Los agricultores que tienen pozos en el Acuífero 23 y hayan decidido cambiar sus aguas privadas a concesionales no pagarán la tasa de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a partir del próximo mes de noviembre.

Así lo remarca hoy el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, quien ha recordado que el Pleno de la institución adoptó por unanimidad el acuerdo en la sesión del pasado viernes.

De Lara, en un comunicado, ha señalado que la Diputación se muestra partidaria de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a paliar la situación que padecen los profesionales del campo.

El presidente de la institución ha indicado que la decisión se tomó después de tener conocimiento de la problemática que sufren los titulares de pozos del Acuífero 23 tras las reuniones que ha mantenido con agricultores afectados y con las comunidades de regantes.

El acuerdo permitirá a los agricultores que quieran cambiar sus aguas privadas a aguas concesionales y que, obligatoriamente, tienen que someter sus expedientes a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, que gestiona la Diputación provincial, no paguen la tasa que asciende a 160 euros por este servicio.

De Lara ha comentado que para llegar a este punto que beneficia, sin duda, a muchos agricultores de la provincia, se ha tenido que reformar toda la ordenanza fiscal.

En la actualidad el acuerdo se ha sometido a un plazo de 30 días de exposición pública «por si alguien quiere hacer alguna alegación».

«Es una excepción que no es habitual, pero nos parece justo para los agricultores, sobre todo para los viticultores y regantes en general de la provincia, que no tengan que pagar ni un solo euro por la inserción del anuncio», ha añadido De Lara, quien ha comentado también que tienen conocimiento de que alrededor de 80 propietarios de pozos ya han realizado el trámite previo pago de la tasa.

Ante esto, el presidente ha comentado que «tengo encomendado a los servicios técnicos de la Diputación que den un informe jurídico que pueda permitir devolver las tasas ya abonadas por los que ya han pagado este impuesto para dar publicidad a su anuncio».

El abandono de la actividad productiva agrícola en una finca no exime del pago de la cuota a la comunidad de regantes, independientemente de que no se estén utilizando las infraestructuras, un dato que muchos propietarios desconocen y que está llevando a que crezcan de manera exponencial los procesos ejecutivos judiciales para recuperar los atrasos, situación que puede derivar incluso en el embargo del terreno.

El problema es cada vez más importante, según reconocen todas las organizaciones de agricultores y regantes, que advierten que “empeorará” en el próximo ejercicio, ante el imparable incremento de los costes productivos, mientras los ingresos, y sobre todo, la rentabilidad, se mantienen en los mismos malos niveles que arrastra el sector desde hace ya muchos años en la provincia.

POR LEY // Y es que ni el enfado ni la sorpresa de los propietarios, que van a sus respectivas comunidades de riego a quejarse de que quieren darse de baja por no utilizar sus servicios, les exime de cumplir sus obligaciones económicas. De hecho, el reglamento del dominio público hidráulico en vigor establece que todas las fincas de una comunidad con derecho a riego deben contribuir con los gastos que se generan. Es más, con las nuevas directivas europeas en vigor, a esos gastos se suma el pago de las infraestructuras hidráulicas, ya sean de nueva inversión o para el mantenimiento de las mismas.

EL 10% DE COMUNEROS // Para la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), tres son los motivos que explican esta situación: la ausencia de beneficios en los negocios, con unos precios de los productos que siguen yendo a la baja; los problemas para acceder al crédito que permita refinanciarse a los propietarios; y el imparable aumento de los costes de explotación, caso de las tarifas eléctricas, que suben “desde hace 2 ó 3 años, y ahora en octubre volverá a hacerlo otro 4,8%”, un escenario que les lleva a prever que “empeorará en el 2011”.

El expresidente del Sindicato Central de Riegos del Millars y presidente de la comunidad de regantes de la capital, José pascual, estima que el problema ya afecta al 10% de los socios de las entidades y subraya que “los derechos y las obligaciones con las comunidades están ligados inseparablemente a las fincas, no a los propietarios”, lo cual implica que hay que asumirlos siempre.

El secretario de Fepac-Asaja, Doménec Nàcher, recuerda que el sistema es idéntico al que se da en las comunidades de vecinos, y recuerda que “es el riego lo que precisamente revaloriza la propiedad”, un derecho “que hay que asumir también con todas las consecuencias”.

La Fundación Agua y Progreso presentará en Castelló el próximo jueves, 30 de septiembre, la exposición titulada «Trasvasament de l’Ebre: Govern de la II República Española», que contiene documentos originales de 1937, en los que el entonces director general de Obras Hidráulicas del Gobierno de II República Española, Félix de los Ríos, planificaba el Trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana y Murcia. Posteriormente, se presentará el libro del mismo título, editado por la Fundación, que recoge los documentos de la exposición.

Agua y Progreso ha querido reunir en una exposición estos documentos que considera «de gran importancia histórica» para la Comunitat Valenciana, con el objetivo de que todos los ciudadanos «puedan tener acceso directo a esta muestra gráfica que forma parte de la memoria histórica de los valencianos, en particular, y de todos los españoles, en general», según ha explicado la entidad en un comunicado.

Los documentos, adquiridos recientemente por la Fundación Agua y Progreso y autentificados mediante pruebas caligráficas, son originales de 1937 y contienen un «minucioso» informe sobre el Trasvase del Ebro, titulado «Aprovechamiento de parte de las aguas sobrantes del Ebro en ampliar y mejorar los riegos de Levante». El informe es obra del ingeniero de Caminos Félix de los Ríos, uno de los más reputados y prestigiosos expertos españoles en materia hidráulica de la época.

El alto cargo del Gobierno republicano, que entonces tenía su sede en Valencia, realizó un plano detallado con la planificación del Trasvase del Ebro desde Cherta, en Tortosa, hasta la Región de Murcia, pasando por Castelló, Valencia y Alicante, y que forma parte de la muestra que puede ser visitada en Castelló.

Además del plano, en la exposición que organiza la Fundación Agua y Progreso podrá contemplarse un informe de Félix de los Ríos en el que se detallan «los caudales sobrantes del Ebro que deberían destinarse a mejorar los riegos del Levante peninsular, con el fin de aumentar el agua disponible para regadío».

Por último, también forma parte de la muestra la carta que el entonces delegado del Gobierno de Servicios Hidráulicos de la Cuenca del Segura, Luis López Ambid, dirigió en 1937 al ministro de Obras Públicas de la II República, Bernardo Giner de los Ríos.

En la misiva, López Ambid solicita el Trasvase del Ebro al Levante español, basándose en el informe de Félix de los Ríos, ante el «agotamiento total de los caudales disponibles para riego de la cuenca del Segura y sus afluentes».

Esta exposición itinerante, que tiene el objetivo de recorrer la Comunitat Valenciana, podrá ser visitada en la plaza Mayor de Castelló hasta el próximo sábado 2 de octubre. El acto de inauguración tendrá lugar el próximo jueves a las 10.00 horas y estará presidido por el vicepresidente del Consell y titular de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, en calidad de presidente de la Fundación Agua y Progreso; el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y el director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos.

La Federación Provincial de Comunidades de Regantes ha decidido enviar un informe al secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, en el que propone la construcción de una segunda toma del agua para el trasvase Júcar-Vinalopó aprovechando los caudales que se vierten todos años al Júcar desde el pantano de Tous y en que en su mayoría acaban en el mar tras pasar por la Albufera de Valencia. De esta forma los futuros usuarios del trasvase disfrutarían de agua de calidad -la misma que se utiliza en Valencia y se bebe en Albacete- y el Ministerio no tendría que construir la polémica potabilizadora.
En concreto, el planteamiento de la Federación, que respalda la postura de la Junta Central de Usuarios, pasaría por conectar el embalse con el trasvase construido por el Ministerio de Medio Ambiente en el tramo del sifón Barxeta-Xátiva, lo que permitiría contar con «agua potable de gran calidad que ahora mismo se va al Turia y a la Albufera. Hablamos de una cantidad que no altera para nada el caudal del Júcar y que, además, permitiría ahorrarnos la potabilizadora», subraya Ángel Urbina, portavoz de la Federación.
Los regantes estiman que el coste de esta infraestructura rondaría los 25 millones de euros, un 40% menos que la potabilizadora para la que no tiene presupuesto Medio Ambiente. Según los datos en poder de los regantes, conseguidos de los que maneja la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, el embalse de Tous ha llegado a tener este año almacenados 250 hm3 que ha sido soltando al río «porque a partir del próximo miércoles, día 30, el embalse no puede tener más de 80 hm3 en prevención de cualquier avenida producto de la gota fría que nos suele visitar en otoño», añadió Urbina. La toma Tous-trasvase supondría, además, un ahorro de 90 metros en la elevación del agua en relación al azud de la Marquesa, con lo que se abarataría sensiblemente el coste de gestión de la futura canalización, según la información facilitada por la Federación Provincial que se va a enviar a Puxeu.

Cambio de estrategia
Los futuros usuarios del Júcar-Vinalopó han decidido cambiar de estrategia en la negociación que mantienen con el Ministerio de Medio Ambiente para la gestión de los recursos que lleguen a la provincia desde el Júcar a fin de acabar con la sobreexplotación de los acuíferos. Regantes y Usuarios han trasladado al Ministerio de Medio Ambiente dos condiciones innegociables para aceptar los caudales que lleguen del polémico Azud de la Marquesa: el precio del metro cúbico del agua que se almacene en el embalse de San Diego (Villena) no deberá superar los 0,18 euros por metro cúbico y la calidad deberá ser la misma que se acordaron usuarios y Ministerio en el proyecto original cuando el agua se captaba de Cortes de Pallás. Si se cumplen estos dos requisitos el trasvase será una realidad y el agua podrá a comenzar por las canalizaciones del postrasvase. Si los análisis son contrarios el agua se quedará embalsada. De esta forma, usuarios y regantes tratan de cambiar de estrategia. Renuncian al conflicto directo con el Ministerio pero están dispuestos a ser inflexibles en una cuestión clave como es el futuro de los recursos hídricos en gran parte de la provincia.
Mientras, Consell y Medio Ambiente siguen sin mover ficha en una especie de idilio que ha comenzado a levantar todo tipo de suspicacias entre los agricultores.
La empresa que coordina la ejecución de las obras del trasvase, Aguas del Júcar, asegura que tiene prácticamente a punto el trasvase para comenzar a llevar agua a la balsa de San Diego. Algo que, sin embargo, no garantiza su posterior distribución inmediata porque la infraestructura debe someterse a pruebas al menos un año.

La Comunitat cierra el jueves un año hidrológico incomparable. Hay que remontarse décadas atrás para encontrar datos de agua embalsada tan positivos. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de cuyos ríos se nutre gran parte del territorio valenciano, deja atrás un ejercicio de tranquilidad, sin tensiones de ningún tipo entre los diferentes usuarios, algo impensable cuatro años antes.

Sólo como botón de muestra, ha habido reserva suficiente para transferir durante meses un metro cúbico de agua del Turia a la Albufera, algo que no sucedía de forma continua desde hace seis años. De esta forma, se reduce la aportación del caudal depurado de Pinedo, limpio pero con fósforo y nitratos, en favor del agua viva del río.

La reserva hídrica prácticamente se ha duplicado a lo largo del año hidrológico (de octubre a septiembre). En la actualidad, los pantanos de la Confederación acumulan 1.623 hectómetros cúbicos, lo que significa que se encuentran al 48,7% de capacidad. Hace semanas el nivel llegó a ser mayor (la pasada se situó en el 49,1%), debido a que la Confederación reduce el volumen de embalsamiento al final del ejercicio, una medida que tiene mucho que ver con la seguridad de cara a frenar posibles avenidas como consecuencia de las lluvias torrenciales del otoño.

En cambio, al final del año hidrológico 2008-2009, el nivel de agua se situaba en un 28,1%. Y ya entonces se determinó el fin de la sequía que tanta tensión causó en los ejercicios anteriores. Además, el dato es bueno se mire por donde se mire. La media de los últimos cinco años es de un 19,3% de agua almacenada en todas las presas de la cuenca, y en los últimos diez, del 21,1%.

La principal causa de la bonanza han sido las precipitaciones, tal y como explican desde el organismo regulador de la cuenca. No es que en otros años no haya llovido, sino que en esta ocasión ha caído donde debía. «El balance que debemos hacer es positivo tras años de recuperación», explica Federico Bonet, el director técnico de la CHJ. «Ha influido la distribución geográfica de la precipitación, pues ha llovido más en las cabeceras de los ríos (que es donde se concentran los pantanos)», señala, lo que hace prever un nuevo año de tranquilidad hidrológica, al menos, desde el punto de vista técnico. De hecho, las reservas actuales darán tranquilidad al abastecimiento para los próximos dos años, teniendo en cuenta las previsiones iniciales.

La recuperación respecto a la época de sequía es más que palpable, como se aprecia en el gráfico adjunto. Por ejemplo, entre 2005 y 2007 el almacenamiento total, en 22 pantanos, no superó los 616 hectómetros cúbicos (18,4%), mientras que en la actualidad, sólo Alarcón, el más grande de los que suministran a la Comunitat, suma 568.

De hecho, los embalses más importantes han conseguido reservas muy buenas, que en el caso de Contreras y Alarcón, son las mejores del siglo XXI.

A juicio de Bonet, las medidas adoptadas por los diferentes actores del agua también han influido en la situación actual. «Un ejemplo es Valencia, que en los últimos cuatro o cinco años ha reducido su consumo, lo que también indica que hay una mayor concienciación, mientras que además se ha producido un esfuerzo importante en la modernización de los regadíos», señala el director técnico. Al fin y al cabo, el uso agrario es el que más cantidad de agua precisa.

Agua en el nuevo cauce

Una de las consecuencias más llamativas de la bonanza hidrológica se ha podido comprobar en el nuevo cauce del Turia, que durante muchos de los meses de 2010 ha estado llevando el agua que ni el pantano de Benagéber ni el de Loriguilla han podido embalsar. Se trata de una imagen más que difícil de ver. En el caso del primero, se debe a que ha estado técnicamente lleno durante buena parte del año, y en el del segundo, a que las deficiencias de la vieja infraestructura impiden, por seguridad, un mayor porcentaje de llenado.

Precisamente, Bonet explicó que la previsión es que los trabajos de mejora de los embalses como el de Loriguilla estén terminados a mediados del año que viene. En este caso, a los problemas del desagüe de fondo, que se solventarán con la intervención, hay que añadir las filtraciones que se producían en una de las laderas, lo que suponía un riesgo en caso de avenida.

La solución llegó con la inyección de cemento en las grietas, lo que ha permitido incrementar el agua embalsada en siete hectómetros cúbicos por encima del límite de seguridad, situado en 23.

La tranquilidad que garantiza el incremento espectacular de las reservas de agua no se ha trasladado a la arena política, donde se mantienen las continuas exigencias políticas de las comunidades autónomas. Si bien este año la reivindicación histórica del trasvase del Ebro todavía se ha podido escuchar de forma periódica, la batalla se ha librado en torno al trasvase Tajo-Segura, que garantiza la supervivencia de los regadíos del sur de Alicante y Murcia.

El enfrentamiento más crudo llegó con la intención del Gobierno socialista de Castilla-la Mancha de crear una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos de sus ríos en su Estatuto de autonomía, lo que en la práctica anulaba el citado trasvase. Al final, el Estatuto no salió adelante, si bien el equipo de José María Barreda pretende impulsar una ley en el Congreso que recoja sus aspiraciones hídricas.

Además, existe el temor de que se reduzca el agua que llega del Tajo con el futuro plan de cuenca del río, que plantea aumentar el caudal ecológico y las reservas para la propia región, por no hablar del lento avance de las desaladoras del plan Agua, alternativa al trasvase del Ebro.

El presidente de Castilla²-La Mancha, José María Barreda³, aseguró este sábado en referencia a las reivindicaciones de nuestra Comunidad Autónoma respecto al agua que “vamos ganando terreno, porque estamos cargados de razón”. “Cada vez son más escuchadas nuestras razones”, añadió, al tiempo que insistió en que “tenemos que librar la batalla de la defensa del agua y de nuestros intereses, haciendo valer que tenemos derechos que nos asisten”.

Barreda hacía estas manifestaciones en Buendía (Cuenca), donde inauguró las obras de rehabilitación de la Ermita de ‘Nuestra Señora de los Desamparados’, en un paraje ubicado en la margen derecha del río Guadiela y a escasos metros del embalse de Bolarque.

El jefe del Ejecutivo regional subrayó que “mantenemos nuestra reivindicación” para que podamos tener agua en el entorno de nuestros pueblos. Por ello, a los alcaldes de los municipios ribereños que luchan por conseguir una lámina permanente de agua les dijo que “siempre tendréis en mí un aliado, un cómplice, alguien que va a luchar permanentemente por vosotros”.

Día del Emigrante

La inauguración de estas obras se ha hecho coincidir con la celebración del Día del Emigrante, una jornada instaurada por el Ayuntamiento de Buendía desde el año 2006. “Es una buena idea celebrar este día”, manifestó el presidente Barreda, recordando que en torno a un millón de castellano-manchegos, muchos de ellos de la comarca de La Alcarria, tuvieron que emigrar en los años 50 porque veían como las tierras más fértiles de nuestros pueblos estaban siendo anegadas por las aguas de los pantanos y las inversiones se hacían en otros lugares.

En este contexto, el máximo responsable del Ejecutivo regional reivindicó que “ahora tenemos Autonomía y por eso muchas cosas están cambiando, porque somos los responsables de nosotros mismos”.

Por su parte, el alcalde de Buendía, Vicente Obispo, se declaró defensor de nuestros embalses y agradeció al presidente Barreda el haber estado siempre de su lado en la defensa de lo que, dijo, “es nuestro”.

Una jornada festiva

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, compartió esta jornada festiva junto a más de medio millar de personas, que concluyeron de esta celebración con la degustación de calderetas elaboradas por los vecinos y vecinas del pueblo.

Todos ellos han coincidido a la hora de mostrar su satisfacción por la rehabilitación de la Ermita de ‘Nuestra Señora de los Desamparados’ y sus alrededores, puesto que además este lugar acoge a la Virgen de los Desamparados desde el primer sábado de septiembre hasta el segundo sábado de mayo, cuando es llevada en procesión hasta el pueblo.

En el verano de 2003 la Sierra de Enmedio sufrió un incendio que afectó no sólo a la ermita, sino también a un entorno con alto valor medioambiental y con un extraordinario atractivo turístico. Con la ayuda del Gobierno regional se consiguió rehabilitar el paraje y sus instalaciones, con el ensanchamiento y acondicionamiento del camino desde la presa hasta la misma ermita.

Se rehabilitó el puente que atraviesa el Guadiela, se reparó la propia ermita y su patio, y se dotó al lugar de servicios y merenderos para el uso y disfrute de todos los vecinos y visitantes. En total, se realizó una inversión de casi un millón y medio de euros.

A las eléctricas se les hace inviable ya continuar soportando en sus balances el déficit de tarifa -cantidad que se debe a estas compañías por retrasar las subidas tarifarias necesarias-.

Pero el Gobierno, lejos de solucionar el problema ha fijado la congelación de la única parte del recibo de la luz que regula y se limitará a trasladar a la tarifa un alza del 4,8% por el encarecimiento de la energía, a sabiendas de que con esta maniobra el desajuste eléctrico se disparará hasta en 2.000 millones más. Por ello, el sector se ha puesto en pie de guerra y estudia denunciar ante el Tribunal Supremo la política tarifaria.

Fuentes del sector explicaron a elEconomista que Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.ON analizan todas las posibilidades sobre plantear un recurso contra el Gobierno, de forma individual e incluso a través de la patronal Unesa, como se ha hecho en otras ocasiones.

Pero lo relevante en esta ocasión es que estas compañías podrían llegar a denunciar al Ministerio de Industria por prevaricación, en tanto que el departamento que dirige Miguel Sebastián está perjudicando al sector e incluso ha hecho un cálculo del daño a las empresas, en un momento donde se intenta solucionar el déficit de tarifa, que asciende ya a 17.624 millones de euros.

Estas compañías utilizarán, si finalmente formulan la denuncia, la nota informativa que envió Industria por error a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para solicitar un informe sobre el borrador de tarifas donde se incluía la congelación de los peajes y que todavía está siendo valorado por este organismo.

En este documento adjunto al mencionado borrador, Industria especificaba que esta medida provocaría un nuevo desajuste de entre 1.247 y 1.905 millones de euros en la cuenta del déficit tarifario para el año 2010 si se contabilizan los extracostes de las energías renovables y de la distribución.

Con todo, las eléctricas entienden que el Ejecutivo está incumpliendo la ley y los compromisos acordados con el sector, ya que se promulgó un decreto que fijaba unos límites para el déficit de tarifa de forma que este año se cerrara a 3.000 millones de euros y el próximo en 2.000 millones, de tal forma que en 2011 el desajuste tan sólo fuera de 1.000 millones.

Sin embargo, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) denunció ayer que la subida en un 4,8 por ciento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz en octubre no es suficiente para contener el déficit de tarifa, que este año podría situarse en entre 4.500 millones y 5.000 millones de euros, informa Ep.

Según estos datos, se rebasaría el límite de los 3.000 millones de este año y se dispararía en hasta 2.000 millones más, tal y como adelanto elEconomista. Estas cantidades han hecho que el Ministerio de Economía haya sido previsor y haya propuesto la emisión de 25.000 millones en el folleto para la colocación del déficit en los mercados financieros. Esta cantidad supone 5.000 millones más de lo previsto.

Según Industria, la ampliación de la cobertura no es consecuencia de que se vayan a subir los límites fijados para el déficit de tarifa, sino a las posibles refinanciaciones.

Daño a los consumidores

En el otro lado, se encuentran los consumidores que tendrán que pagar ahora los retrasos del Gobierno a la hora de actuar. El Ejecutivo continúa aplazando las subidas necesarias hasta que la bola de nieve se ha hecho inabarcable. ¿Cuál es el resultado? En las próximas revisiones, el Gobierno tendrá que sumar una parte para financiar el desajuste eléctrico, además de las alzas que correspondan por el precio de la energía.

De momento, para la revisión de octubre el recibo subirá un 4,8%, como consecuencia de los resultados de la subasta celebrada el pasado martes. Para realizar este cálculo, el Ministerio toma el precio del producto base y el de producto punta (incrementos del 4,9 y 5,4%, respectivamente) y, al aplicar las curvas de demanda del cuatrimestre para las tarifas con y sin discriminación horaria, resulta el componente de energía de las mismas.

A estos se le suman los servicios complementarios, garantía de potencia y margen comercial. Por último, se incorporan los peajes (que se han congelado). Con todo, la subasta se disparó un 11% y, teniendo en cuenta que este índice supone la mitad del recibo eléctrico, la luz debería haber subido un 5,6%, pero Industria lo rebajó hasta el 4,8% y esto tampoco ha gustado a las eléctricas.