El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, destacó hoy en Cuenca que “necesitamos un planteamiento unitario para defender nuestra postura en un asunto fundamental como la planificación hidrológica de Castilla-La Mancha”

   Estas declaraciones las hizo el consejero en Cuenca, donde asistió a la clausura de la Jornada ‘Usos del Agua y Desarrollo Sostenible’ en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, según informó en comunicado de prensa la Junta.

   El consejero insistió, después de la falta de apoyo con el Partido Popular para sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía que planteaba una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos, en que el Gobierno regional seguirá peleando cada uno de los planes de cuenca, y así añadió que “necesitamos que los agentes sociales en cada una de esas demarcaciones hidrográficas tengan claro cuáles son los planteamientos que como región tenemos que defender y al frente va a estar el presidente Barreda”.

   Martínez Guijarro subrayó que “el agua es un factor muy importante para nuestro futuro”, por lo que desde el Ejecutivo regional “vamos a dar la batalla en todos y cada uno de los planes de gestión de las Confederaciones Hidrográficas y en todos aquellos asuntos que entendamos que atentan contra los intereses de Castilla-La Mancha”.

   Asimismo, continuó el consejero, “vamos a recurrir todas las decisiones jurídicas que haya que recurrir para defender los intereses de esta tierra”.

   Por otra parte, estas jornadas sobre usos del agua están organizadas por la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Gobierno regional, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.

   Además, las jornadas van dirigidas a quienes trabajan como agentes con responsabilidades e intereses en materia de políticas ambientales y de ordenación del territorio, a personas usuarias de aguas continentales, y a todos aquellos que deseen tener una visión de conjunto desde la perspectiva de la sostenibilidad, sobre la complejidad de las relaciones existentes entre desarrollo económico y agua.

   Acompañando al consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, se encontraban también el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Miguel Chillarón, también moderador en una mesa redonda; y el delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Valiente.

El Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a estudiar el informe elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el uso del agua del Trasvase en los campos de golf de Murcia. Según ese informe, Murcia no habría utilizado aguas depuradas para regar sus campos de golf en época de sequía. Motivo por el que la Junta ha pedido información a la Confederación del Segura y no descarta tampoco acudir a los tribunales. La ministra Elena Espinosa decía ayer que una vez analizado el informe, el Ministerio decidirá que hacer. Espinosa también culpaba al PP del fracaso del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Una petición, la de investigar el uso del agua en Murcia, que no ha sentado nada bien en esa comunidad. Ayer, el consejero de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, volvía a insistir en la necesidad de ser transparentes en la gestión del agua.

La problemática del riego en las masas de agua de Rus-Valdelobos y Altomira centró parte de una jornada sobre usos del agua y desarrollo sostenible celebrada ayer en Cuenca. En ella participaron representantes de los regantes de Rus-Valdelobos que trasladaron a la mesa su malestar por las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en esta zona y la ampliación de los límites del acuífero 23. Según estos regantes, Rus-Valdelobos y Altomira no están sobre explotadas y vierten sus aguas al Júcar por lo que piden un trato distinto dentro del acuífero 23. Un análisis compartido por el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, cuya oficina -como ya avanzó Radio Azul-Cadena SER- tramitó en 2009 casi 400 quejas de estos regantes que ahora deberá resolver el Defensor del Pueblo de España.

El diputado nacional del PSOE por Toledo y ponente del Estatuto de Autonomía Alejandro Alonso señaló hoy que el Partido Popular de Castilla-La Mancha y «especialmente» su presidenta, María Dolores de Cospedal «no ha estado a la altura de lo que se merecen los ciudadanos castellano-manchegos» y añadió que el texto, que tenía ya en su trámite final una redacción «magnífica» para la defensa de los intereses regionales, «finalmente no ha podido salir adelante simple y llanamente porque el Partido Popular votó en contra».

   Alonso recordó el Estatuto de Autonomía, según se había elaborado en ponencia, incluía un capítulo «muy importante» en torno a «la necesidad del agua en calidad y cantidad para atender las necesidades actuales y futuras de nuestra región, y la necesidad de que Castilla-La Mancha participe en las decisiones que se tomen en materia de política hidráulica en España», informó el PSOE en nota de prensa.

   El diputado nacional realizó estas declaraciones durante su intervención en las jornadas ‘Usos del agua y desarrollo sostenible’ celebradas en el Centro de Interpretación Ars Natura de Cuenca, en las que estaba previsto un debate con el también diputado y presidente del PP de Toledo, Arturo García-Tizón, que finalmente éste no acudió.

   El diputado nacional incidió en que «es necesario que Castilla-La Mancha, como región, se haga presente en este debate que a nivel nacional hay en política de agua». Además, exigió que no vuelva a suceder lo mismo que le ha ocurrido al Partido Popular, «que la posición de un dirigente regional, en este caso el presidente de Murcia, se ha impuesto sobre la posición del Partido Popular de Castilla-La Mancha, es decir, que Valcárcel ha ninguneado a Cospedal».

   Alonso calificó la situación de «grave y difícil», y consideró la importancia de que sea conocida por los ciudadanos de Castilla-La Mancha «para que no vuelva a ocurrir y sobre todo que no le den la responsabilidad de Gobierno a nadie en Castilla-La Mancha que no tenga claro que lo principal es defender a esta región y, después, otras circunstancias de tipo partidario o de otro tipo».

NUEVA PROPUESTA

   Por lo que respecta a lo que pueda suceder a partir de ahora, Alejandro Alonso explicó que hasta dentro de un año no puede volver a presentarse una propuesta de reforma del Estatuto, pero aseguró que «los ciudadanos de Castilla-La Mancha quieren un nuevo Estatuto de la misma manera que lo quieren catalanes, vascos, aragoneses, valencianos, andaluces o castellanoleoneses».

   En este sentido, afirmó que es importante que Castilla-La Mancha cuente efectivamente con un nuevo Estatuto de Autonomía, pero siempre que «responda al interés de nuestra región». Por tanto, apuntó, «dentro de un año el Partido Popular tendrá que volver a manifestarse en relación a una propuesta de Estatuto y aquí hay un partido, el Partido Socialista, que no va a bajar de su posición, por tanto tendrá que ser el Partido Popular el que se acerque a la posición del Partido Socialista».

   Para terminar, Alonso manifestó que «el PP tendrá que decidir con quién está, si con Castilla-La Mancha o con Murcia, porque en intereses que tengan que ver con el agua aquí no hay ideologías, hay defensa del interés regional o defensa de intereses partidarios. Nuestra posición es bien clara: defensa de intereses regionales, el agua es necesaria para el desarrollo futuro de nuestra región», concluyó.

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, prácticamente muda durante todo el debate sobre el Estatuto de Castilla-la Mancha y el debate sobre caducidad del trasvase Tajo-Segura, tomó partido finalmente ayer para dar su apoyo al fallido estatuto, al que elevó a la categoría de pilar en el que el Gobierno pretendía basar un «pacto» nacional del agua.
Elena Espinosa, afirmó ayer en Toledo que el Ministerio «ha tratado de hacer un gran pacto por el agua, que empezaba con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que no ha sido posible porque no hemos contado con el apoyo del PP».
Espinosa asegura que el departamento que dirige sigue dispuesto a alcanzar un acuerdo en materia de agua, «pero los demás también tienen que estar abiertos a esta colaboración, y al gran pacto que necesita España por el agua».
«Quiero que entiendan que más allá de un tema concreto, y me da igual si estamos hablando de campos de golf, de una refrigeración de una empresa, o de la necesidad de agua para consumo humano, en este país el compromiso tiene que ir más allá, y no sólo ha de ser del Gobierno de España, sino de los partidos políticos para que sea posible», insistió la ministra.

Tensión
La portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, confirmó que la Junta está estudiando con su departamento jurídico una posible demanda por el uso indebido del agua del trasvase Tajo-Segura en base a las conclusiones del informe del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA).
El anuncio sobre la posible presentación de una demanda por via judicial ha enturbiado y añadido tensión a las relaciones entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.
La portavoz del Gobierno murciano, María Pedro Reverte, aseguró que «son los castellano manchegos los que deberían llevar a su presidente, José María Barreda, a los tribunales para ver si ante los jueces da respuesta, de una vez por todas, sobre cuál ha sido el destino del dinero -unos 110 millones de euros- que han pagado los regantes por el agua del trasvase Tajo-Segura y que deberían haberse invertido en infraestructuras hídricas en esa comunidad».
La portavoz calificó de «sorprendente» que «el único problema que tiene en la agenda el Consejo de Gobierno de Barreda en pleno sea insultar cada día a los murcianos».

La historia del agua ha abierto un nuevo capítulo centrado en los futuros planes de cuenca, con el ruido de fondo de las crecientes críticas de Castilla-La Mancha a la gestión del agua en la cuenca del Segura a cuenta de los campos de golf. El Ministerio de Medio Ambiente tuvo ayer ocasión de intervenir en la polémica abierta por el Gobierno de José María Barreda tras la retirada del Estatuto y zanjar una cuestión que está deteriorando a marchas forzadas las relaciones entre ambas regiones . Pero no lo hizo. En Toledo, la ministra Elena Espinosa se salió por la tangente y dijo que desconocía el informe que cuestiona el uso de los caudales del Tajo en la cuenca del Segura. Pudo haber defendido la gestión de la Confederación y recordar que, según la ley, debe utilizarse agua depurada o de pozos, pero señaló que tal estudio tenía que ser analizado primero.

En otro escenario, Murcia, el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, defendió la eficaz gestión del agua en el Segura y apostó por el consenso en la nueva planificación hidrológica. No entró de lleno en la polémica desatada por Castilla-La Mancha, que insiste a diario en la utilización del agua del Tajo para regar los campos de golf. La nueva presidente de la Confederación del Segura, Charo Quesada, que ayer tomó posesión, comentó que Castilla-La Mancha tiene representantes en los órganos de la cuenca para saber cómo se gestiona el agua del Tajo y cómo se tramitan los campos de golf. «Si tienen alguna duda, la aclararemos.»

Quien ha respondido con contundencia ha sido Pedro Saura, que ha comunicado la intención del PSRM-PSOE de «estudiar la presentación de una denuncia ante la Unión Europea contra Castilla-La Mancha por un posible delito medioambiental». El líder socialista murciano ha pedido al Gobierno central que audite el uso que hace esta región de las aguas del Guadiana y del Tajo. Cree que puede haber base para actuar «por los miles de pozos ilegales de la cuenca del Guadiana», explicó ayer a esta Redacción.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, lamentó que la ministra «no se haya mojado en Toledo delante de Barreda. Sabe que aquí se riega correctamente, aunque entiendo que haya preferido apoyar al presidente socialista de Castilla-La Mancha». Por su parte, la consejera de Presidencia de Murcia, María Pedro Reverte, señaló que el autor del informe realizado por el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), Fernando Ortega, fue «director general del Agua en el Gobierno de Castilla-La Mancha», por lo que puso en duda su imparcialidad.

En Toledo, Elena Espinosa, señaló en una rueda de prensa conjunta con Barreda que mantiene el objetivo de lograr un «gran pacto sobre el agua» y ha culpado a la dirigente del PP María Dolores de Cospedal de que haya fracasado la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, con la que «empezaba» ese acuerdo, informa Europa Press. Dijo que no se había pronunciado antes sobre el Estatuto porque quería ser «absolutamente respetuosa con lo que decidiesen los parlamentos», pero que ahora, al igual que hace la ciudadanía, puede hacer «un análisis porque ya ha pasado» la retirada del Estatuto del Congreso. Sobre el estudio publicado por la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el supuesto uso irregular en Murcia del agua del Tajo, Espinosa respondió que el Ministerio aún carece del informe. «Los todos los informes hay que verlos, estudiarlos, y a partir de ahí tomar la determinación que sea», añadió.

Sobre el trasvase Tajo-Segura, Barreda manifestó que «frente a intereses no valen razones» y ha lamentado los creados en Murcia, donde «todo les parece insuficiente».

Cerdá: «Una barbaridad»

El consejero Cerdá considera «una barbaridad» que la ministra «haya declarado que el Estatuto era el inicio de un pacto de Estado sobre agua. Esa ley que ahora se ha retirado suponía que el Estado hacía dejación de sus competencias. La reserva de 4.000 hectómetros significaba el cierre del acueducto y la pérdida de miles de empleos». «¿Acaso no sabía la ministra que este texto era inconstitucional?», señaló el consejero para cuestionar que Espinosa se ponga del lado de Castilla-La Mancha. «Es normal que tenga que apoyar a Barreda porque es el responsable del fracaso. El PP, sin embargo, ha actuado con interés de Estado». Emplazó a Barreda a que diga un solo proyecto presentado por su Gobierno que no se haya realizado por falta de agua. «Ha habido agua hasta para Seseña, que es una ciudad fantasma».

El Tribunal Supremo, por otra parte, ha desestimado otro recurso de Castilla-La Mancha a un trasvase para riego del Tajo al Segura, según comentó ayer José Manuel claver, presidente del Sindicato de Regantes. Este fallo se suma a los anteriores, en los que el alto tribunal aprecia razones políticas de los recursos de esta Comunidad, que alega sistemáticamente contra los desembalses para los regadíos del Segura.

Reverte hizo estas declaraciones al ser preguntada en rueda de prensa por la petición del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre las concesiones de agua residuales destinadas al riego de campos de golf en Murcia, al hilo del estudio elaborado por Ortega.

La consejera recordó el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra la autorización del trasvase a la cuenca del Segura que desestimó el Tribunal Supremo, y preguntó al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, qué ha hecho «con los más de 110 millones de euros que han pagado todos los murcianos por el agua del trasvase».

Así, aseveró, en este sentido, que el recurso «lo debería poner el Gobierno regional a él» y pidió a Barreda «que se dedique a trabajar en su región y nos deja tranquilos a los murcianos».

La consejera manifestó que «lo que le pasa a Castilla-La Mancha es que ellos continúan con el derecho al pataleo», y recordó que el Tribunal Supremo «no sólo se lo desestimó sino que le dijo a Castilla-La Mancha que no hiciera política con este tema, porque las razones que alega son políticas y no técnicas».

Reverte subrayó que el Gobierno murciano «está harto de los permanentes insultos que estamos recibiendo del Gobierno manchego», y reprochó a Barreda que «no todo vale, y no nos puede utilizar como chivo expiatorio». «Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar por los problemas reales de su Región, y no estar hablando día tras días de la Región de Murcia», zanjó.

Me llama la atención que al Gobierno murciano le preocupe que pidamos transparencia en el uso del agua», dijo ayer Julián Sánchez Pingarrón. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda contestaba de esta forma a las declaraciones del secretario general del PSOE de Murcia, Pedro Saura, quien anunció el miércoles que solicitaría, a través de una moción en la Asamblea regional, que el Gobierno central analizase el uso que hace Castilla-La Mancha del agua del Tajo y el Guadiana.
El responsable regional explicó que lo único que el Gobierno castellano-manchego pretende es conocer con qué concesiones se están regando los campos de golf de la comunidad vecina. «Queremos tener esa información para saber si es correcta o no», dijo en relación al informe que ha elaborado el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), en el que se demuestra que los campos de golf de la Región de Murcia se están regando con agua procedente del trasvase Tajo-Segura.
Recordó que toda la información que maneja la Junta «nos lleva a pensar» que, tras atravesar años de sequía en los que se restringían los usos de agua, y «se abrían pozos para combatir la sequía en Albacete, se estaban regando campos de golf» en Murcia. Apuntó que el Gobierno regional dispone de fotografías por satélite que lo atestiguan: «esos campos de golf siempre han estado verdes cuando agricultores y acuíferos se veían esquilmados para coger agua», apostilló.
Por todo ello, confesó sentirse extrañado al conocer que al Gobierno murciano le preocupa que la Junta quiera transparencia en el uso del agua proveniente del trasvase. «Cuando a alguien le preocupa la transparencia es porque quiere o debe ocultar algo», opinó.
Así, invitó a Saura a venir a la ciudad de Toledo y comprobar de primera mano la calidad del agua del río Tajo. Es más, continuó, «si quiere podemos comer en el Parador, de donde podrá divisar con toda tranquilidad la calidad que hoy lleva el Tajo y si es capaz de bañarse en el río, o si es capaz simplemente de asomarse a la orilla».    

El Tribunal Supremo ha dinamitado la estrategia de implantación de minitrasvases por motivos de emergencia que el Gobierno central viene desarrollando tras la derogación parcial de la macrotransferencia del Ebro a Levante incluida en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del 2001.

Lo ha hecho al resolver la demanda presentada por cuatro empresas hidroeléctricas y un ayuntamiento leridano, en un pleito dirigido por el letrado zaragozano Santiago Palazón, contra el real decreto 1.419/2005, por el que el Consejo de Ministros adoptó «medidas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía» en las cuencas del Ebro, el Guadiana y el Guadalquivir. La Sala Tercera del Supremo ha declarado «nulo de pleno derecho» el decreto.

La sentencia interpreta el artículo 58 de la Ley de Aguas y establece los requisitos que a partir de ahora debe cumplir cualquier aplicación del mismo.

El precepto autoriza al Consejo de Ministros para aplicar «las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión», en caso de «sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales». Es decir, que lo habilita para modificar tanto el régimen de uso del agua como sus zonas de destino, algo que el Ejecutivo ha tratado de hacer en otras ocasiones, como la aprobada y más tarde suspendida prolongación del minitrasvase del Bajo Ebro hasta Barcelona o la más recientemente proyectada transferencia de recursos del Segre al Anoia.

El Supremo ha determinado ahora que las modificaciones del régimen de uso del agua amparadas en el artículo 58 de la Ley de Aguas tienen un «innegable» carácter jurídico de «reglamento ejecutivo», lo que hace que su aprobación requiera una serie de «trámites esenciales» de los que el Gobierno no puede prescindir.

Entre otros, y precisamente por tratarse en la práctica de un reglamento, señala la necesidad de recabar un dictamen previo del Consejo de Estado. Otro consiste en conceder audiencia previa a las confederaciones hidrográficas afectadas por las transferencias. Y también resulta necesario que se pronuncie expresamente el Ministerio de Administraciones Públicas, «sin que el proyecto (de decreto) pudiese considerarse aprobado por el transcurso de quince días sin formular objeción alguna» ni pueda llegar al BOE «sin contar con la aprobación expresa o presunta» de ese departamento.

Ninguno de esos requisitos se cumplió en el decreto del 2005, lo que constituye tres motivos de nulidad cualquiera de los cuales, por sí solo, tendría suficiente entidad para tumbar la resolución gubernamental. La Sala Tercera del Supremo hace otra puntualización: estos decretos requieren una memoria económica que determine con precisión cuáles van a ser los gastos e ingresos.

TRASVASE PARALIZADO La declaración de nulidad del real decreto 1.419/2005 ya ha tenido una consecuencia efectiva: la paralización, cuando solo restaba la instalación de 500 metros de tubería para finalizar la conducción de 25 kilómetros, de las obras del minitrasvase del río Castril, en la cabecera del Guadiana, a Baza.

La sentencia del Supremo ha sido aportada como documento en dos pleitos que tramita la misma sala que la dictó y que afectan a Aragón: la aprobación del retrocanal de La Litera con agua del Ribagorzana y el desembalse de Canelles.