La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Toledo, lamentó hoy la «escasa efectividad» del Gobierno regional a la hora de resolver los problemas de los agricultores y ganaderos de la provincia, y reclamó una mayor implicación del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en la defensa del sector agropecuario en los foros y ante las administraciones pertinentes.

   La Organización agraria quiso hacer notar, en primer lugar, el contraste entre la «política propagandística» que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno de la región en algunos proyectos y la «escasa efectividad» de los mismos una vez que llega la hora de ejecutarlos, informó en nota de prensa.

   Como ejemplo, puso la aprobación y puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), para el cual afirmó que «no se escatimaron esfuerzos, sobre todo a la hora de darle publicidad, y por el que esta asociación agraria apostó con firmeza y buena fe, con la confianza de que ayudaría a solucionar los problemas de los regantes de la cuenca del Guadiana.

   Sin embargo, añadió que años después, sigue sin resolverse uno de los problemas «más importantes» de los agricultores de la comarca de La Mancha, la de los pozos irregulares, y ya son más de doce años esperando soluciones.

   Con relación a lo anterior, apuntó que el próximo lunes, 27 de abril, cultivadores de melón de la localidad toledana de Villacañas y responsables de la Comunidad de Regantes ‘La Mancha de Toledo’, se reúnen con el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, para abordar el problema de los primeros que, «ante la falta de concesiones de riego y regularizaciones de pozos, pueden dejar de cultivar 400 hectáreas dedicadas al melón».

   «Esto supone una importante pérdida de empleo, pues cada hectárea de melón genera una media de 35 peonadas, o jornadas reales de trabajo temporal», argumentó.

   Asimismo, apuntó que mientras muchos de los agricultores de esta provincia, y de la región, continúan sin poder regar, so pena de ser fuertemente sancionados, «seguimos asistiendo a la aprobación reiterada de trasvases del río Tajo hacia Murcia, destinados en parte al riego de los cultivos de huerta de dicha comunidad, donde, a juicio de ASAJA, los dirigentes políticos siguen ganando, año tras año, la partida a los responsables de la administración castellano-manchega», argumentó.

SECTOR VITIVINÍCOLA

   De otro lado, la Organización agraria calificó la reacción del Gobierno regional ante la negativa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de solicitar una destilación de crisis para el sector vitivinícola, de «tibia», cuando dicha medida podría haber paliado en parte la crítica situación que atraviesa el sector.

   Finalmente, ASAJA quiso dejar constancia del incumplimiento, por parte de la administración, de los compromisos acordados con esta organización en relación con expedición de permisos extraordinarios de caza en zonas gravemente afectadas por la plaga de conejos. «Mientras que,  en estos casos, se habló de permitir el uso de hurón, capillo, y escopeta, en la realidad la caza con esta arma no se está autorizando», concluyó.

Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla-La Mancha estudiarán interponer un recurso contra la decisión de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de aprobar un trasvase de 60 hectómetros cúbicos para regadío.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha anunciado esta tarde en un comunicado después de conocer la decisión de la Comisión de aprobar un trasvase de 89,1 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, de los que 29,1 son para abastecimiento humano y 60 para regadío.

Respecto al agua destinado a abastecimiento, el Gobierno regional ha recordado que siempre ha expresado su solidaridad sobre este uso, aunque «se debe hacer un riguroso seguimiento que asegure el estricto cumplimiento de que el agua del trasvase se destina a ese fin».

La Comisión también ha aprobado un trasvase de 20 hectómetros cúbicos destinados a la recuperación de Las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real.

Sobre éstos, el Gobierno castellanomanchego apunta que «están destinados a menguar la grave situación de escasez de agua ante la que se encuentra este Parque Nacional, catalogado como Reserva de la Biosfera, y que fueron solicitados por el Patronato del Parque Nacional».

as reservas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado 17,48 hectómetros cúbicos durante la última semana, situándose en 1.312,86, lo que representa el 39,23 por ciento de su capacidad.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, esta reserva es un 32,5 por ciento superior a la media de 985 hectómetros cúbicos registrada durante los diez últimos años.

El embalse que mayor incremento ha registrado ha sido el de Cortes II, que ha recibido 8,06 hectómetros cúbicos y alcanza los 115,40 hectómetros cúbicos, el 97,79 por ciento de su capacidad.

Según fuentes de la CHJ, el embalse de Benagéber ha crecido 5,87 hectómetros cúbicos situándose al 92,36 por ciento de su capacidad, mientras que los de Alarcón y Contreras han recibido 3,74 y 3,25 hectómetros, respectivamente, lo que les sitúa en el 22,62 y el 25,69 por ciento de su capacidad.

Por otro lado, el embalse que ha sufrido un mayor descenso ha sido el de La Muela, que ha perdido 6,49 hectómetros cúbicos y ha quedado al 47,29 por ciento de su capacidad con 9,46 hectómetros.

Otros embalses que han perdido caudal ha sido el de El Naranjero (-0,42 hectómetros) o el de María Cristina, que ha descendido 0,06 hectómetros.

Por sistemas, el de Marina Baja/Serpis lidera el nivel de reserva hídrica al almacenar el 89,06 por ciento de su caudal, seguido del del Turia que está al 76,93 por ciento de su capacidad, del de Palancia/Mijares/Cenia al 62,57 mientras que el sistema del Júcar es el que menor porcentaje de agua alberga con un 31,95 por ciento.

La comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura autorizó ayer un trasvase de 109,1 hectómetros cúbicos para el trimestre abril-mayo-junio, 30 de los cuales serán para abastecimiento humano, 20 para las Tablas de Daimiel y el resto para los regadíos de la cuenca del Segura.

De esos 109 hectómetros, 26,6 contribuirán a cubrir las necesidades de abastecimiento de los municipios de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete), que se abastecen del acueducto Tajo-Segura, y 2,5 hectómetros cúbicos harán lo propio con las necesidades de abastecimiento de varios municipios almerienses, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Otros 60 hectómetros cúbicos se destinarán a las zonas regables servidas por el acueducto y 20 hectómetros cúbicos irán al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente se ha dado un plazo de un mes para definir la demarcación hidrográfica del Júcar e incluir en su seno los sistemas de l’Alacantí y las Marinas, tal y como demanda la Generalitat para que no se separe su gestión de la del Vinalopó.

El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, aseguró que la reunión de ayer de la comisión permanente del Consejo del Agua «fue interesante y el nuevo equipo del Ministerio ha estado receptivo a las propuestas que hemos realizado desde la Comunitat».

«Se está haciendo una reflexión importante con todos los usuarios, regantes e industriales, ecologistas y Administraciones, para volver a la política hidráulica de 2001, que es, sin duda, la mejor que se ha hecho en este país», dijo García Antón.

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón advirtió ayer «una actitud positiva» en materia hidráulica en el ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino después de que el departamento que dirige Elena Espinosa decidiera aplazar durante un mes el debate sobre el Real Decreto que fijará el ámbito de la nueva demarcación hidrográfica del Júcar.
El conseller reconoció en el Gobierno central una «reflexión en buen camino» sobre la política hidráulica tras asistir en Madrid a la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua que debatió el informe del borrador del Real Decreto.
La decisión de aplazar el debate provocó un efecto balsámico sobre las comunidades en disputa por el río y sus afluentes. Aragón anunciaba como un triunfo la retirada del borrador y se felicitaba de que no se hubiera aceptado la anexión del río Cenia a la demarcación del Ebro, algo que defiende la Generalitat Valenciana y que apoya el Gobierno en su propuesta.
Mientras tanto, el gran rival en la pugna abierta por el control del Júcar, Castilla-La Mancha, guardaba ayer un silencio poco habitual en sus portavoces.
Por su parte, García Antón, eludió criticar al Gobierno y admitía que la actual situación del Júcar, «viene como consecuencia» de la sentencia del Tribunal Supremo sobre un recurso que presentó una asociación de Albacete, y que que vino a «poner en crisis» una forma de actuar que venía funcionando «desde hace muchos años».
El principal escollo actual es la no aceptación por parte de la Generalitat de la separación entre las cuencas del Vinalopó-intercomunitaria- y L’Alacantí (intracomunitaria) que se deriva de la citada sentencia y del propio Estatut de Autonomía.
El Consell argumenta el elevado grado de interconexión que existe entre ambas cuencas pero admite en documentos remitidos al ministerio, que su pretensión de mantener juntas ambas cuencas en manos del Gobierno-demarcación mixta- obligaría a «una reforma legal».
En caso de que sea inviable modificar la legislación, la Generalitat exige garantías sobre el mantenimiento de los caudales que llegan al Alacantí.
El conseller destacó que la mejor forma de obtener las «garantías jurídicas» que reclama es que «permanezca el Alacantí junto al Vinalopó».
Así, indicó que se llevan el «compromiso» ministerial de que se va a «colaborar en esta línea», y si finalmente esto se produce, «le tenderemos la mano para llegar al mejor acuerdo posible», destacó García Antón, quien además señaló que el próximo mes volverán a reunirse para ir «mejorando» algunas condiciones del borrador.
La sentencia que ignoró el Consell
La sentencia a la que aludía el conseller, dictada por el Tribunal Supremo el 20 de octubre de 2004, anuló algunos preceptos del Plan Hidrológico del Júcar en cuanto afectaban a los cauces intercomunitarios cuyas competencias debería asumir la Generalitat.
El Gobierno valenciano no ejerció su derecho a personarse en el recurso y solo cuando se produjo la sentencia del Tribunal Supremo reaccionó intentando que fuera anulada mediante un recurso imposible. Posteriormente, el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana recogió el contenido de la citada sentencia al reclamar las competencias exclusivas de la Generalitat sobre los ríos «intercomunitarios, unas competencias que ahora molestan .
En la sentencia, aseguró ayer García Antón, se tuvieron consideraciones «no muy afortunadas» que obligaban a «hacer algo», que en los últimos cuatro años ha ido en la dirección de «dividir» la demarcación del Júcar en pequeñas cuencas, lo que hace que esas pequeñas cuencas de la Comunitat queden en una situación «muy perjudicial», aseveró el conseller.

La Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua (CNA) se reunió ayer en Madrid, para debatir una vez más el polémico borrador del Real Decreto que fija el ámbito de las futuras demarcaciones hidrográficas.
Como es sabido, el principal escollo para que este Real Decreto salga por consenso son los límites de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Algo en lo que las posturas de las regiones implicadas no se mueven ni un ápice, por lo que el CNA se habría dado un mes más de plazo para que todas las partes presenten más documentación.
Fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio, consultadas por La Tribuna de Albacete, señalaron que la posición manchega «sigue siendo la misma», esto es, la segregación del Júcar de todas las cuencas internas valencianas, conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo, en su conocida sentencia de octubre de 2004.
Según esas mismas fuentes, ésa habría sido la posición defendida por la directora general del Agua de la Junta de Comunidades, Verónica Montero. Una posición contra la cual cargó el consejero valenciano de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón.
En un comunicado oficial, García Antón señaló que la posición de su gobierno es «conseguir, de una manera clara, que L’Alacantí, Las Marinas y todo el territorio valenciano continúen dentro de la Demarcación del Júcar-Vinalopó, y sus cuencas internas estén garantizadas, tal y como se estableció en el gran pacto del agua del Plan de la Cuenca del Júcar, en 1997».
El conseller de Medio Ambiente recordó que, en aquel acuerdo, todas las administraciones y usuarios implicados en la cuenca votaron por unanimidad tanto el Júcar-Vinalopó, como el trasvase de agua a los pozos «sobreexplotados» de La Mancha Oriental.
«Sin embargo, el Gobierno de Castilla La Mancha, así como el anterior equipo ministerial, han pretendido romper el pacto, aunque ahora parece que hay solución y estamos volviendo a la racionalidad en la gestión hidráulica» ya que, a su juicio, el Ministerio «ha estado receptivo» a las propuestas y posiciones valencianas.    

Las abundantes precipitaciones de los últimos días han propiciado una nueva subida del nivel de agua de los embalses peninsulares, que se sitúan ya en el 61,5 por ciento de su capacidad total.

La cantidad acumulada en los embalses asciende a 33.450 hectómetros cúbicos de agua, 529 más que hace una semana (el 1 por ciento más), según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

La subida más importante se ha registrado en los embalses de la cuenca del Ebro, que han aumentado 316 hectómetros, mientras que los del Tajo han bajado 21 hectómetros.

La reserva de agua supera en 11,4 puntos porcentuales a la del año pasado en las mismas fechas cuando los embalses estaban al 50,1 por ciento de su capacidad y también a la media de los últimos cinco años (61,3 por ciento).

Las lluvias han sido abundantes en toda la península, aunque la máxima se ha registrado en Navacerrada (Madrid), donde se han recogido 60,5 litros por metro cuadrado.

Los embalses del País Vasco se encuentran al cien por cien de su capacidad, mientras que los de Cataluña están al 84,7 por ciento.

Las cuencas del Segura y del Júcar siguen siendo las más deficitarias (35,1 y 39,2 por ciento, respectivamente), aunque están bastante por encima del nivel del año pasado (19,4 y 23,4 por ciento).

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:

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Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada

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Galicia Costa 684 536 78,4

Miño-Sil 3.030 2.344 77,4

Cantábrico 625 487 77,9

P. Vasco 21 21 100,0

Duero 7.463 5.621 75,3

Tajo 11.012 5.913 53,7

Guadiana 8.630 4.584 53,1

C.Atl.And. 1.878 1.092 58,1

Guadalquivir 7.366 4.087 55,5

C.Med.And. 1.041 555 53,3

Segura 1.141 400 35,1

Júcar 3.330 1.305 39,2

Ebro 7.403 5.878 79,4

Cataluña 740 627 84,7

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TOTAL 54.364 33.450 61,5

El 1 de julio desaparecerán las tarifas eléctricas reguladas. Pero que nadie se haga ilusiones, la luz no bajará. Así lo advirtió ayer el presidente de la asociación patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero. «Que no piensen los clientes que la tarifa refugio [a la que podrán acogerse los usuarios domésticos] va a consistir en pagar menos. Eso no es verdad. Lo decimos antes de que haya frustraciones», dijo Rivero.

Unesa, a través de Rivero, aludió así a la circunstancia de que para los usuarios domésticos, con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios y que no quieran contratar en el mercado libre, quedará la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR). Pero la TUR, supervisada por el Gobierno, se tendrá que ajustar, según las eléctricas, a lo que establece la legislación comunitaria y reflejar todos los costes. En suma, explicó Rivero «tienen que reflejar el coste de la energía sin déficit». Establecido que las tarifas no bajarán, Rivero declinó precisar cuánto deberían subir.

Tras las previsiones de Unesa, que presentó el estudio La situación económico-financiera de la actividad eléctrica: 1998- 2008, están las negociaciones con el Ministerio de Industria para acabar con el denominado déficit tarifario, que asciende a 14.575 millones de euros, de los cuales, 9.449 están pendientes de cobro efectivo por parte de las empresas. Es ese déficit el que lastra las cuentas de las compañías y el que impide, según Unesa, que las tarifas eléctricas puedan bajar en los próximos meses.

El déficit tarifario, que las empresas quieren solucionar con Industria antes de julio, supone un 24% de la deuda de las compañías. Éstas, que ya tenían, según Rivero, un «endeudamiento excesivo antes de la crisis», todavía no han retrasado inversiones debido al déficit tarifario que no cobran. Pero podrían hacerlo en el futuro, en opinión del presidente de Unesa. Y ello porque el desajuste reduce la capacidad de las empresas para financiar el gasto en generación, transporte y distribución de la energía.

El presidente de los populares albaceteños, Marcial Marín, acompañado de la portavoz municipal, Carmen Bayod, el concejal, Javier Cuenca, el secretario de Agricultura del PP, Federico Pozuelo y el Secretario de la Comisión de Energía, Francisco Vizcaino mantuvieron esta semana un encuentro con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMA) en la sede de dicha Entidad, la cual aglutina a los usuarios del agua en la zona de la Mancha Oriental.

Durante las dos horas que duró la reunión, se trataron dos temas de máxima actualidad e incidencia para el colectivo de usuarios del agua: la revisión del Plan Hidrológico del Júcar y la situación creada por el incremento del costo de la energía eléctrica para regadíos.

Respecto al primero de los asuntos, la JCRMO trasladó a los responsables del PP la situación en la que se encuentra la revisión del Plan Hidrológico, una vez finalizado el proceso de participación pública, incidiendo especialmente en la problemática del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, en la que, tras la celebración del Consejo Nacional del Agua celebrado el pasado día 6 de abril, se ha puesto de manifiesto el desacuerdo entre los gobiernos de Aragón, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha respecto del contenido del Real Decreto que la fija.

La JCRMO trasladó a los representantes populares la preocupación por este tema, ya que de aprobarse como pretende el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, no se daría cumplimiento a la Sentencia del Supremo de octubre de 2004, al incluir cuencas hidrográficas internas valencianas en la futura Demarcación del Júcar, y por lo tanto en su Plan Hidrológico.

Ello acarrearía consecuencias negativas para los usuarios castellano manchegos, cuya atención quedaría, en el orden de prioridad, por detrás de los requerimientos medioambientales de la ribera baja y del lago de La Albufera, y de los usos de abastecimiento de Valencia, que no son realmente del Júcar.

Respecto al mercado eléctrico, los regantes trasladaron a los responsables del PP su malestar por las últimas subidas de la energía eléctrica para regadíos. Tras la supuesta liberalización de la comercialización, el resultado ha sido un incremento real en la factura de hasta el 100%, teniendo en cuenta que se había anunciado hace menos de un año que el incremento sería de entre el 11 y el 20%.

Ante esta situación, los usuarios mostraron su preocupación por este asunto, ya que este encarecimiento energético provocará consecuencias negativas:

· Que lleven a las explotaciones de regadío de la Mancha Oriental con aguas subterráneas al límite de su viabilidad económica.

· Que afecte de manera más negativa a los usuarios tradicionalmente más eficientes en el manejo del regadío de aguas subterráneas.

· Que sean un obstáculo para la modernización y liberalización de recursos en los regadíos tradicionales de aguas superficiales.

Por ello, solicitaron a los representantes políticos del PP su ayuda para encontrar soluciones que minimicen el impacto de este encarecimiento en el sector agrícola, ya que no puede trasladar estos incrementos en la energía necesaria para su explotación al precio de sus productos, debido a la globalización de los mercados.

El Partido Popular se comprometió al estudio de estos dos asuntos trasladados por los usuarios del agua de la Mancha Oriental, así como a la puesta en marcha de políticas, desde su responsabilidad, con el objetivo de intentar solucionar los problemas planteados.

Los pantanos del sistema del Júcar tienen el mayor nivel de agua embalsada de los últimos 20 años, con un total de 660 hectómetros cúbicos, según explicó en Cuenca el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues.

Moragues indicó que los tres embalses importantes del sistema -los de Alarcón y Contreras, en la provincia de Cuenca, y el de Tous, en la provincia de Valencia- tienen del orden de 660 hectómetros cúbicos, «que es más que el volumen medio embalsado en los últimos 20 años» y más del doble del que tenían el año pasado en estas fechas.

No obstante, el presidente de la CHJ ha matizado que la distribución es «un poco irregular», porque se da la circunstancia de que los pantanos próximos a la costa están muy por encima de la media, debido a las fuertes lluvias que está habiendo en la zona desde el pasado otoño.

Máximo histórico

Añadió que, de hecho, el de Tous tiene un máximo histórico de 198 hectómetros cúbicos y no se puede embalsar más, porque es un embalse nuevo y hay que ir aumentando la carga y probándolo poco a poco.

El embalse de Contreras tiene 216 hectómetros cúbicos, «que es un volumen que hace muchos años que no se veía», mientras que el de Alarcón está por debajo de la media de los últimos años con un volumen de agua embalsada de 250 hectómetros cúbicos.

La Confederación Hidrográfica del Júcar espera tener concluido en 2010 o en 2011 el Plan de Recuperación del Júcar, que se va a aplicar fundamentalmente en seis ríos de esta cuenca hidrográfica situados en las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia.

El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, explicó que las zonas a recuperar están situadas en los ríos Cabriel y Júcar, en la provincia de Cuenca; en los ríos Jardín y Valdemembra, en Albacete, y en los ríos Verde y Magro, en la provincia de Valencia.

Ha asegurado que la Confederación del Júcar quiere tener estos proyectos totalmente realizados en los años 2010 ó 2011, dependiendo de la tramitación ambiental que se lleva a cabo conjuntamente con las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Valencia.

En la provincia de Cuenca, los tramos más importantes a recuperar son los situados en el río Cabriel, aguas arriba del embalse de Contreras, y los tramos altos del Júcar.

En ambos casos, se trata de tramos fluviales «que todavía disponen de una biodiversidad importante y que son susceptibles de una recuperación relativamente rápida», ha apuntado Moragues. A su vez, en la provincia de Albacete se está trabajando en una parte importante del río Jardín y en el río Valdemembra.

Finalmente, en la provincia de Valencia las zonas más importantes sobre las que se va a actuar son el río Verde, y el río Magro.