La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha convocado el próximo sábado a los consejeros responsables del área del agua de las 17 Comunidades Autónomas para abordar la extensión del «ministrasvase» del Ebro a Tarragona hasta Barcelona, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio.

Antes, el Consejo de Ministros previsiblemente dará luz verde este viernes al decreto que permitirá abastecer el área de Barcelona con agua del Ebro.

Espinosa se reunirá con los consejeros regionales el sábado por la mañana en Madrid para explicarles la medida acordado esta semana entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para paliar los problemas de suministro de agua de boca al área metropolitana en Otoño, si persiste la sequía.

Espinosa intentará paliar los problemas de suministro de agua de boca al área metropolitana en Otoño

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, pidieron este jueves al Gobierno central que el jueves, el Consejo de Ministros apruebe recuperar la «totalidad» del trasvase del Ebro y advirtieron de que en caso contrario presentarán un recurso al Tribunal Constitucional en defensa del principio de igualdad que reconoce la Constitución.

La medida de «emergencia» finalmente pactada entre el Gobierno y la Generalitat consiste en extender la conexión de la cuenca del Ebro a Tarragona hasta Barcelona mediante una tubería de acero de un metro de diámetro y 62 kilómetros de longitud, que transcurrirá soterrada en paralelo a la AP-7, entre Tarragona y la depuradora de Abrera, en Barcelona. A través de esta infraestructura se trasvasarán 50 hectómetros cúbicos.

El coste de las obras, que tendrán una duración de seis meses, se estima entre los 170 y 180 millones de euro, que irán a cargo de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Cataluña, lo que supone que la sufragará el Gobierno.

«En unos meses no se hablará de sequía»

El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, expresó este jueves su confianza de que «en unos meses» ya no se hablará tanto sobre agua en Catalunya porque se habrá solucionado el déficit hídrico que sufre el territorio ante la falta de precipitaciones de los últimos tiempos, como ha ocurrido con la crisis de Cercanías de los últimos meses, que coincidió con las incidencias que provocaron en la red ferroviaria de ancho ibérico las obras de la llegada del AVE a Barcelona.

Ni ahora, ni más adelante, los catalanes tendrán problemas de agua

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, Montilla indicó que los catalanes «pueden estar tranquilos» ya que el Govern está «trabajando, tiene proyectos y tiene soluciones para solventar este problema de sequía excepcional y para garantizar agua para todos, los 7,5 millones de habitantes» que residen en dicha comunidad autónoma. Montilla aseguró que «es falso» que la interconexión de redes sea un proyecto impuesto por el Gobierno central, y la definió como «una solución trabajada conjuntamente» por los ejecutivos catalán y español y recordó que, en cualquier caso, el suministro con agua del Ebro a las comarcas de Catalunya que se abastecen con agua de los ríos del Ter y Llobregat será «temporal y coyuntural», a la espera de la puesta en marcha de la nueva desaladora en El Prat de Llobregat (Barcelona) que, según las previsiones oficiales, se inaugurará en la primavera de 2009. Recordó que la sequía no es únicamente un problema que afecte a la ciudad de Barcelona, sino a todo el país, e indicó que «ni ahora por la sequía ni más adelante, a medio plazo, los catalanes tendrán problemas de agua».

En plena fase de floración, la mayor parte de los campos de naranjos de la Ribera se están muriendo de sed y los agricultores temen perder la próxima cosecha. La Acequia Real del Júcar, la comunidad de regantes más grande de España, y las demás entidades que se surten de este río en la comarca ribereña, mantienen sin dotación de agua las parcelas que todavía se riegan ‘a manta’, mientras que sólo aportan caudal dos días por semana a los campos que están en riego a goteo.

José Vicente Torrent, presidente de la cooperativa Copal, de Algemesí, explicó ayer que casi todo el término municipal está sin agua desde hace varios meses y que los campos se encuentran en una situación de auténtica crisis, prácticamente en un punto » de no retorno». Si no se riegan enseguida ya no se podrá salvar la próxima cosecha naranjera. En algunos casos, el arbolado está perdiendo la hoja, literalmente «se muere de sed» y sus dueños ya temen perder la plantación.

Es, ni más ni menos, que la misma estampa dramática que desde hace años afecta a zonas más al sur, en las comarcas de la Comunitat Valenciana que dependen de los ríos Segura o Vinalopó. El rigor de la dura sequía se extiende igualmente con gravedad en el corazón de la provincia de Valencia.

José Vicente Torrent, que también es presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunitat Valenciana (Fecoav), indicó ayer que no entiende por qué las autoridades hidrológicas se empeñan en mantener en estos momentos sin dotación para riego a muchos miles de hectáreas, ya que, si no reciben agua pronto, de nada valdrá tenerla después. Sabe que el fondo de la cuestión está en que «los embalses del Júcar están bajo mínimos» y que se quiere reservar al máximo lo poco que queda, pero advierte que ahora es preciso regar para asegurar el futuro inmediato, «a la espera de que llueva o de que podamos tener alguna alternativa», porque, de lo contrario, una vez perdida la floración, ya no hará falta regar, porque habremos perdido también la producción de la próxima campaña».

En la Ribera no se están efectuando plantaciones de hortalizas porque no hay agua, salvo en casos esporádicos de agricultores que disponen de pozos, lo que va a derivar en una merma considerable de producción, de ingresos y de puestos de trabajo.

Torrent se muestra especialmente preocupado por este punto, ya que «si no tenemos agua nos quedaremos sin nada, pero el drama no se quedará sólo en el ámbito de los agricultores, afectará a los trabajadores, y no sólo a los del campo y de los almacenes de comercialización, sino también a los de multitud de subsectores que dependen de la fruta, como los transportistas, fábricas de envases, ceras y demás productos de tratamiento post cosecha de la naranja».

Copal es la cooperativa citrícola más grande. La mayoría de los agricultores de Algemesí pertenecen a ella, pero su situación problemática se repite en casi todos los municipios de la Ribera. El futuro de la naranja está en juego, como el del kaki y de otras frutas de verano; las hortalizas ya se dan por extinguidas en la zona. Si no hay agua, no habrá cosecha, y, sin producción, cundirá el paro y la ruina generalizada.

En plena apuesta del PP por los trasvases "para todos", La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, abrió ayer una fisura en la línea de flotación de su partido al manifestar que hay trasvases que se deben de mantener y decir que no "tajantemente" a todos es una "barbaridad", pero ha dejado claro que hay uno, el del Tajo al Segura, que debe tener fecha de caducidad.

Agencias,Valencia

El portavoz de la comisión gestora del PSPV-PSOE, Alfred Boix, señaló a respecto que el president de la Generalitat, Francisco Camps, «ha fracasado en su intento de relanzar el derogado Plan Hidrológico Nacional» tras el «punto y final» que el PP de Castilla-La Mancha pretende poner al trasvase Tajo-Segura.
Por su parte, La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Soraya Rodríguez, aseguró que la cesión del agua desde el Ebro a Barcelona es una solución temporal a partir de octubre y hasta junio de 2009, cuando entre en funcionamiento la desalinizadora de El Prat.
Tras reunirse en la sede del PSOE con los responsables de las federaciones socialistas de Andalucía, Aragón, Castilla La-Mancha, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana, Rodríguez señaló en rueda de prensa que de persistir la sequía, el área metropolitana de Barcelona podría sufrir cortes en el suministro a partir del mes de octubre.
La diputada y responsable de Agua de la comisión gestora socialista, Juana Serna, presente en la reunión, advirtió a los dirigentes del PP que «no pueden negar Barcelona lo que ya tienen la Comunitat Valenciana y Murcia» porque es «incomprensible que se opongan a que se utilice la misma fórmula que ha garantizado el suministro de agua en los hogares valencianos».
Juana Serna, dijo que sentía «vergüenza» al ver como «mi presidente autonómico miente con el descaro y la falta de escrúpulos de los que hace gala» y le instó a «dejar de alarmar a los valencianos que en ningún momento han dejado de tener agua para beber cada vez que han abierto el grifo».
La diputada dijo estar satisfecha porque el PP valenciano haya dado «marcha atrás»en su decisión de programar movilizaciones contra la cesión de agua del Ebro a Barcelona.

La reunión celebrada ayer en Valencia por los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, para abordar la discriminación hídrica de sus regiones ofreció las primeras concreciones: la posibilidad clara de ponerse a la cabeza de aquellas movilizaciones que reclamen «agua para todos» y la determinación de recurrir en amparo al Constitucional ante «la quiebra del principio de igualdad» representada por la decisión de Rodríguez Zapatero de autorizar un trasvase del Ebro sólo para Cataluña.

Camps y Valcárcel, no obstante, todavía ayer aguardaban que el Ejecutivo incluyera en el Consejo de Ministros una rectificación del proyecto consistente básicamente en la recuperación «en su integridad» del trasvase del Ebro.

De lo contrario, el «frente común» Valencia-Murcia-Almería se aplicará con decisión a la vía judicial y está también dispuesto a apoyar, y a encabezar, aquellas protestas motivadas por la falta de agua y, sobre todo, por la desigualdad en su reparto.

Si bien ambos explicaron que no serán sus Gobiernos regionales los «promotores» de eventuales movilizaciones, también aseguraron que «estaremos allí donde las haya, como hemos hecho hasta ahora». Hay que situarse «al lado de la gente», se justificaron.

En este sentido, la elección de Madrid como lugar de estas acciones parece inevitable: es, dijo Valcárcel, el escenario «perfecto» para acoger una de estas manifestaciones en defensa de los derechos hídricos de las cuencas mediterráneas más deficitarias después de que, en años pasados, Alicante y Murcia hayan registrado protestas multitudinarias.

Bancos de agua

El flanco judicial se plasmará en un recurso que elaboran los servicios jurídicos de ambas regiones y que podría presentarse ante el Constitucional con carácter inminente si es que no hay variación en el rumbo de las conversaciones, hasta ahora prácticamente nulas, con el Ejecutivo, y que tendrán continuidad en una reunión convocada para mañana por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, con todos los consejeros autonómicos con responsabilidades en materia hídrica.

Ambos Gobiernos autonómicos también acordaron ayer exigir el mismo derecho a utilizar los derechos de agua adquiridos por los usuarios del Ebro y se mostraron favorables a la creación de los denominados bancos de agua.

Camps acusó a Zapatero de actuar «a escondidas y con mucha vergüenza» en la decisión de autorizar un trasvase a Barcelona que ha venido negando desde que llegó a La Moncloa a Murcia, Comunidad Valenciana y Almería.

«Solidaridad» con Cataluña

Para sus artífices, la reivindicación del derecho de sus territorios al agua del Ebro no es en ningún modo incompatible con su «comprensión» hacia las urgencias hídricas de Cataluña. Tanto Camps como Valcárcel fueron rotundos al expresar su «solidaridad» con los catalanes y aseguraron que respaldan el trasvase a Barcelona hasta el punto de desear que éste sea «permanente y de 180 hectómetros cúbicos». En su opinión, la demanda que ahora tiene Barcelona no es coyuntural, sino «estructural».

Reparos del PSOE de Aragón

El PSOE añadió elementos que cimentan los argumentos de que el trasvase del Ebro sólo a Barcelona pactado por Gobierno y Generalitat no será una vía de emergencia este año por la sequía, sino que su carácter será permanente, lo que provocó el malestar de los socialistas aragoneses. Tras una reunión con líderes socialistas de Aragón, Valencia, Murcia, Cataluña y La Mancha para medir las consecuencias de este acuerdo, Ferraz reconoció que el trasvase será permanente, y lo justificó por los eventuales fallos de la futura desalinizadora de El Prat (Barcelona), que entrará en funcionamiento previsiblemente en junio de 2009. Un argumento, aseguran en el PP, perfectamente válido para toda la España seca para reclamar un trasvase. La desaladora de Barcelona, por otra parte, tardará muchos años en estar a pleno rendimiento, por lo que el trasvase, aseguran los expertos, se utilizará de forma permanente, desmintiendo así las explicaciones del PSOE.

Mientras tanto, la Generalitat ha hallado la fórmula para tapar la boca a algunas de las voces críticas con el trasvase del Ebro a Barcelona, las de los regantes. El consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, anunció que el Real Decreto que recogerá el proyecto de prolongar el minitrasvase del Ebro a Barcelona contemplará la posibilidad de que la Generalitat compre los derechos de agua de los regantes de toda la cuenca catalana del Ebro, no sólo los del Delta. Baltasar no aclaró quién costeará la compra de estos derechos, aunque espera que sea el Estado. De ser así, faltaría por ver si iría a costa del montante del Estatuto.

El Consejo de Ministros aprobará una serie de medidas urgentes para hacer frente a la desaceleración económica, que supondrán una inyección de 10.000 millones de euros, y previsiblemente dará luz verde al decreto que permitirá abastecer el área de Barcelona con agua del Ebro.

En la reunión, presidida por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobarán también muchos de los nombramientos de altos cargos pendientes.

Precisamente ayer, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, convocó para el próximo sábado a los consejeros responsables del área del agua de las 17 Comunidades Autónomas para abordar la extensión del »ministrasvase» del Ebro a Tarragona hasta Barcelona, según fuentes del Ministerio.

Así, Espinosa se reunirá con los consejeros regionales este sábado en Madrid para explicarles la medida acordado esta semana entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para paliar los problemas de suministro de agua de boca al área metropolitana en Otoño, si persiste la sequía.

Murcia y Valencia piden recuperar el «trasvase»

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, pidieron ayer al Gobierno que el Consejo de Ministros apruebe hoy recuperar la «totalidad» del trasvase del Ebro y advirtieron de que, en caso contrario, presentarán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que el trasvase a Barcelona se amplíe al resto de comunidades en defensa del principio de igualdad que reconoce la Constitución.

Además, avanzaron que, aunque no promoverán ninguna manifestación, respaldarán aquellas que se convoquen y se pondrán «sin complejos de ningún tipo a la cabeza de las mismas». Otro de los acuerdos que tomaron es reclamar «utilizar los derechos de agua adquiridos por los regantes del Ebro» y generar bancos de agua.

El grupo municipal de IU, socio del gobierno socialista de Carmen Oliver, se mostró ayer contrario a que la ciudad de Albacete tenga que volver a abastecerse de los pozos, ante las escasas reservas que hay almacenadas en el pantano de Alarcón.

La portavoz de IU, Rosario Gualda, lamentó que la ciudad vaya a volver a verse «perjudicada» por una «mala gestión de los recursos hídricos» de la que responsabilizó, en última instancia, al Ministerio de Medio Ambiente.

En rueda de prensa, expuso que su grupo comprende los esfuerzos que está realizando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en estos últimos años y admitió que la situación de reservas hídricas es «grave» por eso «entendemos las medidas que propone». Eso no quiere decir que la coalición las comparta.

Rosario Gualda explicó que Albacete «tiene prioridad» en el uso del agua del Júcar para abastecer a su población, por ello rechazó que se plantee a la capital reabrir sus pozos, mientras se sigue abasteciendo a otras poblaciones como Valencia que «pertenecen a otra cuenca» y se mantienen regadíos con aguas superficiales.

Aunque valoró la adopción de medidas como los recortes de agua que usan los regadíos de la ribera baja del Júcar, Gualda opinó que «si se hubiera adoptado antes esta medida, Albacete no tendría que haber vuelto a abrir sus pozos, porque sólo estos regadíos consumen 300 hectómetros cúbicos».

En esta misma línea, también criticó que desde 1976 la ciudad de Valencia tome agua del Júcar para abastecerse en lugar de surtirse del Turia que es su cuenca. La capital valenciana, recordó, viene tomando del Júcar entre 60 y 90 hectómetros cúbicos, cuando Albacete apenas consume unos 15 hectómetros. «Entre 1996 y 2004, cuando gobernó el PP, Valencia se abasteció en gran medida del Júcar, reservándose el agua del Turia para regar las huertas y para mantener esos desarrollos urbanísticos insostenibles que han hecho a Valencia y a Murcia muy prósperas», criticó Gualda, que lamentó que ahora en Castilla-La Mancha, con un gobierno socialista, se trate de copiar este modelo.

«¿Cómo se puede proyectar una urbanización de 1.800 viviendas y campo de golf como La Losilla cuando en Albacete tenemos que beber agua de los pozos?», se preguntó la edil de IU, que añadió «y eso, por no hacer mención a las derivaciones de agua para parques temáticos que se quieren hacer en Ciudad Real».

Las zonas metropolitanas de Valencia y Alicante y la localidad de Benidorm, la capital turística de la Comunidad Valenciana, se abastecen desde hace años a través de canalizaciones similares a la acordada por el lunes entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para suministrar la zona metropolitana de Barcelona. Y la figura jurídica que permite comprar derechos de riego y que posibilita la compra de 40 hectómetros cúbicos de agua a los regantes del Delta del Ebro para servir las necesidades de Barcelona fue aprobada en octubre de 2004 por el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y se ha usado de forma habitual para garantizar el suministro en el territorio valenciano.

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La compra de agua es paralela a los trasvases que acuerda el Gobierno

José Ramón García Antón, consejero de Agua y Medio Ambiente, confesó ayer que los problemas de abastecimiento de agua en la Comunidad Valenciana son «muy puntuales». Pero la Generalitat valenciana, con su presidente Francisco Camps al frente, ha puesto el grito en el cielo ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para construir un canal de 48 kilómetros que permitirá abastecer la zona metropolitana de Barcelona, que solo dispone de agua para tres meses. Camps afirma que los valencianos han sido «humillados» y exige el mismo trato que los catalanes.

Pero lo cierto es que entre 2006 y 2007, la Comisión Permanente para la Sequía, en la que participan la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, ha acordado la compra de 72 hectómetros procedentes del Tajo a los regantes del Canal de Las Aves y otros 60 a los regantes del Júcar, también en Castilla-La Mancha.

El Ministerio de Medio Ambiente ha pagado más de 40 millones de euros desde 2006 para abastecer los Canales del Taibilla a través del trasvase Tajo-Segura y para garantizar el caudal del Júcar.

La Generalitat valenciana siempre ha apoyado las compras de derechos de riego en las reuniones de la Comisión Permanente para la Sequía. El Ayuntamiento de Valencia, sin embargo, ha optado por abstenerse, pero nunca ha votado en contra.

De hecho, los 60 hectómetros cúbicos comprados a los regantes del Júcar desde 2006 han garantizado el caudal ecológico del río y, una vez embalsados en Tous, el abastecimiento del área metropolitana de Valencia, donde residen millón y medio de vecinos, a través de la canalización entre el Júcar y el Turia, una conducción de 60 kilómetros, en servicio desde 1979, que conecta Tous con la localidad de Manises y se prolonga hasta Sagunto. Del mismo modo, los 72 hectómetros cúbicos negociados con los regantes del Tajo han suministrado la impresionante red de más de 1.000 kilómetros de los Canales del Taibilla, unas arterías que se construyen desde 1945 y abastecen a 76 localidades de Alicante, Murcia y Albacete donde residen un total de dos millones y medio de vecinos.

Benidorm, la capital turística de la Comunidad Valenciana, se nutre a través de un tercer trasvase de 48 kilómetros que aprobó la Generalitat en 1999 y está en servicio desde 2001. La canalización complementa el sistema de abastecimiento diseñado por García Antón cuando era ingeniero municipal de Benidorm, que se basa en la prioridad del uso del agua para boca antes que para riego.

En septiembre de 1999 se aprobó la elevación de aguas de Rabassa a Fenollar, las obras comenzaron en 2000 y en un año concluyeron. La tubería de 48 kilómetros costó 27 milones de euros y permitió a Benidorm disponer de 5,5 hectómetros cúbicos en el primer año completo en servicio y el doble al año siguiente. El 22 de enero dejó de pasar agua por esta conducción porque la cuenca dispone de recursos suficientes.

Las compras de derechos de riego en Castilla-La Mancha se desarrollan al margen de los trasvases a través del Tajo-Segura que aprueba el Consejo de Ministros para garantizar el riego en la huerta del Segura.

El Gobierno ejecuta en la actualidad las obras del trasvase entre el Júcar y el Vinalopó, una obra que cubre una distancia de 82,9 kilómetros.

Los trasvases no solucionan la sequía, según el Gobierno. Sin embargo, pocos Ejecutivos como el socialista han invertido tanto en trasvases. El Gobierno ha aprobado un trasvase del Ebro a Barcelona y ejecuta el Tajo-Guadiana, el Júcar-Vinalopó, y el 15 de febrero pasado aprobó un trasvase de agua del Guadiana al Guadalquivir. La de las trasvases es sólo una de las confusiones de la guerra del agua.
¿EL GOBIERNO TRASVASA? Sí con otro nombre
El Gobierno socialista derogó el trasvase del Ebro al llegar al poder. El trasvase pretendía llevar excedentes del río a Valencia, Murcia, Almería y Barcelona. El programa electoral del PSOE decía que la obra beneficiaba más a los especuladores que a los agricultores. No engañó a nadie con la decisión.
A la vez, el Ejecutivo construye un trasvase entre dos de las mayores cuencas de España, del Tajo al Guadiana (en Castilla-La Mancha), para abastecer a 58 municipios y casinos y hoteles como la del futuro Reino de don Quijote (Ciudad Real). El Gobierno lo llama ‘tubería de la llanura manchega’, nunca trasvase. Además, construye un trasvase del Júcar al Vinalopó (en Valencia) y aprobó uno del Guadiana al Guadalquivir. El 15 de febrero pasado aprobó un envío de 4,99 hectómetros ‘de la cuenca Atlántica Andaluza al Guadalquivir’. La cantidad es la máxima que se puede trasvasar sin una ley. El agua sale del anillo hídrico de Huelva, en gran parte del Guadiana. Estos trasvases son, eso sí, mucho menores que el derogado del Ebro, del que había dudas sobre su coste y que no habría llegado a tiempo para la sequía. También ha invertido en mejorar el trasvase reversible Ebro-Pas (Cantabria) y en el Tajo-Segura, que Castilla-La Mancha quiere derogar.
¿QUÉ PASA EN BARCELONA? Agua hasta octubre
El área metropolitana y sus más de cinco millones de habitantes se quedan sin agua. Barcelona pertenece a las Cuencas Internas de Cataluña, competencia de la Generalitat. Sus embalses están al 21,6%, sólo almacenan 149 hectómetros, lo que garantiza el abastecimiento hasta octubre.
¿TIENE AGUA EL EBRO? Cuenca al 61%
Rodeando a las Cuencas Internas de Cataluña está la cuenca del Ebro, que abarca a nueve comunidades y que gestiona el Gobierno. Mientras Barcelona se seca, el Ebro almacena casi 4.522 hectómetros (al 61,1% de su capacidad). Sólo el embalse de Mequinenza, en el límite entre Zaragoza y Cataluña, almacena 1.334 hectómetros, casi 10 veces más que Barcelona y suficiente para abastecer a más de 15 millones de personas durante un año.
¿CUÁL ES LA OPCIÓN ELEGIDA? Una tubería desde el Ebro
La Generalitat propuso un trasvase desde el Segre (en Lleida, en la cuenca del Ebro) a Barcelona. El trasvase -la Generalitat evitó el término hasta que el diccionario lo impuso- es un proyecto de 1967, que entonces fue descartado por el escaso caudal del Segre. El agua que necesita Barcelona supondría secar prácticamente el río. El Gobierno lo ha rechazado. La Generalitat planteó la obra sin explicar que el Segre no es suyo. El precedente era inasumible para el Gobierno: ¿qué pasaría si Castilla y León desvía por su cuenta un río del Ebro hacia el Duero?
La opción del Gobierno es trasvasar el agua directamente del Ebro, algo que ha aceptado la Generalitat. Se trata de prolongar el llamado minitrasvase del Ebro que desde 1989 abastece a Tarragona. Con una tubería de 62 kilómetros se puede llevar el agua y evitar las restricciones. La tubería irá paralela a la autopista AP-7 para evitar las expropiaciones. El derogado trasvase del Ebro preveía enviar agua a Valencia, Murcia y Almería, pero también una tubería para trasvasar 190 hectómetros al año a Barcelona, cuatro veces mayor que el actual.
¿ES UN TRASVASE? El diccionario dice que sí
Llevar agua de una cuenca a otra es un trasvase. El Gobierno niega categóricamente que esto lo sea, en contra de lo que afirman la oposición, los ecologistas y hasta los socios del PSC en el Ejecutivo catalán. El truco está en que no se trasvasa caudal del Ebro directamente, sino que moderniza regadíos en la cuenca del Ebro. Con esa obra prevé ahorrar 50 hectómetros, que enviará a Barcelona. En teoría, el balance es cero y el Ebro no pierde agua. En la práctica, buena parte del agua que se pierde en los regadíos ineficientes vuelve al río tras filtrarse por el subsuelo.
¿Y EN OTRAS PARTES? Negocio con bien público
La primera opción era comprar derechos de agua, como los que los arroceros de Sevilla venden a los invernaderos de Almería y que se envía a través del trasvase Negratín-Almanzora. Los regantes del Segura pagan seis millones a los de Madrid por 31 hectómetros. Estos hacen un fabuloso negocio con un bien público como el agua. El decreto-ley de 2005 que permite esto afirma que estas ventas ‘se computarán como volúmenes trasvasados’. El Gobierno de Murcia pidió sin éxito a Narbona que le dejara construir una tubería desde el Ebro para comprar agua a los regantes de Aragón.
¿Y LOS BARCOS? Caro pero sin problemas
Barcelona recibirá también agua en barco desde Tarragona, Marsella y Almería. Costará 22 millones al mes por 2,6 hectómetros. El agua desalada costará 8,5 euros por metro cúbico. Esto es muchísimo si se compara con el agua normal (la desalada cuesta 0,5 euros) pero es nada si se compara con no beber.
¿SOBRA AGUA EN ALMERÍA? Desaladora ociosa
Por paradójico que parezca, la desaladora de Carboneras, en medio del desierto del Cabo de Gata, está ociosa. La planta, terminada en 2002, es demasiado grande, está en mal sitio y faltan tuberías para usar el agua. Sólo funciona al 20% de su capacidad. El PP se opone a enviar agua en barco y dice que falta agua en Almería. Sí, pero no en Carboneras.
¿Y DESALAR EN BARCELONA? Cinco meses de retraso
El Gobierno planeó dos desaladoras en Barcelona y prometió que estarían listas antes de 2009. La obra se retrasó porque la Generalitat pidió ejecutar las obras. El traspaso de fondos europeos llevó meses y la desaladora estará en mayo de 2009. Son cinco meses de retraso -otras llevan más y en cuatro años sólo hay dos nuevas- pero llegan tarde.
¿POR QUÉ SE OPONE ARAGÓN? Está en el Estatuto
Aragón se opone porque se opuso al trasvase del Ebro, aunque la toma estaba prevista en la desembocadura del río, lejos de Aragón. Además, el Estatuto aragonés, aprobado por unanimidad, insta a Aragón a ‘velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas de las que forma parte la comunidad’. El estatuto se reserva 3.000 hectómetros al año más de los que consume actualmente. Con eso pretende regar unas 100.000 hectáreas del desierto de los Monegros y complejos como el nuevo Las Vegas.

Asaja de Castilla-La Mancha insta al Gobierno Regional a «promover» una manifestación ciudadana en defensa de los intereses del agua en la comunidad autónoma. Así lo pidieron ayer el secretario general y el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda y Fernando Villena, respectivamente, que anunciaron una protesta en Toledo por todos los problemas que tiene el campo, entre ellos el del agua.