FENACORE dice que calmará la presión económica y pide flexibilidad a las compañías para poder modificar semestralmente al alza o a la baja cada una de las seis potencias que aparecen en el calendario y no anualmente como en la actualidad.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, ha aplaudido la decisión del Consejo de los Diputados de llevar a cabo la aplicación de un tipo reducido del 7 por ciento en el suministro eléctrico para los regadíos.

Del Campo ha manifestado que esto «aliviará parcialmente» la presión económica que sufren los agricultores a causa de la caída de los productos agrícolas y la subida de la luz.

En este sentido, ha vaticinado «un otoño caliente» con movilizaciones generalizadas en toda España si el Ejecutivo no adopta un paquete de medidas con el fin de garantizar la competitividad del sector agrario.

BATERÍA DE MEDIDAS

Así, ha solicitado flexibilidad a las compañías eléctricas para poder modificar semestralmente al alza o a la baja cada una de  las seis potencias que aparecen en el calendario y no anualmente como en la actualidad.

Además ha pedido pagar por la potencia realmente utilizada en lugar de por la contratada, ya que la necesidad de energía no es la misma durante todo el año; y la devolución del importe del consumo eléctricos.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental pretenden que en la futura Demarcación Hidrológica del Júcar, la Albufera de Valencia se desvincule de dicho río y que, en consecuencia, no reciba caudales del mismo, como ahora.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) denunció ayer la gravedad de las consecuencias de dichos postulados castellano manchegos y los tildó de «barbaridad histórica y medioambiental», puesto que, de llevarse a cabo, pondría en peligro el abastecimiento de agua para riego en una amplia zona circundante al lago y cuestionaría el futuro del propio humedal, que es Parque Natural y uno de los espacios valencianos protegidos más emblemáticos y queridos.

La propuesta manchega intenta progresar aprovechando la oportunidad de la próxima reordenación geográfica en la actual Confederación Hidrográfica del Júcar, que en un futuro próximo separará las pequeñas cuencas fluviales que sólo pertenecen a una comunidad autónoma de las que son intercomunitarias. Las primeras pasarán a ser competencia de la autonomía correspondiente y las segundas seguirán dependiendo del Estado, componiendo la nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Lo que parece más probable es que de la actual CHJ se desgaje, al norte, la cuenca del fronterizo Cènia, con territorios en Castellón y Tarragona, que pasaría a la Confederación del Ebro y, así, podría recibir en un futuro próximo aguas trasvasadas de este.

La futura Demarcación del Júcar incluiría la cuenca propiamente de este río, la del Vinalopó, la del Turia, la del Palancia y la del Mijares.

Los pequeños cauces fluviales o de ramblas, con caudales esporádicos y de régimen torrencial, que se encuentran en la provincia de Castellón, entre el Mijares y el Cénia, pasarían a ser consideradas como «cuencas internas de la Comunitat Valenciana» y su gestión dependería de la Generalitat. En el mismo caso de asignación autonómica estarían, al sur, los ríos Serpis, Girona, Algar, Gorgos, Amadorio, Monnegre y ramblas y barrancos de la provincia de Alicante entre el Vinalopó y el Segura.

Pero ahora, Castilla-La Mancha defiende también que quede como «cuenca interna de la Comunitat Valenciana» la de la Albufera, con lo que el lago y el arrozal que lo rodea quedarían desgajados de los caudales del Júcar y dependerían sólo de los barrancos de Chiva (también llamado del Poyo, Torrent o Massanassa) y Picassent (conocido así mismo como de Beniparrell).

Estos barrancos son, como su denominación indica, cauces decaudal muy esporádico, con importantes crecidas ocasionales cuando se registran fuertes lluvias otoñales y largos periodos de estiaje. La mayor parte del año, y de todos los años, son cauces secos.

Por tanto la pretensión castellano manchega entraña el peligro, como apunta AVA, de que pueda consolidarse una nueva situación jurídica en la que la Albufera y el arrozal no tuvieran, como ahora, derecho a recibir con regularidad los caudales que les llegan a través de acequias del Júcar, y, en todo caso, las aportaciones necesarias tendrían que ser aprobadas de forma extraordinaria por el Gobierno, en un régimen de precaridad.

Según fuentes de AVA, la petición manchega se apoya en los argumentos del CREA (Centro Regional de Estudios del Agua), un instituto de la Universidad de Castilla-La Mancha que trabaja con el claro objetivo de aportar datos y razonamientos para lograr una reasignación de recursos hídricos en favor de su región.

 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) consideró hoy una «barbaridad histórica e hídrica» el hecho de «separar l’Albufera de Valencia de la futura cuenca del Júcar» ya que «se pondrían en peligro los abastecimientos de los regantes valencianos e incluso cuestionarían el futuro del propio humedal, que no se puede entender sin las aportaciones del Júcar», advirtió en un comunicado el presidente de la organización, Cristóbal Aguado.

   De esta forma, Aguado rechazó «frontalmente» los postulados expresados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, que pretenden desligar de la futura Demarcación Hidrológica del Júcar a pequeñas cuencas que hoy están vinculadas a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), así como a la propia Albufera de Valencia.

   A su juicio, estos planteamientos «no se sostienen académicamente porque son una barbaridad histórica e hídrica y esconden oscuros intereses vinculados al control del agua y de lo que quedará de la actual confederación».

   El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, tras conocer en abril el borrador del Consejo Nacional del Agua, debe pronunciarse sobre cómo quedará la futura Demarcación Hidrográfica del Júcar para así cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2004.

   En este proceso, explicó Aguado, «los regantes citados, con el amparo del gobierno de Castilla-La Mancha, plantean la segregación de una serie de espacios interfluviales de la futura demarcación, entre los que se situaría el de l’Albufera, que deberían ser entonces gestionados por la Generalitat».

   La organización rechaza cualquier planteamiento que, como en el caso de l’Albufera, «pueda suponer una sobreexplotación del Júcar o de sus afluentes». «De forma solapada, pretenden aumentar el porcentaje de superficie y población vinculada a la comunidad manchega para así tener más representación y disponer de más recursos hídricos a costa de los de los valencianos», criticó Aguado, quien advirtió de que aspiran a «trasladar la sede administrativa de lo que hoy es la CHJ a Albacete».

   Según explicó, l’Albufera se sostiene gracias a las aportaciones hídricas, tanto del Turia como del Júcar, desde, al menos, el siglo XVIII, cuando el área de la Acequia Real del Júcar se amplió para regar otros diez municipios, engarzando el suministro de la Ribera Alta con el de la Ribera Baja (Silla, Sollana, Albalat).

   «Los sobrantes de los regadíos de la comarca de La Ribera del Júcar son fundamentales para que las aguas de l’Albufera no sean salobres», adujo el presidente de AVA-Asaja, quien añadió que, además, son «claves para oxigenar y regenerar las aguas del lago, para dar vida a la flora y fauna allí consolidada y para mantener, en definitiva, un entorno como el que hoy conocemos, que merece su protección como parque natural».

El Pleno de la Diputación de Albacete de ayer destacó por tres asuntos y tres actitudes por parte de gobierno y oposición. El primero, una moción presentada por el PSOE sobre las tarifas eléctricas para riego, salió por unanimidad; el segundo, un reconocimiento de créditos, salió con cierto debate entre socialistas y populares y el tercero, el de la moción pidiendo el apoyo para el plan regional de choque contra el paro, provocó una bronca entre socialistas y populares que no se había visto en años en los salones del palacio provincial.
En lo tocante al punto que salió por unanimidad, se trata de una moción, presentada por el Grupo Socialista, en el que se recogen las principales inquietudes y reivindicaciones de los regantes manchegos, especialmente de los de la Mancha Oriental, ante la subida de las tarifas de la energía eléctrica que usan para regar.
La moción señala que, en 2008, con motivo de la liberalización del mercado eléctrico, se suprimieron las antiguas tarifas especiales, aunque los regantes esperaban que el coste de la electricidad subiese el IPC.
«La realidad fue otra bien distinta -señala la moción- pues los convenios firmados con las comercializadoras eléctricas sólo sirvieron para captar clientes, pero no para obtener unos precios en consonancia con lo prometido».
La realidad fue que «la subida real ha sido de entre el 50% y el 100%», lo que se ha unido «a la caída de precios de los productos agrarios en el último año», como consecuencia de los mercados mundiales alimentarios, que sí están liberalizados.
La moción, por todo ello, hace seis peticiones. Las tres primeras , las de más enjundia, son «fomentar la liberalización real y efectiva de la energía, en lo referido a la comercialización y distribución», la actualización de contadores y cobro de lecturas «evitando las situaciones transitorias que permiten a las compañías el cobro en períodos caros cuando realmente sólo se han consumido en horas baratas» y, en tercer lugar, la eliminación de los avales bancarios que se exigen para la contratación entre las empresas agrícolas y las empresas distribuidoras de energía.
Otras peticiones son la reducción de los tipos del IVA para los regantes, siguiendo la línea de de otros países de nuestro entorno donde se ha dado esta misma situación, como Italia, o permitir a lo regantes el acceso a la autogeneración de electricidad mediante el uso de fuentes renovables, «legislando lo necesario para el uso de estas energías por los regantes», se señala.
Por último, y en sexto lugar, se plantea enviar copa de la moción aprobada ayer por el Pleno de la Diputación al Gobierno de la nación y al Gobierno de Castilla-La Mancha «para que sea tenida en cuenta y obren en consecuencia».
En Castilla-La Mancha, el mayor impacto de la subida de la electricidad se ha dado entre los regantes de aguas subterráneas, ya que casi el 100% el coste final del agua se corresponde con la energía necesaria para bombear, como ocurre con el millar de explotaciones integradas en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) y que integra a unas 100.0000 hectáreas .    

Poco antes ambos grupos sí que fueron capaces de alcanzar la unanimidad en una moción de apoyo a los regantes albaceteños por el incremento de las tarifas eléctricas exigiendo una auténtica liberalización del sector eléctrico, la actualización de contadores y cobro de lecturas, la modificación del IVA a tipos más bajos como en otros países, o la autogeneración de energía en los regadíos. En este caso el consenso fue posible ya que los socialistas sí que habían facilitado la moción con anterioridad para su estudio por el PP.

COAG-

La alimentación, una preocupación de toda la sociedad que se ‘cocina’ en Bruselas

La actual Política Agraria Común (en adelante PAC) representa un 33% del presupuesto total de Unión Europea (un 42% si incluimos las políticas de desarrollo rural). Las últimas directrices establecidas en el llamado Chequeo Médico y la adhesión de nuevos países eminentemente agrícolas a la Unión Europea preocupan tanto a los productores/as como a los consumidores/as europeos. Sin embargo, la campaña electoral para las elecciones europeas que estamos viviendo durante las últimas semanas adolece de un debate serio y riguroso sobre el futuro de la agricultura y la alimentación en Europa, y en el Estado Español; en definitiva no se discute sobre la principal política común europea. Mientras tanto, desde finales de 2007 y principios de 2008 tiene lugar la mayor crisis alimentaria de las últimas décadas, producida por una subida espectacular de los precios de algunas materias primas agrícolas, así como de los costes de la producción agraria. En la última parte de 2008 asistimos a una elevada volatilidad de los precios y al desplome de las cotizaciones de las materias primas agrícolas con similar intensidad con la que en su día subieron.

En los próximos meses van a estar sobre la “mesa” distintos debates y decisiones que son cruciales para el futuro de la agricultura y la alimentación en toda Europa y también en muchas otras partes del mundo: comienza el debate de la Política Agraria Europea 2013 enmarcado y condicionado por el debate del presupuesto de la Unión Europea, la nueva ronda de Doha (OMC) y negociaciones de libre comercio con Centro-América, comunidad andina, área euromediterránea (Marruecos, Túnez, Egipto) y Mercosur entre otras.

Los partidos políticos y futuros parlamentarios europeos van a participar y decidir sobre todas estas cuestiones, por este motivo COAG, y las organizaciones de consumidores UCE, CEACCU Y CECU, consideramos de especial interés que los partidos políticos debatan e incluyan en su agenda electoral estos temas que son de vital importancia para los agricultores, los consumidores y en definitiva para el conjunto de la sociedad. La actual PAC está supeditándose a los acuerdos de la OMC y los tratados de libre comercio que colocan a la agricultura y la alimentación en la especulación de los mercados internacionales. Estos acuerdos destruyen la agricultura social y familiar en Europa y en todo el planeta, con consecuencias, también, para derechos básicos de los consumidores como el acceso a alimentos seguros a precios razonables. Por todo ello, las preguntas que nos hacemos de cara a los partidos políticos son las siguientes:

¿Qué PAC van a defender los parlamentarios? ¿Cómo piensan defender nuestras producciones y nuestra alimentación en los distintos organismos de la Unión Europea? ¿Qué tipo de apoyos a la agricultura van a defender para la PAC post 2013? ¿Qué presupuestos tienen pensado defender? ¿Cómo se van a distribuir las ayudas a partir de entonces? ¿Se va a seguir incentivando el abandono como con el desacoplamiento en contra del mantenimiento de la actividad? ¿Se van a seguir otorgando la mayor parte de las ayudas a empresas (muchas de ellas ajenas al sector) en vez de a las pequeñas y medianas explotaciones que viven de la actividad agraria? ¿Qué van a hacer para que los precios al agricultor cubran los costes de producción y que el consumidor pague unos precios razonables? ¿Qué se va a hacer para conseguir que la formación de los precios en los mercados agroalimentarios sea transparente? ¿Cómo se van a evitar las situaciones de abusos en las relaciones comerciales y el desarrollo de prácticas agresivas por parte de las cadenas de distribución? ¿Qué van a proponer para mejorar los controles de las importaciones en los distintos puertos de la Unión para que no se hundan los mercados europeos? Todas estas preguntas están íntimamente relacionadas y se podrían resumir en dos: ¿Se va a apostar decididamente por potenciar un modelo social de agricultura con el objetivo de hacer rentable la producción agrícola y ganadera para mantener la actividad en el medio rural y conseguir una mayor protección del medio ambiente y los derechos de los consumidores? ¿Va a ser considerada la agricultura y por lo tanto la alimentación como sector estratégico de nuestra economía y defendido como tal ante las instancias europeas?

SECTOR AGRARIO, LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN EN CRISIS

Durante 2009 y en el contexto de crisis económica que nos encontramos, hemos podido comprobar como, mientras los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios seguían subiendo de forma generalizada en toda Europa, se desplomaban los precios en origen de algunos productos básicos como la leche , el aceite de oliva y algunas frutas y hortalizas. La Comisión Europea ha tenido que poner en marcha el almacenamiento privado de 110.000 tn de aceite de oliva ante tal situación. La volatilidad de los precios, las estrategias de abuso de poder en la cadena de valor por parte de la distribución comercial y la falta de transparencia de los mercados en toda Europa no favorecen en ningún caso ni a productores/as ni a consumidores/as.

En este marco, se ha aprobado la reforma del “chequeo” de la PAC, que supone la profundización de la gran reforma de las políticas agrarias europeas acometida en 2003. Junto al “desacoplamiento”, estas reformas se caracterizan por la “desregulación” de los mercados: bajada de precios a nivel de mercado mundial, apertura de fronteras y eliminación de mecanismos como la intervención o las cuotas. Es decir, se fomenta la especulación y el abandono, en lugar de la producción agraria y la permanencia de los/as agricultores/as en las explotaciones.

Se trata de una reforma que vuelve la espalda a lo que está sucediendo en los mercados alimentarios mundiales y actúa como si nada ocurriera, siguiendo el plan preestablecido desde 2003 y dejando a la agricultura y la alimentación europea en manos de un mercado desregulado y de las producciones de terceros países, sin los controles de calidad y seguridad que se exigen a las nuestras y a precios especulativos que arruinan nuestras explotaciones, al tiempo que se cae en una dependencia suicida del exterior.

El chequeo trae consigo además un recorte radical de las ayudas directas, ya que al tijeretazo del 10% hay que unirle la congelación de dichas ayudas hasta 2013, por lo que con el efecto de la inflación el recorte total se puede cifrar en torno al 35%, algo inasumible para la mermada rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias. En el conjunto de la Unión Europea, el año agrario 2008 ha sido pésimo, teniendo en cuenta que los factores agro-climáticos han evolucionado dentro de la normalidad, lo que pone ante el espejo una realidad del sector agrario que evoluciona en caída libre. El descenso de la renta agraria en la UE durante dicho año fue del -3,5%.

Todos estos datos reflejan una situación en la que, mientras que los precios en el campo se han desplomado de forma generalizada, los/as agricultores/as y ganaderos/as han sufrido un incremento de los costes de producción. En este contexto de subida de costes, caída de precios agrarios y reducción de los apoyos comunitarios, las organizaciones firmantes reivindican el carácter estratégico de la alimentación para evitar la dependencia del exterior y el encarecimiento de los alimentos, defendiendo el principio de soberanía alimentaria tanto para la Unión Europea como para los países pobres y en vías de desarrollo, en el marco del modelo social de agricultura. El mantenimiento de la actividad agraria es esencial para conservar el empleo y la vida en el medio rural.

LA NECESIDAD DE DESARROLLAR POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA IMPULSAR
UN SECTOR AGRARIO SOSTENIBLE

La crisis del sector agrario ha estado acompañada por una crisis alimentaria de alcance mundial, que no se ha solucionado como algunos piensan con las últimas bajadas del precio de las materias primas agrícolas y que ha mostrado el fracaso de las políticas ultraliberales aplicadas hasta ahora a la agricultura y la alimentación. El mercado no hace función de regulación, sino que se comporta de forma especulativa generando un encarecimiento abusivo de la alimentación en toda Europa al tiempo que ocasiona graves problemas alimentarios en muchas partes del mundo, con más de mil millones de personas afectadas por el hambre. La desregulación de los mercados pone en serio peligro de desaparición a las pequeñas y medianas explotaciones, a la economía social agraria, tanto en los países pobres como en el conjunto de Europa.

Exigimos como necesaria una reforma de la PAC con una orientación social y de preservación de los valores estratégicos de la actividad agraria. Esto significa que Europa debe renovar su apuesta por la agricultura social, garantizando la seguridad alimentaria en el marco de la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente y el medio rural. Los/as agricultores/as tenemos que ver reconocida y valorada nuestra labor, principalmente a través de unos precios justos para nuestros productos y accesibles para los consumidores lo que hace imprescindible desarrollar políticas de regulación y transparencia de los mercados. La producción agraria y alimentaria no puede considerarse como meras mercancías para la especulación, sino como recursos estratégicos y vitales para garantizar el derecho de las personas a una alimentación segura.

Las ayudas directas a la renta, cuando sean necesarias, tienen que estar vinculadas a la actividad agraria desarrollada en las explotaciones (ayuda por activo agrario), con lo que se conseguiría una redistribución de los fondos con legitimidad económica y social, frente al despilfarro de las ayudas actuales concedidas en buena medida a absentistas ajenos al sector agrario. En este nuevo escenario, el protagonismo de los Estados Miembros en la elaboración de las políticas agrarias, debe ser necesariamente mucho mayor que en el pasado, extendiéndose cada vez más hacia la vertiente económico-social de la actividad agraria.

En medio de la actual crisis, desde algunas instancias públicas no se les ocurre otra opción que acometer una nueva reconversión del sector agrario reduciendo aún más la población activa, con el falso argumento de incrementar “competitividad”. Nosotros rechazamos este enfoque porque se está llegando al límite de la viabilidad social del sector. Un sector, por otra parte, profesionalizado y eficiente que no puede ser obligado a competir frente a la explotación social, económica y medioambiental que practican las multinacionales y poderosos agroexportadores en los países pobres.

La gran cuestión es si se quiere mantener el sector agrario dada su naturaleza estratégica y sus múltiples funciones (desde el punto de vista alimentario, medio ambiental, social y territorial) o se pretende entregar la alimentación a los mercados especulativos. Una mayor destrucción de nuestra agricultura supondrá un aumento de las importaciones y como consecuencia unos alimentos más caros para los/as consumidores/as y la posible asunción de más riesgos de seguridad alimentaria.

Estas decisiones estratégicas se están demorando en un momento en el que el tiempo se nos acaba. Los responsables políticos deben buscar los acuerdos que permitan establecer estrategias de futuro para nuestro sector. Los/as agricultores/as tienen graves problemas en la cadena de distribución agroalimentaria, que están afectando negativamente a sus rentas como por ejemplo, la presión “hacia abajo” de los precios en origen, el retraso abusivo de los pagos en el tiempo, importaciones cada vez en mayor volumen y con menor control, devolución injustificada de productos, no remuneración de los costes de producción, inexistencia de contratos-tipo y relaciones interprofesionales equilibradas. Los consumidores/as, por su parte, están pagando precios excesivos por los productos agrarios en relación a lo que percibe el agricultor/a o ganadero/a por ellos.

1) PROPUESTAS DE MEDIDAS DE POLITICA AGRARIA Y ALIMENTARIA
− Una nueva Política Agraria Común, una nueva PAC que apueste por el modelo social de agricultura, la soberanía alimentaria, la regulación de los mercados y consolide unos precios rentables en el campo y asumibles por los consumidores. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico para el conjunto de la sociedad y así se explica la necesidad de políticas públicas para mantener un modelo social de agricultura y alimentación. Sectores básicos que deben ser protegidos en la UE y en nuestro país para evitar la dependencia del exterior, el encarecimiento de los alimentos al consumidor y el abandono de la actividad agraria.

− Medidas de seguimiento que eviten las situaciones de abuso sobre productores/as y consumidores/as. Vigilancia especial de los mercados en origen y en destino por parte de las administraciones públicas, tratando de analizar en profundidad la transparencia de los mismos, así como las prácticas desleales y posiciones de dominio que en él se están dando.

− Medidas estructurales que propicien una mayor participación de los productores/as y de los consumidores/as en la cadena comercial agroalimentaria, en el valor final de los productos y en la información comercial de los mismos, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual en la que los/as productores/as están viendo seriamente amenazadas sus explotaciones y los/as consumidores/as ven cómo se les incrementan los precios paulatinamente.

− Establecimiento de un marco de comercialización agroalimentaria que contribuya a normalizar las relaciones comerciales de tal forma que se sean equitativas, transparentes y justas para todos los agentes.

− Garantizar la seguridad de los consumidores intensificando el control de las importaciones de productos agroalimentarios asegurando así la no comercialización de productos que puedan contener sustancias prohibidas en la UE.

− Implantar un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino) como criterio al servicio de la información al consumidor, que propicie el conocimiento del valor real de los productos y la detección de distorsiones interesadas de precios.

− Legislación contra la morosidad en las operaciones comerciales que propicia que las cadenas de distribución agroalimentaria puedan pagar a 90 días a sus proveedores en la mayor parte de los casos.

− Garantizar el mayor nivel posible de seguridad alimentaria no sólo es un derecho irrenunciable sino un requisito imprescindible para sostener la confianza del consumidor y, por tanto, la estabilidad económica del sector, por lo que debería rechazarse la utilización e implantación de los Organismos Modificados Genéticamente (OGMs).

− El problema de los costes de producción está adquiriendo cada vez mayor importancia: en un marco caracterizado por precios congelados y a la baja, así como por las incontroladas importaciones de terceros países, una buena política de costes de producción resulta determinante para la viabilidad de las explotaciones.

COAG-IR de Castilla-La Mancha ha recomendado a los agricultores y ganaderos que consulten antes de finales de junio las ofertas de las compañías eléctricas para contratar, si fueran interesantes, las tarifas que ofrece el mercado liberalizado.

03/06/2009 (Noticia leida 161 veces)

COAG-IR ha constatado que, independientemente de que la liberalización del mercado eléctrico pueda o no tener efectos positivos a medio y largo plazo sobre la competencia en dicho sector , de momento, representa un incremento de la factura eléctrica al tener que asumir una parte del déficit tarifario (diferencia entre el precio de producción de la energía eléctrica y el precio de venta) que hasta ahora financiaba el propio Estado.

La organización agraria se pone a disposición de los agricultores interesados para solicitar ofertas individualizadas a las compañías que, como Unión FENOSA, están ofreciendo en Castilla-La Mancha un tratamiento especial para los suministros de regadío.

No obstante, al margen de estudiar las ofertas, COAG-IR sugiere a los agricultores que quieran abaratar su factura eléctrica que contraten la potencia en función de las necesidades de los períodos valle, llano y punta.

“En términos de potencia pagamos por lo que tengamos contratado, pero no es necesario en el mercado liberalizado que para esos períodos tengamos la misma potencia contratada. Es decir, si necesitamos 20 Kw para alimentar nuestro motor, podemos contratar esos 20 Kw en el período en el que realmente los vayamos a consumir (procurando, además, que coincida si es posible con los más baratos) y contratar mucha menos potencia en los períodos en los que no la utilicemos”, subraya la organización agraria.

Asimismo aconseja que se respete escrupulosamente el uso de la potencia de cada período, en función de la potencia contratada y ajustarse a los horarios más baratos, ya que el precio se respeta siempre que la potencia usada oscile entre el 85 % y el 105 % de la contratada. “Por debajo del 85 % se bonifica el precio en un 15 %; pero si se supera el 105 % , lo que se paga es prácticamente el doble de lo normal”.

Otra de las recomendaciones de COAG-IR para abaratar la factura es la eliminación de la energía reactiva, cuyo complemento puede suponer penalizaciones importantes en el gasto eléctrico, mediante la instalación de equipos reductores o baterías de condensadores, además de contar con equipos de medida, acordes a la tensión de la línea (en alta o en baja).

Iberdrola ha puesto en marcha un programa de reuniones, una de ellas en Toledo, con más de 300 asociaciones de consumidores y oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) en toda España para informarles sobre la liberalización del sector eléctrico y facilitar la adaptación de los usuarios a la progresiva apertura del mercado.
La empresa dará a conocer a estas organizaciones concretamente la normativa legal que regula el suministro de último recurso (SUR) y el mecanismo de traspaso de clientes de las compañías distribuidoras a las comercializadoras.
Con la puesta en marcha de estas sesiones, que se desarrollarán durante el mes de junio, Iberdrola tratará de solucionar las posibles dudas de los usuarios ante la implantación del suministro de último recurso eléctrico, el próximo 1 de julio, especialmente en lo referente al mencionado traspaso de los contratos, que será automático, sin trámites, sin necesidad de actuación en las instalaciones y sin interrupción del suministro.
En este marco, y con el objetivo de fomentar el conocimiento de las particularidades del sector energético entre la sociedad, la compañía ha firmado en los últimos meses varios acuerdos de colaboración con las asociaciones de consumidores Facua, CECU, FUCI, UCE y UNAE.
Asimismo, Iberdrola tiene previsto incrementar este año su red de puntos de atención al cliente con la apertura de 50 nuevos en toda España, a los que los consumidores podrán acudir en caso de que tengan alguna duda sobre la nueva situación. Además, la empresa tiene a disposición del usuario las 24 horas del día el teléfono de atención 901 20 20 20 y la web www.iberdrola.es.

compromiso. El objetivo de Iberdrola con todas estas sesiones informativas es seguir facilitando la adaptación de los consumidores a un mercado en pleno proceso de apertura, que el próximo 1 de julio alcanzará un nuevo hito con la entrada en vigor del SUR.
Desde esa fecha, las compañías distribuidoras sólo se ocuparán de gestionar las redes, mientras que corresponderá a las comercializadoras suministrar la energía a los clientes en plena competencia.
En este marco, a partir de julio comenzarán a operar las comercializadoras de último recurso, que ofrecerán la electricidad al precio que establezca el Gobierno a través de la denominada tarifa de último recurso (TUR). A esta tarifa podrán acogerse los clientes con una potencia contratada inferior o igual a los 10 kilovatios, la gran mayoría de los usuarios domésticos y alguna pequeña empresa.    

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 33.106 hectómetros cúbicos, 1.410 más que el pasado año y 2.255 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses de las cuencas internas del País Vasco, al 95,2 por ciento; las del Cantábrico al 89; Ebro al 85,1 por ciento; las cuencas internas de Cataluña que están al 84,7; Miño-Sil al 78,3; Duero al 74,7; y Galicia Costa al 71,9 por ciento de su capacidad.

Le siguen la cuenca Atlántica Andaluza al 56,4 por ciento; la del Guadalquivir al 53,5; la cuenca Mediterránea Andaluza al 52,8 por ciento; la del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 51,1; Tajo al 50,2 por ciento de su capacidad.

En situación más crítica permanecen la del Júcar al 38,1 por ciento, y la del Segura, que está, al 35,8 por ciento de su capacidad.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.364 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 33.106 hm³. De éstos, 23.949 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 9.157 hm³ a las de la vertiente mediterránea.