Ahorro y racionalización de recursos hídricos sobre los que habrá un férreo control, pero también alternativas económicas para la zona. El Consejo de Ministros aprobó ayer, mediante Real Decreto, el Plan Especial del Alto Guadiana, cuyo objetivo fundamental es lograr el buen estado, «cuantitativo y cualitativo» de las masas de agua subterráneas y superficiales, «contribuyendo a la mejora de los principales ecosistemas de la región». La inversión para este Plan asciende a 3.000 millones de euros y su objetivo es «corregir el déficit hídrico estructural existente garantizando la adecuada gestión y conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de la comarca».

El Plan afectará a 10 municipios de Albacete ( Alcaraz, El Ballestero, El Bonillo, Minaya, Munera, Ossa de Montiel, Povedilla, Robledo, Villarrobledo y Viveros) y 169 en toda Castilla-La Mancha y contempla una serie de alternativas económicas para la zona destinadas tanto a la generación de otro tipo de recursos como a la reconversión de determinados cultivos o al ahorro de recursos hídricos, en los que se invertirán cerca de 1.500 millones de euros. Este Plan, de acuerdo con los principios del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, da respuesta a la disposición adicional cuarta de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que ordenó la formación de un Plan Especial del Alto Guadiana para mantener un uso sostenible de los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana. El Gobierno recalca que «contribuye a cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua, que señala que se ha de conseguir el buen estado de las masas de agua superficiales y subterráneas para el año 2015».

El ámbito territorial de aplicación corresponde a la cuenca del río Guadiana, aguas arriba de la desembocadura del río Jabalón, incluyendo su cuenca.

Visible en las Lagunas

Y es que entre los años 70 y 80 la superficie de regadío pasó en la zona de 30.000 a 125.000 hectáreas, lo que ha degradado enormemente el acuífero de la zona (el 18) que «se hace especialmente visible» (tal y como reconoce el plan) en el estado que presentan las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera, dos de los humedales más importantes de España. Tanto es así que se ha calculado el vaciado del acuífero en unos 3.000 hectómetros cúbicos.

El Plan contempla la adquisición de derechos de agua (pero también de terrenos) para dedicarlos, prioritariamente, a la recuperación de niveles y así llegar al buen estado de las masas de agua en riesgo, al igual que para, en una parte, dedicarlos a fines de la planificación de desarrollo territorial y se prohíben nuevas concesiones. Se busca así un desarrollo sostenible de la zona buscando una mejor gestión del agua y una recuperación de las masas subterráneas.

Incluye la transformación de los derechos privados existentes en «derechos concesionales». Para ello, establece un procedimiento administrativo específico y se aclara el significado de la modificación de las condiciones de aprovechamiento en el uso de los pozos. Igualmente, se ofrecen líneas directrices sobre la política de adquisición de derechos de uso de agua.

Medio Ambiente asegura que refuerza la eficacia de los centros de intercambios de derecho de aguas, ampliando el ámbito de la reasignación de recursos, de forma que este instrumento sirva para dar respuesta a objetivos medioambientales o de interés de las Comunidades Autónomas.

Dentro del Plan Especial del Alto Guadiana se incluyen otros Programas que han de coordinar lo establecido en el Programa A.G.U.A. para Castilla-La Mancha con nuevas actuaciones cuya ejecución corresponde al Ministerio de Medio Ambiente o a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Entre ellos se incluye el Programa Hidrológico, en el que se contienen detalladamente, entre otras, las medidas a las que se refieren las Normas del Plan Especial y que constituye el instrumento básico de actuación.

El Programa de Apoyo a las Comunidades de Usuarios y el Programa Ambiental, volcado, fundamentalmente, en la mejora de los espacios naturales y en la forestación de determinados suelos que en la actualidad se dedican al cultivo agrícola. Se prevé, igualmente, que se integrarán en el Plan Especial del Alto Guadiana, formando parte del mismo a todos los efectos, los programas sectoriales de modernización y desarrollo agrario y de desarrollo económico y social.

Plan de desarrolo

Para ello se prevé aprobar, enmarcado dentro del Plan Especial del Alto Guadiana, un Programa de Diversificación y Desarrollo de la zona que contempla mecanismos de apoyo, de generación de empleo y riqueza que puedan paliar los efectos negativos que tenga el plano sobre la comarca.

Destacan medidas como la potenciación y especialización del suelo industrial existente, las ayudas a la inversión empresarial, potenciación del sector tecnológico y de energías renovables, la logística o distribución de mercancías, la industria agroalimentaria, la mejora de las infraestructuras, y el impulso de nuevos nichos de mercado como el turismo, la caza, el vino o la atención a las peronas y los recursos sociosanitarios. Este programa prevé una inversión de 589 millones de euros para los próximos veinte años y tendrá como objetivo la reconversión e incentivación de la actividad económica siguiendo un modelo sostenible.

También se establecerá un programa de modernización y desarrollo agrario con actuaciones como modernización de regadíos y de explotaciones, fomento de cultivos sociales o de las industrias agroalimentarias, medidas ambientales o nuevas medidas enmarcadas en las líneas comunitarias. Para este plan está prevista una inversión de 939 millones de euros.

Deberán ser aprobados por el Consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana en el que hay una participación singular de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en atención al ámbito material y competencial en el que se proyectan las actuaciones que se recogerán en estos programas, los cuales serán dotados económicamente de forma específica.

LOS DATOS DEL PLAN

Municipios albaceteños beneficiados por el plan: Alcaraz, El Ballestero, El Bonillo, Minaya, Munera, Ossa de Montiel, Povedilla, Robledo, Villarrobledo y Viveros.

Medidas sobre los recursos hídricos: Reordenación de los derechos de uso de aguas con medidas como la adquisición de derechos, autorización de modificaciones en el régimen de explotación de los pozos existentes. Concesión de agua subterráneas en situación de sequía y otras medidas tendentes a lograr el equilibrio hídricos y ambiental.

Medidas de promoción económica: Potenciación del suelo industrial y de sectores como el tecnológico o el de la energía solar. Utilizar tecnologías que permitan el uso eficiente del agua. Potenciar la industria agroalimentaria. Mejora de infraestructuras. Apuesta por la logística y el transporte de mercancías. Aprovechar el turismo con elementos como el vino, los recursos naturales o la caza. 589 millones de euros.

Medidas agrícolas: Modernización de regadíos y explotaciones. Ayudas al viñedo y potenciación de los cultivos sociales. Fomento de la industria agroalimentaria y de la agricultura ecológica.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, reconoció ayer que el programa electoral del PSOE no incluirá «concreciones» como el final del trasvase Tajo-Segura «porque no pueden decirse cosas similares de todas y de cada una de las 17 comunidades autónomas».

Barreda respondió así cuando se le preguntó si ha consultado con el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, la inclusión de esta aspiración castellanomanchega en el programa electoral.

Insistió en que en el programa electoral no se incluyen «concreciones de ese tipo», pero dejo claro que su gobierno mantiene su compromiso y defiende el texto del Estatuto de Autonomía de la comunidad que salió de las Cortes autonómicas, incluido el final del trasvase. De hecho, añadió que le ha trasladado en múltiples ocasiones esta posición al presidente del Gobierno.

Y, aunque el programa del PSOE no vaya a contemplar el fin del trasvase, Barreda sí que animó al presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, a respaldar públicamente la posición regional en relación al trasvase Tajo-Segura. En concreto, dijo que le gustaría «oír que defiende los intereses de Castilla-La Mancha», aprovechando la visita que hizo ayer Toledo.

Cospedal como Barreda

Es más, desde las filas socialistas invitaron a la líder del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a que «copie» de Barreda y defienda ante Rajoy el fin del trasvase Tajo-Segura, tal y como está recogido en una disposición adicional del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía que PSOE y PP pactaron en las Cortes y que no ha dado tiempo a aprobar en el Congreso de los Diputados en esta legislatura que ahora acaba.

Quien hizo esta invitación a Cospedal fue el viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, José Manuel Caballero, que insistió en pedirle que aprovechando la visita al Hospital de Parapléjicos de Toledo de Mariano Rajoy defendiese ante el candidato del PP con la «misma fuerza» con la que lo hace Barreda ante los dirigentes nacionales del PSOE y Zapatero el fin del trasvase.

Caballero, no obstante, ya avanzó que Cospedal no lo haría porque «de nuevo le van a temblar las piernas» y va a «preferir la adulación y el peloteo» a defender los intereses de la comunidad autónoma a la que representa. Recordó que, aunque Rajoy ha venido últimamente en numerosas ocasiones a Castilla-La Mancha, De Cospedal nunca le ha pedido públicamente que asuma el fin del trasvase Tajo-Segura y el líder del PP se ha dedicado a hablar de otras cosas. «Eso no se puede permitir y no lo deben permitir los dirigentes del PP en la región», añadió Caballero, quien comparó la actitud de De Cospedal con la de Barreda, de quien dijo que en las tres ocasiones en que Rodríguez Zapatero ha venido a actos a Castilla-La Mancha le ha expuesto públicamente las reivindicaciones de la región en materia de agua.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) considera que la política en materia de aguas desarrollada en 2007 ha venido marcada, principalmente, por las reformas estatuarias y, en particular, por la ruptura de los principios de solidaridad territorial, unidad de cuenca y dominio público hidráulico estatal que la Constitución española y la Ley de Aguas recogen explícitamente en su articulado.

En un comunicado de prensa, la Federación señala que la pretendida titularidad exclusiva sobre las aguas, que se han arrogado algunas reformas estatutarias durante el pasado año, y el respaldo que desde la Administración Central se ha otorgado a algunos estatutos como el andaluz, pueden derivar en 2008 en un modelo autonómico “insolidario” y en auténticas “guerras del agua” entre comunidades.

En este sentido, Fenacore recuerda que esta confrontación política ha tenido su reflejo en la cadena de recursos que distintas comunidades, como Aragón, han interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra los Estatutos de otras regiones vecinas.

Por otro lado, Fenacore recuerda que en 2007 se produjo un debate acalorado sobre la reforma de la Ley de Aguas. “Las posturas cruzadas de las distintas Administraciones y usuarios llevaron al MIMAM a retrasar con acierto la reunión del pleno del Consejo Nacional del Agua (CNA) sine día con el fin de disponer más tiempo para estudiar las modificaciones planteadas, así como a retirar algunas propuestas que no contaban con el respaldo de los usuarios”.- En el lado positivo, destacan el aplazamiento hasta 2010 de la puesta en marcha de la denominada “tasa por prestación de servicios” y por otro la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC.

No obstante, Fenacore estima que uno de los artículos relacionados con la reforma y sobre los que el MIMAM deberá reflexionar en 2008 es la exclusión de los usuarios de su participación en el Comité de Autoridades Competentes. Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “es necesaria la integración de los regantes en los nuevos Comités de cada confederación, de manera que estos no sean órganos meramente políticos”.

TARIFAS ELÉCTRICAS

La decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío constituyó un “reconocimiento explícito” al esfuerzo económico que están realizando los regantes para modernizar sus regadíos. Las nuevas tarifas eléctricas, que deberían haber entrado en vigor el 1 de julio de 2007 tras la prórroga anterior de seis meses “hubieran supuesto para los agricultores un incremento de costes en 2008 del orden del 400% en términos de potencia instalada, lo que hubiera puesto en peligro la sostenibilidad de la agricultura”.

Finalmente, Fenacore reconoce que si bien el Ejecutivo Central contribuyó durante el pasado año con diversas medidas a “aliviar” las pérdidas derivadas de la falta de lluvias, no se avanzó, sin embargo, de manera firme en solucionar el problema de la escasez de infraestructuras (embalses y trasvases).

Ésta sigue siendo “la gran asignatura pendiente” en materia de aguas esta legislatura. En su opinión, “el esfuerzo económico que están realizando los regantes en la modernización de regadíos debe ir acompañado de otras medidas complementarias que permitan tener el agua garantizada, como son la construcción sostenible de embalses y trasvases, además de seguir avanzando en otras medidas en esta misma dirección.

«Más agua, más rápido y de más calidad». Ésa fue la promesa de Zapatero tras derogar el trasvase del Ebro aprobado por el último Ejecutivo popular. Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona puso en marcha en la provincia de Alicante, como en tantas otras, su ambicioso programa AGUA.

Sin embargo, en los últimos compases de la legislatura, el grado de ejecución del citado programa dista mucho de estar completo, el caudal que ha aportado a la provincia es difícil de cuantificar, y sus principales infraestructura -las que han empezado a construirse- se han revelado como una fuente inagotable de problemas.

Desalación

Sólo las plantas que ejecutó el PP

El programa AGUA contempla la ejecución de cuatro desaladoras en el litoral de la provincia de Alicante, que cubrirían aproximadamente un 20 por ciento del déficit hídrico de la provincia, según un estudio de la Junta de Usuarios del Vinalopó. En la actualidad, sólo una de las plantas está en funcionamiento, la del Canal de Alicante. Una planta que, si bien ha sido ampliada por el actual Ejecutivo, fue terminada y se puso en marcha bajo el Gobierno del PP.

Mientras, la controvertida planta de Torrevieja, la más grande de Europa cuando entre en funcionamiento, se encuentra en construcción. La de Muchamiel se encuentra en fase de licitación, y la de Denia lo estará en breve. Es decir, ninguna de las tres desaladoras de nueva construcción funcionará antes de que termine la legislatura.

A ello se suman los problemas que ha encontrado la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), que promueve el programa, en la localidad salinera. Denuncias ante los tribunales europeos, conflictos de competencias que han llegado al Constitucional, expedientes de sanción del Consell y errores que han anegado urbanizaciones de agua salobre.

Desde su inicio, a principios del pasado año, las obras se han paralizado en dos ocasiones: la primera, tras un expediente sancionador del Consell. La segunda, a finales de diciembre, tras inundarse un pozo freático cuyo vertido sobre una parcela anexa investiga el Seprona.

Júcar-Vinalopó

Contaminación y rechazo en destino

Estrenada la tesis de no realizar trasvases entre cuencas, Medio Ambiente paralizó el Júcar-Vinalopó, ya en marcha, y rehizo su trazado con una toma en la desembocadura del río cedente. Sin embargo, los propios análisis de la Confederación del Júcar (CHJ) ponen en duda su viabilidad, dado el alto nivel de contaminación.

Tal como ha venido publicando ABC, el nivel de bacterias coliformes -que indican la salubridad del agua- multiplica varias veces el límite permitido para riego. Mientras este límite se establece en 100 unidades por cada 100 mililitros, en la toma del nuevo Júcar-Vinalopó sus niveles oscilan entre el medio millón y los doce millones.

Al mismo tiempo, los destinatarios del trasvase, reunidos en la Junta de Usuarios del Vinalopó, han expresado su rechazo tanto en los tribunales como en manifestaciones y, en la actualidad, con una recogida de firmas.

Tajo-Segura

El PSOE evita ponerle fin

La continuidad del Tajo-Segura, única fuente de caudales para Alicante que se ha mostrado eficaz hasta el momento -pese a la complicada situación de sus embalses-, ha sido cuestionada durante toda la legislatura. Sin embargo, incluso el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, admitió ayer que el programa de Zapatero no incluirá su finalización.

El catedrático de Planteamiento y Arquitectura del Paisaje en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, Carl Steinitz, aseguró hoy en Toledo que continuar con el trasvase desde el río Tajo supone que se lleve «una cantidad de agua crítica que se necesita para que el río fluya de una forma apropiada» y afirmó que «menos agua hace que haya una contaminación más fuerte».

   Una afirmación realizada por uno de los profesionales encargados de dirigir el «Estudio territorial y paisajístico del corredor fluvial en torno a la cuenca media del río Tajo» durante la presentación de este proyecto, que recoge las propuestas de los investigadores para recuperar el río desde su paso por la Comunidad de Madrid hasta la localidad de Talavera de la Reina (Toledo).

   Carl Steinitz afirmó que la situación en la que se encuentra el río es reflejo de la política descentralizadora de España, un sistema, apuntó, que «no tiene sentido en temas de planificación medioambiental», por lo que el catedrático pidió a las autoridades competentes que reconociesen que las comunidades autónomas son interdependientes.

   Por su parte, el catedrático asistente de Arquitectura del Paisaje en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, Christian Werthmann, explicó que lo que se ha presentado han sido propuestas que tiene como objetivo rehabilitar el ecosistema del río, potenciar su calidad paisajística y lograr conectar los núcleos urbanos que se encuentran a su paso para recuperar su uso y disfrute.

   Acciones de las que se espera obtener resultado en un plazo de 20 años, aunque este tiempo se puede acelerar si se cumplen tres aspectos fundamentales como son «la reducción del vertido de aguas negras en los ríos, la limitación de contaminantes del sector agrícola», así como alcanzar un «flujo mínimo para que la gente pueda desarrollar este tipo de actividades», además de establecer patrones de ahorro y tratamiento de agua.

   Werthmann explicó que las conclusiones de esta investigación son fruto del trabajo de 12 estudiantes que en 14 semanas han establecido que «hoy existe la posibilidad de revivir el río», aunque actualmente el sistema hidrológico del Tajo está deteriorado.

   Asimismo, explicó que para ello, es necesario la colaboración entre las comunidades autónomas que atraviesa el río además del de las regiones que se benefician de este agua pero están fuera de la cuenca.

   En el acto también estuvo presente el presidente de la fundación Foro Civitas Nova y la directora General de Planificación de la Junta, Bárbara Pons, quien indicó que en el marco europeo en cuanto a la ordenación del paisaje –del que España forma parte– se introducen nuevos requisitos como es tener en cuenta el paisaje a la hora de plantear propuestas de crecimiento urbano y desarrollo territorial.

El denominado «Informe Camps» sobre cómo «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea» fue debatido ayer en el Comité de las Regiones, con un claro «éxito» para la política hídrica de la Comunidad Valenciana, que ha conseguido incluir el reconocimiento de los trasvases como medios «positivos» para la obtención de agua en el texto final configurado en la jornada.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps se ganó con la votación de ayer el apoyo del resto de regiones europeas al uso de trasvases, siempre y cuando se conceda prioridad al uso eficiente del agua, se planifiquen debidamente las necesidades, «se garantice la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de los acuíferos y de los caudales ecológicos».

Ahorro

El vicepresidente del Ejecutivo valenciano, Vicente Rambla afirmó que su defensa de infraestructuras adicionales, como los trasvases y las desaladoras, a las que la Comisión Europea se opuso en una comunicación presentada el año pasado, no es el centro de su propuesta, basada inicialmente en el ahorro y en un consumo de agua eficiente.

El consejero, que en principio había propuesto la creación de un «instrumento financiero específico europeo para el agua» que acarree con parte de los gastos de la construcción de trasvases, se encontró con el espaldarazo de las regiones europeas a su financiación a través, no de un nuevo fondo sino del ya existente. «Por primera vez en la Unión Europea se define que el instrumento que tiene para financiar iniciativas e infraestructuras en materia de agua incluya los trasvases», afirmó Rambla.

Según Rambla, «no todo el mundo cree que los trasvases sean la solución a la sequía y el éxito de hoy es su reconocimiento y el hecho de que el fondo existente pueda destinarse a la creación de estas infraestructuras». Así, de ser aprobado en la votación del próximo siete de febrero en el pleno del Comité de las Regiones, tanto la Comunidad Valenciana como el resto de las regiones de la UE podrán acogerse al dictamen para exigir fondos que contribuyan a la financiación de infraestructuras.

El texto final defiende también la tarificación del agua como una cuestión «particularmente sensible e imprescindible» para incitar a los usuarios a un consumo eficaz del agua.

El informe contempla la aplicación del Fondo Europeo de Solidaridad a las situación de sequía catastrófica, y su incorporación a los planes de trabajo del Mecanismo Comunitario de Protección Civil

Si el acuífero y los recursos hídricos disponibles siguen utilizándose como hasta ahora, en 14 años la situación será crítica. Esta es la conclusión a la que han llegado estos investigadores norteamericanos que sugieren que el acuífero se gestione como si fuese un banco de agua, tomando como ejemplo una experiencia del oeste de Estados Unidos, que obtuvo importantes resultados.

Se trataría de gestionar este banco de agua como si de una cuenta bancaria se tratase, pudiendo inyectar agua al acuífero a través de los pozos o al dejar de ejercitar derechos de uso del acuífero. Quien deposita agua obtiene un crédito de volumen de agua que puede convertir en dinero alquilándolo.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha decidido prorrogar para 2008 el régimen de explotación del Acuífero de la Mancha Occidental que fijó en 2007, por el que se podrá extraer un máximo de 200 hectómetros cúbicos para regadío y 30 para el abastecimiento a la población.
Según la información recogida ayer del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la Junta de Gobierno de la CHG adoptó esta decisión en la reunión que mantuvo a mediados del pasado mes de diciembre del año pasado y el régimen de explotación entrará en vigor a partir de la fecha de terminación del de 2007.
El acuífero afecta a un perímetro definido por la poligonal de los vértices situados en Alcázar de San Juan, Las Pedroñeras, San Clemente, el entronque de la carretera Villarrobledo-Munera con ramal a Sotuélamos, Membrilla, Valdepeñas, cruce de la carretera Daimiel-Valdepeñas y Manzanares-Moral, Bolaños de Calatrava, Carrión de Calatrava, Malagón, Villarrubia de los Ojos y Puerto Lápice.
La extracción máxima para regadíos será de 200 hectómetros cúbicos y de 30 para el abastecimiento a poblaciones, mientras que el resto hasta los 260 hectómetros cúbicos disponibles se destinará a la recuperación de los niveles piezométricos y a atender las demandas para usos domésticos, industriales y ganaderos.
En el caso de los 200 hectómetros cúbicos para regadío, 56 hectómetros serán para el riego de viñedo, con una dotación de 800 metros cúbicos por hectárea.
A fin de lograr una explotación racional de los recursos hidráulicos y una agricultura sostenible que permita una adecuada rotación en los cultivos, se podrán concentrar, como en 2007, en uno o varios aprovechamientos de un mismo término municipal los recursos que correspondan al titular de los derechos de uso del agua.
El régimen de explotación delimita las condiciones en que podrán llevarse a cabo esas acumulaciones de recursos, que tendrán que ser cumplidas por aquellos titulares de derechos que deseen hacer uso de esa posibilidad.
El cálculo de los volúmenes de agua utilizados se hará en función del Plan de Ordenación de las Extracciones.
Cuando esa valoración se haga mediante contadores o procedimientos análogos, solamente tendrá validez si la lectura inicial se ha efectuado con anterioridad al inicio de la campaña de riego y está certificada por la Comunidad de Regantes o comprobada por el servicio de vigilancia de la CHG.
En las labores de limpieza de los pozos se aplicará lo estipulado en el Plan de Ordenación de Extracciones.
El régimen de explotación podrá ser modificado si la evolución del acuífero experimenta sensibles modificaciones o en caso de que los recursos de agua fuesen necesarios para proteger y asegurar los abastecimientos urbanos.o