El Gobierno de Aragón pedirá la nulidad de toda la planificación hidrológica de Cataluña por extralimitarse en sus competencias y romper la unidad de cuenca con el fin de asegurarse agua suficiente para abastecerse. Así lo aprobará el Consejo de Gobierno de mañana, que dará luz verde a las alegaciones que se presentarán al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña (cuencas internas), que formará parte del plan de gestión del agua de Cataluña para el 2010-2015, y que la Generalitat tiene previsto autorizar por decreto.

El director del Instituto del Agua, Rafael Izquierdo, explica que Aragón alegará cuestiones competenciales, «puesto que Cataluña unifica toda su delimitación geográfica y planifica, como si fuera un todo, sobre todas las cuencas, incluidas las del Ebro y el Júcar». Advertirá sobre el caudal ecológico, ya que «sea cual sea la cifra, no pueden decidirlo unilateralmente». Y remarcará el hecho de que existen acuíferos compartidos.

Pero también recurrirá por el procedimiento seguido, ya que la aprobación de cualquier plan, incluso el de cuencas internas, debe obtener el visto bueno del Consejo Nacional del Agua. Y aquellos que afectan a determinadas cuencas, como la del Ebro, las competencias hidráulicas son del Consejo de Gobierno de las respectivas confederaciones, en este caso de la CHE.

«Si no hacen caso a estas alegaciones, las llevaremos al extremo que hagan falta», aseguran desde el Ejecutivo aragonés, en referencia al Ministerio de Medio Ambiente e, incluso, a los propios tribunales. Más aún si vulnera algún artículo del Estatuto aragonés, que establece una reserva hídrica suficiente para abastecimientos presentes y futuros.

POLÉMICOS CAUDALES Además, el Gobierno aragonés pedirá información sobre determinadas infraestructuras contempladas en este plan de la cuenca fluvial y sobre nuevas conducciones que conformarían una malla de canales que cubrirían el aumento previsto de demanda de agua, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona.

Entre ellas, llama la atención la reserva de agua prevista en el Canal Segarra-Garriges, del que acaba de adjudicarse el último tramo de obras. O las posibles interconexiones a la transferencia legalizada de caudales que desde los años 80 se realiza desde el Bajo Ebro a un total de 71 municipios y una treintena de industrias del Campo de Tarragona. «Unas interconexiones que amplían la distribución con agua del Ebro», recuerda el director del Instituto del Agua, quien habla de posibles uniones con la desaladora de Foix o con el Bajo Penedés.

Unas intenciones que recuerdan las recientes peticiones de minitrasvases de aguas de la cuenca del Ebro. Como la del 2008 a Barcelona, que finalmente cayó ante la llegada de la lluvia. O la aprobada en enero pasado para transferir caudales a cuatro municipios de Cataluña

Respecto al tema competencial, en el documento que ha salido a información pública se puede leer que «la Generalitat tiene competencias plenas (en el denominado distrito de cuenca fluvial) y es responsable de elaborar la planificación hidrológica y hacerla cumplir».

Mientras que Rafael Izquierdo insiste en que «la Ley de Aguas establece que el criterio a la hora de planificar es el de la delimitación geográfica. Y Cataluña va más allá y se extralimita porque planifica en la cuenca intracomunitaria del Ebro», añade.

El Plan de Gestión del Agua de Cataluña, una vez aprobado por la Generalitat, sustituirá al vigente Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña. Y se estructura en el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, el Programa de Medidas y las propuestas de gestión y medidas en relación con el Plan de Demarcación del Ebro. El viernes termina el plazo de alegaciones al Programa de Medidas y al Informe de Sostenibilidad, y en junio el del propio plan. Aragón recurrirá hasta entonces.

La portavoz del Gobierno regional y secretaria de Nuevas Tecnologías del PSOE de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, aseguró ayer que el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, «no va a conseguir ni un solo voto siguiendo las tesis» del presidente de esa comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y le animó a hacer oposición e intentar ganar las próximas elecciones.

Así se pronunció Rodríguez a preguntas de los medios antes del inicio de los I Encuentros Regionales «Cercaní@ en la red» que organiza la formación, sobre el hecho de que Saura anunciase que el PSOE de Murcia estudia denunciar ante Europa y la Fiscalía el uso del agua en el Acuífero 23 de Castilla-La Mancha.

Así, mostró su convicción de que al secretario general del PSOE de Murcia, «que aspira a presidir una comunidad autónoma, le valdría más hacerle oposición a Valcárcel que intentar hacer oposición a Castilla-La Mancha», dijo.

Por otro lado, el portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia, Joaquín López, recordó ayer a la secretaria de Nuevas Tecnologías del PSOE de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, que «forma parte de un partido cuyo valor más importante es la solidaridad», según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

Agua para hacerse famosos

De este modo, López indicó que «los gobiernos de Castilla-La Mancha y Murcia quieren utilizar el agua para hacerse famosos fuera de sus comunidades autónomas, olvidándose que lo que más preocupa a sus ciudadanos es la crisis económica más intensa para los murcianos y los manchegos».

Y es que, para el socialista murciano, «no se puede exigir sostenibilidad para el agua que viene del Tajo a la Región de Murcia, y no exigir sostenibilidad para el agua que va desde el Tajo a Albacete y Ciudad Real».

Por ello, el portavoz de los socialistas murcianos cree que «a algunos se les llena la boca a la hora de que se aplique la Directiva Marco del Agua, para unos casos y para otros no», al tiempo que López recordó a Isabel Rodríguez que ésta «forma parte de un partido político cuyo valor más importante es de la solidaridad, no sólo entre partidos, sino también entre territorios».

Por último, el vicesecretario de Organización y Relaciones Institucionales del Partido Popular de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, afirmó ayer en declaraciones a Europa Press que «el aparente enfrentamiento de Castilla-La Mancha con otros territorios es fruto de la irresponsabilidad del presidente del Gobierno». Así, Sánchez reclamó a Rodríguez Zapatero «que asuma su responsabilidad en materia de agua».

Un total de 74 ayuntamientos, entre ellos el de Albacete capital, han recibido el premio Bandera Verde-Municipio Responsable por su gestión medioambiental y de consumo responsable, aunque sólo 17 de ellos han obtenido la distinción en todas sus modalidades.
Los galardones, que otorga la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI), premian aspectos como la recogida de residuos y limpieza, el consumo energético y contaminación, la educación ambiental y participación ciudadana, la gestión del agua y el compromiso ambiental por la calidad del entorno.
Alcalá de Henares, Alcobendas y Villaviciosa de Odón (Madrid), Santander y Castro Urdiales (Cantabria), Gijón (Asturias), Ponferrada (León), Albacete, Benissa y Teulada-Moraira (Alicante), La Eliana (Valencia), Ayamonte y Punta Umbría (Huelva), Amurrrio, Mungía y Basauri (Vizcaya) y Burela (Lugo) son todos los premiados en las cinco categorías.
Este distintivo, cuyo objetivo es discriminar de forma positiva el compromiso medioambiental y de consumo responsable adquirido por las administraciones locales, se ha entregado a otros 57 ayuntamientos más, que han destacado en algunas de las modalidades en las que han presentado su candidatura.
Entre éstos se encuentran ciudades como Valencia, La Coruña, Murcia, Valladolid, San Sebastián o la de Cádiz.

Entrega. El director del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha, Jesús Montalvo, fue el encargado de entregar el galardón a Albacete, recogido por Ramón Sotos, concejal de Sostenibilidad. Montalvo subrayó la corresponsabilidad de los ciudadanos en estos premios, ya que «como consumidores y ciudadanos del siglo XXI, debemos actuar con responsabilidad, utilizando de manera racional nuestros recursos económicos, participando en la conservación del medio ambiente y también en la consecución de un desarrollo sostenible».
La presidenta de FUCI, Agustina Laguna, destacó que «la convocatoria de estos premios supone para la Federación un gran esfuerzo, pero también una enorme satisfacción ya que tenemos la oportunidad de conocer, valorar y destacar el compromiso y la labor que realizan las corporaciones locales por el medioambiente y el consumo responsable en sus municipios». Mientras, Joost Martens, director general de Consumers Internacional, valoró la iniciativa «porque permite conocer de primera mano la realidad medioambiental de los municipios españoles».  

Claver informó ayer de una nueva sentencia del Tribunal Supremo que desestima un recurso del Ejecutivo de Castilla-La Mancha contra un trasvase aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2007 de 69 hectómetros cúbicos de agua para abastecimiento humano y para regadío. «Ahora incluso nos niegan el agua para beber», recalcó José Manuel Claver.

Es la segunda vez en las últimas dos semanas que el Supremo desestima un recurso del Ejecutivo de Barreda contra el envío de agua del Tajo al Segura.

En pleno debate sobre el agua, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, aseguró ayer en Riola que si los recursos hídricos con los que cuenta en la actualidad el sistema de almacenamiento del Júcar se usan con moderación, el agua está garantizada para todos los usos al menos para las cuatro próximas temporadas, tanto para uso industrial, el abastecimiento de las poblaciones y el riego. Moragues aseguró que a la CHJ le salen las cuentas «para los próximos tres o cuatro años siempre que hagamos un uso razonable del agua del Júcar aunque dependerá también de cómo sean los próximos años si son muy secos o no. Este está siendo muy bueno en cuestión de agua e incluso los regantes de la Ribera Baixa nos dicen que les sale agua por todos los lados en los campos de arroz», dijo Moragues.
Las últimas lluvias han recargado los acuíferos y han llenado los embalses hasta cotas que los regantes del Júcar no recordaban en décadas e incluso han permitido alcanzar registros históricos como ha ocurrido esta misma semana en el pantano de Tous. Moragues se refirió a la presa de la Ribera, que alcanzó el lunes el máximo de su capacidad histórica desde su inauguración en 1996 al superar el 60% con 244 hectómetros cúbicos. La presa de Tous se sitúa en lo que técnicamente se conoce como el segundo escalón de carga, una prueba que se realiza en el embalse para tratar de identificar fugas o filtraciones de agua. El presidente de la CHJ aseguró que el embalse de Tous «está funcionando correctamente. La idea es tenerlo a 244 hectómetros cúbicos tres semanas y después comenzar a desembalsar agua de forma controlada y a una velocidad muy limitada para comprobar cómo responde». c. alosalzira

La mayor parte de las principales presas y embalses albaceteños siguen sin estar preparados para hacer frente a una emergencia. Y no es por falta de voluntad de los responsables técnicos, sino por culpa de un proceso administrativo y legal sumamente lento y complicado.
Esta situación afecta, por ejemplo, a los grandes embalses albaceteños del Segura, como son Fuensanta, en el término municipal de Yeste; Taibilla, en Nerpio o Camarillas y El Cenajo, ambos situados en el término muncipal de Hellín. O al embalse de Almansa, en la cuenca del Júcar.
Todos los citados tienen el nivel ‘A’ de riesgo potencial que, conforme a los criterios para esta clase de obras, son las que presentan un mayor riesgo para bienes y personas en caso de rotura. Para hacerse una idea, señalar que éste es el nivel de seguridad de la presa de Tous, tristemente célebre por la ‘pantanada’ de 1982.
La rotura de la presa de Tous, en el Júcar, que causó la muerte de nueve personas y cuantiosos daños materiales, fue el punto de partida de un proceso que, 30 años después, no ha terminado aún.
En 1983, un año después de la tragedia, se puso en marcha el llamado Programa de Seguridad y Explotación de las Presas del Estado, que preveía la inversión de 120 millones de euros -por aquel entonces, 20.000 millones de pesetas- sólo en seguridad.
Entre 1995 y 1996, se promulgaron la Directiz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones y el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, donde se establecen cuatro niveles de riesgo (A,B,C, y D).
La previsión era que el catálogo de presas y embalses, con los correspondientes niveles de seguridad, estuviese acabado en 1997. Pero, en 2003, la situación no había avanzado demasiado.
En una respuesta parlamentaria, el Gobierno de la época, del PP, admitió que sólo se habían catalogado 752 presas de las 1.629 que estaban en construcción, proyecto o explotación. De ellas, sólo «una minoría» tenía los planes de explotación aprobados.
Al menos, por aquel entonces las principales presas y embalses de albaceteños ya tenían su nivel de seguridad asignado. Todas ellas eran del tipo ‘A’, el de mayor riesgo en caso de rotura, excepto Taibilla-Toma, que pertenece al ‘B’.
La situación no ha mejorado mucho bajo la actual administración socialista. En julio de 2009, según la relación publicada por la Dirección General de Protección Civil, sólo tres presas albaceteñas tenían un plan informado o aprobado: Rambla de los Charcos, Rambla del Bayco y Rambla del Boquerón, las tres de la CHS.
Pero el problema es aún mayor, si se tiene en cuenta que una cosa es tener un plan aprobado y otra, muy distinta, tenerlo en condiciones de ser aplicado en caso de una emergencia real.
Y ahí donde se choca contra la burocracia. El titular de la presa redacta el plan de emergencia; se lo pasa a la Confederación Hidrográfica correspodiente, que se lo pasa a la Dirección General del Agua, que se lo pasa a la Dirección General de Protección Civil.
Una vez obtenidos todos los vistos buenos y pronunciamientos favorables, el expediente desanda el camino de nuevo hasta el titular -en Albacete, las mayores presas son propiedad del Estado- y éste, con el plan ya aprobado, se lo pasa a los organismos que se encargan de aplicar el plan.
En Albacete, eso corresponde a Protección Civil de Castilla-La Mancha. Fuentes del Gobierno regional, consultadas por La Tribuna de Albacete, reconocieron que, por el momento, no les ha llegado ningún Plan de Emergencia correspondiente a nuestra provincia.
Y la situación estatal tampoco es mejor. En febrero de 2010, los planes aprobados sólo eran 187; los que estaban en análisis en la Dirección General del Agua, 174; y, en Protección Civil, sólo 45.

El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, destacó hoy en Cuenca que “necesitamos un planteamiento unitario para defender nuestra postura en un asunto fundamental como la planificación hidrológica de Castilla-La Mancha”

   Estas declaraciones las hizo el consejero en Cuenca, donde asistió a la clausura de la Jornada ‘Usos del Agua y Desarrollo Sostenible’ en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, según informó en comunicado de prensa la Junta.

   El consejero insistió, después de la falta de apoyo con el Partido Popular para sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía que planteaba una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos, en que el Gobierno regional seguirá peleando cada uno de los planes de cuenca, y así añadió que “necesitamos que los agentes sociales en cada una de esas demarcaciones hidrográficas tengan claro cuáles son los planteamientos que como región tenemos que defender y al frente va a estar el presidente Barreda”.

   Martínez Guijarro subrayó que “el agua es un factor muy importante para nuestro futuro”, por lo que desde el Ejecutivo regional “vamos a dar la batalla en todos y cada uno de los planes de gestión de las Confederaciones Hidrográficas y en todos aquellos asuntos que entendamos que atentan contra los intereses de Castilla-La Mancha”.

   Asimismo, continuó el consejero, “vamos a recurrir todas las decisiones jurídicas que haya que recurrir para defender los intereses de esta tierra”.

   Por otra parte, estas jornadas sobre usos del agua están organizadas por la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Gobierno regional, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.

   Además, las jornadas van dirigidas a quienes trabajan como agentes con responsabilidades e intereses en materia de políticas ambientales y de ordenación del territorio, a personas usuarias de aguas continentales, y a todos aquellos que deseen tener una visión de conjunto desde la perspectiva de la sostenibilidad, sobre la complejidad de las relaciones existentes entre desarrollo económico y agua.

   Acompañando al consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, se encontraban también el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Miguel Chillarón, también moderador en una mesa redonda; y el delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Valiente.

El Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a estudiar el informe elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el uso del agua del Trasvase en los campos de golf de Murcia. Según ese informe, Murcia no habría utilizado aguas depuradas para regar sus campos de golf en época de sequía. Motivo por el que la Junta ha pedido información a la Confederación del Segura y no descarta tampoco acudir a los tribunales. La ministra Elena Espinosa decía ayer que una vez analizado el informe, el Ministerio decidirá que hacer. Espinosa también culpaba al PP del fracaso del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Una petición, la de investigar el uso del agua en Murcia, que no ha sentado nada bien en esa comunidad. Ayer, el consejero de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, volvía a insistir en la necesidad de ser transparentes en la gestión del agua.

La problemática del riego en las masas de agua de Rus-Valdelobos y Altomira centró parte de una jornada sobre usos del agua y desarrollo sostenible celebrada ayer en Cuenca. En ella participaron representantes de los regantes de Rus-Valdelobos que trasladaron a la mesa su malestar por las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en esta zona y la ampliación de los límites del acuífero 23. Según estos regantes, Rus-Valdelobos y Altomira no están sobre explotadas y vierten sus aguas al Júcar por lo que piden un trato distinto dentro del acuífero 23. Un análisis compartido por el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, cuya oficina -como ya avanzó Radio Azul-Cadena SER- tramitó en 2009 casi 400 quejas de estos regantes que ahora deberá resolver el Defensor del Pueblo de España.