El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó ayer interponer un recurso contencioso-administrativo contra la negativa de la CHS a que la Junta intervenga como parte legítima en la tramitación de 61 expedientes que otorgarían a regantes del Segura derechos sobre caudales procedentes del Tajo.

El Gobierno regional considera que al tratarse de derechos de aguas procedentes de la cabecera del Tajo, en caso de autorizarse, perjudicarían seriamente los intereses de la comunidad autónoma sobre las aguas que discurren por su territorio.

Según explicó el Gobierno regional, inicialmente se presentó un requerimiento ante la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para que revocase esa decisión.

Ante la falta de respuesta de la Dirección General, el Gobierno de Castilla -La Mancha también decidió recurrir ese silencio administrativo por el que quedaría rechazado el requerimiento.

«Cualquier utilización del agua del trasvase tiene que ser con transparencia y también con nuestro parecer», explicó el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón. Así detalló que quieren «informar y estar presentes en esos expedientes».

Acusaciones

Por otra parte, tanto desde la Comunidad Murciana como desde la Comunidad Valenciana ayer le llovieron las críticas al Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo regional, María Pedro Reverte, subrayó que el Gobierno de Castilla-La Mancha «no puede apropiarse» del agua del río Tajo, puesto que es patrimonio «de todos los españoles».

Reverte , calificó como «una barbaridad más» la propuesta del consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, de renunciar al dinero que pagan los regantes del acueducto Tajo-Segura a cambio de quedarse con el agua del trasvase.

La consejera explicó que el Ejecutivo de José María Barreda «está partiendo de un error de base, ya que el río Tajo no es de Castilla-La Mancha, sino de todos los españoles, como dice la Constitución Española».

Por su parte, el vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, aseguró que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y gobiernos socialistas de otras comunidades autónomas «están tomando decisiones dirigidas a secar la Comunidad Valenciana».

Cotino hizo estas declaraciones en relación al Plan de Gestión de la Cuenca Fluvial de Cataluña presentado por la Generalitat, «un plan hidrológico para los ríos que transcurren por esta comunidad autónoma y que atribuye competencias del Gobierno central a Cataluña».

Según Cotino , «nuevamente se evidencia una falta de autoridad nacional en materia hídrica» y añadió que desde que Rodríguez Zapatero gobierna, «España sufre una ausencia total de política hídrica nacional que, además, está generando una constante confrontación entre comunidades autónomas, sin precedentes en la democracia».

«Si bien hace tan sólo unos días los socialistas de Castilla La Mancha querían eliminar el trasvase del Tajo al Segura, ahora son los socialistas catalanes y sus socios en el Gobierno quienes pretenden reservarse el agua del Ebro», manifestó.

Lluvias

Y entre tantas críticas ayer también se hacían públicos datos positivos. Así los pantanos de la cuenca del Segura cuentan ya con unas reservas de 760 hectómetros cúbicos, seis hectómetros cúbicos más que la semana anterior, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Los embalses del Segura disponen de 347 hectómetros cúbicos más que el año pasado.

El conjunto de pantanos del país por su parte se encuentra al 83,6% de su capacidad total, tras las últimas lluvias.

El PP regional parece haberse lanzado a la ‘guerra del agua’ por su cuenta. En plena polémica sobre el riego de campos de golf en Murcia con agua del trasvase Tajo-Segura, los populares castellano-manchegos se preparan para investigar este tipo de centros recreativos, pero no en la región vecina, sino en la propia Castilla-La Mancha.
El diputado popular por Albacete José Luis Teruel solicitaba el día 9 de abril en las Cortes regionales información sobre el número de campos de golf en funcionamiento y la fecha de concesión de licencias en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, tal y como consta en el registro del parlamento autonómico. Apenas una semana después de que la Universidad de Castilla-La Mancha certificara en un estudio el uso de agua del trasvase para el riego de campos de golf en Murcia y justo un día después de que el PP nacional retirara su apoyo a la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso.
Un interés ‘popular’ por los campos de golf castellano-manchegos que choca con la poca atención mostrada por la oposición regional en torno al ya citado informe universitario, elaborado por el Centro de Estudios del Agua y donde se alerta de la falta de control de la Confederación del Segura sobre los recursos del trasvase del Tajo. Durante la comisión parlamentaria que debatió este estudio en Castilla-La Mancha, los ‘populares’ dudaron de la veracidad del informe y la objetividad de sus autores y se demarcaron de la posibilidad de abrir acciones legales contra la Confederación del Segura, tal y como estudia ya la Junta de Comunidades, más aún ante el aumento de este tipo de centros de ocio en plena sequía.
Una postura ‘popular’ de desinterés por los usos del agua en Murcia que, si embargo, sintoniza con la postura del partido en El Levante, donde se ataca al informe castellano-manchego alegando el cobro de cánones por el uso del agua del trasvase e insinuando que en Castilla-La Mancha también se riegan campos de golf, sin matizar que, en este caso, los riegos se realizan con agua de sus propias cuencas.    

La inclusión en el Plan de Gestión del Agua de Cataluña de los caudales ecológicos del Ebro en su desembocadura y de sus afluentes catalanes, así como los del río Sènia (Júcar) generaron ayer el rechazo de cerca de un millar de regantes que celebran su XII congreso anual en Tarragona.
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo rechazó ayer un modelo autonómico «insolidario», donde las guerras del agua «serán una constante, ya que cada territorio buscará siempre defender sus propios intereses». El presidente de los regantes defendió una distribución técnica y no política del agua: «La peor contaminación de los ríos es la contaminación política», manifestó.

Cotino reacciona
En Valencia, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, reaccionaba a la información desvelada por Levante-EMV y acusaba al Gobierno central y a los gobiernos «socialistas» de otras comunidades autónomas de pretender «secar» a la Comunitat Valenciana.
Cotino desveló que la propuesta catalana está siendo estudiada por un equipo «interdisciplinar» en materia hídrica del Consell «con el fin de presentar las alegaciones oportunas». Cotino cree al fijar unos caudales ambientales muy elevados, Cataluña está eliminando «cualquier posibilidad de un futuro trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana».
Previamente, el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, que inauguró el congreso de los regantes había intentado calmar los recelos que ha provocado el plan hidrológico de elabora Cataluña afirmando que Gobierno catalán le había informado «por escrito» de que no tiene ninguna intención de reabrir debates que le creen un conflicto territorial en relación con la gestión hidráulica.
Puxeu manifestó que había hablado con el consejero de Medio Ambiente catalán, Francesc Baltasar, y con el director de la Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras, quienes le habían transmitido su respeto por el ordenamiento constitucional y competencial.
El congreso de los regantes contó con la intervención del catedrático de la Universidad de Rioja, Antonio Fanlo, que acusó al Estado de consentir el «desmantelamiento» del modelo de gestión del agua en España, basado en la unidad de cuenca y en las confederaciones hidrográficas mientras es implantado, por sus ventajas, en otros países. Según Fanlo, el Plan de Gestión del Agua de Cataluña invade competencias que son del Estado.

Los consejeros de Industria, Energía y Medio Ambiente, y Agricultura y Desarrollo Rural, Paula Fernández y José Luis Martínez Guijarro, han presentado el proyecto «Energías de Almadén, SL». Una iniciativa empresarial, han anunciado ambos consejeros, que consiste en unir la industria de las renovables con la tradición agrícola y forestal de Castilla-La Mancha.

En concreto, el proyecto cuenta con una plantación agrícola de cultivo energético y con la construcción de una planta de generación de energía eléctrica a través de biomasa con una potencia de dos megavatios.

Esta actuación -que cuenta con una inversión superior a los 10,8 millones de euros- prevé a partir de 2013 una producción anual de energía de 16 millones de kilovatios, mediante el consumo de más de 17.300 toneladas de materia prima al año. En concreto, utilizará biomasa procedente de una plantación agrícola propia, con una superficie de 400 hectáreas, de cultivos energéticos leñosos como son los árboles de paulownia.

La consejera de Industria ha destacado que «esta ambiciosa iniciativa empresarial demuestra la apuesta del Gobierno del presidente Barreda por un nuevo modelo de desarrollo sostenible basado en la producción de fuentes limpias, en proyectos competitivos en I+D+i y en el cuidado del Medio Ambiente como principales motores para la creación de empleo verde, el progreso y la modernización de nuestras empresas y el bienestar de todos los castellano-manchegos».

En este sentido, ambos consejeros han señalado que este proyecto supone la creación de más de 10 empleos directos y alrededor de 40 indirectos en las distintas fases de construcción y mantenimiento, contribuyendo a un importante impulso económico en la comarca de Almadén.

Estos datos, han afirmado, «nos demuestran que la biomasa tiene futuro en una región de fuerte tradición agraria como es Castilla-La Mancha».

Por ello, el Gobierno regional, a través de la colaboración de ambas Consejerías, está elaborando un ambicioso Plan de Biomasa en el marco de la Estrategia Energética de Castilla-La Mancha. Un Plan que prevé para el año 2012 la instalación de 85/115 megavatios de biomasa en la Comunidad Autónoma.

En la actualidad, ha recordado Fernández, «Castilla-La Mancha cuenta con 19 plantas de biomasa, que suponen 48 megavatios de potencia, y se encuentran en tramitación otras 13 plantas más, que suman la instalación de un total de 80 megavatios».

Además, la responsable de las políticas energéticas del Ejecutivo Autonómico ha recordado que «desde el pasado año el Gobierno regional ha puesto en marcha ayudas directas a los ciudadanos para que sustituyan sus calderas viejas por otras más eficientes, como las de biomasa, que fomentan el ahorro y la eficiencia energética y, además, disminuyen la factura doméstica».

Políticas para el desarrollo rural sostenible

El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que proyectos como el de Almadén «cierran un círculo empresarial muy interesante para la región, ya que unen la industria de las renovales con prácticas agrarias y forestales muy consolidadas en Castilla-La Mancha».

Además, Guijarro ha explicado las principales virtualidades que presenta la biomasa en materia de forestación, «puesto que rentabiliza el papel de los montes como calentadores de los hogares. En esta ocasión, a través de la generación de energía eléctrica».

Asimismo, ha destacado que «la biomasa presenta los cultivos energéticos como alternativa a los tradicionales en zonas de regadíos que están pasando por dificultades desde el punto de vista de la rentabilidad». En este sentido, ha subrayado, «sustituir cereal por cultivos energéticos creemos que puede ser una alternativa de futuro para zonas regables de Castilla-La Mancha».

En cuanto a la creación de empleo, el responsable de las políticas agrícolas del Gobierno regional ha señalado que «la extracción, transporte y tratamiento de biomasa puede generar alrededor de 15.000 puestos de trabajo».

Por su parte, el alcalde del municipio, Emilio García, ha asegurado sentirse satisfecho por estar presentando un proyecto empresarial que demuestra y garantiza que «el futuro de la comarca de Almadén está ligado a la unión de las energías renovables y de los cultivos energéticos».

La Generalitat de Cataluña ha sacado a exposición pública su Plan de Gestión de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, equiparable a un plan hidrológico para los ríos catalanes en el que, sin embargo, se incluyen medidas que afectan al Ebro e incluso al río Sènia, actualmente integrado en la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Pese a que el documento reconoce en todo momento las competencias del Estado en los ríos del territorio catalán incluidos dentro de la cuenca del Ebro, el Plan incluye un «Plan de Medidas» que abarcan a toda la comunidad y unas «Propuestas al Plan de Gestión del Ebro» que suponen condicionar la gestión de este río y la del Sènia, hasta el punto de que por la vía de fijar el caudal ecológico de los grandes afluentes pirenaicos del Ebro y el que debe regir en el Delta, el documento condiciona cualquier uso futuro de las aguas de este río, incluido un hipotético trasvase.
El documento incluye también la creación de un sistema de gestión denominado Sistema Sud, en el que se establece, para la atención de demandas futuras, una conexión entre todos los abastecimientos de la zona y los recursos suministrados a través del minitrasvase del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT). De este modo, se mantiene la propuesta de conectar el CAT —que tiene estatus de trasvase—con sistemas de gestión situados más al norte y que en caso de déficit pueden abastecerse de la desaladora de Foix. Se trata, en definitiva, de reforzar una conexión entre dos cuencas que administrativamente son distintas— Cuenca del Ebro y Cuencas Internas de Cataluña— recuperando, sin decirlo expresamente, el fallido trasvase de emergencia del Ebro planteado hace dos años en plena sequía y que finalmente fue abortado cuando llegó la lluvia y se terminó la desaladora de Foix.
Finalmente, la planificación hidrográfica propuesta por Cataluña incluye como propios acuíferos que son compartidos con otras demarcaciones como la del Ebro o la del Júcar (Sènia).

Preocupación
El proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro recoge una reserva de 40 hm3/año para Castilla-León; 128,75 hm3 para Rioja, y 32 par los regadíos de Navarra. Además, a solicitud del Gobierno de Aragón y de acuerdo a su Pacto del Agua, se recoge la asignación de 6.550 hm3/año que posteriormente se incluyó en el Estatuto de Aragón concretada en 4.260 hm3/año para los usos actuales y 1.440 hm3/año para «nuevos desarrollos».

Caudales ecológicos
En su Plan Hidrológico, la Generalitat afirma que «tales asignaciones y reservas pueden poner en riesgo el cumplimiento de los caudales ecológicos que propone Catalunya». Recuerda que el Plan Hidrológico Nacional vigente incluye un caudal de protección del Delta «que obliga a fijar un régimen hídrico que permita el desarrollo de las funciones ecológicas del rio, del Delta y del ecosistema marino próximo.
«Se entiende —afirma la Generalitat— que las reservas y asignaciones establecidas en el Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro deben supeditarse a los caudales ecológicos propuestos para el río, los cuales han de estar garantizados de forma prioritaria en el plan».
«En tanto esas reservas impidan o mediaticen los caudales ecológicos han de ser suprimidas», concluye el documento elaborado por la Generalitat de Catalunya.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se reunirá dentro de una semana con regantes del acuífero Rus-Valdelobos y con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para buscar una solución a la gestión de esta masa de agua subterránea, justo en la linde -o bajo ella- de dicha cuenca hidrográfica con la del Júcar.
El acuífero Rus-Valdelobos abarca una superficie de 170.000 hectáreas, de las que 20.000 se cultivan en regadío. Está a caballo de las provincias de Albacete y Cuenca y, en Albacete, abarca parte de los términos municipales de Villarrobledo y Munera, según explicaba ayer a La Tribuna de Albacete Francisco López Collado, uno de los afectados.
«Por poner un ejemplo, sólo en Villarrobledo, este acuífero tiene una importancia económica tremenda -señalaba- porque abarca la mitad del término municipal y cerca del 70% de sus regadíos más productivos, de él dependen tanto viñedos como explotaciones hortícolas, especialmente de cebolla».
En la provincia de Cuenca, el acuífero Rus-Valdelobos tiene una importancia similar -el 45% de la superficie total- en El Provencio, y es aún mayor en San Clemente, pero también ‘toca’ parte de otros, como puede ser el caso de Las Pedroñeras, otro término eminentemente agrícola.
El problema es que este acuífero no es del Júcar ni del Guadiana, sino todo lo contrario. Y, según subraya López Collado, cuando los regantes han intentado organizarse, tampoco les han dejado, lo que les ha llevado a acudir al Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha y, ahora, a su homólogo nacional.
«La masa de agua Rus-Valdelobos se encuadró en el Guadiana, porque sus aguas superficiales vierten a esa cuenca -explica- pero no tiene ningún curso superficial de agua y resulta que sus aguas subterráneas vierten al Júcar, al acuífero de la Mancha Oriental».
Como las masas de agua no entienden de límites administrativos, la Directiva Marco del Agua de prevé este caso. Lo que establece la DMA es que, ante una situación como ésta, los organismos de cuenca, Júcar y Guadiana,se coordinen para gestionar el acuífero.
«Pero resulta que la Confederación del Guadiana no ha tenido mucho interés en buscar una solución -afirmó- y, cuando los regantes nos quisimos organizar, siguiendo el modelo de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, nos denegaron esa posibilidad; por eso, precisamente, nos fuimos al Defensor regional».
La reunión con Martínez Cenzano tuvo lugar en Albacete, en fechas recientes, y éste, al tratarse de un asunto en el que está implicada una entidad dependiente de la Administración nacional, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, optó por elevar el expediente al Defensor nacional, quien les recibirá el próximo día 18.  

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, aseguró hoy que Castilla-La Mancha está dispuesta a renunciar al dinero que recibe como compensación al trasvase Tajo-Segura «a cambio de quedarnos con el agua porque la necesitamos».

   A preguntas de los medios, durante una rueda de prensa, sobre las críticas que se hacen desde Levante por el dinero que recibe la región en compensación por el trasvase, Sánchez Pingarrón señaló que «el tema de la tarifa es un asunto de escasa relevancia».

   Igualmente, manifestó que «no compensa en ningún caso la necesidad que tenemos en Castilla-La Mancha. Ese agua lo necesitamos para crecer y por nosotros que se queden el dinero pero que nos dejen el agua», insistió.

   Sánchez Pingarrón puso como ejemplo el convenio que la Junta firmará también hoy con la Diputación de Toledo sobre obras hidráulicas para la provincia, asegurando que «sólo lo que se firma son cuatro veces más que lo se ha recibido en dos años por la tarifa del trasvase».

   Del mismo modo, consideró que si se tuvieran en cuenta todas las inversiones que se están haciendo en la cuenca del Tajo, «hablaríamos de que las inversiones que se están haciendo son 37 veces más que lo que se recibe por compensaciones de tarifa», concluyó.

No podemos estar siempre a la defensiva y tenemos que anticiparnos ante los escollos que nos planteen desde Castilla-La Mancha». Con esta frase resumió ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, la finalidad de la comisión técnica que el organismo tiene en mente crear, y que ayer propuso al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, durante el encuentro que el jefe del Ejecutivo regional mantuvo con miembros del Sindicato Central.

La comisión técnica, según explicó Claver, estaría integrada por técnicos de la Comunidad Autónoma, de la Generalidad Valenciana y del Instituto Euromediterráneo del Agua y del propio Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

El objetivo de este grupo de trabajo técnico y jurídico sería, en palabras del presidente del SCRATS, permitiría que la Región de Murcia, Alicante y Almería -las tres provincias que reciben aportaciones del Trasvase Tajo-Segura «fueran siempre por delante» ante los escollos que el Gobierno presidido por el socialista José María Barreda ponga al Acueducto. Entre estos escollos señalan la reforma del Plan Hidrológico del Tajo. «Indudablemente van a surgir más zancadillas al Trasvase», añadió José Manuel Claver, quien precisó que la comisión técnica y jurídica se constituirá en las próximas semanas «y nuestra idea es que no tenga carácter político».

Por otra parte, la Junta Directiva del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura agradeció en persona a Ramón Luis Valcárcel el trabajo que ha desarrollado en defensa del Trasvase y en contra del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. «Valcárcel, tal y como han reconocido incluso sus adversarios políticos, ha tenido un papel fundamental para que el Estatuto manchego no saliera adelante con la reserva hidráulica de 4.000 hectómetros cúbicos que proponía José María Barreda», afirmó José Manuel Claver, quien considera que el presidente «ha antepuesto los intereses de la Región de Murcia y sus ciudadanos a los del Partido Popular».

Nueva sentencia favorable
Por otra parte, Claver informó ayer de una nueva sentencia del Tribunal Supremo que desestima un recurso del Ejecutivo de Castilla-La Mancha contra un trasvase aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2007 de 69 hectómetros cúbicos de agua para abastecimiento humano y para regadío. «Ahora incluso nos niegan el agua para beber», recalcó José Manuel Claver.

Es la segunda vez en las últimas dos semanas que el Supremo desestima un recurso del Ejecutivo de Barreda contra el envío de agua del Tajo al Segura.