La Junta dio luz verde a la Orden de la Consejería Agricultura que regula las ayudas para este año 2010 destinadas a la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios con un presupuesto total de 700.000 euros. Mediante esta convocatoria será subvencionable la adquisición de maquinaria y equipos agrícolas que contribuyan a mejorar los actuales sistemas de producción, el ahorro energético, la conservación del medio ambiente y mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores.
El importe de la subvención será del 40% del total de la inversión, pudiendo llegar hasta el 50% cuando las explotaciones se encuentren ubicadas en zonas de montaña u otras zonas con dificultades, sin que en ningún caso pueda exceder de 50.000 euros. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las sociedades cooperativas del ámbito agrario y sus agrupaciones o uniones, y las sociedades agrarias de transformación. Las Agrupaciones de tratamiento integrado en agricultura (Atria) y las Agrupaciones de sanidad vegetal (ASV), solamente para maquinaria y equipos propios de sus actividades específicas.    

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, afirmó este martes que «se está trabajando a un ritmo muy intenso» en la elaboración de los planes de cuenca y aseguró que se están «cubriendo los plazos» en el proceso.

En un acto en Madrid para entregar diverso material al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), Puxeu recordó la reciente aprobación de un decreto que «permitirá la presentación de esquemas de temas importantes de cada cuenca», algo «fundamental para avanzar en los procesos de participación».

«Se está trabajando a un ritmo muy intenso, cubriendo los plazos, pero es un trabajo continuo, que no tiene una fecha», añadió.

Según indicó el secretario de Estado, «algunas cuencas tienen ya procesos de participación pública muy avanzados».

Durante el acto, Puxeu hizo entrega de una treintena de motocicletas al Seprona, con las que se tratará de reforzar la protección del medio ambiente en la cuenca del Tajo.

Además de estos vehículos, el Seprona recibió 10 unidades de GPS, 10 faros halógenos, una decena de máquinas hidrolimpiadoras, 10 impresoras de color, linternas y 6 unidades de laboratorio portátil para análisis de agua.

La colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el de Interior ha posibilitado que el servicio de aguas fluviales de la Confederación del Tajo y el Seprona hayan inspeccionado en los últimos tres años un total de 2.000 pozos, lo que ha supuesto la apertura de alrededor de 1.000 expedientes.

Al acto asistieron también la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Mercedes Gómez, y el general del Servicio de Protección de la Naturaleza, Alfonso Escuer Mur.

La comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Senado ha aprobado por unanimidad una moción por la que se insta al Gobierno a presentar en un plazo «máximo» de dos meses los planes de cuenca para la gestión hidrográfica del Miño-Sil y del Duero y del plan del Cantábrico.

   La moción, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, ha contado con la inclusión de una enmienda del partido socialista por la que se pide al Ejecutivo central «agilizar lo antes posible» y dentro de los plazos «administrativos previstos» la presentación del plan de cuenca del Cantábrico.

   Todos los grupos han votado a favor de la enmienda presentada por los socialistas y han coincidido en subrayar la necesidad de que se terminen «cuanto antes» los planes hidrográficos.

   Además, el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza ha pedido que en estos proyectos se recoja el «caudal mínimo» que debe de tener un río para que «sólo» se pueda alterar por razones naturales y «no» por intereses privados de las empresas hidroeléctricas.

   «Celebramos el acuerdo porque de esta manera se permite salvar la actual situación y establecer e instar al Gobierno a cumplir con el compromiso en estas cuencas», ha recalcado el senador por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana Josep María Batlle Farrán.

La reserva hidráulica acumula 36.783 hectómetros cúbicos, lo que supone 13.592 hm3 más que el pasado año y 11.620 hm3 más que la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la Atlántica Andaluza se encuentra al 81,6 por ciento, las del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 78,7 por ciento y la del Guadalquivir al 75,8 por ciento.

También entre las cuencas con mayor caudal destacan las internas de Cataluña, al 74,9 por ciento de su capacidad; las Cuencas internas del País Vasco al 71,4 por ciento; la cuenca Mediterránea Andaluza al 69,5 por ciento; la del Duero al 64 por ciento; la del Ebro al 61,2; la Cuenca del Tajo, al 61 por ciento; la del Cantábrico al 59,7 por ciento, Segura al 57,1 por ciento; y la del Miño-Sil al 55,3 por ciento.

En peor situación está Galicia Costa (51 por ciento) y Júcar (48,3 por ciento).

La capacidad total de las cuencas españolas alcanza los 55.586 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada actualmente es de 36.783 hm3. De éstos, 28.553 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 8.230 pertenecen a la vertiente mediterránea.

La ONG WWF ha urgido a España a terminar con el uso ilegal del agua en la agricultura, con ocasión de la Conferencia que sobre políticas europeas de agua en la agricultura se ha inaugurado hoy en Bélgica.

España tiene más de 500.000 pozos ilegales, la mayoría dedicados al regadío, ha denunciado esta organización en una nota de prensa, difundida hoy en Madrid.

Para WWF, los pozos ilegales en España están amenazando no sólo la supervivencia de zonas de alto valor ambiental, sino el abastecimiento a poblaciones o a las actividades socioeconómicas tradicionales, «y hay dos casos que llaman especialmente la atención: Daimiel y Doñana».

Según la ONG, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal de importancia internacional, se está secando por la presión de los más de 20.000 pozos ilegales que lo rodean, dedicados en gran parte al regadío del viñedo, un cultivo tradicional de secano.

Sobre Doñana afirman que hay más de 1.000 pozos ilegales y no existe un plan de extracciones de las aguas subterráneas que regule lo que sacan los pozos legales, y esta situación, añaden, ha desencadenado que las marismas de este otro Parque Nacional «reciban un 80% menos de agua de los aportes naturales del acuífero».

A partir de la experiencia española, WWF España recomienda reorientar las ayudas públicas hacia aquellos agricultores y ganaderos que generan bienes públicos (como la conservación de zonas húmedas o la lucha contra la contaminación de las aguas).

Asimismo aconsejan exigir el uso legal y eficiente del agua como requisito previo para obtener cualquier etiqueta de calidad;y la clausura inmediata de los pozos ilegales e imposición de las correspondientes sanciones.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, ha asegurado que hace años que el Ministerio de Medio Ambiente dio el dato de los 500.000 pozos ilegales en España y que «son escasos los movimientos por parte de la administración para cerrarlos».

WWF recuerda además que un 13% del regadío en España obtiene el agua de acuíferos sobreexplotados y que un 12% del territorio nacional está declarado como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos de Origen Agrario, lo que, a su juicio, pone en «serio peligro» el abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente.

Menos de una semana ha tardado el laboratorio municipal del Ayuntamiento de Valencia en hacer análisis al agua del lago de la Albufera para refutar el informe de la Universitat de Valencia que detectó hasta 14 tipos de droga (cocaína, éxtasis y cannabis, entre otras) en el lago del Parque Natural. Con base en el citado informe, la alcadesa concluyó ayer que el agua del lago «es transparente» y está «mejor que nunca». Barberá lanzó un mensaje tranquilizador y dijo que la cantidad de droga detectada por la UV es tan ínfima (un nanogramo por litro de agua) que «sería necesario beber toda el agua de la Albufera para poder consumir un gramo de estupefaciente». El informe del ayuntamiento quita así importancia a la presencia de estupefacientes en la Albufera, una noticia de amplia repercusión mediática.La alcaldesa insistió ayer que «no hay toxicidad alguna ni para la flora ni para la fauna y mucho menos para las personas». La regidora apuntó que el estudio lo había hecho una catedrática de nutrición y no de toxicología y que no es reciente -el muestreo es de 2008-.Ante la alarma generada, explicó Barberá, el ayuntamiento ha consultado con la presidenta de la Sociedad Española de Toxicología, Guillermina Font, quien asegura que «la infinitesimal cantidad de droga que se ha encontrado es fácilmente biodegradable y es imposible atribuirle potencial de riesgo tóxico para la salud». El mismo informe de la UV, recordó ayer el gobierno local, subraya que los niveles de droga detectados en el lago son similares en aguas superficiales de Reino Unido, Holanda y EE UU.Barberá señaló a las acequias y canales donde se vierten las aguas residuales como foco del problema y cuya responsabilidad es del Seprona de la Guardia Civil y de la CHJ. Así instó a la Delegación de Gobierno a asumir sus competencias y vigilar los vertidos que pasan por las acequias.El delegado del Gobierno replicó a Rita Barberá en sus mismos términos. Ricardo Peralta no descartó que en alguna redada de las Fuerzas de Seguridad «haya terminado algún alijo en el lago», pero añadió que «una vez que la droga está en la Albufera es competencia del municipio garantizar que ese lago tan importante esté en las mejores condiciones posibles».La amenaza del lago-según han constatado diferentes estudios- son los lodos tóxicos acumulados en el fondo así como la basura flotante que llega a través de las acequias de riego. Más de 800 toneladas de basura se han sacado del lago a través del planE.

Los agricultores que tienen pozos en el Acuífero 23 y hayan decidido cambiar sus aguas privadas a concesionales no pagarán la tasa de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a partir del próximo mes de noviembre.

Así lo remarca hoy el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, quien ha recordado que el Pleno de la institución adoptó por unanimidad el acuerdo en la sesión del pasado viernes.

De Lara, en un comunicado, ha señalado que la Diputación se muestra partidaria de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a paliar la situación que padecen los profesionales del campo.

El presidente de la institución ha indicado que la decisión se tomó después de tener conocimiento de la problemática que sufren los titulares de pozos del Acuífero 23 tras las reuniones que ha mantenido con agricultores afectados y con las comunidades de regantes.

El acuerdo permitirá a los agricultores que quieran cambiar sus aguas privadas a aguas concesionales y que, obligatoriamente, tienen que someter sus expedientes a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, que gestiona la Diputación provincial, no paguen la tasa que asciende a 160 euros por este servicio.

De Lara ha comentado que para llegar a este punto que beneficia, sin duda, a muchos agricultores de la provincia, se ha tenido que reformar toda la ordenanza fiscal.

En la actualidad el acuerdo se ha sometido a un plazo de 30 días de exposición pública «por si alguien quiere hacer alguna alegación».

«Es una excepción que no es habitual, pero nos parece justo para los agricultores, sobre todo para los viticultores y regantes en general de la provincia, que no tengan que pagar ni un solo euro por la inserción del anuncio», ha añadido De Lara, quien ha comentado también que tienen conocimiento de que alrededor de 80 propietarios de pozos ya han realizado el trámite previo pago de la tasa.

Ante esto, el presidente ha comentado que «tengo encomendado a los servicios técnicos de la Diputación que den un informe jurídico que pueda permitir devolver las tasas ya abonadas por los que ya han pagado este impuesto para dar publicidad a su anuncio».

El abandono de la actividad productiva agrícola en una finca no exime del pago de la cuota a la comunidad de regantes, independientemente de que no se estén utilizando las infraestructuras, un dato que muchos propietarios desconocen y que está llevando a que crezcan de manera exponencial los procesos ejecutivos judiciales para recuperar los atrasos, situación que puede derivar incluso en el embargo del terreno.

El problema es cada vez más importante, según reconocen todas las organizaciones de agricultores y regantes, que advierten que “empeorará” en el próximo ejercicio, ante el imparable incremento de los costes productivos, mientras los ingresos, y sobre todo, la rentabilidad, se mantienen en los mismos malos niveles que arrastra el sector desde hace ya muchos años en la provincia.

POR LEY // Y es que ni el enfado ni la sorpresa de los propietarios, que van a sus respectivas comunidades de riego a quejarse de que quieren darse de baja por no utilizar sus servicios, les exime de cumplir sus obligaciones económicas. De hecho, el reglamento del dominio público hidráulico en vigor establece que todas las fincas de una comunidad con derecho a riego deben contribuir con los gastos que se generan. Es más, con las nuevas directivas europeas en vigor, a esos gastos se suma el pago de las infraestructuras hidráulicas, ya sean de nueva inversión o para el mantenimiento de las mismas.

EL 10% DE COMUNEROS // Para la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), tres son los motivos que explican esta situación: la ausencia de beneficios en los negocios, con unos precios de los productos que siguen yendo a la baja; los problemas para acceder al crédito que permita refinanciarse a los propietarios; y el imparable aumento de los costes de explotación, caso de las tarifas eléctricas, que suben “desde hace 2 ó 3 años, y ahora en octubre volverá a hacerlo otro 4,8%”, un escenario que les lleva a prever que “empeorará en el 2011”.

El expresidente del Sindicato Central de Riegos del Millars y presidente de la comunidad de regantes de la capital, José pascual, estima que el problema ya afecta al 10% de los socios de las entidades y subraya que “los derechos y las obligaciones con las comunidades están ligados inseparablemente a las fincas, no a los propietarios”, lo cual implica que hay que asumirlos siempre.

El secretario de Fepac-Asaja, Doménec Nàcher, recuerda que el sistema es idéntico al que se da en las comunidades de vecinos, y recuerda que “es el riego lo que precisamente revaloriza la propiedad”, un derecho “que hay que asumir también con todas las consecuencias”.

La Fundación Agua y Progreso presentará en Castelló el próximo jueves, 30 de septiembre, la exposición titulada «Trasvasament de l’Ebre: Govern de la II República Española», que contiene documentos originales de 1937, en los que el entonces director general de Obras Hidráulicas del Gobierno de II República Española, Félix de los Ríos, planificaba el Trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana y Murcia. Posteriormente, se presentará el libro del mismo título, editado por la Fundación, que recoge los documentos de la exposición.

Agua y Progreso ha querido reunir en una exposición estos documentos que considera «de gran importancia histórica» para la Comunitat Valenciana, con el objetivo de que todos los ciudadanos «puedan tener acceso directo a esta muestra gráfica que forma parte de la memoria histórica de los valencianos, en particular, y de todos los españoles, en general», según ha explicado la entidad en un comunicado.

Los documentos, adquiridos recientemente por la Fundación Agua y Progreso y autentificados mediante pruebas caligráficas, son originales de 1937 y contienen un «minucioso» informe sobre el Trasvase del Ebro, titulado «Aprovechamiento de parte de las aguas sobrantes del Ebro en ampliar y mejorar los riegos de Levante». El informe es obra del ingeniero de Caminos Félix de los Ríos, uno de los más reputados y prestigiosos expertos españoles en materia hidráulica de la época.

El alto cargo del Gobierno republicano, que entonces tenía su sede en Valencia, realizó un plano detallado con la planificación del Trasvase del Ebro desde Cherta, en Tortosa, hasta la Región de Murcia, pasando por Castelló, Valencia y Alicante, y que forma parte de la muestra que puede ser visitada en Castelló.

Además del plano, en la exposición que organiza la Fundación Agua y Progreso podrá contemplarse un informe de Félix de los Ríos en el que se detallan «los caudales sobrantes del Ebro que deberían destinarse a mejorar los riegos del Levante peninsular, con el fin de aumentar el agua disponible para regadío».

Por último, también forma parte de la muestra la carta que el entonces delegado del Gobierno de Servicios Hidráulicos de la Cuenca del Segura, Luis López Ambid, dirigió en 1937 al ministro de Obras Públicas de la II República, Bernardo Giner de los Ríos.

En la misiva, López Ambid solicita el Trasvase del Ebro al Levante español, basándose en el informe de Félix de los Ríos, ante el «agotamiento total de los caudales disponibles para riego de la cuenca del Segura y sus afluentes».

Esta exposición itinerante, que tiene el objetivo de recorrer la Comunitat Valenciana, podrá ser visitada en la plaza Mayor de Castelló hasta el próximo sábado 2 de octubre. El acto de inauguración tendrá lugar el próximo jueves a las 10.00 horas y estará presidido por el vicepresidente del Consell y titular de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, en calidad de presidente de la Fundación Agua y Progreso; el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y el director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos.

La Federación Provincial de Comunidades de Regantes ha decidido enviar un informe al secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, en el que propone la construcción de una segunda toma del agua para el trasvase Júcar-Vinalopó aprovechando los caudales que se vierten todos años al Júcar desde el pantano de Tous y en que en su mayoría acaban en el mar tras pasar por la Albufera de Valencia. De esta forma los futuros usuarios del trasvase disfrutarían de agua de calidad -la misma que se utiliza en Valencia y se bebe en Albacete- y el Ministerio no tendría que construir la polémica potabilizadora.
En concreto, el planteamiento de la Federación, que respalda la postura de la Junta Central de Usuarios, pasaría por conectar el embalse con el trasvase construido por el Ministerio de Medio Ambiente en el tramo del sifón Barxeta-Xátiva, lo que permitiría contar con «agua potable de gran calidad que ahora mismo se va al Turia y a la Albufera. Hablamos de una cantidad que no altera para nada el caudal del Júcar y que, además, permitiría ahorrarnos la potabilizadora», subraya Ángel Urbina, portavoz de la Federación.
Los regantes estiman que el coste de esta infraestructura rondaría los 25 millones de euros, un 40% menos que la potabilizadora para la que no tiene presupuesto Medio Ambiente. Según los datos en poder de los regantes, conseguidos de los que maneja la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, el embalse de Tous ha llegado a tener este año almacenados 250 hm3 que ha sido soltando al río «porque a partir del próximo miércoles, día 30, el embalse no puede tener más de 80 hm3 en prevención de cualquier avenida producto de la gota fría que nos suele visitar en otoño», añadió Urbina. La toma Tous-trasvase supondría, además, un ahorro de 90 metros en la elevación del agua en relación al azud de la Marquesa, con lo que se abarataría sensiblemente el coste de gestión de la futura canalización, según la información facilitada por la Federación Provincial que se va a enviar a Puxeu.

Cambio de estrategia
Los futuros usuarios del Júcar-Vinalopó han decidido cambiar de estrategia en la negociación que mantienen con el Ministerio de Medio Ambiente para la gestión de los recursos que lleguen a la provincia desde el Júcar a fin de acabar con la sobreexplotación de los acuíferos. Regantes y Usuarios han trasladado al Ministerio de Medio Ambiente dos condiciones innegociables para aceptar los caudales que lleguen del polémico Azud de la Marquesa: el precio del metro cúbico del agua que se almacene en el embalse de San Diego (Villena) no deberá superar los 0,18 euros por metro cúbico y la calidad deberá ser la misma que se acordaron usuarios y Ministerio en el proyecto original cuando el agua se captaba de Cortes de Pallás. Si se cumplen estos dos requisitos el trasvase será una realidad y el agua podrá a comenzar por las canalizaciones del postrasvase. Si los análisis son contrarios el agua se quedará embalsada. De esta forma, usuarios y regantes tratan de cambiar de estrategia. Renuncian al conflicto directo con el Ministerio pero están dispuestos a ser inflexibles en una cuestión clave como es el futuro de los recursos hídricos en gran parte de la provincia.
Mientras, Consell y Medio Ambiente siguen sin mover ficha en una especie de idilio que ha comenzado a levantar todo tipo de suspicacias entre los agricultores.
La empresa que coordina la ejecución de las obras del trasvase, Aguas del Júcar, asegura que tiene prácticamente a punto el trasvase para comenzar a llevar agua a la balsa de San Diego. Algo que, sin embargo, no garantiza su posterior distribución inmediata porque la infraestructura debe someterse a pruebas al menos un año.