política europea supone el 40% de los ingresos de los agricultores y ganaderos de España.  

La sexta sentencia de este año favorable al Trasvase Tajo-Segura y a la compra de agua ha caído del lado de los regantes del Sureste. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha perdido otro recurso contra los desembalses de la cabecera, en este caso por un fallo de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Ninguna de las alegaciones planteadas por el Ejecutivo de José María Barreda contra el acueducto ha sido aceptada este año (y los anteriores) en los tribunales. No sólo por parte del Supremo, sino también de los órganos superiores de justicia de Madrid y de Castilla-La Mancha.

En abril, julio, agosto, octubre y noviembre se han sucedido sendas sentencias por trasvases autorizados entre los años 2003 y 2009 por la Comisión de Explotación o por el Consejo de Ministros. En uno de los casos se alegó contra un desembalse destinado a los abastecimientos. En otro se recurrió la compra de agua a Estremera, pese a que este municipio se encuentra en la Comunidad de Madrid. El Supremo ha hecho este años dos reproches a Castilla-La Mancha por entender que emplea motivos políticos y plantea recursos de forma temeraria y repetitiva.

La tesis

Los argumentos jurídicos suelen ser los mismos, ya que los recursos están basados en la ausencia de informes previos para autorizar determinados desembalses y en que no se ha emitido una declaración de impacto ambiental por parte de de Castilla-La Mancha.

En el último fallo al que ha tenido acceso este diario, el Supremo confirma una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que no atendió la petición del Gobierno de Barreda para anular un desembalse del año 2003 que ascendió a 187 millones de metros cúbicos, de los cuales se concedieron 43 como adelanto del último trimestre del año hidrológico (verano). En aquella época gobernaba el PP. El Supremo ha rechazado ahora el recurso de casación del letrado de Castilla-La Mancha, que argumentó que no se podía autorizar un desembalse sobre el que previamente no hubieran informado las confederaciones hidrográficas. En particular, hacía notar que el adelanto de 43 hectómetros no estaba justificado.

El Sindicato Central de Regantes del Trasvase y el abogado del Estado razonaron que los informes, en especial el de la demarcación del Tajo, sí constaban en el expediente administrativo. Al mismo tiempo, recordaron que el abogado del Gobierno de Toledo no hizo constar con anterioridad el motivo de su recurso. El Supremo no le ha dado la razón y estima que se ha planteado «una cuestión nueva» en el recurso de casación que debía haberse formulado en la primera instancia jurisdiccional. Recuerda además que los informes de las confederaciones hidrográficas son preceptivos, pero no vinculantes para el Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido condenado al pago de las costas procesales, que no podrán rebasar los 600 euros.

Las filtraciones del Túnel del Talave fueron el origen de una disposión adicional de la Ley del Trasvase Tajo-Segura que establece, precisamente, que las aguas subterráneas de la provincia de Albacete «no son trasvasables».
Esta disposición adicional es, precisamente, uno de los argumentos que se han usado desde Albacete para rechazar la creación de la llamada Batería Estratégica de Pozos de Sequía por parte de la Confederación del Segura.
Ésta, por su parte, siempre ha replicado que los pozos de sequía perforan acuíferos situados en la cuenca del Segura y, por tanto, no cabe hablar de trasvases porque las aguas nunca cambian de ámbito, esto es, de cuenca.
Sin embargo, en el caso de los municipios situados justo en la linde entre el Júcar y el Segura, la situación podría no estar tan clara, a la luz de precedentes como el del Túnel del Talave que es, precisamente, lo que inquieta a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.
En la actualidad, la provincia de Albacete recibe, todos los años, 6,44 hectómetros cúbicos de agua, en concepto de compensación por las filtraciones de agua que se siguen produciendo, precisamente, a causa del ‘pinchazo’ del Túnel del Talave.
Esta compensación fue ratificada, además, por una sentencia de la Audiencia Nacional, dictada el pasado mes de noviembre del año 2006.    

Herminio Molina: «Nos preocupa que se quieran hacer perforaciones en municipios como el de Alcadozo, porque tememos que se repita la historia del ‘pinchazo’ del Túnel del Talave»

Imagen de la salida del Túnel del Talave, que atraviesa el subsuelo de varios municipios albaceteños.

E. FERNÁNDEZ

La decisión de la Confederación del Segura de ampliar la red de control de aguas subterráneas a pueblos como Alcadozo o Pétrola ha causado «estupor y disgusto» entre la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo).
La Jcrmo es un organismo adscrito a la Confederación del Júcar pero, según recordaba su secretario, Herminio Molina, la red de sondeos de control de la CHS se empieza a acercar «de forma preocupante» al acuífero 18 o acuífero de la Mancha Oriental.
«Perforar en pueblos como Alcadozo es hacerlo justo en la linde entre ambas cuencas hidrográficas -señaló- y ya sólo faltaría que se quisieran llevar agua del acuífero 18, si eso se produjese, nos tendrían en frente, sería una total y absoluta arbitrariedad».
Molina no ocultó que esta decisión de la CHS inspira «recelos y desconfianza» tanto entre la directiva como entre los socios de la Jcrmo, porque ya existe un precedente histórico de un ‘pinchazo’ en el acuífero de la Mancha Oriental: el Túnel del Talave.
El Túnel del Talave tiene 32 kilómetros de longitud, y forma parte del trasvase Tajo-Segura. Alcanza una profundidad de 300 metros y, en su recorrido, pasa, entre otros lugares, bajo Alcadozo.
«Cuando se construyó el túnel, se perforó el acuífero, y el agua de la Mancha Oriental empezó a fluir aguas abajo del Trasvase, por el Túnel, por eso nos preocupa que vayan a hacer perforaciones en la zona, no va a ser que la historia se repita», afirmó el secretario de la Jcrmo.
Quien no abriga la más mínima duda de que el ‘pinchazo’ se va a repetir, cuando se perfore, es el vicepresidente de la Junta Central de Regantes del Alto Segura, Prudencio López Fuster.
López Fuster, que también es director técnico del Instituto Técnico Agronómico Provincial y una de las personas que mejor conoce el acuífero de la Mancha Oriental dijo que está «completamente seguro» de ello, debido a las características de la zona.
«Alcadozo forma parte del Segura porque sus aguas superficiles vierten hacia esa cuenca -indicó- pero, bajo tierra, sus acuíferos subterráneos forman parte de la Mancha Oriental».
López Fuster consideró que esta medida de la CHS forma parte de la política «contradictoria e incomprensible» que han adoptado sus responsables, al empeñarse en usar los recursos subterráneos de la provincia de Albacete.
«Es una política contradictoria, cuando ellos mismos reconocen que, en el Alto Segura, los acuíferos tienen un déficit de 50 hectómetros cúbicos- indicó- y es incomprensible, porque la base legal que tenían para usar los pozos es un decreto de medidas excepcionales vinculadas a la sequía, que como todo el mundo sabe, ya se ha terminado».    

Preside desde 2004 el organismo que administra y controla los ríos y embalses en la mayor parte del territorio valenciano y defiende que hay suficientes recursos para cubrir la demanda si se usan «con prudencia»

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) celebra su 75º aniversario con la sequía superada y reservas en los embalses que doblan la media de los últimos 10 años. Pero también con asignaturas importantes pendientes, como el nuevo plan para gestionar los recursos de la cuenca del Júcar, que ahora abarca casi todo el territorio valenciano. Juan José Moragues (Gandia, 1954), que preside el organismo, cree que el enfrentamiento político entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha por el río se resolverá porque «les interesa a los dos».

«El trasvase del Ebro solo está en el imaginario del PP de Valencia y Murcia»

«La prioridad máxima es estar preparados para la próxima sequía»

«Nuestra comunidad es líder mundial en impedir avanzar»

«Del Vinalopó aprendí que el agua más cara es la que no se tiene»

Pregunta. Con reservas suficientes en los embalses, ¿cuáles son ahora las prioridades?

Respuesta. El tener los embalses llenos lo que produce es mucha responsabilidad. Es mucho más difícil gestionar la abundancia que la sequía. Parece una incongruencia, pero es así. La prioridad máxima es estar bien preparados para la próxima sequía, porque vendrá. Hay que mantener la disciplina del uso y lo que se aprendió. Y luego, al no tener esa presión en el día a día, hay aspectos fundamentales como intentar que toda la información de la cuenca que sirva para la revisión del plan del Júcar sea lo más científica, técnica y ajustada a la realidad posible.

P. En el libro publicado para el aniversario de la CHJ afirma que el horizonte «está plagado de nuevos retos». ¿Cuáles destacaría?

R. El mayor reto es que los usuarios tengan el convencimiento de que la CHJ es un organismo de gestión que les ayuda a resolver sus problemas. La Administración ni quiere quitarle el agua a nadie ni usar el precio como un elemento de recaudación. Ni regalársela a unos y quitársela a otros.

P. La historia de la CHJ lo que refleja es el pulso de los usuarios del Júcar por controlar el río, y ahora son las comunidades las que se pelean por el agua. Parece que no se ha avanzado mucho.

R. La Ley de Aguas es muy difícil de encajar con el Estado de las autonomías. ¿Cómo se casa que las comunidades tengan las competencias en la ordenación de su territorio y que para su desarrollo necesiten asignar recursos hídricos, cuando la estructura de la gestión hidráulica está basada en la concesión para un uso a un señor que la utiliza? Yo no lo sé.

P. ¿Podría ser una solución el ente gestor del agua nacional que propone el PSOE?

R. Ese ente gestor lo que puede hacer es complementar la acción del ministerio y coordinar actuaciones y políticas de agua. El tema del uso de agua en las comunidades autónomas en función de las concesiones escapa a eso.

P. En el caso del Júcar las posturas de la Generalitat y la Junta de Castilla-La Mancha parecen irreconciliables. ¿Cómo se va a desatascar el nuevo plan para gestionar los recursos?

R. Lo que define en este momento el plan del Júcar es la ansiedad, porque la gente lo está esperando. Quieren saber cuánta agua se va a poder extraer en Castilla-La Mancha, y cuál será la asignación para los riegos tradicionales del Júcar. También hay ansiedad para darle caña al Gobierno de Zapatero, para que los de Castilla-La Mancha digan que aquí se desperdicia el agua, y para que en Valencia digan que allí sobreexplotan el Júcar… Pero las dos comunidades resolvieron sus diferencias por el paso de la autovía por las Hoces del Cabriel y el AVE. Y esto también lo tienen que resolver, les interesa a los dos. Aunque eso solo es posible si tienen confianza en la Administración, y no si unos piensan que ayudamos a los otros, y los otros piensan que ayudamos a los unos.

P. ¿Qué posibilidad augura al intento de la ministra Rosa Aguilar de llegar a un pacto del agua?

R. Cualquier responsable público en materia de agua tiene que intentarlo. Pero es difícil llegar a un pacto del agua sin tener antes clara la estructura económico-financiera del agua y llegar a acuerdos sobre modelos territoriales, porque los recursos no son infinitos. Hay que pasar unos escalones antes.

P. ¿La agricultura valenciana necesita tanta agua como dice el PP, que sigue exigiendo el trasvase del Ebro?

R. El trasvase del Ebro desapareció en 2004 del programa socialista y en 2008 desapareció del programa del PP, y eso la gente no lo dice. Solo está en el imaginario del PP de la Comunidad Valenciana y de Murcia. La demarcación del Júcar tiene suficiente agua para atender sus demandas agrícolas, industriales, turismo y abastecimiento utilizando con prudencia todos los recursos. ¿Cómo se puede pedir el trasvase del Ebro a Castellón bombeando toda el agua depurada al mar, no reutilizando ni una gota? Al final se entra en un maremagnum de cuestiones pseudopolíticas que impiden avanzar. Y esta comunidad en impedir avanzar es líder mundial. Esta es una de las comunidades en las que más se ha invertido en desalación. La primera desaladora la inauguró Francisco Camps en Xàbia y luego otra en Alicante. Hemos conseguido que los españoles estén haciendo desaladoras en Australia, Dubai, California, China o India, pero que no haya ninguna empresa valenciana. Alguien tendría que pensar en ello. Las desaladoras se las adjudican a empresas del resto de España. Nosotros no estamos ahí.

P. El consejero Juan Cotino pide que se reasigne el presupuesto de desalación a obras de ahorro y reutilización.

R. Pedir que se reasigne el dinero que tienen otros a lo que tú no has hecho, pues va muy en la línea de la Comunidad Valenciana: que nuestros problemas los arreglen otros. Esa es un poco la política de Cotino. Ya se ha olvidado de que gracias a las desaladoras de San Pedro del Pinatar no hubo restricciones de agua en Alicante en 2005, en el peor ciclo seco en 60 años. En cambio, sí las hubo en los gobiernos de Aznar.

P. El llamado Esquema de Temas Importantes (ETI), que pone la base para elaborar un nuevo plan del Júcar, avisa de que los regantes tendrán que reducir su consumo de agua. ¿Será necesario suprimir superficie cultivada?

R. Los regantes tendrán que ser más eficientes en el uso del agua. Y eso posiblemente implique una reducción del consumo de recursos. Pero ahora en los regadíos del Mijares, por ejemplo, se consume un 30% menos porque han terminado su modernización. Eso ha redundado en garantías, porque esa agua que no usan no se la bebe el Gobierno de Zapatero ni se tira al mar. Se queda en los embalses. Ni se van a tener que abandonar cultivos por falta de agua, ni se les va a reducir el agua que necesiten.

P. Pero el documento advierte de que casi la mitad de las masas de agua subterráneas tienen problemas de sobreexplotación o exceso de nitratos, hay que fijar caudales ecológicos, prever el aumento de la demanda… ¿De dónde saldrá tanta agua?

R. El equilibrio del Júcar es positivo. La estimación de demanda en el horizonte de 2015 es que se consumirá menos. Las inversiones en modernización en la agricultura han sido importantes y en abastecimiento solo hay que ver el ejemplo de Valencia y su área metropolitana, que en los últimos cinco años han disminuido el consumo un 20%. Por inversiones en nuevas redes, el reciclaje en fuentes… Y a eso se añaden las posibilidades de reutilización de aguas depuradas y de modernización pendientes. En las masas con mala calidad por exceso de extracciones, habrá que reducirlas. Pero la mayor parte no están en mal estado cuantitativo.

P. El trasvase Júcar-Vinalopó está a punto de entrar en servicio sin que haya acuerdo con los usuarios alicantinos, que insisten en potabilizar parte del agua. ¿Ve forma de cerrar ese conflicto?

R. Soy muy optimista. Creo que hay muchos regantes del Vinalopó que necesitan el agua. Y de ellos aprendí que el agua más cara es la que no se tiene. Otra cosa es el ambiente político que se ha creado. Pero les hace falta agua y el Júcar es una buena solución. ¿Que se resolverá en un mes o en un año? No lo sé, pero el trasvase resolverá los problemas, más allá de si es para regar y si se potabiliza o no. Lo que hay que tener claro es que el trasvase es de aguas sobrantes del Júcar, y sirve para garantizar la sostenibilidad en el Vinalopó.

La iniciativa, del Grupo Parlamentario Popular, ha sido transaccionada por el Grupo Socialista y Convergencia i Unió (CiU).

El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular (PP), José Ignacio Llorens, ha explicado en su intervención que es «un clamor» de las organizaciones agrarias que se refuercen las medidas que eviten los numerosos robos que afectan al campo.

La PNL transaccionada defiende extremar las labores de vigilancia y protección de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los competentes en cada Comunidad Autónoma, para proteger las instalaciones, útiles, maquinaria, aperos, combustibles, cosechas y almacenamientos de las fincas agrarias y ganaderas de zonas consideras «sensibles».

Aboga por la protección especial de las áreas donde se realicen determinadas producciones y aquéllas donde se produzcan «un número considerable» de robos y hurtos, o que, por su naturaleza, sean especialmente inseguros.

Según ha destacado Llorens, la Proposición no de Ley insta también a realizar un seguimiento de los productos robados.

La diputada de CiU María Concepció Tarruella ha apoyado la propuesta porque la inseguridad en el campo es un asunto «grave» para muchas zonas del Estado, incluidas zonas rurales de Cataluña.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Emilio Amuedo ha aceptado que se realice un esfuerzo desde el Gobierno, junto con las comunidades autónomas y corporaciones locales, para mejorar la seguridad, aunque ha recordado que el nuevo Código Penal ha endurecido las penas y que la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en el campo.

Por otra parte, en la Comisión también se ha aprobado hoy por 21 votos a favor y 16 abstenciones una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió relativa a la eliminación de excedentes del sector de la viña y el vino.

Tarruella ha defendido en su intervención que la vendimia «en verde» se incorpore a las medidas que recoge el Plan Nacional de Apoyo al sector vitivinícola -que desarrolla la Organización Común de Mercado (OCM) en España- para contribuir a reducir los excedentes en el sector de la viña y el vino.

El PP ha apoyado la moción, mientras que el diputado socialista Antón Ferré ha planteado que en esta decisión participen también las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, y ha advertido de las dificultades de control que plantea esta iniciativa, que se traduciría en ayudas a los productores por eliminar parte de la uva antes de que ésta haya madurado.

Rigor, austeridad y adaptados a la necesidades actuales. Así definió el diputado regional del PSOE, Antonio Salinas, los presupuestos que el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará al sector agrario en 2011.

Y en torno a estos principios, Salinas señaló que las cuentas para este sector recogen tres líneas de actuación, como son el hecho de que se verán afectadas las ayudas a los agricultores y ganaderos; que se mantiene la inversión para la modernización del sector; y que se reducirán los gastos de funcionamiento y las inversiones propias.

Por lo tanto, Antonio Salinas destacó que Castilla-La Mancha destinará un total de 1.516 millones de euros para el desarrollo de la agricultura y el medio ambiente de la región, una partida de la que realizado un especial hincapié en otro dato reseñable, y es que “casi 800 millones –el 50%- corresponden a ayudas para nuestros agricultores y ganaderos”.

Además, el diputado socialista recordó que otra de las prioridades pasa por la atención a las necesidades de modernización y mejora de la comercialización de las cooperativas e industrias agroalimentarias, que se llevan casi 160 millones de euros. Algo más, aproximadamente 200 millones, irán destinados a la ordenación y conservación del medio rural, sin olvidar el notable incremento de las partidas de apoyo al sector ganadero, con casi 90 millones, o los 100 millones para la mejora de las estructuras productivas.

Por ello, Salinas manifestó que, “no hay duda de que las políticas desarrolladas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para el sector agrario se han mostrado eficaces”, ya que hoy existe un sector más moderno y competitivo. Una tesis que el responsable del PSOE ha argumentado al indicar que “producimos más cantidad y con más calidad, nuestros productos son cada vez más conocidos, exportamos más, tenemos un medio nacional mejor conservado y hemos incrementado en más de 18,5 millones de árboles la superficie forestal de la región”.

Pese a todo, el parlamentario regional subrayó que quedan retos importantes que afrontar. Básicamente, continuando con la modernización y el rejuvenecimiento de las explotaciones agrarias, diversificando la economía en el medio rural a través de programas de desarrollo rural, promoviendo nuevas alternativas económicas como las que permite la nueva Ley de Cooperativas, avanzar en la eficiencia del agua para el regadío o continuando con la mejora de la industrialización y comercialización de los productos agrarios.

Por el contrario, Salinas se refirió a las enmiendas presentadas por el Partido Popular a estos presupuestos, enmiendas que ha tildado, con carácter general, de “falta de rigor, sin ninguna novedad, son de corta y pega y la demostración del poco trabajo, dedicación y compromiso con el sector agrario regional”.

El Partido Popular llevará al próximo Pleno de la Diputación «la desesperación de los agricultores de la provincia por la creciente oleada de robos, especialmente en las fincas de regadío, donde pivots, motores, material de cobre y cableado eléctrico están siendo arrasados por bandas organizadas de delincuencia».

El portavoz del PP en la Diputación, Antonio Serrano, reconoce el esfuerzo de las fuerzas de seguridad, «pero llegados a este punto, en el que los agricultores tienen que afrontar su propia seguridad tanto personal como de su patrimonio, parece obvio que hay que tomar medidas de calado político».

Puntilla

«Estas medidas tratan de frenar una situación que está siendo la puntilla para las fincas agrícolas y ganaderas de Albacete, uno de los sectores más castigados los bajos precios del cereal, y la subida de los costes de producción», aseguró.

El diputado ha visitado a agricultores de la Carretera de Murcia, donde ha comprobado los daños ocasionados por los robos en las fincas agrícolas.

«Se llevan todo lo que encuentran a su paso, aperos de labranza, enseres, maquinaria, gasoil, piezas de cobre, cableado, motores de riego… con lo que a las pérdidas por el material robado se suman los daños que provocan, y el tiempo que los cultivos se encuentran desatendidos».

Los agricultores aseguran que los robos y hurtos han sido frecuentes en los dos últimos años, pero que en los últimos tres meses la situación es insostenible.

Del mismo modo indicó que la norma recoge que en demarcaciones hidrográficas en las que coexisten más de una cuenca hidrográfica (caso del Júcar y Segura) es necesario que se delimiten correctamente las cuencas hidrográficas que conforman la demarcación. Y en tales casos, los balances de recursos y demandas se han de hacer no por sistemas de explotación, sino por cuenca hidrográfica.

Respecto a las infraestructuras de abastecimiento, cuya gestión asumirá el Gobierno autonómico, explicó que a la entrada en vigor de esta Ley se iniciará el proceso de traspaso a Castilla-La Mancha de la titularidad de todas las infraestructuras hidráulicas que está ejecutando el Estado, cuya gestión nos corresponda.

El presidente también explicó que dicha norma hace alusión a la lámina estable de agua en los embalses de cabecera, así como a la dotación suficiente para garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos.

La Ley del Agua de Castilla-La Mancha también hace alusión a los llamados «pozos de sequía» (Segura) y para evitar el abuso injustificado de los mismos se establece que la ejecución y explotación de este tipo de sondeos por parte de Confederaciones Hidrográficas, incluso en situaciones excepcionales, requerirá informe preceptivo de Castilla-La Mancha.

Entre otras cuestiones Barreda se refirió a la prioridad para el abastecimiento del río Júcar en Albacete. Se aprobarán, en el ámbito del Júcar, las normas de explotación que garanticen que el abastecimiento es, en todo caso, el uso prioritario, sin que se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier otro uso de menor prioridad.

Tras la explicación del contenido de esta norma, José María Barreda agradeció a todos los miembros de la Mesa del Agua, organizaciones agrarias, Cámara de Comercio, Universidad de Castilla-La Mancha, sindicatos, empresarios, la importancia de estar unidos en esta reivindicación y seguir haciendo pedagogía política para que la población tome conciencia de que se trata de un recurso importante para el crecimiento y desarrollo y que «tenemos nuestros derechos y los exigimos».

Barreda señaló que la nueva Ley del Agua de Castilla-La Mancha deberá ser apoyada por todas las fuerzas políticas, ya que aborda una cuestión que «debe estar por encima de los intereses electorales».

Apoyo de la Mesa

Los integrantes de la Mesa del Agua mostraron su apoyo al borrador de la Ley del Agua y coincidieron en la necesidad de que la región tenga garantizada el agua que necesita para su desarrollo.

El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, defendió la oportunidad de que la futura ley sea aprobada en las Cortes generales, al igual que se aprobaron en su momento normas como las del «concierto vasco» o la de la deuda histórica de Andalucía. Fresneda expresó el apoyo de Asaja al borrador de la Ley del Agua «porque la necesita» el medio rural de la región y aseguró que «no es justo que tengamos poco que decir en las confederaciones hidrográficas». En similares términos se expresó la secretaria de UPA de Toledo, Elena Escobar, que aludió a la «situación histórica injusta» que ha tenido la región en materia de agua, para justificar su apoyo al borrador.

COAG-IR destacó en un comunicado que la Ley de Agua es una «manifestación clara de las aspiraciones de los castellano-manchegos en materia hídrica» y un «mensaje claro al Gobierno» de que sus derechos en relación con el agua, con el desarrollo y con el medio ambiente, «no están por debajo de los de otras regiones».

También manifestó su apoyo el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, para quien la aprobación de la ley es «un paso imprescindible» para el desarrollo de la comunidad autónoma. El director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), José María Tarjuelo, dijo que para que la ley se desarrolle es preciso «ganarnos la complicidad de toda la sociedad».

CCOO de Castilla-La Mancha ha considerado que el anteproyecto de Ley de Agua propuesta por el Gobierno de la región es «una apuesta atrevida», y ha expresado su «disposición y su compromiso» para que se puedan conseguir los objetivos que se proponen, algo para lo que reclama debate social y consenso político.

   En nota de prensa el sindicato, ha asegurado que este anteproyecto es una iniciativa «importante y novedosa que debe tener cómo orientación la consecución de un adecuado desarrollo regional sostenible. Una alternativa posible y razonada para evitar usos irracionales, insostenibles y para ordenar la regulación y gestión del agua teniendo en cuenta los intereses de la Comunidad Autónoma».

   «Es una aportación e interesante para la ordenación jurídica en materia de la gestión del agua en el estado de las Autonomías», que generará y alentará un debate social y político en torno a las políticas del agua y los niveles competenciales sobre derechos y gestión de los recursos hídricos, han asegurado desde este sindicato.

   El sindicato estima que la oportunidad de insistir en las necesidades hídricas de la región, desde el «consenso y la razonabilidad, es una buena fórmula para que concite  el mayor concurso social y político y un apoyo masivo de la ciudadanía».