A los murcianos y valencianos probablemente no les hará mucha gracia, pero las Cortes regionales de Castilla-La Mancha les mandaron ayer un mensaje claro: tienen que usar más agua desalada y menos trasvasada. Así aparece negro sobre blanco en la resolución que ayer aprobó el Parlamento regional a instancias del PSOE. Los populares votaron en contra de esta propuesta y presentaron una alternativa que se quedó sin el apoyo de la mayoría.
El portavoz de los socialistas, José Molina, dijo que con su iniciativa quieren frenar a los gobiernos de Levante que amenazaron con trabajar «codo con codo para que Castilla-La Mancha no disponga de caudal ecológico». El portavoz del PSOE les dijo que su respuesta pasa por «exigirles que en Murcia y Valencia cumplan su obligación, y se apliquen en las obras que les permita cimentar su desarrollo con recursos propios».

Las cuentas de Pingarrón.
El consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón abrió el debate informando de que en la actualidad lo que hay aprobado del Plan del Tajo es el Esquema de Temas Importantes, un documento que habla de los principales problemas actuales y futuros de la cuenca. Este ‘esquema’ se utilizará como referencia para cifrar después las asignaciones del Plan del Tajo.
A la Junta se la ve satisfecha con lo conseguido hasta la fecha en este documento. «Tiene avances, aunque no colma todas nuestras aspiraciones», proclamó Pingarrón. Una de las claves es que reconoce la necesidad de fijar un mínimo de caudal ecológico a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera.
El consejero dijo que este mínimo pasaría de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, que es donde está la raya actual, y llegaría hasta los 11. A partir de ahí se hizo sus propias cuentas. Explicó que los estudios fijan que al año la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) recibe 777 hectómetros cúbicos. De esta cantidad se necesitan 113 para abastecimiento humano, 152 para regadío, 45 para usos industriales y eléctricos y otros 400 para subir el caudal ecológico a esos 11 metros por segundo a su paso por Aranjuez. Conclusión: «No da a hablar en el futuro de excedentes». O lo que es lo mismo, que si se sube el caudal ecológico no habrá agua para trasvasar a Murcia y Valencia.
El PP no las tiene todas consigo y mostró ayer sus dudas sobre las ‘bondades’ de la nueva planificación hidrológica. La diputada María Luisa Soriano denunció el retraso de la puesta en marcha del plan del Tajo, «que debería estar vigente desde marzo». Además pidió aclaraciones sobre la posibilidad que se baraja de inyectar al Tajo aguas depuradas del río Jarama y suplir así el aumento del caudal que exige la normativa europea.

La reserva hidráulica de los embalses españoles se encuentra actualmente al 68,3 por ciento de su capacidad total, con 37.987 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 820 hectómetros cúbicos, el 1,5 por ciento con respecto a los niveles de la semana anterior.

Así lo ponen de manifiesto los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente que, a través de un comunicado ha revelado que durante la última semana se han producido variaciones que afectan a la cuenca del Ebro que ha perdido 17 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca del Guadalquivir ha aumentado 589 hectómetros cúbicos respecto a la pasada semana.

De este modo, la reserva por ámbitos es mayor en el Guadalquivir al 83,3 por ciento; seguido por la Cuenca Atlántica Andaluza con el 80,3 por ciento; las Cuencas internas de Cataluña al 80 por ciento; el Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 78,7 por ciento de su capacidad; y las Cuencas internas del País Vasco con el 76,2 por ciento.

A continuación, aparece el ámbito del Cantábrico al 69,7por ciento; Galicia Costa con el 68%; la Cuenca Mediterránea Andaluza al 67 por ciento; el Ebro al 66,1 por ciento; el Duero al 65,7 por ciento; y el Miño-Sil al 65,3 por ciento.

Cierran la lista el Tajo y el Segura, ambos con el 57,4 por ciento de su capacidad; y el Júcar al 49 por ciento.

Cabe destacar que esta semana las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península, produciéndose la máxima en Santander con 90,1 litros por metro cuadrado.

Las Cortes regionales han aprobado una resolución impulsada por el grupo socialista, a la que se ha opuesto el PP, en la que instan a que el plan de la Cuenca del Tajo incluya el «caudal ecológico» en todos los tramos y exigen la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La resolución ha sido aprobada al término del debate celebrado hoy en el pleno del parlamento regional sobre la revisión del Plan Hidrológico del Tajo, en el que también se ha rechazado una proposición del PP que pedía reprochar al Gobierno central sus «reiterados incumplimientos» en la cuenca del Tajo.

La resolución aprobada exige que el futuro Plan Hidrológico del Tajo incluya el caudal ecológico en «todos» los tramos del río y no solo el valor medio de la cuenca, así como la garantía de una reserva estratégica en los embalses de cabecera del Tajo y una lámina de agua que permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas en estos recursos.

Además, insta al Ministerio de Medio Ambiente a que modifique las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para que el agua se regule en los embalses de cabecera y exige que se prohíban los trasvases cuando haya demandas de abastecimiento o regadío del Tajo.

También pide que se justifique desde Murcia «cada gota» que se demanda así como el uso al que se destina, exige que se agilice el desarrollo de las desalinizadoras y rechaza que Murcia y Valencia se inmiscuyan en ámbitos de planificación hidrológica «ajenos a sus competencias».

En el debate, el PSOE y el PP han cruzado reproches mutuos sobre sus actuaciones en materia de agua y las directrices que han seguido a la hora de tomar decisiones.

La diputada del PP María Luisa Soriano se ha referido al esquema de temas importantes de la demarcación del Tajo, documento base para el futuro plan hidrológico de la cuenca que recibió el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Tajo el pasado 3 de noviembre.

Soriano ha señalado que es un informe «sesgado, generalista, y escaso» en el que no se ha tenido en cuenta a Castilla-La Mancha, pues, según ha señalado, la Confederación Hidrográfica del Tajo «lo ha aprobado sin sentarse antes con el Gobierno regional».

La diputada popular ha asegurado que en materia de agua la Junta «tiene mucho sobre lo que callarse y mucho de lo que avergonzarse» y ha criticado que numerosos municipios de la región se vean obligados a abastecerse a través de camiones cisterna en verano.

«En Castilla-La Mancha tenemos agua suficiente, generamos 9.000 hectómetros cúbicos de agua al año y consumimos apenas unos 2.000, pero el PSOE ha sido incapaz de generar las infraestructuras para el desarrollo equilibrado de nuestra región», ha dicho.

Por su parte, el portavoz del PSOE en las Cortes, José Molina, ha reprochado al PP que su presidenta regional, María Dolores de Cospedal, siga las indicaciones de Murcia y no defienda los intereses de Castilla-La Mancha.

Molina ha afirmado que al PP la política de agua se la marcan desde Murcia y desde Valencia, lo que es «lamentable y doloroso», y Soriano le ha replicado que el «único traidor» es el PSOE por retirar el Estatudo de Autonomía de Castilla-La Mancha y permitir derogar el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo

Es algo evidente para las gentes del campo, pero que raramente alcanza pública: las fuentes se secan, los manantiales pierden caudal, cada vez hay que hacer pozos más profundos para llegar al agua incluso en lugares donde antes estaba somera.

Pero nadie hasta ahora había acometido la tarea que acaba de culminar el profesor Gregorio López Sanz en Casas Ibáñez: un estudio completo y riguroso de esta situación, fuente a fuente, en cada punto de agua de esa zona, a caballo entre los ríos Júcar y Cabriel, y también punto de contacto entre acuíferos distintos. El resultado lo resume el propio autor en un párrafo, al explicar los objetivos de su estudio: «En las últimas décadas, como consecuencia del aumento desmesurado y descontrolado del uso del agua en diferentes actividades humanas, se ha producido un deterioro gravísimo y sin precedentes en multitud de espacios del agua de la cuenca media de los ríos Júcar y Cabriel. Los bombeos de agua subterránea han superado con creces los recursos renovables de los acuíferos y han provocado un fuerte descenso de los niveles piezométricos con el consiguiente colapso de la interrelación entre los flujos de aguas subterráneas y superficiales que definían en la zona un patrimonio natural único».

«Dicho deterioro ha tenido lugar tanto en los cauces principales de los ríos Júcar y Cabriel como en toda la red de regueros, fuentes, manantiales, arroyos y humedales que nacían en el entorno de los primeros y a donde vertían en última instancia».

Y así se ha puesto en evidencia con un trabajo de campo exhaustivo, con fichas detalladas de cada lugar con agua, cada manantial, reguero, balsa. Los daños se agravaron, explica el autor, cuando se retiró la prohibición de regar las viñas.

Gregorio López apunta como única solución real invertir esa tendencia y volver a una agricultura de ámbito local, que utilice de manera razonable suelo y agua. El estudio ha sido publicado con ayuda del Instituto de Estudios Albacetenses, y puede ser descargado, completo, por los interesados en la web

DATOS CLAVE

Censo total. Se han inventariado 72 fuentes.

Fuentes secas. 24 se encuentran secas, en su mayor parte en el acuífero de Mancha Oriental.

Reducciones. En resto bajan de caudal de hasta un 90%.

Niveles. La profundidad a la que se encuentra agua ha bajado una media de 50 metros

Ya anteriormente Gregorio López, junto a otros estudiosos, realizó un estudio, pendiente de su difusión pública, para la Confederación del Júcar sobre la cuenca media del Júcar y el Cabriel.

Sus datos apuntaban en la misma dirección: la agricultura intensiva de regadío está acabando con manantiales y fuentes, y liquidando estos ecosistemas y sus usos tradicionales.

También se debatirá sobre las actuaciones del Gobierno en el Plan de cuenca del Tajo

El pleno de las Cortes debatirá y votará hoy el proyecto de ley de reordenación del sector público de Castilla-La Mancha y acogerá un debate general, a propuesta del PSOE, sobre la actuaciones de la Junta en el proceso de revisión del Plan de cuenca del río Tajo.

La sesión comenzará con el debate y votación del dictamen sobre el proyecto de ley de reordenación del sector público de la Junta —en el último pleno se rechazó la enmienda a la totalidad a este proyecto de Ley, presentada por el PP—.

Seguirá el debate sobre las actuaciones del Gobierno regional en la revisión del plan de cuenca del Tajo y, a continuación, se votará una proposición no de ley, también del grupo socialista, sobre la protección y la cobertura de los trabajadores asalariados agrarios.

La sesión se cerrará con un bloque de doce preguntas de ambos grupos, siete de parlamentarios del PP y cinco de diputados socialistas. El PP preguntará por el Plan Especial del Alto Guadiana, la reducción de profesores en la Escuela Oficial de Idiomas de Albacete, las obras de construcción de la nueva depuradora de aguas residuales en Sacedón y la construcción de un colegio en Villamalea. También se interesarán los parlamentarios del Grupo Popular por la formación de jóvenes en el medio rural y su incorporación a la actividad agraria, y sobre la construcción de un centro de interpretación junto al azud de Pareja (Guadalajara).

Los socialistas preguntarán por el proyecto de mejora de la competitividad de las empresas de Almadén, la campaña del ajo, las ayudas con cargo al «Fondo verde» en Guadalajara, la inversión realizada en la zona regable de la Torre de Abraham (Ciudad Real) y las familias beneficiadas por los programas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

La senadora popular Encarnación Naharro, ante la grave situación en la que se encuentra el campo español debido a la creciente inseguridad que afecta a agricultores y ganaderos, pide al Gobierno que cumpla los mandatos y tome las medidas oportunas que tanto desde el Senado como desde el Congreso de los Diputados le han hecho llegar. Naharro mostraba su satisfacción por la unánime aprobación en el Congreso la semana pasada de una proposición no de ley para dar respuesta al clamor de todos los agricultores y ganaderos que sufren oleadas de robos y delitos contra la propiedad.
Una iniciativa del Partido Popular, en la que se recogen fundamentalmente cuatro medidas: adecuar la legislación vigente a la situación real de los delitos en el campo; extremar las labores de vigilancia y protección de instalaciones agrícolas y ganaderas, y de zonas rurales y urbanas de los pequeños municipios, incrementando los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; incrementar junto con las autoridades locales y autonómicas el control y la vigilancia de la procedencia de los productos agroalimentarios; y, finalmente, en coordinación con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, establecer una nueva línea de seguros, que incluya la cobertura de hurtos y robos en el medio rural y agrario. La senadora ha presentado una pregunta oral en Comisión para que se le den explicaciones sobre las actuaciones que el Gobierno tiene previsto realizar a corto plazo.  

El diputado ha sido elegido para coordinar el Grupo de trabajo que el PSOE ha constituido para analizar los avances en la negociación

El diputado nacional castellano-manchego, Alejandro Alonso, ha sido elegido para coordinar el Grupo de Trabajo Permanente que el PSOE nacional ha constituido para abordar los diferentes avances que se produzcan en la negociación sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), una cuestión que es «fundamental para numerosas familias de nuestra Región», según destacó el propio Alejandro Alonso.
En este sentido, advirtió que «CLM se juega mucho en este debate» ya que «son miles de millones de euros los que vienen a nuestra Región con fondos de la PAC», y que suponen recursos muy importantes para agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias alimentarias.

Ejes fundamentales
Alonso indicó que la posición que van a defender los socialistas en esta negociación se basa en tres ejes fundamentales. El primero se refiere al mantenimiento de las ayudas directas, conocidas como pago único; el segundo apuesta por el mantenimiento de una red de seguridad que dé garantías ante posibles crisis de precios y, un tercer eje, que defiende el mantenimiento de las ayudas al medio rural.
En cuanto a las ayudas directas, el parlamentario socialista abogó por el fortalecimiento de las mismas, «priorizándose aquellas que van dirigidas a agricultores y ganaderos profesionales, que cuidan el Medio Ambiente, desarrollan los pueblos y crean empleo en estas zonas». El segundo objetivo de estas negociaciones se basaría en «mejorar la posición negociadora de los agricultores en relación a la industria y la distribución». En tercer lugar, señaló Alonso, «queremos que la PAC asegure una buena relación comercial, que impida la entrada de productos de otros países en condiciones de competencia desleal».
Esta Política europea supone el 40% de los ingresos de los agricultores y ganaderos de España.  

La sexta sentencia de este año favorable al Trasvase Tajo-Segura y a la compra de agua ha caído del lado de los regantes del Sureste. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha perdido otro recurso contra los desembalses de la cabecera, en este caso por un fallo de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Ninguna de las alegaciones planteadas por el Ejecutivo de José María Barreda contra el acueducto ha sido aceptada este año (y los anteriores) en los tribunales. No sólo por parte del Supremo, sino también de los órganos superiores de justicia de Madrid y de Castilla-La Mancha.

En abril, julio, agosto, octubre y noviembre se han sucedido sendas sentencias por trasvases autorizados entre los años 2003 y 2009 por la Comisión de Explotación o por el Consejo de Ministros. En uno de los casos se alegó contra un desembalse destinado a los abastecimientos. En otro se recurrió la compra de agua a Estremera, pese a que este municipio se encuentra en la Comunidad de Madrid. El Supremo ha hecho este años dos reproches a Castilla-La Mancha por entender que emplea motivos políticos y plantea recursos de forma temeraria y repetitiva.

La tesis

Los argumentos jurídicos suelen ser los mismos, ya que los recursos están basados en la ausencia de informes previos para autorizar determinados desembalses y en que no se ha emitido una declaración de impacto ambiental por parte de de Castilla-La Mancha.

En el último fallo al que ha tenido acceso este diario, el Supremo confirma una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que no atendió la petición del Gobierno de Barreda para anular un desembalse del año 2003 que ascendió a 187 millones de metros cúbicos, de los cuales se concedieron 43 como adelanto del último trimestre del año hidrológico (verano). En aquella época gobernaba el PP. El Supremo ha rechazado ahora el recurso de casación del letrado de Castilla-La Mancha, que argumentó que no se podía autorizar un desembalse sobre el que previamente no hubieran informado las confederaciones hidrográficas. En particular, hacía notar que el adelanto de 43 hectómetros no estaba justificado.

El Sindicato Central de Regantes del Trasvase y el abogado del Estado razonaron que los informes, en especial el de la demarcación del Tajo, sí constaban en el expediente administrativo. Al mismo tiempo, recordaron que el abogado del Gobierno de Toledo no hizo constar con anterioridad el motivo de su recurso. El Supremo no le ha dado la razón y estima que se ha planteado «una cuestión nueva» en el recurso de casación que debía haberse formulado en la primera instancia jurisdiccional. Recuerda además que los informes de las confederaciones hidrográficas son preceptivos, pero no vinculantes para el Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido condenado al pago de las costas procesales, que no podrán rebasar los 600 euros.

Las filtraciones del Túnel del Talave fueron el origen de una disposión adicional de la Ley del Trasvase Tajo-Segura que establece, precisamente, que las aguas subterráneas de la provincia de Albacete «no son trasvasables».
Esta disposición adicional es, precisamente, uno de los argumentos que se han usado desde Albacete para rechazar la creación de la llamada Batería Estratégica de Pozos de Sequía por parte de la Confederación del Segura.
Ésta, por su parte, siempre ha replicado que los pozos de sequía perforan acuíferos situados en la cuenca del Segura y, por tanto, no cabe hablar de trasvases porque las aguas nunca cambian de ámbito, esto es, de cuenca.
Sin embargo, en el caso de los municipios situados justo en la linde entre el Júcar y el Segura, la situación podría no estar tan clara, a la luz de precedentes como el del Túnel del Talave que es, precisamente, lo que inquieta a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.
En la actualidad, la provincia de Albacete recibe, todos los años, 6,44 hectómetros cúbicos de agua, en concepto de compensación por las filtraciones de agua que se siguen produciendo, precisamente, a causa del ‘pinchazo’ del Túnel del Talave.
Esta compensación fue ratificada, además, por una sentencia de la Audiencia Nacional, dictada el pasado mes de noviembre del año 2006.    

Herminio Molina: «Nos preocupa que se quieran hacer perforaciones en municipios como el de Alcadozo, porque tememos que se repita la historia del ‘pinchazo’ del Túnel del Talave»

Imagen de la salida del Túnel del Talave, que atraviesa el subsuelo de varios municipios albaceteños.

E. FERNÁNDEZ

La decisión de la Confederación del Segura de ampliar la red de control de aguas subterráneas a pueblos como Alcadozo o Pétrola ha causado «estupor y disgusto» entre la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo).
La Jcrmo es un organismo adscrito a la Confederación del Júcar pero, según recordaba su secretario, Herminio Molina, la red de sondeos de control de la CHS se empieza a acercar «de forma preocupante» al acuífero 18 o acuífero de la Mancha Oriental.
«Perforar en pueblos como Alcadozo es hacerlo justo en la linde entre ambas cuencas hidrográficas -señaló- y ya sólo faltaría que se quisieran llevar agua del acuífero 18, si eso se produjese, nos tendrían en frente, sería una total y absoluta arbitrariedad».
Molina no ocultó que esta decisión de la CHS inspira «recelos y desconfianza» tanto entre la directiva como entre los socios de la Jcrmo, porque ya existe un precedente histórico de un ‘pinchazo’ en el acuífero de la Mancha Oriental: el Túnel del Talave.
El Túnel del Talave tiene 32 kilómetros de longitud, y forma parte del trasvase Tajo-Segura. Alcanza una profundidad de 300 metros y, en su recorrido, pasa, entre otros lugares, bajo Alcadozo.
«Cuando se construyó el túnel, se perforó el acuífero, y el agua de la Mancha Oriental empezó a fluir aguas abajo del Trasvase, por el Túnel, por eso nos preocupa que vayan a hacer perforaciones en la zona, no va a ser que la historia se repita», afirmó el secretario de la Jcrmo.
Quien no abriga la más mínima duda de que el ‘pinchazo’ se va a repetir, cuando se perfore, es el vicepresidente de la Junta Central de Regantes del Alto Segura, Prudencio López Fuster.
López Fuster, que también es director técnico del Instituto Técnico Agronómico Provincial y una de las personas que mejor conoce el acuífero de la Mancha Oriental dijo que está «completamente seguro» de ello, debido a las características de la zona.
«Alcadozo forma parte del Segura porque sus aguas superficiles vierten hacia esa cuenca -indicó- pero, bajo tierra, sus acuíferos subterráneos forman parte de la Mancha Oriental».
López Fuster consideró que esta medida de la CHS forma parte de la política «contradictoria e incomprensible» que han adoptado sus responsables, al empeñarse en usar los recursos subterráneos de la provincia de Albacete.
«Es una política contradictoria, cuando ellos mismos reconocen que, en el Alto Segura, los acuíferos tienen un déficit de 50 hectómetros cúbicos- indicó- y es incomprensible, porque la base legal que tenían para usar los pozos es un decreto de medidas excepcionales vinculadas a la sequía, que como todo el mundo sabe, ya se ha terminado».